Persecución y Hostigamiento a Medios Independietes de Oaxaca
Escrito por Medios de Comunicación Independientes
martes, 24 de julio de 2007
Comunicado de Prensa
En el último mes, varios medios de comunicación independientes han sido el blanco de una campaña de hostigamiento permanente. La señal de Radio Plantón, en el 92.1 de FM y en www.radioplanton.mx.kz, ha sido interferida intermitentemente con un ruido blanco (silencio) desde que salió al aire el pasado 14 de junio de 2007. Asimismo, la página informativa Oaxacalibre (www.oaxacalibre.org) fue saboteada el pasado 8 de julio, a una semana de la realización de la Guelaguetza Popular. Otros medios independientes, tanto radiofónicos como electrónicos, han sufrido ataques similares. Podemos suponer que esta campaña está diseñada explícitamente con el fin de silenciar los canales mediáticos que se han dedicado a difundir información sobre el Movimiento Social Oaxaqueño y sobre la represión del mismo por parte del gobierno del estado.
Reiteramos nuestro derecho como ciudadanos a tener acceso a información verídica y nuestro derecho como comunicadores independientes a producirla y difundirla. Nuestro trabajo se ha basado en la apropiación y el uso responsable de los medios de comunicación, pues estamos conscientes del papel fundamental que fungen en el proceso de transformación social en el que estamos comprometidos.
En el contexto de la realización de la Guelaguetza, una nueva ola de represión comenzó a librarse contra el Movimiento Popular y contra los medios de comunicación independientes. El 16 de julio durante la Guelaguetza Popular, un enfrentamiento provocado por las fuerzas policíacas del estado dejó un saldo de más de 40 detenidos, decenas de heridos, dos heridos de gravedad y varios inmuebles semidestruidos. Radio Plantón recibió vía telefónica cuatro amenazas directas a la integridad física de los comunicadores que laboran en ese espacio, mientras desempeñaban su labor. Asimismo, la página informativa Oaxacalibre se encontraba inoperante por el sabotaje de la semana anterior. El 21 de julio, dos días antes de la Guelaguetza Oficial, la señal de Radio Plantón volvió a ser interferida y totalmente bloqueada por una señal que emite música rock metal, semejante a la que interfería la señal de Radio Universidad durante el mes de noviembre. Por su parte, el lunes 23 de julio, día de la Guelaguetza Oficial, Oaxacalibre sufrió otro intento de sabotaje en su página.
Entendemos que estamos inmersos en una lógica de guerra que el estado pretende instalar en nuestra sociedad. Por eso vemos estas acciones del gobierno como el inicio de una mayor escalada de violencia. No podemos obviar el hecho que desde el pasado noviembre no había habido tantas detenciones arbitrarias, procesos irregulares, casos de tortura, desapariciones e intentos de asesinato como los ha habido en la última semana. No podemos aceptar que bajo el manto del ‘combate al crimen organizado’ y el ‘terrorismo’ a nivel federal se intensifique la criminalización de la protesta pública y el hostigamiento a los medios de comunicación en Oaxaca.
Responsabilizamos a la Secretaría de Comunicación y Transportes y a Ulises Ruiz Ortiz del bloqueo sistemático a la señal de Radio Plantón y del sabotaje de Oaxacalibre, como de todo hostigamiento a los medios de comunicación independientes.
Hacemos un llamado a la sociedad civil internacional a movilizarse en las embajadas en solidaridad con Oaxaca y a darle cobertura y difusión a la situación que se vive en el estado.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 23 de Julio del 2007
FRATERNALMENTE,
RADIO PLANTÓN
Firmas hasta el momento (para suscribirse, enviar nombre de colectivo o individual a oaxlibre@gmail.com Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla ): Oaxacalibre, Radio Disturbio,Veronica Villalvazo(http://fridaguerrera.blogspot.com) y Radio Bemba, Corrugated Films, Narco News, Canal seis de julio, Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebe l.lió Zapatista, Radio Tupa Movil, Chiapas Media Project, Radio Lora (www.lora.ch), Radio Sabotaje, Radio Pacheco, La Guillotina, Tekio Rebelarte (www.rebelarte.ch - http//:tekiointer.blogspot.com), EDUCA AC., Arte Jaguar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y La Equidad Oaxaca AC., La Pirinola AC., Gustavo Esteva, Araceli Herrera, Héctor Ballesteros, Nadja Massun, Ana María Hernández Cárdenas, Melissa Mena Koblizek, Pedro Cascos, Belinda Cornejo, Aline Desentis, Felipe Ehrenberg www.ehrenberg.art.br Brasil, Colectivo fuga em rede España, Marcos Leyva Madrid, Ernesto Reyes comunicador y periodista, Jesús Mora, Lucero González, Daniel Mendoza, Eduardo Thomas, Gabriela León, Manifiesto Conceptual apoya los medios de Oaxaca:http://www.geocities.com/conceptualmanifest/artmexico.html, Manifiesto Conceptual en contra de la censura y a favor de la Libertad de Expresión, Iris México, Carlos-Blas Galindo, Antonio Gritón, Agencia LIbre Desde Abajo A.C. (Hidalgo)
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YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
FRIDA
VERONICA VILLALVAZO
OAXACA ESTA LUCHANDO
México: Se debe investigar brutalidad policial en Oaxaca
Manifestantes denuncian graves abusos de la Policía del Estado
(Washington D.C., 24 de Julio de 2007) ― El Gobernador del Estado mexicano de Oaxaca debe asegurar que se realice una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por policías durante un enfrentamiento con manifestantes en la Ciudad de Oaxaca el 16 de julio, señalo hoy Human Rights Watch.
Si el gobernador Ulises Ruiz esta comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch
El lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la Ciudad de Oaxaca, se produjo una violenta confrontación con la policía municipal y estatal. La policía lanzo gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes mientras que ambos grupos lanzaron piedras.
Human Rights Watch ha recibido informaciones creíbles de que la policía llevo a cabo detenciones arbitrarias, detuvo a personas que se encontraban en coches y autobuses, y golpeó a detenidos.
“Si el gobernador Ulises Ruiz esta comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados,” dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El enfrentamiento ocurrió cerca del auditorio público donde se lleva a cabo la celebración cultural Guelaguetza. La APPO había anunciado su intención de tener una “Guelaguetza popular” como alternativa a la que organiza el estado.
Al parecer, la policía golpeó brutalmente a algunos de los detenidos quienes requirieron hospitalización. Emeterio Merino Cruz, 43, fue bajado de un autobús y arrestado aparentemente por tener tierra en las manos lo cual la policía atribuyo a que había lanzado piedras. Después de varias horas bajo custodia policial, Merino Cruz fue transferido a un hospital con lesiones que ameritaron cirugía. Después de una semana, permanece hospitalizado en terapia intensiva.
Funcionarios del Estado de Oaxaca inicialmente informaron que hubo un total de 40 detenidos de los cuales cuatro requirieron atención médica. La Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, reconoció públicamente que los policías estatales incurrieron en “uso excesivo de la fuerza” y acepto que el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en estos excesos.
“Evidentemente las autoridades del Estado de Oaxaca tienen el deber de investigar a cualquier manifestante que haya violado la ley durante los disturbios del 16 de julio,” dijo Vivanco. “No obstante, la policía estatal y otros funcionarios también tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los detenidos en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Mexicana.”
Human Rights Watch instó al Gobernador Ulises Ruiz a garantizar que todo policía bajo investigación por presuntos crímenes sea suspendido inmediatamente del servicio. Con el fin de evitar violaciones similares en el futuro, Human Rights Watch recomendó al Gobernador advertir a la fuerza pública que el trato abusivo no será tolerado bajo ninguna circunstancia, y que los funcionarios que incurran en estas prácticas serán destituidos de sus cargos y estarán sujetos a investigaciones penales.
Derechos humanos: estancamiento y abandono
En un comunicado difundido ayer, la organización Human Rights Watch afirmó contar con "informes creíbles" respecto a severas violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros de la policía estatal oaxaqueña, en el contexto de la represión emprendida por esa corporación el pasado lunes 16 contra integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en las inmediaciones del auditorio Guelaguetza. La organización instó al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, a "investigar la presunta brutalidad policial y procesar a los responsables". Estos señalamientos, junto con los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló la semana pasada, dan cuenta de la desastrosa situación actual de las garantías individuales en Oaxaca y deben ser tomados no sólo como un llamado de atención más sobre la profundización de la crisis en esa entidad -por más que las autoridades se empeñen en negarlo-, sino también como un recordatorio de la grave situación en esa materia en todo el país.
Al final de la administración foxista ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales, que recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas zonas del país: Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Texcoco-Atenco, en el estado de México, y Oaxaca. En lo que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad para los culpables de esas violaciones a las garantías individuales y han ocurrido otras, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños y su internamiento injustificable en penales de alta seguridad; la muerte de Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército, así como los ya referidos atropellos de la semana pasada en Oaxaca. Además, las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Muestra de ello es el evidente contubernio entre autoridades civiles y castrenses en torno a los sucesos del 11 de julio de 2006 en Castaños, Coahuila, cuando un grupo de militares irrumpió violentamente en la zona de tolerancia de la comunidad y abusó sexualmente de 14 mujeres. A más de un año de estos hechos, el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, no ha dictado sentencia, a pesar de que la procuraduría estatal ha acreditado la participación en los sucesos de 12 de los agresores, quienes han sido plenamente identificados por las víctimas.
Desde los tiempos de la contrainsurgencia zedillista en Chiapas, puesta en práctica a partir de febrero de 1995, garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país no ha sido precisamente prioritario para los sucesivos gobiernos. Vicente Fox se presentaba a sí mismo como un decidido defensor y promotor del respeto a las garantías individuales en otros países, pero en el ámbito interno su compromiso con el tema fue meramente retórico, al grado de que en el informe El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional señaló que el ex presidente "concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de los derechos humanos y la impunidad que siguieron siendo generalizadas". En lo que va de la administración de Felipe Calderón, el tema ni siquiera se incluye en la agenda gubernamental; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, a las libertades y a los derechos políticos.
A estas alturas, un gobierno sin política de derechos humanos es simplemente impresentable ante su propio país y ante el mundo y, por tanto, carecen de credibilidad las expresiones de respeto a la legalidad que no incluyan expresamente las leyes que tutelan tales garantías.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
FRIDA
VERONICA VILLALVAZO
OAXACA ESTA LUCHANDO
(Washington D.C., 24 de Julio de 2007) ― El Gobernador del Estado mexicano de Oaxaca debe asegurar que se realice una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por policías durante un enfrentamiento con manifestantes en la Ciudad de Oaxaca el 16 de julio, señalo hoy Human Rights Watch.
Si el gobernador Ulises Ruiz esta comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados.
José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch
El lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la Ciudad de Oaxaca, se produjo una violenta confrontación con la policía municipal y estatal. La policía lanzo gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes mientras que ambos grupos lanzaron piedras.
Human Rights Watch ha recibido informaciones creíbles de que la policía llevo a cabo detenciones arbitrarias, detuvo a personas que se encontraban en coches y autobuses, y golpeó a detenidos.
“Si el gobernador Ulises Ruiz esta comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados,” dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El enfrentamiento ocurrió cerca del auditorio público donde se lleva a cabo la celebración cultural Guelaguetza. La APPO había anunciado su intención de tener una “Guelaguetza popular” como alternativa a la que organiza el estado.
Al parecer, la policía golpeó brutalmente a algunos de los detenidos quienes requirieron hospitalización. Emeterio Merino Cruz, 43, fue bajado de un autobús y arrestado aparentemente por tener tierra en las manos lo cual la policía atribuyo a que había lanzado piedras. Después de varias horas bajo custodia policial, Merino Cruz fue transferido a un hospital con lesiones que ameritaron cirugía. Después de una semana, permanece hospitalizado en terapia intensiva.
Funcionarios del Estado de Oaxaca inicialmente informaron que hubo un total de 40 detenidos de los cuales cuatro requirieron atención médica. La Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, reconoció públicamente que los policías estatales incurrieron en “uso excesivo de la fuerza” y acepto que el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en estos excesos.
“Evidentemente las autoridades del Estado de Oaxaca tienen el deber de investigar a cualquier manifestante que haya violado la ley durante los disturbios del 16 de julio,” dijo Vivanco. “No obstante, la policía estatal y otros funcionarios también tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los detenidos en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Mexicana.”
Human Rights Watch instó al Gobernador Ulises Ruiz a garantizar que todo policía bajo investigación por presuntos crímenes sea suspendido inmediatamente del servicio. Con el fin de evitar violaciones similares en el futuro, Human Rights Watch recomendó al Gobernador advertir a la fuerza pública que el trato abusivo no será tolerado bajo ninguna circunstancia, y que los funcionarios que incurran en estas prácticas serán destituidos de sus cargos y estarán sujetos a investigaciones penales.
Derechos humanos: estancamiento y abandono
En un comunicado difundido ayer, la organización Human Rights Watch afirmó contar con "informes creíbles" respecto a severas violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros de la policía estatal oaxaqueña, en el contexto de la represión emprendida por esa corporación el pasado lunes 16 contra integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en las inmediaciones del auditorio Guelaguetza. La organización instó al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, a "investigar la presunta brutalidad policial y procesar a los responsables". Estos señalamientos, junto con los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló la semana pasada, dan cuenta de la desastrosa situación actual de las garantías individuales en Oaxaca y deben ser tomados no sólo como un llamado de atención más sobre la profundización de la crisis en esa entidad -por más que las autoridades se empeñen en negarlo-, sino también como un recordatorio de la grave situación en esa materia en todo el país.
Al final de la administración foxista ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales, que recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas zonas del país: Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Texcoco-Atenco, en el estado de México, y Oaxaca. En lo que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad para los culpables de esas violaciones a las garantías individuales y han ocurrido otras, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños y su internamiento injustificable en penales de alta seguridad; la muerte de Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército, así como los ya referidos atropellos de la semana pasada en Oaxaca. Además, las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Muestra de ello es el evidente contubernio entre autoridades civiles y castrenses en torno a los sucesos del 11 de julio de 2006 en Castaños, Coahuila, cuando un grupo de militares irrumpió violentamente en la zona de tolerancia de la comunidad y abusó sexualmente de 14 mujeres. A más de un año de estos hechos, el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, no ha dictado sentencia, a pesar de que la procuraduría estatal ha acreditado la participación en los sucesos de 12 de los agresores, quienes han sido plenamente identificados por las víctimas.
Desde los tiempos de la contrainsurgencia zedillista en Chiapas, puesta en práctica a partir de febrero de 1995, garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país no ha sido precisamente prioritario para los sucesivos gobiernos. Vicente Fox se presentaba a sí mismo como un decidido defensor y promotor del respeto a las garantías individuales en otros países, pero en el ámbito interno su compromiso con el tema fue meramente retórico, al grado de que en el informe El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional señaló que el ex presidente "concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de los derechos humanos y la impunidad que siguieron siendo generalizadas". En lo que va de la administración de Felipe Calderón, el tema ni siquiera se incluye en la agenda gubernamental; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, a las libertades y a los derechos políticos.
A estas alturas, un gobierno sin política de derechos humanos es simplemente impresentable ante su propio país y ante el mundo y, por tanto, carecen de credibilidad las expresiones de respeto a la legalidad que no incluyan expresamente las leyes que tutelan tales garantías.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
FRIDA
VERONICA VILLALVAZO
OAXACA ESTA LUCHANDO
Liberan a detenidos que se encontraban en el penal de Tlacolula
Liberan a 23 detenidos de la
APPO, pero consignan a 10
Pedro MATIAS
Un total de 23 personas que se encontraban detenidas en el penal de Tanivet, Tlacolula de Matamoros al ser arrestadas luego del enfrentamiento ocurrido el pasado lunes 16 de este mes en el Cerro del Fortín, obtuvieron su libertad anoche, mientras que a otras 10 se les dictó auto de formal prisión por los delitos de daños, daños por incendio y lesiones, informó la abogada, del comité de liberación 25 de noviembre, Alba Gabriela Ramos Cruz.
La profesionista señaló que durante el análisis realizado por el juez penal de Tlacolula de Matamoros, no encontró los elementos suficientes para procesar y por lo cual les dictó auto de libertad.
Sin embargo, los familiares se inconformaron porque el término constitucional venció a las 18 horas y fue hasta las 21 horas cuando fueron a notificarles al reclusorio femenil de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros.
Las personas que anoche salieron libres son Roberto Carños Avendaño, Melquisadet Pérez Reyes, Joaquín Vicente Cruz, Eduardo García Hernández, Mario Enríquez, Héctor Emmanuel cruz, Jorge Luis Esperón y Jesús Aurelio Flores.
También Eloy Antonio Santiago, Luciano Victoriano Benítez, Mario Javier López, Rene Gómez Ruiz, Eleazar Abel Núñez, José Francisco García, Eduardo Albino Piñón, Manuel Morales Cuamatzi, Francisco Javier Ruiz Pérez, Gonzalo González, Ramiro Díaz, Raúl Genaro Hernández, Leonardo Santiago, Edgar Francisco Ortega, Edilberto Yescas
Sin embargo, a diez se les dictó auto de formal prisión por los delitos por los que fueron consignados y que son daños, daños por incendio y lesiones cometidos en agravio de las negociaciones y autobuses que fueron quemados, así como los policías preventivos y municipales.
Las personas que seguirán sujetas a proceso penal son las cuatro mujeres Maria Guadalupe Sibaja, Silvia Gabriel Hernández, Belem Areli Hernández,
Isabel Martínez Hernández, así como Julio Alberto Ortiz López, Jorge Luis Martínez, Eliel González Luna, Juan Diego García, Olivo Martínez Sánchez, y José Francisco García Martínez.
Foto tanivet
Sólo 10 de los 42 detenidos originalmente por el enfrentamiento del lunes 16 de julio fueron consignados al juez penal y quedarán sujetos a proceso penal en el penal de Tanivet, Tlacolula.
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APPO, pero consignan a 10
Pedro MATIAS
Un total de 23 personas que se encontraban detenidas en el penal de Tanivet, Tlacolula de Matamoros al ser arrestadas luego del enfrentamiento ocurrido el pasado lunes 16 de este mes en el Cerro del Fortín, obtuvieron su libertad anoche, mientras que a otras 10 se les dictó auto de formal prisión por los delitos de daños, daños por incendio y lesiones, informó la abogada, del comité de liberación 25 de noviembre, Alba Gabriela Ramos Cruz.
La profesionista señaló que durante el análisis realizado por el juez penal de Tlacolula de Matamoros, no encontró los elementos suficientes para procesar y por lo cual les dictó auto de libertad.
Sin embargo, los familiares se inconformaron porque el término constitucional venció a las 18 horas y fue hasta las 21 horas cuando fueron a notificarles al reclusorio femenil de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros.
Las personas que anoche salieron libres son Roberto Carños Avendaño, Melquisadet Pérez Reyes, Joaquín Vicente Cruz, Eduardo García Hernández, Mario Enríquez, Héctor Emmanuel cruz, Jorge Luis Esperón y Jesús Aurelio Flores.
También Eloy Antonio Santiago, Luciano Victoriano Benítez, Mario Javier López, Rene Gómez Ruiz, Eleazar Abel Núñez, José Francisco García, Eduardo Albino Piñón, Manuel Morales Cuamatzi, Francisco Javier Ruiz Pérez, Gonzalo González, Ramiro Díaz, Raúl Genaro Hernández, Leonardo Santiago, Edgar Francisco Ortega, Edilberto Yescas
Sin embargo, a diez se les dictó auto de formal prisión por los delitos por los que fueron consignados y que son daños, daños por incendio y lesiones cometidos en agravio de las negociaciones y autobuses que fueron quemados, así como los policías preventivos y municipales.
Las personas que seguirán sujetas a proceso penal son las cuatro mujeres Maria Guadalupe Sibaja, Silvia Gabriel Hernández, Belem Areli Hernández,
Isabel Martínez Hernández, así como Julio Alberto Ortiz López, Jorge Luis Martínez, Eliel González Luna, Juan Diego García, Olivo Martínez Sánchez, y José Francisco García Martínez.
Foto tanivet
Sólo 10 de los 42 detenidos originalmente por el enfrentamiento del lunes 16 de julio fueron consignados al juez penal y quedarán sujetos a proceso penal en el penal de Tanivet, Tlacolula.
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