A la opinión pública:
Quisiera externar mi agradecimiento a Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues en estos tiempos donde impera la represión contra el pueblo y el estado resucita la guerra sucia, todo esfuerzo en defensa de los derechos humanos son aliento y esperanza para todos los que luchamos por la libertad y la justicia.
La visita de ambos organismos internacionales, por un lado ratifica nuestras razones y toda la denuncia que no hemos dejado de hacer para la liberación de los presos políticos, la justicia a nuestros pueblos y el castigo que merecen los represores en el gobierno. Y por otro lado, pone al descubierto la desvergüenza que tiene el Estado, al negar y minimizar la represión que existe contra los luchadores sociales.
A la propia secretaria de AI, Irene Khan, le tocó conocer “un poco” de todo el despotismo y desprecio con que son tratados nuestros pueblos a la hora de exigir justicia. Irene Khan no sólo fue testigo del descaro de Ulises Ruiz y la indiferencia de Felipe Calderón para hablar de la ausencia de derechos humanos, sino también la parda y sumisa posición de la CNDH y la SCJN.
Y aun faltan muchas cosas que deben saberse, por ejemplo, que después de que echamos abajo el megaproyecto aeroportuario, en Atenco se estableció una mesa de dialogo con el gobierno estatal y federal, de Montiel y Fox, respectivamente, donde firmaron un “Acuerdo político” en el que se comprometen a congelar las ordenes de aprehensión y todo tipo de represalias contra el pueblo y nuestra organización social. Sin embargo, de manera sistemática se fueron desentendiendo de sus compromisos y responsabilidades. Desde su llegada al gobierno mexiquense, Enrique Peña Nieto, en vez del dialogo recurrió a la prepotencia y nos fuimos encontrando con la confrontación que luego se hizo acompañar por la fuerza pública y provocaciones montadas, para pretextar y acusarnos de secuestradores y violentos. La solidaridad hacia los floristas que venían siendo reprimidos por Nazario Gutierrez, presidente perredista de Texoco en turno, y nuestra mediación como gestores el 2 de mayo (un día antes de la refriega) logró un acuerdo para que los dejasen vender sus flores, así como el retiro de la fuerza pública que sitió su lugar de trabajo. Toda esta represión sistemática, incluyendo la traición al último acuerdo, fue parte de su “Operativo Atenco”, que desde luego no prepararon de la noche a la mañana.
Esta verdad incomoda para el Estado, la saben también las instituciones oficiales a las que hemos acudido para denunciar (SCJN, CNDH, FEVIN, PGR, ONU), pero de las que –en el mejor de los casos- sólo se han limitado a “documentar”, entonces ¿qué instancia le queda al pueblo, para conseguir justicia? ¿Quién va a juzgar y castigar a los represores? ¿Existe una instancia oficial que tenga el suficiente valor y moral para hacerle frente a la impunidad?
En México hay más de 500 presos políticos y también persecución política. Nuestra hermana indígena, Magdalena García Durán, no es la única presa política en el país e igual que su caso, el de los demás presos de Atenco, han sido amañados bajo la consigna vengativa de Peña Nieto y ahora Felipe Calderón, para mantenerlos presos, a pesar de que se tienen todos los elementos legales que dan prueba de su inocencia. La sentencia de 67 años y medio a mi padre Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo y la negación del amparo que les corresponde por derecho, se suma a la evidente y cínica consigna vengativa del gobierno.
Por lo anterior y con humildad, hago un llamado a los defensores de los derechos humanos, a los abogados democráticos, a los intelectuales y artistas comprometidos con el pueblo, a los maestros y estudiantes, a los distintos esfuerzos nacionales y a todo el pueblo de México, a pronunciarse a favor de la libertad de todos los presos políticos del país, el cese a la persecución política, contra la criminalizació n de la lucha social y trabajar juntos en la movilización social. De nuestra lucha y resistencia, de nuestra capacidad de unión ante la embestida del enemigo común, depende que vayamos ganando en la batalla.
Desde mi refugio, impuesto desde hace más de un año por la persecución política en mi contra, con firmeza, coraje y dignidad, tengo toda la disposición para seguir luchando a su lado hasta arrancar la libertad y la justicia que nos pertenece.
América Del Valle, perseguida política del Estado mexicano.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
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YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
MUEREN POR SER MUJERES
Noticias
24 de agosto, 2007
p. 20A
ELIZA RUIZ JAIMES
El 64 por ciento de las mujeres que fallecieron por muerte materna en municipios indígenas en el estado "no tuvo ninguna atención médica antes de morir", señaIan los resultados del estudio que hizo la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur (CIESAS), Paola Sesia.
En entrevista, destacó que las muertes maternas se concentran en áreas marginadas e indígenas, entre mujeres de nivel educativo bajo y en lugares donde hay mayores problemas de acceso económico, geográfico y cultural a servicios de salud oportunos y de calidad.
Asimismo, señaló lo significativo del informe, pues a nivel mundial, el 99 por ciento de las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo, mientras solo el 1 por ciento se registra en países industrializados. "En nuestro país fallecen actualmente entre 1200 y 1500 mujeres al año por causas relacionadas a la maternidad con una Razón de Muerte materna (RMM), 63 de cada cien mil Nacidos Vivos Registrados (NVR)".
En México, declaró, la disparidad se refleja claramente a nivel geográfico y por tipo de poblaciones: "en Colima la razón de muerte materna es de 10 por cada cien mil, mientras que en estados como Oaxaca, es de 95 por cada cien mil, en Chiapas el indicador es de 88 y en Guerrero es de 128 por cada cien mil NVR". Los porcentajes, en estas tres entidades, las que presentan mayor pobreza, se deben a la marginación, están entre los más altos porcentajes de población rural e indígena.
También subrayó que para tener un panorama más preciso de las inequidades en la distribución de la muerte materna en México y en estados como Oaxaca, sería necesario poder contar con estadísticas desagregadas por población indígena y que sin embargo, las estadísticas vitales y epidemiológicas nacionales o estatales no desarticulan la información en este nivel lo cual invisibiliza, de facto, las especificidades en cifras y experiencias de morbi-mortalidad que estas poblaciones presentan en cuanto a perfiles, prevalencias, registro y acceso a servicios.
Ante este panorama, la investigadora refirió que se realizó en nuestro estado un Proyecto de Investigación: "Muerte materna en municipios indígenas", que abarcó a partir del 2004 al 2007, cuyos objetivos principales fueron: "identificar el subregistro en muerte materna a través de una metodología multidisciplinaria entre la antropología médica, Ia medicina y la salud pública; identificar las múltiples causas y factores (socioeconómicos, culturales, de comunicación y transporte, de inequidad genérica y de atención médica) involucrados en la muerte materna encontrada y en su subregistro a través de la reconstrucción de las historias de muerte de las mujeres fallecidas; y generar propuestas de política pública para ampliar la cobertura y mejorar la atención en salud materna".
Al referir los datos de la investigación, indicó que los municipios indígenas estudiados presentaron Razones Reales de Muerte materna altísimas: "5.5 veces la RMM oficial de la Secretaría de Salud de Oaxaca para la entidad en el mismo período y casi 4 veces la RMM para Oaxaca calculada por la Secretaría de Salud Federal".
En cuanto al lugar en donde ocurrió la muerte materna de los municipios indígenas investigados", informó que un porcentaje altísimo de las mujeres, el 74.7 por ciento, falleció en su casa y que morir en el hogar significa que la mujer no tuvo un acceso real a servicios obstétricos de emergencia por barreras culturales, sociales, económicas, geográficas y/o de servicios médicos sin capacidad resolutiva.
"El 44.2 por ciento de las mujeres en los municipios indígenas que falleció por muerte materna, dio a luz sola o atendida por un familiar (marido, suegra y/o madre); lo cual representa casi la mitad de las muertes maternas encontradas. El 64 por ciento de las mujeres en municipios indígenas no tuvo ninguna atención médica antes de morir, solo en el 21 por ciento de los casos hubo un intento claro de búsqueda de atención o se recibió algún tipo de atención médica y el no haber recibido atención médica antes de morir, no responde necesariamente a un rechazo cultural hacia los servicios de salud formales", recalcó.
Mencionó que estas cifras proporcionan un panorama crudo de inequidades profundas y exclusiones múltiples que atañen a muchas mujeres indígenas cuando enfrentan la maternidad y que se reflejados reconstrucción de las historias de muerte realizadas para la investigación.
UNA HISTORIA COMO EJEMPLO
“A fuerzas tenía que aliviarse acá en la casa". Valentina era una adolescente de 14 años cuando falleció. Era Mazateca y había sido casada a fuerza a los 12 o 13 años con un hombre 20 años mayor que ella que la maltrataba y le pegaba. Vivía en una localidad donde se ubica una clínica de primer nivel de atención del IMSS-Oportunidades con una médica titulada, apoyada por dos enfermeras que son de la región y hablan el mazateco.
La comunidad padece de falta de comunicación y transporte, el único medio de transporte para Ilegar o salir es por lancha que en viaje especial cuesta entre 350 y 600 pesos para llegar al municipio más cercano que tiene comunicación por carretera a la ciudad de Tuxtepec.
De acuerdo al relato de su madre, Valentina no fue llevada a consulta prenatal a la clínica porque su esposo no se lo permitió ya que estaba "molesto" con el personal de la clínica pues anteriormente le habían llamado la atención justamente porque no la llevaba a consulta. Cuando iniciaron las contracciones, el marido quiso que fuera atendida por un partero de la región.
Durante el trabajo de parto, el partero insultó, golpeó y presionó a Valentina. Así que dio luz en un contexto sumamente violento. De acuerdo al testimonio 'de la madre, el partero decía que la joven "no ponía de su parte" pues el alumbramiento se logró hasta el anochecer. El niño nació vivo pero ella falleció poco después de dar a luz a causa de una retención placentaria que le provocó una fuerte hemorragia. El esposo se negó a llevarla a la clínica o a llamar al medico cuando surgieron las complicaciones versión, confirmada por la enfermera de la clínica.
La historia de la muerte de Valentina es una historia terrible de maltrato, violencia, dominación masculina extrema y violaciones reiteradas a los derechos elementales de una joven adolescente; situaciones que no son exclusivas de medios sociales indígenas, aun si en estos medios se vuelven comunes. Valentina murió niña al dar a luz, frágil, desatendida, maltratada, indefensa y seguramente aterrorizada, víctima de un machismo extremo.
Con estos antecedentes y con muchas historias de muerte materna, la investigadora señaló que es menester de la antropología revelar estas realidades como parte de una lucha para reivindicar el derecho a la atención médica oportuna y de calidad para toda mujer indígena.
Urgió la implementación de acciones que involucren a mujeres, hombres, familias, autoridades, organizaciones civiles y prestadores de servicios de primer y segundo nivel de atención, ya que es esencial que las mujeres lleguen a los servicios médicos cuando los necesiten y que estos servicios cuenten con infraestructura, insumos y personal adecuado, capacitado y sensible a las necesidades de la población.
Cabe destacar que la profesora, Paola Sesia, participará en el seminario "Paso a Paso... cuida el embrazo", el cual tiene el fin de capacitar a personal estratégico de Servicios de Salud de Oaxaca SSO y del Instituto Mexicano del Segura Social (IMSS), instituciones que dan cobertura a las comunidades marginadas, pobres e indígenas del estado, donde se presenta el mayor número de muertes maternas; reconoció la importancia de este seminario organizado por el Grupo de estudios sobre la mujer "Rosario Castellanos", ya que la muerte materna refleja las profundas y múltiples inequidades que sufren la gran mayoría de las mujeres que fallecen durante la maternidad.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
24 de agosto, 2007
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ELIZA RUIZ JAIMES
El 64 por ciento de las mujeres que fallecieron por muerte materna en municipios indígenas en el estado "no tuvo ninguna atención médica antes de morir", señaIan los resultados del estudio que hizo la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur (CIESAS), Paola Sesia.
En entrevista, destacó que las muertes maternas se concentran en áreas marginadas e indígenas, entre mujeres de nivel educativo bajo y en lugares donde hay mayores problemas de acceso económico, geográfico y cultural a servicios de salud oportunos y de calidad.
Asimismo, señaló lo significativo del informe, pues a nivel mundial, el 99 por ciento de las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo, mientras solo el 1 por ciento se registra en países industrializados. "En nuestro país fallecen actualmente entre 1200 y 1500 mujeres al año por causas relacionadas a la maternidad con una Razón de Muerte materna (RMM), 63 de cada cien mil Nacidos Vivos Registrados (NVR)".
En México, declaró, la disparidad se refleja claramente a nivel geográfico y por tipo de poblaciones: "en Colima la razón de muerte materna es de 10 por cada cien mil, mientras que en estados como Oaxaca, es de 95 por cada cien mil, en Chiapas el indicador es de 88 y en Guerrero es de 128 por cada cien mil NVR". Los porcentajes, en estas tres entidades, las que presentan mayor pobreza, se deben a la marginación, están entre los más altos porcentajes de población rural e indígena.
También subrayó que para tener un panorama más preciso de las inequidades en la distribución de la muerte materna en México y en estados como Oaxaca, sería necesario poder contar con estadísticas desagregadas por población indígena y que sin embargo, las estadísticas vitales y epidemiológicas nacionales o estatales no desarticulan la información en este nivel lo cual invisibiliza, de facto, las especificidades en cifras y experiencias de morbi-mortalidad que estas poblaciones presentan en cuanto a perfiles, prevalencias, registro y acceso a servicios.
Ante este panorama, la investigadora refirió que se realizó en nuestro estado un Proyecto de Investigación: "Muerte materna en municipios indígenas", que abarcó a partir del 2004 al 2007, cuyos objetivos principales fueron: "identificar el subregistro en muerte materna a través de una metodología multidisciplinaria entre la antropología médica, Ia medicina y la salud pública; identificar las múltiples causas y factores (socioeconómicos, culturales, de comunicación y transporte, de inequidad genérica y de atención médica) involucrados en la muerte materna encontrada y en su subregistro a través de la reconstrucción de las historias de muerte de las mujeres fallecidas; y generar propuestas de política pública para ampliar la cobertura y mejorar la atención en salud materna".
Al referir los datos de la investigación, indicó que los municipios indígenas estudiados presentaron Razones Reales de Muerte materna altísimas: "5.5 veces la RMM oficial de la Secretaría de Salud de Oaxaca para la entidad en el mismo período y casi 4 veces la RMM para Oaxaca calculada por la Secretaría de Salud Federal".
En cuanto al lugar en donde ocurrió la muerte materna de los municipios indígenas investigados", informó que un porcentaje altísimo de las mujeres, el 74.7 por ciento, falleció en su casa y que morir en el hogar significa que la mujer no tuvo un acceso real a servicios obstétricos de emergencia por barreras culturales, sociales, económicas, geográficas y/o de servicios médicos sin capacidad resolutiva.
"El 44.2 por ciento de las mujeres en los municipios indígenas que falleció por muerte materna, dio a luz sola o atendida por un familiar (marido, suegra y/o madre); lo cual representa casi la mitad de las muertes maternas encontradas. El 64 por ciento de las mujeres en municipios indígenas no tuvo ninguna atención médica antes de morir, solo en el 21 por ciento de los casos hubo un intento claro de búsqueda de atención o se recibió algún tipo de atención médica y el no haber recibido atención médica antes de morir, no responde necesariamente a un rechazo cultural hacia los servicios de salud formales", recalcó.
Mencionó que estas cifras proporcionan un panorama crudo de inequidades profundas y exclusiones múltiples que atañen a muchas mujeres indígenas cuando enfrentan la maternidad y que se reflejados reconstrucción de las historias de muerte realizadas para la investigación.
UNA HISTORIA COMO EJEMPLO
“A fuerzas tenía que aliviarse acá en la casa". Valentina era una adolescente de 14 años cuando falleció. Era Mazateca y había sido casada a fuerza a los 12 o 13 años con un hombre 20 años mayor que ella que la maltrataba y le pegaba. Vivía en una localidad donde se ubica una clínica de primer nivel de atención del IMSS-Oportunidades con una médica titulada, apoyada por dos enfermeras que son de la región y hablan el mazateco.
La comunidad padece de falta de comunicación y transporte, el único medio de transporte para Ilegar o salir es por lancha que en viaje especial cuesta entre 350 y 600 pesos para llegar al municipio más cercano que tiene comunicación por carretera a la ciudad de Tuxtepec.
De acuerdo al relato de su madre, Valentina no fue llevada a consulta prenatal a la clínica porque su esposo no se lo permitió ya que estaba "molesto" con el personal de la clínica pues anteriormente le habían llamado la atención justamente porque no la llevaba a consulta. Cuando iniciaron las contracciones, el marido quiso que fuera atendida por un partero de la región.
Durante el trabajo de parto, el partero insultó, golpeó y presionó a Valentina. Así que dio luz en un contexto sumamente violento. De acuerdo al testimonio 'de la madre, el partero decía que la joven "no ponía de su parte" pues el alumbramiento se logró hasta el anochecer. El niño nació vivo pero ella falleció poco después de dar a luz a causa de una retención placentaria que le provocó una fuerte hemorragia. El esposo se negó a llevarla a la clínica o a llamar al medico cuando surgieron las complicaciones versión, confirmada por la enfermera de la clínica.
La historia de la muerte de Valentina es una historia terrible de maltrato, violencia, dominación masculina extrema y violaciones reiteradas a los derechos elementales de una joven adolescente; situaciones que no son exclusivas de medios sociales indígenas, aun si en estos medios se vuelven comunes. Valentina murió niña al dar a luz, frágil, desatendida, maltratada, indefensa y seguramente aterrorizada, víctima de un machismo extremo.
Con estos antecedentes y con muchas historias de muerte materna, la investigadora señaló que es menester de la antropología revelar estas realidades como parte de una lucha para reivindicar el derecho a la atención médica oportuna y de calidad para toda mujer indígena.
Urgió la implementación de acciones que involucren a mujeres, hombres, familias, autoridades, organizaciones civiles y prestadores de servicios de primer y segundo nivel de atención, ya que es esencial que las mujeres lleguen a los servicios médicos cuando los necesiten y que estos servicios cuenten con infraestructura, insumos y personal adecuado, capacitado y sensible a las necesidades de la población.
Cabe destacar que la profesora, Paola Sesia, participará en el seminario "Paso a Paso... cuida el embrazo", el cual tiene el fin de capacitar a personal estratégico de Servicios de Salud de Oaxaca SSO y del Instituto Mexicano del Segura Social (IMSS), instituciones que dan cobertura a las comunidades marginadas, pobres e indígenas del estado, donde se presenta el mayor número de muertes maternas; reconoció la importancia de este seminario organizado por el Grupo de estudios sobre la mujer "Rosario Castellanos", ya que la muerte materna refleja las profundas y múltiples inequidades que sufren la gran mayoría de las mujeres que fallecen durante la maternidad.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Convocan diputados al Congreso de Comunicación Indígena
La Jornada On Line
La Comisión de Asuntos Indígenas se pronuncia en favor de leyes que faciliten el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación.
México, DF. Como parte de los trabajos para crear una nueva “Ley de Medios” la Comisión de Asuntos Indígenas destacó la importancia de trabajar en una regulación que posibilite el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, así como construir las bases para que puedan ser permisionarios o concesionarios de éstos.
Por lo anterior, la citada comisión, presidida por el diputado Marcos Matías Alonso (PRD), llevará a cabo el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, del 10 al 12 de septiembre.
En dicho evento se abordarán temas como el derecho a la información y comunicación indígena; el financiamiento y supervivencia de los medios de información y comunicación indígena, así como su ejercicio en el desarrollo de los pueblos.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara baja, la comisión elaboró un documento en el que se afirma que el espacio radioeléctrico es un bien común de la humanidad y el Estado tiene la obligación de administrarlo de manera equitativa.
También se señala que los medios de comunicación indígenas existentes, han jugado un papel fundamental en el intercambio informativo de los pueblos y representan un contrapeso importante ante la falta de información y la falsa imagen pública de las zonas indígenas.
No obstante,se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse en torno a la Ley de Medios hizo una observación en el sentido de que los pueblos indígenas carecen de condiciones normativas para fundar y administrar sus propios medios de comunicación.
En este sentido, las comisiones de Asuntos Indígenas; Radio, Televisión y Cinematografía, y Cultura, han coincidido en que la declaratoria de inconstitucionalidad de varios de los artículos de las leyes de Radio, Televisión y de Telecomunicaciones, abre las puertas al debate y compromete a los legisladores para formular reformas, afin de que la legislación de medios de comunicación atienda principios de democracia y equidad, precisa el documento.
Añade que la Federación, los estados y los municipios deben establecer partidas presupuestales para impulsar el desarrollo de los medios de comunicación en los pueblos indígenas.
Por lo tanto, los legisladores se comprometen a sumar voluntades, capacidades y esfuerzos para sacar adelante una legislación que haga posible el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación.
Dicha legislación debe contemplar la planeación adecuada de espacios radioeléctricos, televisivos, cibernéticos y otros, así como simplificar los requisitos legales para la operación de radios comunitarias.
De igual manera, se deben incluir formas de financiamiento y autosuficiencia para los medios comunitarios, que les permitan un sostén económico sin que dependan necesariamente del Estado.
En cuanto al otorgamiento de licencias para medios, se recomendó la creación de una nueva categoría que sea específica para pueblos indígenas.
La citada comisión realizó también un exhorto a la de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto, presentada por los diputados perredistas Lourdes Alonso Flores y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, que reforma la fracción VI del artículo 2º constitucional, que tiene por objeto impulsar la conversión tecnológica de los medios de comunicación comunitarios y culturales.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
La Comisión de Asuntos Indígenas se pronuncia en favor de leyes que faciliten el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación.
México, DF. Como parte de los trabajos para crear una nueva “Ley de Medios” la Comisión de Asuntos Indígenas destacó la importancia de trabajar en una regulación que posibilite el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, así como construir las bases para que puedan ser permisionarios o concesionarios de éstos.
Por lo anterior, la citada comisión, presidida por el diputado Marcos Matías Alonso (PRD), llevará a cabo el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, del 10 al 12 de septiembre.
En dicho evento se abordarán temas como el derecho a la información y comunicación indígena; el financiamiento y supervivencia de los medios de información y comunicación indígena, así como su ejercicio en el desarrollo de los pueblos.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara baja, la comisión elaboró un documento en el que se afirma que el espacio radioeléctrico es un bien común de la humanidad y el Estado tiene la obligación de administrarlo de manera equitativa.
También se señala que los medios de comunicación indígenas existentes, han jugado un papel fundamental en el intercambio informativo de los pueblos y representan un contrapeso importante ante la falta de información y la falsa imagen pública de las zonas indígenas.
No obstante,se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse en torno a la Ley de Medios hizo una observación en el sentido de que los pueblos indígenas carecen de condiciones normativas para fundar y administrar sus propios medios de comunicación.
En este sentido, las comisiones de Asuntos Indígenas; Radio, Televisión y Cinematografía, y Cultura, han coincidido en que la declaratoria de inconstitucionalidad de varios de los artículos de las leyes de Radio, Televisión y de Telecomunicaciones, abre las puertas al debate y compromete a los legisladores para formular reformas, afin de que la legislación de medios de comunicación atienda principios de democracia y equidad, precisa el documento.
Añade que la Federación, los estados y los municipios deben establecer partidas presupuestales para impulsar el desarrollo de los medios de comunicación en los pueblos indígenas.
Por lo tanto, los legisladores se comprometen a sumar voluntades, capacidades y esfuerzos para sacar adelante una legislación que haga posible el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación.
Dicha legislación debe contemplar la planeación adecuada de espacios radioeléctricos, televisivos, cibernéticos y otros, así como simplificar los requisitos legales para la operación de radios comunitarias.
De igual manera, se deben incluir formas de financiamiento y autosuficiencia para los medios comunitarios, que les permitan un sostén económico sin que dependan necesariamente del Estado.
En cuanto al otorgamiento de licencias para medios, se recomendó la creación de una nueva categoría que sea específica para pueblos indígenas.
La citada comisión realizó también un exhorto a la de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto, presentada por los diputados perredistas Lourdes Alonso Flores y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, que reforma la fracción VI del artículo 2º constitucional, que tiene por objeto impulsar la conversión tecnológica de los medios de comunicación comunitarios y culturales.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Corte inicia investigación en Oaxaca
MÉXICO, D.F./SUN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pondrá en marcha esta semana la comisión de magistrados federales que se encargará de investigar a las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por los hechos violentos en esta entidad, de mayo de 2006 a enero de 2007, debido al conflicto magisterial.
Los ministros se reunirán este lunes, en sesión pública, para afinar los detalles de lo que será la comisión que investigará el caso Oaxaca, que se aprobó crear desde el 23 de junio pasado, así como para designar a los magistrados encargados de la averiguación, quienes tendrán 15 días para presentar un plan de trabajo.
De acuerdo con los lineamientos que entregará la Corte, los magistrados tendrán un plazo inicial, que se podrá prorrogar si es necesario, de seis meses para desarrollar su investigación, tiempo en el que podrán tener acceso a cualquier instalación del gobierno y a "todo tipo de documentos e informes, que pudieran guardar relación con la investigación, con independencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial".
Como parte de sus atribuciones, los comisionados podrán citar para una o varias entrevistas al ex presidente Fox y al gobernador de Oaxaca, aunque no en calidad de indiciados ni de inculpados, sino sólo para que den cuenta de los hechos que les consten relacionados con la investigación.
Esta es la primera vez que la Corte, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución, somete a investigación a un ex Presidente de la República para determinar si incurrió en violaciones graves a las garantías de la población, y la tercera, de manera consecutiva, en que somete a un gobernador a pesquisas. Vicente Fox, y varios de quienes fueron sus secretarios de Estado, así como el gobernador de Oaxaca y su principal equipo de colaboradores, serán investigados para determinar si incurrieron o no en violaciones graves a las garantías individuales por probables excesos de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales, durante el conflicto que se vivió hace un año en la entidad.
Asimismo, determinarán si dichos funcionarios violaron derechos fundamentales de la población que no participó en el conflicto, por incurrir en una probable omisión o pasividad al no actuar para restaurar y mantener el orden público y la seguridad.
Es decir, uno de los principales objetivos de la comisión será determinar si la omisión y la pasividad de autoridades federales o estatales para intervenir y resguardar la seguridad de los ciudadanos, alentó el clima de inseguridad y los enfrenamientos que se vivieron en Oaxaca.
Ésta, también es la segunda investigación en la que somete a revisión el presunto uso excesivo de la fuerza pública en que incurrió la Policía Federal Preventiva, bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
El otro caso por el que se le investiga está relacionado con los enfrentamientos, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, estado de México.
También es la tercera pesquisa consecutiva que inicia la SCJN a petición de una o ambas cámaras de Congreso de la Unión.
Los comisionados del caso Oaxaca serán los primeros en aplicar el nuevo reglamento que aprobó la Corte para ejercer la facultad que les otorga el artículo 97 de la Constitución, para investigar violaciones graves a las garantías individuales.
Con base en este reglamento, la Corte buscará definir si existieron violaciones y si se comprueban, se limitará a señalar a los responsables y a turnar su informe a las autoridades que solicitaron la pesquisa y a quienes les competa aplicar algún castigo.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Los ministros se reunirán este lunes, en sesión pública, para afinar los detalles de lo que será la comisión que investigará el caso Oaxaca, que se aprobó crear desde el 23 de junio pasado, así como para designar a los magistrados encargados de la averiguación, quienes tendrán 15 días para presentar un plan de trabajo.
De acuerdo con los lineamientos que entregará la Corte, los magistrados tendrán un plazo inicial, que se podrá prorrogar si es necesario, de seis meses para desarrollar su investigación, tiempo en el que podrán tener acceso a cualquier instalación del gobierno y a "todo tipo de documentos e informes, que pudieran guardar relación con la investigación, con independencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial".
Como parte de sus atribuciones, los comisionados podrán citar para una o varias entrevistas al ex presidente Fox y al gobernador de Oaxaca, aunque no en calidad de indiciados ni de inculpados, sino sólo para que den cuenta de los hechos que les consten relacionados con la investigación.
Esta es la primera vez que la Corte, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución, somete a investigación a un ex Presidente de la República para determinar si incurrió en violaciones graves a las garantías de la población, y la tercera, de manera consecutiva, en que somete a un gobernador a pesquisas. Vicente Fox, y varios de quienes fueron sus secretarios de Estado, así como el gobernador de Oaxaca y su principal equipo de colaboradores, serán investigados para determinar si incurrieron o no en violaciones graves a las garantías individuales por probables excesos de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales, durante el conflicto que se vivió hace un año en la entidad.
Asimismo, determinarán si dichos funcionarios violaron derechos fundamentales de la población que no participó en el conflicto, por incurrir en una probable omisión o pasividad al no actuar para restaurar y mantener el orden público y la seguridad.
Es decir, uno de los principales objetivos de la comisión será determinar si la omisión y la pasividad de autoridades federales o estatales para intervenir y resguardar la seguridad de los ciudadanos, alentó el clima de inseguridad y los enfrenamientos que se vivieron en Oaxaca.
Ésta, también es la segunda investigación en la que somete a revisión el presunto uso excesivo de la fuerza pública en que incurrió la Policía Federal Preventiva, bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
El otro caso por el que se le investiga está relacionado con los enfrentamientos, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, estado de México.
También es la tercera pesquisa consecutiva que inicia la SCJN a petición de una o ambas cámaras de Congreso de la Unión.
Los comisionados del caso Oaxaca serán los primeros en aplicar el nuevo reglamento que aprobó la Corte para ejercer la facultad que les otorga el artículo 97 de la Constitución, para investigar violaciones graves a las garantías individuales.
Con base en este reglamento, la Corte buscará definir si existieron violaciones y si se comprueban, se limitará a señalar a los responsables y a turnar su informe a las autoridades que solicitaron la pesquisa y a quienes les competa aplicar algún castigo.
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VERONICA VILLALVAZO
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Pobreza y desigualdad son signos ominosos para México: De la Fuente
Imposible pensar en desarrollo si el Estado no asume su responsabilidad, insiste el rector
“Pareciera que el país quiere continuar al margen de la sociedad y la economía del conocimiento’’
EMIR OLIVARES ALONSO
Si el Estado mexicano no asume su responsabilidad, será imposible pensar que en los próximos años se pueda tener un desarrollo menos desigual, más equitativo, tranquilo, seguro y que ofrezca mejores perspectivas, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente.
Al firmar un convenio de colaboración con la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMCA), De la Fuente –quien en unos meses terminará su periodo al frente de la rectoría– alertó que con la política actual pareciera que el país quiere continuar al margen de la sociedad y la economía del conocimiento, pues se carece de una política educativa y una visión de Estado a mediano y largo plazos.
Dicha política de Estado en materia educativa, subrayó, debe basarse en transformar a la educación en un verdadero instrumento de capilaridad social, con lo que se ayude a México a salir del rezago en el que se encuentra.
Reclamos incumplidos
“¿Cómo avanzar en el país en los tiempos actuales cuando uno de los reclamos de la sociedad es que el Estado funcione y lo haga mejor de lo actual, que atienda sus responsabilidades básicas y sea capaz de proveer a los ciudadanos de seguridad, orden, salud y educación?, ¿y cómo aspirar a una sociedad más segura si no se atienden las necesidades básicas, si en una nación como México los signos ominosos son la pobreza y la desigualdad?”, dijo el rector de la UNAM.
Por segunda ocasión en una semana, De la Fuente se refirió al Estado mexicano en su conjunto, al carecer éste de proyectos y políticas que propicien el desarrollo de la nación, sobre todo en los ámbitos educativo, social y de seguridad pública.
Aunque consideró que es “compleja” la tarea de fortalecer el estado de derecho, De la Fuente insistió en que dicha labor no es inalcanzable para con ello también robustecer el estado social y democrático en México.
Dijo el académico que hay que analizar diferentes formas de conseguir ese fortalecimiento, porque “con frecuencia el Estado mismo se desdibuja por insuficiente comprensión”.
El pasado jueves, el rector de la UNAM cuestionó la labor de las autoridades mexicanas en su conjunto, al no contar con proyectos que beneficien al desarrollo de la sociedad mexicana. De nueva cuenta, durante la reunión con la BMCA, consideró que el Estado mexicano no asume su responsabilidad.
El convenio firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene por objeto realizar actividades académicas, científicas y culturales conjuntas para fortalecer con ello el estado de derecho, informaron autoridades universitarias.
En su turno, el presidente de la Barra Mexicana, Luis Enrique Gram Tapia, destacó que la UNAM ha sido distintiva porque en su seno se han construido muchos proyectos, ideas y acciones que han marcado la forma de ser de la nación y de los mexicanos. Y definió a la institución como espacio “de ilustre, sabia y responsable crítica”, por lo que se congratuló de la firma del convenio.
El abogado explicó que dicho acuerdo, primero que la BMCA signa con una institución de educación superior en 85 años de existencia, será el instrumento con el que se inicie la cooperación para continuar la construcción de una de las mayores necesidades de la nación: una mejor y más eficaz cultura de respeto al estado de derecho.
Graham Tapia refirió que el estado de derecho, como expresión de la cultura, es un hábito, una forma de vida y diálogo, por lo que requiere una construcción de todos los días, “la sociedad necesita mejores abogados”. Con el convenio, dijo, se sumarán esfuerzos para la edificación de una cultura jurídica más eficaz, pero cimentada en que juntos se creen mejores esquemas y juristas.
Por su parte, el abogado general de la UNAM, Jorge Islas, explicó que este acuerdo será una posibilidad de encontrar “ventanas de oportunidad” para trabajar de manera conjunta en aspectos donde se pueden desarrollar metas y esfuerzos afines, pues con él se buscará fortalecer la cultura de la legalidad, del respeto al estado de derecho, la justicia, la ley, la igualdad y la equidad
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
“Pareciera que el país quiere continuar al margen de la sociedad y la economía del conocimiento’’
EMIR OLIVARES ALONSO
Si el Estado mexicano no asume su responsabilidad, será imposible pensar que en los próximos años se pueda tener un desarrollo menos desigual, más equitativo, tranquilo, seguro y que ofrezca mejores perspectivas, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente.
Al firmar un convenio de colaboración con la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMCA), De la Fuente –quien en unos meses terminará su periodo al frente de la rectoría– alertó que con la política actual pareciera que el país quiere continuar al margen de la sociedad y la economía del conocimiento, pues se carece de una política educativa y una visión de Estado a mediano y largo plazos.
Dicha política de Estado en materia educativa, subrayó, debe basarse en transformar a la educación en un verdadero instrumento de capilaridad social, con lo que se ayude a México a salir del rezago en el que se encuentra.
Reclamos incumplidos
“¿Cómo avanzar en el país en los tiempos actuales cuando uno de los reclamos de la sociedad es que el Estado funcione y lo haga mejor de lo actual, que atienda sus responsabilidades básicas y sea capaz de proveer a los ciudadanos de seguridad, orden, salud y educación?, ¿y cómo aspirar a una sociedad más segura si no se atienden las necesidades básicas, si en una nación como México los signos ominosos son la pobreza y la desigualdad?”, dijo el rector de la UNAM.
Por segunda ocasión en una semana, De la Fuente se refirió al Estado mexicano en su conjunto, al carecer éste de proyectos y políticas que propicien el desarrollo de la nación, sobre todo en los ámbitos educativo, social y de seguridad pública.
Aunque consideró que es “compleja” la tarea de fortalecer el estado de derecho, De la Fuente insistió en que dicha labor no es inalcanzable para con ello también robustecer el estado social y democrático en México.
Dijo el académico que hay que analizar diferentes formas de conseguir ese fortalecimiento, porque “con frecuencia el Estado mismo se desdibuja por insuficiente comprensión”.
El pasado jueves, el rector de la UNAM cuestionó la labor de las autoridades mexicanas en su conjunto, al no contar con proyectos que beneficien al desarrollo de la sociedad mexicana. De nueva cuenta, durante la reunión con la BMCA, consideró que el Estado mexicano no asume su responsabilidad.
El convenio firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene por objeto realizar actividades académicas, científicas y culturales conjuntas para fortalecer con ello el estado de derecho, informaron autoridades universitarias.
En su turno, el presidente de la Barra Mexicana, Luis Enrique Gram Tapia, destacó que la UNAM ha sido distintiva porque en su seno se han construido muchos proyectos, ideas y acciones que han marcado la forma de ser de la nación y de los mexicanos. Y definió a la institución como espacio “de ilustre, sabia y responsable crítica”, por lo que se congratuló de la firma del convenio.
El abogado explicó que dicho acuerdo, primero que la BMCA signa con una institución de educación superior en 85 años de existencia, será el instrumento con el que se inicie la cooperación para continuar la construcción de una de las mayores necesidades de la nación: una mejor y más eficaz cultura de respeto al estado de derecho.
Graham Tapia refirió que el estado de derecho, como expresión de la cultura, es un hábito, una forma de vida y diálogo, por lo que requiere una construcción de todos los días, “la sociedad necesita mejores abogados”. Con el convenio, dijo, se sumarán esfuerzos para la edificación de una cultura jurídica más eficaz, pero cimentada en que juntos se creen mejores esquemas y juristas.
Por su parte, el abogado general de la UNAM, Jorge Islas, explicó que este acuerdo será una posibilidad de encontrar “ventanas de oportunidad” para trabajar de manera conjunta en aspectos donde se pueden desarrollar metas y esfuerzos afines, pues con él se buscará fortalecer la cultura de la legalidad, del respeto al estado de derecho, la justicia, la ley, la igualdad y la equidad
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
En junio, autoridades veracruzanas le sembraron armas
Recapturan a miembro de la otra campaña
HERMANN BELLINGHAUSEN
Colectivos de la otra campaña en el estado de Veracruz denunciaron que este sábado fue detenido nuevamente uno de los 10 campesinos nahuas del municipio Ixhuatlán de Madero, en la región Huasteca, capturados en el nuevo poblado Diez de Junio el pasado 14 de junio, encarcelados en Villa Aldama y liberados bajo caución tres semanas después.
Basilio Villa Antonio, de 31 años, fue reaprehendido frente a su casa, en Lomas del Dorado, por hombres que lo secuestraron en una camioneta, cerca de las 18 horas del 25 de agosto. Villa Antonia y su esposa regresaban del río cuando dos hombres lo jalonearon y subieron a una camioneta sin placas, “sin darle tiempo siquiera a vestirse, ya que venía con un short azul, sin camiseta, con chanclas y sin lentes”, señalan sus compañeros de la otra campaña.
Los individuos que, sin identificarse, se lo llevaron, iban acompañadas por dos hombres en otra camioneta. Ambos vehículos lo estaban esperando. Ya habían circulado por el pueblo interrogando a la población. El mismo día también intentaron detener a Antonio Santiago Hernández, pero en este caso mostraron a sus familiares, a quienes jalonearon e intentaron capturar, unos papeles, probablemente órdenes de aprehensión, en los cuales la esposa de Antonio Santiago reconoció la foto de su marido.
La mujer afirma que ella y el cuñado de Antonio fueron amenazados con un arma larga; “una metralleta”, dijo. Los presuntos agentes argumentaron que buscaban a cinco campesinos acusados de “portación de arma”. Antes de intentar detener a Santiago, sus familiares aseguran que los desconocidos se acercaron con engaños, tratando de hacerse pasar por “parientes”. Iban vestidos de civiles y en camionetas sin placas.
Los campesinos de Lomas del Dorado aseguran que los captores pertenecen a la Agencia Federal de Investigación. Este domingo fue localizado Basilio en el penal de Tuxpan.
Diez indígenas de la organización Dorados de Villa se encuentran libres bajo fianza, tras su detención y la de un observador de derechos humanos el pasado 14 de junio. Además de la acusación de “despojo” por haber invadido tierras de la poderosa familia Faisal, cuya propiedad reclaman los campesinos desde hace décadas, éstos declararon que al llegar entonces al penal de Villa Aldama “les dieron unas armas que ellos jamás habían portado, los obligaron a tomarlas y los fotografiaron con ellas”.
De hecho, en su primera declaración ante el agente del Ministerio Público de Chicontepec, que se trasladó hasta Perote para interrogarlos, ninguna pregunta se refería a dichas armas, pero luego de sembrárselas para incluirlas en un expediente “armado a modo”, como documentó entonces su defensa, les atribuyeron lo siguiente: Alicio Martínez Cruz (escuadra 9 milímetros), Antonio Santiago Hernández (escuadra calibre 380), Pedro Gutiérrez Hernández (pistola calibre 22), Severo Antonio Hernández (revólver Bulldog calibre 38), Basilio Villa Antonio (pistola de plástico color cobre con negro, “tipo encendedor”, o sea, un juguete).
De este modo, el gobierno veracruzano reactiva el caso más escandaloso de violación a los derechos humanos e indígenas por las policías estatal y federal desde que Fidel Herrera Beltrán ocupa el Ejecutivo de la entidad.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
HERMANN BELLINGHAUSEN
Colectivos de la otra campaña en el estado de Veracruz denunciaron que este sábado fue detenido nuevamente uno de los 10 campesinos nahuas del municipio Ixhuatlán de Madero, en la región Huasteca, capturados en el nuevo poblado Diez de Junio el pasado 14 de junio, encarcelados en Villa Aldama y liberados bajo caución tres semanas después.
Basilio Villa Antonio, de 31 años, fue reaprehendido frente a su casa, en Lomas del Dorado, por hombres que lo secuestraron en una camioneta, cerca de las 18 horas del 25 de agosto. Villa Antonia y su esposa regresaban del río cuando dos hombres lo jalonearon y subieron a una camioneta sin placas, “sin darle tiempo siquiera a vestirse, ya que venía con un short azul, sin camiseta, con chanclas y sin lentes”, señalan sus compañeros de la otra campaña.
Los individuos que, sin identificarse, se lo llevaron, iban acompañadas por dos hombres en otra camioneta. Ambos vehículos lo estaban esperando. Ya habían circulado por el pueblo interrogando a la población. El mismo día también intentaron detener a Antonio Santiago Hernández, pero en este caso mostraron a sus familiares, a quienes jalonearon e intentaron capturar, unos papeles, probablemente órdenes de aprehensión, en los cuales la esposa de Antonio Santiago reconoció la foto de su marido.
La mujer afirma que ella y el cuñado de Antonio fueron amenazados con un arma larga; “una metralleta”, dijo. Los presuntos agentes argumentaron que buscaban a cinco campesinos acusados de “portación de arma”. Antes de intentar detener a Santiago, sus familiares aseguran que los desconocidos se acercaron con engaños, tratando de hacerse pasar por “parientes”. Iban vestidos de civiles y en camionetas sin placas.
Los campesinos de Lomas del Dorado aseguran que los captores pertenecen a la Agencia Federal de Investigación. Este domingo fue localizado Basilio en el penal de Tuxpan.
Diez indígenas de la organización Dorados de Villa se encuentran libres bajo fianza, tras su detención y la de un observador de derechos humanos el pasado 14 de junio. Además de la acusación de “despojo” por haber invadido tierras de la poderosa familia Faisal, cuya propiedad reclaman los campesinos desde hace décadas, éstos declararon que al llegar entonces al penal de Villa Aldama “les dieron unas armas que ellos jamás habían portado, los obligaron a tomarlas y los fotografiaron con ellas”.
De hecho, en su primera declaración ante el agente del Ministerio Público de Chicontepec, que se trasladó hasta Perote para interrogarlos, ninguna pregunta se refería a dichas armas, pero luego de sembrárselas para incluirlas en un expediente “armado a modo”, como documentó entonces su defensa, les atribuyeron lo siguiente: Alicio Martínez Cruz (escuadra 9 milímetros), Antonio Santiago Hernández (escuadra calibre 380), Pedro Gutiérrez Hernández (pistola calibre 22), Severo Antonio Hernández (revólver Bulldog calibre 38), Basilio Villa Antonio (pistola de plástico color cobre con negro, “tipo encendedor”, o sea, un juguete).
De este modo, el gobierno veracruzano reactiva el caso más escandaloso de violación a los derechos humanos e indígenas por las policías estatal y federal desde que Fidel Herrera Beltrán ocupa el Ejecutivo de la entidad.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
El Estado cierra peligrosamente
El Estado cierra peligrosamente
foto: micphotopress.com, archivo
las vías pacíficas al pueblo: Flavio
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO/MARIO JIMÉNEZ LEYVA/Enviados
SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, Oax., - Al apostar por la represión y la politización de las instituciones, el Estado Mexicano está cerrando peligrosamente las vías pacíficas al pueblo que reclama atención a sus demandas sociales, afirmó Flavio Sosa Villavicencio, en la primera entrevista que ofrece desde su detención el 4 de diciembre del 2006 en la Ciudad de México.
“Cancelar el diálogo, es un grave error y una torpeza de (Felipe) Calderón que le va a pesar porque no habrá transición si no se solucionan las demandas del movimiento magisterial y popular”, asentó.
Y subrayó que se ha preparado personalmente para seguir en la cárcel hasta obtener su libertad no por una negociación con Ulises Ruiz Ortiz “sino por la fuerza del movimiento magisterial y popular”.
“No voy a negociar nada; no he cometido ningún delito y tarde o temprano saldré libre”, señaló.
Ante esto, retó al gobierno estatal a mostrar por lo menos una prueba de culpabilidad de las imputaciones penales en los seis procesos abiertos en su contra.
“Quiero que me demuestren que tengo alguna responsabilidad; todas las acusaciones son de supuestos testigos que dicen que oyeron que alguien dijo que yo había participado”, agregó.
Desde la cárcel de este municipio, donde llegó con su hermano Horacio, apenas el pasado día 15, después de ocho meses y medio de reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, el consejero estatal de la Asamblea Estatal de los Pueblos de Oaxaca (APPO), sostuvo que la determinación del Estado mexicano para reprimir y utilizar las instituciones para la negociación política pone a la lucha pacífica sobre la pared y sin ninguna oportunidad de alcanzar atención a sus demandas.
“Fuimos a hablar con (la Secretaría de) Gobernación, recurrimos al Senado de la República, pero no avanzó el diálogo ni el procedimiento de desaparición de poderes porque el PAN y el PRI negociaron el reconocimiento de Calderón a cambio de mantener a Ulises en la gubernatura. Y cuando asume (Calderón) la Presidencia vamos a buscar la interlocución, se nos encarcela. Así, opta por una salida de fuerza, por la represión y el encarcelamiento de quienes vamos por la vía pacífica. Esto es peligroso porque no se está dejando alguna salida al pueblo. Y en nuestro caso quedamos como rehenes de Calderón y Ulises”, añadió.
El Estado mexicano –anotó‑‑, “desató una brutal persecución contra el pueblo de Oaxaca. Se torturaron y encarcelaron a muchos oaxaqueños sin haber cometido algún delito. Y en un caso inédito para la historia reciente de Oaxaca, otros fuimos enviados a penales de máxima seguridad del Estado de México, Nayarit y Tamaulipas, por solamente alzar la voz”.
En su caso, expuso que los gobiernos federal y estatal “se ensañaron” en su contra, en contra de su familia y de compañeros cercanos tan sólo por “decir las cosas como son y no ocultar el rostro”.
“La decisión para la detención (junto con su hermano Horacio, Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, los dos últimos recién liberados), fue al más alto nivel pero con grandes irregularidades. Los policías nunca nos mostraron alguna orden de aprehensión, incluso cuando estábamos en la PGR, frente a nosotros estaban recibiendo por fax el oficio de colaboración de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca para poder cubrir el trámite de nuestra detención. Un periodista del New York Times me preguntó en noviembre del año pasado después de la entrada de la Policía Federal Preventiva ¿qué sigue? Y le respondí que tenía dos caminos, la muerte o el penal de Almoloya y fue lo segundo, pero bueno, eso imaginé que sería para mi, nunca para mis hermanos que no tienen nada que ver con el movimiento. Erick, es un bombero del aeropuerto de Oaxaca, y fue torturado, y llevado hasta el penal de máxima seguridad de Matamoros; Horacio, andaba acompañándome en la Ciudad de México y lo envían conmigo a Almoloya, donde el trato es inhumano, humillante y degradante, sin ninguno de nosotros haber incurrido en un delito federal”.
‑‑¿Vale la pena tanto sufrimiento por una causa?
‑‑Claro que vale la pena. Mi familia y la familia de otros, han sufrido cosas terribles, acoso, persecución, pero si la lucha es por un cambio, valen la pena pasar tantas cosas. No podemos olvidar la muerte de tantos compañeros, como José Colmenares, Lorenzo San Pablo, Alejandro Hernández, los compañeros indígenas triquis, y tantos torturados de las barricadas.
‑‑Su detención tenía aparentemente la finalidad de descabezar al movimiento magisterial y popular, por ser uno de los miembros más visibles del Consejo Estatal de la APPO, pero no ocurrió así.
‑‑Efectivamente, Calderón y Ulises Ruiz pensaron que con detenerme iba a sufrir un duro golpe el movimiento, pero no fue así porque la APPO no es un movimiento de dirigentes sino del pueblo con demandas justas y legítimas. La APPO representa una causa histórica contemporánea, una bandera en Oaxaca, que la han levantando muchísimas personas ante tanta pobreza, marginación, injusticia e impunidad, así como por tantos gobiernos frívolos, insensibles e ilegítimos. A pesar de la gran represión, la gente mantiene viva la esperanza del cambio.
Resaltó que seguirá resistiendo en prisión porque no piensa negociar su excarcelación con el gobierno de Ruiz Ortiz.
“No me interesa porque mi hermano y yo, así como los demás presos del movimiento somos inocentes. Si vamos a salir ha de ser por la fuerza del movimiento y por el trabajo de los abogados. Y cuando suceda eso no saldré bajo ninguna condición, mucho menos a guardar silencio. Cuando el movimiento nos ponga en la calle, caminaré tranquilamente porque no tengo nada de qué avergonzarme”, apuntó.
‑‑¿Pero en los seis procesos penales que se le han instruido, se le acusan de muchos delitos, algunos de ellos graves?
‑‑Me han acusado de muchas cosas; me acusan de la ‘toma’ del Canal 9 cuando fue un acto reivindicado por las mujeres sin que haya participado; me acusan de la ‘toma’ de las oficinas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, sin tener también nada que ver; me acusan de haber secuestrado a unos policías ministeriales que entraron a mi casa a matarme, sin tampoco estar relacionado, porque eso estaba pasando mientras hacía la denuncia ante la prensa en el zócalo. Y hasta del choque con la Policía Federal Preventiva y de incendios de edificios (el 25 de noviembre del año pasado), cuando existen videos y notas periodísticas sobre que siempre estuve llamando a los compañeros a no enfrentarse con la policía y a luchar por la vía pacífica”.
Sosa Villavicencio responsabilizó de la seguridad personal de él y su hermano a Ruiz Ortiz ante cualquier eventual agresión.
“Ni nos vamos a fugar, ni nos vamos a suicidar, ni vamos a desestabilizar el penal; si alguien viene abrir las puertas no nos vamos a ir porque no somos delincuentes ni tenemos el interés de evadirnos”, indicó.
Sosa Villavicencio también llamó a los simpatizantes del movimiento magisterial y popular a seguir luchando por la vía pacífica “pues nadie puede estar de acuerdo con un gobierno que abusa del poder para golpear y asesinar al pueblo”.
“Hay que seguir en la lucha pacífica porque es el camino; si nos cierran las puertas hay que abrir otras pero por la misma vía porque Oaxaca debe cambiar y porque todas las muertes, detenciones ilegales y torturas tienen que ser castigadas”, terminó.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
finalmente si hay neglicencia en violencia hacia la mujer
Maestra asesinada por su esposa
denunció negligencia en el caso
La víctima ya había denunciado a su marido por violencia intrafamiliar en la Procuraduría para la Defensa de la Mujer en Tehuantepec y en un juzgado de lo familiar en Juchitán, pero no le hicieron caso
PEDRO MATIAS
Poner un alto a 18 años de terror, de violencia intrafamiliar, le costo la vida a la maestra María Elena Toledo Constantino.
Solo la muerte la liberó de su esposo Arturo Fuentes Escobar, quien desde hace 18 años se adueño de su vida y, en el momento que él quiso, se la arrebató, teniendo como testigos mudos a 30 estudiantes de la escuela Secundaria Técnica número 27 de ciudad Ixtepec.
De ese tamaño es el terror que vivió María Elena y que traspasó a su centro de trabajo cuando Arturo Fuentes Escobar le dio tres balazos para quitarle la vida, ante el pavor y azoro de los estudiantes.
Es así como María Elena Toledo Constantino pasó a formar parte de las negras estadísticas del feminicidio en Oaxaca donde una mujer es asesinada cada seis días y que lo ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en asesinatos de mujeres.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin investigar o para cubrir la negligencia de las instituciones del estado que le negaron la atención, concluyó que el asesinato fue por “motivos pasionales” derivados de la “infidelidad” de la maestra.
Indignado por esta “infamia”, Francisco Toledo Constantino, aclaró que su hermana abandonó a Arturo Fuentes hace dos meses y lo denunció por violencia intrafamiliar en la procuraduría para la defensa de la mujer en Tehuantepec y en un juzgado de lo familiar en Juchitán.
Como siempre, la respuesta de esas instituciones del estado, oscilaron entre la indiferencia y la negligencia, lo que revela que las autoridades no tienen una idea clara del fenómeno.
Aunado a ello, en flagrante violación del derecho de protección judicial, no se realizan investigaciones serias para procesar y sancionar a los infractores.
Por esta negligencia, la maestra María Elena fue asesinada el pasado 24 de agosto frente a sus alumnos.
Y relató: Hay cosas que no se pueden medir pero que se sienten, como el miedo. Y durante 18 años, María Elena y sus dos hijos, una joven de 17 años y, un adolescente de 15, llevan tatuado el terror.
Desde que María Elena y Arturo decidieron casarse, comenzó su infierno. Y es que el director de la escuela primaria de la Ventosa, se adueño de su vida mediante amenazas, golpizas y ataques psicológicos.
Su miedo se acrecentó cuando Arturo amagaba con matarla a ella y a sus hijos. Había días en las que con machete en mano los amenazaba y terminaba por destrozar algunos muebles para mantenerlos aterrorizados. Dormía con el machete. Era un esquizofrénico.
Cuando la situación se volvió insostenible, la maestra se armó de valor y decidió abandonar, hace dos meses, a su esposo, no sin antes presentar dos denuncias ante el juzgado de lo familiar de Juchitán.
A su tragedia se sumó la penitencia de recorrer las instancias de gobierno para presentar su denuncia. Primero fue a Tehuantepec a la procuraduría de defensa de la mujer, sin embargo, la mandaron a juzgado de lo familiar de Juchitán.
Aunque a la mujer, el temor le corroe hasta los huesos, se quejó y solicitó una copia, sin embargo, la hicieron dar vueltas durante todo un mes para que finalmente le recomendaran que buscara un abogado particular y presentara por escrito la demanda en contra de Arturo Fuentes Escobar.
Los familiares de la maestra presumen que el también profesor recibió una notificación del juzgado de lo familiar, razón por la que decidió matar a su mujer y luego intentar suicidarse.
Francisco Toledo Constantino exigió a las autoridades investigar el crimen y castigar al asesino y no aventurarse a sacar conclusiones sin sustento.
Cabe mencionar, según el comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas del viernes 24 de agosto, en una de las aulas donde la profesora Toledo Constantino impartía a su grupo escolar clases de Ciencias Sociales.
Según la averiguación previa 228/2007, a la secundaria técnica número 27 llegó Arturo Fuentes Escobar, tras una discusión, repentinamente, de entre sus ropas, sacó un arma de fuego calibre 357 Magnum, con la cual disparó a María Elena Toledo Constantino, de 42 años de edad, ocasionándole la muerte. Luego de la agresión hacia su esposa, Fuentes Aguilar, de 48 años de edad, se disparó en el pecho.
Pese al disparo recibido, el homicida no murió, fue trasladado al Hospital del ISSSTE en esta capital, donde su estado de salud se reporta como grave.
Entre las ropas del profesor homicida, los investigadores encontraron varios mensajes escritos con su propia letra, en los que se lee: “La Maté por infiel, por traicionera. Quienes son los amantes…..” “Esto es una lección para aquellas que traicionan a sus esposos…. 24/08/2007. Arturo”.
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FRIDA
denunció negligencia en el caso
La víctima ya había denunciado a su marido por violencia intrafamiliar en la Procuraduría para la Defensa de la Mujer en Tehuantepec y en un juzgado de lo familiar en Juchitán, pero no le hicieron caso
PEDRO MATIAS
Poner un alto a 18 años de terror, de violencia intrafamiliar, le costo la vida a la maestra María Elena Toledo Constantino.
Solo la muerte la liberó de su esposo Arturo Fuentes Escobar, quien desde hace 18 años se adueño de su vida y, en el momento que él quiso, se la arrebató, teniendo como testigos mudos a 30 estudiantes de la escuela Secundaria Técnica número 27 de ciudad Ixtepec.
De ese tamaño es el terror que vivió María Elena y que traspasó a su centro de trabajo cuando Arturo Fuentes Escobar le dio tres balazos para quitarle la vida, ante el pavor y azoro de los estudiantes.
Es así como María Elena Toledo Constantino pasó a formar parte de las negras estadísticas del feminicidio en Oaxaca donde una mujer es asesinada cada seis días y que lo ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en asesinatos de mujeres.
Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin investigar o para cubrir la negligencia de las instituciones del estado que le negaron la atención, concluyó que el asesinato fue por “motivos pasionales” derivados de la “infidelidad” de la maestra.
Indignado por esta “infamia”, Francisco Toledo Constantino, aclaró que su hermana abandonó a Arturo Fuentes hace dos meses y lo denunció por violencia intrafamiliar en la procuraduría para la defensa de la mujer en Tehuantepec y en un juzgado de lo familiar en Juchitán.
Como siempre, la respuesta de esas instituciones del estado, oscilaron entre la indiferencia y la negligencia, lo que revela que las autoridades no tienen una idea clara del fenómeno.
Aunado a ello, en flagrante violación del derecho de protección judicial, no se realizan investigaciones serias para procesar y sancionar a los infractores.
Por esta negligencia, la maestra María Elena fue asesinada el pasado 24 de agosto frente a sus alumnos.
Y relató: Hay cosas que no se pueden medir pero que se sienten, como el miedo. Y durante 18 años, María Elena y sus dos hijos, una joven de 17 años y, un adolescente de 15, llevan tatuado el terror.
Desde que María Elena y Arturo decidieron casarse, comenzó su infierno. Y es que el director de la escuela primaria de la Ventosa, se adueño de su vida mediante amenazas, golpizas y ataques psicológicos.
Su miedo se acrecentó cuando Arturo amagaba con matarla a ella y a sus hijos. Había días en las que con machete en mano los amenazaba y terminaba por destrozar algunos muebles para mantenerlos aterrorizados. Dormía con el machete. Era un esquizofrénico.
Cuando la situación se volvió insostenible, la maestra se armó de valor y decidió abandonar, hace dos meses, a su esposo, no sin antes presentar dos denuncias ante el juzgado de lo familiar de Juchitán.
A su tragedia se sumó la penitencia de recorrer las instancias de gobierno para presentar su denuncia. Primero fue a Tehuantepec a la procuraduría de defensa de la mujer, sin embargo, la mandaron a juzgado de lo familiar de Juchitán.
Aunque a la mujer, el temor le corroe hasta los huesos, se quejó y solicitó una copia, sin embargo, la hicieron dar vueltas durante todo un mes para que finalmente le recomendaran que buscara un abogado particular y presentara por escrito la demanda en contra de Arturo Fuentes Escobar.
Los familiares de la maestra presumen que el también profesor recibió una notificación del juzgado de lo familiar, razón por la que decidió matar a su mujer y luego intentar suicidarse.
Francisco Toledo Constantino exigió a las autoridades investigar el crimen y castigar al asesino y no aventurarse a sacar conclusiones sin sustento.
Cabe mencionar, según el comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas del viernes 24 de agosto, en una de las aulas donde la profesora Toledo Constantino impartía a su grupo escolar clases de Ciencias Sociales.
Según la averiguación previa 228/2007, a la secundaria técnica número 27 llegó Arturo Fuentes Escobar, tras una discusión, repentinamente, de entre sus ropas, sacó un arma de fuego calibre 357 Magnum, con la cual disparó a María Elena Toledo Constantino, de 42 años de edad, ocasionándole la muerte. Luego de la agresión hacia su esposa, Fuentes Aguilar, de 48 años de edad, se disparó en el pecho.
Pese al disparo recibido, el homicida no murió, fue trasladado al Hospital del ISSSTE en esta capital, donde su estado de salud se reporta como grave.
Entre las ropas del profesor homicida, los investigadores encontraron varios mensajes escritos con su propia letra, en los que se lee: “La Maté por infiel, por traicionera. Quienes son los amantes…..” “Esto es una lección para aquellas que traicionan a sus esposos…. 24/08/2007. Arturo”.
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