Las explosiones en Veracruz, actos premeditados: Pemex
Andres Timoteo, corresponsal y Notimex
La paraestatal informó que debido a los daños en los gasoductos suspendió el suministro de gas natural en esas líneas.
Veracruz, Ver. A las 2 de la mañana de este lunes actos premeditados provocaron la explosión de cuatro gasoductos en Veracruz, informó Petróleos Mexicanos, por lo que de inmediato suspendió el suministro de gas natural por dichas líneas.
La Secretría de Protección Civil del estado informó que hasta las 7 de la mañana 12 mil 500 personas fueron evacuadas de las localidades cercanas donde se registraron las explosiones.
El gobernador del estado, Fidel Herrera, reportó que no hay muertos ni heridos y confirmó que hasta el momento ningún grupo se ha hecho responsable del percance.
El vocero de Pemex, David Lartundo, informó que a las 5 de la mañana quedaron controlados los cuatro incendios y se comenzará a proceder a la reparación de los mismos.
En la fuga de gas registrada Cactus-San Fernando, a la altura del Municipio La Antigua, fue cerrada la caseta de peaje de la autopista Veracruz-Cardel-Jalapa y fue desalojada la cabecera municipal, debido a la nube tóxica que hasta las 8 de la mañana se esperaba su dispersión.
También sigue interrumpida de forma parcial la autopista Veracruz-México a la altura del tamo Balastrera-Maltrata y el tramo Fortín de las Flores donde tuvo lugar una de las deflagraciones.
Los habitantes de la comunidad La Balastrera fueron trasladados a Maltrata, Ciudad Mendoza y Orizaba, mientras los pobladores de Omealca fueron llevados a albergues instalados en Córdova, Fortín de las Flores, Cuitláhuac y la comunidad de San José de Abajo.
Las autoridades municipales de Omealaca y Nogales estimaron que podrían ser evacuados hasta 30 mil personas las próximas horas debido la nube tóxica emanada de los incendios.
Explota otro gasoducto en Tlaxcala
Notimex / La Jornada On Line
Alrededor de tres mil personas fueron evacuadas. No se ha confirmado si este accidente está vinculado con los atentados en Veracruz.
Tlaxcala, Tlax. Esta madrugada se registró una explosión en un gasoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicado en el paraje Las Delicias, municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, sin causar víctimas, informaron autoridades estatales.
La explosión del ducto de 48 pulgadas se registró a la altura del kilómetro 183 más 722, de la carretera México-Veracruz, a cuatro kilómetros de Huamantla.
El coordinador general de Información y Relaciones Públicas del gobierno de Tlaxcala, Domingo Fernández Ahuactzi, informó que la fuga de gas natural ya estaba bajo control y sólo se esperaba la instrucción de una brigada especial de Pemex.
"En estos momentos se encuentran en el sitio elementos del Ejército, de la policía estatal, bomberos y Protección Civil de Tlaxcala, así como de la Policía Federal Preventiva (PFP) y una brigada especial de Pemex", atendiendo la contingencia, comentó.
El último reporte es "que está controlada la fuga, los niveles de gas están disminuyendo y sólo se espera que se vacíe lo que quedó en el ducto después de que se cerró", señaló.
Consideró que "ya no hay peligro" y los servicios de emergencia están en fase preventiva.
El vocero estatal apuntó que no hubo reportes de heridos por el estallido, sólo de crisis nerviosas, y "no hay decesos que lamentar".
Asimismo, dio a conocer que la zona fue acordonada y se suspendió el servicio de energía eléctrica en comunidades cercanas.
Indicó que cerca de tres mil personas de cuatro municipios de Cuapiaxtla y Huamantla fueron evacuadas a raíz de la explosión, para prevenir una contingencia mayor.
Detalló que habitantes de las comunidades Avila Camacho, Loma Joquito y Beatriz la Nueva, de Cuapiaxtla, así como Ignacio Allende, de Huamantla, fueron evacuados.
"Estamos hablando de la movilización de aproximadamente entre mil quinientas y dos mil personas en Cuapiaxtla, y mil en Huamantla", indicó.
Expuso que al saber de la explosión, algunos habitantes de la zona se movilizaron y trataron de alejarse del lugar.
El estallido hizo que se movilizaran habitantes de comunidades cercanas quienes ya se encuentran en albergues de Altzayanca y Huamantla, agregó.
Destacó que las personas evacuadas se encuentran en buenas condiciones y son atendidas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El funcionario comentó que se desconocen las causas de la explosión y se requerirá de un análisis por parte de Pemex y las autoridades correspondientes.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Oaxaca: cancelan aprehensión contra maestros y appistas por violencia en Cerro del Fortín
Octavio Vèlez Ascencio, corresponsal
Tras una negociación entre el gobierno estatal y la sección 22, el Juzgado anuló las órdenes giradas por los hechos violentos del pasado 16 de julio en el estado, señaló el profesor Ezequiel Rosales.
Oaxaca, Oax. Por una negociación entre el gobierno estatal y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Juzgado Quinto de lo Penal canceló las órdenes de aprehensión giradas a miembros del magisterio y del Consejo Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como a ciudadanos por los hechos violentos del 16 de julio en inmediaciones del Cerro del Fortín.
"Se han cancelado por una negociación que hicimos por mandato de la dirección seccional, pero si el gobierno no cumple con su palabra, accionaremos en forma contundente", afirmó el secretario de Organización del movimiento magisterial, Ezequiel Rosales Carreño.
De acuerdo con informes, el Juzgado Quinto de lo Penal dejó sin efecto los mandatos de arresto, el 31 de julio -un día después del Segundo "Lunes del Cerro"- dictados a Zenén Bravo Castellanos, Gervasio García Martínez, Domingo Cruz Salvador, Pedro Francisco García García, Cástulo López Pacheco, Jorge Luis Martínez Martínez, Macario Otalo Padilla, Gustavo Adolfo López, Patricia Jiménez Alvarado, Jorge Luis Cirigo Vázquez, Juan López Sánchez, Gilberto Hernández Santiago, Jesús Grijalva y Orlando López.
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Tras una negociación entre el gobierno estatal y la sección 22, el Juzgado anuló las órdenes giradas por los hechos violentos del pasado 16 de julio en el estado, señaló el profesor Ezequiel Rosales.
Oaxaca, Oax. Por una negociación entre el gobierno estatal y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Juzgado Quinto de lo Penal canceló las órdenes de aprehensión giradas a miembros del magisterio y del Consejo Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como a ciudadanos por los hechos violentos del 16 de julio en inmediaciones del Cerro del Fortín.
"Se han cancelado por una negociación que hicimos por mandato de la dirección seccional, pero si el gobierno no cumple con su palabra, accionaremos en forma contundente", afirmó el secretario de Organización del movimiento magisterial, Ezequiel Rosales Carreño.
De acuerdo con informes, el Juzgado Quinto de lo Penal dejó sin efecto los mandatos de arresto, el 31 de julio -un día después del Segundo "Lunes del Cerro"- dictados a Zenén Bravo Castellanos, Gervasio García Martínez, Domingo Cruz Salvador, Pedro Francisco García García, Cástulo López Pacheco, Jorge Luis Martínez Martínez, Macario Otalo Padilla, Gustavo Adolfo López, Patricia Jiménez Alvarado, Jorge Luis Cirigo Vázquez, Juan López Sánchez, Gilberto Hernández Santiago, Jesús Grijalva y Orlando López.
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El ministro pide intérpretes para los que sean enjuiciados
Cossío Díaz, por una identificación plena de los derechos indígenas
Jesús Aranda
El Estado mexicano debe impulsar una legislación que “identifique” plenamente los derechos y obligaciones de los individuos que viven en comunidades y pueblos indígenas, además de garantizar a todos los indígenas que estén involucrados en un proceso penal tengan derecho a un intérprete, no a un traductor, independientemente de si la persona conoce o no el idioma español.
Señala lo anterior el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz en un voto particular contra la decisión mayoritaria del pleno (en el amparo directo en revisión 28/2007) en un asunto en el que un tribunal colegiado de circuito negó la razón a los quejosos, quienes alegaban en su favor que no fueron asistidos por intérpretes y defensores de oficio que conocieran su lengua en el proceso en su contra.
Esto es importante, subraya, porque “en términos fácticos, las personas pertenecientes a grupos etnolingüísticos minoritarios e indígenas se encuentran en desventaja ante los sistemas de justicia que se desenvuelven en un idioma y marco cultural que originalmente no es el suyo”.
Esto debido a que el tribunal determinó que como el español era la segunda lengua de los acusados, no era necesario que fueran asistidos por un intérprete cuando rindieron declaración ante el agente del Ministerio Público.
En su documento, José Ramón Cossío señala que ser indígena en México es una condición que otorga derechos, beneficios y previsiones especiales, pero también deberes y responsabilidades. Y, precisamente, el orden jurídico hasta la fecha no ha cumplido con asegurar que estos derechos y obligaciones sean complementarios y estén regulados en el marco legal.
Explica que en la Constitución se delimitan derechos de los “pueblos y comunidades indígenas”, que gozan de autonomía y libre determinación, los cuales “pueden imponer decisiones sobre todos los miembros del grupo aun contra su voluntad, lo cual –sostiene– puede originar conflictos entre el individuo y la comunidad”.
Comenta que la legislación vigente no precisa la forma en que una persona puede decidir si es indígena o no, y cómo debe tomarse en cuenta esa decisión que atañe a esos pueblos.
Si bien Cossío Díaz señala que en el amparo que revisó la Corte no se trataba de delimitar el “elemento personal” del indígena respecto de su comunidad. Los ministros abordaron un asunto en el que se contraponía un derecho individual de un indígena con el marco legal prevaleciente.
En este contexto, el ministro aborda la necesidad de que todo indígena que así lo considere debe ser asistido en un proceso legal por un intérprete y defensor que tengan conocimiento “de su lengua y su cultura”. Explica que no se trata de un derecho constitucional de aplicación universal, sino de un derecho constitucional “especial”, otorgado a las personas en lo individual, en razón de su pertenencia a un grupo social, los indígenas.
Por ello, considera que es erróneo pensar que por el hecho de ser bilingüe, un indígena no requiere asistencia de un intérprete; esto, porque en un proceso legal, las personas no sólo necesitan de alguien que les “traduzcan” formalmente de una lengua a otra, sino que sea un verdadero intérprete que tenga conocimientos lingüísticos, y estén familiarizados con la cultura, costumbres indígenas y el marco jurídico.
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El Estado mexicano debe impulsar una legislación que “identifique” plenamente los derechos y obligaciones de los individuos que viven en comunidades y pueblos indígenas, además de garantizar a todos los indígenas que estén involucrados en un proceso penal tengan derecho a un intérprete, no a un traductor, independientemente de si la persona conoce o no el idioma español.
Señala lo anterior el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz en un voto particular contra la decisión mayoritaria del pleno (en el amparo directo en revisión 28/2007) en un asunto en el que un tribunal colegiado de circuito negó la razón a los quejosos, quienes alegaban en su favor que no fueron asistidos por intérpretes y defensores de oficio que conocieran su lengua en el proceso en su contra.
Esto es importante, subraya, porque “en términos fácticos, las personas pertenecientes a grupos etnolingüísticos minoritarios e indígenas se encuentran en desventaja ante los sistemas de justicia que se desenvuelven en un idioma y marco cultural que originalmente no es el suyo”.
Esto debido a que el tribunal determinó que como el español era la segunda lengua de los acusados, no era necesario que fueran asistidos por un intérprete cuando rindieron declaración ante el agente del Ministerio Público.
En su documento, José Ramón Cossío señala que ser indígena en México es una condición que otorga derechos, beneficios y previsiones especiales, pero también deberes y responsabilidades. Y, precisamente, el orden jurídico hasta la fecha no ha cumplido con asegurar que estos derechos y obligaciones sean complementarios y estén regulados en el marco legal.
Explica que en la Constitución se delimitan derechos de los “pueblos y comunidades indígenas”, que gozan de autonomía y libre determinación, los cuales “pueden imponer decisiones sobre todos los miembros del grupo aun contra su voluntad, lo cual –sostiene– puede originar conflictos entre el individuo y la comunidad”.
Comenta que la legislación vigente no precisa la forma en que una persona puede decidir si es indígena o no, y cómo debe tomarse en cuenta esa decisión que atañe a esos pueblos.
Si bien Cossío Díaz señala que en el amparo que revisó la Corte no se trataba de delimitar el “elemento personal” del indígena respecto de su comunidad. Los ministros abordaron un asunto en el que se contraponía un derecho individual de un indígena con el marco legal prevaleciente.
En este contexto, el ministro aborda la necesidad de que todo indígena que así lo considere debe ser asistido en un proceso legal por un intérprete y defensor que tengan conocimiento “de su lengua y su cultura”. Explica que no se trata de un derecho constitucional de aplicación universal, sino de un derecho constitucional “especial”, otorgado a las personas en lo individual, en razón de su pertenencia a un grupo social, los indígenas.
Por ello, considera que es erróneo pensar que por el hecho de ser bilingüe, un indígena no requiere asistencia de un intérprete; esto, porque en un proceso legal, las personas no sólo necesitan de alguien que les “traduzcan” formalmente de una lengua a otra, sino que sea un verdadero intérprete que tenga conocimientos lingüísticos, y estén familiarizados con la cultura, costumbres indígenas y el marco jurídico.
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Quejas por arbitrariedades y tortura, el motivo
Analizará la ONU arrestos de miembros de la APPO
Posible, una recomendación al gobierno mexicano
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 9 de septiembre. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revisará los arrestos contra simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante su periodo de sesiones que comienza este lunes en Ginebra, Suiza, y eventualmente emitirá una recomendación causadapor las ilegalidades cometidas por las corporaciones policiacas.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, dijo en rueda de prensa, antes de partir a Europa, que “la ONU procederá a realizar dicho análisis ante la presunción de que los activistas fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y torturados física y sicológicamente”.
Acompañado del coordinador del Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), Jesús Bolaños Santiago, informó que debido a las irregularidades en los arrestos de Alfredo y Nikel Santiago Rivera, Jairo Vásquez García, Pablo Juventino Solano Martínez, Álvaro Rodríguez Damián, Avelino Solano Luján, Edith Coca Soriano y Jorge Sánchez García, los dos organismos presentaron los casos ante la ONU. Las detenciones se efectuaron en noviembre de 2006 por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Las aprehensiones de las primeras cinco personas serán analizadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU durante su periodo de sesiones –del 10 al 14 de septiembre próximo– mientras que los otros tres casos se revisarán en noviembre.
Destacó que cuando termine su revisión, el organismo internacional emitirá una recomendación al Estado mexicano en febrero de 2008, el cual deberá responder por su responsabilidad internacional de respetar los diferentes tratados de derechos humanos firmados y ratificados.
Explicó que la visita a la sede de la ONU tiene como propósito denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Oaxaca y desmentir el informe que dio el gobierno mexicano, donde niega su responsabilidad sobre los hechos.
Mencionó que durante su estancia en Ginebra, además de entrevistarse con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, se reunirán con integrantes de instancias de la ONU sobre desaparición forzada de personas y de las relatorías de libertad de expresión y pueblos indígenas, así como de la Organización Mundial contra la Tortura.
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Posible, una recomendación al gobierno mexicano
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 9 de septiembre. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revisará los arrestos contra simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante su periodo de sesiones que comienza este lunes en Ginebra, Suiza, y eventualmente emitirá una recomendación causadapor las ilegalidades cometidas por las corporaciones policiacas.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, dijo en rueda de prensa, antes de partir a Europa, que “la ONU procederá a realizar dicho análisis ante la presunción de que los activistas fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y torturados física y sicológicamente”.
Acompañado del coordinador del Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), Jesús Bolaños Santiago, informó que debido a las irregularidades en los arrestos de Alfredo y Nikel Santiago Rivera, Jairo Vásquez García, Pablo Juventino Solano Martínez, Álvaro Rodríguez Damián, Avelino Solano Luján, Edith Coca Soriano y Jorge Sánchez García, los dos organismos presentaron los casos ante la ONU. Las detenciones se efectuaron en noviembre de 2006 por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Las aprehensiones de las primeras cinco personas serán analizadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU durante su periodo de sesiones –del 10 al 14 de septiembre próximo– mientras que los otros tres casos se revisarán en noviembre.
Destacó que cuando termine su revisión, el organismo internacional emitirá una recomendación al Estado mexicano en febrero de 2008, el cual deberá responder por su responsabilidad internacional de respetar los diferentes tratados de derechos humanos firmados y ratificados.
Explicó que la visita a la sede de la ONU tiene como propósito denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Oaxaca y desmentir el informe que dio el gobierno mexicano, donde niega su responsabilidad sobre los hechos.
Mencionó que durante su estancia en Ginebra, además de entrevistarse con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, se reunirán con integrantes de instancias de la ONU sobre desaparición forzada de personas y de las relatorías de libertad de expresión y pueblos indígenas, así como de la Organización Mundial contra la Tortura.
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AVISO A LOS AMIGOS
Me encuentro en el Congreso Nacional de Comunicación Indígena, que se esta realizando en San Lázaro, el cual maneja temas de bastante interés, por lo cual estaremos subiendo información por la mañana muy temprano y por la noche. agradecemos como siempre su atención y la visita a este espacio de comunicación
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Los pederastas, ¿hasta cuándo?
Saúl Arellano
En múltiples ocasiones se ha denunciado el poder y los alcances de las redes de
pederastia, de prostitución forzosa y de trata de personas que existen en México. Frente a ello, las autoridades gubernamentales han argumentado que no se cuenta con leyes suficientes para prevenir, sancionar a quienes cometen estos crímenes y proteger a sus víctimas.
Sin duda, el marco jurídico para prevenir y sancionar el crimen de la trata de personas debe mejorarse. Al respecto debe comentarse que CEIDAS, A.C. con todo el apoyo y respaldo del Senado de la República, llevó a cabo el Seminario Internacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en el cual, los principales grupos parlamentarios representados en el Senado se comprometieron a aprobar durante el actual periodo ordinario de sesiones, la minuta de Ley que la Cámara de Diputados envió aprobada por unanimidad, y cuyo oficio de recepción oficial en el Senado se dio a conocer en la sesión del pasado martes 4 de septiembre.
El caso de la periodistas Lydia Cacho y las recientes declaraciones del ex abogado de Jean Succar Kuri, el empresario acusado de pederastia y que públicamente ha aceptado, de manera cínica, hay que decirlo, haber sostenido relaciones sexuales con menores de edad, nos llevan a pensar en los niveles de corrupción y en las terribles implicaciones que tienen estos hechos en la vida de las niñas que fueron abusadas y violentadas.
Este asunto debe llamarnos a la in-
dignación colectiva, no sólo por las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho, por los intentos de autoridades de obstruir la aplicación de la justicia, o por el ya mencionado daño ocasionado a las víctimas involucradas y lastimadas por Succar Kuri; la indignación debe mostrarse porque a pesar de múltiples denuncias que han realizado numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, las autoridades no han sido capaces de movilizar los recursos suficientes para frenar y desarticular a las redes que prostituyen y someten a
las peores vejaciones a niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades.
La compleja realidad que se nos presenta en torno a la trata de personas, en particular de niñas y niños es además sumamente siniestra. ¿Cuántas autoridades están involucradas? ¿Cuántos políticos, cuántos empresarios y cuántos funcionarios públicos participan en estas redes?
En el mercado negro, las cintas de pornografía infantil están cotizadas entre los 2 mil y los 5 mil dólares, dependiendo del contenido y su duración. Sin embargo, ha llegado a tal extremo el fenómeno, que redes abiertas de Internet permiten descargar imágenes y videos de la red con contenidos de pornografía infantil y pederastia.
Programas como Limewire o E-donkie, entre otros programas para descargar música, videos y fotografías de manera gratuita de Internet, utilizando ciertas combinaciones de palabras de búsqueda, permiten descargar cantidades inusitadas de videos de pornografía infantil, violencia extrema o actividades ilícitas,
crueles y degradantes, como las peleas entre menores de edad, peleas callejeras o peleas de animales.
Hoy las familias, en particular los padres de familia, deben estar alertas ante el uso que sus hijos hacen de la red. Deben movilizarse para aprender a utilizar los filtros de protección para evitar la posibilidad de visitar estas páginas y programas, pero sobre todo, para dialogar con sus hijos sobre la necesidad de acabar con este tipo de prácticas que constituyen terribles abusos y las peores formas de maltrato y abuso contra los niños.
Los padres de familia deben alertarse para hacerle comprender a sus hijos, que cada vez que visitan una página de este tipo; que cada que descargan un video con pornografía infantil están fomentando que más niñas y niños sean violentados, que más niñas, niños y mujeres sean víctimas de la explotación, el secuestro, la tortura, el abuso sexual y en ocasiones hasta el asesinato.
Programas y redes abiertas como las señaladas deberían desarrollar la capacidad de bloquear este tipo de videos, y dar parte a las autoridades cuando se detecta a un usuario que está subiendo estos materiales a la red, y asimismo tener la capacidad para retirarlo de la circulación y evitar que más personas puedan envenenarse a través de la enferma práctica de consumir videos y material pornográfico en el que se abusa de las personas.
Que redes como Limewire, E donkie y otras más permitan la circulación a través de sus buscadores y computadoras centrales de estos materiales, las convierte en cómplices activos de las redes de criminales que promueven, en aras de mayores ganancias, que más personas tengan acceso a estos materiales y fomentar el consumo de estos materiales que son en todos los casos degradantes de la dignidad y la condición humana.
La Merced o el barrio de Santo Tomás en pleno Centro de la ciudad de México, Tapachula en Chiapas, Acapulco, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tenancingo en Tlaxcala, Tijuana y Ciudad Juárez, Celaya en Guanajuato, han sido señalados como focos rojos en la práctica de la pederastia y el crimen de la trata de personas y las autoridades no han sido capaces de montar operativos para la investigación y, en su caso, la sanción de las redes criminales que operan explotando y abusando de mujeres, niñas y niños.
Es importante que cada vez haya más información y que cada vez haya
más investigadores y organizaciones de la sociedad civil que se están sumando al análisis, estudio y combate a este crimen. En ese trabajo, en fechas próximas Ediciones B, en una coedición con CEIDAS, A.C., pondrá a disposición del público el libro de Víctor Ronquillo, "Trata de personas, los niños de nadie", el cual está acompañado del documental del mismo título, producido por CEIDAS y Producciones 40. Estos esfuerzos deben multiplicarse. Es impostergable que más autoridades cobren conciencia de que no es posible continuar permitiendo la actuación impune de criminales que son capaces de convertir a las personas en mercancías y juguetes de un placer enfermo y perverso que consiste en la degradación y la humi-
llación de los más débiles y vulnerables.
Urgen más apoyos, más recursos y más voluntades trabajando sobre el tema. Es deseable incluso que la iniciativa privada, que las familias y las comunidades trabajen juntos, dialoguen y se informen sobre cómo prevenir este crimen y cómo evitar que en cualquier momento, alguno de sus miembros se convierta en víctima de la trata de personas.
Debemos alertar a las familias y decirles que cuando alguno de sus miembros desaparece, puede estar siendo víctima de la trata y que por ello debemos estar todos atentos para lograr construir una cultura de la denuncia, del cuidado de los más desprotegidos y sobre todo, de una cultura que permita erradicar la tolerancia social ante la despiadada violencia que hay en México contra niñas, niños y mujeres.
La horripilante realidad de la trata de personas nos cuestiona a todos. Como sociedad estamos en deuda con los más de 85 mil niños que, según el Relator de la ONU contra la venta de niños, la prostitución infantil y la trata de personas, señala que cada año son víctimas del crimen organizado en México.
La pregunta obligada frente a todas las autoridades del Estado es, ¿hasta cuándo van a tolerar que haya políticos corruptos que encubren y obstaculizan la sanción y la investigación de presuntos delincuentes que perpetran este crimen? ¿Hasta cuándo se va a seguir tolerando la violación de los derechos de las víctimas? ¿Hasta cuándo vamos a contar con un sistema de protección, atención psicológica y reintegración social de quienes han sufrido tal infierno? ¿Hasta cuando vamos a permitirnos seguir viviendo teniendo al lado la inmundicia de los pederastas? ¿Hasta cuándo?
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En múltiples ocasiones se ha denunciado el poder y los alcances de las redes de
pederastia, de prostitución forzosa y de trata de personas que existen en México. Frente a ello, las autoridades gubernamentales han argumentado que no se cuenta con leyes suficientes para prevenir, sancionar a quienes cometen estos crímenes y proteger a sus víctimas.
Sin duda, el marco jurídico para prevenir y sancionar el crimen de la trata de personas debe mejorarse. Al respecto debe comentarse que CEIDAS, A.C. con todo el apoyo y respaldo del Senado de la República, llevó a cabo el Seminario Internacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en el cual, los principales grupos parlamentarios representados en el Senado se comprometieron a aprobar durante el actual periodo ordinario de sesiones, la minuta de Ley que la Cámara de Diputados envió aprobada por unanimidad, y cuyo oficio de recepción oficial en el Senado se dio a conocer en la sesión del pasado martes 4 de septiembre.
El caso de la periodistas Lydia Cacho y las recientes declaraciones del ex abogado de Jean Succar Kuri, el empresario acusado de pederastia y que públicamente ha aceptado, de manera cínica, hay que decirlo, haber sostenido relaciones sexuales con menores de edad, nos llevan a pensar en los niveles de corrupción y en las terribles implicaciones que tienen estos hechos en la vida de las niñas que fueron abusadas y violentadas.
Este asunto debe llamarnos a la in-
dignación colectiva, no sólo por las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho, por los intentos de autoridades de obstruir la aplicación de la justicia, o por el ya mencionado daño ocasionado a las víctimas involucradas y lastimadas por Succar Kuri; la indignación debe mostrarse porque a pesar de múltiples denuncias que han realizado numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos, las autoridades no han sido capaces de movilizar los recursos suficientes para frenar y desarticular a las redes que prostituyen y someten a
las peores vejaciones a niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades.
La compleja realidad que se nos presenta en torno a la trata de personas, en particular de niñas y niños es además sumamente siniestra. ¿Cuántas autoridades están involucradas? ¿Cuántos políticos, cuántos empresarios y cuántos funcionarios públicos participan en estas redes?
En el mercado negro, las cintas de pornografía infantil están cotizadas entre los 2 mil y los 5 mil dólares, dependiendo del contenido y su duración. Sin embargo, ha llegado a tal extremo el fenómeno, que redes abiertas de Internet permiten descargar imágenes y videos de la red con contenidos de pornografía infantil y pederastia.
Programas como Limewire o E-donkie, entre otros programas para descargar música, videos y fotografías de manera gratuita de Internet, utilizando ciertas combinaciones de palabras de búsqueda, permiten descargar cantidades inusitadas de videos de pornografía infantil, violencia extrema o actividades ilícitas,
crueles y degradantes, como las peleas entre menores de edad, peleas callejeras o peleas de animales.
Hoy las familias, en particular los padres de familia, deben estar alertas ante el uso que sus hijos hacen de la red. Deben movilizarse para aprender a utilizar los filtros de protección para evitar la posibilidad de visitar estas páginas y programas, pero sobre todo, para dialogar con sus hijos sobre la necesidad de acabar con este tipo de prácticas que constituyen terribles abusos y las peores formas de maltrato y abuso contra los niños.
Los padres de familia deben alertarse para hacerle comprender a sus hijos, que cada vez que visitan una página de este tipo; que cada que descargan un video con pornografía infantil están fomentando que más niñas y niños sean violentados, que más niñas, niños y mujeres sean víctimas de la explotación, el secuestro, la tortura, el abuso sexual y en ocasiones hasta el asesinato.
Programas y redes abiertas como las señaladas deberían desarrollar la capacidad de bloquear este tipo de videos, y dar parte a las autoridades cuando se detecta a un usuario que está subiendo estos materiales a la red, y asimismo tener la capacidad para retirarlo de la circulación y evitar que más personas puedan envenenarse a través de la enferma práctica de consumir videos y material pornográfico en el que se abusa de las personas.
Que redes como Limewire, E donkie y otras más permitan la circulación a través de sus buscadores y computadoras centrales de estos materiales, las convierte en cómplices activos de las redes de criminales que promueven, en aras de mayores ganancias, que más personas tengan acceso a estos materiales y fomentar el consumo de estos materiales que son en todos los casos degradantes de la dignidad y la condición humana.
La Merced o el barrio de Santo Tomás en pleno Centro de la ciudad de México, Tapachula en Chiapas, Acapulco, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tenancingo en Tlaxcala, Tijuana y Ciudad Juárez, Celaya en Guanajuato, han sido señalados como focos rojos en la práctica de la pederastia y el crimen de la trata de personas y las autoridades no han sido capaces de montar operativos para la investigación y, en su caso, la sanción de las redes criminales que operan explotando y abusando de mujeres, niñas y niños.
Es importante que cada vez haya más información y que cada vez haya
más investigadores y organizaciones de la sociedad civil que se están sumando al análisis, estudio y combate a este crimen. En ese trabajo, en fechas próximas Ediciones B, en una coedición con CEIDAS, A.C., pondrá a disposición del público el libro de Víctor Ronquillo, "Trata de personas, los niños de nadie", el cual está acompañado del documental del mismo título, producido por CEIDAS y Producciones 40. Estos esfuerzos deben multiplicarse. Es impostergable que más autoridades cobren conciencia de que no es posible continuar permitiendo la actuación impune de criminales que son capaces de convertir a las personas en mercancías y juguetes de un placer enfermo y perverso que consiste en la degradación y la humi-
llación de los más débiles y vulnerables.
Urgen más apoyos, más recursos y más voluntades trabajando sobre el tema. Es deseable incluso que la iniciativa privada, que las familias y las comunidades trabajen juntos, dialoguen y se informen sobre cómo prevenir este crimen y cómo evitar que en cualquier momento, alguno de sus miembros se convierta en víctima de la trata de personas.
Debemos alertar a las familias y decirles que cuando alguno de sus miembros desaparece, puede estar siendo víctima de la trata y que por ello debemos estar todos atentos para lograr construir una cultura de la denuncia, del cuidado de los más desprotegidos y sobre todo, de una cultura que permita erradicar la tolerancia social ante la despiadada violencia que hay en México contra niñas, niños y mujeres.
La horripilante realidad de la trata de personas nos cuestiona a todos. Como sociedad estamos en deuda con los más de 85 mil niños que, según el Relator de la ONU contra la venta de niños, la prostitución infantil y la trata de personas, señala que cada año son víctimas del crimen organizado en México.
La pregunta obligada frente a todas las autoridades del Estado es, ¿hasta cuándo van a tolerar que haya políticos corruptos que encubren y obstaculizan la sanción y la investigación de presuntos delincuentes que perpetran este crimen? ¿Hasta cuándo se va a seguir tolerando la violación de los derechos de las víctimas? ¿Hasta cuándo vamos a contar con un sistema de protección, atención psicológica y reintegración social de quienes han sufrido tal infierno? ¿Hasta cuando vamos a permitirnos seguir viviendo teniendo al lado la inmundicia de los pederastas? ¿Hasta cuándo?
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Regresar del futuro
Gustavo Esteva
gustavoesteva@gmail.com
Desde hace años el tema de la enajenación, tan de moda en los 60 y 70, salió del discurso público. Hasta los más radicales y enconados críticos del capitalismo lo dejan de lado o lo confunden con la obsesión consumista o individualista. Tanto para el joven Marx como para el tardío, sin embargo, la enajenación era la cuestión central.
Una analogía elemental puede contribuir a aclarar la cuestión. Al llevar una prenda al Monte de Piedad, la boleta señala que está enajenada y quedará en esa situación hasta que se liquide el adeudo. La prenda sigue perteneciendo a su dueño… pero le es ajena mientras siga empeñada. Está enajenada.
“Si te he visto no me acuerdo”, nos dicen con sorna los frutos de nuestro trabajo en una sociedad capitalista. Se han hecho abstractos y ajenos. Son mercancías que pertenecen al capitalista, al que adquirió e hizo valer la fuerza de trabajo, el que aprovechó la cualidad peculiar de esta mercancía de generar un valor superior al suyo…
Aunque éste es el secreto de la acumulación capitalista, no está ahí la más grave de las enajenaciones que se padecen en este régimen de producción. Lo que trastorna profundamente la vida es la enajenación del trabajo mismo: el hecho de que la actividad creadora del hombre se le haga también ajena. La máquina, la herramienta, el instrumento, la línea de ensamble, lo mismo que el seguro social, dejan de ser extensiones humanas, una especie de extramanos del hombre que aumentan su capacidad creadora. El régimen económico invierte el sentido de la relación: el hombre queda subordinado al instrumento, se hace su esclavo. La lógica de su actividad deja de pertenecerle. Le es ajena, extraña. El hombre mismo, no sólo los productos de su trabajo, queda en estado de enajenación.
Y hay todavía otra forma de enajenación a la que Marx no dedicó mayor atención. En vez de la relación tradicional con la Madre Tierra, de ese vigoroso cordón umbilical que se observa en todas las culturas, en la sociedad capitalista el hombre queda radicalmente enajenado de su “ambiente”: no sólo le resulta abstracto, ajeno y extraño, sino que es objeto de apropiación… y destrucción.
Una vocación anticapitalista actual necesita proponerse explícitamente la lucha contra todas las formas de la enajenación. Y debe plantearlo ahora mismo, en la agenda del día, para inaugurar en el presente nuevas relaciones sociales, no para imaginarlas en algún futuro prometido.
El tema ha de instalarse en el centro del debate público en el momento en que algunos críticos del capitalismo restablecen la palabra socialismo, que se ocultó discretamente tras el colapso de la Unión Soviética. Desde hace tiempo se volvió lugar común criticar el autoritarismo del “socialismo real” y descalificarlo como “capitalismo de Estado”. Se habla ahora de “socialismo de participación” y se subraya su componente democrático. Pero se sigue reduciendo la propuesta a la cuestión de la propiedad y se elude casi enteramente el tema de las enajenaciones múltiples de la sociedad capitalista.
En cuanto a la propiedad, se descuida la reivindicación de la propiedad personal y comunal, propia de asociaciones libres de productores en que no hay explotación y la actividad laboral no es mercancía, condiciones que podrían llegar a ser la forma dominante de organización productiva en una sociedad poscapitalista. Y no se enfrenta la muy difícil cuestión de las formas de organización y administración en entidades de propiedad colectiva para producción en gran escala, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, a fin de evitar la corrupción, el autoritarismo y la enajenación que parecen inherentes a tales unidades, bajo los más diversos regímenes de producción.
Estos aspectos de la agenda actual de transformación, a menudo sepultados en la airada polvareda que actualmente se levanta ante cada gesto del ilegítimo, pueden contribuir a explicar por qué los pueblos indios y campesinos parecen estar tomando la delantera en la teoría y la práctica del cambio radical, ocupando discretamente el lugar de las vanguardias de todos los colores y del famoso proletariado industrial. Aunque esos pueblos estuvieron siempre sujetos a feroz explotación capitalista, bajo relaciones sociales específicas, lograron por lo general resistir en medida importante la triple enajenación que afectó profundamente a los trabajadores en otras esferas de la realidad social.
En todo caso, son temas claramente presentes en quienes se ocupan seriamente de la autonomía, como reivindicación central y ejercen continuamente su espíritu libertario. Se constató así con la APPO, durante el último año, como se había demostrado hace tiempo con los zapatistas. La novedad de sus propuestas puede ser sólida fuente de inspiración para ese debate necesario.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
gustavoesteva@gmail.com
Desde hace años el tema de la enajenación, tan de moda en los 60 y 70, salió del discurso público. Hasta los más radicales y enconados críticos del capitalismo lo dejan de lado o lo confunden con la obsesión consumista o individualista. Tanto para el joven Marx como para el tardío, sin embargo, la enajenación era la cuestión central.
Una analogía elemental puede contribuir a aclarar la cuestión. Al llevar una prenda al Monte de Piedad, la boleta señala que está enajenada y quedará en esa situación hasta que se liquide el adeudo. La prenda sigue perteneciendo a su dueño… pero le es ajena mientras siga empeñada. Está enajenada.
“Si te he visto no me acuerdo”, nos dicen con sorna los frutos de nuestro trabajo en una sociedad capitalista. Se han hecho abstractos y ajenos. Son mercancías que pertenecen al capitalista, al que adquirió e hizo valer la fuerza de trabajo, el que aprovechó la cualidad peculiar de esta mercancía de generar un valor superior al suyo…
Aunque éste es el secreto de la acumulación capitalista, no está ahí la más grave de las enajenaciones que se padecen en este régimen de producción. Lo que trastorna profundamente la vida es la enajenación del trabajo mismo: el hecho de que la actividad creadora del hombre se le haga también ajena. La máquina, la herramienta, el instrumento, la línea de ensamble, lo mismo que el seguro social, dejan de ser extensiones humanas, una especie de extramanos del hombre que aumentan su capacidad creadora. El régimen económico invierte el sentido de la relación: el hombre queda subordinado al instrumento, se hace su esclavo. La lógica de su actividad deja de pertenecerle. Le es ajena, extraña. El hombre mismo, no sólo los productos de su trabajo, queda en estado de enajenación.
Y hay todavía otra forma de enajenación a la que Marx no dedicó mayor atención. En vez de la relación tradicional con la Madre Tierra, de ese vigoroso cordón umbilical que se observa en todas las culturas, en la sociedad capitalista el hombre queda radicalmente enajenado de su “ambiente”: no sólo le resulta abstracto, ajeno y extraño, sino que es objeto de apropiación… y destrucción.
Una vocación anticapitalista actual necesita proponerse explícitamente la lucha contra todas las formas de la enajenación. Y debe plantearlo ahora mismo, en la agenda del día, para inaugurar en el presente nuevas relaciones sociales, no para imaginarlas en algún futuro prometido.
El tema ha de instalarse en el centro del debate público en el momento en que algunos críticos del capitalismo restablecen la palabra socialismo, que se ocultó discretamente tras el colapso de la Unión Soviética. Desde hace tiempo se volvió lugar común criticar el autoritarismo del “socialismo real” y descalificarlo como “capitalismo de Estado”. Se habla ahora de “socialismo de participación” y se subraya su componente democrático. Pero se sigue reduciendo la propuesta a la cuestión de la propiedad y se elude casi enteramente el tema de las enajenaciones múltiples de la sociedad capitalista.
En cuanto a la propiedad, se descuida la reivindicación de la propiedad personal y comunal, propia de asociaciones libres de productores en que no hay explotación y la actividad laboral no es mercancía, condiciones que podrían llegar a ser la forma dominante de organización productiva en una sociedad poscapitalista. Y no se enfrenta la muy difícil cuestión de las formas de organización y administración en entidades de propiedad colectiva para producción en gran escala, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, a fin de evitar la corrupción, el autoritarismo y la enajenación que parecen inherentes a tales unidades, bajo los más diversos regímenes de producción.
Estos aspectos de la agenda actual de transformación, a menudo sepultados en la airada polvareda que actualmente se levanta ante cada gesto del ilegítimo, pueden contribuir a explicar por qué los pueblos indios y campesinos parecen estar tomando la delantera en la teoría y la práctica del cambio radical, ocupando discretamente el lugar de las vanguardias de todos los colores y del famoso proletariado industrial. Aunque esos pueblos estuvieron siempre sujetos a feroz explotación capitalista, bajo relaciones sociales específicas, lograron por lo general resistir en medida importante la triple enajenación que afectó profundamente a los trabajadores en otras esferas de la realidad social.
En todo caso, son temas claramente presentes en quienes se ocupan seriamente de la autonomía, como reivindicación central y ejercen continuamente su espíritu libertario. Se constató así con la APPO, durante el último año, como se había demostrado hace tiempo con los zapatistas. La novedad de sus propuestas puede ser sólida fuente de inspiración para ese debate necesario.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Guerrero: 7.000 jornaleras inician éxodo en situación adversa
Jonathan Pardiñas (CIMAC)
Procedentes de unas 300 comunidades nahuas, me´phaa (tlapanecas) y na´savi (mixtecas), de la Montaña de Guerrero, casi 7 mil mujeres, algunas embarazadas, y niñas, y un cifra similar de hombre y niños iniciaron su éxodo hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California.
Migran cada año, de septiembre a enero (temporada alta), en busca de trabajo porque las condiciones de vida en sus pueblos son dramáticas, por los altos grados de marginación y pobreza extrema, dicen organismos internacionales, como la ONU, y nacionales, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Les espera no sólo un penoso viaje de muchas horas, sino también los tratos inhumanos que recibirán por parte de los enganchadores y empresarios, discriminación, intimidación con cuerpos policíacos; falta de transporte y de alimentos para su regreso, además de deficiencias en los servicios médicos.
Las mujeres, niñas y niños son los más vulnerables, ha corroborado el Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en dos años y medio que tiene de operación.
Y este año las condiciones les serán más adversas para las mujeres embarazadas, muchas de las cuales darán a luz durante la temporada, así como las niñas y niños menores de cinco años, ya que los módulos de servicio médico no están funcionando, asegura Tlachinollan.
Denunció el organismo que esta situación perjudica principalmente a mujeres embarazadas y niños, ya que son los más susceptibles a contraer cuadros agudos de diarrea, sumados a la desnutrición que la mayoría de estos menores de edad padece.
Tlachinollan afirma también que la Unidad de Servicios Integrales del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde las y los jornaleros podían bañarse y usar los sanitarios, no está realizando sus funciones. La Unidad se encuentra en el inmueble de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Tlapa. Hasta el 1 de septiembre, este lugar no estaba funcionando.
Ernestina y Juan
Las consecuencias de esta situación son ya evidentes. El diario nacional Crónica reportó el caso de la señora Ernestina Cantú, con un embarazo de siete meses que tuvo fiebre y vómito, auxiliada por otras personas indígenas, quienes la atendieron con trapos mojados y té silvestre, porque la Unidad de Servicios Integrales del PAJA no da atención.
No habían iniciado aún el viaje de 60 horas para llegar al campo agrícola, por lo que Juan, su hijo de 12 años le dijo que se quedara, él trabajaría, ganando 1 mil 650 pesos mensuales, para ella, su abuela y sus hermanas, también para el bebé en camino.
El éxodo
La precariedad creciente de las condiciones de vida en los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero y la falta de posibilidades reales de empleo en esa región siguen reproduciendo la grave problemática de la migración -temporal y periódica- de jornaleros agrícolas que pertenecen a municipios catalogados por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) como de bajo desarrollo humano, por sus altos grados de marginación y pobreza extrema que presentan.
Durante la llamada temporada alta de la migración, hombres, mujeres, niñas y niños indígenas, se concentran en la ciudad de Tlapa -antes lo hacían mayoritariamente sobre el cauce del río El Jale y hoy en la Unidad de Servicios Integrales (USI) del PAJA- en espera de los camiones que los trasladarán hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Ciudad Altamirano (en el estado de Guerrero), entre otros.
A diario salen de tres a cinco autobuses, aunque en noviembre y diciembre, sobre todo después de las festividades religiosas, se ha contabilizado la partida de hasta 15 unidades.
De acuerdo con cifras del PAJA, en el 2006 migraron de Guerrero unos 40.207 jornaleros, de los cuales 14.021 son indígenas de la región de la Montaña. Entre éstos registraron 7.127 hombres y 6.894 mujeres.
Por rango de edad, esa dependencia ubicó que de los 14.021 migrantes, 7. 629 tenían de 15 a 59 años de edad; 3.442 entre seis y 14 años; mientras que 2.728 eran menores de cinco años -incluyeron a niños recién nacidos y por nacer, en este último caso contaron a las mujeres embarazadas-; y sólo 222 rebasaban los 60 años.
Aun con dicho registro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan estima que hay unos 3 mil jornaleros y jornaleras que siguen migrando por cuenta propia, o no son registrados por el PAJA debido a que los enganchadores los trasladan directamente.
A pesar de eso, se avizora que para este año puedan llegar a registrarse hasta 18 mil indígenas, pues poco a poco esa población fluctuante conoce que existe el Programa Emergente que está a cargo del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, integrado por Tlachinollan, jornaleros y representantes de dependencias en el ramo, tanto estatales como federales.
Saben que ésta a su vez cuenta con un espacio físico (en la USI en Tlapa) en donde les brindarán alimentos calientes durante esta temporada de migración, mientras estén en espera de la salida del autobús que envía la empresa que los contrató. También que ahí pueden ser registrados por el personal del PAJA.
Se estima que tan sólo en las dos primeras semanas de septiembre llegarán unos mil indígenas, por lo que resulta preocupante que el módulo del servicio médico y la unidad no estén en óptimas condiciones, concluye Tlachinollan.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Procedentes de unas 300 comunidades nahuas, me´phaa (tlapanecas) y na´savi (mixtecas), de la Montaña de Guerrero, casi 7 mil mujeres, algunas embarazadas, y niñas, y un cifra similar de hombre y niños iniciaron su éxodo hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California.
Migran cada año, de septiembre a enero (temporada alta), en busca de trabajo porque las condiciones de vida en sus pueblos son dramáticas, por los altos grados de marginación y pobreza extrema, dicen organismos internacionales, como la ONU, y nacionales, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Les espera no sólo un penoso viaje de muchas horas, sino también los tratos inhumanos que recibirán por parte de los enganchadores y empresarios, discriminación, intimidación con cuerpos policíacos; falta de transporte y de alimentos para su regreso, además de deficiencias en los servicios médicos.
Las mujeres, niñas y niños son los más vulnerables, ha corroborado el Programa de Jornaleros Agrícolas y Migrantes Internacionales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en dos años y medio que tiene de operación.
Y este año las condiciones les serán más adversas para las mujeres embarazadas, muchas de las cuales darán a luz durante la temporada, así como las niñas y niños menores de cinco años, ya que los módulos de servicio médico no están funcionando, asegura Tlachinollan.
Denunció el organismo que esta situación perjudica principalmente a mujeres embarazadas y niños, ya que son los más susceptibles a contraer cuadros agudos de diarrea, sumados a la desnutrición que la mayoría de estos menores de edad padece.
Tlachinollan afirma también que la Unidad de Servicios Integrales del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde las y los jornaleros podían bañarse y usar los sanitarios, no está realizando sus funciones. La Unidad se encuentra en el inmueble de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Tlapa. Hasta el 1 de septiembre, este lugar no estaba funcionando.
Ernestina y Juan
Las consecuencias de esta situación son ya evidentes. El diario nacional Crónica reportó el caso de la señora Ernestina Cantú, con un embarazo de siete meses que tuvo fiebre y vómito, auxiliada por otras personas indígenas, quienes la atendieron con trapos mojados y té silvestre, porque la Unidad de Servicios Integrales del PAJA no da atención.
No habían iniciado aún el viaje de 60 horas para llegar al campo agrícola, por lo que Juan, su hijo de 12 años le dijo que se quedara, él trabajaría, ganando 1 mil 650 pesos mensuales, para ella, su abuela y sus hermanas, también para el bebé en camino.
El éxodo
La precariedad creciente de las condiciones de vida en los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero y la falta de posibilidades reales de empleo en esa región siguen reproduciendo la grave problemática de la migración -temporal y periódica- de jornaleros agrícolas que pertenecen a municipios catalogados por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) como de bajo desarrollo humano, por sus altos grados de marginación y pobreza extrema que presentan.
Durante la llamada temporada alta de la migración, hombres, mujeres, niñas y niños indígenas, se concentran en la ciudad de Tlapa -antes lo hacían mayoritariamente sobre el cauce del río El Jale y hoy en la Unidad de Servicios Integrales (USI) del PAJA- en espera de los camiones que los trasladarán hacia los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Morelos, Ciudad Altamirano (en el estado de Guerrero), entre otros.
A diario salen de tres a cinco autobuses, aunque en noviembre y diciembre, sobre todo después de las festividades religiosas, se ha contabilizado la partida de hasta 15 unidades.
De acuerdo con cifras del PAJA, en el 2006 migraron de Guerrero unos 40.207 jornaleros, de los cuales 14.021 son indígenas de la región de la Montaña. Entre éstos registraron 7.127 hombres y 6.894 mujeres.
Por rango de edad, esa dependencia ubicó que de los 14.021 migrantes, 7. 629 tenían de 15 a 59 años de edad; 3.442 entre seis y 14 años; mientras que 2.728 eran menores de cinco años -incluyeron a niños recién nacidos y por nacer, en este último caso contaron a las mujeres embarazadas-; y sólo 222 rebasaban los 60 años.
Aun con dicho registro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan estima que hay unos 3 mil jornaleros y jornaleras que siguen migrando por cuenta propia, o no son registrados por el PAJA debido a que los enganchadores los trasladan directamente.
A pesar de eso, se avizora que para este año puedan llegar a registrarse hasta 18 mil indígenas, pues poco a poco esa población fluctuante conoce que existe el Programa Emergente que está a cargo del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, integrado por Tlachinollan, jornaleros y representantes de dependencias en el ramo, tanto estatales como federales.
Saben que ésta a su vez cuenta con un espacio físico (en la USI en Tlapa) en donde les brindarán alimentos calientes durante esta temporada de migración, mientras estén en espera de la salida del autobús que envía la empresa que los contrató. También que ahí pueden ser registrados por el personal del PAJA.
Se estima que tan sólo en las dos primeras semanas de septiembre llegarán unos mil indígenas, por lo que resulta preocupante que el módulo del servicio médico y la unidad no estén en óptimas condiciones, concluye Tlachinollan.
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VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Veracruz: ¿nueva base FOL del Pentágono?
Carlos Fazio
Bajo el disfraz de contratos civiles realizados por el gobierno de Estados Unidos, empresas privadas dedicadas al “arte de la guerra” se aprestan a operar en México. La denuncia, formulada el viernes pasado por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, señala que la firma Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, está contratando mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría dentro del plan que en materia de seguridad vienen negociando en secreto Estados Unidos y México y contaría con el aval de Felipe Calderón.
La convocatoria, denominada Centro de Operaciones del staff de vigilancia aérea Veracruz, México, establece, entre otros requisitos para los aspirantes, contar con antecedentes militares mínimos de tres años, específicamente en la operación de vehículos aéreos no tripulados (aviones que cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real) y mantenimiento de helicópteros o “ala fija”. De preferencia se pide “experiencia internacional” en aviación y programas de seguridad, acreditada con servicios a “clientes” de Centro y Sudamérica.
De acuerdo con lo revelado por el general Roberto Badillo, diputado del PRI y secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se trataría de una típica acción de tercerización o mercenarización de la “guerra” a las drogas y el terrorismo en territorio nacional. Siguiendo la tendencia mundial, en años recientes ha sido una práctica habitual del Pentágono “subcontratar” la guerra a mercenarios que se hacen llamar contratistas militares privados. Los contratistas, también conocidos como perros de guerra o soldados free lancer, van adonde el Pentágono prefiere no ser visto. Esos ejércitos privados se dicen legales, pero no rinden cuentas a nadie y son un medio efectivo de extender el alcance militar cuando el Congreso y la opinión pública estadunidenses se niegan a pagar más soldados. En años recientes han ido a Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia, Ecuador y otros lugares conflictivos del mundo.
El beneficio de esa forma de delegación de la participación en la guerra es obvio: en Estados Unidos significa que, apenas sin hacer olas políticas, se interviene en acciones militares en otros países. En tiempos de paz, los soldados disfrazados de civiles pueden actuar como un ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra, mientras desempeñan funciones cruciales para el combate, no son propiamente soldados. No están obligados a cumplir órdenes o a seguir los códigos militares de conducta. Su obligación legal depende solamente de un convenio laboral, no de su país.
Según Adam Isackson, miembro del Centro de Política Internacional de Washington, la contratación por el Pentágono de empresas privadas, como Sycoleman, puede ser una cortina de humo para encubrir operativos contrainsurgentes: “Si ellos cruzan la línea entre la guerra a las drogas y la contrainsurgencia, la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos sería menos directa, pues es una empresa privada. Y si alguno llega a morir, habrá menos presión para la Casa Blanca que si se trata de un soldado estadunidense”.
De acuerdo con los antecedentes del Plan Colombia, incluida la instalación de un Centro de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en la base aeronaval de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano –al que se suman los de Comalapa, en El Salvador, y los de Aruba y Curazao, todos bajo control del Pentágono–, el programado centro de espionaje aéreo de Veracruz sería un eslabón más, ahora en territorio mexicano, del nuevo andamiaje de seguridad estadunidense post Panamá en el hemisferio americano.
Elegidos en función de un esquema de “infraestructura de apoyo en ruta” a la Fuerza Aérea Expedicionaria de combate estadunidense, las bases FOL cubren una área geográfica mayor que la que abarcaba la antigua base aérea Howard en la zona del Canal de Panamá y permiten el aterrizaje de aviones de grandes dimensiones para el transporte de armamento y tropa, así como la instalación de sofisticados equipos para la recolección de datos de inteligencia, radares y antenas satelitales que garantizan movilidad aeroespacial estratégica al Pentágono y la posibilidad de conducir varias misiones de manera casi simultánea.
Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, pero dedicados ciento por ciento a actividades castrenses que deben ser atendidas por las Fuerzas Armadas de México, los mercenarios, paramilitares o “técnicos” civiles estadunidenses que están siendo contratados por la Sycoleman Corporation para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz bajo control del Pentágono entrañan un grave riesgo para la soberanía nacional.
Todo indica que, al igual que en Colombia, la fuente de financiamiento será el gobierno estadunidense en el contexto de la “asistencia” militar contemplada en el Plan México. Sólo que hablar de “ayuda” militar es una falacia, porque de ahí saldrán los recursos para pagar los helicópteros y aviones producidos por Estados Unidos, la contratación de las compañías privadas, las asesorías y los entrenamientos. En el caso del Plan Colombia, el presupuesto no fue ninguna donación directa de Washington al gobierno colombiano; Estados Unidos mantiene la autonomía en el manejo de esos recursos.
De consumarse el plan, México habrá entrado de lleno en una fase de “colombianización”. Ante tal perspectiva Felipe Calderón deberá explicar a quién le rendirán cuentas estos Rambos sin dios y sin ley: ¿al gobierno de Estados Unidos o a sus contratos? Y en México, ¿quién asumirá la responsabilidad?
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Bajo el disfraz de contratos civiles realizados por el gobierno de Estados Unidos, empresas privadas dedicadas al “arte de la guerra” se aprestan a operar en México. La denuncia, formulada el viernes pasado por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, señala que la firma Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, está contratando mercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribiría dentro del plan que en materia de seguridad vienen negociando en secreto Estados Unidos y México y contaría con el aval de Felipe Calderón.
La convocatoria, denominada Centro de Operaciones del staff de vigilancia aérea Veracruz, México, establece, entre otros requisitos para los aspirantes, contar con antecedentes militares mínimos de tres años, específicamente en la operación de vehículos aéreos no tripulados (aviones que cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real) y mantenimiento de helicópteros o “ala fija”. De preferencia se pide “experiencia internacional” en aviación y programas de seguridad, acreditada con servicios a “clientes” de Centro y Sudamérica.
De acuerdo con lo revelado por el general Roberto Badillo, diputado del PRI y secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se trataría de una típica acción de tercerización o mercenarización de la “guerra” a las drogas y el terrorismo en territorio nacional. Siguiendo la tendencia mundial, en años recientes ha sido una práctica habitual del Pentágono “subcontratar” la guerra a mercenarios que se hacen llamar contratistas militares privados. Los contratistas, también conocidos como perros de guerra o soldados free lancer, van adonde el Pentágono prefiere no ser visto. Esos ejércitos privados se dicen legales, pero no rinden cuentas a nadie y son un medio efectivo de extender el alcance militar cuando el Congreso y la opinión pública estadunidenses se niegan a pagar más soldados. En años recientes han ido a Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia, Ecuador y otros lugares conflictivos del mundo.
El beneficio de esa forma de delegación de la participación en la guerra es obvio: en Estados Unidos significa que, apenas sin hacer olas políticas, se interviene en acciones militares en otros países. En tiempos de paz, los soldados disfrazados de civiles pueden actuar como un ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra, mientras desempeñan funciones cruciales para el combate, no son propiamente soldados. No están obligados a cumplir órdenes o a seguir los códigos militares de conducta. Su obligación legal depende solamente de un convenio laboral, no de su país.
Según Adam Isackson, miembro del Centro de Política Internacional de Washington, la contratación por el Pentágono de empresas privadas, como Sycoleman, puede ser una cortina de humo para encubrir operativos contrainsurgentes: “Si ellos cruzan la línea entre la guerra a las drogas y la contrainsurgencia, la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos sería menos directa, pues es una empresa privada. Y si alguno llega a morir, habrá menos presión para la Casa Blanca que si se trata de un soldado estadunidense”.
De acuerdo con los antecedentes del Plan Colombia, incluida la instalación de un Centro de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en la base aeronaval de Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano –al que se suman los de Comalapa, en El Salvador, y los de Aruba y Curazao, todos bajo control del Pentágono–, el programado centro de espionaje aéreo de Veracruz sería un eslabón más, ahora en territorio mexicano, del nuevo andamiaje de seguridad estadunidense post Panamá en el hemisferio americano.
Elegidos en función de un esquema de “infraestructura de apoyo en ruta” a la Fuerza Aérea Expedicionaria de combate estadunidense, las bases FOL cubren una área geográfica mayor que la que abarcaba la antigua base aérea Howard en la zona del Canal de Panamá y permiten el aterrizaje de aviones de grandes dimensiones para el transporte de armamento y tropa, así como la instalación de sofisticados equipos para la recolección de datos de inteligencia, radares y antenas satelitales que garantizan movilidad aeroespacial estratégica al Pentágono y la posibilidad de conducir varias misiones de manera casi simultánea.
Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, pero dedicados ciento por ciento a actividades castrenses que deben ser atendidas por las Fuerzas Armadas de México, los mercenarios, paramilitares o “técnicos” civiles estadunidenses que están siendo contratados por la Sycoleman Corporation para operar un centro de espionaje aéreo en Veracruz bajo control del Pentágono entrañan un grave riesgo para la soberanía nacional.
Todo indica que, al igual que en Colombia, la fuente de financiamiento será el gobierno estadunidense en el contexto de la “asistencia” militar contemplada en el Plan México. Sólo que hablar de “ayuda” militar es una falacia, porque de ahí saldrán los recursos para pagar los helicópteros y aviones producidos por Estados Unidos, la contratación de las compañías privadas, las asesorías y los entrenamientos. En el caso del Plan Colombia, el presupuesto no fue ninguna donación directa de Washington al gobierno colombiano; Estados Unidos mantiene la autonomía en el manejo de esos recursos.
De consumarse el plan, México habrá entrado de lleno en una fase de “colombianización”. Ante tal perspectiva Felipe Calderón deberá explicar a quién le rendirán cuentas estos Rambos sin dios y sin ley: ¿al gobierno de Estados Unidos o a sus contratos? Y en México, ¿quién asumirá la responsabilidad?
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
Libertad a Flavio Sosa y a todos los presos políticos
Víctor Raúl Martínez Vásquez (IISUABJO)
En los regímenes tiránicos, dice Platón, “el jefe del pueblo, no puede abstenerse de derramar sangre ciudadana; bajo falsas acusaciones…arrastrando a la gente ante los tribunales, se mancha de homicidios, privando de la vida a un hombre, y prueba con la lengua y con sus terribles labios la sangre del prójimo; a algunos manda al exilio, a otros los condena a muerte…”
Oaxaca vive una tiranía en la que el déspota ha sometido a todos los poderes a su arbitrio y aun a los órganos “ciudadanizados” como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Seguimos padeciendo el abuso de poder, la corrupción, la antidemocracia, la represión, la injusticia, la violación sistemática de los derechos.
En días pasados, acudí al penal de Cuicatlán para visitar a Flavio Sosa y después de varias horas de esperar al Director del penal, se me impidió el acceso bajo el argumento de que no estaba en la lista elaborada por el detenido, lista que después me enteré solo esta integrada por cinco personas entre las que se encuentran su esposa, hijas, hijo y su abogado. El mismo director argumentó que tendría que consultar al Consejo Técnico del penal si autorizaba o no que pudiera pasar en fecha posterior.
Ese mismo día, aunque a una hora distinta, los hermanos Sosa fueron visitados por el obispo Lona Reyes, el padre “Uvi” y el pintor Francisco Toledo. Lo hicieron acompañados por un funcionario del gobierno del estado.
En su carta, que publicaron días después en este diario Noticias, los religiosos y el artista, dicen: “con tristeza, indignación y esperanza, pudimos ver dos hermanos nuestros que viven situaciones que poco podemos imaginar y que por desgracia también enfrentan miles de mexicanos y oaxaqueños en la entidad en los reclusorios federales y de la entidad”.
Los Sosa fueron recluidos durante ocho meses en el penal de máxima seguridad de la Palma en el estado de México bajo el argumento de ser reos de alta peligrosidad, y después de “comprobarse” que no lo son, fueron trasladados al penal de Cuicatlán donde se les mantiene, por lo visto, incomunicados y en condiciones infrahumanas, con los que se violan una vez mas sus derechos.
Los Sosa, debe entenderlo la tiranía, no son responsables del fraude que en el 2004 los condujo al poder, tampoco de los desaciertos de este gobierno, de las imposiciones de obras que nadie justifica habiendo tantas necesidades del pueblo insatisfechas, de la represión del 14 de junio que desencadenó la crisis mas grande del estado quizás desde el año de 1911 en que la revolución mexicana se hizo presente en Oaxaca. Ni siquiera las de 1947, 1952, 1977, se le equiparan.
El movimiento popular que vivió y vive Oaxaca tiene causas estructurales y una de ellas es el autoritarismo subnacional, el “gobernadorismo autoritario” que padecemos, una de cuyas expresiones es precisamente la violación sistemática de las garantías individuales y los derechos humanos.
Haciéndonos eco de las palabras de los sacerdotes y el maestro Toledo, desde esta columna expresamos nuestra solidaridad con los hermanos Sosa, así como con los demás presos políticos y sus familias que siguen padeciendo el dolor que provoca la tiranía. Exigimos además su inmediata libertad pues son inocentes de los delitos que se les imputan. ¡Justicia!
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
En los regímenes tiránicos, dice Platón, “el jefe del pueblo, no puede abstenerse de derramar sangre ciudadana; bajo falsas acusaciones…arrastrando a la gente ante los tribunales, se mancha de homicidios, privando de la vida a un hombre, y prueba con la lengua y con sus terribles labios la sangre del prójimo; a algunos manda al exilio, a otros los condena a muerte…”
Oaxaca vive una tiranía en la que el déspota ha sometido a todos los poderes a su arbitrio y aun a los órganos “ciudadanizados” como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Seguimos padeciendo el abuso de poder, la corrupción, la antidemocracia, la represión, la injusticia, la violación sistemática de los derechos.
En días pasados, acudí al penal de Cuicatlán para visitar a Flavio Sosa y después de varias horas de esperar al Director del penal, se me impidió el acceso bajo el argumento de que no estaba en la lista elaborada por el detenido, lista que después me enteré solo esta integrada por cinco personas entre las que se encuentran su esposa, hijas, hijo y su abogado. El mismo director argumentó que tendría que consultar al Consejo Técnico del penal si autorizaba o no que pudiera pasar en fecha posterior.
Ese mismo día, aunque a una hora distinta, los hermanos Sosa fueron visitados por el obispo Lona Reyes, el padre “Uvi” y el pintor Francisco Toledo. Lo hicieron acompañados por un funcionario del gobierno del estado.
En su carta, que publicaron días después en este diario Noticias, los religiosos y el artista, dicen: “con tristeza, indignación y esperanza, pudimos ver dos hermanos nuestros que viven situaciones que poco podemos imaginar y que por desgracia también enfrentan miles de mexicanos y oaxaqueños en la entidad en los reclusorios federales y de la entidad”.
Los Sosa fueron recluidos durante ocho meses en el penal de máxima seguridad de la Palma en el estado de México bajo el argumento de ser reos de alta peligrosidad, y después de “comprobarse” que no lo son, fueron trasladados al penal de Cuicatlán donde se les mantiene, por lo visto, incomunicados y en condiciones infrahumanas, con los que se violan una vez mas sus derechos.
Los Sosa, debe entenderlo la tiranía, no son responsables del fraude que en el 2004 los condujo al poder, tampoco de los desaciertos de este gobierno, de las imposiciones de obras que nadie justifica habiendo tantas necesidades del pueblo insatisfechas, de la represión del 14 de junio que desencadenó la crisis mas grande del estado quizás desde el año de 1911 en que la revolución mexicana se hizo presente en Oaxaca. Ni siquiera las de 1947, 1952, 1977, se le equiparan.
El movimiento popular que vivió y vive Oaxaca tiene causas estructurales y una de ellas es el autoritarismo subnacional, el “gobernadorismo autoritario” que padecemos, una de cuyas expresiones es precisamente la violación sistemática de las garantías individuales y los derechos humanos.
Haciéndonos eco de las palabras de los sacerdotes y el maestro Toledo, desde esta columna expresamos nuestra solidaridad con los hermanos Sosa, así como con los demás presos políticos y sus familias que siguen padeciendo el dolor que provoca la tiranía. Exigimos además su inmediata libertad pues son inocentes de los delitos que se les imputan. ¡Justicia!
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
FRIDA
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