Por abandono de servicio y no por violación a mujeres
Por Sofía Noriega/corresponsal, e Hypatia Velasco
Saltillo, Méx., 25 oct 07 (CIMAC).- El Honorable Consejo de Guerra Permanente y Ordinario de la Sexta Zona Militar, que presidió el General de Brigada Alfonso Hernández Aldrete, dictó sentencia en contra de siete de los militares implicados en la violación tumultuaria contra 14 mujeres en Castaños, Coahuila.
El delito por el que se les condenó a no más de dos años de prisión, fue abandono del servicio la noche del 11 de julio del 2006, cuando dejaron su puesto en el Instituto Federal Electoral (IFE) y se trasladaron a la zona de tolerancia de Castaños.
Esta condena, dijo hoy a Cimacnoticias la diputada federal Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa, nada tiene que ver con el delito que cometieron en julio del año pasado los soldados y, más allá de la publicidad que se le dio, es una práctica común.
“No están pagando por el delito contra las mujeres, que es lo que nos preocupa, sino por un acto de indisciplina militar, ya que dejaron sus lugares asignados para el resguardo de material electoral, que derivó al final en la violación de las 14 mujeres”, subrayó.
El Subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el militar de más rango, absuelto por la justicia civil, fue sentenciado a dos años de prisión, mientras que los cinco restantes fueron condenados a un año y medio de cárcel en el penal militar de Mazatlán.
A las 10 de la mañana de ayer se abrió la sesión pública a la cual por primera vez en esta jurisdicción dejaron entrar a civiles, en este caso reporteros, sin grabadoras, ni cámaras.
Así, después de 40 años, el Consejo de Guerra volvió a sesionar en Saltillo para procesar a los acusados, apegado al Código de Justicia Militar.
El último soldado que había sido sentenciado hace 4 décadas, en 1961, fue entonces señalado como culpable y recibió la pena de muerte, en lo que fue la última vez que el fuero militar aplicó en México la pena capital.
Ahora, las leves sanciones impuestas a Juan José Gaytán Santiago, Ángel Antonio Hernández Niño, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Omar Alejandro Rangel, Ricardo Hernández Hernández y Norberto González Estrada, sentenciados a un año y medio de prisión, contrastan con aquella dura sentencia del pasado.
En el caso de Ángel Antonio y Norberto González podrán salir libres bajo fianza con una multa de $2 mil 500 pesos que estipula la justicia militar, ya que el primero salió de la cárcel civil por el pago de una fianza y el segundo fue absuelto de los cargos en el proceso que lleva el Juzgado Segundo de lo Penal de Monclova.
Aída Margarita Guardiola Ramírez, abogada de los acusados, señaló que tanto Gaytán Santiago, quien fue sentenciado a 21 años de prisión por el Juez Hiradier Huerta en Monclova, como sus compañeros Omar Alejandro y Fernando Adrián, condenados a 41 y 31 años de cárcel respectivamente, deberán terminar su condena en el penal de Monclova.
Después de las tres de la tarde, el Juez Militar de la Jurisdicción, Rogelio Rodríguez Correa, leyó el resolutivo de sentencia del expediente 2526/2006 donde los seis militares fueron considerados culpables y legalmente responsables de abandono de servicio.
Al subteniente Norberto Carlos se le otorgó el beneficio de la libertad preparatoria, es decir se tomará en cuenta el año y un mes que pasó en la cárcel para hacer frente al juicio promovido por las mujeres violentadas.
A un año y seis meses de prisión también fue sentenciado Ricardo Hernández Hernández, aunque este permanece prófugo de la justicia militar y civil.
Jesús Flores Sosa, director del Cereso de Monclava viajó de regreso a esta ciudad con los seis militares y esperará a que el juez militar gire la orden para trasladar al penal de Mazatlán a Norberto Carlos Francisco Vargas, Norberto González Estrada y Ángel Antonio Hernández Niño, porque los dos primeros fueron absueltos y el tercero quedó libre bajo fianza.
La abogada señaló que en el caso del subteniente, podría quedar libre con el pago de $9 mil 500 pesos y de los otros dos con $2 mil 500 pesos.
Los otros tres deberán purgar su condena en el Cereso de Monclova y al salir pagar su sentencia en la prisión de Mazatlán, aunque este punto será apelado por la defensa.
ACOTAR FUERO MILITAR
Por su parte, con el fin de que no ocurran más casos como el de Castaños, la diputada federal Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa señaló que la semana pasada subió al pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo con el fin de acotar el fuero militar.
Dicho punto, explicó la legisladora esta mañana en conferencia de prensa, establece que en cualquier delito cometido por militares y donde las víctimas sean civiles los militares deben ser juzgados por la justicia del fuero civil para, de esta forma, prevenir actos de violencia contra las mujeres, como sucedió en los casos de Castaños y Zongolica.
Asimismo, apuntó que esta iniciativa busca --ante el hecho de que el gobierno de Felipe Calderón no sacará a los militares de ninguna zona del país donde se encuentran asignados-- que se otorgue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un presupuesto de 200 millones de pesos etiquetados para crear un programa dirigido a las fuerzas amadas, con el fin de sensibilizarlos y capacitarlos en cultura de paz y género.
Queda instalada la comisión legislativa que investigará a Fox
Que esclarecerá el caso sin protagonismos ni linchamientos
Critican que ya se de como culpable al exmandatario
El Financiero en línea
México, 25 de octubre.- La comisión plural de la Cámara de Diputados que investigará al expresidente Vicente Fox quedó instalada este jueves de manera formal.
En lo que fue la primera sesión de la instancia especial integrada por cinco miembros, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron que los diputados de oposición den ya como culpable al exmandatario federal a lo que éstos reviraron y señalaron que no se le puede exonerar a priori.
Los diputados panistas Alma Eduviges Alcaraz y Juan de Dios Castro Muñoz manifestaron el respaldo de su partido a la creación de la comisión plural para que investigue ese asunto sin ánimo de linchamientos ni subjetividades.
Por su parte Juan Guerra Ochoa, del PRD, y Xavier López Adame, del PVEM, coincidieron en que debe existir voluntad política del Gobierno de la República para que se den todas las facilidades a fin de que la comisión investigue sin ningún tipo de trabas.
A su vez el presidente de la comisión, Víctor Valencia de los Santos, dijo que se privilegiará la construcción de la agenda para tener los acuerdos conjuntos que lleven al esclarecimiento de las cosas sin protagonismos, descalificaciones, linchamientos políticos y exoneraciones a priori.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) resaltó que los integrantes de la instancia que investigará a Fox deben ser cuidadosos pues el trabajo que tienen es de alta responsabilidad.
Aclaró que esa comisión especial funcionará sin ningún presupuesto y para su operación se apoyará en otras instancias como la Junta de Coordinación Política.
También ofreció conducirse con responsabilidad, sin ir más allá de las facultades que la ley le otorga y sin invadir espacios del Poder Judicial.
Sin embargo puntualizó que se llamará a comparecer a todas las personas que pudieran aportar datos relevantes y ampliará su investigación a funcionarios y a quien tenga que ver con el asunto, incluidos empresarios.
Por su parte el coordinador del PRD, Javier González Garza, agradeció la invitación a la instalación de la comisión plural, y sostuvo que a su partido no le interesa el amarillismo sino la sanidad del país, por lo que espera que esa instancia trabaje con
seriedad.
Mientras tanto la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gloria Lavara, reconoció que esa instancia nace con facultades acotadas pero tiene materia que discutir e investigar, por lo que deseó a los integrantes de la misma el mayor de los éxitos.
En su intervención el panista Juan de Dios Castro Muñoz criticó que antes de que se empiece a investigar ya se dé como culpable al expresidente sin ser Poder Judicial ni Ministerio Público ya que "aquí no vamos a integrar expedientes ni averiguaciones previas".
Anunció que tanto él como su compañera Alma Eduviges solicitaron al presidente de la comisión que a la brevedad se tenga una reunión con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y con el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
En la comisión legislativa que investigará a Vicente Fox participan los diputados Alma Eduviges Alcaraz y Juan de Dios Castro Muñoz, del PAN; Víctor Valencia de los Santos, del PRI; Juan N. Guerra, del PRD, y Xavier López Adame, del PVEM. (Con información de Notimex/RSC)
Critican que ya se de como culpable al exmandatario
El Financiero en línea
México, 25 de octubre.- La comisión plural de la Cámara de Diputados que investigará al expresidente Vicente Fox quedó instalada este jueves de manera formal.
En lo que fue la primera sesión de la instancia especial integrada por cinco miembros, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron que los diputados de oposición den ya como culpable al exmandatario federal a lo que éstos reviraron y señalaron que no se le puede exonerar a priori.
Los diputados panistas Alma Eduviges Alcaraz y Juan de Dios Castro Muñoz manifestaron el respaldo de su partido a la creación de la comisión plural para que investigue ese asunto sin ánimo de linchamientos ni subjetividades.
Por su parte Juan Guerra Ochoa, del PRD, y Xavier López Adame, del PVEM, coincidieron en que debe existir voluntad política del Gobierno de la República para que se den todas las facilidades a fin de que la comisión investigue sin ningún tipo de trabas.
A su vez el presidente de la comisión, Víctor Valencia de los Santos, dijo que se privilegiará la construcción de la agenda para tener los acuerdos conjuntos que lleven al esclarecimiento de las cosas sin protagonismos, descalificaciones, linchamientos políticos y exoneraciones a priori.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) resaltó que los integrantes de la instancia que investigará a Fox deben ser cuidadosos pues el trabajo que tienen es de alta responsabilidad.
Aclaró que esa comisión especial funcionará sin ningún presupuesto y para su operación se apoyará en otras instancias como la Junta de Coordinación Política.
También ofreció conducirse con responsabilidad, sin ir más allá de las facultades que la ley le otorga y sin invadir espacios del Poder Judicial.
Sin embargo puntualizó que se llamará a comparecer a todas las personas que pudieran aportar datos relevantes y ampliará su investigación a funcionarios y a quien tenga que ver con el asunto, incluidos empresarios.
Por su parte el coordinador del PRD, Javier González Garza, agradeció la invitación a la instalación de la comisión plural, y sostuvo que a su partido no le interesa el amarillismo sino la sanidad del país, por lo que espera que esa instancia trabaje con
seriedad.
Mientras tanto la coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gloria Lavara, reconoció que esa instancia nace con facultades acotadas pero tiene materia que discutir e investigar, por lo que deseó a los integrantes de la misma el mayor de los éxitos.
En su intervención el panista Juan de Dios Castro Muñoz criticó que antes de que se empiece a investigar ya se dé como culpable al expresidente sin ser Poder Judicial ni Ministerio Público ya que "aquí no vamos a integrar expedientes ni averiguaciones previas".
Anunció que tanto él como su compañera Alma Eduviges solicitaron al presidente de la comisión que a la brevedad se tenga una reunión con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y con el auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
En la comisión legislativa que investigará a Vicente Fox participan los diputados Alma Eduviges Alcaraz y Juan de Dios Castro Muñoz, del PAN; Víctor Valencia de los Santos, del PRI; Juan N. Guerra, del PRD, y Xavier López Adame, del PVEM. (Con información de Notimex/RSC)
Sentenciados 6 militares por violación
AP
México, DF, octubre 25, 2007.- Seis militares vinculados con la violación de 14 mujeres en 2006 fueron sentenciados hasta con dos años de prisión por un Consejo de Guerra que los encontró culpables del delito de abandono de servicios, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La dependencia señaló en un comunicado emitido la noche del miércoles que el Consejo de Guerra encontró que los militares incurrieron en el delito de abandono de servicio el 11 de julio de 2006, el mismo día en que fueron violadas las mujeres en la municipalidad de Castaños, en el estado norteño de Coahuila.
Agregó que el subteniente de caballería Norberto Carlos Francisco Vargas fue sentenciado a dos años de prisión, mientras que se condenó con 1,6 años de cárcel al sargento segundo de Caballería, Juan José Gaytán; a los cabos de Caballería Norberto González y Angel Antonio Hernández; y a los soldados de Caballería Omar Alejandro Rangel y a Fernando Adrián Madrid.
"Con este acto se ratifica la disposición de esta Secretaría para actuar con estricto apego al estado de derecho y de no tolerar actos que vulneren la disciplina militar", aseguró la Sedena.
La resolución del Consejo de Guerra es independiente de una sentencia que emitió recientemente un juez civil a algunos de ellos por los delitos de violación y lesiones, añadió.
A principios de octubre, un juez del estado de Coahuila encontró culpables a tres soldados de violar a las mujeres y fueron sentenciados a entre 21 y 41 años de prisión.
Un cuarto soldado fue encontrado culpable por daños y sentenciado a menos de cuatro años por su participación en la tortura de las mujeres. Otros cuatro fueron exculpados.
Ambas condenas ocurrieron después de que a finales de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó varios abusos como violaciones y tortura cometidos por militares, y entre los casos mencionados estaba el de Castaños, Coahuila.
La CNDH dijo entonces que las 14 mujeres fueron violadas por militares en una aparente represalia porque uno de sus compañeros había sido retenido por policías municipales horas antes. Además fueron golpeados y torturados siete policías municipales.
La Comisión también documentó otras violaciones y torturas durante 2007 en el marco de la campaña del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico en el país, por lo que demandó el retiro de las fuerzas armadas de esa lucha contra el crimen organizado.
México, DF, octubre 25, 2007.- Seis militares vinculados con la violación de 14 mujeres en 2006 fueron sentenciados hasta con dos años de prisión por un Consejo de Guerra que los encontró culpables del delito de abandono de servicios, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La dependencia señaló en un comunicado emitido la noche del miércoles que el Consejo de Guerra encontró que los militares incurrieron en el delito de abandono de servicio el 11 de julio de 2006, el mismo día en que fueron violadas las mujeres en la municipalidad de Castaños, en el estado norteño de Coahuila.
Agregó que el subteniente de caballería Norberto Carlos Francisco Vargas fue sentenciado a dos años de prisión, mientras que se condenó con 1,6 años de cárcel al sargento segundo de Caballería, Juan José Gaytán; a los cabos de Caballería Norberto González y Angel Antonio Hernández; y a los soldados de Caballería Omar Alejandro Rangel y a Fernando Adrián Madrid.
"Con este acto se ratifica la disposición de esta Secretaría para actuar con estricto apego al estado de derecho y de no tolerar actos que vulneren la disciplina militar", aseguró la Sedena.
La resolución del Consejo de Guerra es independiente de una sentencia que emitió recientemente un juez civil a algunos de ellos por los delitos de violación y lesiones, añadió.
A principios de octubre, un juez del estado de Coahuila encontró culpables a tres soldados de violar a las mujeres y fueron sentenciados a entre 21 y 41 años de prisión.
Un cuarto soldado fue encontrado culpable por daños y sentenciado a menos de cuatro años por su participación en la tortura de las mujeres. Otros cuatro fueron exculpados.
Ambas condenas ocurrieron después de que a finales de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó varios abusos como violaciones y tortura cometidos por militares, y entre los casos mencionados estaba el de Castaños, Coahuila.
La CNDH dijo entonces que las 14 mujeres fueron violadas por militares en una aparente represalia porque uno de sus compañeros había sido retenido por policías municipales horas antes. Además fueron golpeados y torturados siete policías municipales.
La Comisión también documentó otras violaciones y torturas durante 2007 en el marco de la campaña del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico en el país, por lo que demandó el retiro de las fuerzas armadas de esa lucha contra el crimen organizado.
Aún no he visto plan de Bush para México: Pelosi
Washington, EU, octubre 25, 2007.- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi declaró este jueves que aún no ha visto el proyecto del presidente George W. Bush de trabajar con México en un programa contra las drogas, pero insinuó que lo apoyaría debido a que la seguridad nacional es "nuestra mayor prioridad".
Bush anunció esta semana un paquete de ayuda para México de 1.400 millones de dólares para trabajar conjuntamente en temas de seguridad, drogas y crimen organizado, y pidió al Congreso un adelanto de 500 millones de dólares para el año fiscal en marcha.
"No he visto todavía la petición del presidente y ciertamente vamos a...", dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio sin terminar la frase.
Luego indicó que la seguridad del pueblo estadounidense "es nuestra mayor prioridad" y que dentro de ese propósito Estados Unidos deseaba trabajar con todos los países vecinos o no.
"No he visto aún el proyecto de modo que no puedo comentar por ahora sobre ese paquete en particular".
Bush dijo que había pedido también junto con los 500 millones para México otra asignación de 50 millones para un plan similar con los países centroamericanos.
Indicó que el programa, llamado Iniciativa Mérida, se orientaba básicamente a "combatir las amenazas del tráfico de drogas, crimen transnacional y terrorismo en el hemisferio".
Pelosi formuló sus comentarios horas antes del inicio de una vista legislativa en el subcomité para el Hemisferio Occidental de la cámara que preside para empezar justamente el análisis del plan de Bush.
La organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, pidió al Congreso oponerse a la ayuda a menos que ésta incluya condicionamientos para terminar "los abusos" contra esos derechos de parte de las fuerzas mexicanas de seguridad.
Bush anunció esta semana un paquete de ayuda para México de 1.400 millones de dólares para trabajar conjuntamente en temas de seguridad, drogas y crimen organizado, y pidió al Congreso un adelanto de 500 millones de dólares para el año fiscal en marcha.
"No he visto todavía la petición del presidente y ciertamente vamos a...", dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio sin terminar la frase.
Luego indicó que la seguridad del pueblo estadounidense "es nuestra mayor prioridad" y que dentro de ese propósito Estados Unidos deseaba trabajar con todos los países vecinos o no.
"No he visto aún el proyecto de modo que no puedo comentar por ahora sobre ese paquete en particular".
Bush dijo que había pedido también junto con los 500 millones para México otra asignación de 50 millones para un plan similar con los países centroamericanos.
Indicó que el programa, llamado Iniciativa Mérida, se orientaba básicamente a "combatir las amenazas del tráfico de drogas, crimen transnacional y terrorismo en el hemisferio".
Pelosi formuló sus comentarios horas antes del inicio de una vista legislativa en el subcomité para el Hemisferio Occidental de la cámara que preside para empezar justamente el análisis del plan de Bush.
La organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, pidió al Congreso oponerse a la ayuda a menos que ésta incluya condicionamientos para terminar "los abusos" contra esos derechos de parte de las fuerzas mexicanas de seguridad.
Hablemos de corrupción... dos casos
mientras un Alcalde elegido por un pueblo que cree en la IZQUIERDA mexicana, hace todo lo imposible por "quemar" los intento democratizadores en Guerrero, el Gobierno de Calderón paga un favor a los empresarios.
Enrique Castillo González
Existe un interesante anuncio comercial en TV Azteca Guerrero, en el aparece una señora que, hablando con un chillante acento propio de la Costa Chica y teniendo de fondo el Puerto de Acapulco dice _ “en 1990, en Acapulco éramos un millón de habitantes, ahora somos más del doble, por los mismo tenemos que “tandear” el agua _ termina el anuncio dejando ver el logotipo del Ayuntamiento que preside el Ing. (je) Félix Salgado Macedonio; ¿acaso Félix pensará que con eso ya la gente de Acapulco quedará satisfecha por las incompetencias en el asunto de la administración del agua potable y el alcantarillado? Con ese sonso anuncio comercial lo único que gana el Presidente Municipal de Acapulco es un rimbombante recordatorio materno, este salido desde el bajo vientre de aquellos que estaban acostumbrados a tener siempre ese servicio municipal sin ningún problema.
Y es que eso de los tandeos del agua por parte de las administraciones municipales se puede aceptar en Municipios con carencias económicas o pueblos jóvenes donde los servicios municipales sean incipientes ¡¿pero en Acapulco?!; para la gente de este Puerto Turístico ha quedado claro que la elección de Félix Salgado fue un error, lo están pagando estoicamente, más en el día y la hora de las próximas insaculacionesde donde surgirá el siguiente Alcalde que habrá de venir a alzar el tiradero que está dejando el actual se podrá esperar que el Partido Político que abanderó al señor (PRD) sufra un estruendoso revés, que inclusive se podrá reflejar tres años después cuando se elija al próximo Gobernador.
Pero regresando a eso del –tandeo- ¿cree usted que en los fraccionamientos de las Brisas o en el Acapulco de “Punta Diamante”, zonas de un altísimo nivel económico, envían el agua en forma de tandeo?Lo cierto es que no, allá, en las areas residenciales donde riegan grandes jardines y las albercas cambian el líquido cada semana el agua les llega casi en cascada. En definitiva, la actual administración municipal de Acapulco se ha vuelto el mejor aliada de los Partidos opositores al PRD, se ha convertido en lo que la lucha de izquierda en México más repudia, Félix ha mutado a material “útil” la lucha popular, es por eso lo ácido de esta tinta.
Y ya que estamos escribiendo con el hígado bueno será hacer una reflexión sobre las extrañas formas que tiene el Gobierno Federal Mexicano para vender lo que es patrimonio del pueblo; resulta que el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) puso a la venta una empresa que estaba bajo su resguardo, Aeroméxico, junto con todos sus activos, subió a la pasarela para ser vendida, no está demás apuntar que esa línea pasó a ser administrada por el Gobierno de Fox luego de una serie de anormalidades en su manejo fiscal así como una avalancha de conflictos con los Sindicatos; al final de la puja quedaron dos compradores, uno era la Familia Saba, y por el otro lado BANAMEX,de la familia Saba se podría hacer todo un paseo histórico, gente de negocios, de doctrinas y de esfuerzo, de empresas que empezaron desde abajo hasta darle fuerza a un apellido, y del otro comparador, nada se escribe pues su nombre está ligado al viejo México, al de los enriquecimientos ilícitos, ¿de los que están detrás de esas ofertas por BANAMEX? Mire, la principal cabeza se llama José Luis Barraza, empresarioal que acompañan sus pares, ligados al Consejo Coordinador Empresarial ¿recuerda a este Consejo? Es aquel que pagó miles de millones de pesos en spot’s contra la figura de Andrés Manuel López Obrador; en torno a esa compra venta se deja ver un ambiente muy viciado, solo decir que luego de que se hubo establecido una hora para la última oferta y que esta la hiciera Moisés Saba, olímpicamente el IPAB dio más horas para permitir que BANAMEX juntara más lana y ofrecer así una cantidad mayor, ha, pero cuando Saba superó lo ofrecido por el Consejo Coordinador Empresarial disfrazado de BANAMEX el IPAB no la aceptó porque, a decir de ellos se hizo 459 segundos tarde.
Como sea. La tranza se dio. Con templanza rabínica la familia Saba declaró, en voz de Moisés Saba “no se procederá en consecuencia, lo cierto es que la forma en que se dieron las cosas deja ver que en México la Inseguridad Jurídica pondría a pensar a los que quieran invertir en México” .- Ultimo patrullaje.- un escenario caótico nos deja ver que a la Comunidad Judía de este país azteca el chanchullo le pondrá a pensar si realmente México es una tierra donde se puedan hacer negocios, recordemos cual fue la reacción de la misma comunidad (en este otro caso la Comunidad Mundial) cuando Luis Echeverría ex Presidente de la República, habló de su forma de entender el Sionismo, y de lo mal que este le caía,de aquella experiencia solo se aprendió que los descendientes de Israel son muy unidos para eso de defenderse.- Balazo al aire.- regresando al asunto de Félix Salgado, Alcalde de Acapulco, resulta que ahora. quiere ser el próximo Gobernador de Guerrero. Así lo hizo saber hace solo unas 20 horas- punto del aplauso.- Bush ya habla de la 3era guerra mundial
Enrique Castillo González
Existe un interesante anuncio comercial en TV Azteca Guerrero, en el aparece una señora que, hablando con un chillante acento propio de la Costa Chica y teniendo de fondo el Puerto de Acapulco dice _ “en 1990, en Acapulco éramos un millón de habitantes, ahora somos más del doble, por los mismo tenemos que “tandear” el agua _ termina el anuncio dejando ver el logotipo del Ayuntamiento que preside el Ing. (je) Félix Salgado Macedonio; ¿acaso Félix pensará que con eso ya la gente de Acapulco quedará satisfecha por las incompetencias en el asunto de la administración del agua potable y el alcantarillado? Con ese sonso anuncio comercial lo único que gana el Presidente Municipal de Acapulco es un rimbombante recordatorio materno, este salido desde el bajo vientre de aquellos que estaban acostumbrados a tener siempre ese servicio municipal sin ningún problema.
Y es que eso de los tandeos del agua por parte de las administraciones municipales se puede aceptar en Municipios con carencias económicas o pueblos jóvenes donde los servicios municipales sean incipientes ¡¿pero en Acapulco?!; para la gente de este Puerto Turístico ha quedado claro que la elección de Félix Salgado fue un error, lo están pagando estoicamente, más en el día y la hora de las próximas insaculacionesde donde surgirá el siguiente Alcalde que habrá de venir a alzar el tiradero que está dejando el actual se podrá esperar que el Partido Político que abanderó al señor (PRD) sufra un estruendoso revés, que inclusive se podrá reflejar tres años después cuando se elija al próximo Gobernador.
Pero regresando a eso del –tandeo- ¿cree usted que en los fraccionamientos de las Brisas o en el Acapulco de “Punta Diamante”, zonas de un altísimo nivel económico, envían el agua en forma de tandeo?Lo cierto es que no, allá, en las areas residenciales donde riegan grandes jardines y las albercas cambian el líquido cada semana el agua les llega casi en cascada. En definitiva, la actual administración municipal de Acapulco se ha vuelto el mejor aliada de los Partidos opositores al PRD, se ha convertido en lo que la lucha de izquierda en México más repudia, Félix ha mutado a material “útil” la lucha popular, es por eso lo ácido de esta tinta.
Y ya que estamos escribiendo con el hígado bueno será hacer una reflexión sobre las extrañas formas que tiene el Gobierno Federal Mexicano para vender lo que es patrimonio del pueblo; resulta que el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) puso a la venta una empresa que estaba bajo su resguardo, Aeroméxico, junto con todos sus activos, subió a la pasarela para ser vendida, no está demás apuntar que esa línea pasó a ser administrada por el Gobierno de Fox luego de una serie de anormalidades en su manejo fiscal así como una avalancha de conflictos con los Sindicatos; al final de la puja quedaron dos compradores, uno era la Familia Saba, y por el otro lado BANAMEX,de la familia Saba se podría hacer todo un paseo histórico, gente de negocios, de doctrinas y de esfuerzo, de empresas que empezaron desde abajo hasta darle fuerza a un apellido, y del otro comparador, nada se escribe pues su nombre está ligado al viejo México, al de los enriquecimientos ilícitos, ¿de los que están detrás de esas ofertas por BANAMEX? Mire, la principal cabeza se llama José Luis Barraza, empresarioal que acompañan sus pares, ligados al Consejo Coordinador Empresarial ¿recuerda a este Consejo? Es aquel que pagó miles de millones de pesos en spot’s contra la figura de Andrés Manuel López Obrador; en torno a esa compra venta se deja ver un ambiente muy viciado, solo decir que luego de que se hubo establecido una hora para la última oferta y que esta la hiciera Moisés Saba, olímpicamente el IPAB dio más horas para permitir que BANAMEX juntara más lana y ofrecer así una cantidad mayor, ha, pero cuando Saba superó lo ofrecido por el Consejo Coordinador Empresarial disfrazado de BANAMEX el IPAB no la aceptó porque, a decir de ellos se hizo 459 segundos tarde.
Como sea. La tranza se dio. Con templanza rabínica la familia Saba declaró, en voz de Moisés Saba “no se procederá en consecuencia, lo cierto es que la forma en que se dieron las cosas deja ver que en México la Inseguridad Jurídica pondría a pensar a los que quieran invertir en México” .- Ultimo patrullaje.- un escenario caótico nos deja ver que a la Comunidad Judía de este país azteca el chanchullo le pondrá a pensar si realmente México es una tierra donde se puedan hacer negocios, recordemos cual fue la reacción de la misma comunidad (en este otro caso la Comunidad Mundial) cuando Luis Echeverría ex Presidente de la República, habló de su forma de entender el Sionismo, y de lo mal que este le caía,de aquella experiencia solo se aprendió que los descendientes de Israel son muy unidos para eso de defenderse.- Balazo al aire.- regresando al asunto de Félix Salgado, Alcalde de Acapulco, resulta que ahora. quiere ser el próximo Gobernador de Guerrero. Así lo hizo saber hace solo unas 20 horas- punto del aplauso.- Bush ya habla de la 3era guerra mundial
“Iniciativa Mérida” o como hacer efectiva la violación a la soberanía nacional
Lorena Aguilar Aguilar
Le han cambiando el nombre, ya no será “Plan México” ahora se llamará “Iniciativa Mérida”, en alusión a los compromisos adquiridos ante Estados Unidos en marzo pasado en Yucatán, por parte del presidente de México para el combate al narcotráfico.
El trasfondo es el mismo, lo que se pretende es hacer efectivo el intervencionismo militar norteamericano en el territorio mexicano, aunque dichos militares vengan disfrazados de civiles.
No sería la primera vez que se de esta violación a la soberanía nacional, basta con recordar la última visita del presidente Bush a nuestro país para darnos cuenta que se trata de una práctica que ya se venía dando. La única diferencia es que ahora el gobierno de ambos países tratan de darle una justificación a esta práctica.
Bajo el pretexto del combate al narcotráfico y la lucha contra el terrorismo, el gobierno calderonista hace evidente la sumisión hacia los patrones de Estados Unidos, de una manera tan abierta que hasta la propia cámara de diputados ha mostrado su descontento por la poca claridad de los contenidos de dichos acuerdos.
Lo preocupante de estos acuerdos de “colaboración”, es lo mucho que recuerdan al denominado “Plan Colombia”, el cual en muchos aspectos ha sido un rotundo fracaso y además ha costado muchas vidas en el país sudamericano. El tráfico de drogas ha ido en aumento a pesar de dicho plan, ya que el problema de fondo no ha sido atacado, es decir, Estados Unidos no ha logrado disminuir los altos índices de consumo de narcóticos entre su población, y obviamente mientras exista una demanda habrá una fuerte oferta.
Desde que se inició con el “Plan Colombia” lo único que se ha visto es un incremento en los niveles de violencia y represión en la zona, además de que el desarrollo económico y social colombiano se ha visto afectado, esto debido a la gran cantidad de recursos que se destinan a la milicia y a las corporaciones policiacas en detrimento de otros rubros.
A esto es necesario agregar que los derechos humanos prácticamente no existen. La tortura, la masacre y demás violaciones efectuadas por parte del aparato estatal se han vuelto un tópico cotidiano en muchos poblados colombianos.
El verdadero objetivo de estos planes o acuerdos de sumisión es el de garantizar la hegemonía y el dominio militar de Estados Unidos sobre América Latina, esto con el entreguismo total de gobernantes peleles como Felipe Calderón en el caso de México, quien permite que la violación a la soberanía nacional sea cada vez mayor.
Viendo cuales han sido los resultados en Colombia el panorama a futuro para México no es muy prometedor, sobre todo por que aun no se ha aclarado si la supuesta lucha contra el narcotráfico y terrorismo que se pretende con la “Iniciativa Mérida” se extenderá hacia los grupos guerrilleros del país, probablemente sea así, con lo cual se puede esperar una fuerte resistencia en dichos grupos, muchos de los cuales cuentan con el respaldo del pueblo, asi que ya se puede ver quienes serán las víctimas de la intervención militar de Estados Unidos nuestro país.
Le han cambiando el nombre, ya no será “Plan México” ahora se llamará “Iniciativa Mérida”, en alusión a los compromisos adquiridos ante Estados Unidos en marzo pasado en Yucatán, por parte del presidente de México para el combate al narcotráfico.
El trasfondo es el mismo, lo que se pretende es hacer efectivo el intervencionismo militar norteamericano en el territorio mexicano, aunque dichos militares vengan disfrazados de civiles.
No sería la primera vez que se de esta violación a la soberanía nacional, basta con recordar la última visita del presidente Bush a nuestro país para darnos cuenta que se trata de una práctica que ya se venía dando. La única diferencia es que ahora el gobierno de ambos países tratan de darle una justificación a esta práctica.
Bajo el pretexto del combate al narcotráfico y la lucha contra el terrorismo, el gobierno calderonista hace evidente la sumisión hacia los patrones de Estados Unidos, de una manera tan abierta que hasta la propia cámara de diputados ha mostrado su descontento por la poca claridad de los contenidos de dichos acuerdos.
Lo preocupante de estos acuerdos de “colaboración”, es lo mucho que recuerdan al denominado “Plan Colombia”, el cual en muchos aspectos ha sido un rotundo fracaso y además ha costado muchas vidas en el país sudamericano. El tráfico de drogas ha ido en aumento a pesar de dicho plan, ya que el problema de fondo no ha sido atacado, es decir, Estados Unidos no ha logrado disminuir los altos índices de consumo de narcóticos entre su población, y obviamente mientras exista una demanda habrá una fuerte oferta.
Desde que se inició con el “Plan Colombia” lo único que se ha visto es un incremento en los niveles de violencia y represión en la zona, además de que el desarrollo económico y social colombiano se ha visto afectado, esto debido a la gran cantidad de recursos que se destinan a la milicia y a las corporaciones policiacas en detrimento de otros rubros.
A esto es necesario agregar que los derechos humanos prácticamente no existen. La tortura, la masacre y demás violaciones efectuadas por parte del aparato estatal se han vuelto un tópico cotidiano en muchos poblados colombianos.
El verdadero objetivo de estos planes o acuerdos de sumisión es el de garantizar la hegemonía y el dominio militar de Estados Unidos sobre América Latina, esto con el entreguismo total de gobernantes peleles como Felipe Calderón en el caso de México, quien permite que la violación a la soberanía nacional sea cada vez mayor.
Viendo cuales han sido los resultados en Colombia el panorama a futuro para México no es muy prometedor, sobre todo por que aun no se ha aclarado si la supuesta lucha contra el narcotráfico y terrorismo que se pretende con la “Iniciativa Mérida” se extenderá hacia los grupos guerrilleros del país, probablemente sea así, con lo cual se puede esperar una fuerte resistencia en dichos grupos, muchos de los cuales cuentan con el respaldo del pueblo, asi que ya se puede ver quienes serán las víctimas de la intervención militar de Estados Unidos nuestro país.
Defiende Tatiana Clouthier libertad de expresión en México
El Reportero/ PH
En la cuarta conferencia del VII Foro Sonora Siglo XII, Tatiana Clouthier Carrillo, hija del extinto ex candidato presidencial Manuel J. Clouthier, “El Maquío”, defendió la libertad de expresión en México.
Ella, como originaria de un estado conflictivo y de antecedentes delictivos como Sinaloa, recordó cómo influyó estas situaciones para crear un libro que platicara un poco de la historia de su padre.
Tatiana Clouthier escribió una biografía de su padre (Grijalbo, 2007), un sinaloense exitoso y líder empresarial que, tras la nacionalización de la banca en 1982, decidió participar en la política para acabar con el sistema impuesto por el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó sin interrupción de 1929 a 2000.
“El valor más grande de este hombre: Manuel J. Clouthier, que nos dejó en nuestra familia es la congruencia de lo que hacemos y dejamos de hacer”, abundó Tatiana Clouthier.
Mencionó el caso del periodista desaparecido de ELIMPARCIAL, José Alfredo Jiménez Mota, quien es producto de la falta de libertad de expresión que aún existe en el País y el problema del narcotráfico.
Sobre las dificultades que tuvo su padre para poder comunicar su propuesta política y social, recordó de los complots orquestados por el partido opositor y que logró superarlos con el apoyo de la sociedad.
“¿Qué pasaría si un medio de comunicación comunicará otra versión de las cosas?”, ejemplificó, al referirse de cómo los ciudadanos pueden cambiar a México.
Las campañas de Manuel Clou-thier (1934-1989), primero por el gobierno de Sinaloa, y más tarde por la Presidencia de la República, fueron el incentivo para que varios empresarios, entre ellos Fox Quesada, participaran activamente en la política.
En su libro, Tatiana afirma que su padre, fallecido en un accidente de tráfico el 1 de octubre de 1989, fue un empresario que, entre otros personajes, admiraba al guerrillero Ernesto “Che” Guevara y creó una unidad de producción agrícola que benefició a sus trabajadores.
En la cuarta conferencia del VII Foro Sonora Siglo XII, Tatiana Clouthier Carrillo, hija del extinto ex candidato presidencial Manuel J. Clouthier, “El Maquío”, defendió la libertad de expresión en México.
Ella, como originaria de un estado conflictivo y de antecedentes delictivos como Sinaloa, recordó cómo influyó estas situaciones para crear un libro que platicara un poco de la historia de su padre.
Tatiana Clouthier escribió una biografía de su padre (Grijalbo, 2007), un sinaloense exitoso y líder empresarial que, tras la nacionalización de la banca en 1982, decidió participar en la política para acabar con el sistema impuesto por el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó sin interrupción de 1929 a 2000.
“El valor más grande de este hombre: Manuel J. Clouthier, que nos dejó en nuestra familia es la congruencia de lo que hacemos y dejamos de hacer”, abundó Tatiana Clouthier.
Mencionó el caso del periodista desaparecido de ELIMPARCIAL, José Alfredo Jiménez Mota, quien es producto de la falta de libertad de expresión que aún existe en el País y el problema del narcotráfico.
Sobre las dificultades que tuvo su padre para poder comunicar su propuesta política y social, recordó de los complots orquestados por el partido opositor y que logró superarlos con el apoyo de la sociedad.
“¿Qué pasaría si un medio de comunicación comunicará otra versión de las cosas?”, ejemplificó, al referirse de cómo los ciudadanos pueden cambiar a México.
Las campañas de Manuel Clou-thier (1934-1989), primero por el gobierno de Sinaloa, y más tarde por la Presidencia de la República, fueron el incentivo para que varios empresarios, entre ellos Fox Quesada, participaran activamente en la política.
En su libro, Tatiana afirma que su padre, fallecido en un accidente de tráfico el 1 de octubre de 1989, fue un empresario que, entre otros personajes, admiraba al guerrillero Ernesto “Che” Guevara y creó una unidad de producción agrícola que benefició a sus trabajadores.
La SIP y su actitud “hostil”
Franklin Falconí*
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es otra de las organizaciones al servicio de los grupos de poder y el imperialismo; basta recordar que fue creada por la CIA. ¡Vaya rectora de la libertad de expresión y la democracia!
Si hay algo que se ha comenzado a recuperar en los últimos años en América Latina, y en el Ecuador en particular, es la libertad de expresión. El que organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) adviertan de lo contrario, no hace sino confirmar esta realidad. Según este gremio de dueños de medios de comunicación del continente, que es una punta de lanza del imperialismo en materia de opinión pública, en Ecuador existe una actitud “hostil” por parte del Presidente de la República hacia los medios de comunicación y periodistas. En el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, presentado en la 63 Asamblea General de esta organización, que se desarrolló en la ciudad estadounidense de Miami, esta entidad General de la SIP victimiza a ciertas empresas mediáticas y periodistas del país, que hacen parte de una campaña constante de desprestigio al actual gobierno, y que se han alineado de manera evidente con la derecha, los banqueros y los grandes empresarios evasores de impuestos.
Esta pseudo organización periodística internacional –en sus reuniones no participa ni un solo periodista-, formada en el año de 1943 por los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, junto con el agente del Departamento de Estado Norteamericano, Tom Wallace, hace pronunciamientos que buscan generar un espíritu de cuerpo entre los periodistas del continente, para que se involucren en su lógica de infundir miedo a la población sobre los supuestos riesgos de seguir apoyando a proyectos políticos como el de los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.
Actualmente su trabajo es más intenso, precisamente debido a la presencia de estos gobiernos, que han propiciado una democratización de sus países, permitiendo o promoviendo procesos alternativos de comunicación, fundando democracias con criterio participativo y no únicamente representativo, gobiernos que se han propuesto recuperar soberanía y hacer su propia política, su propio manejo económico, de manera independiente de los organismos internacionales que siempre han actuado como los capataces del imperialismo en la región.
Se ha comenzado a recuperar la palabra, la imagen, la cultura y la acción propia de los pueblos. Aún es insuficiente, pero lo hasta ahora logrado basta y sobra para poner en alerta constante a organismos como la SIP, del cual hacen parte medios de comunicación como el diario El Comercio, El Universo, Diario Hoy, y el Expreso, los mismos que bajo el membrete de Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), se han constituido en la oposición política más radical al régimen, mostrando su verdadero rostro, oculto desde hace muchos años bajo el disfraz de la supuesta independencia e imparcialidad.
La tarea de imponer agendas noticiosas se ha visto afectada para estos propietarios de la opinión pública, que apenas buscan armar oposición y crítica destructiva a cada nueva acción, aparece otra que los toma por sorpresa y les impide estructurar un discurso coherente de oposición. Si ayer se vieron avocados a tratar sobre el Decreto Ejecutivo que establece que el Estado se quedará con el 99% de los ingresos extraordinarios por la venta del petróleo, hoy tienen que referirse a la decisión del Presidente de imponer un impuesto a la salida de los capitales. Mañana tendrán que hablar de la acción del Servicio de Rentas Internas, que ha anunciado coacción y clausuras a grandes empresarios. O tendrán que regresar la mirada a las telecomunicaciones, donde una de las empresas más grandes de telefonía celular es sancionada por excederse en el cobro de sus tarifas.
El Gobierno hace bien al no permitir respiro a la oposición. Después de los resultados electorales para la Asamblea, la legitimidad ganada le permite poner en escena estos y otros temas más delicados, y salir victorioso en la disputa. Es el escenario propicio para que el régimen vaya haciendo efectivo su ofrecimiento de transformar la Patria, y sin necesidad de esperar solamente a que la Asamblea Constituyente se instale. El que sea un espacio importante para darle la vuelta al esquema neoliberal planteado en todos estos años no significa que sea el único instrumento y el final de la acción de la corriente del cambio.
La vigencia de la libertad de expresión hay que verla, entonces, no solo en las zancadillas que puedan dar los grandes medios de comunicación a las acciones gubernamentales, sino también en las expresiones de apoyo que los ecuatorianos están demostrando a las acciones del Gobierno, a su participación en la política y su decidido empeño por construir una Patria Nueva.
Franklin Falconí
Editor general del quincenario ecuatoriano Opción
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es otra de las organizaciones al servicio de los grupos de poder y el imperialismo; basta recordar que fue creada por la CIA. ¡Vaya rectora de la libertad de expresión y la democracia!
Si hay algo que se ha comenzado a recuperar en los últimos años en América Latina, y en el Ecuador en particular, es la libertad de expresión. El que organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) adviertan de lo contrario, no hace sino confirmar esta realidad. Según este gremio de dueños de medios de comunicación del continente, que es una punta de lanza del imperialismo en materia de opinión pública, en Ecuador existe una actitud “hostil” por parte del Presidente de la República hacia los medios de comunicación y periodistas. En el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, presentado en la 63 Asamblea General de esta organización, que se desarrolló en la ciudad estadounidense de Miami, esta entidad General de la SIP victimiza a ciertas empresas mediáticas y periodistas del país, que hacen parte de una campaña constante de desprestigio al actual gobierno, y que se han alineado de manera evidente con la derecha, los banqueros y los grandes empresarios evasores de impuestos.
Esta pseudo organización periodística internacional –en sus reuniones no participa ni un solo periodista-, formada en el año de 1943 por los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, junto con el agente del Departamento de Estado Norteamericano, Tom Wallace, hace pronunciamientos que buscan generar un espíritu de cuerpo entre los periodistas del continente, para que se involucren en su lógica de infundir miedo a la población sobre los supuestos riesgos de seguir apoyando a proyectos políticos como el de los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa.
Actualmente su trabajo es más intenso, precisamente debido a la presencia de estos gobiernos, que han propiciado una democratización de sus países, permitiendo o promoviendo procesos alternativos de comunicación, fundando democracias con criterio participativo y no únicamente representativo, gobiernos que se han propuesto recuperar soberanía y hacer su propia política, su propio manejo económico, de manera independiente de los organismos internacionales que siempre han actuado como los capataces del imperialismo en la región.
Se ha comenzado a recuperar la palabra, la imagen, la cultura y la acción propia de los pueblos. Aún es insuficiente, pero lo hasta ahora logrado basta y sobra para poner en alerta constante a organismos como la SIP, del cual hacen parte medios de comunicación como el diario El Comercio, El Universo, Diario Hoy, y el Expreso, los mismos que bajo el membrete de Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), se han constituido en la oposición política más radical al régimen, mostrando su verdadero rostro, oculto desde hace muchos años bajo el disfraz de la supuesta independencia e imparcialidad.
La tarea de imponer agendas noticiosas se ha visto afectada para estos propietarios de la opinión pública, que apenas buscan armar oposición y crítica destructiva a cada nueva acción, aparece otra que los toma por sorpresa y les impide estructurar un discurso coherente de oposición. Si ayer se vieron avocados a tratar sobre el Decreto Ejecutivo que establece que el Estado se quedará con el 99% de los ingresos extraordinarios por la venta del petróleo, hoy tienen que referirse a la decisión del Presidente de imponer un impuesto a la salida de los capitales. Mañana tendrán que hablar de la acción del Servicio de Rentas Internas, que ha anunciado coacción y clausuras a grandes empresarios. O tendrán que regresar la mirada a las telecomunicaciones, donde una de las empresas más grandes de telefonía celular es sancionada por excederse en el cobro de sus tarifas.
El Gobierno hace bien al no permitir respiro a la oposición. Después de los resultados electorales para la Asamblea, la legitimidad ganada le permite poner en escena estos y otros temas más delicados, y salir victorioso en la disputa. Es el escenario propicio para que el régimen vaya haciendo efectivo su ofrecimiento de transformar la Patria, y sin necesidad de esperar solamente a que la Asamblea Constituyente se instale. El que sea un espacio importante para darle la vuelta al esquema neoliberal planteado en todos estos años no significa que sea el único instrumento y el final de la acción de la corriente del cambio.
La vigencia de la libertad de expresión hay que verla, entonces, no solo en las zancadillas que puedan dar los grandes medios de comunicación a las acciones gubernamentales, sino también en las expresiones de apoyo que los ecuatorianos están demostrando a las acciones del Gobierno, a su participación en la política y su decidido empeño por construir una Patria Nueva.
Franklin Falconí
Editor general del quincenario ecuatoriano Opción
Recorrerá López Obrador 22 municipios de Puebla
Andrés Manuel López Obrador, realizará la penúltima gira de trabajo del año por Puebla, donde convivirá con habitantes de 22 municipios.
Este jueves, 25 de octubre, López Obrador visitará Chicontla, municipio de Jopala, las alcaldías de Tepango de Rodríguez, Camocuautla y Zapotitlán, informó la página de internet del político.
Mañana viernes, AMLO visitará las comunidades de Bienvenido de Hermenegildo de Galeana, San Felipe Tepatlán, Amixtlán, Coatepec, Olintla y Huetlalpan.
El sábado 27 octubre, el político tiene contemplado recorrer los municipios de Huehuetla, Caxhuacan, Tuzamapán de Galeana, Jonotla, Zoquiapan y Cuetzalan del Progreso.
El domingo, López Obrador recorrerá los municipios de Atlequizayan, Ixtepec, Zongozotla, Huitzilan, Xochitlán de Romero Rubio y Nauzontla.
Este jueves, 25 de octubre, López Obrador visitará Chicontla, municipio de Jopala, las alcaldías de Tepango de Rodríguez, Camocuautla y Zapotitlán, informó la página de internet del político.
Mañana viernes, AMLO visitará las comunidades de Bienvenido de Hermenegildo de Galeana, San Felipe Tepatlán, Amixtlán, Coatepec, Olintla y Huetlalpan.
El sábado 27 octubre, el político tiene contemplado recorrer los municipios de Huehuetla, Caxhuacan, Tuzamapán de Galeana, Jonotla, Zoquiapan y Cuetzalan del Progreso.
El domingo, López Obrador recorrerá los municipios de Atlequizayan, Ixtepec, Zongozotla, Huitzilan, Xochitlán de Romero Rubio y Nauzontla.
Bush no consultó Congreso sobre plan de ayuda México: legislador
WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos,George W. Bush, pidió 1.400 millones de dólares en ayuda a México para combatir el narcotráfico pero no consultó al Congreso en el proceso de elaboración del plan, dijo el jueves un influyente legislador demócrata.
El reclamo viene del presidente de la subcomisión que se ocupa de América Latina en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, quien promovió una audiencia sobre la llamada "Iniciativa de Mérida."
"Yo voy a revisar la propuesta (de Bush), pero déjenme ser claro desde el principio: el Congreso no fue consultado mientras este plan antinarcóticos estaba siendo formulado," dijo Eliot Engel en un discurso.
"Esta no es la mejor forma de empezar un esfuerzo bilateral tan importante para combatir el narcotráfico y la violencia relacionada a las drogas," agregó.
Por eso, los legisladores tendrán que analizar el plan que prevé ayuda financiera en cooperación antidrogas en los próximos tres años "en cada detalle," señaló.
Engel señaló que el 90 por ciento de las drogas que entran a Estados Unidos pasan por México y que la violencia entre carteles dejó unos 4.000 muertos en los dos últimos años.
Pese a esto, afirmó que tan importante como disminuir la droga que entra a Estados Unidos es aumentar la ayuda y la seguridad en las comunidades fronterizas.
Engel cuestionó los resultados del plan de más de 4.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico en Colombia desde el 2000, afirmando que ayudó a disminuir la violencia en el país andino pero no la entrada de cocaína a Estados Unidos.
"Espero que hayamos entendido que estratégias para buscar combatir las drogas sólo del lado de la oferta no funcionan," dijo.
Engel recordó que los carteles de narcotraficantes de Colombia dieron lugar a los de México, y que los criminales seguramente encontrarían otras rutas, posiblemente a través depaíses pobres del Caribe como Haití para transportar la droga a Estados Unidos si México dejara de ser una opción.
"Si somos serios sobre sacar las drogas de las calles y de las manos de nuestros niños, creo que tenemos que crear una estrategia nacional de reducción en la demanda por drogas para complementar nuestros esfuerzos en el lado de la demanda," dijo el legislador.
Pese a eso, Engel afirmó que apoyaba el plan de ayuda elaborado entre los Gobiernos estadounidense y mexicano, divulgado esta semana.
El reclamo viene del presidente de la subcomisión que se ocupa de América Latina en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, quien promovió una audiencia sobre la llamada "Iniciativa de Mérida."
"Yo voy a revisar la propuesta (de Bush), pero déjenme ser claro desde el principio: el Congreso no fue consultado mientras este plan antinarcóticos estaba siendo formulado," dijo Eliot Engel en un discurso.
"Esta no es la mejor forma de empezar un esfuerzo bilateral tan importante para combatir el narcotráfico y la violencia relacionada a las drogas," agregó.
Por eso, los legisladores tendrán que analizar el plan que prevé ayuda financiera en cooperación antidrogas en los próximos tres años "en cada detalle," señaló.
Engel señaló que el 90 por ciento de las drogas que entran a Estados Unidos pasan por México y que la violencia entre carteles dejó unos 4.000 muertos en los dos últimos años.
Pese a esto, afirmó que tan importante como disminuir la droga que entra a Estados Unidos es aumentar la ayuda y la seguridad en las comunidades fronterizas.
Engel cuestionó los resultados del plan de más de 4.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico en Colombia desde el 2000, afirmando que ayudó a disminuir la violencia en el país andino pero no la entrada de cocaína a Estados Unidos.
"Espero que hayamos entendido que estratégias para buscar combatir las drogas sólo del lado de la oferta no funcionan," dijo.
Engel recordó que los carteles de narcotraficantes de Colombia dieron lugar a los de México, y que los criminales seguramente encontrarían otras rutas, posiblemente a través depaíses pobres del Caribe como Haití para transportar la droga a Estados Unidos si México dejara de ser una opción.
"Si somos serios sobre sacar las drogas de las calles y de las manos de nuestros niños, creo que tenemos que crear una estrategia nacional de reducción en la demanda por drogas para complementar nuestros esfuerzos en el lado de la demanda," dijo el legislador.
Pese a eso, Engel afirmó que apoyaba el plan de ayuda elaborado entre los Gobiernos estadounidense y mexicano, divulgado esta semana.
AAA Se vende país. Barato
Gerardo Fernández Casanova
Parece que el régimen fraudulento está urgido por rematar al país. Sólo falta que lo anuncien en el aviso de ocasión de los diarios: “AAA Por liquidación se remata país barato, urge. Interesados diríjanse a la oficina matriz en Washington o a la sucursal en Los Pinos, atención esmerada”. Veamos por qué:
1.- El Interventor en Jefe del FMI en el gobierno de México, Agustín Carstens, firmó la solicitud de adhesión al Convenio Multilateral de Garantías a la Inversión, que es un seguro para proteger a los empresarios contra siniestros tales como: terrorismo, expropiación, incumplimiento de privatizaciones, reducción de utilidades por actos de gobiernos, entre otros. Muy orondo, el robusto funcionario informó que, mediante este mecanismo, quedan protegidas las inversiones de empresas mexicanas en el extranjero, por aquello de la espada de Bolívar que recorre la América Latina. Según esto, la salida de capitales que debieran invertirse en el país, dadas nuestras carencias, no sólo no se impide sino que se les facilita. Muy de soslayo, Carstens comentó que dicho seguro opera también en protección de las inversiones extranjeras en México. Conforme a esto, si Fox y Calderón han prometido la privatización energética y no la cumplen, se tendrá que cubrir el seguro a los incautos que se lo creyeron. Ciertamente, no es más que un nuevo adorno a la envoltura del país en venta.
2.- A poco más de 60 días para que se cumpla el plazo fatal para la total desgravación y la libre importación de maíz y frijol, previstas en el TLC, la única respuesta oficial a las demandas para impedirlo, es la recomendación de aumentar la competitividad; el gobierno de facto se lava las manos con el argumento de que cumplió el compromiso de solicitar la renegociación a sus socios del tratado, quienes se manifestaron en desacuerdo y punto. La alimentación de los mexicanos queda controlada por las grandes transnacionales gringas al precio que se les antoje. El campo abandonado y los campesinos pelando rábanos como mano de obra migrante. Se vende al país y de pilón se regala mano de obra. Sin maíz no hay país.
3.- Bush y Calderón (entre espurios te veas) madrugaron este lunes para conversar por teléfono, no sé si para rematar una juerga dominguera o para forzar un lunes de resaca, el caso es que se pusieron de acuerdo para destapar simultáneamente el misterioso Plan México, encubierto bajo el elegante nombre de Iniciativa de Mérida, mediante el cual Bush gestionará en su Congreso un apoyo a México por 500 mdd, en armamento sofisticado y tecnología para combatir al narcotráfico y al terrorismo. Por su parte, Calderón hará lo propio por un monto de 7 mil mdd. ¡Vaya negocio! Con unos mugrosos 500 mdd, que no son nada, los yanquis logran su dos veces centenario objetivo de operar militarmente en suelo mexicano. El pelele se desgarra las vestiduras advirtiendo que la soberanía nacional está intacta; que sólo se trata de equipo especializado y la correspondiente asistencia técnica. Así le dijeron a Colombia y hoy están prácticamente invadidos. Así le dijeron a la hermana de mi compadre: la puntita nada más y la llenaron de hijos.
Por lo que hace al narcotráfico, no es más que una inmunda patraña. En el año que lleva el ejército combatiéndolo sólo se han producido atropellos a la población. Mucho más tiempo lleva este mecanismo en Colombia sin que cese el flujo de narcóticos al mercado. A la Casa Blanca le interesa controlar el narcotráfico, que no eliminarlo; se armaría una revolución si al american way of life le cortaran el suministro; se trata únicamente de mantener los precios dentro de márgenes convenientes, ni tan caro que provoque protestas, ni tan barato que dispare su consumo brutalmente. Por lo que toca a México, no puede eliminarse el ingreso de cerca de 15 mil mdd, casi como las remesas de los migrantes, lo que provocaría un serio problema a las finanzas públicas. Lo anterior sin considerar la participación en el negocio.
El combate al terrorismo es la verdadera razón de la famosa iniciativa. El terrorismo entendido a su manera, o sea como toda muestra de inconformidad social hacia el gobierno establecido. Los atentados del EPR contra instalaciones de PEMEX han servido de argumento, de ahí mi duda respecto de su autenticidad. Ya no es solamente la CIA la que, por debajo de cuerda opera en el país, sino que, ahora, interviene el Pentágono y lo hace a la luz pública. En efecto, la soberanía quedó tan intacta, como la hermana de mi compadre que ya comenté.
Negar que todo lo antes expuesto es entregar al país, no es más que una mentira. Los neoliberales han venido regalando los recursos y las esperanzas de bienestar de los mexicanos. Calderón lo está haciendo con singular alegría. Vamos a ver de qué están hechos los legisladores, diputados y senadores, que deberán cancelar la llamada Iniciativa de Mérida.
Parece que el régimen fraudulento está urgido por rematar al país. Sólo falta que lo anuncien en el aviso de ocasión de los diarios: “AAA Por liquidación se remata país barato, urge. Interesados diríjanse a la oficina matriz en Washington o a la sucursal en Los Pinos, atención esmerada”. Veamos por qué:
1.- El Interventor en Jefe del FMI en el gobierno de México, Agustín Carstens, firmó la solicitud de adhesión al Convenio Multilateral de Garantías a la Inversión, que es un seguro para proteger a los empresarios contra siniestros tales como: terrorismo, expropiación, incumplimiento de privatizaciones, reducción de utilidades por actos de gobiernos, entre otros. Muy orondo, el robusto funcionario informó que, mediante este mecanismo, quedan protegidas las inversiones de empresas mexicanas en el extranjero, por aquello de la espada de Bolívar que recorre la América Latina. Según esto, la salida de capitales que debieran invertirse en el país, dadas nuestras carencias, no sólo no se impide sino que se les facilita. Muy de soslayo, Carstens comentó que dicho seguro opera también en protección de las inversiones extranjeras en México. Conforme a esto, si Fox y Calderón han prometido la privatización energética y no la cumplen, se tendrá que cubrir el seguro a los incautos que se lo creyeron. Ciertamente, no es más que un nuevo adorno a la envoltura del país en venta.
2.- A poco más de 60 días para que se cumpla el plazo fatal para la total desgravación y la libre importación de maíz y frijol, previstas en el TLC, la única respuesta oficial a las demandas para impedirlo, es la recomendación de aumentar la competitividad; el gobierno de facto se lava las manos con el argumento de que cumplió el compromiso de solicitar la renegociación a sus socios del tratado, quienes se manifestaron en desacuerdo y punto. La alimentación de los mexicanos queda controlada por las grandes transnacionales gringas al precio que se les antoje. El campo abandonado y los campesinos pelando rábanos como mano de obra migrante. Se vende al país y de pilón se regala mano de obra. Sin maíz no hay país.
3.- Bush y Calderón (entre espurios te veas) madrugaron este lunes para conversar por teléfono, no sé si para rematar una juerga dominguera o para forzar un lunes de resaca, el caso es que se pusieron de acuerdo para destapar simultáneamente el misterioso Plan México, encubierto bajo el elegante nombre de Iniciativa de Mérida, mediante el cual Bush gestionará en su Congreso un apoyo a México por 500 mdd, en armamento sofisticado y tecnología para combatir al narcotráfico y al terrorismo. Por su parte, Calderón hará lo propio por un monto de 7 mil mdd. ¡Vaya negocio! Con unos mugrosos 500 mdd, que no son nada, los yanquis logran su dos veces centenario objetivo de operar militarmente en suelo mexicano. El pelele se desgarra las vestiduras advirtiendo que la soberanía nacional está intacta; que sólo se trata de equipo especializado y la correspondiente asistencia técnica. Así le dijeron a Colombia y hoy están prácticamente invadidos. Así le dijeron a la hermana de mi compadre: la puntita nada más y la llenaron de hijos.
Por lo que hace al narcotráfico, no es más que una inmunda patraña. En el año que lleva el ejército combatiéndolo sólo se han producido atropellos a la población. Mucho más tiempo lleva este mecanismo en Colombia sin que cese el flujo de narcóticos al mercado. A la Casa Blanca le interesa controlar el narcotráfico, que no eliminarlo; se armaría una revolución si al american way of life le cortaran el suministro; se trata únicamente de mantener los precios dentro de márgenes convenientes, ni tan caro que provoque protestas, ni tan barato que dispare su consumo brutalmente. Por lo que toca a México, no puede eliminarse el ingreso de cerca de 15 mil mdd, casi como las remesas de los migrantes, lo que provocaría un serio problema a las finanzas públicas. Lo anterior sin considerar la participación en el negocio.
El combate al terrorismo es la verdadera razón de la famosa iniciativa. El terrorismo entendido a su manera, o sea como toda muestra de inconformidad social hacia el gobierno establecido. Los atentados del EPR contra instalaciones de PEMEX han servido de argumento, de ahí mi duda respecto de su autenticidad. Ya no es solamente la CIA la que, por debajo de cuerda opera en el país, sino que, ahora, interviene el Pentágono y lo hace a la luz pública. En efecto, la soberanía quedó tan intacta, como la hermana de mi compadre que ya comenté.
Negar que todo lo antes expuesto es entregar al país, no es más que una mentira. Los neoliberales han venido regalando los recursos y las esperanzas de bienestar de los mexicanos. Calderón lo está haciendo con singular alegría. Vamos a ver de qué están hechos los legisladores, diputados y senadores, que deberán cancelar la llamada Iniciativa de Mérida.
Plan Mérida: "poca transparencia"
Lourdes Heredia
BBC Mundo, Washington
Varios miembros del Congreso de EE.UU., órgano que tiene la palabra final sobre la "Iniciativa Mérida", se quejaron este jueves por la poca transparencia de la administración Bush en la planificación del proyecto.
El plan otorgará a México US$1.400 millones para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
"Esta no es la mejor manera de empezar un esfuerzo bilateral tan importante para combatir el narcotráfico y la violencia que produce en México", se quejó Eliot Engel, presidente del Comité para América Latina de la Cámara de Representantes, durante la primera audiencia sobre el tema.
"Esta manera de actuar no es buena y puede retrasar la aprobación de esta propuesta concreta", advirtió por su parte el también demócrata William Delahunt.
El lunes, dentro de la ley de gastos suplementarios para la guerra en Irak y Afganistán, el presidente George W. Bush pidió al Congreso US$500 millones para apoyar los esfuerzos de México en su lucha "para quebrar los carteles de droga y luchando contra el crimen organizado y el tráfico de personas".
Buen paso
Incluso un congresista republicano (el mismo partido de Bush) admitió que el gobierno no lo consultó para la elaboración del plan: "Me llaman todos los días, pero no lo hicieron para hablar sobre este tema".
Este legislador republicano admitió, al ser presionado por un colega demócrata, que ambos partidos "deberían haber recibido más información".
Pese a todo, la mayoría de los legisladores opinaron que la iniciativa era un buen paso en la lucha contra un problema común.
Por ejemplo, en la audiencia se presentó un informe de la Oficina de Responsabilidad de Gobierno del Congreso (GAO), donde se especifica que la cocaína que se produce en los países andinos, especialmente en Colombia, entra a los EEUU a través de México.
"Esta es una nueva era de las relaciones bilaterales, donde ojalá los países puedan dejar de acusarse mutuamente, para trabajar en conjunto y de manera productiva", señaló Burton.
Por su parte, Henry Cuellar, congresista demócrata por Texas, enfatizó que la "iniciativa Mérida", era un buen paso.
Ayuda, pero útil
Engel enfatizó que el plan es muy importante para los EEUU, que son, al fin y al cabo, "responsables de gran parte de la violencia en México y a lo largo de frontera méxico-estadounidense".
Engel, sin embargo, también afirmó que con esta nueva iniciativa se podrían evitar los errores que se cometieron en el "Plan Colombia", el paquete de ayuda al país sudamericano que se autorizó en el 2000.
Los funcionarios de la administración Bush han explicado que la iniciativa Mérida es un plan distinto al Plan Colombia, y que en ella se incluye sobre todo ayuda material como helicópteros militares, tecnología de punta, perros, y radares, además de capacitación y entrenamiento.
En este sentido, el ex embajador de EE.UU. en México entre 1993 y 1997, James Jones, pidió que "esta vez por favor manden equipos que funcionen", al recordar en su testimonio que durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, EEUU "mandó helicópteros que en su mayoría no servían y se desarmaron para utilizarlos como repuestos".
BBC Mundo, Washington
Varios miembros del Congreso de EE.UU., órgano que tiene la palabra final sobre la "Iniciativa Mérida", se quejaron este jueves por la poca transparencia de la administración Bush en la planificación del proyecto.
El plan otorgará a México US$1.400 millones para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
"Esta no es la mejor manera de empezar un esfuerzo bilateral tan importante para combatir el narcotráfico y la violencia que produce en México", se quejó Eliot Engel, presidente del Comité para América Latina de la Cámara de Representantes, durante la primera audiencia sobre el tema.
"Esta manera de actuar no es buena y puede retrasar la aprobación de esta propuesta concreta", advirtió por su parte el también demócrata William Delahunt.
El lunes, dentro de la ley de gastos suplementarios para la guerra en Irak y Afganistán, el presidente George W. Bush pidió al Congreso US$500 millones para apoyar los esfuerzos de México en su lucha "para quebrar los carteles de droga y luchando contra el crimen organizado y el tráfico de personas".
Buen paso
Incluso un congresista republicano (el mismo partido de Bush) admitió que el gobierno no lo consultó para la elaboración del plan: "Me llaman todos los días, pero no lo hicieron para hablar sobre este tema".
Este legislador republicano admitió, al ser presionado por un colega demócrata, que ambos partidos "deberían haber recibido más información".
Pese a todo, la mayoría de los legisladores opinaron que la iniciativa era un buen paso en la lucha contra un problema común.
Por ejemplo, en la audiencia se presentó un informe de la Oficina de Responsabilidad de Gobierno del Congreso (GAO), donde se especifica que la cocaína que se produce en los países andinos, especialmente en Colombia, entra a los EEUU a través de México.
"Esta es una nueva era de las relaciones bilaterales, donde ojalá los países puedan dejar de acusarse mutuamente, para trabajar en conjunto y de manera productiva", señaló Burton.
Por su parte, Henry Cuellar, congresista demócrata por Texas, enfatizó que la "iniciativa Mérida", era un buen paso.
Ayuda, pero útil
Engel enfatizó que el plan es muy importante para los EEUU, que son, al fin y al cabo, "responsables de gran parte de la violencia en México y a lo largo de frontera méxico-estadounidense".
Engel, sin embargo, también afirmó que con esta nueva iniciativa se podrían evitar los errores que se cometieron en el "Plan Colombia", el paquete de ayuda al país sudamericano que se autorizó en el 2000.
Los funcionarios de la administración Bush han explicado que la iniciativa Mérida es un plan distinto al Plan Colombia, y que en ella se incluye sobre todo ayuda material como helicópteros militares, tecnología de punta, perros, y radares, además de capacitación y entrenamiento.
En este sentido, el ex embajador de EE.UU. en México entre 1993 y 1997, James Jones, pidió que "esta vez por favor manden equipos que funcionen", al recordar en su testimonio que durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, EEUU "mandó helicópteros que en su mayoría no servían y se desarmaron para utilizarlos como repuestos".
Caso Blackwater: Renuncia jefe de seguridad del Departamento de Estado de EEUU
TeleSUR _ 25/10/07 - Su dimisión se produce en medio de las críticas a su oficina por la falta de control a las empresas de seguridad privadas que operan en Irak, la más célebre de ellas la estadounidense Blackwater, y que han estado involucradas en asesinatos de civiles iraquíes. Entre tanto, el gobierno iraquí decidió revocar la inmunidad de la que gozaban los mercenarios de estas compañías.
El jefe de seguridad diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Griffin, presentó el miércoles su renuncia, en momentos en que su oficina enfrenta fuertes críticas por la ineficiencia en que ha supervisado a las compañías privadas de seguridad en Irak.
Griffin "presentó una carta de renuncia con fecha de hoy (miércoles)", informó la portavoz del Departamento de Estado Julie Reside, quien indicó además que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aceptó la dimisión.
El ahora ex subsecretario de Estado, no mencionó a Blackwater en su carta de renuncia ni explicó las razones de su dimisión, simplemente dijo que deseaba "asumir nuevos retos", añadió Reside.
La renuncia de Richard Griffin se produce luego de que las firmas de seguridad contratadas por el Departamento de Estado estadounidense para reguardar diplomáticos en Irak, la más célebre de ellas la estadounidense Blackwater, se han visto involucradas en asesinados a sangre fría de civiles iraquíes.
Además su dimisión llega un día después de la publicación del informe de un panel del Departamento de Estado sobre el incidente en el que efectivos de la empresa Blackwater desplegados en Irak matara a 17 civiles iraquíes el pasado 16 de septiembre.
En dicho informe, dirigido por el director de gestión de políticas del Departamento de Estado Patrick Kennedy, se pide un control más efectivo de sobre las firmas de seguridad privadas que brindan protección al personal estadounidense en Irak.
Tras su publicación, el martes, Rice instó a mejorar la labor de las empresas de seguridad estadounidenses en Irak.
Mercenarios ahora sin inmunidad
Poco antes de la dimisión de Griffin, quien estaba desde 2005 a cargo de supervisar precisamente las actividades de empresas como Blackwater, el gobierno de Irak decidió revocar formalmente la inmunidad de la que gozan las compañías de seguridad que operan en el país árabe.
"El gobierno (iraquí) se reunió ayer (martes) y decidió revocar el artículo de la ley aprobada en 2004 por la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, por sus siglas en inglés) que concierne a las compañías de seguridad", anunció el miércoles en un comunicado el vocero oficial, Ali Debbagh.
La ley de la CPA, aprobada por su administrador Paul Bremer tras la invasión estadounidense de marzo 2003, señalaba que "salvo aviso contrario, la Fuerza Multinacional, la Autoridad provisional, las Misiones extranjeras, su personal, sus propiedades y todos los consultores internacionales no podrán ser enjuiciados" en Irak.
Pero ahora, el gobierno de Bagdad, aliado fiel de EEUU, ha creado una nueva ley para regular las actividades de esas compañías de seguridad cuyos mercenarios superan en número a la cantidad de soldados estadounidenses desplegados en Irak.
Según precisó Debbagh, esa nueva ley que estudia implementar el gobierno iraquí será presentada en la próxima reunión del gabinete.
Civiles en la mira
El pasado 16 de septiembre, guardias de Blackwater que protegían un convoy del Departamento de Estado, abrieron fuego contra una multitud en una plaza de Bagdad, con un saldo de 17 personas muertas.
El caso despertó fuertes críticas contra el Departamento de Estado.
El pasado 2 de octubre, el director de Blackwater, Erik Prince, insistió ante una comisión especial del Congreso de EEUU, que investiga con preocupación el caso, en la inocencia de su personal que, según sostuvo, actuó en "defensa propia" cuando un supuesto grupo de insurgentes atacó un convoy diplomático bajo su custodia.
Pero un informe del gobierno iraquí, dado a conocer en un comunicado el pasado 8 de octubre por el portavoz Ali al Dabbagh, reveló que los mercenarios estadounidense no fueron provocados o atacados antes de abrir fuego en una plaza de Bagdad contra los civiles, lo que desmiente versiones de la empresa de que sus funcionarios habían actuado en "defensa propia".
"No existe indicio alguno de que Blackwater haya sido blanco de tiros directos o indirectos. Ni siquiera una piedra fue arrojada contra el convoy" que estaba bajo la custodia de la empresa, señala el comunicado.
A este caso, se suma uno ocurrido tres semanas después cuando dos mujeres iraquíes murieron en Bagdad por disparos de los guardias de un convoy de Unity Ressources Group (URG), una empresa australiana que escolta a organizaciones no gubernamentales estadounidenses que trabajan para ese gobierno.
Otro incidente causó recientemente tres heridos cerca de Kirkuk (norte), cuando un convoy de Erinys, una compañía británica que escolta a ingenieros del ejército estadounidense, abrió fuego contra un coche.
Tras la invasión liderada por Estados Unidos, las compañías privadas de seguridad proliferaron en Irak, al punto de que cuentan en la actualidad con uno de los contingentes extranjeros más numerosos desplegados en el país árabe y que, a diferencia de los militares estadounidenses, habían gozado de inmunidad.
El jefe de seguridad diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, Richard Griffin, presentó el miércoles su renuncia, en momentos en que su oficina enfrenta fuertes críticas por la ineficiencia en que ha supervisado a las compañías privadas de seguridad en Irak.
Griffin "presentó una carta de renuncia con fecha de hoy (miércoles)", informó la portavoz del Departamento de Estado Julie Reside, quien indicó además que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aceptó la dimisión.
El ahora ex subsecretario de Estado, no mencionó a Blackwater en su carta de renuncia ni explicó las razones de su dimisión, simplemente dijo que deseaba "asumir nuevos retos", añadió Reside.
La renuncia de Richard Griffin se produce luego de que las firmas de seguridad contratadas por el Departamento de Estado estadounidense para reguardar diplomáticos en Irak, la más célebre de ellas la estadounidense Blackwater, se han visto involucradas en asesinados a sangre fría de civiles iraquíes.
Además su dimisión llega un día después de la publicación del informe de un panel del Departamento de Estado sobre el incidente en el que efectivos de la empresa Blackwater desplegados en Irak matara a 17 civiles iraquíes el pasado 16 de septiembre.
En dicho informe, dirigido por el director de gestión de políticas del Departamento de Estado Patrick Kennedy, se pide un control más efectivo de sobre las firmas de seguridad privadas que brindan protección al personal estadounidense en Irak.
Tras su publicación, el martes, Rice instó a mejorar la labor de las empresas de seguridad estadounidenses en Irak.
Mercenarios ahora sin inmunidad
Poco antes de la dimisión de Griffin, quien estaba desde 2005 a cargo de supervisar precisamente las actividades de empresas como Blackwater, el gobierno de Irak decidió revocar formalmente la inmunidad de la que gozan las compañías de seguridad que operan en el país árabe.
"El gobierno (iraquí) se reunió ayer (martes) y decidió revocar el artículo de la ley aprobada en 2004 por la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA, por sus siglas en inglés) que concierne a las compañías de seguridad", anunció el miércoles en un comunicado el vocero oficial, Ali Debbagh.
La ley de la CPA, aprobada por su administrador Paul Bremer tras la invasión estadounidense de marzo 2003, señalaba que "salvo aviso contrario, la Fuerza Multinacional, la Autoridad provisional, las Misiones extranjeras, su personal, sus propiedades y todos los consultores internacionales no podrán ser enjuiciados" en Irak.
Pero ahora, el gobierno de Bagdad, aliado fiel de EEUU, ha creado una nueva ley para regular las actividades de esas compañías de seguridad cuyos mercenarios superan en número a la cantidad de soldados estadounidenses desplegados en Irak.
Según precisó Debbagh, esa nueva ley que estudia implementar el gobierno iraquí será presentada en la próxima reunión del gabinete.
Civiles en la mira
El pasado 16 de septiembre, guardias de Blackwater que protegían un convoy del Departamento de Estado, abrieron fuego contra una multitud en una plaza de Bagdad, con un saldo de 17 personas muertas.
El caso despertó fuertes críticas contra el Departamento de Estado.
El pasado 2 de octubre, el director de Blackwater, Erik Prince, insistió ante una comisión especial del Congreso de EEUU, que investiga con preocupación el caso, en la inocencia de su personal que, según sostuvo, actuó en "defensa propia" cuando un supuesto grupo de insurgentes atacó un convoy diplomático bajo su custodia.
Pero un informe del gobierno iraquí, dado a conocer en un comunicado el pasado 8 de octubre por el portavoz Ali al Dabbagh, reveló que los mercenarios estadounidense no fueron provocados o atacados antes de abrir fuego en una plaza de Bagdad contra los civiles, lo que desmiente versiones de la empresa de que sus funcionarios habían actuado en "defensa propia".
"No existe indicio alguno de que Blackwater haya sido blanco de tiros directos o indirectos. Ni siquiera una piedra fue arrojada contra el convoy" que estaba bajo la custodia de la empresa, señala el comunicado.
A este caso, se suma uno ocurrido tres semanas después cuando dos mujeres iraquíes murieron en Bagdad por disparos de los guardias de un convoy de Unity Ressources Group (URG), una empresa australiana que escolta a organizaciones no gubernamentales estadounidenses que trabajan para ese gobierno.
Otro incidente causó recientemente tres heridos cerca de Kirkuk (norte), cuando un convoy de Erinys, una compañía británica que escolta a ingenieros del ejército estadounidense, abrió fuego contra un coche.
Tras la invasión liderada por Estados Unidos, las compañías privadas de seguridad proliferaron en Irak, al punto de que cuentan en la actualidad con uno de los contingentes extranjeros más numerosos desplegados en el país árabe y que, a diferencia de los militares estadounidenses, habían gozado de inmunidad.
Triunfalismo del cardenal
Eduardo Ibarra Aguirre
Muy poco fundamento y mucho de lavado de la imagen pública de Norberto Rivera Carrera, contiene la labor propagandística emprendida desde el 16 de octubre por el aparato de comunicación de la arquidiócesis del Distrito Federal.
Como se recordará, en aquella fecha el juez Elihu M. Berle, determinó que la Corte Superior de California, Estados Unidos, no tiene jurisdicción para procesar al cardenal por presunto encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, pederasta obsesivo, de acuerdo a testimonios periodísticos y ministeriales de varias víctimas y sus familiares.
Se anotaron una victoria parcial los abogados del duranguense que despachó en la diócesis de Tehuacan, Puebla, desde donde envió a Aguilar Rivera para California sin advertirle a su colega angelino Roger Michael Mahoney, sobre los antecedentes y peligrosidad del delincuente que está libre bajo fianza y prófugo de la justicia, porque en esta materia una es la mexicana y otra la estadunidense. California no es Puebla de los Angeles de Mario Marín Torres. El reino de la impunidad para los pederastas del poder político y económico, y sus amigos.
Steven R. Selsberg y Michael Cypers lograron momentáneamente poner a buen resguardo al jefe de la arquidiócesis capitalina, con el empleo de una estrategia basada en tecnicismos que desvincularan absolutamente al originario de La Purísima, Tepehuanes, con el poderosísimo estado, ahora agobiado por las llamas, de la Unión Americana.
El abogado de las víctimas, Michael Finnegan, lo contó así: “Fue muy desafortunado, todo se debió a una serie de tecnicismos legales; ni siquiera tuve oportunidad de hablar sobre los méritos del caso y sobre la complicidad de Rivera al enviar un cura pederasta de México a Estados Unidos”.
Justamente allí se localiza la debilidad mayor de la victoria parcial del arzobispo y sus abogados, porque eludieron las acusaciones y se refugiaron en demostrar la inexistencia del más mínimo vínculo de su cliente con California.
Que el arzobispado y el semanario Desde la fe manipulen la resolución judicial y la presenten como prueba de inocencia de Norberto Rivera, da idea clara de que éste sigue reaccionando como hombre sometido a presión extraordinaria, tal como lo revela la nutrida escolta que lo protege dentro de catedral y a la hora oficiar misa. Agentes policiales que lo cuidan no de los obradoristas y perredistas -como anuncia con escándalo hasta el extremo de declarase amenazado de muerte-, sino de los organismos civiles de católicos en defensa de los derechos humanos que impugnan la excesiva tolerancia -alcahuetería le llaman en mi pueblo- de la jerarquía mexicana y del Vaticano con los innumerables pederastas de casa.
El cardenal requiere de hacer más y mejor acopio de fuerzas y de una cabeza más fría y despejada, pues la batalla judicial y mediática se avizora larga.
Aún no concluye el proceso judicial en su contra -que puede durar hasta cinco años- por parte de Joaquín Aguilar Méndez, abusado sexualmente por Aguilar Rivera, cuando ya están en curso las imputaciones que hizo Juan Doe 100, otra de las víctimas, desde noviembre de 2006.
Pero un arzobispo aferrado a manipular la información sobre decisiones judiciales, inventar persecuciones y amenazas de muerte para usarlas de mampara frente a las denuncias, desacreditar a las víctimas porque buscan “la consecución de un inmoral interés económico”, mientras él puso tempranamente a buen resguardo los dineros y las propiedades del arzobispado capitalino frente a un posible fallo judicial adverso, difícilmente saldrá bien librado en esta contienda jurídica de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes.
Y menos aún si muchos padres de familia, católicos o no, creyentes o no, están decididos a exhibir ministerial y periodísticamente a los abusadores sexuales que destruyen el futuro de la nación.
Muy poco fundamento y mucho de lavado de la imagen pública de Norberto Rivera Carrera, contiene la labor propagandística emprendida desde el 16 de octubre por el aparato de comunicación de la arquidiócesis del Distrito Federal.
Como se recordará, en aquella fecha el juez Elihu M. Berle, determinó que la Corte Superior de California, Estados Unidos, no tiene jurisdicción para procesar al cardenal por presunto encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, pederasta obsesivo, de acuerdo a testimonios periodísticos y ministeriales de varias víctimas y sus familiares.
Se anotaron una victoria parcial los abogados del duranguense que despachó en la diócesis de Tehuacan, Puebla, desde donde envió a Aguilar Rivera para California sin advertirle a su colega angelino Roger Michael Mahoney, sobre los antecedentes y peligrosidad del delincuente que está libre bajo fianza y prófugo de la justicia, porque en esta materia una es la mexicana y otra la estadunidense. California no es Puebla de los Angeles de Mario Marín Torres. El reino de la impunidad para los pederastas del poder político y económico, y sus amigos.
Steven R. Selsberg y Michael Cypers lograron momentáneamente poner a buen resguardo al jefe de la arquidiócesis capitalina, con el empleo de una estrategia basada en tecnicismos que desvincularan absolutamente al originario de La Purísima, Tepehuanes, con el poderosísimo estado, ahora agobiado por las llamas, de la Unión Americana.
El abogado de las víctimas, Michael Finnegan, lo contó así: “Fue muy desafortunado, todo se debió a una serie de tecnicismos legales; ni siquiera tuve oportunidad de hablar sobre los méritos del caso y sobre la complicidad de Rivera al enviar un cura pederasta de México a Estados Unidos”.
Justamente allí se localiza la debilidad mayor de la victoria parcial del arzobispo y sus abogados, porque eludieron las acusaciones y se refugiaron en demostrar la inexistencia del más mínimo vínculo de su cliente con California.
Que el arzobispado y el semanario Desde la fe manipulen la resolución judicial y la presenten como prueba de inocencia de Norberto Rivera, da idea clara de que éste sigue reaccionando como hombre sometido a presión extraordinaria, tal como lo revela la nutrida escolta que lo protege dentro de catedral y a la hora oficiar misa. Agentes policiales que lo cuidan no de los obradoristas y perredistas -como anuncia con escándalo hasta el extremo de declarase amenazado de muerte-, sino de los organismos civiles de católicos en defensa de los derechos humanos que impugnan la excesiva tolerancia -alcahuetería le llaman en mi pueblo- de la jerarquía mexicana y del Vaticano con los innumerables pederastas de casa.
El cardenal requiere de hacer más y mejor acopio de fuerzas y de una cabeza más fría y despejada, pues la batalla judicial y mediática se avizora larga.
Aún no concluye el proceso judicial en su contra -que puede durar hasta cinco años- por parte de Joaquín Aguilar Méndez, abusado sexualmente por Aguilar Rivera, cuando ya están en curso las imputaciones que hizo Juan Doe 100, otra de las víctimas, desde noviembre de 2006.
Pero un arzobispo aferrado a manipular la información sobre decisiones judiciales, inventar persecuciones y amenazas de muerte para usarlas de mampara frente a las denuncias, desacreditar a las víctimas porque buscan “la consecución de un inmoral interés económico”, mientras él puso tempranamente a buen resguardo los dineros y las propiedades del arzobispado capitalino frente a un posible fallo judicial adverso, difícilmente saldrá bien librado en esta contienda jurídica de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes.
Y menos aún si muchos padres de familia, católicos o no, creyentes o no, están decididos a exhibir ministerial y periodísticamente a los abusadores sexuales que destruyen el futuro de la nación.
Las nuevas rebeliones latinoamericanas (Parte I)
Claudio Katz
El siguiente artículo forma parte del libro: Katz Claudio. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Editorial Luxemburg, Buenos Aires (aparición a principios del 2008).
América Latina se ha convertido en un significativo foco de resistencia al imperialismo y al neoliberalismo. Grandes sublevaciones populares afianzaron la presencia de los movimientos sociales y condujeron a la caída de varios presidentes neoliberales. ¿Pero cuál es el alcance de esta oleada de luchas? ¿Qué programas, sujetos y proyectos se delinean en la región?
Cuatro grandes levantamientos
La tónica de estas movilizaciones ha estado signada desde principio de la década por las sublevaciones registradas en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina. En estos cuatro países la protesta social desembocó en levantamientos masivos y generalizados.
Esta misma tendencia a la irrupción popular se verifica también, entre los pobladores de Oaxaca (México), los estudiantes en Chile, los trabajadores de Colombia y los campesinos de Perú. La intensidad de las protestas es muy desigual en la región y coexiste con situaciones de reflujo en países claves como Brasil. Pero uno tras otro, los distintos modelos de estabilidad neoliberal han quedado sobrepasados por el ascenso popular. Chile es el ejemplo más reciente y emblemático de este giro.
La oleada de los últimos años tuvo mayor gravitación en las naciones andinas, fuerte impacto en el Cono Sur y menor influencia en América Central. Pero también este mapa tiende a modificarse, a medida que las movilizaciones recobran fuerza en México e irrumpen en Costa Rica. Los cuatro grandes levantamientos de América del Sur constituyen el patrón de referencia de un proceso regional de resistencias entrelazadas, que interactúan entre sí. (1)
La rebelión más profunda se consumó en Bolivia, en oposición al feroz atropello neoliberal que desde 1985 empobreció al Altiplano. La acción popular doblegó la represión de los presidentes derechistas, en tres mareas de grandes combates. Con la “guerra del agua” se frenó la privatización de este recurso (2000), con la “guerra del gas” se defendieron los hidrocarburos contra la depredación exportadora (2003) y con la escalada final (2005) fue arrollado el presidente Lozada y su sucesor Mesa. A través de una insurrección con 80 muertos y 200 heridos, la población quebró el ciclo derechista e inauguró el actual proceso presidencial de Evo Morales.
También en Ecuador los programas neoliberales fueron sacudidos por varias sublevaciones. Primero los indígenas provocaron la caída del presidente Bucaram (1997) y luego impusieron el derrocamiento de Mahuad (2000), al cabo de seis días de intensos combates callejeros. Las elites consiguieron una breve distensión con el auxilio de un militar (Gutiérrez en el 2003), que enmascaró con retórica nacionalista la continuidad de la agresión patronal. Pero una nueva “rebelión de los forajidos” con mayor presencia de la clase media urbana (2005) demolió este ensayo y abrió la secuencia de fulminantes derrotas electorales de la derecha (2006-07), que condujeron al actual gobierno de Rafael Correa.
En Venezuela la irrupción popular debutó con el “Caracazo” (1989). Este alzamiento fue una respuesta al incremento del precio de la gasolina que implementó un gobierno de los petroleros y banqueros (Carlos A. Pérez). En medio de fulminantes crisis financieras y protestas con centenares de muertos, los intentos continuistas quedaron opacados por un levantamiento militar (1992), que inauguró el proceso bolivariano.
El fracaso de un golpe empresarial sostenido por Estados Unidos (2002) y la gran secuencia de victorias electorales, permitieron a Chávez sepultar el tradicional bipartidismo de las elites. Estas victorias han generado la actual polarización entre la derecha y el gobierno nacionalista. Esta confrontación se expresa cotidianamente en las calles y en los medios de comunicación.
La cuarta rebelión significativa se verificó en diciembre del 2001 en Argentina. Condujo a la caída del presidente neoliberal De la Rúa, que intentó mantener la política de privatizaciones y desregulaciones instaurada en los años 90 por Menem. Esta sublevación coronó la resistencia de los desocupados, que expandieron su método de lucha piquetero a todos los movimientos sociales y confluyeron en un gran levantamiento con la clase media expropiada por los bancos.
La protesta alcanzó un nuevo pico frente a nuevas provocaciones represivas (Puente Pueyrredón a mediados del 2002) que reactivaron la lucha popular. Esta resistencia perdió intensidad posteriormente, pero ha impuesto un serio límite a las agresiones capitalistas. Las clases dominantes lograron restaurar la autoridad del estado y contuvieron la ira de los oprimidos a través del gobierno de Kirchner. Pero en un marco de recuperación económica, debieron otorgar significativas concesiones sociales y democráticas.
Tres ejes comunes
Todas las rebeliones sudamericanas han enarbolado reclamos coincidentes contra el neoliberalismo, el imperialismo y el autoritarismo. Estas exigencias se tradujeron en planteos de anulación de las privatizaciones, nacionalización de los recursos naturales y democratización de la vida política.
La reacción popular se apoyó en la erosión de la dominación burguesa que generó el neoliberalismo periférico. Este programa derechista no solo precarizó el trabajo y masificó la pobreza, sino que también condujo a un deterioro significativo de la autoridad de las clases opresoras. La reorganización económica en que embarcaron los grupos dominantes generó grandes crisis, que deterioraron la capacidad de las elites para gestionar del estado. Este resquebrajamiento incentivó la irrupción por abajo.
En un marco de quiebra de la estabilidad política y pérdida de la hegemonía de los partidos tradicionales, los manifestantes exigieron en Bolivia la re-estatización del agua y la nacionalización de los hidrocarburos. Reclamaron el fin de la regresión social provocada por privatizaciones y cierre de minas, que desgarraron el tejido social, masificaron el trabajo precario y alentaron el narcotráfico.
La misma motivación antiliberal tuvo la sublevación en Ecuador, dónde la pobreza afecta al 62% de la población. Los oprimidos se insurreccionaron contra un esquema de economía dolarizada, primarizada y privatizada, que generó terribles colapsos inflacionarios, financieros y cambiarios. En Venezuela el primer estallido popular enfrentó la carestía provocada por los ajustes el FMI. Esta reacción se afianzó, cuando el desmoronamiento del sistema bancario precipitó la fuga de capitales, en un marco de inflación y devaluación descontroladas. La reacción popular fue una protesta contundente contra la privatización petrolera y la turbia privatización de los bancos.
También en Argentina la rebelión estalló frente a dos nefastos efectos del neoliberalismo: la confiscación de ahorros de la clase media para solventar la deuda pública y la masificación del desempleo generada por la flexibilización laboral. Los oprimidos exigieron en la calle la reversión de una política económica, que produjo una depresión sin precedente desde los años 30.
Estas mismas demandas han predominado en las movilizaciones de otros países. La mayoría popular rechaza los acuerdos de libre comercio (Colombia, Perú, Centroamérica), las secuelas de las privatizaciones (Chile, Uruguay), la desregulación laboral (Brasil) y el encarecimiento de los alimentos (México).
Pero este cuestionamiento al neoliberalismo adopta también un perfil antiimperialista, ya que la liquidación de empresas públicas y la apertura comercial beneficiaron a muchas corporaciones norteamericanas y europeas. La recuperación de la soberanía nacional mediante la re-estatización de los recursos naturales ha sido un reclamo de todas las rebeliones.
Esta exigencia desembocó en Bolivia en la nacionalización de los hidrocarburos. El alcance de esta medida se encuentra actualmente en disputa, en los contratos que el gobierno negocia con las multinacionales. En estas pujas se juega el monto de la renta que absorberá el estado y el uso asignado a ese excedente. La movilización social impuso también la extensión de las nacionalizaciones a otros sectores (agua, ferrocarriles, teléfonos), aunque es evidente que el futuro del país se define el manejo estatal del petróleo y el gas. (2)
La misma conexión entre nacionalizaciones y movilización popular se comprueba en Venezuela. También allí se registra una expansión de la propiedad estatal tanto en la órbita petrolera, como en los servicios públicos de agua, telefonía y electricidad. Este curso revierte el rumbo neoliberal y coincide con la tendencia a la nacionalización que se verifica en todos los países exportadores de crudo. Pero también se enmarca en una lucha particular contra la corrupta burocracia transnacional que manejaba la empresa estatal PDEVESA.
Un conflicto semejante ha comenzado a verificarse en Ecuador luego de la anulación de un fraudulento contrato petrolero (Oxy), que ha reintroducido el debate sobre la nacionalización. Hasta ahora, el nuevo gobierno sólo propone destinar los fondos excedentes que genera la exportación de combustible, al desarrollo de programas sociales.
A diferencia de estos tres cursos en Argentina las privatizaciones se han mantenido sin grandes cambios. El gobierno neutralizó el reclamo popular de recuperar las empresas públicas y se limitó a regular las tarifas de estas compañías. Pero las tensiones no están zanjadas, porque en toda la región crecen las demandas de estatización. Son reclamos contra la depredación minera (Perú, Chile) o la destrucción del medio ambiente (Brasil), que están invariablemente enlazadas con el rechazo de las bases militares norteamericanas (Ecuador, Puerto Rico) y los ensayos de intervención yanqui (Centroamérica, Colombia). Las banderas antiimperialistas han recuperado centralidad, frente al dramático proceso de recolonización política que sufrió la región en las últimas dos décadas.
En todas las rebeliones emergió también una exigencia de democracia real. Por primera en la historia regional una oleada de revueltas no enfrenta a dictadores, sino a presidentes constitucionales. Esta novedad demuestra que las luchas latinoamericanas no se restringen a una batalla contra regímenes totalitarios. Existe una percepción ya generalizada que la vigencia de sistemas constitucionales no resuelve los dramas sociales. Se nota que estas estructuras políticas son utilizadas por las clases dominantes para implementar atropellos contra los trabajadores.
Las sublevaciones contra presidentes autoritarios o corruptos comenzaron en Perú fines de los 80, siguieron en Brasil en 1992 y posteriormente en Paraguay 1999. Pero actualmente esta batalla incluye exigencias de refundación política integral. Por esta razón ha prevalecido la petición de Asambleas Constituyentes en varias revueltas, a pesar del uso negativo que tuvieron últimamente estos mecanismos. Sirvieron para maquillar la continuidad del orden vigente (Brasil) y para facilitar reelecciones de presidentes neoliberales (Argentina).
La Asamblea que emergió en 1999 en Venezuela condujo al logro de importantes conquistas populares. Ahora se debate otra reforma constitucional que consagraría nuevos avances (fondo de estabilidad social, reducción de jornada de trabajo, supresión de autonomía banco central). La derecha resiste estos logros, mediante inconsistentes cuestionamientos a la extensión del mandato presidencial
Una lucha más encarnizada se está librando también en Bolivia con los conservadores, que buscan detener cualquier iniciativa que afecte sus privilegios. Bloquean sistemáticamente el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, exigiendo una mayoría de dos tercios para aprobar las principales leyes. Este mismo tipo de sabotajes serán más difíciles en Ecuador, luego de la demoledora derrota que sufrieron los partidos tradicionales. Pero en estas Asambleas se discutirán no solo los reclamos antiliberales, antiimperialistas y democráticos, sino también viejos problemas que han recobrado relevancia.
Transformaciones en el agro
El neoliberalismo agravó sustancialmente el drama de los pobres rurales. Las agresiones capitalistas contra los pequeños agricultores acentuaron durante la última década los violentos conflictos por la tierra, que acosaron a Colombia, precipitaron el levantamiento de Chiapas, multiplicaron las masacres en Perú y provocaron más 300 muertos en Brasil.
En situaciones agrarias nacionales muy diferentes, estos atropellos generaron resultados semejantes de polarización social, miseria campesina y enriquecimiento de los grandes propietarios o contratistas. La fractura entre el sector moderno de exportación y la agricultura de subsistencia se agravó de manera uniforme, acentuando el desamparo rural y la emigración a las ciudades.
Esta redoblada opresión incentivó nuevas resistencias agrarias, organizadas en torno a movimientos muy diversos (CONAIE en Ecuador, Zapatismo en México, Cocaleros en Bolivia, MST en Brasil), cuyos programas desbordan las demandas tradicionales de los campesinos. Estas plataformas no se limitan como en el pasado al reclamo de una reforma agraria, ya que existe una importante asimilación de las frustraciones legadas por esos procesos.
Durante el siglo XX se consumaron dos grandes revoluciones agrarias (México, Bolivia) y varias reformas significativas de la propiedad (Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua, El Salvador). Las transformaciones fueron en cambio superficiales, en los países que fue preservada la concentración de la tierra (Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana y Paraguay). Solo en dos naciones (Argentina y Uruguay) no se registró ningún tipo de modificaciones. Pero de esta gran variedad de cursos emergió un escenario común de polarización, entre prósperas empresas de exportación y estancadas explotaciones de subsistencia. La pobreza y las desigualdades se han acentuado y en muy pocas regiones floreció un segmento intermedio de burguesía agraria. (3)
Este resultado indujo a los nuevos movimientos sociales a proponer soluciones más integrales que la vieja reforma agraria. Algunas propuestas prestan mucha atención a la protección del medio ambiente y plantean sustituir el agro-negocio por modelos de producción alimenticia prioritariamente destinada al mercado interno. Se ha tornado evidente, la escasa utilidad en materia de eficiencia y productividad de las transformaciones agrarias que mantienen en pie la estructura del capitalismo periférico. (4)
En este nuevo contexto el campesinado no ha jugado el papel protagónico que exhibía a principios del siglo XX. No repitió el rol que tuvo en México, como agente dinámico de la primera revolución contemporánea de la región. Esa intervención condujo a una guerra civil que desbordó todos los compromisos ensayados por las jefaturas burguesas. Este rol volvió a notarse en otros levantamientos posteriores como la insurrección salvadoreña de 1932, pero no ha persistido al comienzo del nuevo siglo. (5)
Si bien la desaparición del campesinado no es un proceso abrupto e inexorable, es visible la pérdida de cohesión social de este sector. La proletarización desplazó hacia los centros urbanos el eje de la lucha social, incluso en países como Bolivia que recrearon la pequeña propiedad luego de una importante reforma agraria. El campesinado persiste como fuerza de peso, pero sin el liderazgo que exhibió en varios momentos de la centuria precedente.
Notas:
1) Una detallada radiografía de la evolución de las luchas populares exponen periódicamente los estudios del Observatorio Social de América Latina (Revistas de OSAL- CLACSO).
2) Hasta el momento la nacionalización ha quedado a mitad de camino. El gobierno canceló los juicios penales contra las compañías y la gestión de los nuevos entes estatales es muy permeable a las presiones de las empresas. Esta opinión expone el ex ministro: Soliz Rada Andrés. “La nacionalización ha quedado a medio camino”. Página 12, 15-10-07. Tampoco se está utilizando adecuadamente los nuevos ingresos que el fisco obtiene del repunte de las exportaciones. Ver: Stefanoni Pablo. “Empate catastrófico en Bolivia”. Le Monde Diplomatique, octubre 2007.
3) Un balance de estas transformaciones presenta: Sampaio Plinio Arruda. “La reforma agraria en América Latina: una revolución frustrada”. OSAL 16, enero-abril 2005.
4) Un modelo alternativo ha sido elaborado por el MST de Brasil. Stedile Joao. “A reforma agraria já está esgotada”. Epoca 2-7-07.
5) El papel potencialmente revolucionario del campesinado fue tempranamente advertido por algunos teóricos como Mariátegui, que rechazaron la dogmática caracterización de este sector como un segmento conservador. Lowy Michael. “Introducción”, O marxismo na América Latina, Fundacao Perseo Abramo, Sao Paulo 2006.
Claudio Katz es Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda.
Venezuela: Movilización popular en Caracas.
El siguiente artículo forma parte del libro: Katz Claudio. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Editorial Luxemburg, Buenos Aires (aparición a principios del 2008).
América Latina se ha convertido en un significativo foco de resistencia al imperialismo y al neoliberalismo. Grandes sublevaciones populares afianzaron la presencia de los movimientos sociales y condujeron a la caída de varios presidentes neoliberales. ¿Pero cuál es el alcance de esta oleada de luchas? ¿Qué programas, sujetos y proyectos se delinean en la región?
Cuatro grandes levantamientos
La tónica de estas movilizaciones ha estado signada desde principio de la década por las sublevaciones registradas en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina. En estos cuatro países la protesta social desembocó en levantamientos masivos y generalizados.
Esta misma tendencia a la irrupción popular se verifica también, entre los pobladores de Oaxaca (México), los estudiantes en Chile, los trabajadores de Colombia y los campesinos de Perú. La intensidad de las protestas es muy desigual en la región y coexiste con situaciones de reflujo en países claves como Brasil. Pero uno tras otro, los distintos modelos de estabilidad neoliberal han quedado sobrepasados por el ascenso popular. Chile es el ejemplo más reciente y emblemático de este giro.
La oleada de los últimos años tuvo mayor gravitación en las naciones andinas, fuerte impacto en el Cono Sur y menor influencia en América Central. Pero también este mapa tiende a modificarse, a medida que las movilizaciones recobran fuerza en México e irrumpen en Costa Rica. Los cuatro grandes levantamientos de América del Sur constituyen el patrón de referencia de un proceso regional de resistencias entrelazadas, que interactúan entre sí. (1)
La rebelión más profunda se consumó en Bolivia, en oposición al feroz atropello neoliberal que desde 1985 empobreció al Altiplano. La acción popular doblegó la represión de los presidentes derechistas, en tres mareas de grandes combates. Con la “guerra del agua” se frenó la privatización de este recurso (2000), con la “guerra del gas” se defendieron los hidrocarburos contra la depredación exportadora (2003) y con la escalada final (2005) fue arrollado el presidente Lozada y su sucesor Mesa. A través de una insurrección con 80 muertos y 200 heridos, la población quebró el ciclo derechista e inauguró el actual proceso presidencial de Evo Morales.
También en Ecuador los programas neoliberales fueron sacudidos por varias sublevaciones. Primero los indígenas provocaron la caída del presidente Bucaram (1997) y luego impusieron el derrocamiento de Mahuad (2000), al cabo de seis días de intensos combates callejeros. Las elites consiguieron una breve distensión con el auxilio de un militar (Gutiérrez en el 2003), que enmascaró con retórica nacionalista la continuidad de la agresión patronal. Pero una nueva “rebelión de los forajidos” con mayor presencia de la clase media urbana (2005) demolió este ensayo y abrió la secuencia de fulminantes derrotas electorales de la derecha (2006-07), que condujeron al actual gobierno de Rafael Correa.
En Venezuela la irrupción popular debutó con el “Caracazo” (1989). Este alzamiento fue una respuesta al incremento del precio de la gasolina que implementó un gobierno de los petroleros y banqueros (Carlos A. Pérez). En medio de fulminantes crisis financieras y protestas con centenares de muertos, los intentos continuistas quedaron opacados por un levantamiento militar (1992), que inauguró el proceso bolivariano.
El fracaso de un golpe empresarial sostenido por Estados Unidos (2002) y la gran secuencia de victorias electorales, permitieron a Chávez sepultar el tradicional bipartidismo de las elites. Estas victorias han generado la actual polarización entre la derecha y el gobierno nacionalista. Esta confrontación se expresa cotidianamente en las calles y en los medios de comunicación.
La cuarta rebelión significativa se verificó en diciembre del 2001 en Argentina. Condujo a la caída del presidente neoliberal De la Rúa, que intentó mantener la política de privatizaciones y desregulaciones instaurada en los años 90 por Menem. Esta sublevación coronó la resistencia de los desocupados, que expandieron su método de lucha piquetero a todos los movimientos sociales y confluyeron en un gran levantamiento con la clase media expropiada por los bancos.
La protesta alcanzó un nuevo pico frente a nuevas provocaciones represivas (Puente Pueyrredón a mediados del 2002) que reactivaron la lucha popular. Esta resistencia perdió intensidad posteriormente, pero ha impuesto un serio límite a las agresiones capitalistas. Las clases dominantes lograron restaurar la autoridad del estado y contuvieron la ira de los oprimidos a través del gobierno de Kirchner. Pero en un marco de recuperación económica, debieron otorgar significativas concesiones sociales y democráticas.
Tres ejes comunes
Todas las rebeliones sudamericanas han enarbolado reclamos coincidentes contra el neoliberalismo, el imperialismo y el autoritarismo. Estas exigencias se tradujeron en planteos de anulación de las privatizaciones, nacionalización de los recursos naturales y democratización de la vida política.
La reacción popular se apoyó en la erosión de la dominación burguesa que generó el neoliberalismo periférico. Este programa derechista no solo precarizó el trabajo y masificó la pobreza, sino que también condujo a un deterioro significativo de la autoridad de las clases opresoras. La reorganización económica en que embarcaron los grupos dominantes generó grandes crisis, que deterioraron la capacidad de las elites para gestionar del estado. Este resquebrajamiento incentivó la irrupción por abajo.
En un marco de quiebra de la estabilidad política y pérdida de la hegemonía de los partidos tradicionales, los manifestantes exigieron en Bolivia la re-estatización del agua y la nacionalización de los hidrocarburos. Reclamaron el fin de la regresión social provocada por privatizaciones y cierre de minas, que desgarraron el tejido social, masificaron el trabajo precario y alentaron el narcotráfico.
La misma motivación antiliberal tuvo la sublevación en Ecuador, dónde la pobreza afecta al 62% de la población. Los oprimidos se insurreccionaron contra un esquema de economía dolarizada, primarizada y privatizada, que generó terribles colapsos inflacionarios, financieros y cambiarios. En Venezuela el primer estallido popular enfrentó la carestía provocada por los ajustes el FMI. Esta reacción se afianzó, cuando el desmoronamiento del sistema bancario precipitó la fuga de capitales, en un marco de inflación y devaluación descontroladas. La reacción popular fue una protesta contundente contra la privatización petrolera y la turbia privatización de los bancos.
También en Argentina la rebelión estalló frente a dos nefastos efectos del neoliberalismo: la confiscación de ahorros de la clase media para solventar la deuda pública y la masificación del desempleo generada por la flexibilización laboral. Los oprimidos exigieron en la calle la reversión de una política económica, que produjo una depresión sin precedente desde los años 30.
Estas mismas demandas han predominado en las movilizaciones de otros países. La mayoría popular rechaza los acuerdos de libre comercio (Colombia, Perú, Centroamérica), las secuelas de las privatizaciones (Chile, Uruguay), la desregulación laboral (Brasil) y el encarecimiento de los alimentos (México).
Pero este cuestionamiento al neoliberalismo adopta también un perfil antiimperialista, ya que la liquidación de empresas públicas y la apertura comercial beneficiaron a muchas corporaciones norteamericanas y europeas. La recuperación de la soberanía nacional mediante la re-estatización de los recursos naturales ha sido un reclamo de todas las rebeliones.
Esta exigencia desembocó en Bolivia en la nacionalización de los hidrocarburos. El alcance de esta medida se encuentra actualmente en disputa, en los contratos que el gobierno negocia con las multinacionales. En estas pujas se juega el monto de la renta que absorberá el estado y el uso asignado a ese excedente. La movilización social impuso también la extensión de las nacionalizaciones a otros sectores (agua, ferrocarriles, teléfonos), aunque es evidente que el futuro del país se define el manejo estatal del petróleo y el gas. (2)
La misma conexión entre nacionalizaciones y movilización popular se comprueba en Venezuela. También allí se registra una expansión de la propiedad estatal tanto en la órbita petrolera, como en los servicios públicos de agua, telefonía y electricidad. Este curso revierte el rumbo neoliberal y coincide con la tendencia a la nacionalización que se verifica en todos los países exportadores de crudo. Pero también se enmarca en una lucha particular contra la corrupta burocracia transnacional que manejaba la empresa estatal PDEVESA.
Un conflicto semejante ha comenzado a verificarse en Ecuador luego de la anulación de un fraudulento contrato petrolero (Oxy), que ha reintroducido el debate sobre la nacionalización. Hasta ahora, el nuevo gobierno sólo propone destinar los fondos excedentes que genera la exportación de combustible, al desarrollo de programas sociales.
A diferencia de estos tres cursos en Argentina las privatizaciones se han mantenido sin grandes cambios. El gobierno neutralizó el reclamo popular de recuperar las empresas públicas y se limitó a regular las tarifas de estas compañías. Pero las tensiones no están zanjadas, porque en toda la región crecen las demandas de estatización. Son reclamos contra la depredación minera (Perú, Chile) o la destrucción del medio ambiente (Brasil), que están invariablemente enlazadas con el rechazo de las bases militares norteamericanas (Ecuador, Puerto Rico) y los ensayos de intervención yanqui (Centroamérica, Colombia). Las banderas antiimperialistas han recuperado centralidad, frente al dramático proceso de recolonización política que sufrió la región en las últimas dos décadas.
En todas las rebeliones emergió también una exigencia de democracia real. Por primera en la historia regional una oleada de revueltas no enfrenta a dictadores, sino a presidentes constitucionales. Esta novedad demuestra que las luchas latinoamericanas no se restringen a una batalla contra regímenes totalitarios. Existe una percepción ya generalizada que la vigencia de sistemas constitucionales no resuelve los dramas sociales. Se nota que estas estructuras políticas son utilizadas por las clases dominantes para implementar atropellos contra los trabajadores.
Las sublevaciones contra presidentes autoritarios o corruptos comenzaron en Perú fines de los 80, siguieron en Brasil en 1992 y posteriormente en Paraguay 1999. Pero actualmente esta batalla incluye exigencias de refundación política integral. Por esta razón ha prevalecido la petición de Asambleas Constituyentes en varias revueltas, a pesar del uso negativo que tuvieron últimamente estos mecanismos. Sirvieron para maquillar la continuidad del orden vigente (Brasil) y para facilitar reelecciones de presidentes neoliberales (Argentina).
La Asamblea que emergió en 1999 en Venezuela condujo al logro de importantes conquistas populares. Ahora se debate otra reforma constitucional que consagraría nuevos avances (fondo de estabilidad social, reducción de jornada de trabajo, supresión de autonomía banco central). La derecha resiste estos logros, mediante inconsistentes cuestionamientos a la extensión del mandato presidencial
Una lucha más encarnizada se está librando también en Bolivia con los conservadores, que buscan detener cualquier iniciativa que afecte sus privilegios. Bloquean sistemáticamente el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, exigiendo una mayoría de dos tercios para aprobar las principales leyes. Este mismo tipo de sabotajes serán más difíciles en Ecuador, luego de la demoledora derrota que sufrieron los partidos tradicionales. Pero en estas Asambleas se discutirán no solo los reclamos antiliberales, antiimperialistas y democráticos, sino también viejos problemas que han recobrado relevancia.
Transformaciones en el agro
El neoliberalismo agravó sustancialmente el drama de los pobres rurales. Las agresiones capitalistas contra los pequeños agricultores acentuaron durante la última década los violentos conflictos por la tierra, que acosaron a Colombia, precipitaron el levantamiento de Chiapas, multiplicaron las masacres en Perú y provocaron más 300 muertos en Brasil.
En situaciones agrarias nacionales muy diferentes, estos atropellos generaron resultados semejantes de polarización social, miseria campesina y enriquecimiento de los grandes propietarios o contratistas. La fractura entre el sector moderno de exportación y la agricultura de subsistencia se agravó de manera uniforme, acentuando el desamparo rural y la emigración a las ciudades.
Esta redoblada opresión incentivó nuevas resistencias agrarias, organizadas en torno a movimientos muy diversos (CONAIE en Ecuador, Zapatismo en México, Cocaleros en Bolivia, MST en Brasil), cuyos programas desbordan las demandas tradicionales de los campesinos. Estas plataformas no se limitan como en el pasado al reclamo de una reforma agraria, ya que existe una importante asimilación de las frustraciones legadas por esos procesos.
Durante el siglo XX se consumaron dos grandes revoluciones agrarias (México, Bolivia) y varias reformas significativas de la propiedad (Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua, El Salvador). Las transformaciones fueron en cambio superficiales, en los países que fue preservada la concentración de la tierra (Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana y Paraguay). Solo en dos naciones (Argentina y Uruguay) no se registró ningún tipo de modificaciones. Pero de esta gran variedad de cursos emergió un escenario común de polarización, entre prósperas empresas de exportación y estancadas explotaciones de subsistencia. La pobreza y las desigualdades se han acentuado y en muy pocas regiones floreció un segmento intermedio de burguesía agraria. (3)
Este resultado indujo a los nuevos movimientos sociales a proponer soluciones más integrales que la vieja reforma agraria. Algunas propuestas prestan mucha atención a la protección del medio ambiente y plantean sustituir el agro-negocio por modelos de producción alimenticia prioritariamente destinada al mercado interno. Se ha tornado evidente, la escasa utilidad en materia de eficiencia y productividad de las transformaciones agrarias que mantienen en pie la estructura del capitalismo periférico. (4)
En este nuevo contexto el campesinado no ha jugado el papel protagónico que exhibía a principios del siglo XX. No repitió el rol que tuvo en México, como agente dinámico de la primera revolución contemporánea de la región. Esa intervención condujo a una guerra civil que desbordó todos los compromisos ensayados por las jefaturas burguesas. Este rol volvió a notarse en otros levantamientos posteriores como la insurrección salvadoreña de 1932, pero no ha persistido al comienzo del nuevo siglo. (5)
Si bien la desaparición del campesinado no es un proceso abrupto e inexorable, es visible la pérdida de cohesión social de este sector. La proletarización desplazó hacia los centros urbanos el eje de la lucha social, incluso en países como Bolivia que recrearon la pequeña propiedad luego de una importante reforma agraria. El campesinado persiste como fuerza de peso, pero sin el liderazgo que exhibió en varios momentos de la centuria precedente.
Notas:
1) Una detallada radiografía de la evolución de las luchas populares exponen periódicamente los estudios del Observatorio Social de América Latina (Revistas de OSAL- CLACSO).
2) Hasta el momento la nacionalización ha quedado a mitad de camino. El gobierno canceló los juicios penales contra las compañías y la gestión de los nuevos entes estatales es muy permeable a las presiones de las empresas. Esta opinión expone el ex ministro: Soliz Rada Andrés. “La nacionalización ha quedado a medio camino”. Página 12, 15-10-07. Tampoco se está utilizando adecuadamente los nuevos ingresos que el fisco obtiene del repunte de las exportaciones. Ver: Stefanoni Pablo. “Empate catastrófico en Bolivia”. Le Monde Diplomatique, octubre 2007.
3) Un balance de estas transformaciones presenta: Sampaio Plinio Arruda. “La reforma agraria en América Latina: una revolución frustrada”. OSAL 16, enero-abril 2005.
4) Un modelo alternativo ha sido elaborado por el MST de Brasil. Stedile Joao. “A reforma agraria já está esgotada”. Epoca 2-7-07.
5) El papel potencialmente revolucionario del campesinado fue tempranamente advertido por algunos teóricos como Mariátegui, que rechazaron la dogmática caracterización de este sector como un segmento conservador. Lowy Michael. “Introducción”, O marxismo na América Latina, Fundacao Perseo Abramo, Sao Paulo 2006.
Claudio Katz es Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda.
Venezuela: Movilización popular en Caracas.
La rabia, coño, paciencia
Arleen Rodríguez Derivet
Que después nadie diga que hay que cuidar las palabras para hablar de ese señor, por aquello de que es Presidente de un país. Mientras no respete a otros, no merece respeto. Mientras ofenda, merece ser ofendido. Cualquier epíteto, el más grosero, el más impronunciable, es noble para calificar a George W. Bush en su más reciente -y esperamos que último- discurso-show para Cuba.
Quizás todo se deba al tipo de Presidente que es y al modo fraudulento en que se convirtió al cargo, con la ayuda indispensable de aquellos que ayer lo aplaudieron sin que se les vieran los rostros, esos invisibles cuyos aplausos sonaban a background, ante la ausencia de imágenes del público, como aquella vez que ciertas cámaras cómplices ocultaron su ridículo saludo a personas que no estaban para recibirlo en el aeropuerto de Mar del Plata.
Un Presidente que viola la Constitución de su país y que pasa por encima de las leyes internacionales, solo puede presidir en el reino de la ilegalidad. No es un Presidente de verdad. Es un No Presidente. O cuando más, el jefe de un grupo fuera de la ley. Tan fuera de la ley como esos que amasaron fortunas traficando armas, drogas y muerte en el estrecho de la Florida y que ayer fueron llamados gente de éxito en el discurso del No Presidente.
Hay, sin embargo, la obligación serena de dejar a un lado la rabia -la rabia coño, paciencia, paciencia, como aconseja el poeta- y atender las ofensas del No Presidente de los Estados Unidos.
Y no solo para cazarle los disparates -que antes que risa provocan desprecio- sino también para calibrar sus amenazas. Con tantos años fuera de la ley, la administración de este No Presidente, puede creerse sus propios engaños. Y lo que es peor: puede inspirarse en sus anteriores crímenes, esos que ahora mismo inundan de sangre y caos al menos a otras dos naciones del planeta, a las que mandó invadir, al margen de la ley.
Este No Presidente dijo muchas mentiras, tergiversó muchas cosas y fue especialmente inmoral en su mensaje final para Cuba. Como nos había adelantado un lúcido académico norteamericano con fina ironía: “dado el conocimiento profundo de la historia y la realidad cubana, Bush seguramente anunciará (…) el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba”.
Pero hay otros mensajes que en su boca gozan de la mayor credibilidad: los millones de dólares que sacará de los bolsillos de los ciudadanos de su país para subvertir el orden aquí; la inestabilidad como objetivo central y su nombramiento adelantado de los que designó “líderes de mañana”. Todo un programa al margen de la ley. Justo lo que ha impuesto donde quiera que prometió libertad duradera.
Que no se ofenda nadie entonces si, mientras aceitamos el fusil, lo mandamos a la mierda.
Que después nadie diga que hay que cuidar las palabras para hablar de ese señor, por aquello de que es Presidente de un país. Mientras no respete a otros, no merece respeto. Mientras ofenda, merece ser ofendido. Cualquier epíteto, el más grosero, el más impronunciable, es noble para calificar a George W. Bush en su más reciente -y esperamos que último- discurso-show para Cuba.
Quizás todo se deba al tipo de Presidente que es y al modo fraudulento en que se convirtió al cargo, con la ayuda indispensable de aquellos que ayer lo aplaudieron sin que se les vieran los rostros, esos invisibles cuyos aplausos sonaban a background, ante la ausencia de imágenes del público, como aquella vez que ciertas cámaras cómplices ocultaron su ridículo saludo a personas que no estaban para recibirlo en el aeropuerto de Mar del Plata.
Un Presidente que viola la Constitución de su país y que pasa por encima de las leyes internacionales, solo puede presidir en el reino de la ilegalidad. No es un Presidente de verdad. Es un No Presidente. O cuando más, el jefe de un grupo fuera de la ley. Tan fuera de la ley como esos que amasaron fortunas traficando armas, drogas y muerte en el estrecho de la Florida y que ayer fueron llamados gente de éxito en el discurso del No Presidente.
Hay, sin embargo, la obligación serena de dejar a un lado la rabia -la rabia coño, paciencia, paciencia, como aconseja el poeta- y atender las ofensas del No Presidente de los Estados Unidos.
Y no solo para cazarle los disparates -que antes que risa provocan desprecio- sino también para calibrar sus amenazas. Con tantos años fuera de la ley, la administración de este No Presidente, puede creerse sus propios engaños. Y lo que es peor: puede inspirarse en sus anteriores crímenes, esos que ahora mismo inundan de sangre y caos al menos a otras dos naciones del planeta, a las que mandó invadir, al margen de la ley.
Este No Presidente dijo muchas mentiras, tergiversó muchas cosas y fue especialmente inmoral en su mensaje final para Cuba. Como nos había adelantado un lúcido académico norteamericano con fina ironía: “dado el conocimiento profundo de la historia y la realidad cubana, Bush seguramente anunciará (…) el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba”.
Pero hay otros mensajes que en su boca gozan de la mayor credibilidad: los millones de dólares que sacará de los bolsillos de los ciudadanos de su país para subvertir el orden aquí; la inestabilidad como objetivo central y su nombramiento adelantado de los que designó “líderes de mañana”. Todo un programa al margen de la ley. Justo lo que ha impuesto donde quiera que prometió libertad duradera.
Que no se ofenda nadie entonces si, mientras aceitamos el fusil, lo mandamos a la mierda.
Las contradicciones insalvables del veleidoso caudillo Simón Bolívar II
Félix C. Calderón
25-10-2007
Uno de los problemas inherentes a la historiografía es el
"presentismo"; esto es, siguiendo al filósofo de la historia Herbert
Butterfield, el enorme riesgo de hacer historia sin dejar del todo el
presente o de hacerlo en función de éste, lo que puede llevar a
construir "una gigantesca ilusión óptica." En efecto, es frecuente la
tentación de yuxtaponer los planos sincrónico y diacrónico en el
análisis de determinados acontecimientos dados en el pasado, o de
interpolar, sin solución de continuidad, juicios de valor basados en
estructuras conceptual y valorativa de otras épocas, de donde resulta
un producto historiográfico que es una reinterpretación actualizada
del pasado o su adulteración descomunal. ¿Qué hacer entonces?
Quien esto escribe ha procurado, dentro de lo posible, sustraerse al
"presentismo" tomando como marco de referencia temporal las propias
cartas de Simón Bolívar o de sus corresponsales (Sucre y Santander,
entre otros). Y para reforzar esa percepción sincrónica de los
acontecimientos en acción ha recurrido, complementariamente, a los
testimonios dejados por algunos observadores calificados, testimonios
por lo general coetáneos con los acontecimientos. Dicho en otras
palabras, la metodología seguida ha sido la de evitar la mirada
retrospectiva y, más bien, procurar descodificar sobre una base
documental las intenciones subyacentes a los discursos o decisiones
como una forma de desentrañar la verdad histórica. Un ejemplo puntual
en el empleo de esta metodología lo encontramos si se contrasta lo
escrito por Sucre a Bolívar en su carta de 4 de abril de 1825 ("Mil
veces he pedido a V. instrucciones respecto del Alto Perú y se me han
negado, dejándome en abandono") con lo que, finalmente, le confesó en
otra carta, de fecha 6 de junio de ese año: "porque he dicho y he
repetido que V. no me dio instrucciones al entrar en ellas. V. me
previno en dos cartas que siempre dijese esto; y como fue así lo
cumplo exactamente." Vale decir, el argumento repetido varias veces
por Sucre durante el crucial período que va de febrero a mayo de 1825
en cuanto a que no había recibido instrucciones para precipitar la
independencia del Alto Perú, resultó ser por su propia confesión pura
simulación para proteger a su jefe en caso de que las cosas salieran
mal. Y como para Bolívar lo "más seguro" era dudar, se tomó el
trabajo de instruirle sobre el particular a su lugarteniente en "dos
cartas" que, por supuesto, no se conocen.
Bolívar tuvo una relación muy peculiar con el Perú. Fue sincero en la
admiración que le suscitó su pasado milenario; pero, al mismo tiempo,
fue incongruente entre lo que declaraba perseguir y lo que realmente
hacía del Perú. Solo se darán en esta oportunidad tres ejemplos en
prueba de esa difícil relación que, es de suponer, desencadenó en el
inconsciente de este osado caudillo militar un desencuentro
insuperable entre Eros y Tanatos, proclive como fue desde joven a
convivir con amores culpables.
Siempre ha sido objeto de cuestionamiento la decisión que tomó
Bolívar en el primer semestre de 1825 de desplazar tropas peruanas al
Istmo de Panamá y Venezuela. ¿Por qué en vez de entrenar y consolidar
un ejército profesional para el nuevo Estado peruano, optó en sentido
contrario por desarticularlo y exiliarlo? En una carta dirigida a
Santander, el 18 de febrero de 1825, el veleidoso guerrero elaboró una
explicación que fue de inmediato confirmada por los hechos. Veamos,
primero, el fragmento de esa carta:
"Así, pues, yo creo que nosotros debemos imitar a la Santa Alianza
(sic) en todo lo que es relativo a seguridad política. La diferencia
no debe ser otra que la de los principios de justicia. En Europa todo
se hace por la tiranía, acá es por la libertad (sic) (…). Los
ejércitos de ocupación de Europa, es una invención moderna y hábil
(sic). Conserva la independencia de las naciones, y el orden que se
establece en ellas, y al mismo tiempo evita esa necesidad de
conquistar para impedir la guerra. Por lo mismo (sic) nosotros debemos
tener este ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la
reunión de los Estados que deben decidir del modo y medio de mantener
su tranquilidad entre los confederados (sic)." (Archivo Santander.-
Tomo XII).
Reténgase esto: "Los ejércitos de ocupación (...). es una invención
moderna y hábil (...). Por lo mismo nosotros debemos tener este
ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la reunión de los
Estados (...)." Lenguaje críptico que es coincidente con otro más
explícito formulado a este respecto un año más tarde por el Cónsul de
Estados Unidos en Lima, William Tudor, en una comunicación que el 23
de febrero dirigió al Departamento de Estado:
"Continúa enviándose tropas a sotavento, algunas a Guayaquil y otras a
Panamá. Parte de esas tropas son peruanas en cambio de las colombianas
que permanecen aquí, medida política no diferente de la que se tomó
algunos años después del canje de milicia inglesa e irlandesa (sic)."
(William R. Manning: Correspondencia Diplomática de los Estados Unidos
concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas (Tomo
III.- Librería y Editorial "La Facultad" de Juan Roldán y Cia.-Buenos
Aires, 1932).
Dicho de otra manera, el plan de forzar la separación del Alto Perú so
pretexto de liberarlo y a partir de allí configurar una federación de
mayor envergadura en la que el Perú desaparecía como Estado
independiente, estuvo acompañado de otro destinado a ocuparlo
militarmente, debilitar toda resistencia y, así someterlo a través de
un fantasmal Consejo de Gobierno. No es de extrañar, por tanto, el
palurdo comentario que el mismo Bolívar le hiciera en otra carta a
Santander, meses más tarde, el 20 de mayo de 1825, camino al Alto
Perú:
"Aquí he visto la división de Lara que tiene 3.500 hombres en el pie
más brillante del mundo; lo mismo dicen que está la de Córdoba. Estas
tropas está muy bien vestidas, pagadas y alimentadas; la división de
Colombia ha costado más de medio millón en tres meses, y quien sabe si
mucho más. Solo aquí se ha gastado más de 400.000 duros. Así es que
todo el ejército de Colombia bien puede haber costado un millón de
pesos en los meses de este año (sic), sin contar las raciones que casi
todas las ha dado el pueblo (sic). Bien lo merece este bello ejército,
y yo espero dos millones de pesos de Inglaterra para completar su paga
sin dejar nada de atrasados." (Cartas Santander-Bolívar 1823-1825.-
Tomo IV).
Por supuesto, esos millones de pesos debía pagarlos el Perú y para
nada en su beneficio. Tan cierto es esto que Santander en una carta
cursada a Bolívar, de fecha 6 de noviembre de 1825, le hizo el
siguiente comentario:
"Vuelvo a decir a U. que me alegro que se queden por allá 4 o 5,000
colombianos y que sea Córdoba uno de los jefes que se queden. Aquí no
tenemos con qué mantenerlos (sic), y quedándose allá logramos dos
objetos: uno conservar esa hermosa fuerza para cualquier ocurrencia
sin que nos cueste un real (sic), y otro, dar este famoso auxilio al
Perú para que se consoliden sus instituciones y se salve el país de la
anarquía (sic)." (Archivo Santander.- Tomo XIII).
¿Auxilio al Perú? ¿Para qué? ¿Quién lo solicitó? Pero, sigamos con
este ejercicio de contrastar cartas entre las numerosas que existen.
El 2 de setiembre de 1825, Bolívar instruyó a su subordinado, el
general Bartolomé Salom, esta vez desde La Paz, como sigue:
"Acabo de escribir al presidente del Consejo de Gobierno (Hipólito
Unánue), largamente sobre todos los negocios del día; suplico a Ud.
que lo vea y se informe (sic) con él de todo (sic). Lo que más me
importa en el día, es no desprendernos de nuestros colombianos (sic),
absolutamente; y sin embargo, debo mandar á Colombia tres mil hombres
para que mantengan el orden en Venezuela. Con esta mira, deseo que
Ud., luego que tome el Callao, levante un batallón con este nombre del
Callao(...): toda la tropa será del Perú (...)." (Daniel O'Leary: Op.
cit.- Tomo 30).
El problema adicional reside en que esos desplazamientos interesados
de la tropa peruana hacia el norte se hicieron dentro del marco de un
manejo arbitrario de la finanzas del débil Estado peruano, como lo
prueba el párrafo consignado en un oficio remitido por el obediente
José María de Pando al plenipotenciario peruano Ortiz de Zevallos, de
fecha 3 de diciembre de 1826:
"(...) El Ministerio no conserva ningunos documentos (...). Lo único
que se encuentra es la constancia de una letra jirada (sic) contra la
casa de Robersont en Buenos Ayres (sic) por Don Guillermo Cochrane,
importante doscientos cincuenta mil, quinientos ochenta y nueve pesos
siete reales que esta República puso á disposición de S. E. el
Libertador (sic), quien no se ha servido hasta hoy decir su inversión
(sic)." (Carlos Ortiz de Zevallos: Op. cit.).
Con el agravante que al momento de enviarse ese oficio a Chuquisaca,
hacía más de dos meses que Bolívar había dejado para siempre el Perú
rumbo a Bogotá. Por eso, no le faltó razón al Cónsul Tudor cuando en
otra comunicación remitida a Washington, el 24 de agosto de 1826,
consignó el siguiente comentario referido a Bolívar, por lo demás
justificado histórica y documentadamente en todos sus extremos:
"Desde el primer momento de su llegada al Perú, su objeto consistió en
humillar el ejército peruano; y tan pronto como la guerra fue
terminada en Ayacucho, lo arrojó del país o lo distribuyó en pequeños
destacamentos para que sus jefes no tuvieran apoyo ni las tropas
jefes. Su disimulado horror por la dictadura, su despreciativa
negativa a recibir los millones que se le ofrecieron, su declaración
de que no se apoderaría de un grano de arena del Perú, todo contribuyó
a engañar al mundo mientras se preparaba para hacerse dueño del país y
formar con la América del Sur un imperio. (…) El egoísmo de Bolívar,
al igual que el de su modelo (Napoleón) inflamado por los triunfos, le
hacen mirar a los hombres como piezas de ajedrez que pueden ser
movidas según se quiera en el juego de su engrandecimiento. Si el fin
justifica los medios, rara vez se presentará una tarea más ardua."
(William R. Manning: Op. cit.).
De sumo interés la sarcástica alusión de Tudor a la declaración de
Bolívar de no apoderarse de "un grano de arena del Perú", porque en la
práctica su intención fue exactamente la opuesta, inclusive antes de
pisar tierra peruana. En una carta enviada a Santander el 29 de julio
de 1822, inmediatamente después de su entrevista con esa sombra de
guerrero que fue, en el Perú, San Martín (nunca libró personalmente
batalla alguna y dejó que se le usurpe al Perú el puerto de
Guayaquil), el ambicioso caudillo militar señaló lo siguiente:
"A fines de este mes pienso pasar a Cuenca y Loja volviendo aquí por
Túmbez para examinar nuestra frontera (sic). (…) Tenga Ud. entendido
que el corregimiento de Jaén lo han ocupado los del Perú, y que Maynas
pertenece al Perú por una real orden muy moderna (sic); que también
está ocupada por fuerzas del Perú. Siempre tendremos que dejar a Jaen
por Maynas (sic) y adelantar si es posible nuestros límites de la
costa más allá de Túmbez (sic). Yo me informaré de todo en el viaje
que voy a hacer y daré parte al gobierno de mi opinión." (Vicente
Lecuna.- Op. cit.- Tomo III).
Luego vino la pomposa promesa en Trujillo, en marzo de 1824, que se
lee como sigue: "Peruanos: el campo de batalla que sea testigo del
valor de nuestros soldados, del triunfo de vuestra libertad; ese campo
afortunado me verá arrojar de la mano la palma de la dictadura y de
allí me volveré a Colombia (sic) con mis hermanos de armas 'sin tomar
un grano de arena del Perú (sic),' dejando la libertad." (Nicolás
Rebaza: Anales del Departamento de la Libertad en la guerra de la
independencia).
Empero, el 17 de febrero de 1825, siempre como jefe supremo del Perú,
y apenas siete días después de haber arrancado del Congreso peruano,
con mohines y desplantes, la denominación de "libertador", por no
considerar apropiada la de dictador, Bolívar remitió a José Rafael
Revenga que se desempeñaba como Secretario de Estado en Bogotá, en
reemplazo de Pedro Gual que hacía de las suyas en el Istmo de Panamá
para desesperación del patriota peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre,
las siguientes líneas, entre otras:
"Aquí han convocado para el congreso constitucional a los diputados de
las provincias de Jaén, Bracamoros y de Mainas, reclamadas mucho
tiempo ha, como pertenecientes a Colombia (sic). Yo he dicho a Armero
esta ocurrencia, y creo que ustedes le ordenarán a nuestro (sic)
plenipotenciario en esta república, que introduzca el reclamo en forma
hasta obtener su restitución a Colombia (sic)." (Vicente Lecuna: Op.
cit.).
No hay que olvidar que por esos mismos días venía, también, forzando
con ayuda de Sucre la independencia del Alto Perú. Ergo, no sorprende
que un año más tarde, el Perú haya quedado expuesto a un nuevo recorte
territorial. En la comunicación que le remitiera el 30 de mayo de 1826
a Santander, el dictador de facto se sacó la careta en cuanto a sus
pretensiones:
"Gual me ha escrito de Panamá, y toda su carta se reduce a hablarme
sobre la necesidad en que estamos de apresurar la negociación de
límites entre el Perú y Colombia; él es de opinión que por tal de que
se consiga este tratado dejásemos la provincia de Loja del lado
peruano. Yo he contestado (sic) que no soy de este parecer (sic), ni
que debemos perder a Mojos ni Bracamoros, cuando estas provincias
deben quedarnos porque nos pertenecen (sic) y no son desiertos como
los del Marañón. Le digo que de Jaen al Marañón se puede tirar una
línea y este río puede servirnos de límites entre los dos desiertos
(sic); los antiguos límites de las provincias de Quito y los peruanos
deberán servirnos de frontera (sic). Creo, pues, que Colombia podría
autorizar a Heres para que entablase esta negociación sobre esta base,
que puede y aun debe ser aceptada, siendo esto lo que verdaderamente
conviene a ambos (sic). Yo no dudo que Heres logre un buen efecto en
su misión, porque, además de la justicia del reclamo, la amistad que
tiene con el general Santa Cruz, que va a ser el presidente del
Consejo de Gobierno, le facilitará los medios de obtener el buen
resultado que desea Gual sin sacrificar nuestros intereses (sic)
perdiendo a Loja. Además para perder siempre hay tiempo y mucho menos
cuando esta pérdida es inexcusable." (Vicente Lecuna: Ibid.).
"Sin sacrificar nuestros intereses" es lo que puso en negro sobre
blanco Bolívar en aquella oportunidad, con tal de no perder, porque
para esto siempre había tiempo. Y quería que la negociación fuera
encargada a sus subordinados Tomás de Heres (a quien Tomás Cipriano de
Mosquera le atribuyó la autoría del envenenamiento del prócer Sánchez
Carrión) y al agradecido y "más despreocupado" Santa Cruz. Es decir,
seguía actuando sin ningún escrúpulo en perjuicio del Perú, pese a ser
su jefe supremo. Por consiguiente, hay razón para preguntarse ¿en
manos de quien había caído el Perú?
En fin, entre abril y junio de 1826, Bolívar perpetró en el Perú un
auto-golpe que se tradujo en el cierre del Congreso peruano y en la
debelación a sangre y fuego de la revuelta del valeroso regimiento
Húsares de Junín contra la ocupación colombiana. Sin embargo,
precisamente el 10 de febrero de 1825, no tuvo empacho en proclamar su
adhesión a principios situados en las antípodas de esa medida de
fuerza, reafirmando su respeto a la soberanía del Estado que lo acogía
en términos inequívocos:
"Yo soy un extranjero; he venido a auxiliar como guerrero, y no á
mandar como político. (...). Pero si yo aceptase su mando el Perú
vendría á ser una nación parásita ligada hacia Colombia (...). Yo no
puedo, señores, admitir un poder que repugna mi conciencia (sic).
Tampoco los Legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo
les ha confiado solo para representar su soberanía. Las generaciones
futuras del Perú os cargarían de execración: vosotros no tenéis
facultad de librar un derecho de que no estáis investidos. No siendo
la soberanía del pueblo enagenable (sic), apenas puede ser
representada por aquellos que son los órganos de su voluntad; mas un
forastero, señores, no puede ser el órgano de la Representación
Nacional. Es un intruso en esta naciente República." (Declaración de
Bolívar ante el Congreso peruano en Daniel O'Leary: Memorias.- Tomo
23).
Bellas palabras que suscitan la siguiente pregunta: ¿Por qué encabezó
el auto-golpe en abril de 1826? Para su pesar, los nuevos diputados
peruanos consideraron que había llegado el momento de ponerle límites
constitucionales a ese ejercicio solitario e ilimitado del poder, todo
lo cual echaba por tierra sus planes federativos a expensas del Perú.
Veamos cómo Bolívar dio cuenta, el 7 de mayo de 1826, en una carta
remitida a Santander, de lo ocurrido durante el mes de abril:
"Estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la
reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de
Arequipa (...) han querido que este congreso fuese constituyente y no
constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta
preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron,
unos por equivocación y otros por seducción (sic). El consejo de
gobierno sostenía la constitución por mi consejo (sic), y como yo iba
a ser desairado (sic) junto con mis delegados (...), repetí
decididamente lo que digo todos los días: que me iba (en cursivas en
el original). Esta palabra causó un alboroto inmenso. (...) Yo soy
blando de corazón a los ruegos de las personas que me aman (...). Es
inútil decir que este incidente decidió de la cuestión en la junta
preparatoria (...). El motivo principal de todo esto es que un tal
Luna Pizarro, un cleriguito como el doctor Pérez, ha querido que la
constitución se varíe, o más bien que él pueda disponer de todo a su
antojo." (carta de Bolívar a Santander de 7 de mayo de 1826 en Vicente
Lecuna: Op. cit.).
Empero, en la carta que envió a su muy servicial prefecto de Arequipa,
Antonio Gutiérrez de la Fuente, el 6 de abril de 1826, fue más
directo:
"!Que malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible
cambiarlos, sería la mejor cosa del mundo (...). Yo creo que Arequipa
tendrá que reunir de nuevo sus Asambleas (sic) (...). Yo le aseguro a
más (sic) que con ellos no se puede hacer nada bueno (sic): quieren
destruirlo todo a su modo. (...)." (Vicente Lecuna: Op. cit.).
Y lo irónico en todo esto es que esos diputados con Luna Pizarro a la
cabeza, entre muchos otros, no se oponían a que el caudillo militar
fuera elegido presidente, tan solo exigían el retiro de las fuerzas de
ocupación. Tan serio fue el malestar que imperaba en el sector
patriota del Perú que tras la revuelta del regimiento Húsares de
Junín, Bolívar puso en marcha una cruenta represión en Lima, Junín y
Ayacucho, llegándose a tomar prisionero, entre decenas de peruanos, al
general Necochea (uno de los artífices del triunfo en Junín en 1824 a
causa del temprano y temerario repliegue del alocado caraqueño que
daba por cierta la derrota de los patriotas).
Casi nadie recuerda hoy en el Perú al valiente peruano Pedro José
Rivas quien en abril de 1826 interceptó las cartas que Bolívar remitía
a su lugarteniente Sucre, tomando así conocimiento de esa gran
conspiración contra el Perú. Suponemos que Juan Pardo de Zela, el
obsecuente oficial que en nombre del dictador ejecutó al valiente
Rivas, ha dejado en algún lugar el testimonio escrito de su conducta.
En todo caso, quien esto escribe considera pertinente concluir este
sumario enjuiciamiento de la conducta de Bolívar en el Perú con los
comentarios que uno de sus contemporáneos, el Cónsul William Tudor,
alcanzara al Departamento de Estado, el 27 de mayo de 1826, respecto a
la pobre opinión que le merecía:
"La profunda hipocresía del General Bolívar ha engañado hasta ahora
al mundo, (...). Con la violenta disolución del Congreso, la máscara
ha desaparecido enteramente y el mundo verá con indignación o con
malicioso deleite que el que ocupaba la atención de los políticos de
todos los países y para quien, por una afortunada combinación de
circunstancias, la suerte había preparado los medios para trasmitirle
a la historia una de las más nobles reputaciones que pudiera
registrar, puede ser derrocado como uno de los más rastreros
usurpadores militares (sic), lleno de toda la execración de sus
contemporáneos por las calamidades que su conducta les acarrea. (...).
Si hubiese habido miras honradas con respecto al Perú para tener a La
Mar como Presidente y si los hombres de talento que el Congreso
encerraba hubiesen procedido debidamente, el Perú habría marchado con
éxito hasta que nuevos hombres capaces de penetrar en los diversos
ramos de la administración se hubiesen formado y desarrollado (sic).
Pero la costumbre de los tiranos y de sus alcahuetes (sic) consiste en
calumniar al pueblo como una excusa para esclavizarlo, tal como el boa
cubre un animal con su babaza para poder tragárselo (sic)." (William
R. Manning: Op. cit.)
Entre esos "alcahuetes" a los que se refería el Cónsul Tudor se
encontraba la cohorte de turiferarios, cortesanos o aprovechados,
figurando en primera fila Hipólito Unánue, José María de Pando,
Larrea, Pedemonte, Gutiérrez de la Fuente, y decenas de otros.
Otros de sus contemporáneos, el estudioso francés Benjamín Constant,
no se quedó atrás en sus acerbas críticas. Veamos un fragmento de la
furibunda filípica que publicó en el Courrier Français de París, en
enero de 1829:
"Nosotros vemos à Bolívar comenzar su carrera por libertar à Colombia,
y bajo este aspecto yo he aplaudido con toda mi alma sus esfuerzos y
suceso. Lo vemos frecuentemente en medio de sus triunfos y en el seno
del poder, manifestar deseos de renunciar a la autoridad. No dudaba
entonces de su sinceridad, y a pesar de que las ofertas de abdicación,
los homenajes à la soberanía del pueblo, el anhelo por la vida
privada, son el formulario preciso de todos los usurpadores (en
cursivas en el original), yo he querido por mucho tiempo hacer de
Bolívar una excepción honrosa. El continúa su marcha, liberta el Perú,
y le admiro todavía; pero da à la nación que ha libertado
instituciones que desagradan à una gran parte de esta nación: apellida
tramas y conspiraciones la resistencia à las instituciones que ha
impuesto: rehúsa à las súplicas mas movedoras el perdón de los que han
resistido: hace correr sobre una tierra que no es la suya la sangre de
sus naturales (en cursiva en el original). Conduce fuera de su patria
à los hombres que se habían cubierto de gloria bajo los estandartes de
la independencia, y la suerte de estos hombres aún permanece envuelta
en sombras siniestras: y aquí nacen mis desconfianzas. Crecen cuando
Bolívar aprovechándose de la desmembración de algunas provincias, les
da una Constitución muy defectuosa, muy poco conforme con la libertad
verdadera. Con todo esto puede ser solo un error. El guerrero puede
cegarse acerca de los numerosos defectos de su modelo de Constitución.
(...) ¿Pero esta otra causa no será la secreta inteligencia del
libertador que quiere ser amo, y del pretendido rebelde que le
suministra la ocasión plausible de cumplir sus designios? (…). Esta
afectación de respeto por un pueblo que se tiene debajo del yugo, es
el artificio que usan cuantos aspiran a la tiranía. Ellos ofrecen
siempre dejar el poder, pero esta oferta humilde en apariencia está
acompañada de un alarde de fuerzas que prescribe al pueblo que la
rehúse, y los usurpadores condenados al poder a pesar suyo, quieren
ser al mismo tiempo obedecidos como señores, y compadecidos como
víctimas de su consagración (…) además, la tiranía no está en el uso,
sino en el derecho que se arroga. (…)."
Quien esto escribe ha procurado, dentro de lo posible, sustraerse al
"presentismo" tomando como marco de referencia temporal las propias
cartas de Simón Bolívar o de sus corresponsales (Sucre y Santander,
entre otros). Y para reforzar esa percepción sincrónica de los
acontecimientos en acción ha recurrido, complementariamente, a los
testimonios dejados por algunos observadores calificados, testimonios
por lo general coetáneos con los acontecimientos. Dicho en otras
palabras, la metodología seguida ha sido la de evitar la mirada
retrospectiva y, más bien, procurar descodificar sobre una base
documental las intenciones subyacentes a los discursos o decisiones
como una forma de desentrañar la verdad histórica. Un ejemplo puntual
en el empleo de esta metodología lo encontramos si se contrasta lo
escrito por Sucre a Bolívar en su carta de 4 de abril de 1825 ("Mil
veces he pedido a V. instrucciones respecto del Alto Perú y se me han
negado, dejándome en abandono") con lo que, finalmente, le confesó en
otra carta, de fecha 6 de junio de ese año: "porque he dicho y he
repetido que V. no me dio instrucciones al entrar en ellas. V. me
previno en dos cartas que siempre dijese esto; y como fue así lo
cumplo exactamente." Vale decir, el argumento repetido varias veces
por Sucre durante el crucial período que va de febrero a mayo de 1825
en cuanto a que no había recibido instrucciones para precipitar la
independencia del Alto Perú, resultó ser por su propia confesión pura
simulación para proteger a su jefe en caso de que las cosas salieran
mal. Y como para Bolívar lo "más seguro" era dudar, se tomó el
trabajo de instruirle sobre el particular a su lugarteniente en "dos
cartas" que, por supuesto, no se conocen.
Bolívar tuvo una relación muy peculiar con el Perú. Fue sincero en la
admiración que le suscitó su pasado milenario; pero, al mismo tiempo,
fue incongruente entre lo que declaraba perseguir y lo que realmente
hacía del Perú. Solo se darán en esta oportunidad tres ejemplos en
prueba de esa difícil relación que, es de suponer, desencadenó en el
inconsciente de este osado caudillo militar un desencuentro
insuperable entre Eros y Tanatos, proclive como fue desde joven a
convivir con amores culpables.
Siempre ha sido objeto de cuestionamiento la decisión que tomó
Bolívar en el primer semestre de 1825 de desplazar tropas peruanas al
Istmo de Panamá y Venezuela. ¿Por qué en vez de entrenar y consolidar
un ejército profesional para el nuevo Estado peruano, optó en sentido
contrario por desarticularlo y exiliarlo? En una carta dirigida a
Santander, el 18 de febrero de 1825, el veleidoso guerrero elaboró una
explicación que fue de inmediato confirmada por los hechos. Veamos,
primero, el fragmento de esa carta:
"Así, pues, yo creo que nosotros debemos imitar a la Santa Alianza
(sic) en todo lo que es relativo a seguridad política. La diferencia
no debe ser otra que la de los principios de justicia. En Europa todo
se hace por la tiranía, acá es por la libertad (sic) (…). Los
ejércitos de ocupación de Europa, es una invención moderna y hábil
(sic). Conserva la independencia de las naciones, y el orden que se
establece en ellas, y al mismo tiempo evita esa necesidad de
conquistar para impedir la guerra. Por lo mismo (sic) nosotros debemos
tener este ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la
reunión de los Estados que deben decidir del modo y medio de mantener
su tranquilidad entre los confederados (sic)." (Archivo Santander.-
Tomo XII).
Reténgase esto: "Los ejércitos de ocupación (...). es una invención
moderna y hábil (...). Por lo mismo nosotros debemos tener este
ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la reunión de los
Estados (...)." Lenguaje críptico que es coincidente con otro más
explícito formulado a este respecto un año más tarde por el Cónsul de
Estados Unidos en Lima, William Tudor, en una comunicación que el 23
de febrero dirigió al Departamento de Estado:
"Continúa enviándose tropas a sotavento, algunas a Guayaquil y otras a
Panamá. Parte de esas tropas son peruanas en cambio de las colombianas
que permanecen aquí, medida política no diferente de la que se tomó
algunos años después del canje de milicia inglesa e irlandesa (sic)."
(William R. Manning: Correspondencia Diplomática de los Estados Unidos
concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas (Tomo
III.- Librería y Editorial "La Facultad" de Juan Roldán y Cia.-Buenos
Aires, 1932).
Dicho de otra manera, el plan de forzar la separación del Alto Perú so
pretexto de liberarlo y a partir de allí configurar una federación de
mayor envergadura en la que el Perú desaparecía como Estado
independiente, estuvo acompañado de otro destinado a ocuparlo
militarmente, debilitar toda resistencia y, así someterlo a través de
un fantasmal Consejo de Gobierno. No es de extrañar, por tanto, el
palurdo comentario que el mismo Bolívar le hiciera en otra carta a
Santander, meses más tarde, el 20 de mayo de 1825, camino al Alto
Perú:
"Aquí he visto la división de Lara que tiene 3.500 hombres en el pie
más brillante del mundo; lo mismo dicen que está la de Córdoba. Estas
tropas está muy bien vestidas, pagadas y alimentadas; la división de
Colombia ha costado más de medio millón en tres meses, y quien sabe si
mucho más. Solo aquí se ha gastado más de 400.000 duros. Así es que
todo el ejército de Colombia bien puede haber costado un millón de
pesos en los meses de este año (sic), sin contar las raciones que casi
todas las ha dado el pueblo (sic). Bien lo merece este bello ejército,
y yo espero dos millones de pesos de Inglaterra para completar su paga
sin dejar nada de atrasados." (Cartas Santander-Bolívar 1823-1825.-
Tomo IV).
Por supuesto, esos millones de pesos debía pagarlos el Perú y para
nada en su beneficio. Tan cierto es esto que Santander en una carta
cursada a Bolívar, de fecha 6 de noviembre de 1825, le hizo el
siguiente comentario:
"Vuelvo a decir a U. que me alegro que se queden por allá 4 o 5,000
colombianos y que sea Córdoba uno de los jefes que se queden. Aquí no
tenemos con qué mantenerlos (sic), y quedándose allá logramos dos
objetos: uno conservar esa hermosa fuerza para cualquier ocurrencia
sin que nos cueste un real (sic), y otro, dar este famoso auxilio al
Perú para que se consoliden sus instituciones y se salve el país de la
anarquía (sic)." (Archivo Santander.- Tomo XIII).
¿Auxilio al Perú? ¿Para qué? ¿Quién lo solicitó? Pero, sigamos con
este ejercicio de contrastar cartas entre las numerosas que existen.
El 2 de setiembre de 1825, Bolívar instruyó a su subordinado, el
general Bartolomé Salom, esta vez desde La Paz, como sigue:
"Acabo de escribir al presidente del Consejo de Gobierno (Hipólito
Unánue), largamente sobre todos los negocios del día; suplico a Ud.
que lo vea y se informe (sic) con él de todo (sic). Lo que más me
importa en el día, es no desprendernos de nuestros colombianos (sic),
absolutamente; y sin embargo, debo mandar á Colombia tres mil hombres
para que mantengan el orden en Venezuela. Con esta mira, deseo que
Ud., luego que tome el Callao, levante un batallón con este nombre del
Callao(...): toda la tropa será del Perú (...)." (Daniel O'Leary: Op.
cit.- Tomo 30).
El problema adicional reside en que esos desplazamientos interesados
de la tropa peruana hacia el norte se hicieron dentro del marco de un
manejo arbitrario de la finanzas del débil Estado peruano, como lo
prueba el párrafo consignado en un oficio remitido por el obediente
José María de Pando al plenipotenciario peruano Ortiz de Zevallos, de
fecha 3 de diciembre de 1826:
"(...) El Ministerio no conserva ningunos documentos (...). Lo único
que se encuentra es la constancia de una letra jirada (sic) contra la
casa de Robersont en Buenos Ayres (sic) por Don Guillermo Cochrane,
importante doscientos cincuenta mil, quinientos ochenta y nueve pesos
siete reales que esta República puso á disposición de S. E. el
Libertador (sic), quien no se ha servido hasta hoy decir su inversión
(sic)." (Carlos Ortiz de Zevallos: Op. cit.).
Con el agravante que al momento de enviarse ese oficio a Chuquisaca,
hacía más de dos meses que Bolívar había dejado para siempre el Perú
rumbo a Bogotá. Por eso, no le faltó razón al Cónsul Tudor cuando en
otra comunicación remitida a Washington, el 24 de agosto de 1826,
consignó el siguiente comentario referido a Bolívar, por lo demás
justificado histórica y documentadamente en todos sus extremos:
"Desde el primer momento de su llegada al Perú, su objeto consistió en
humillar el ejército peruano; y tan pronto como la guerra fue
terminada en Ayacucho, lo arrojó del país o lo distribuyó en pequeños
destacamentos para que sus jefes no tuvieran apoyo ni las tropas
jefes. Su disimulado horror por la dictadura, su despreciativa
negativa a recibir los millones que se le ofrecieron, su declaración
de que no se apoderaría de un grano de arena del Perú, todo contribuyó
a engañar al mundo mientras se preparaba para hacerse dueño del país y
formar con la América del Sur un imperio. (…) El egoísmo de Bolívar,
al igual que el de su modelo (Napoleón) inflamado por los triunfos, le
hacen mirar a los hombres como piezas de ajedrez que pueden ser
movidas según se quiera en el juego de su engrandecimiento. Si el fin
justifica los medios, rara vez se presentará una tarea más ardua."
(William R. Manning: Op. cit.).
De sumo interés la sarcástica alusión de Tudor a la declaración de
Bolívar de no apoderarse de "un grano de arena del Perú", porque en la
práctica su intención fue exactamente la opuesta, inclusive antes de
pisar tierra peruana. En una carta enviada a Santander el 29 de julio
de 1822, inmediatamente después de su entrevista con esa sombra de
guerrero que fue, en el Perú, San Martín (nunca libró personalmente
batalla alguna y dejó que se le usurpe al Perú el puerto de
Guayaquil), el ambicioso caudillo militar señaló lo siguiente:
"A fines de este mes pienso pasar a Cuenca y Loja volviendo aquí por
Túmbez para examinar nuestra frontera (sic). (…) Tenga Ud. entendido
que el corregimiento de Jaén lo han ocupado los del Perú, y que Maynas
pertenece al Perú por una real orden muy moderna (sic); que también
está ocupada por fuerzas del Perú. Siempre tendremos que dejar a Jaen
por Maynas (sic) y adelantar si es posible nuestros límites de la
costa más allá de Túmbez (sic). Yo me informaré de todo en el viaje
que voy a hacer y daré parte al gobierno de mi opinión." (Vicente
Lecuna.- Op. cit.- Tomo III).
Luego vino la pomposa promesa en Trujillo, en marzo de 1824, que se
lee como sigue: "Peruanos: el campo de batalla que sea testigo del
valor de nuestros soldados, del triunfo de vuestra libertad; ese campo
afortunado me verá arrojar de la mano la palma de la dictadura y de
allí me volveré a Colombia (sic) con mis hermanos de armas 'sin tomar
un grano de arena del Perú (sic),' dejando la libertad." (Nicolás
Rebaza: Anales del Departamento de la Libertad en la guerra de la
independencia).
Empero, el 17 de febrero de 1825, siempre como jefe supremo del Perú,
y apenas siete días después de haber arrancado del Congreso peruano,
con mohines y desplantes, la denominación de "libertador", por no
considerar apropiada la de dictador, Bolívar remitió a José Rafael
Revenga que se desempeñaba como Secretario de Estado en Bogotá, en
reemplazo de Pedro Gual que hacía de las suyas en el Istmo de Panamá
para desesperación del patriota peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre,
las siguientes líneas, entre otras:
"Aquí han convocado para el congreso constitucional a los diputados de
las provincias de Jaén, Bracamoros y de Mainas, reclamadas mucho
tiempo ha, como pertenecientes a Colombia (sic). Yo he dicho a Armero
esta ocurrencia, y creo que ustedes le ordenarán a nuestro (sic)
plenipotenciario en esta república, que introduzca el reclamo en forma
hasta obtener su restitución a Colombia (sic)." (Vicente Lecuna: Op.
cit.).
No hay que olvidar que por esos mismos días venía, también, forzando
con ayuda de Sucre la independencia del Alto Perú. Ergo, no sorprende
que un año más tarde, el Perú haya quedado expuesto a un nuevo recorte
territorial. En la comunicación que le remitiera el 30 de mayo de 1826
a Santander, el dictador de facto se sacó la careta en cuanto a sus
pretensiones:
"Gual me ha escrito de Panamá, y toda su carta se reduce a hablarme
sobre la necesidad en que estamos de apresurar la negociación de
límites entre el Perú y Colombia; él es de opinión que por tal de que
se consiga este tratado dejásemos la provincia de Loja del lado
peruano. Yo he contestado (sic) que no soy de este parecer (sic), ni
que debemos perder a Mojos ni Bracamoros, cuando estas provincias
deben quedarnos porque nos pertenecen (sic) y no son desiertos como
los del Marañón. Le digo que de Jaen al Marañón se puede tirar una
línea y este río puede servirnos de límites entre los dos desiertos
(sic); los antiguos límites de las provincias de Quito y los peruanos
deberán servirnos de frontera (sic). Creo, pues, que Colombia podría
autorizar a Heres para que entablase esta negociación sobre esta base,
que puede y aun debe ser aceptada, siendo esto lo que verdaderamente
conviene a ambos (sic). Yo no dudo que Heres logre un buen efecto en
su misión, porque, además de la justicia del reclamo, la amistad que
tiene con el general Santa Cruz, que va a ser el presidente del
Consejo de Gobierno, le facilitará los medios de obtener el buen
resultado que desea Gual sin sacrificar nuestros intereses (sic)
perdiendo a Loja. Además para perder siempre hay tiempo y mucho menos
cuando esta pérdida es inexcusable." (Vicente Lecuna: Ibid.).
"Sin sacrificar nuestros intereses" es lo que puso en negro sobre
blanco Bolívar en aquella oportunidad, con tal de no perder, porque
para esto siempre había tiempo. Y quería que la negociación fuera
encargada a sus subordinados Tomás de Heres (a quien Tomás Cipriano de
Mosquera le atribuyó la autoría del envenenamiento del prócer Sánchez
Carrión) y al agradecido y "más despreocupado" Santa Cruz. Es decir,
seguía actuando sin ningún escrúpulo en perjuicio del Perú, pese a ser
su jefe supremo. Por consiguiente, hay razón para preguntarse ¿en
manos de quien había caído el Perú?
En fin, entre abril y junio de 1826, Bolívar perpetró en el Perú un
auto-golpe que se tradujo en el cierre del Congreso peruano y en la
debelación a sangre y fuego de la revuelta del valeroso regimiento
Húsares de Junín contra la ocupación colombiana. Sin embargo,
precisamente el 10 de febrero de 1825, no tuvo empacho en proclamar su
adhesión a principios situados en las antípodas de esa medida de
fuerza, reafirmando su respeto a la soberanía del Estado que lo acogía
en términos inequívocos:
"Yo soy un extranjero; he venido a auxiliar como guerrero, y no á
mandar como político. (...). Pero si yo aceptase su mando el Perú
vendría á ser una nación parásita ligada hacia Colombia (...). Yo no
puedo, señores, admitir un poder que repugna mi conciencia (sic).
Tampoco los Legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo
les ha confiado solo para representar su soberanía. Las generaciones
futuras del Perú os cargarían de execración: vosotros no tenéis
facultad de librar un derecho de que no estáis investidos. No siendo
la soberanía del pueblo enagenable (sic), apenas puede ser
representada por aquellos que son los órganos de su voluntad; mas un
forastero, señores, no puede ser el órgano de la Representación
Nacional. Es un intruso en esta naciente República." (Declaración de
Bolívar ante el Congreso peruano en Daniel O'Leary: Memorias.- Tomo
23).
Bellas palabras que suscitan la siguiente pregunta: ¿Por qué encabezó
el auto-golpe en abril de 1826? Para su pesar, los nuevos diputados
peruanos consideraron que había llegado el momento de ponerle límites
constitucionales a ese ejercicio solitario e ilimitado del poder, todo
lo cual echaba por tierra sus planes federativos a expensas del Perú.
Veamos cómo Bolívar dio cuenta, el 7 de mayo de 1826, en una carta
remitida a Santander, de lo ocurrido durante el mes de abril:
"Estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la
reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de
Arequipa (...) han querido que este congreso fuese constituyente y no
constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta
preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron,
unos por equivocación y otros por seducción (sic). El consejo de
gobierno sostenía la constitución por mi consejo (sic), y como yo iba
a ser desairado (sic) junto con mis delegados (...), repetí
decididamente lo que digo todos los días: que me iba (en cursivas en
el original). Esta palabra causó un alboroto inmenso. (...) Yo soy
blando de corazón a los ruegos de las personas que me aman (...). Es
inútil decir que este incidente decidió de la cuestión en la junta
preparatoria (...). El motivo principal de todo esto es que un tal
Luna Pizarro, un cleriguito como el doctor Pérez, ha querido que la
constitución se varíe, o más bien que él pueda disponer de todo a su
antojo." (carta de Bolívar a Santander de 7 de mayo de 1826 en Vicente
Lecuna: Op. cit.).
Empero, en la carta que envió a su muy servicial prefecto de Arequipa,
Antonio Gutiérrez de la Fuente, el 6 de abril de 1826, fue más
directo:
"!Que malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible
cambiarlos, sería la mejor cosa del mundo (...). Yo creo que Arequipa
tendrá que reunir de nuevo sus Asambleas (sic) (...). Yo le aseguro a
más (sic) que con ellos no se puede hacer nada bueno (sic): quieren
destruirlo todo a su modo. (...)." (Vicente Lecuna: Op. cit.).
Y lo irónico en todo esto es que esos diputados con Luna Pizarro a la
cabeza, entre muchos otros, no se oponían a que el caudillo militar
fuera elegido presidente, tan solo exigían el retiro de las fuerzas de
ocupación. Tan serio fue el malestar que imperaba en el sector
patriota del Perú que tras la revuelta del regimiento Húsares de
Junín, Bolívar puso en marcha una cruenta represión en Lima, Junín y
Ayacucho, llegándose a tomar prisionero, entre decenas de peruanos, al
general Necochea (uno de los artífices del triunfo en Junín en 1824 a
causa del temprano y temerario repliegue del alocado caraqueño que
daba por cierta la derrota de los patriotas).
Casi nadie recuerda hoy en el Perú al valiente peruano Pedro José
Rivas quien en abril de 1826 interceptó las cartas que Bolívar remitía
a su lugarteniente Sucre, tomando así conocimiento de esa gran
conspiración contra el Perú. Suponemos que Juan Pardo de Zela, el
obsecuente oficial que en nombre del dictador ejecutó al valiente
Rivas, ha dejado en algún lugar el testimonio escrito de su conducta.
En todo caso, quien esto escribe considera pertinente concluir este
sumario enjuiciamiento de la conducta de Bolívar en el Perú con los
comentarios que uno de sus contemporáneos, el Cónsul William Tudor,
alcanzara al Departamento de Estado, el 27 de mayo de 1826, respecto a
la pobre opinión que le merecía:
"La profunda hipocresía del General Bolívar ha engañado hasta ahora
al mundo, (...). Con la violenta disolución del Congreso, la máscara
ha desaparecido enteramente y el mundo verá con indignación o con
malicioso deleite que el que ocupaba la atención de los políticos de
todos los países y para quien, por una afortunada combinación de
circunstancias, la suerte había preparado los medios para trasmitirle
a la historia una de las más nobles reputaciones que pudiera
registrar, puede ser derrocado como uno de los más rastreros
usurpadores militares (sic), lleno de toda la execración de sus
contemporáneos por las calamidades que su conducta les acarrea. (...).
Si hubiese habido miras honradas con respecto al Perú para tener a La
Mar como Presidente y si los hombres de talento que el Congreso
encerraba hubiesen procedido debidamente, el Perú habría marchado con
éxito hasta que nuevos hombres capaces de penetrar en los diversos
ramos de la administración se hubiesen formado y desarrollado (sic).
Pero la costumbre de los tiranos y de sus alcahuetes (sic) consiste en
calumniar al pueblo como una excusa para esclavizarlo, tal como el boa
cubre un animal con su babaza para poder tragárselo (sic)." (William
R. Manning: Op. cit.)
Entre esos "alcahuetes" a los que se refería el Cónsul Tudor se
encontraba la cohorte de turiferarios, cortesanos o aprovechados,
figurando en primera fila Hipólito Unánue, José María de Pando,
Larrea, Pedemonte, Gutiérrez de la Fuente, y decenas de otros.
Otros de sus contemporáneos, el estudioso francés Benjamín Constant,
no se quedó atrás en sus acerbas críticas. Veamos un fragmento de la
furibunda filípica que publicó en el Courrier Français de París, en
enero de 1829:
"Nosotros vemos à Bolívar comenzar su carrera por libertar à Colombia,
y bajo este aspecto yo he aplaudido con toda mi alma sus esfuerzos y
suceso. Lo vemos frecuentemente en medio de sus triunfos y en el seno
del poder, manifestar deseos de renunciar a la autoridad. No dudaba
entonces de su sinceridad, y a pesar de que las ofertas de abdicación,
los homenajes à la soberanía del pueblo, el anhelo por la vida
privada, son el formulario preciso de todos los usurpadores (en
cursivas en el original), yo he querido por mucho tiempo hacer de
Bolívar una excepción honrosa. El continúa su marcha, liberta el Perú,
y le admiro todavía; pero da à la nación que ha libertado
instituciones que desagradan à una gran parte de esta nación: apellida
tramas y conspiraciones la resistencia à las instituciones que ha
impuesto: rehúsa à las súplicas mas movedoras el perdón de los que han
resistido: hace correr sobre una tierra que no es la suya la sangre de
sus naturales (en cursiva en el original). Conduce fuera de su patria
à los hombres que se habían cubierto de gloria bajo los estandartes de
la independencia, y la suerte de estos hombres aún permanece envuelta
en sombras siniestras: y aquí nacen mis desconfianzas. Crecen cuando
Bolívar aprovechándose de la desmembración de algunas provincias, les
da una Constitución muy defectuosa, muy poco conforme con la libertad
verdadera. Con todo esto puede ser solo un error. El guerrero puede
cegarse acerca de los numerosos defectos de su modelo de Constitución.
(...) ¿Pero esta otra causa no será la secreta inteligencia del
libertador que quiere ser amo, y del pretendido rebelde que le
suministra la ocasión plausible de cumplir sus designios? (…). Esta
afectación de respeto por un pueblo que se tiene debajo del yugo, es
el artificio que usan cuantos aspiran a la tiranía. Ellos ofrecen
siempre dejar el poder, pero esta oferta humilde en apariencia está
acompañada de un alarde de fuerzas que prescribe al pueblo que la
rehúse, y los usurpadores condenados al poder a pesar suyo, quieren
ser al mismo tiempo obedecidos como señores, y compadecidos como
víctimas de su consagración (…) además, la tiranía no está en el uso,
sino en el derecho que se arroga. (…)."
25-10-2007
Uno de los problemas inherentes a la historiografía es el
"presentismo"; esto es, siguiendo al filósofo de la historia Herbert
Butterfield, el enorme riesgo de hacer historia sin dejar del todo el
presente o de hacerlo en función de éste, lo que puede llevar a
construir "una gigantesca ilusión óptica." En efecto, es frecuente la
tentación de yuxtaponer los planos sincrónico y diacrónico en el
análisis de determinados acontecimientos dados en el pasado, o de
interpolar, sin solución de continuidad, juicios de valor basados en
estructuras conceptual y valorativa de otras épocas, de donde resulta
un producto historiográfico que es una reinterpretación actualizada
del pasado o su adulteración descomunal. ¿Qué hacer entonces?
Quien esto escribe ha procurado, dentro de lo posible, sustraerse al
"presentismo" tomando como marco de referencia temporal las propias
cartas de Simón Bolívar o de sus corresponsales (Sucre y Santander,
entre otros). Y para reforzar esa percepción sincrónica de los
acontecimientos en acción ha recurrido, complementariamente, a los
testimonios dejados por algunos observadores calificados, testimonios
por lo general coetáneos con los acontecimientos. Dicho en otras
palabras, la metodología seguida ha sido la de evitar la mirada
retrospectiva y, más bien, procurar descodificar sobre una base
documental las intenciones subyacentes a los discursos o decisiones
como una forma de desentrañar la verdad histórica. Un ejemplo puntual
en el empleo de esta metodología lo encontramos si se contrasta lo
escrito por Sucre a Bolívar en su carta de 4 de abril de 1825 ("Mil
veces he pedido a V. instrucciones respecto del Alto Perú y se me han
negado, dejándome en abandono") con lo que, finalmente, le confesó en
otra carta, de fecha 6 de junio de ese año: "porque he dicho y he
repetido que V. no me dio instrucciones al entrar en ellas. V. me
previno en dos cartas que siempre dijese esto; y como fue así lo
cumplo exactamente." Vale decir, el argumento repetido varias veces
por Sucre durante el crucial período que va de febrero a mayo de 1825
en cuanto a que no había recibido instrucciones para precipitar la
independencia del Alto Perú, resultó ser por su propia confesión pura
simulación para proteger a su jefe en caso de que las cosas salieran
mal. Y como para Bolívar lo "más seguro" era dudar, se tomó el
trabajo de instruirle sobre el particular a su lugarteniente en "dos
cartas" que, por supuesto, no se conocen.
Bolívar tuvo una relación muy peculiar con el Perú. Fue sincero en la
admiración que le suscitó su pasado milenario; pero, al mismo tiempo,
fue incongruente entre lo que declaraba perseguir y lo que realmente
hacía del Perú. Solo se darán en esta oportunidad tres ejemplos en
prueba de esa difícil relación que, es de suponer, desencadenó en el
inconsciente de este osado caudillo militar un desencuentro
insuperable entre Eros y Tanatos, proclive como fue desde joven a
convivir con amores culpables.
Siempre ha sido objeto de cuestionamiento la decisión que tomó
Bolívar en el primer semestre de 1825 de desplazar tropas peruanas al
Istmo de Panamá y Venezuela. ¿Por qué en vez de entrenar y consolidar
un ejército profesional para el nuevo Estado peruano, optó en sentido
contrario por desarticularlo y exiliarlo? En una carta dirigida a
Santander, el 18 de febrero de 1825, el veleidoso guerrero elaboró una
explicación que fue de inmediato confirmada por los hechos. Veamos,
primero, el fragmento de esa carta:
"Así, pues, yo creo que nosotros debemos imitar a la Santa Alianza
(sic) en todo lo que es relativo a seguridad política. La diferencia
no debe ser otra que la de los principios de justicia. En Europa todo
se hace por la tiranía, acá es por la libertad (sic) (…). Los
ejércitos de ocupación de Europa, es una invención moderna y hábil
(sic). Conserva la independencia de las naciones, y el orden que se
establece en ellas, y al mismo tiempo evita esa necesidad de
conquistar para impedir la guerra. Por lo mismo (sic) nosotros debemos
tener este ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la
reunión de los Estados que deben decidir del modo y medio de mantener
su tranquilidad entre los confederados (sic)." (Archivo Santander.-
Tomo XII).
Reténgase esto: "Los ejércitos de ocupación (...). es una invención
moderna y hábil (...). Por lo mismo nosotros debemos tener este
ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la reunión de los
Estados (...)." Lenguaje críptico que es coincidente con otro más
explícito formulado a este respecto un año más tarde por el Cónsul de
Estados Unidos en Lima, William Tudor, en una comunicación que el 23
de febrero dirigió al Departamento de Estado:
"Continúa enviándose tropas a sotavento, algunas a Guayaquil y otras a
Panamá. Parte de esas tropas son peruanas en cambio de las colombianas
que permanecen aquí, medida política no diferente de la que se tomó
algunos años después del canje de milicia inglesa e irlandesa (sic)."
(William R. Manning: Correspondencia Diplomática de los Estados Unidos
concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas (Tomo
III.- Librería y Editorial "La Facultad" de Juan Roldán y Cia.-Buenos
Aires, 1932).
Dicho de otra manera, el plan de forzar la separación del Alto Perú so
pretexto de liberarlo y a partir de allí configurar una federación de
mayor envergadura en la que el Perú desaparecía como Estado
independiente, estuvo acompañado de otro destinado a ocuparlo
militarmente, debilitar toda resistencia y, así someterlo a través de
un fantasmal Consejo de Gobierno. No es de extrañar, por tanto, el
palurdo comentario que el mismo Bolívar le hiciera en otra carta a
Santander, meses más tarde, el 20 de mayo de 1825, camino al Alto
Perú:
"Aquí he visto la división de Lara que tiene 3.500 hombres en el pie
más brillante del mundo; lo mismo dicen que está la de Córdoba. Estas
tropas está muy bien vestidas, pagadas y alimentadas; la división de
Colombia ha costado más de medio millón en tres meses, y quien sabe si
mucho más. Solo aquí se ha gastado más de 400.000 duros. Así es que
todo el ejército de Colombia bien puede haber costado un millón de
pesos en los meses de este año (sic), sin contar las raciones que casi
todas las ha dado el pueblo (sic). Bien lo merece este bello ejército,
y yo espero dos millones de pesos de Inglaterra para completar su paga
sin dejar nada de atrasados." (Cartas Santander-Bolívar 1823-1825.-
Tomo IV).
Por supuesto, esos millones de pesos debía pagarlos el Perú y para
nada en su beneficio. Tan cierto es esto que Santander en una carta
cursada a Bolívar, de fecha 6 de noviembre de 1825, le hizo el
siguiente comentario:
"Vuelvo a decir a U. que me alegro que se queden por allá 4 o 5,000
colombianos y que sea Córdoba uno de los jefes que se queden. Aquí no
tenemos con qué mantenerlos (sic), y quedándose allá logramos dos
objetos: uno conservar esa hermosa fuerza para cualquier ocurrencia
sin que nos cueste un real (sic), y otro, dar este famoso auxilio al
Perú para que se consoliden sus instituciones y se salve el país de la
anarquía (sic)." (Archivo Santander.- Tomo XIII).
¿Auxilio al Perú? ¿Para qué? ¿Quién lo solicitó? Pero, sigamos con
este ejercicio de contrastar cartas entre las numerosas que existen.
El 2 de setiembre de 1825, Bolívar instruyó a su subordinado, el
general Bartolomé Salom, esta vez desde La Paz, como sigue:
"Acabo de escribir al presidente del Consejo de Gobierno (Hipólito
Unánue), largamente sobre todos los negocios del día; suplico a Ud.
que lo vea y se informe (sic) con él de todo (sic). Lo que más me
importa en el día, es no desprendernos de nuestros colombianos (sic),
absolutamente; y sin embargo, debo mandar á Colombia tres mil hombres
para que mantengan el orden en Venezuela. Con esta mira, deseo que
Ud., luego que tome el Callao, levante un batallón con este nombre del
Callao(...): toda la tropa será del Perú (...)." (Daniel O'Leary: Op.
cit.- Tomo 30).
El problema adicional reside en que esos desplazamientos interesados
de la tropa peruana hacia el norte se hicieron dentro del marco de un
manejo arbitrario de la finanzas del débil Estado peruano, como lo
prueba el párrafo consignado en un oficio remitido por el obediente
José María de Pando al plenipotenciario peruano Ortiz de Zevallos, de
fecha 3 de diciembre de 1826:
"(...) El Ministerio no conserva ningunos documentos (...). Lo único
que se encuentra es la constancia de una letra jirada (sic) contra la
casa de Robersont en Buenos Ayres (sic) por Don Guillermo Cochrane,
importante doscientos cincuenta mil, quinientos ochenta y nueve pesos
siete reales que esta República puso á disposición de S. E. el
Libertador (sic), quien no se ha servido hasta hoy decir su inversión
(sic)." (Carlos Ortiz de Zevallos: Op. cit.).
Con el agravante que al momento de enviarse ese oficio a Chuquisaca,
hacía más de dos meses que Bolívar había dejado para siempre el Perú
rumbo a Bogotá. Por eso, no le faltó razón al Cónsul Tudor cuando en
otra comunicación remitida a Washington, el 24 de agosto de 1826,
consignó el siguiente comentario referido a Bolívar, por lo demás
justificado histórica y documentadamente en todos sus extremos:
"Desde el primer momento de su llegada al Perú, su objeto consistió en
humillar el ejército peruano; y tan pronto como la guerra fue
terminada en Ayacucho, lo arrojó del país o lo distribuyó en pequeños
destacamentos para que sus jefes no tuvieran apoyo ni las tropas
jefes. Su disimulado horror por la dictadura, su despreciativa
negativa a recibir los millones que se le ofrecieron, su declaración
de que no se apoderaría de un grano de arena del Perú, todo contribuyó
a engañar al mundo mientras se preparaba para hacerse dueño del país y
formar con la América del Sur un imperio. (…) El egoísmo de Bolívar,
al igual que el de su modelo (Napoleón) inflamado por los triunfos, le
hacen mirar a los hombres como piezas de ajedrez que pueden ser
movidas según se quiera en el juego de su engrandecimiento. Si el fin
justifica los medios, rara vez se presentará una tarea más ardua."
(William R. Manning: Op. cit.).
De sumo interés la sarcástica alusión de Tudor a la declaración de
Bolívar de no apoderarse de "un grano de arena del Perú", porque en la
práctica su intención fue exactamente la opuesta, inclusive antes de
pisar tierra peruana. En una carta enviada a Santander el 29 de julio
de 1822, inmediatamente después de su entrevista con esa sombra de
guerrero que fue, en el Perú, San Martín (nunca libró personalmente
batalla alguna y dejó que se le usurpe al Perú el puerto de
Guayaquil), el ambicioso caudillo militar señaló lo siguiente:
"A fines de este mes pienso pasar a Cuenca y Loja volviendo aquí por
Túmbez para examinar nuestra frontera (sic). (…) Tenga Ud. entendido
que el corregimiento de Jaén lo han ocupado los del Perú, y que Maynas
pertenece al Perú por una real orden muy moderna (sic); que también
está ocupada por fuerzas del Perú. Siempre tendremos que dejar a Jaen
por Maynas (sic) y adelantar si es posible nuestros límites de la
costa más allá de Túmbez (sic). Yo me informaré de todo en el viaje
que voy a hacer y daré parte al gobierno de mi opinión." (Vicente
Lecuna.- Op. cit.- Tomo III).
Luego vino la pomposa promesa en Trujillo, en marzo de 1824, que se
lee como sigue: "Peruanos: el campo de batalla que sea testigo del
valor de nuestros soldados, del triunfo de vuestra libertad; ese campo
afortunado me verá arrojar de la mano la palma de la dictadura y de
allí me volveré a Colombia (sic) con mis hermanos de armas 'sin tomar
un grano de arena del Perú (sic),' dejando la libertad." (Nicolás
Rebaza: Anales del Departamento de la Libertad en la guerra de la
independencia).
Empero, el 17 de febrero de 1825, siempre como jefe supremo del Perú,
y apenas siete días después de haber arrancado del Congreso peruano,
con mohines y desplantes, la denominación de "libertador", por no
considerar apropiada la de dictador, Bolívar remitió a José Rafael
Revenga que se desempeñaba como Secretario de Estado en Bogotá, en
reemplazo de Pedro Gual que hacía de las suyas en el Istmo de Panamá
para desesperación del patriota peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre,
las siguientes líneas, entre otras:
"Aquí han convocado para el congreso constitucional a los diputados de
las provincias de Jaén, Bracamoros y de Mainas, reclamadas mucho
tiempo ha, como pertenecientes a Colombia (sic). Yo he dicho a Armero
esta ocurrencia, y creo que ustedes le ordenarán a nuestro (sic)
plenipotenciario en esta república, que introduzca el reclamo en forma
hasta obtener su restitución a Colombia (sic)." (Vicente Lecuna: Op.
cit.).
No hay que olvidar que por esos mismos días venía, también, forzando
con ayuda de Sucre la independencia del Alto Perú. Ergo, no sorprende
que un año más tarde, el Perú haya quedado expuesto a un nuevo recorte
territorial. En la comunicación que le remitiera el 30 de mayo de 1826
a Santander, el dictador de facto se sacó la careta en cuanto a sus
pretensiones:
"Gual me ha escrito de Panamá, y toda su carta se reduce a hablarme
sobre la necesidad en que estamos de apresurar la negociación de
límites entre el Perú y Colombia; él es de opinión que por tal de que
se consiga este tratado dejásemos la provincia de Loja del lado
peruano. Yo he contestado (sic) que no soy de este parecer (sic), ni
que debemos perder a Mojos ni Bracamoros, cuando estas provincias
deben quedarnos porque nos pertenecen (sic) y no son desiertos como
los del Marañón. Le digo que de Jaen al Marañón se puede tirar una
línea y este río puede servirnos de límites entre los dos desiertos
(sic); los antiguos límites de las provincias de Quito y los peruanos
deberán servirnos de frontera (sic). Creo, pues, que Colombia podría
autorizar a Heres para que entablase esta negociación sobre esta base,
que puede y aun debe ser aceptada, siendo esto lo que verdaderamente
conviene a ambos (sic). Yo no dudo que Heres logre un buen efecto en
su misión, porque, además de la justicia del reclamo, la amistad que
tiene con el general Santa Cruz, que va a ser el presidente del
Consejo de Gobierno, le facilitará los medios de obtener el buen
resultado que desea Gual sin sacrificar nuestros intereses (sic)
perdiendo a Loja. Además para perder siempre hay tiempo y mucho menos
cuando esta pérdida es inexcusable." (Vicente Lecuna: Ibid.).
"Sin sacrificar nuestros intereses" es lo que puso en negro sobre
blanco Bolívar en aquella oportunidad, con tal de no perder, porque
para esto siempre había tiempo. Y quería que la negociación fuera
encargada a sus subordinados Tomás de Heres (a quien Tomás Cipriano de
Mosquera le atribuyó la autoría del envenenamiento del prócer Sánchez
Carrión) y al agradecido y "más despreocupado" Santa Cruz. Es decir,
seguía actuando sin ningún escrúpulo en perjuicio del Perú, pese a ser
su jefe supremo. Por consiguiente, hay razón para preguntarse ¿en
manos de quien había caído el Perú?
En fin, entre abril y junio de 1826, Bolívar perpetró en el Perú un
auto-golpe que se tradujo en el cierre del Congreso peruano y en la
debelación a sangre y fuego de la revuelta del valeroso regimiento
Húsares de Junín contra la ocupación colombiana. Sin embargo,
precisamente el 10 de febrero de 1825, no tuvo empacho en proclamar su
adhesión a principios situados en las antípodas de esa medida de
fuerza, reafirmando su respeto a la soberanía del Estado que lo acogía
en términos inequívocos:
"Yo soy un extranjero; he venido a auxiliar como guerrero, y no á
mandar como político. (...). Pero si yo aceptase su mando el Perú
vendría á ser una nación parásita ligada hacia Colombia (...). Yo no
puedo, señores, admitir un poder que repugna mi conciencia (sic).
Tampoco los Legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo
les ha confiado solo para representar su soberanía. Las generaciones
futuras del Perú os cargarían de execración: vosotros no tenéis
facultad de librar un derecho de que no estáis investidos. No siendo
la soberanía del pueblo enagenable (sic), apenas puede ser
representada por aquellos que son los órganos de su voluntad; mas un
forastero, señores, no puede ser el órgano de la Representación
Nacional. Es un intruso en esta naciente República." (Declaración de
Bolívar ante el Congreso peruano en Daniel O'Leary: Memorias.- Tomo
23).
Bellas palabras que suscitan la siguiente pregunta: ¿Por qué encabezó
el auto-golpe en abril de 1826? Para su pesar, los nuevos diputados
peruanos consideraron que había llegado el momento de ponerle límites
constitucionales a ese ejercicio solitario e ilimitado del poder, todo
lo cual echaba por tierra sus planes federativos a expensas del Perú.
Veamos cómo Bolívar dio cuenta, el 7 de mayo de 1826, en una carta
remitida a Santander, de lo ocurrido durante el mes de abril:
"Estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la
reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de
Arequipa (...) han querido que este congreso fuese constituyente y no
constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta
preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron,
unos por equivocación y otros por seducción (sic). El consejo de
gobierno sostenía la constitución por mi consejo (sic), y como yo iba
a ser desairado (sic) junto con mis delegados (...), repetí
decididamente lo que digo todos los días: que me iba (en cursivas en
el original). Esta palabra causó un alboroto inmenso. (...) Yo soy
blando de corazón a los ruegos de las personas que me aman (...). Es
inútil decir que este incidente decidió de la cuestión en la junta
preparatoria (...). El motivo principal de todo esto es que un tal
Luna Pizarro, un cleriguito como el doctor Pérez, ha querido que la
constitución se varíe, o más bien que él pueda disponer de todo a su
antojo." (carta de Bolívar a Santander de 7 de mayo de 1826 en Vicente
Lecuna: Op. cit.).
Empero, en la carta que envió a su muy servicial prefecto de Arequipa,
Antonio Gutiérrez de la Fuente, el 6 de abril de 1826, fue más
directo:
"!Que malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible
cambiarlos, sería la mejor cosa del mundo (...). Yo creo que Arequipa
tendrá que reunir de nuevo sus Asambleas (sic) (...). Yo le aseguro a
más (sic) que con ellos no se puede hacer nada bueno (sic): quieren
destruirlo todo a su modo. (...)." (Vicente Lecuna: Op. cit.).
Y lo irónico en todo esto es que esos diputados con Luna Pizarro a la
cabeza, entre muchos otros, no se oponían a que el caudillo militar
fuera elegido presidente, tan solo exigían el retiro de las fuerzas de
ocupación. Tan serio fue el malestar que imperaba en el sector
patriota del Perú que tras la revuelta del regimiento Húsares de
Junín, Bolívar puso en marcha una cruenta represión en Lima, Junín y
Ayacucho, llegándose a tomar prisionero, entre decenas de peruanos, al
general Necochea (uno de los artífices del triunfo en Junín en 1824 a
causa del temprano y temerario repliegue del alocado caraqueño que
daba por cierta la derrota de los patriotas).
Casi nadie recuerda hoy en el Perú al valiente peruano Pedro José
Rivas quien en abril de 1826 interceptó las cartas que Bolívar remitía
a su lugarteniente Sucre, tomando así conocimiento de esa gran
conspiración contra el Perú. Suponemos que Juan Pardo de Zela, el
obsecuente oficial que en nombre del dictador ejecutó al valiente
Rivas, ha dejado en algún lugar el testimonio escrito de su conducta.
En todo caso, quien esto escribe considera pertinente concluir este
sumario enjuiciamiento de la conducta de Bolívar en el Perú con los
comentarios que uno de sus contemporáneos, el Cónsul William Tudor,
alcanzara al Departamento de Estado, el 27 de mayo de 1826, respecto a
la pobre opinión que le merecía:
"La profunda hipocresía del General Bolívar ha engañado hasta ahora
al mundo, (...). Con la violenta disolución del Congreso, la máscara
ha desaparecido enteramente y el mundo verá con indignación o con
malicioso deleite que el que ocupaba la atención de los políticos de
todos los países y para quien, por una afortunada combinación de
circunstancias, la suerte había preparado los medios para trasmitirle
a la historia una de las más nobles reputaciones que pudiera
registrar, puede ser derrocado como uno de los más rastreros
usurpadores militares (sic), lleno de toda la execración de sus
contemporáneos por las calamidades que su conducta les acarrea. (...).
Si hubiese habido miras honradas con respecto al Perú para tener a La
Mar como Presidente y si los hombres de talento que el Congreso
encerraba hubiesen procedido debidamente, el Perú habría marchado con
éxito hasta que nuevos hombres capaces de penetrar en los diversos
ramos de la administración se hubiesen formado y desarrollado (sic).
Pero la costumbre de los tiranos y de sus alcahuetes (sic) consiste en
calumniar al pueblo como una excusa para esclavizarlo, tal como el boa
cubre un animal con su babaza para poder tragárselo (sic)." (William
R. Manning: Op. cit.)
Entre esos "alcahuetes" a los que se refería el Cónsul Tudor se
encontraba la cohorte de turiferarios, cortesanos o aprovechados,
figurando en primera fila Hipólito Unánue, José María de Pando,
Larrea, Pedemonte, Gutiérrez de la Fuente, y decenas de otros.
Otros de sus contemporáneos, el estudioso francés Benjamín Constant,
no se quedó atrás en sus acerbas críticas. Veamos un fragmento de la
furibunda filípica que publicó en el Courrier Français de París, en
enero de 1829:
"Nosotros vemos à Bolívar comenzar su carrera por libertar à Colombia,
y bajo este aspecto yo he aplaudido con toda mi alma sus esfuerzos y
suceso. Lo vemos frecuentemente en medio de sus triunfos y en el seno
del poder, manifestar deseos de renunciar a la autoridad. No dudaba
entonces de su sinceridad, y a pesar de que las ofertas de abdicación,
los homenajes à la soberanía del pueblo, el anhelo por la vida
privada, son el formulario preciso de todos los usurpadores (en
cursivas en el original), yo he querido por mucho tiempo hacer de
Bolívar una excepción honrosa. El continúa su marcha, liberta el Perú,
y le admiro todavía; pero da à la nación que ha libertado
instituciones que desagradan à una gran parte de esta nación: apellida
tramas y conspiraciones la resistencia à las instituciones que ha
impuesto: rehúsa à las súplicas mas movedoras el perdón de los que han
resistido: hace correr sobre una tierra que no es la suya la sangre de
sus naturales (en cursiva en el original). Conduce fuera de su patria
à los hombres que se habían cubierto de gloria bajo los estandartes de
la independencia, y la suerte de estos hombres aún permanece envuelta
en sombras siniestras: y aquí nacen mis desconfianzas. Crecen cuando
Bolívar aprovechándose de la desmembración de algunas provincias, les
da una Constitución muy defectuosa, muy poco conforme con la libertad
verdadera. Con todo esto puede ser solo un error. El guerrero puede
cegarse acerca de los numerosos defectos de su modelo de Constitución.
(...) ¿Pero esta otra causa no será la secreta inteligencia del
libertador que quiere ser amo, y del pretendido rebelde que le
suministra la ocasión plausible de cumplir sus designios? (…). Esta
afectación de respeto por un pueblo que se tiene debajo del yugo, es
el artificio que usan cuantos aspiran a la tiranía. Ellos ofrecen
siempre dejar el poder, pero esta oferta humilde en apariencia está
acompañada de un alarde de fuerzas que prescribe al pueblo que la
rehúse, y los usurpadores condenados al poder a pesar suyo, quieren
ser al mismo tiempo obedecidos como señores, y compadecidos como
víctimas de su consagración (…) además, la tiranía no está en el uso,
sino en el derecho que se arroga. (…)."
Quien esto escribe ha procurado, dentro de lo posible, sustraerse al
"presentismo" tomando como marco de referencia temporal las propias
cartas de Simón Bolívar o de sus corresponsales (Sucre y Santander,
entre otros). Y para reforzar esa percepción sincrónica de los
acontecimientos en acción ha recurrido, complementariamente, a los
testimonios dejados por algunos observadores calificados, testimonios
por lo general coetáneos con los acontecimientos. Dicho en otras
palabras, la metodología seguida ha sido la de evitar la mirada
retrospectiva y, más bien, procurar descodificar sobre una base
documental las intenciones subyacentes a los discursos o decisiones
como una forma de desentrañar la verdad histórica. Un ejemplo puntual
en el empleo de esta metodología lo encontramos si se contrasta lo
escrito por Sucre a Bolívar en su carta de 4 de abril de 1825 ("Mil
veces he pedido a V. instrucciones respecto del Alto Perú y se me han
negado, dejándome en abandono") con lo que, finalmente, le confesó en
otra carta, de fecha 6 de junio de ese año: "porque he dicho y he
repetido que V. no me dio instrucciones al entrar en ellas. V. me
previno en dos cartas que siempre dijese esto; y como fue así lo
cumplo exactamente." Vale decir, el argumento repetido varias veces
por Sucre durante el crucial período que va de febrero a mayo de 1825
en cuanto a que no había recibido instrucciones para precipitar la
independencia del Alto Perú, resultó ser por su propia confesión pura
simulación para proteger a su jefe en caso de que las cosas salieran
mal. Y como para Bolívar lo "más seguro" era dudar, se tomó el
trabajo de instruirle sobre el particular a su lugarteniente en "dos
cartas" que, por supuesto, no se conocen.
Bolívar tuvo una relación muy peculiar con el Perú. Fue sincero en la
admiración que le suscitó su pasado milenario; pero, al mismo tiempo,
fue incongruente entre lo que declaraba perseguir y lo que realmente
hacía del Perú. Solo se darán en esta oportunidad tres ejemplos en
prueba de esa difícil relación que, es de suponer, desencadenó en el
inconsciente de este osado caudillo militar un desencuentro
insuperable entre Eros y Tanatos, proclive como fue desde joven a
convivir con amores culpables.
Siempre ha sido objeto de cuestionamiento la decisión que tomó
Bolívar en el primer semestre de 1825 de desplazar tropas peruanas al
Istmo de Panamá y Venezuela. ¿Por qué en vez de entrenar y consolidar
un ejército profesional para el nuevo Estado peruano, optó en sentido
contrario por desarticularlo y exiliarlo? En una carta dirigida a
Santander, el 18 de febrero de 1825, el veleidoso guerrero elaboró una
explicación que fue de inmediato confirmada por los hechos. Veamos,
primero, el fragmento de esa carta:
"Así, pues, yo creo que nosotros debemos imitar a la Santa Alianza
(sic) en todo lo que es relativo a seguridad política. La diferencia
no debe ser otra que la de los principios de justicia. En Europa todo
se hace por la tiranía, acá es por la libertad (sic) (…). Los
ejércitos de ocupación de Europa, es una invención moderna y hábil
(sic). Conserva la independencia de las naciones, y el orden que se
establece en ellas, y al mismo tiempo evita esa necesidad de
conquistar para impedir la guerra. Por lo mismo (sic) nosotros debemos
tener este ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la
reunión de los Estados que deben decidir del modo y medio de mantener
su tranquilidad entre los confederados (sic)." (Archivo Santander.-
Tomo XII).
Reténgase esto: "Los ejércitos de ocupación (...). es una invención
moderna y hábil (...). Por lo mismo nosotros debemos tener este
ejército nuestro en el alto y bajo Perú (sic), hasta la reunión de los
Estados (...)." Lenguaje críptico que es coincidente con otro más
explícito formulado a este respecto un año más tarde por el Cónsul de
Estados Unidos en Lima, William Tudor, en una comunicación que el 23
de febrero dirigió al Departamento de Estado:
"Continúa enviándose tropas a sotavento, algunas a Guayaquil y otras a
Panamá. Parte de esas tropas son peruanas en cambio de las colombianas
que permanecen aquí, medida política no diferente de la que se tomó
algunos años después del canje de milicia inglesa e irlandesa (sic)."
(William R. Manning: Correspondencia Diplomática de los Estados Unidos
concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas (Tomo
III.- Librería y Editorial "La Facultad" de Juan Roldán y Cia.-Buenos
Aires, 1932).
Dicho de otra manera, el plan de forzar la separación del Alto Perú so
pretexto de liberarlo y a partir de allí configurar una federación de
mayor envergadura en la que el Perú desaparecía como Estado
independiente, estuvo acompañado de otro destinado a ocuparlo
militarmente, debilitar toda resistencia y, así someterlo a través de
un fantasmal Consejo de Gobierno. No es de extrañar, por tanto, el
palurdo comentario que el mismo Bolívar le hiciera en otra carta a
Santander, meses más tarde, el 20 de mayo de 1825, camino al Alto
Perú:
"Aquí he visto la división de Lara que tiene 3.500 hombres en el pie
más brillante del mundo; lo mismo dicen que está la de Córdoba. Estas
tropas está muy bien vestidas, pagadas y alimentadas; la división de
Colombia ha costado más de medio millón en tres meses, y quien sabe si
mucho más. Solo aquí se ha gastado más de 400.000 duros. Así es que
todo el ejército de Colombia bien puede haber costado un millón de
pesos en los meses de este año (sic), sin contar las raciones que casi
todas las ha dado el pueblo (sic). Bien lo merece este bello ejército,
y yo espero dos millones de pesos de Inglaterra para completar su paga
sin dejar nada de atrasados." (Cartas Santander-Bolívar 1823-1825.-
Tomo IV).
Por supuesto, esos millones de pesos debía pagarlos el Perú y para
nada en su beneficio. Tan cierto es esto que Santander en una carta
cursada a Bolívar, de fecha 6 de noviembre de 1825, le hizo el
siguiente comentario:
"Vuelvo a decir a U. que me alegro que se queden por allá 4 o 5,000
colombianos y que sea Córdoba uno de los jefes que se queden. Aquí no
tenemos con qué mantenerlos (sic), y quedándose allá logramos dos
objetos: uno conservar esa hermosa fuerza para cualquier ocurrencia
sin que nos cueste un real (sic), y otro, dar este famoso auxilio al
Perú para que se consoliden sus instituciones y se salve el país de la
anarquía (sic)." (Archivo Santander.- Tomo XIII).
¿Auxilio al Perú? ¿Para qué? ¿Quién lo solicitó? Pero, sigamos con
este ejercicio de contrastar cartas entre las numerosas que existen.
El 2 de setiembre de 1825, Bolívar instruyó a su subordinado, el
general Bartolomé Salom, esta vez desde La Paz, como sigue:
"Acabo de escribir al presidente del Consejo de Gobierno (Hipólito
Unánue), largamente sobre todos los negocios del día; suplico a Ud.
que lo vea y se informe (sic) con él de todo (sic). Lo que más me
importa en el día, es no desprendernos de nuestros colombianos (sic),
absolutamente; y sin embargo, debo mandar á Colombia tres mil hombres
para que mantengan el orden en Venezuela. Con esta mira, deseo que
Ud., luego que tome el Callao, levante un batallón con este nombre del
Callao(...): toda la tropa será del Perú (...)." (Daniel O'Leary: Op.
cit.- Tomo 30).
El problema adicional reside en que esos desplazamientos interesados
de la tropa peruana hacia el norte se hicieron dentro del marco de un
manejo arbitrario de la finanzas del débil Estado peruano, como lo
prueba el párrafo consignado en un oficio remitido por el obediente
José María de Pando al plenipotenciario peruano Ortiz de Zevallos, de
fecha 3 de diciembre de 1826:
"(...) El Ministerio no conserva ningunos documentos (...). Lo único
que se encuentra es la constancia de una letra jirada (sic) contra la
casa de Robersont en Buenos Ayres (sic) por Don Guillermo Cochrane,
importante doscientos cincuenta mil, quinientos ochenta y nueve pesos
siete reales que esta República puso á disposición de S. E. el
Libertador (sic), quien no se ha servido hasta hoy decir su inversión
(sic)." (Carlos Ortiz de Zevallos: Op. cit.).
Con el agravante que al momento de enviarse ese oficio a Chuquisaca,
hacía más de dos meses que Bolívar había dejado para siempre el Perú
rumbo a Bogotá. Por eso, no le faltó razón al Cónsul Tudor cuando en
otra comunicación remitida a Washington, el 24 de agosto de 1826,
consignó el siguiente comentario referido a Bolívar, por lo demás
justificado histórica y documentadamente en todos sus extremos:
"Desde el primer momento de su llegada al Perú, su objeto consistió en
humillar el ejército peruano; y tan pronto como la guerra fue
terminada en Ayacucho, lo arrojó del país o lo distribuyó en pequeños
destacamentos para que sus jefes no tuvieran apoyo ni las tropas
jefes. Su disimulado horror por la dictadura, su despreciativa
negativa a recibir los millones que se le ofrecieron, su declaración
de que no se apoderaría de un grano de arena del Perú, todo contribuyó
a engañar al mundo mientras se preparaba para hacerse dueño del país y
formar con la América del Sur un imperio. (…) El egoísmo de Bolívar,
al igual que el de su modelo (Napoleón) inflamado por los triunfos, le
hacen mirar a los hombres como piezas de ajedrez que pueden ser
movidas según se quiera en el juego de su engrandecimiento. Si el fin
justifica los medios, rara vez se presentará una tarea más ardua."
(William R. Manning: Op. cit.).
De sumo interés la sarcástica alusión de Tudor a la declaración de
Bolívar de no apoderarse de "un grano de arena del Perú", porque en la
práctica su intención fue exactamente la opuesta, inclusive antes de
pisar tierra peruana. En una carta enviada a Santander el 29 de julio
de 1822, inmediatamente después de su entrevista con esa sombra de
guerrero que fue, en el Perú, San Martín (nunca libró personalmente
batalla alguna y dejó que se le usurpe al Perú el puerto de
Guayaquil), el ambicioso caudillo militar señaló lo siguiente:
"A fines de este mes pienso pasar a Cuenca y Loja volviendo aquí por
Túmbez para examinar nuestra frontera (sic). (…) Tenga Ud. entendido
que el corregimiento de Jaén lo han ocupado los del Perú, y que Maynas
pertenece al Perú por una real orden muy moderna (sic); que también
está ocupada por fuerzas del Perú. Siempre tendremos que dejar a Jaen
por Maynas (sic) y adelantar si es posible nuestros límites de la
costa más allá de Túmbez (sic). Yo me informaré de todo en el viaje
que voy a hacer y daré parte al gobierno de mi opinión." (Vicente
Lecuna.- Op. cit.- Tomo III).
Luego vino la pomposa promesa en Trujillo, en marzo de 1824, que se
lee como sigue: "Peruanos: el campo de batalla que sea testigo del
valor de nuestros soldados, del triunfo de vuestra libertad; ese campo
afortunado me verá arrojar de la mano la palma de la dictadura y de
allí me volveré a Colombia (sic) con mis hermanos de armas 'sin tomar
un grano de arena del Perú (sic),' dejando la libertad." (Nicolás
Rebaza: Anales del Departamento de la Libertad en la guerra de la
independencia).
Empero, el 17 de febrero de 1825, siempre como jefe supremo del Perú,
y apenas siete días después de haber arrancado del Congreso peruano,
con mohines y desplantes, la denominación de "libertador", por no
considerar apropiada la de dictador, Bolívar remitió a José Rafael
Revenga que se desempeñaba como Secretario de Estado en Bogotá, en
reemplazo de Pedro Gual que hacía de las suyas en el Istmo de Panamá
para desesperación del patriota peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre,
las siguientes líneas, entre otras:
"Aquí han convocado para el congreso constitucional a los diputados de
las provincias de Jaén, Bracamoros y de Mainas, reclamadas mucho
tiempo ha, como pertenecientes a Colombia (sic). Yo he dicho a Armero
esta ocurrencia, y creo que ustedes le ordenarán a nuestro (sic)
plenipotenciario en esta república, que introduzca el reclamo en forma
hasta obtener su restitución a Colombia (sic)." (Vicente Lecuna: Op.
cit.).
No hay que olvidar que por esos mismos días venía, también, forzando
con ayuda de Sucre la independencia del Alto Perú. Ergo, no sorprende
que un año más tarde, el Perú haya quedado expuesto a un nuevo recorte
territorial. En la comunicación que le remitiera el 30 de mayo de 1826
a Santander, el dictador de facto se sacó la careta en cuanto a sus
pretensiones:
"Gual me ha escrito de Panamá, y toda su carta se reduce a hablarme
sobre la necesidad en que estamos de apresurar la negociación de
límites entre el Perú y Colombia; él es de opinión que por tal de que
se consiga este tratado dejásemos la provincia de Loja del lado
peruano. Yo he contestado (sic) que no soy de este parecer (sic), ni
que debemos perder a Mojos ni Bracamoros, cuando estas provincias
deben quedarnos porque nos pertenecen (sic) y no son desiertos como
los del Marañón. Le digo que de Jaen al Marañón se puede tirar una
línea y este río puede servirnos de límites entre los dos desiertos
(sic); los antiguos límites de las provincias de Quito y los peruanos
deberán servirnos de frontera (sic). Creo, pues, que Colombia podría
autorizar a Heres para que entablase esta negociación sobre esta base,
que puede y aun debe ser aceptada, siendo esto lo que verdaderamente
conviene a ambos (sic). Yo no dudo que Heres logre un buen efecto en
su misión, porque, además de la justicia del reclamo, la amistad que
tiene con el general Santa Cruz, que va a ser el presidente del
Consejo de Gobierno, le facilitará los medios de obtener el buen
resultado que desea Gual sin sacrificar nuestros intereses (sic)
perdiendo a Loja. Además para perder siempre hay tiempo y mucho menos
cuando esta pérdida es inexcusable." (Vicente Lecuna: Ibid.).
"Sin sacrificar nuestros intereses" es lo que puso en negro sobre
blanco Bolívar en aquella oportunidad, con tal de no perder, porque
para esto siempre había tiempo. Y quería que la negociación fuera
encargada a sus subordinados Tomás de Heres (a quien Tomás Cipriano de
Mosquera le atribuyó la autoría del envenenamiento del prócer Sánchez
Carrión) y al agradecido y "más despreocupado" Santa Cruz. Es decir,
seguía actuando sin ningún escrúpulo en perjuicio del Perú, pese a ser
su jefe supremo. Por consiguiente, hay razón para preguntarse ¿en
manos de quien había caído el Perú?
En fin, entre abril y junio de 1826, Bolívar perpetró en el Perú un
auto-golpe que se tradujo en el cierre del Congreso peruano y en la
debelación a sangre y fuego de la revuelta del valeroso regimiento
Húsares de Junín contra la ocupación colombiana. Sin embargo,
precisamente el 10 de febrero de 1825, no tuvo empacho en proclamar su
adhesión a principios situados en las antípodas de esa medida de
fuerza, reafirmando su respeto a la soberanía del Estado que lo acogía
en términos inequívocos:
"Yo soy un extranjero; he venido a auxiliar como guerrero, y no á
mandar como político. (...). Pero si yo aceptase su mando el Perú
vendría á ser una nación parásita ligada hacia Colombia (...). Yo no
puedo, señores, admitir un poder que repugna mi conciencia (sic).
Tampoco los Legisladores pueden conceder una autoridad que el pueblo
les ha confiado solo para representar su soberanía. Las generaciones
futuras del Perú os cargarían de execración: vosotros no tenéis
facultad de librar un derecho de que no estáis investidos. No siendo
la soberanía del pueblo enagenable (sic), apenas puede ser
representada por aquellos que son los órganos de su voluntad; mas un
forastero, señores, no puede ser el órgano de la Representación
Nacional. Es un intruso en esta naciente República." (Declaración de
Bolívar ante el Congreso peruano en Daniel O'Leary: Memorias.- Tomo
23).
Bellas palabras que suscitan la siguiente pregunta: ¿Por qué encabezó
el auto-golpe en abril de 1826? Para su pesar, los nuevos diputados
peruanos consideraron que había llegado el momento de ponerle límites
constitucionales a ese ejercicio solitario e ilimitado del poder, todo
lo cual echaba por tierra sus planes federativos a expensas del Perú.
Veamos cómo Bolívar dio cuenta, el 7 de mayo de 1826, en una carta
remitida a Santander, de lo ocurrido durante el mes de abril:
"Estos días hemos estado aquí un poco agitados con motivo de la
reunión del primer congreso constitucional, porque los diputados de
Arequipa (...) han querido que este congreso fuese constituyente y no
constitucional como debe ser. La cuestión la suscitaron en una junta
preparatoria, y muchos diputados de otras provincias los siguieron,
unos por equivocación y otros por seducción (sic). El consejo de
gobierno sostenía la constitución por mi consejo (sic), y como yo iba
a ser desairado (sic) junto con mis delegados (...), repetí
decididamente lo que digo todos los días: que me iba (en cursivas en
el original). Esta palabra causó un alboroto inmenso. (...) Yo soy
blando de corazón a los ruegos de las personas que me aman (...). Es
inútil decir que este incidente decidió de la cuestión en la junta
preparatoria (...). El motivo principal de todo esto es que un tal
Luna Pizarro, un cleriguito como el doctor Pérez, ha querido que la
constitución se varíe, o más bien que él pueda disponer de todo a su
antojo." (carta de Bolívar a Santander de 7 de mayo de 1826 en Vicente
Lecuna: Op. cit.).
Empero, en la carta que envió a su muy servicial prefecto de Arequipa,
Antonio Gutiérrez de la Fuente, el 6 de abril de 1826, fue más
directo:
"!Que malditos diputados ha mandado Arequipa! Si fuera posible
cambiarlos, sería la mejor cosa del mundo (...). Yo creo que Arequipa
tendrá que reunir de nuevo sus Asambleas (sic) (...). Yo le aseguro a
más (sic) que con ellos no se puede hacer nada bueno (sic): quieren
destruirlo todo a su modo. (...)." (Vicente Lecuna: Op. cit.).
Y lo irónico en todo esto es que esos diputados con Luna Pizarro a la
cabeza, entre muchos otros, no se oponían a que el caudillo militar
fuera elegido presidente, tan solo exigían el retiro de las fuerzas de
ocupación. Tan serio fue el malestar que imperaba en el sector
patriota del Perú que tras la revuelta del regimiento Húsares de
Junín, Bolívar puso en marcha una cruenta represión en Lima, Junín y
Ayacucho, llegándose a tomar prisionero, entre decenas de peruanos, al
general Necochea (uno de los artífices del triunfo en Junín en 1824 a
causa del temprano y temerario repliegue del alocado caraqueño que
daba por cierta la derrota de los patriotas).
Casi nadie recuerda hoy en el Perú al valiente peruano Pedro José
Rivas quien en abril de 1826 interceptó las cartas que Bolívar remitía
a su lugarteniente Sucre, tomando así conocimiento de esa gran
conspiración contra el Perú. Suponemos que Juan Pardo de Zela, el
obsecuente oficial que en nombre del dictador ejecutó al valiente
Rivas, ha dejado en algún lugar el testimonio escrito de su conducta.
En todo caso, quien esto escribe considera pertinente concluir este
sumario enjuiciamiento de la conducta de Bolívar en el Perú con los
comentarios que uno de sus contemporáneos, el Cónsul William Tudor,
alcanzara al Departamento de Estado, el 27 de mayo de 1826, respecto a
la pobre opinión que le merecía:
"La profunda hipocresía del General Bolívar ha engañado hasta ahora
al mundo, (...). Con la violenta disolución del Congreso, la máscara
ha desaparecido enteramente y el mundo verá con indignación o con
malicioso deleite que el que ocupaba la atención de los políticos de
todos los países y para quien, por una afortunada combinación de
circunstancias, la suerte había preparado los medios para trasmitirle
a la historia una de las más nobles reputaciones que pudiera
registrar, puede ser derrocado como uno de los más rastreros
usurpadores militares (sic), lleno de toda la execración de sus
contemporáneos por las calamidades que su conducta les acarrea. (...).
Si hubiese habido miras honradas con respecto al Perú para tener a La
Mar como Presidente y si los hombres de talento que el Congreso
encerraba hubiesen procedido debidamente, el Perú habría marchado con
éxito hasta que nuevos hombres capaces de penetrar en los diversos
ramos de la administración se hubiesen formado y desarrollado (sic).
Pero la costumbre de los tiranos y de sus alcahuetes (sic) consiste en
calumniar al pueblo como una excusa para esclavizarlo, tal como el boa
cubre un animal con su babaza para poder tragárselo (sic)." (William
R. Manning: Op. cit.)
Entre esos "alcahuetes" a los que se refería el Cónsul Tudor se
encontraba la cohorte de turiferarios, cortesanos o aprovechados,
figurando en primera fila Hipólito Unánue, José María de Pando,
Larrea, Pedemonte, Gutiérrez de la Fuente, y decenas de otros.
Otros de sus contemporáneos, el estudioso francés Benjamín Constant,
no se quedó atrás en sus acerbas críticas. Veamos un fragmento de la
furibunda filípica que publicó en el Courrier Français de París, en
enero de 1829:
"Nosotros vemos à Bolívar comenzar su carrera por libertar à Colombia,
y bajo este aspecto yo he aplaudido con toda mi alma sus esfuerzos y
suceso. Lo vemos frecuentemente en medio de sus triunfos y en el seno
del poder, manifestar deseos de renunciar a la autoridad. No dudaba
entonces de su sinceridad, y a pesar de que las ofertas de abdicación,
los homenajes à la soberanía del pueblo, el anhelo por la vida
privada, son el formulario preciso de todos los usurpadores (en
cursivas en el original), yo he querido por mucho tiempo hacer de
Bolívar una excepción honrosa. El continúa su marcha, liberta el Perú,
y le admiro todavía; pero da à la nación que ha libertado
instituciones que desagradan à una gran parte de esta nación: apellida
tramas y conspiraciones la resistencia à las instituciones que ha
impuesto: rehúsa à las súplicas mas movedoras el perdón de los que han
resistido: hace correr sobre una tierra que no es la suya la sangre de
sus naturales (en cursiva en el original). Conduce fuera de su patria
à los hombres que se habían cubierto de gloria bajo los estandartes de
la independencia, y la suerte de estos hombres aún permanece envuelta
en sombras siniestras: y aquí nacen mis desconfianzas. Crecen cuando
Bolívar aprovechándose de la desmembración de algunas provincias, les
da una Constitución muy defectuosa, muy poco conforme con la libertad
verdadera. Con todo esto puede ser solo un error. El guerrero puede
cegarse acerca de los numerosos defectos de su modelo de Constitución.
(...) ¿Pero esta otra causa no será la secreta inteligencia del
libertador que quiere ser amo, y del pretendido rebelde que le
suministra la ocasión plausible de cumplir sus designios? (…). Esta
afectación de respeto por un pueblo que se tiene debajo del yugo, es
el artificio que usan cuantos aspiran a la tiranía. Ellos ofrecen
siempre dejar el poder, pero esta oferta humilde en apariencia está
acompañada de un alarde de fuerzas que prescribe al pueblo que la
rehúse, y los usurpadores condenados al poder a pesar suyo, quieren
ser al mismo tiempo obedecidos como señores, y compadecidos como
víctimas de su consagración (…) además, la tiranía no está en el uso,
sino en el derecho que se arroga. (…)."
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