Teodoro Rentería Arróyave
En cuanto a los comicios presidenciales de segunda vuelta llevados al cabo en Guatemala, es de recordarse aquella lapidaria frase del Benemérito de la Américas, Benito Juárez: es moralmente imposible el triunfo de la reacción. Hoy podemos decir con el triunfo del izquierdista moderado, Álvaro Colom, que era moralmente imposible que triunfara la ultraderecha y el militarismo genocida representado por el ahora derrotado general en retiro, Otto Pérez Miranda.
Tiene razón el virtual presidente guatemalteco, Álvaro Colom, cuando al celebrar su victoria, indicó certero: con el triunfo obtenido los guatemaltecos le dieron “vuelta a la página trágica” del militarismo en Guatemala. Colom sucederá el 14 de enero próximo al liberal Oscar Berger.
El triunfo de Colom, un ingeniero de 56 años postulado por tercera ocasión por Unidad Nacional de la Esperanza UNE, reviste especial importancia en vista de que Guatemala como casi todos los países mártires de nuestra América Latina, fue victimada por los regímenes castrenses dictatoriales instalados descaradamente con la intervención militar de Estados Unidos.
El ingeniero socialdemócrata se convertirá en el sexto presidente electo desde 1986, cuando finalizaron 32 años de regímenes militares dictatoriales consecutivos, al vencer efectivamente por poco margen a una ultraderecha actuante que sabe presionar a una ciudadanía que por temor otorgó su voto al mencionado general retirado Pérez Molina, nada menos quien fuera el jefe de la temida Unidad de Inteligencia Civil,
La base de la campaña del mílite fue la de reconstruir los regímenes dictatoriales del pasado, por ello al emitir su voto el ahora triunfante Colom, advirtió: “Hemos tenido ‘mano dura’ por 50 años y nos ha costado más de 250 mil víctimas en una guerra sucia”. La referencia es histórica y sin embargó prácticamente la mitad de los votantes, se manifestaron por esa ultraderecha rapaz.
La explicación ya la dimos líneas arriba, pero se debe agregar que desgraciadamente se presentó en forma grave el fenómeno del abstencionismo que rebasó el 50 por ciento, por lo que es de concretarse que esa movilización ultraderechista y castrense se hizo con el 25 por ciento de las conciencias ciudadanas. No es elucubración, los anti sufragantes estuvieron a punto de dar al traste con el triunfo de un nuevo gobierno de compromiso social en nuestra Indoamérica.
La victoria de Álvaro Colom no tiene retroceso, ya que su propio rival derechista tuvo que admitir su derrota. El izquierdista moderado se alzó con el 52 por ciento de los votos emitidos, sin embargo tiene que estar muy al pendiente de las acciones revanchistas ya que Pérez Molina se adelantó a declarar o advertir que será un opositor crítico del gobierno
Los retos para Colom son de una gravedad extrema, su antecesor le deja un país con una de las más altas tasas de homicidios en el mundo y una pobreza que sofoca a la mitad de los guatemaltecos, sobre todo a los indígenas y el recelo de una oligarquía pedestre. Es triunfo, sí, del pueblo en contra de los dictados de Washington, pero a la vez un compromiso del nuevo gobierno para salvar a Guatemala de esa problemática brutalmente recurrente: pobreza, delincuencia y oligarquía rampante.
La normalidad no llega, comunidades aún aisladas
Cecilia Vargas Simón y Argelia Herrera/corresponsales
Tabasco, Méx, 7 nov 07 (CIMAC).- Para las y los habitantes de Tabasco el tiempo pasa muy lento, especialmente para las mujeres, niñas y niños que viven en los 501 refugios y albergues que se instalaron con la emergencia, los cuales van en aumento cada día, pues las familias que se encuentran en una mejor situación ofrecen, solidarias, sus hogares como un lugar seguro para sus vecinos.
Tras las devastadoras inundaciones que afectaron el 80 por ciento del territorio tabasqueño, dejando poblaciones rurales completamente aisladas, hoy se estima –de acuerdo a cifras oficiales-- que 800 mil personas han sido evacuadas hasta el momento.
Si la situación es grave en Villahermosa, la capital, en las comunidades rurales es peor.
Todavía muchas y muchos habitantes están atrapados en sus hogares. Hay comunidades aisladas, incomunicadas, a las que les falta agua y que están viviendo en un medio insalubre. Y si bien la distribución de víveres por parte del Ejercito Mexicano ha sido buena, existen lugares donde la ayuda no llega.
Ejemplo de ello es la comunidad de Ocuilzapotlán, hasta este miércoles no habían recibido ayuda y, ante la escasez, unos hombres terminaron a golpes tratando de conseguir una despensa.
La emergencia continúa. El agua estancada es un foco de infección y, ahora que empieza a bajar, salen por aquí y por allá animales muertos, basura y desechos. Hay que prevenir dificultades posteriores. Ya se integraron brigadas de salud destinadas a vacunar a la población contra el tétanos, neumococo e influenza, y otros males.
En este sentido, el Secretario de Salud del gobierno federal, José Ángel Córdova Villalobos, nos informó que hasta el momento no se ha detectado ninguna epidemia y que para evitarlas --como el dengue y el cólera-- se desarrollará una estrategia preventiva denominada Caravanas Acuáticas.
En las caravanas estarán médicos y enfermeras, cuya misión será visitar las casas inundadas, para atender a la población que aún se encuentra ahí.
Será a través de lanchas como se llegue para atender a las familias que no ha querido abandonar sus hogares. Les llevará medicamentos, vacunas, dice el secretario, y el personal de salud les informará sobre las medidas preventivas que deben tomar en esta emergencia.
Para las mujeres con problemas de salud (diabetes o hipertensión) se creó un albergue especial, ubicado a un costado del Hospital de la Mujer, ahí se atiende a pacientes con enfermedades que requieran especial atención, así como a embarazadas que se encuentran en el último mes antes de parir.
LAS PÉRDIDAS
En este contexto, Organizaciones de la Sociedad Civil de Tabasco han señalado su preocupación de que tanto el Gobierno Federal como el Estatal digan que en esta tragedia “no hay pérdidas humanas”, pues tan sólo en el municipio de Gaviotas las y los habitantes han visto cadáveres flotando.
Además de que han detectado brotes de “dengue hemorrágico”, ya que en este municipio hay zonas que siguen inundadas. Automóviles y casas siguen cubiertos casi por completo. La gente no puede moverse de un lado a otro a través del agua, hay animales, víboras y lagartos, y huele muy mal.
Ahora que empezaron a salir las listas de gente desaparecida, se habla de que por cada diez tabasqueños hay cuatro desaparecidos, para las organizaciones de la sociedad civil “sin duda varios están muertos”.
Estiman estas OSC que la salida del agua se lleve dos meses o más, ya que los costales que se colocaron como protección contra el agua se convirtieron “en una trampa” que hará el desagüe más lento, pese a que el gobierno ya informó que “se sacará el agua por medio de bombeo”.
La esposa del gobernador de Tabasco, directora también del DIF estatal, María Teresa Calles, lanzó un llamado para que no se dejen de mandar apoyos.
Baja el agua, sí, pero no ha pasado la emergencia. En Tabasco se ha perdido todo. Es necesario que la sociedad en general sepa que la contingencia no ha terminado. Volver a la normalidad nos llevará tiempo.
Tabasco, Méx, 7 nov 07 (CIMAC).- Para las y los habitantes de Tabasco el tiempo pasa muy lento, especialmente para las mujeres, niñas y niños que viven en los 501 refugios y albergues que se instalaron con la emergencia, los cuales van en aumento cada día, pues las familias que se encuentran en una mejor situación ofrecen, solidarias, sus hogares como un lugar seguro para sus vecinos.
Tras las devastadoras inundaciones que afectaron el 80 por ciento del territorio tabasqueño, dejando poblaciones rurales completamente aisladas, hoy se estima –de acuerdo a cifras oficiales-- que 800 mil personas han sido evacuadas hasta el momento.
Si la situación es grave en Villahermosa, la capital, en las comunidades rurales es peor.
Todavía muchas y muchos habitantes están atrapados en sus hogares. Hay comunidades aisladas, incomunicadas, a las que les falta agua y que están viviendo en un medio insalubre. Y si bien la distribución de víveres por parte del Ejercito Mexicano ha sido buena, existen lugares donde la ayuda no llega.
Ejemplo de ello es la comunidad de Ocuilzapotlán, hasta este miércoles no habían recibido ayuda y, ante la escasez, unos hombres terminaron a golpes tratando de conseguir una despensa.
La emergencia continúa. El agua estancada es un foco de infección y, ahora que empieza a bajar, salen por aquí y por allá animales muertos, basura y desechos. Hay que prevenir dificultades posteriores. Ya se integraron brigadas de salud destinadas a vacunar a la población contra el tétanos, neumococo e influenza, y otros males.
En este sentido, el Secretario de Salud del gobierno federal, José Ángel Córdova Villalobos, nos informó que hasta el momento no se ha detectado ninguna epidemia y que para evitarlas --como el dengue y el cólera-- se desarrollará una estrategia preventiva denominada Caravanas Acuáticas.
En las caravanas estarán médicos y enfermeras, cuya misión será visitar las casas inundadas, para atender a la población que aún se encuentra ahí.
Será a través de lanchas como se llegue para atender a las familias que no ha querido abandonar sus hogares. Les llevará medicamentos, vacunas, dice el secretario, y el personal de salud les informará sobre las medidas preventivas que deben tomar en esta emergencia.
Para las mujeres con problemas de salud (diabetes o hipertensión) se creó un albergue especial, ubicado a un costado del Hospital de la Mujer, ahí se atiende a pacientes con enfermedades que requieran especial atención, así como a embarazadas que se encuentran en el último mes antes de parir.
LAS PÉRDIDAS
En este contexto, Organizaciones de la Sociedad Civil de Tabasco han señalado su preocupación de que tanto el Gobierno Federal como el Estatal digan que en esta tragedia “no hay pérdidas humanas”, pues tan sólo en el municipio de Gaviotas las y los habitantes han visto cadáveres flotando.
Además de que han detectado brotes de “dengue hemorrágico”, ya que en este municipio hay zonas que siguen inundadas. Automóviles y casas siguen cubiertos casi por completo. La gente no puede moverse de un lado a otro a través del agua, hay animales, víboras y lagartos, y huele muy mal.
Ahora que empezaron a salir las listas de gente desaparecida, se habla de que por cada diez tabasqueños hay cuatro desaparecidos, para las organizaciones de la sociedad civil “sin duda varios están muertos”.
Estiman estas OSC que la salida del agua se lleve dos meses o más, ya que los costales que se colocaron como protección contra el agua se convirtieron “en una trampa” que hará el desagüe más lento, pese a que el gobierno ya informó que “se sacará el agua por medio de bombeo”.
La esposa del gobernador de Tabasco, directora también del DIF estatal, María Teresa Calles, lanzó un llamado para que no se dejen de mandar apoyos.
Baja el agua, sí, pero no ha pasado la emergencia. En Tabasco se ha perdido todo. Es necesario que la sociedad en general sepa que la contingencia no ha terminado. Volver a la normalidad nos llevará tiempo.
Intenta Calderón “dar carpetazo” al tema feminicidio: OSC
Gobernación incumplió ayer reunión con ellas
Lourdes Godínez Leal
México DF, 7 nov 07 (CIMAC).- Organizaciones civiles de Ciudad Juárez, defensoras de derechos humanos, del Observatorio del Feminicidio y académicas, hicieron un llamado al panista Felipe Calderón a que en este mes de lucha contra la violencia hacia las mujeres, concrete lo que en discurso ha promovido: presupuesto para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y mecanismos eficaces de procuración de justicia para éstas.
En conferencia de prensa convocada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, las activistas señalaron también que insistirán que la Comisión Especial para Juárez que hasta hace un año dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob), no sea trasladada al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Para ello, a mediados de octubre diversos organismos de la sociedad civil y académicas solicitaron una reunión con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Miguel Alessio Robles, para plantear por qué no debe trasladarse la Comisión para Juárez al Inmujeres.
La reunión, “confirmada” para la tarde de ayer fue cancelada sin previo aviso y las ONG no fueron recibidas por el funcionario, lo que significa, expresaron, la violencia institucional y falta de voluntad para seguir atendiendo el fenómeno del feminicidio.
“Este hecho es un signo más de la política de Estado del actual régimen en la que se pretende invisibilizar y desaparecer en los hechos todos los mecanismos de verificación, seguimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres en el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua y a nivel general”, señaló Imelda Marrufo, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
Las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Academia Mexicana de Derechos Humanos; la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, entre otras, advirtieron una clara intención del Ejecutivo federal de desmantelar las instancias que han llevado el caso y con ello, dar “carpetazo al tema del feminicidio”.
LOS ARGUMENTOS
María de la Luz Estrada, del Observatorio del Feminicidio, señaló que el Inmujeres carece de una figura jurídica que permita dar seguimiento a los casos de feminicidio y cuestionó cómo se haría cargo de éstos cuando “carece” de información sobre el tema.
Ejemplo de ello, refirió, es que a través de una solicitud del IFAI se solicitó al Inmujeres ofreciera su información disponible sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en respuesta éste remitió la solicitud a la Comisión para Juárez y a la Fiscalía de la PGR (Fevim).
Pero existen atribuciones que no corresponden al objeto del Inmujeres por lo que no las podría asumir legalmente, como promover ante las instancias correspondientes la observancia de los principios del derecho internacional de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano derivadas de convenios, acuerdos y tratados internacionales que ha signado.
Asimismo, la investigación y sanción a los responsables, reparación del daño y la adopción de medidas para evitar la repetición de los hechos es otra atribución que el Inmujeres no podría ejercer.
“Coordinar y generar acciones y políticas y públicas de prevención, apoyo y dignificación de las mujeres víctimas de violencia, impulsar la promoción y defensa de sus derechos humanos, así como la procuración de justicia, es tarea que le compete a la actual administración del gobierno federal y no a otras instancias”, argumentaron.
Finalmente, las activistas advirtieron que Ciudad Juárez y el tema del feminicidio no es un tema cerrado y continuarán “poniendo el dedo en el renglón” de que este tema debe ser un punto prioritario en la agenda del Estado.
Lourdes Godínez Leal
México DF, 7 nov 07 (CIMAC).- Organizaciones civiles de Ciudad Juárez, defensoras de derechos humanos, del Observatorio del Feminicidio y académicas, hicieron un llamado al panista Felipe Calderón a que en este mes de lucha contra la violencia hacia las mujeres, concrete lo que en discurso ha promovido: presupuesto para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y mecanismos eficaces de procuración de justicia para éstas.
En conferencia de prensa convocada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, las activistas señalaron también que insistirán que la Comisión Especial para Juárez que hasta hace un año dependía de la Secretaría de Gobernación (Segob), no sea trasladada al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Para ello, a mediados de octubre diversos organismos de la sociedad civil y académicas solicitaron una reunión con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Miguel Alessio Robles, para plantear por qué no debe trasladarse la Comisión para Juárez al Inmujeres.
La reunión, “confirmada” para la tarde de ayer fue cancelada sin previo aviso y las ONG no fueron recibidas por el funcionario, lo que significa, expresaron, la violencia institucional y falta de voluntad para seguir atendiendo el fenómeno del feminicidio.
“Este hecho es un signo más de la política de Estado del actual régimen en la que se pretende invisibilizar y desaparecer en los hechos todos los mecanismos de verificación, seguimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres en el tema del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua y a nivel general”, señaló Imelda Marrufo, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
Las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Academia Mexicana de Derechos Humanos; la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, entre otras, advirtieron una clara intención del Ejecutivo federal de desmantelar las instancias que han llevado el caso y con ello, dar “carpetazo al tema del feminicidio”.
LOS ARGUMENTOS
María de la Luz Estrada, del Observatorio del Feminicidio, señaló que el Inmujeres carece de una figura jurídica que permita dar seguimiento a los casos de feminicidio y cuestionó cómo se haría cargo de éstos cuando “carece” de información sobre el tema.
Ejemplo de ello, refirió, es que a través de una solicitud del IFAI se solicitó al Inmujeres ofreciera su información disponible sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en respuesta éste remitió la solicitud a la Comisión para Juárez y a la Fiscalía de la PGR (Fevim).
Pero existen atribuciones que no corresponden al objeto del Inmujeres por lo que no las podría asumir legalmente, como promover ante las instancias correspondientes la observancia de los principios del derecho internacional de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano derivadas de convenios, acuerdos y tratados internacionales que ha signado.
Asimismo, la investigación y sanción a los responsables, reparación del daño y la adopción de medidas para evitar la repetición de los hechos es otra atribución que el Inmujeres no podría ejercer.
“Coordinar y generar acciones y políticas y públicas de prevención, apoyo y dignificación de las mujeres víctimas de violencia, impulsar la promoción y defensa de sus derechos humanos, así como la procuración de justicia, es tarea que le compete a la actual administración del gobierno federal y no a otras instancias”, argumentaron.
Finalmente, las activistas advirtieron que Ciudad Juárez y el tema del feminicidio no es un tema cerrado y continuarán “poniendo el dedo en el renglón” de que este tema debe ser un punto prioritario en la agenda del Estado.
¿Qué se puede esperar del FMI presidido por un socialista?
Julio C. Gambina REVISTA 30 DIAS,
En 1944 y en las postrimerías del fin de la segunda guerra mundial se creó un mecanismo de regulación financiera internacional mediante el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así nació el sistema de Bretton Woods y que instaló el patrón dólar a cambio del oro. Era una forma de expresar la nueva dominación del sistema mundial. El acuerdo estableció que el BM debía ser presidido por un estadounidense y por un europeo el FMI. Por eso, a instancia del gobierno de derecha francés (Nicolás Sarkozy) y con el apoyo unánime (por unos días existió otro candidato para darle un tono democrático a la elección), desde el primero de noviembre de 2007 el socialista francés Dominique Strauss-Kahn es el nuevo titular del Fondo Monetario Internacional. La “democracia realmente existente” en las instituciones financieras se sustenta en un acuerdo político que los sectores hegemónicos suscribieron en las condiciones globales imperantes hace ya más de medio siglo.
Las motivaciones del presidente galo para la nominación de un socialista se asocian a su audaz política de subordinar a parte importante de la oposición política a sus objetivos hegemónicos, al tiempo que asume por Europa y el sistema mundial del capitalismo, la necesidad de una renovación (aún simbólica y discursiva) del organismo internacional. Es que el derechista Rodrigo de Rato, hombre del Partido Popular de Aznar (España), dirigió el FMI en los últimos años, los que coinciden con una profundización de la deteriorada imagen de la entidad, más vinculada como promotora y responsable de las crisis financieras (México 94; Asia 97; Brasil 98; Argentina 01), que como estabilizador de las vulnerabilidades para lo que fue pensado hace ya 63 años. Desde el propio poder parece indicarse la perentoria adecuación de funciones e imagen del organismo. Hace años que es vilipendiado por organizaciones populares que resisten sus recomendaciones, las “recetas”, con campañas contra el pago de la deuda pública. En el último tiempo se sumaron gobiernos que lo sindicaron como co-responsable de la crisis (Argentina, p.e.).
Son variadas y por distintas razones las demandas de reestructuración de la arquitectura financiera global, aludiéndose entre otras cuestiones al papel del FMI y a su organización y sistema de decisiones. Los grandes deudores del FMI cancelaron sus acreencias en el último tiempo. A comienzos del 2006, Argentina y Brasil abonaron anticipadamente sus vencimientos por 25.000 millones de dólares, dificultando la operatoria y los ingresos de la institución. En la página en Internet del organismo puede leerse un quebranto a septiembre del 2007 de 173 millones de dólares, que proyectados para todo el año puede acercarse a unos 250 millones de la moneda estadounidense. Es un quebranto que dificulta el financiamiento de una estructura de 2.635 funcionarios de sueldos elevados. Existe una comisión de notables que oportunamente elevó al directorio unas cuantas propuestas para obtener recursos propios más allá de las utilidades por préstamos. Es un tema a discutir entre quienes asumen las decisiones en la conducción y en representación de 185 países miembros.
Modificar las cuotas para la toma de decisiones fue uno de los compromisos asumidos por Strauss-Kahn con países emergentes (nueva forma de denominar a la dependencia) para obtener el apoyo a su nominación. El interrogante es si alcanza con el maquillaje que se aprestan a considerar entre los países capitalistas desarrollados, a la sazón los principales accionistas. Todo indica que un ciclo se cerró. El orden mundial se ha modificado sustancialmente. Se quebró la bipolaridad con el derrumbe del socialismo en el este de Europa y EEUU sostiene su hegemonía articulando el poder militar (armas), económico (dólar) y cultural (Hollywood). Pero existen nuevos fenómenos políticos y sociales que pueden hacer cambiar la cultura social imperante. Es una realidad visible especialmente en América Latina.
¿Un Fondo para el Sur?
Es obvio que el FMI sirvió a los intereses económicos hegemónicos del sistema mundial desde su creación: las corporaciones transnacionales y los estados capitalistas desarrollados, además de favorecer a la propia tecno burocracia que lo dirige. Esos son los sujetos que imaginaron y gobernaron las instituciones financieras. Son los responsables de la crisis sufrida por millones de personas que en el capitalismo dependiente soportaron los planes condicionados suscriptos por los gobiernos de los países endeudados. Es curioso, pero el FMI, al igual que el BM, inscriben entre sus propósitos el combate a la pobreza. Son precisamente, las recomendaciones de esos organismos los principales motores del flagelante desarrollo asimétrico de los ingresos entre los pocos que acumulan inmensas cantidades de recursos y los millones que integran crecientemente el lugar de los marginados del consumo y el acceso a una calidad de vida adecuada. Parece que ha llegado el tiempo ponerle fin a la trayectoria de los organismos financieros internacionales. No alcanza con una reestructuración de las sexagenarias organizaciones.
Fue el gobierno de Venezuela el que sostuvo la necesidad de constituir un Fondo Monetario del Sur para hacer converger la liquidez y la política monetaria de los países que hoy se subordinan al dictado del poder global. La idea estaba asociada también a la creación del Banco del Sur para la promoción del desarrollo productivo con autonomía e independencia. La propuesta solo avanza, y convengamos que lentamente, en la aparición de una entidad crediticia. Varias veces postergado, parece cercana la suscripción del acuerdo político para la constitución del Banco del Sur. Son por ahora siete los países involucrados en su gestación, pero no queda aún claro el alcance de la nonata entidad financiera. Hay quienes presionan para que su contenido se asemeje a la experiencia dominante en el sistema mundial, del cual el BM y el FMI, aunque también el BID son ejemplos concretos. Nuestra recomendación, si cabe apunta a sindicar caminos alternativos, tanto en los mecanismos de funcionamiento, especialmente en la toma de decisiones, como en el destino de los recursos para la promoción de un patrón de producción que se sustente en la satisfacción de las necesidades populares y el cuidado del medio ambiente y las condiciones de vida y trabajo de la población.
Un Fondo para el Sur debiera contemplar la integración alternativa de recursos y potencial humano que el capitalismo explota a favor de las ganancias. Mutar a una lógica de satisfacción de necesidades es el imperativo para pensar en nuevos instrumentos que resuelvan calidad de vida. La hegemonía del dólar e incluso la disputa del euro o cualquiera de las monedas de los países capitalistas desarrollados esteriliza las propuestas de finanzas alternativas. Resulta imprescindible actuar autónomamente y lograr una articulación de ventajas sociales, productivas y de bienes naturales para potenciar un tránsito independiente para nuestros países y pueblos. Es conveniente pensar en nueva institucionalidad para otra sociedad, más que en restañar instituciones inservibles para las demandas de los perjudicados por el sistema mundial capitalista. El FMI y su lógica es incorregible, aunque se vista de humanismo y con una jerga contra la pobreza, la que es sostenida desde una perspectiva de manipulación discursiva tendiente a ganar voluntades para continuar el histórico papel al servicio de las ganancias de los capitales más concentrados.
El gobierno argentino otorgó aval al nuevo Director Gerente y tiene puestas expectativas en probables intervenciones del nuevo Directorio para “resolver” los temas pendientes con el Club de París por 6.500 millones de dólares, los que se mantienen impagos desde la cesación de pagos en la crisis del 2001. El FMI intentará mediar en dicha situación para favorecer un plan de pago y receptar así, nuevamente, al hijo díscolo que se animó a desafiar el sistema financiero mundial. Una Argentina pagadora es lo que requiere el orden mundial. El canje de deuda pública impaga por nuevos bonos en 2005 fue el comienzo de una operación de reinserción del país en el “sistema” y que ahora, FMI mediante intenta restañarse totalmente. Es quizá un tiempo para pensar más allá de cambios cosméticos, en el Fondo y en el país, y alentar la posibilidad de insertar a la Argentina en la nueva dinámica de cambios sociales por los que se movilizan algunos pueblos del Sur.
En 1944 y en las postrimerías del fin de la segunda guerra mundial se creó un mecanismo de regulación financiera internacional mediante el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así nació el sistema de Bretton Woods y que instaló el patrón dólar a cambio del oro. Era una forma de expresar la nueva dominación del sistema mundial. El acuerdo estableció que el BM debía ser presidido por un estadounidense y por un europeo el FMI. Por eso, a instancia del gobierno de derecha francés (Nicolás Sarkozy) y con el apoyo unánime (por unos días existió otro candidato para darle un tono democrático a la elección), desde el primero de noviembre de 2007 el socialista francés Dominique Strauss-Kahn es el nuevo titular del Fondo Monetario Internacional. La “democracia realmente existente” en las instituciones financieras se sustenta en un acuerdo político que los sectores hegemónicos suscribieron en las condiciones globales imperantes hace ya más de medio siglo.
Las motivaciones del presidente galo para la nominación de un socialista se asocian a su audaz política de subordinar a parte importante de la oposición política a sus objetivos hegemónicos, al tiempo que asume por Europa y el sistema mundial del capitalismo, la necesidad de una renovación (aún simbólica y discursiva) del organismo internacional. Es que el derechista Rodrigo de Rato, hombre del Partido Popular de Aznar (España), dirigió el FMI en los últimos años, los que coinciden con una profundización de la deteriorada imagen de la entidad, más vinculada como promotora y responsable de las crisis financieras (México 94; Asia 97; Brasil 98; Argentina 01), que como estabilizador de las vulnerabilidades para lo que fue pensado hace ya 63 años. Desde el propio poder parece indicarse la perentoria adecuación de funciones e imagen del organismo. Hace años que es vilipendiado por organizaciones populares que resisten sus recomendaciones, las “recetas”, con campañas contra el pago de la deuda pública. En el último tiempo se sumaron gobiernos que lo sindicaron como co-responsable de la crisis (Argentina, p.e.).
Son variadas y por distintas razones las demandas de reestructuración de la arquitectura financiera global, aludiéndose entre otras cuestiones al papel del FMI y a su organización y sistema de decisiones. Los grandes deudores del FMI cancelaron sus acreencias en el último tiempo. A comienzos del 2006, Argentina y Brasil abonaron anticipadamente sus vencimientos por 25.000 millones de dólares, dificultando la operatoria y los ingresos de la institución. En la página en Internet del organismo puede leerse un quebranto a septiembre del 2007 de 173 millones de dólares, que proyectados para todo el año puede acercarse a unos 250 millones de la moneda estadounidense. Es un quebranto que dificulta el financiamiento de una estructura de 2.635 funcionarios de sueldos elevados. Existe una comisión de notables que oportunamente elevó al directorio unas cuantas propuestas para obtener recursos propios más allá de las utilidades por préstamos. Es un tema a discutir entre quienes asumen las decisiones en la conducción y en representación de 185 países miembros.
Modificar las cuotas para la toma de decisiones fue uno de los compromisos asumidos por Strauss-Kahn con países emergentes (nueva forma de denominar a la dependencia) para obtener el apoyo a su nominación. El interrogante es si alcanza con el maquillaje que se aprestan a considerar entre los países capitalistas desarrollados, a la sazón los principales accionistas. Todo indica que un ciclo se cerró. El orden mundial se ha modificado sustancialmente. Se quebró la bipolaridad con el derrumbe del socialismo en el este de Europa y EEUU sostiene su hegemonía articulando el poder militar (armas), económico (dólar) y cultural (Hollywood). Pero existen nuevos fenómenos políticos y sociales que pueden hacer cambiar la cultura social imperante. Es una realidad visible especialmente en América Latina.
¿Un Fondo para el Sur?
Es obvio que el FMI sirvió a los intereses económicos hegemónicos del sistema mundial desde su creación: las corporaciones transnacionales y los estados capitalistas desarrollados, además de favorecer a la propia tecno burocracia que lo dirige. Esos son los sujetos que imaginaron y gobernaron las instituciones financieras. Son los responsables de la crisis sufrida por millones de personas que en el capitalismo dependiente soportaron los planes condicionados suscriptos por los gobiernos de los países endeudados. Es curioso, pero el FMI, al igual que el BM, inscriben entre sus propósitos el combate a la pobreza. Son precisamente, las recomendaciones de esos organismos los principales motores del flagelante desarrollo asimétrico de los ingresos entre los pocos que acumulan inmensas cantidades de recursos y los millones que integran crecientemente el lugar de los marginados del consumo y el acceso a una calidad de vida adecuada. Parece que ha llegado el tiempo ponerle fin a la trayectoria de los organismos financieros internacionales. No alcanza con una reestructuración de las sexagenarias organizaciones.
Fue el gobierno de Venezuela el que sostuvo la necesidad de constituir un Fondo Monetario del Sur para hacer converger la liquidez y la política monetaria de los países que hoy se subordinan al dictado del poder global. La idea estaba asociada también a la creación del Banco del Sur para la promoción del desarrollo productivo con autonomía e independencia. La propuesta solo avanza, y convengamos que lentamente, en la aparición de una entidad crediticia. Varias veces postergado, parece cercana la suscripción del acuerdo político para la constitución del Banco del Sur. Son por ahora siete los países involucrados en su gestación, pero no queda aún claro el alcance de la nonata entidad financiera. Hay quienes presionan para que su contenido se asemeje a la experiencia dominante en el sistema mundial, del cual el BM y el FMI, aunque también el BID son ejemplos concretos. Nuestra recomendación, si cabe apunta a sindicar caminos alternativos, tanto en los mecanismos de funcionamiento, especialmente en la toma de decisiones, como en el destino de los recursos para la promoción de un patrón de producción que se sustente en la satisfacción de las necesidades populares y el cuidado del medio ambiente y las condiciones de vida y trabajo de la población.
Un Fondo para el Sur debiera contemplar la integración alternativa de recursos y potencial humano que el capitalismo explota a favor de las ganancias. Mutar a una lógica de satisfacción de necesidades es el imperativo para pensar en nuevos instrumentos que resuelvan calidad de vida. La hegemonía del dólar e incluso la disputa del euro o cualquiera de las monedas de los países capitalistas desarrollados esteriliza las propuestas de finanzas alternativas. Resulta imprescindible actuar autónomamente y lograr una articulación de ventajas sociales, productivas y de bienes naturales para potenciar un tránsito independiente para nuestros países y pueblos. Es conveniente pensar en nueva institucionalidad para otra sociedad, más que en restañar instituciones inservibles para las demandas de los perjudicados por el sistema mundial capitalista. El FMI y su lógica es incorregible, aunque se vista de humanismo y con una jerga contra la pobreza, la que es sostenida desde una perspectiva de manipulación discursiva tendiente a ganar voluntades para continuar el histórico papel al servicio de las ganancias de los capitales más concentrados.
El gobierno argentino otorgó aval al nuevo Director Gerente y tiene puestas expectativas en probables intervenciones del nuevo Directorio para “resolver” los temas pendientes con el Club de París por 6.500 millones de dólares, los que se mantienen impagos desde la cesación de pagos en la crisis del 2001. El FMI intentará mediar en dicha situación para favorecer un plan de pago y receptar así, nuevamente, al hijo díscolo que se animó a desafiar el sistema financiero mundial. Una Argentina pagadora es lo que requiere el orden mundial. El canje de deuda pública impaga por nuevos bonos en 2005 fue el comienzo de una operación de reinserción del país en el “sistema” y que ahora, FMI mediante intenta restañarse totalmente. Es quizá un tiempo para pensar más allá de cambios cosméticos, en el Fondo y en el país, y alentar la posibilidad de insertar a la Argentina en la nueva dinámica de cambios sociales por los que se movilizan algunos pueblos del Sur.
La protesta social, un derecho legítimo de los ciudadanos
Eugenio Zaffaroni
'Si en una comunidad no se atienden necesidades elementales de alimentación ni sanitarias, si peligran vidas humanas, si no se previene o detiene la contaminación del agua potable o la desnutrición está a punto de causar estragos irreversibles, si la comunidad está aislada y las autoridades no responden a las peticiones, no será lícito destruir la sede del municipio, pero estaría justificado que con un corte de ruta se llame la atención pública y de las autoridades', señaló el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, en su discurso sobre 'Criminalización de la protesta social' que dio en la Facultad de Derecho de la UBA. A continuación el texto completo al que accedió en forma exclusiva PRIMERAFUENTE.
1. Delimitación del fenómeno
En los últimos lustros y como consecuencia de la crisis del modelo de estado social (de bienestar o providente) que padece el mundo por las imposiciones de un creciente autoritarismo económico planetario montado sobre la globalización (y en ocasiones confundido con ella), se producen protestas o reclamos públicos de derechos, que asumen diferentes formas generadoras de situaciones conflictivas de dispar intensidad. En nuestro medio han llamado especialmente la atención los reclamos mediante cortes de rutas y las manifestaciones y reuniones públicas que obstaculizan el tránsito vehicular.
Aunque suele considerarse que se trata de un fenómeno nuevo, el reclamo de derechos por vías no institucionales y en ocasiones en los límites de la legalidad, dista muchísimo de ser una novedad. Por un lado, puede afirmarse que es una aspiración de todo estado de derecho lograr que sus instituciones sean tan perfectas que no sea necesario a nadie acudir a vías no institucionales para obtener satisfacción a sus reclamos; por otro, la misma aspiración parecen tener todos los ciudadanos que reclaman por derechos real o supuestamente no satisfechos. Pero como en la realidad histórica y en la presente, por cierto, los estados de derecho no son perfectos, nunca alcanzan el nivel del modelo ideal que los orienta, de modo que ni el estado ni los ciudadanos logran ver realizada la aspiración a que todos sus reclamos sean canalizables por vías institucionales.
Por otra parte, por lo general, los ciudadanos tampoco pretenden optar por caminos no institucionales para obtener los derechos que reclaman, sino que eligen éstos sólo para habilitar el funcionamiento institucional, o sea, que en definitiva reclaman que las instituciones operen conforme a sus fines manifiestos.
En la Argentina, especialmente los constitucionalistas y los organismos no gubernamentales que trabajaron el tema, han llamado derecho a la protesta social al que se ejercería con esta modalidad de reclamo, y al fenómeno de su represión criminalización de la protesta social. La denominación resulta bastante adecuada y, además, pese a ser reciente, está ya consagrada e individualiza bastante bien la cuestión. Se justifica una denominación diferente, pues si bien en algunos puntos se superpone con otras formas de reclamo conocidas en el país o en el mundo, se distingue bastante de ellas y también es necesario diferenciarlas para acotar adecuadamente el campo de análisis.
En principio, debe distinguirse nítidamente del derecho de resistencia al usurpador, explícitamente reconocido por la Constitución Nacional a todos los ciudadanos, pues la protesta se ejerce en el marco del estado de derecho y con autoridades legítimamente electas. Tampoco se trata del derecho de resistencia al soberano que nos remontaría al debate contractualista entre Hobbes y Locke, pues éste se ejerce para derrocar al opresor, o bien -según se entienda-, a quien ha dejado de ser soberano por traicionar su mandato y se ha convertido en opresor, o sea, que la resistencia al soberano es, en definitiva, un derecho a la revolución. La protesta social corriente en nuestro medio no pretende derrocar a ningún gobierno. Ni siquiera en algún caso muy excepcional -que ha dado lugar a intervención federal- se propuso desconocer el estado de derecho, sino provocar el funcionamiento de sus instituciones federales para que sean éstas las que reemplacen al gobierno local. Aún para quienes simpatizan profundamente con Hobbes no les sería lícito invocarlo para criminalizar la protesta social, pues no puede argumentarse que ésta pretenda en modo alguno reintroducir el bellum omnium contra omnes.
Aunque en ocasiones puede superponerse con algunas manifestaciones de la llamada desobediencia civil, cuyos representantes más notables serían Thoreau, Gandhi y Luther King, lo cierto es que no se identifica -o aún no se identifica- del todo con ella. En la desobediencia civil, los protagonistas enfrentan al estado desobedeciendo y por lo general aceptan las consecuencias, porque éstas se convierten en bandera y publicidad de las injusticias que padecen. No siempre -ni mucho menos- en las protestas sociales se busca afrontar las consecuencias para evidenciar las injusticias, sino que se persiguen soluciones a los conflictos mediante la intervención de las propias autoridades. La protesta misma es la forma de llamar la atención pública y de las autoridades sobre el conflicto o las necesidades cuya satisfacción se reclama. La desobediencia civil responde a una táctica de no violencia fuertemente disciplinada, entre cuyos principios es elemental no sólo no usar la violencia, sino extremar el cuidado para que nada pueda interpretarse maliciosamente o proyectarse públicamente como uso de la violencia, marginando rápida y cuidadosamente a cualquier exaltado, provocador o infiltrado. Cuando esta regla no es observada tan rigurosamente, la no violencia se combina con algún esporádico acto más o menos violento o con apariencias de tal, dando lugar a la resistencia civil, que puede tener éxito puntualmente, pero que no es la forma adecuada para movimientos de mayor alcance en el tiempo.
El modo en que se desarrolla la protesta social en nuestro medio, puede decirse que se va desplazando de la resistencia hacia la desobediencia, aunque su progresivo corrimiento -y en ocasiones su identificación con la desobediencia- diste aún de importar la asunción e introyección de todas sus técnicas y reglas por parte de todos los protagonistas. Es natural que, en un país cuya historia oficial siempre ha glorificado las acciones violentas y que, además, desde hace muchos años no conocía necesidades producidas por la violación de derechos sociales básicos, pues el estado de bienestar había logrado un grado respetable de desarrollo (inferior por cierto a los países industrializados, pero por momentos cercano a éstos), no haya un profundo convencimiento del poder de la no violencia y mucho menos, por cierto, una práctica no violenta internalizada, con el grado de organización y disciplina que demanda.
De cualquier modo, lo cierto es que la protesta social argentina, fuera de actos aislados, no asume en general formas violentas y, aún más, podría decirse que existe una relación inversa entre violencia y organización (menor violencia cuanto mayor organización de la protesta), lo que es explicable, pues de lo contrario los organizadores incurrirían en una táctica que estratégicamente acabaría siendo suicida.
Es natural que, donde la cultura de la no violencia no se ha extendido suficientemente, las primeras manifestaciones de protesta social sean inorgánicas y, por ende, puedan sufrir la intervención de exaltados, sin contar con que, cuando se expresa masivamente y con escasa organización, también puede padecer la consabida infiltración táctica de provocadores orientada a justificar la represión. A medida que la protesta asume formas más orgánicas, también es sabido que va depurando su táctica y separándose cuidadosamente de otras manifestaciones ocasionales que usan la violencia y lamentando estallidos inorgánicos que le son ajenos y que corren el riesgo de contaminar su propia lucha.
Pero lo cierto es que de momento la protesta social más o menos organizada no conoce por completo la táctica de la no violencia y, como consecuencia, incurre en ocasiones en errores que conspiran contra sus propios fines, pues neutraliza la publicidad que busca. De cualquier manera es necesario precisar que estas pocas contradicciones -como con frecuencia sucede frente a reclamos de derechos sociales- suelen ser magnificadas al extremo por quienes deslegitiman los reclamos y propugnan la represión indiscriminada de cualquier protesta social, pese a que la magnitud de la violencia contradictoriamente practicada no sea ni remotamente comparable con el grado de las violencias a las que históricamente se ha sometido a quienes protestaron, las que, como es de público y notorio, se han traducido en múltiples homicidios y todo género a arbitrariedades y maltratos.
Pero, desafortunadamente, todos los movimientos deben hacer su propia experiencia, que no siempre es susceptible de reemplazarse por completo con el consejo o experiencia ajena -o la de los propios protagonistas de otros reclamos-, de modo que, casi inevitablemente, su propia supervivencia está supeditada a que asuma las tácticas que en el mundo han sido propias de la desobediencia civil o terminen disolviéndose por efecto de sus propios errores. Como no desaparecerán las necesidades tan rápidamente como es deseable, el espacio de la protesta seguirá abierto y, seguramente, se disolverán las organizaciones que no asuman la progresiva identificación con la desobediencia civil y subsistirán las que sigan avanzando hasta completarla. En tanto, los problemas jurídicos que plantea la protesta continuarán abiertos y será menester profundizar el análisis en el campo del derecho, donde no existen soluciones simplistas, dada la pluralidad de situaciones que se generan, particularmente mientras se opera o completa la señalada transición.
Si bien desde el derecho constitucional han sido varias las voces que se alzaron para el reconocimiento del derecho de protesta, casi no ha habido hasta el momento respuestas desde la dogmática jurídico penal. La complejidad de hipótesis y casos es considerable y no podemos agotarla en este breve trabajo, pero creemos necesario recordar las categorías de la teoría del delito y ponerlas en relación con el problema, para orientar el enfoque de los casos particulares, sin caer en el casuismo y sólo para destacar la necesidad de investigaciones más particularizadas. Simplemente nos limitaremos a señalar los temas sobre los que es menester reflexionar conforme a las tradicionales categorías de la teoría del delito.
No dudamos de la existencia de un derecho a la protesta y en tal sentido coincidimos con los trabajos de los constitucionalistas. No obstante, con este reconocimiento elemental avanzamos muy poco, especialmente cuando, de inmediato, se cae en la invocación de la gastada argumentación de que no existen derechos absolutos y con ello queda todo en una nebulosa que abre un espacio enorme para la arbitrariedad. Es claro que no cualquiera que sufre una injusticia puede interrumpir una calle o una ruta y menos aún dañar la propiedad ajena o incurrir en ilícitos mayores. Si esta obviedad quiere expresarse con la llamada inexistencia de derechos absolutos, nos parece que la expresión es técnicamente defectuosa: lo correcto sería decir que si bien toda persona que sufre una injusticia tiene derecho de protesta, éste no la habilita a ejercerlo siempre de igual modo ni en la misma medida. Pero una obviedad no satisface ningún rigor jurídico elemental para resolver casos particulares, cuando lo que se pregunta es justamente en qué medida y forma es jurídicamente admisible que ejerza el derecho de protesta, según las particularidades del caso.
2. La protesta no institucional
El reconocimiento del derecho de protesta social dependerá de la respuesta que se dé a la pregunta acerca de si un estado de derecho debe aceptar reclamos por vía no institucional. Cabe entender que debe optarse por la negativa en el caso de un estado de derecho perfecto: habiendo vías institucionales para reclamar derechos, no es admisible optar por las no institucionales. Pero lo cierto es que no existen estados de derecho perfectos, y ninguno de los estados de derecho históricos o reales pone a disposición de sus habitantes, en igual medida, todas las vías institucionales y eficaces para lograr la efectividad de todos los derechos.
El tercer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos estima esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Habiendo un régimen de Derecho, tal como lo reclama la Declaración, no cabe la rebelión contra la tiranía y la opresión, pero también es de suponer que éste debe ser lo más perfecto posible en cuanto al funcionamiento eficaz de sus instituciones como proveedoras de los derechos fundamentales, a fin de que el hombre no se vea compelido, no ya a la rebelión pues se presupone el marco del estado de derecho, pero sí al uso de medios de protesta no institucionales.
El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).
El problema se presenta cuando se reclaman derechos consagrados en el artículo llamado '14bis' de la Constitución Nacional y en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, que como derechos llamados de segunda generación o propios del constitucionalismo social originado en la Constitución Mexicana de 1917 y en la de Weimar de 1919, que no consisten en omisiones por parte del estado, sino en acciones positivas u obligaciones de hacer, y las vías institucionales consistentes en la manifestación pública, el reclamo por los medios masivos, la petición a las autoridades y las propias acciones judiciales, resultan ineficaces para frente a la omisión reiterada y continua del estado, o sea, que no son idóneos para obtener su efectividad o, por lo menos, para obtenerla en tiempo oportuno, impidiendo efectos irreversibles o interrumpiendo su progresión. Estas son las situaciones en las que, lo que genéricamente se ha denominado derecho de protesta plantea cuestiones al derecho penal, pues en tanto se mantenga dentro de las vías institucionales la cuestiones que puede plantear no son reales sino meramente aparentes, dado que jamás un derecho constitucional e internacional ejercido regularmente puede configurar un ilícito.
3. La protesta institucional siempre es atípica
El orden jurídico parte del reconocimiento de la dignidad de la persona y de la libertad de expresión que le es inherente. De poco valdría reconocer al ser humano su dignidad de persona, como ente dotado de conciencia, si no se le permite expresar su libertad de conciencia. Para ello se le reconoce el derecho a unirse con quienes comparten sus posiciones y a expresarlas públicamente. Existe, pues, una base general de libertad a la cual se sustraen sólo unas pocas conductas, previamente identificadas en las leyes penales mediante los tipos legales que, en caso de no estar amparadas por ningún permiso especial (causa de justificación) constituyen injustos o ilícitos penales. La protesta que se mantiene dentro de los cauces institucionales no es más que el ejercicio regular de los derechos constitucionales e internacionales y, por ende, nunca pueden ser materia de los tipos penales, o sea que no es concebible su prohibición penal. En estos supuestos queda excluida la primera categoría específicamente penal de la teoría estratificada del delito, esto es, la misma tipicidad de la conducta.
No tiene sentido alguno preguntarse en esos casos si se trata de conductas justificadas por el ejercicio regular de un derecho previsto como fórmula general de la justificación en el artículo 34 del Código Penal, porque directamente no pueden ser abarcadas por los tipos penales. Tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales prohíben a los estados prohibir esas conductas, de modo que, aunque algunos tipos penales, en el plano del mero análisis exegético, puedan abarcar esas conductas, un análisis dogmático elemental descarta la tipicidad.
En consecuencia, el ejercicio del derecho de petición a las autoridades, la manifestación pública que lo ejerza, el público que se reúna para hacerlo, por más que por su número cause molestias, interrumpa con su paso o presencia la circulación de vehículos o de peatones, provoque ruidos molestos, deje caer panfletos que ensucian la calzada, etc., estará ejerciendo un derecho legítimo en el estricto marco institucional. Queda claro que en estos supuestos las molestias, ruidos, suciedad o interrupción de la circulación se producen como consecuencia necesaria (un número de personas reunidos o transitando provoca interrupciones) o usual (usan bombos, estallan cohetes pequeños, arrojan panfletos, etc.) del número de participantes y de la necesidad de exteriorización del reclamo y durante el tiempo razonablemente necesario para exteriorizarlo (transitar por calles, pararse y escuchar discursos, cantar, etc.).
Es lamentable que se pretenda rastrillar los códigos penales y contravencionales para proceder a la pesca de tipos y a su elastización con el objeto de atrapar estas conductas, que pertenecen al ámbito de ejercicio de la libertad ciudadana. A praca, a praca é do povo como o céu é do condor, escribió Castro Alves, el poeta antiesclavista del romanticismo del Brasil.
4. La protesta no institucional no siempre es típica
La circunstancia de que se excedan los límites de la protesta institucional no convierte automáticamente en típica la conducta. Cuando la protesta pasa los límites institucionales, o sea, excede el tiempo razonablemente necesario para expresarse (acampan o deciden pasar la noche en una plaza), no interrumpen la calle por el mero efecto del número de personas sino por acciones dirigidas a hacerlo, pequeños grupos prolongan sus gritos una vez concluida la manifestación, se reiteran los gritos en los transportes utilizados para volver a los hogares, etc., se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente es penal, porque sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente. En efecto: quedarse a pasar la noche en una plaza no es una conducta antijurídica. Ruidos molestos innecesarios y una vez concluida la manifestación pueden ser antijurídicos, pero no son penalmente típicos, aunque pueden configurar una falta.
Este es el campo en que con mayor énfasis se intenta elastizar tipos penales o limitarse al puro análisis exegético, para abarcar las eventuales ilicitudes de la protesta no institucional por quienes procuran su criminalización y, por cierto, es el terreno en el cual el derecho penal debe reaccionar con el máximo de cuidado. La tipicidad penal sólo es legal, estricta, de interpretación restrictiva, y no se conforma con la mera comprobación de los elementos del tipo objetivo legal. Nadie duda que la desconcentración de un acto deportivo (partido de fútbol) suele ir acompañada de gritos molestos de los asistentes que vuelven a sus hogares, pero no se está a la pesca de tipos contravencionales para incriminarlos, porque es consecuencia usual de una actividad fomentada por el estado. Si bien la protesta no es una actividad fomentada por el estado, es un elemental derecho constitucional e internacional, cuyas consecuencias tampoco pueden ser típicas ni siquiera contravencionalmente en estos casos.
Pero puede haber otros supuestos en que sea más o menos incuestionable la tipicidad contravencional, como cuando se interrumpe una calle por una acción que no es resultado necesario del paso de los manifestantes o de su reunión en razón de su número, aunque tampoco por ello corresponde sin más pretender su tipicidad penal. Siempre que, con relación a la protesta se rastrillan los códigos en busca de tipos penales y se trata de elastizarlos, necesariamente se pasan por alto los principios conforme a los cuales el derecho penal procura contener al poder punitivo mediante la interpretación estricta y los otros principios dogmáticos que deben aplicarse en la interpretación de cualquier tipo penal.
Dejando de lado que no es posible omitir la aplicación de los principios de legalidad estricta y de interpretación restrictiva, que son resultado de la naturaleza discontinua de la legislación penal o de la tipificación, tampoco pueden pasarse por alto o negar los principios de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad. El caso de interrupción o perturbación del tránsito en rutas es el supuesto que mayor frecuencia ha tenido en la práctica judicial, considerando que la interrupción de cualquier ruta o el impedimento de partida de cualquier transporte colectivo configuran la conducta típica del art. 194 del código penal. Se trata de un caso de interpretación extensiva de un tipo penal, pues si bien el artículo 194 tiene como condición la exclusión de creación de peligro común, no es correcto considerar que eso sea idéntico a la exclusión de cualquier peligro. El artículo 194 es un tipo de peligro y no un mero tipo de lesión al derecho de circulación sin perturbaciones. Si ese hubiera sido el sentido del tipo, su redacción hubiese excluido todo peligro y no sólo el peligro común.
Las perturbaciones a la circulación son materia de regulación nacional, provincial o municipal, dependiendo de la naturaleza del camino y, por ende, su sanción será materia de infracción legislada por estas competencias (si son ferrocarriles o rutas nacionales podrá ser materia de contravenciones federales, que no existen; si son provinciales, de contravenciones provinciales; si son calles, de ordenanzas municipales). La única posibilidad de interpretar el artículo 194 en forma constitucional es entendiendo que se trata de una conducta que con el impedimento, estorbo o entorpecimiento pone en peligro bienes jurídicos fuera de la hipótesis de peligro común.
La tipicidad no se agota en la mera comprobación de los extremos exigidos por el tipo objetivo legal, sino que es necesario, además, evaluar si esa tipicidad objetiva resulta ofensiva (por lesión o por peligro) para un bien jurídico (y también si es imputable como obra propia al autor, lo que no está en cuestión en el caso). Olvidar esta premisa (no requerir peligro) o presumir el peligro (es decir, darlo por cierto cuando no se haya producido) es violatorio del principio de ofensividad, consagrado junto con el principio de reserva en el artículo 19 de la Constitución Nacional, o bien es invasión federal de competencias contravencionales o de faltas de las provincias y municipios.
Otro principio que no puede obviarse es la romana máxima minima non curat Praetor, traducida hoy como principio de insignificancia: las afectaciones insignificantes o de bagatela no son suficientes para cumplimentar el principio de ofensividad, pues se entiende que los delitos deben afectar con cierta relevancia los bienes jurídicos, no pudiendo configurarlo cuestiones más o menos baladíes o que no guarden proporción elemental con la magnitud de la pena conminada. En otras palabras: la consecuencia jurídica del delito, esto es, la pena, indica con su magnitud que se requiere un grado respetable de afectación del bien jurídico, lo que no cumplimenta una lesión o puesta en peligro insignificante.
Esta es una cuestión que no sólo debe relevarse cuando se trata de interrupciones o estorbos a vías de comunicación, sino incluso en otros tipos penales. Por ejemplo, la extorsión configura una tipo pluriofensivo, que afecta tanto la propiedad como la libertad, pero la magnitud de la lesión a la libertad debe presentar cierta gravedad del contenido del mal que se amenaza. No es lo mismo amenazar con una protesta pública que con colocar un explosivo o provocar un incendio y menos con una amenaza de muerte, incluso admitiendo que la protesta no responda en todas sus características a los requerimientos institucionales. La magnitud de la intimidación requerida por el tipo de extorsión no se da con cualquier molestia o eventual perjuicio patrimonial. Por otra parte, no son aplicables en la ley vigente los análisis del tipo de extorsión que podían ser válidos en el texto original del Código Penal, pues la pena que actualmente se impone a la extorsión simple (que es nada menos que prisión o reclusión de cinco a diez años) está revelando que la intimidación demanda una amenaza de gravedad muy considerable.
En el clásico ejemplo de manual, no puede considerarse privación ilegal de la libertad la conducta del responsable de un transporte público que no detiene el vehículo en la parada solicitada por el pasajero y le permite apearse en la parada siguiente, aunque alguna sentencia nacional haya considerado lo contrario. En los casos de protesta el hostigamiento puede constituir una contravención, pero en modo alguno una acción típica del artículo 141 del Código Penal.
No son pocas las dificultades de otros tipos penales a los que puede apelarse en el rastrillaje de tipos que suele hacerse en estas ocasiones. En toda manifestación de protesta pública se invoca al pueblo. No hay manifestante que, prácticamente, no lo haga y peticione en su nombre. No obstante, no toda manifestación puede considerarse una sedición conforme al inciso 1° del artículo 230 del Código Penal, porque no basta con que se peticione en nombre del pueblo, sino que, además, conforme a la conjunción exigida por la Constitución y el Código, también es necesario que se atribuya sus derechos, lo que no hace cualquier manifestación, protesta o reclamo, por mucho que pretenda expresarse en nombre de éste, pues esto último no pasa de ser un recurso retórico de uso universal. Una interpretación diferente criminalizaría no sólo la protesta social, sino cualquier reunión de las que ocasionalmente se convocan para exigir mayor represión y que de hecho -a juzgar por sus desastrosos resultados en la legislación penal- suelen intimidar a los verdaderos y auténticos representantes del pueblo.
No menos problemas acarrea el tipo del artículo 239 del Código Penal en la variable de desobediencia -no así de resistencia- a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, cuya tipicidad debe ser meticulosamente reducida para evitar caer directamente en la inconstitucionalidad. La desobediencia a un funcionario público podrá acarrear sanciones administrativas, eventualmente contravencionales, puede pensarse que incluso pueda ser típica, pero sólo en casos en que ésta provoque lesión a otros bienes jurídicos de cierta magnitud y en casos muy puntuales y graves, pero no cualquier desobediencia a un funcionario en ejercicio de sus funciones, por legítimas que sean éstas, puede configurar un delito, porque el ámbito de esa tipicidad alcanzaría una extensión inaudita e incompatible con un estado de derecho: sería delito negarse a mostrar la licencia de conductor requerida por el agente de tránsito, a entregar la documentación al policía que la requiere, a pagar un impuesto o una tasa ante requerimiento oficial, desobedecer la orden de no fijar carteles o la de dejar de fumar en lugar prohibido, etc. Por supuesto que cada una de estas conductas tiene consecuencias jurídicas, pero no es la del tipo del artículo 239 del Código Penal. Algo parecido sucede con la apología del crimen del artículo 213 del Código Penal.
Ante ciertas formas de resistencia civil, llevadas a cabo incluso individualmente, por parte de quienes, siguiendo la línea que en el siglo XIX iniciara el famoso Thoreau en Estados Unidos, aceptan las consecuencias jurídicas -penales- de sus actos justamente como forma de protesta y de crítica social. Cualquier expresión de admiración o de apoyo a la actitud de estas personas resultaría incriminada, cuando en realidad no se trata más que de una manifestación de crítica social. Diferente sería el caso en que se hiciese la apología de delitos de otra naturaleza, como delitos sexuales, violencia familiar, asesinatos múltiples o en serie, genocidios, etc. El tipo del art. 213 es otro que debe interpretarse restrictivamente para compatibilizarlo con la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
No menor es el riesgo de que, a medida que la protesta social se organice y se perfeccione, se procure incluir a los participantes en estas organizaciones en el tipo de asociación ilícita, que es otra figura que plantea serios problemas constitucionales no suficientemente resueltos. El tipo de asociación ilícita fue profusamente empleado contra las reivindicaciones laborales cuando las huelgas eran consideradas delitos en las luchas de los gobiernos europeos contra los socialdemócratas. Por arrastre llega a las legislaciones modernas con penas relativamente bajas. Por efecto de reformas puntuales en momentos de violencia política y social, las penas fueron aumentadas hasta los extremos actuales y no han vuelto a las tradicionales, por mucho que esas circunstancias hayan sido superadas hace décadas. Se trata de un tipo que adelanta la tipicidad a actos claramente preparatorios, o sea, muy anteriores a la tentativa y ni siquiera contempla el desistimiento: quien se pone de acuerdo con otras dos personas para cometer hurtos simples (propone la organización de pequeños ladrones o mecheras de tiendas), resulta penado con el equivalente a la suma de los mínimos de la pena de treinta hurtos, pese a que pasada la velada nada haga ninguno de los participantes en el futuro. El principio republicano indica que este tipo -y con las debidas reservas- sólo podría compatibilizarse con la Constitución cuando se trate de asociaciones que se propongan la comisión de delitos muy graves, como los de destrucción masiva e indiscriminada de bienes jurídicos, sin contar con que sería discutible que pueda configurarse con el solo acuerdo sin ninguna actividad posterior.
Valgan estos ejemplos para demostrar que es necesario que el derecho penal, en su función de contención jurídica frente a las pulsiones del estado de policía, observe con mucha atención las tentativas de forzar tipos penales no sólo en los casos en que la protesta social se mantenga en los cauces institucionales, sino incluso cuando exceda este marco, penetrando ámbitos de ilicitud eventualmente emergentes de la infracción al orden administrativo o contravencional.
5. La protesta que se manifiesta en conductas típicas y la justificación
Hasta aquí nos hemos ocupado de la protesta que no incurre en tipicidad (prohibición) penal, aunque exceda el marco institucional y aunque pueda incurrir en otras ilicitudes. No obstante, la protesta puede configurar tipicidades, tales como delitos de daños no insignificantes, lesiones, resistencia a la autoridad, etc. Por supuesto, descartamos de este análisis los casos en que la protesta sólo sea la ocasión para la comisión de delitos de mayor gravedad. Si bien no parece ser ésta la característica de la protesta social dominante, no presentaría ningún problema la solución penal al caso de quien sólo aprovecha la protesta para cometer un homicidio, una violación o un robo. Nos limitamos, por ende, a los delitos que puedan cometerse en el curso y por efecto de la protesta misma, de los cuales parecen ser los más frecuentes los antes mencionados (daños, lesiones y resistencia).
En estos supuestos corresponde analizar si la conducta típica está amparada por una causa de justificación. Para ello no cabe apelar a la fórmula del legítimo ejercicio de un derecho más que como definición general de todas las causas de justificación, pues la fórmula legal del artículo 34 no es más que una remisión a todo el orden jurídico, para determinar si existe en él alguna disposición particular que permita la realización de la conducta típica. El derecho de protesta constitucional no entra en esta fórmula del Código Penal, pues es el que directamente garantiza la atipicidad a que nos hemos referido antes. Los casos que están necesitados de preguntarse sobre la justificación son, justamente, los que han caído dentro de la tipicidad. En tales supuestos, por regla general, cabe preguntarse en cada caso si pueden encuadrarse dentro de la legítima defensa o dentro del estado de necesidad justificante.
No es posible considerar aquí toda la casuística hipotética ni reiterar el desarrollo de la teoría de la justificación, sino sólo insistir en la necesidad, en cada caso, de analizar si la conducta típica no se encuentra amparada por alguna de estas justificaciones. En cuanto a los participantes de protestas sociales que sean ajenos a las necesidades o a la conducta justificada por legítima defensa, cabe observar que también los cubren estas justificaciones cuando realmente operen según las circunstancias del caso, pues quien coopera con alguien que actúa justificadamente, también lo está haciendo amparado por la causa de justificación de que se trate y, en el caso de la legítima defensa, está especialmente regulada la legítima defensa de terceros.
Esta última presenta la particularidad de que, en caso que el agredido hubiese provocado suficientemente al agresor, el tercero puede igualmente defenderlo legítimamente, a condición de que él no haya participado en la provocación. Esto es importante en los casos de represión violenta de manifestaciones o reuniones públicas: quien defiende a un manifestante que es agredido físicamente después de insultar o provocar de otra manera, está actuando legítimamente, aunque el manifestante no estuviera amparado por esa causa de justificación en razón de la previa provocación.
El estado de necesidad presenta también problemas interesantes y complicados frente a los casos particulares. Ante todo, el mal que se causa debe ser menor que el que se quiere evitar, de modo que debe tratarse de una protesta que reclame por un derecho fundamental. No habilita a ninguna conducta típica la exigencia de vacaciones, por ejemplo, pero puede habilitarla el derecho a la alimentación o a la salud, según las circunstancias, o sea, según la gravedad y cercanía del mal que se quiere evitar. No puede tratarse de males remotos o hipotéticos, sino relativamente cercanos y urgentes. En segundo término, no debe haber otra vía idónea, esto es, razonablemente transitable, para neutralizar el mal amenazado. La idoneidad de la vía de reclamo alternativa no puede ser meramente formal o hipotética, sino que debe tratarse de una idoneidad real y efectiva. Nadie puede cometer una conducta de daño para obtener alimentos, si le bastase con convocar a la autoridad para que se los provea en tiempo razonable.
Además, la conducta típica debe ser conducente a ese resultado, sea porque es la menos lesiva y la más adecuada para llamar la atención pública, porque no hay medios de hacerlo por otro camino, porque los medios de comunicación hacen caso omiso del reclamo, porque las autoridades no quieren reparar en la necesidad, etc. Si en una comunidad no se atienden necesidades elementales de alimentación ni sanitarias, si peligran vidas humanas, si no se previene o detiene la contaminación del agua potable o la desnutrición está a punto de causar estragos irreversibles, si la comunidad está aislada y las autoridades no responden a las peticiones, no será lícito destruir la sede del municipio, pero estaría justificado que con un corte de ruta se llame la atención pública y de las autoridades, aunque éste tenga una duración considerable y ocasione algún peligro para la propiedad o los negocios. Se trata del empleo del medio menos ofensivo que queda en manos de las personas para llamar la atención sobre sus necesidades en situación límite.
Se ha planteado muchas veces la pregunta acerca del estado de necesidad creado por carencias que son generales. Por regla, las necesidades que se hallan generalizadas no habilitan el estado de necesidad, pero en un país con considerables diferencias sociales, será menester siempre establecer cuál es el estándar medio de satisfacción de las necesidades sociales y, por ende, atender a ese estándar para establecer la naturaleza de las carencias. Es casi inevitable que inmediatamente después de un terremoto haya carencias y nada habilita a cometer conductas típicas mientras se procura resolverlas en un tiempo razonable y con la urgencia del caso, puesto que se trata de padecimientos que están soportando todos los habitantes de la región o del lugar.
No obstante lo anterior, en el marco de carencias generales pueden suscitarse situaciones de necesidad particulares. Si en el ejemplo del terremoto, nadie, por el hecho de haberse quedado sin techo, tiene derecho a ocupar el hospital, no puede negarse que si un niño está a punto de perecer de sed o de hambre, pueda apoderase de bebida o alimentos que se hallan entre los escombros del almacén.
No es posible, pues, agotar aquí todas las hipótesis de eventual justificación de la protesta social que incurra en conductas típicas, pero bastan las anteriores consideraciones para señalar la dificultad de la cuestión.
6. La protesta que se manifiesta en conducta ilícitas y la culpabilidad
Cuando la conducta sea típica y antijurídica, o sea, constituya un ilícito o injusto penal, aun restan los problemas que la protesta social plantea a la culpabilidad. Entendida ésta en el sentido normativo tradicional de juicio de reproche o reprochabilidad, se plantean problemas que hacen a la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad y a la necesidad exculpante.
En principio, cuando la protesta adopta la forma de un injusto porque la justificación de necesidad se excluye en razón de que existían caminos institucionales viables y realmente idóneos para satisfacer las necesidades, puede operarse un error de prohibición, si estos caminos eran ignorados por los protagonistas de la protesta o si éstos creían no poseer a su alcance los medios para encaminar por ellos sus reclamos o no los creían eficaces con motivos fundados en experiencias anteriores.
Dado que las protestas suelen ser masivas, este desconocimiento no tiene por qué ser general, sino que puede haber un error de prohibición invencible respecto de algunos o de la mayoría de las personas que participan en ella, en tanto que otros pueden caer en un error vencible o bien directamente no estar en situación de error, por conocer los medios institucionales disponibles y eficaces. Esto significa que no es posible criminalizar por igual a todos los que participan de la protesta, sino que la culpabilidad debe valorarse respecto de cada persona y en la medida en que ésta individualmente podía comprender la ilicitud con relevancia penal de su comportamiento. Tengamos en cuenta que la ley (art. 34 del Código Penal) exige que el agente haya tenido la posibilidad de comprender la criminalidad de su acto y no la mera ilicitud o antijuridicidad: para la ley argentina no basta con que el agente crea que está cometiendo una contravención o una falta cuando en realidad está cometiendo un injusto penal.
En cuanto a la necesidad exculpante, las hipótesis son más remotas y no parecen compadecerse con los casos de protesta social conocidos en nuestro medio, aunque no cabe descartar la posibilidad de una situación que encuadre en la exculpación. Quienes ante la total inacción de las autoridades y la indiferencia pública absoluta, en la inminencia de pérdida de sus cosechas por falta de agua, interrumpido el riego por actos arbitrarios o falta de atención, desvían aguas que no les pertenecen para salvar lo que es su único medio de vida y el de sus familias, amenazados por la miseria y el hambre y, en tal caso, afectan un derecho de propiedad ajeno para salvar el propio. Se trata de dos bienes jurídicos de pareja entidad y, por ende, no media justificación, pero existe necesidad exculpante, sin perjuicio de que deban reparar al propietario afectado.
Todo lo dicho respecto de la culpabilidad debe complementarse, incluso en caso de que el delito se complete, con una cuantificación adecuada de ésta, no sólo en base a la culpabilidad tradicional, que no marcaría más que el límite máximo, sino como culpabilidad por la vulnerabilidad, o sea, que será menester medir el esfuerzo que haya realizado la persona para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad que, en el caso de protestas sociales, suele ser mínimo, dada la atención especial de las autoridades en algunos de estos casos.
En otros, por el contrario, la atención de las autoridades favorece los errores de prohibición invencibles. Ello obedece a que los reclamos sociales son, en el fondo, problemas políticos o de gobierno, lo que hace que, con harta frecuencia, éstos sean atendidos por las propias autoridades políticas, que los resuelven en ocasiones in situ. Es pensable que, cuando una autoridad ejecutiva o legislativa acude al lugar y resuelve el conflicto (se levanta la reunión, cesa la protesta, etc.), los participantes no tengan la posibilidad de comprender la antijuridicidad de su conducta, pues el propio estado concurre a resolver el conflicto. Más aún, tratándose de cortes de rutas o de concentraciones, el estado suele estar presente para garantizar la integridad física de los participantes. Daría la impresión de que la policía cuida a los pretendidos delincuentes. Ante la opinión lega, resulta incomprensible que el estado, por un lado, concurra a resolver el conflicto o a cuidar a los reclamantes y, por el otro, pretenda criminalizarlos. En tales eventualidades es muy difícil pretender que exista una posibilidad exigible de comprensión de la criminalidad.
7. Algunas reflexiones políticas
Lo señalado en el párrafo anterior indica que el fondo de la materia con que se enfrenta el derecho penal en este punto es una cuestión de naturaleza eminentemente política. Nadie puede negar que la realización de los Derechos Humanos de segunda generación es de esa naturaleza. Quitar el problema de ese ámbito para traerlo al derecho penal es la forma más radical y definitiva de dejarlo sin solución. Siempre que se extrae una cuestión de su ámbito natural y se le asigna una naturaleza artificial (como es la penal) se garantiza que el problema no será resuelto. Esto indica que la mejor contribución a la solución de los conflictos de naturaleza social que puede hacer el derecho penal es extremar sus medios de reducción y contención del poder punitivo, reservándolo sólo para situaciones muy extremas de violencia intolerable y para quienes sólo aprovechan la ocasión de la protesta para cometer delitos. De ese modo, el derecho penal se preserva a sí mismo, devuelve el problema a su naturaleza y responsabiliza por la solución a las agencias del estado que constitucionalmente no son sólo competentes, sino que tienen el deber jurídico de proveer las soluciones que, desde el principio, sabemos que el poder punitivo no podrá suplir.
En términos de distribución de competencias y de poderes, es obvio que pretender la criminalización de la protesta social para resolver los reclamos que ésta lleva adelante, es exigir a los poderes judiciales una solución que incumbe a los poderes estrictamente políticos del estado y, por ende, cualquier omisión del esfuerzo de contención del derecho penal resulta no sólo inconveniente, sino también inconstitucional desde la perspectiva de la separación e independencia de los poderes del estado.
Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor del departamento de Derecho Penal y Criminología Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires.
Discurso sobre 'Criminalización de la protesta social' emitido el 1 de noviembre pasado en el auditórium de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa oportunidad también expuso el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola.
'Si en una comunidad no se atienden necesidades elementales de alimentación ni sanitarias, si peligran vidas humanas, si no se previene o detiene la contaminación del agua potable o la desnutrición está a punto de causar estragos irreversibles, si la comunidad está aislada y las autoridades no responden a las peticiones, no será lícito destruir la sede del municipio, pero estaría justificado que con un corte de ruta se llame la atención pública y de las autoridades', señaló el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, en su discurso sobre 'Criminalización de la protesta social' que dio en la Facultad de Derecho de la UBA. A continuación el texto completo al que accedió en forma exclusiva PRIMERAFUENTE.
1. Delimitación del fenómeno
En los últimos lustros y como consecuencia de la crisis del modelo de estado social (de bienestar o providente) que padece el mundo por las imposiciones de un creciente autoritarismo económico planetario montado sobre la globalización (y en ocasiones confundido con ella), se producen protestas o reclamos públicos de derechos, que asumen diferentes formas generadoras de situaciones conflictivas de dispar intensidad. En nuestro medio han llamado especialmente la atención los reclamos mediante cortes de rutas y las manifestaciones y reuniones públicas que obstaculizan el tránsito vehicular.
Aunque suele considerarse que se trata de un fenómeno nuevo, el reclamo de derechos por vías no institucionales y en ocasiones en los límites de la legalidad, dista muchísimo de ser una novedad. Por un lado, puede afirmarse que es una aspiración de todo estado de derecho lograr que sus instituciones sean tan perfectas que no sea necesario a nadie acudir a vías no institucionales para obtener satisfacción a sus reclamos; por otro, la misma aspiración parecen tener todos los ciudadanos que reclaman por derechos real o supuestamente no satisfechos. Pero como en la realidad histórica y en la presente, por cierto, los estados de derecho no son perfectos, nunca alcanzan el nivel del modelo ideal que los orienta, de modo que ni el estado ni los ciudadanos logran ver realizada la aspiración a que todos sus reclamos sean canalizables por vías institucionales.
Por otra parte, por lo general, los ciudadanos tampoco pretenden optar por caminos no institucionales para obtener los derechos que reclaman, sino que eligen éstos sólo para habilitar el funcionamiento institucional, o sea, que en definitiva reclaman que las instituciones operen conforme a sus fines manifiestos.
En la Argentina, especialmente los constitucionalistas y los organismos no gubernamentales que trabajaron el tema, han llamado derecho a la protesta social al que se ejercería con esta modalidad de reclamo, y al fenómeno de su represión criminalización de la protesta social. La denominación resulta bastante adecuada y, además, pese a ser reciente, está ya consagrada e individualiza bastante bien la cuestión. Se justifica una denominación diferente, pues si bien en algunos puntos se superpone con otras formas de reclamo conocidas en el país o en el mundo, se distingue bastante de ellas y también es necesario diferenciarlas para acotar adecuadamente el campo de análisis.
En principio, debe distinguirse nítidamente del derecho de resistencia al usurpador, explícitamente reconocido por la Constitución Nacional a todos los ciudadanos, pues la protesta se ejerce en el marco del estado de derecho y con autoridades legítimamente electas. Tampoco se trata del derecho de resistencia al soberano que nos remontaría al debate contractualista entre Hobbes y Locke, pues éste se ejerce para derrocar al opresor, o bien -según se entienda-, a quien ha dejado de ser soberano por traicionar su mandato y se ha convertido en opresor, o sea, que la resistencia al soberano es, en definitiva, un derecho a la revolución. La protesta social corriente en nuestro medio no pretende derrocar a ningún gobierno. Ni siquiera en algún caso muy excepcional -que ha dado lugar a intervención federal- se propuso desconocer el estado de derecho, sino provocar el funcionamiento de sus instituciones federales para que sean éstas las que reemplacen al gobierno local. Aún para quienes simpatizan profundamente con Hobbes no les sería lícito invocarlo para criminalizar la protesta social, pues no puede argumentarse que ésta pretenda en modo alguno reintroducir el bellum omnium contra omnes.
Aunque en ocasiones puede superponerse con algunas manifestaciones de la llamada desobediencia civil, cuyos representantes más notables serían Thoreau, Gandhi y Luther King, lo cierto es que no se identifica -o aún no se identifica- del todo con ella. En la desobediencia civil, los protagonistas enfrentan al estado desobedeciendo y por lo general aceptan las consecuencias, porque éstas se convierten en bandera y publicidad de las injusticias que padecen. No siempre -ni mucho menos- en las protestas sociales se busca afrontar las consecuencias para evidenciar las injusticias, sino que se persiguen soluciones a los conflictos mediante la intervención de las propias autoridades. La protesta misma es la forma de llamar la atención pública y de las autoridades sobre el conflicto o las necesidades cuya satisfacción se reclama. La desobediencia civil responde a una táctica de no violencia fuertemente disciplinada, entre cuyos principios es elemental no sólo no usar la violencia, sino extremar el cuidado para que nada pueda interpretarse maliciosamente o proyectarse públicamente como uso de la violencia, marginando rápida y cuidadosamente a cualquier exaltado, provocador o infiltrado. Cuando esta regla no es observada tan rigurosamente, la no violencia se combina con algún esporádico acto más o menos violento o con apariencias de tal, dando lugar a la resistencia civil, que puede tener éxito puntualmente, pero que no es la forma adecuada para movimientos de mayor alcance en el tiempo.
El modo en que se desarrolla la protesta social en nuestro medio, puede decirse que se va desplazando de la resistencia hacia la desobediencia, aunque su progresivo corrimiento -y en ocasiones su identificación con la desobediencia- diste aún de importar la asunción e introyección de todas sus técnicas y reglas por parte de todos los protagonistas. Es natural que, en un país cuya historia oficial siempre ha glorificado las acciones violentas y que, además, desde hace muchos años no conocía necesidades producidas por la violación de derechos sociales básicos, pues el estado de bienestar había logrado un grado respetable de desarrollo (inferior por cierto a los países industrializados, pero por momentos cercano a éstos), no haya un profundo convencimiento del poder de la no violencia y mucho menos, por cierto, una práctica no violenta internalizada, con el grado de organización y disciplina que demanda.
De cualquier modo, lo cierto es que la protesta social argentina, fuera de actos aislados, no asume en general formas violentas y, aún más, podría decirse que existe una relación inversa entre violencia y organización (menor violencia cuanto mayor organización de la protesta), lo que es explicable, pues de lo contrario los organizadores incurrirían en una táctica que estratégicamente acabaría siendo suicida.
Es natural que, donde la cultura de la no violencia no se ha extendido suficientemente, las primeras manifestaciones de protesta social sean inorgánicas y, por ende, puedan sufrir la intervención de exaltados, sin contar con que, cuando se expresa masivamente y con escasa organización, también puede padecer la consabida infiltración táctica de provocadores orientada a justificar la represión. A medida que la protesta asume formas más orgánicas, también es sabido que va depurando su táctica y separándose cuidadosamente de otras manifestaciones ocasionales que usan la violencia y lamentando estallidos inorgánicos que le son ajenos y que corren el riesgo de contaminar su propia lucha.
Pero lo cierto es que de momento la protesta social más o menos organizada no conoce por completo la táctica de la no violencia y, como consecuencia, incurre en ocasiones en errores que conspiran contra sus propios fines, pues neutraliza la publicidad que busca. De cualquier manera es necesario precisar que estas pocas contradicciones -como con frecuencia sucede frente a reclamos de derechos sociales- suelen ser magnificadas al extremo por quienes deslegitiman los reclamos y propugnan la represión indiscriminada de cualquier protesta social, pese a que la magnitud de la violencia contradictoriamente practicada no sea ni remotamente comparable con el grado de las violencias a las que históricamente se ha sometido a quienes protestaron, las que, como es de público y notorio, se han traducido en múltiples homicidios y todo género a arbitrariedades y maltratos.
Pero, desafortunadamente, todos los movimientos deben hacer su propia experiencia, que no siempre es susceptible de reemplazarse por completo con el consejo o experiencia ajena -o la de los propios protagonistas de otros reclamos-, de modo que, casi inevitablemente, su propia supervivencia está supeditada a que asuma las tácticas que en el mundo han sido propias de la desobediencia civil o terminen disolviéndose por efecto de sus propios errores. Como no desaparecerán las necesidades tan rápidamente como es deseable, el espacio de la protesta seguirá abierto y, seguramente, se disolverán las organizaciones que no asuman la progresiva identificación con la desobediencia civil y subsistirán las que sigan avanzando hasta completarla. En tanto, los problemas jurídicos que plantea la protesta continuarán abiertos y será menester profundizar el análisis en el campo del derecho, donde no existen soluciones simplistas, dada la pluralidad de situaciones que se generan, particularmente mientras se opera o completa la señalada transición.
Si bien desde el derecho constitucional han sido varias las voces que se alzaron para el reconocimiento del derecho de protesta, casi no ha habido hasta el momento respuestas desde la dogmática jurídico penal. La complejidad de hipótesis y casos es considerable y no podemos agotarla en este breve trabajo, pero creemos necesario recordar las categorías de la teoría del delito y ponerlas en relación con el problema, para orientar el enfoque de los casos particulares, sin caer en el casuismo y sólo para destacar la necesidad de investigaciones más particularizadas. Simplemente nos limitaremos a señalar los temas sobre los que es menester reflexionar conforme a las tradicionales categorías de la teoría del delito.
No dudamos de la existencia de un derecho a la protesta y en tal sentido coincidimos con los trabajos de los constitucionalistas. No obstante, con este reconocimiento elemental avanzamos muy poco, especialmente cuando, de inmediato, se cae en la invocación de la gastada argumentación de que no existen derechos absolutos y con ello queda todo en una nebulosa que abre un espacio enorme para la arbitrariedad. Es claro que no cualquiera que sufre una injusticia puede interrumpir una calle o una ruta y menos aún dañar la propiedad ajena o incurrir en ilícitos mayores. Si esta obviedad quiere expresarse con la llamada inexistencia de derechos absolutos, nos parece que la expresión es técnicamente defectuosa: lo correcto sería decir que si bien toda persona que sufre una injusticia tiene derecho de protesta, éste no la habilita a ejercerlo siempre de igual modo ni en la misma medida. Pero una obviedad no satisface ningún rigor jurídico elemental para resolver casos particulares, cuando lo que se pregunta es justamente en qué medida y forma es jurídicamente admisible que ejerza el derecho de protesta, según las particularidades del caso.
2. La protesta no institucional
El reconocimiento del derecho de protesta social dependerá de la respuesta que se dé a la pregunta acerca de si un estado de derecho debe aceptar reclamos por vía no institucional. Cabe entender que debe optarse por la negativa en el caso de un estado de derecho perfecto: habiendo vías institucionales para reclamar derechos, no es admisible optar por las no institucionales. Pero lo cierto es que no existen estados de derecho perfectos, y ninguno de los estados de derecho históricos o reales pone a disposición de sus habitantes, en igual medida, todas las vías institucionales y eficaces para lograr la efectividad de todos los derechos.
El tercer considerando de la Declaración Universal de Derechos Humanos estima esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Habiendo un régimen de Derecho, tal como lo reclama la Declaración, no cabe la rebelión contra la tiranía y la opresión, pero también es de suponer que éste debe ser lo más perfecto posible en cuanto al funcionamiento eficaz de sus instituciones como proveedoras de los derechos fundamentales, a fin de que el hombre no se vea compelido, no ya a la rebelión pues se presupone el marco del estado de derecho, pero sí al uso de medios de protesta no institucionales.
El derecho de protesta no sólo existe, sino que está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), en la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y en la libertad de reunión y de asociación pacífica (art. 20). Estos dispositivos imponen a todos los estados el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por sus derechos y, por supuesto, no sólo a reservarlos en el fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. Nadie puede sostener juiciosamente que la libertad de reunión sólo se reconoce para manifestar complacencia. Además, no sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia (art. 8).
El problema se presenta cuando se reclaman derechos consagrados en el artículo llamado '14bis' de la Constitución Nacional y en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, que como derechos llamados de segunda generación o propios del constitucionalismo social originado en la Constitución Mexicana de 1917 y en la de Weimar de 1919, que no consisten en omisiones por parte del estado, sino en acciones positivas u obligaciones de hacer, y las vías institucionales consistentes en la manifestación pública, el reclamo por los medios masivos, la petición a las autoridades y las propias acciones judiciales, resultan ineficaces para frente a la omisión reiterada y continua del estado, o sea, que no son idóneos para obtener su efectividad o, por lo menos, para obtenerla en tiempo oportuno, impidiendo efectos irreversibles o interrumpiendo su progresión. Estas son las situaciones en las que, lo que genéricamente se ha denominado derecho de protesta plantea cuestiones al derecho penal, pues en tanto se mantenga dentro de las vías institucionales la cuestiones que puede plantear no son reales sino meramente aparentes, dado que jamás un derecho constitucional e internacional ejercido regularmente puede configurar un ilícito.
3. La protesta institucional siempre es atípica
El orden jurídico parte del reconocimiento de la dignidad de la persona y de la libertad de expresión que le es inherente. De poco valdría reconocer al ser humano su dignidad de persona, como ente dotado de conciencia, si no se le permite expresar su libertad de conciencia. Para ello se le reconoce el derecho a unirse con quienes comparten sus posiciones y a expresarlas públicamente. Existe, pues, una base general de libertad a la cual se sustraen sólo unas pocas conductas, previamente identificadas en las leyes penales mediante los tipos legales que, en caso de no estar amparadas por ningún permiso especial (causa de justificación) constituyen injustos o ilícitos penales. La protesta que se mantiene dentro de los cauces institucionales no es más que el ejercicio regular de los derechos constitucionales e internacionales y, por ende, nunca pueden ser materia de los tipos penales, o sea que no es concebible su prohibición penal. En estos supuestos queda excluida la primera categoría específicamente penal de la teoría estratificada del delito, esto es, la misma tipicidad de la conducta.
No tiene sentido alguno preguntarse en esos casos si se trata de conductas justificadas por el ejercicio regular de un derecho previsto como fórmula general de la justificación en el artículo 34 del Código Penal, porque directamente no pueden ser abarcadas por los tipos penales. Tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales prohíben a los estados prohibir esas conductas, de modo que, aunque algunos tipos penales, en el plano del mero análisis exegético, puedan abarcar esas conductas, un análisis dogmático elemental descarta la tipicidad.
En consecuencia, el ejercicio del derecho de petición a las autoridades, la manifestación pública que lo ejerza, el público que se reúna para hacerlo, por más que por su número cause molestias, interrumpa con su paso o presencia la circulación de vehículos o de peatones, provoque ruidos molestos, deje caer panfletos que ensucian la calzada, etc., estará ejerciendo un derecho legítimo en el estricto marco institucional. Queda claro que en estos supuestos las molestias, ruidos, suciedad o interrupción de la circulación se producen como consecuencia necesaria (un número de personas reunidos o transitando provoca interrupciones) o usual (usan bombos, estallan cohetes pequeños, arrojan panfletos, etc.) del número de participantes y de la necesidad de exteriorización del reclamo y durante el tiempo razonablemente necesario para exteriorizarlo (transitar por calles, pararse y escuchar discursos, cantar, etc.).
Es lamentable que se pretenda rastrillar los códigos penales y contravencionales para proceder a la pesca de tipos y a su elastización con el objeto de atrapar estas conductas, que pertenecen al ámbito de ejercicio de la libertad ciudadana. A praca, a praca é do povo como o céu é do condor, escribió Castro Alves, el poeta antiesclavista del romanticismo del Brasil.
4. La protesta no institucional no siempre es típica
La circunstancia de que se excedan los límites de la protesta institucional no convierte automáticamente en típica la conducta. Cuando la protesta pasa los límites institucionales, o sea, excede el tiempo razonablemente necesario para expresarse (acampan o deciden pasar la noche en una plaza), no interrumpen la calle por el mero efecto del número de personas sino por acciones dirigidas a hacerlo, pequeños grupos prolongan sus gritos una vez concluida la manifestación, se reiteran los gritos en los transportes utilizados para volver a los hogares, etc., se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente es penal, porque sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente. En efecto: quedarse a pasar la noche en una plaza no es una conducta antijurídica. Ruidos molestos innecesarios y una vez concluida la manifestación pueden ser antijurídicos, pero no son penalmente típicos, aunque pueden configurar una falta.
Este es el campo en que con mayor énfasis se intenta elastizar tipos penales o limitarse al puro análisis exegético, para abarcar las eventuales ilicitudes de la protesta no institucional por quienes procuran su criminalización y, por cierto, es el terreno en el cual el derecho penal debe reaccionar con el máximo de cuidado. La tipicidad penal sólo es legal, estricta, de interpretación restrictiva, y no se conforma con la mera comprobación de los elementos del tipo objetivo legal. Nadie duda que la desconcentración de un acto deportivo (partido de fútbol) suele ir acompañada de gritos molestos de los asistentes que vuelven a sus hogares, pero no se está a la pesca de tipos contravencionales para incriminarlos, porque es consecuencia usual de una actividad fomentada por el estado. Si bien la protesta no es una actividad fomentada por el estado, es un elemental derecho constitucional e internacional, cuyas consecuencias tampoco pueden ser típicas ni siquiera contravencionalmente en estos casos.
Pero puede haber otros supuestos en que sea más o menos incuestionable la tipicidad contravencional, como cuando se interrumpe una calle por una acción que no es resultado necesario del paso de los manifestantes o de su reunión en razón de su número, aunque tampoco por ello corresponde sin más pretender su tipicidad penal. Siempre que, con relación a la protesta se rastrillan los códigos en busca de tipos penales y se trata de elastizarlos, necesariamente se pasan por alto los principios conforme a los cuales el derecho penal procura contener al poder punitivo mediante la interpretación estricta y los otros principios dogmáticos que deben aplicarse en la interpretación de cualquier tipo penal.
Dejando de lado que no es posible omitir la aplicación de los principios de legalidad estricta y de interpretación restrictiva, que son resultado de la naturaleza discontinua de la legislación penal o de la tipificación, tampoco pueden pasarse por alto o negar los principios de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad. El caso de interrupción o perturbación del tránsito en rutas es el supuesto que mayor frecuencia ha tenido en la práctica judicial, considerando que la interrupción de cualquier ruta o el impedimento de partida de cualquier transporte colectivo configuran la conducta típica del art. 194 del código penal. Se trata de un caso de interpretación extensiva de un tipo penal, pues si bien el artículo 194 tiene como condición la exclusión de creación de peligro común, no es correcto considerar que eso sea idéntico a la exclusión de cualquier peligro. El artículo 194 es un tipo de peligro y no un mero tipo de lesión al derecho de circulación sin perturbaciones. Si ese hubiera sido el sentido del tipo, su redacción hubiese excluido todo peligro y no sólo el peligro común.
Las perturbaciones a la circulación son materia de regulación nacional, provincial o municipal, dependiendo de la naturaleza del camino y, por ende, su sanción será materia de infracción legislada por estas competencias (si son ferrocarriles o rutas nacionales podrá ser materia de contravenciones federales, que no existen; si son provinciales, de contravenciones provinciales; si son calles, de ordenanzas municipales). La única posibilidad de interpretar el artículo 194 en forma constitucional es entendiendo que se trata de una conducta que con el impedimento, estorbo o entorpecimiento pone en peligro bienes jurídicos fuera de la hipótesis de peligro común.
La tipicidad no se agota en la mera comprobación de los extremos exigidos por el tipo objetivo legal, sino que es necesario, además, evaluar si esa tipicidad objetiva resulta ofensiva (por lesión o por peligro) para un bien jurídico (y también si es imputable como obra propia al autor, lo que no está en cuestión en el caso). Olvidar esta premisa (no requerir peligro) o presumir el peligro (es decir, darlo por cierto cuando no se haya producido) es violatorio del principio de ofensividad, consagrado junto con el principio de reserva en el artículo 19 de la Constitución Nacional, o bien es invasión federal de competencias contravencionales o de faltas de las provincias y municipios.
Otro principio que no puede obviarse es la romana máxima minima non curat Praetor, traducida hoy como principio de insignificancia: las afectaciones insignificantes o de bagatela no son suficientes para cumplimentar el principio de ofensividad, pues se entiende que los delitos deben afectar con cierta relevancia los bienes jurídicos, no pudiendo configurarlo cuestiones más o menos baladíes o que no guarden proporción elemental con la magnitud de la pena conminada. En otras palabras: la consecuencia jurídica del delito, esto es, la pena, indica con su magnitud que se requiere un grado respetable de afectación del bien jurídico, lo que no cumplimenta una lesión o puesta en peligro insignificante.
Esta es una cuestión que no sólo debe relevarse cuando se trata de interrupciones o estorbos a vías de comunicación, sino incluso en otros tipos penales. Por ejemplo, la extorsión configura una tipo pluriofensivo, que afecta tanto la propiedad como la libertad, pero la magnitud de la lesión a la libertad debe presentar cierta gravedad del contenido del mal que se amenaza. No es lo mismo amenazar con una protesta pública que con colocar un explosivo o provocar un incendio y menos con una amenaza de muerte, incluso admitiendo que la protesta no responda en todas sus características a los requerimientos institucionales. La magnitud de la intimidación requerida por el tipo de extorsión no se da con cualquier molestia o eventual perjuicio patrimonial. Por otra parte, no son aplicables en la ley vigente los análisis del tipo de extorsión que podían ser válidos en el texto original del Código Penal, pues la pena que actualmente se impone a la extorsión simple (que es nada menos que prisión o reclusión de cinco a diez años) está revelando que la intimidación demanda una amenaza de gravedad muy considerable.
En el clásico ejemplo de manual, no puede considerarse privación ilegal de la libertad la conducta del responsable de un transporte público que no detiene el vehículo en la parada solicitada por el pasajero y le permite apearse en la parada siguiente, aunque alguna sentencia nacional haya considerado lo contrario. En los casos de protesta el hostigamiento puede constituir una contravención, pero en modo alguno una acción típica del artículo 141 del Código Penal.
No son pocas las dificultades de otros tipos penales a los que puede apelarse en el rastrillaje de tipos que suele hacerse en estas ocasiones. En toda manifestación de protesta pública se invoca al pueblo. No hay manifestante que, prácticamente, no lo haga y peticione en su nombre. No obstante, no toda manifestación puede considerarse una sedición conforme al inciso 1° del artículo 230 del Código Penal, porque no basta con que se peticione en nombre del pueblo, sino que, además, conforme a la conjunción exigida por la Constitución y el Código, también es necesario que se atribuya sus derechos, lo que no hace cualquier manifestación, protesta o reclamo, por mucho que pretenda expresarse en nombre de éste, pues esto último no pasa de ser un recurso retórico de uso universal. Una interpretación diferente criminalizaría no sólo la protesta social, sino cualquier reunión de las que ocasionalmente se convocan para exigir mayor represión y que de hecho -a juzgar por sus desastrosos resultados en la legislación penal- suelen intimidar a los verdaderos y auténticos representantes del pueblo.
No menos problemas acarrea el tipo del artículo 239 del Código Penal en la variable de desobediencia -no así de resistencia- a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, cuya tipicidad debe ser meticulosamente reducida para evitar caer directamente en la inconstitucionalidad. La desobediencia a un funcionario público podrá acarrear sanciones administrativas, eventualmente contravencionales, puede pensarse que incluso pueda ser típica, pero sólo en casos en que ésta provoque lesión a otros bienes jurídicos de cierta magnitud y en casos muy puntuales y graves, pero no cualquier desobediencia a un funcionario en ejercicio de sus funciones, por legítimas que sean éstas, puede configurar un delito, porque el ámbito de esa tipicidad alcanzaría una extensión inaudita e incompatible con un estado de derecho: sería delito negarse a mostrar la licencia de conductor requerida por el agente de tránsito, a entregar la documentación al policía que la requiere, a pagar un impuesto o una tasa ante requerimiento oficial, desobedecer la orden de no fijar carteles o la de dejar de fumar en lugar prohibido, etc. Por supuesto que cada una de estas conductas tiene consecuencias jurídicas, pero no es la del tipo del artículo 239 del Código Penal. Algo parecido sucede con la apología del crimen del artículo 213 del Código Penal.
Ante ciertas formas de resistencia civil, llevadas a cabo incluso individualmente, por parte de quienes, siguiendo la línea que en el siglo XIX iniciara el famoso Thoreau en Estados Unidos, aceptan las consecuencias jurídicas -penales- de sus actos justamente como forma de protesta y de crítica social. Cualquier expresión de admiración o de apoyo a la actitud de estas personas resultaría incriminada, cuando en realidad no se trata más que de una manifestación de crítica social. Diferente sería el caso en que se hiciese la apología de delitos de otra naturaleza, como delitos sexuales, violencia familiar, asesinatos múltiples o en serie, genocidios, etc. El tipo del art. 213 es otro que debe interpretarse restrictivamente para compatibilizarlo con la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
No menor es el riesgo de que, a medida que la protesta social se organice y se perfeccione, se procure incluir a los participantes en estas organizaciones en el tipo de asociación ilícita, que es otra figura que plantea serios problemas constitucionales no suficientemente resueltos. El tipo de asociación ilícita fue profusamente empleado contra las reivindicaciones laborales cuando las huelgas eran consideradas delitos en las luchas de los gobiernos europeos contra los socialdemócratas. Por arrastre llega a las legislaciones modernas con penas relativamente bajas. Por efecto de reformas puntuales en momentos de violencia política y social, las penas fueron aumentadas hasta los extremos actuales y no han vuelto a las tradicionales, por mucho que esas circunstancias hayan sido superadas hace décadas. Se trata de un tipo que adelanta la tipicidad a actos claramente preparatorios, o sea, muy anteriores a la tentativa y ni siquiera contempla el desistimiento: quien se pone de acuerdo con otras dos personas para cometer hurtos simples (propone la organización de pequeños ladrones o mecheras de tiendas), resulta penado con el equivalente a la suma de los mínimos de la pena de treinta hurtos, pese a que pasada la velada nada haga ninguno de los participantes en el futuro. El principio republicano indica que este tipo -y con las debidas reservas- sólo podría compatibilizarse con la Constitución cuando se trate de asociaciones que se propongan la comisión de delitos muy graves, como los de destrucción masiva e indiscriminada de bienes jurídicos, sin contar con que sería discutible que pueda configurarse con el solo acuerdo sin ninguna actividad posterior.
Valgan estos ejemplos para demostrar que es necesario que el derecho penal, en su función de contención jurídica frente a las pulsiones del estado de policía, observe con mucha atención las tentativas de forzar tipos penales no sólo en los casos en que la protesta social se mantenga en los cauces institucionales, sino incluso cuando exceda este marco, penetrando ámbitos de ilicitud eventualmente emergentes de la infracción al orden administrativo o contravencional.
5. La protesta que se manifiesta en conductas típicas y la justificación
Hasta aquí nos hemos ocupado de la protesta que no incurre en tipicidad (prohibición) penal, aunque exceda el marco institucional y aunque pueda incurrir en otras ilicitudes. No obstante, la protesta puede configurar tipicidades, tales como delitos de daños no insignificantes, lesiones, resistencia a la autoridad, etc. Por supuesto, descartamos de este análisis los casos en que la protesta sólo sea la ocasión para la comisión de delitos de mayor gravedad. Si bien no parece ser ésta la característica de la protesta social dominante, no presentaría ningún problema la solución penal al caso de quien sólo aprovecha la protesta para cometer un homicidio, una violación o un robo. Nos limitamos, por ende, a los delitos que puedan cometerse en el curso y por efecto de la protesta misma, de los cuales parecen ser los más frecuentes los antes mencionados (daños, lesiones y resistencia).
En estos supuestos corresponde analizar si la conducta típica está amparada por una causa de justificación. Para ello no cabe apelar a la fórmula del legítimo ejercicio de un derecho más que como definición general de todas las causas de justificación, pues la fórmula legal del artículo 34 no es más que una remisión a todo el orden jurídico, para determinar si existe en él alguna disposición particular que permita la realización de la conducta típica. El derecho de protesta constitucional no entra en esta fórmula del Código Penal, pues es el que directamente garantiza la atipicidad a que nos hemos referido antes. Los casos que están necesitados de preguntarse sobre la justificación son, justamente, los que han caído dentro de la tipicidad. En tales supuestos, por regla general, cabe preguntarse en cada caso si pueden encuadrarse dentro de la legítima defensa o dentro del estado de necesidad justificante.
No es posible considerar aquí toda la casuística hipotética ni reiterar el desarrollo de la teoría de la justificación, sino sólo insistir en la necesidad, en cada caso, de analizar si la conducta típica no se encuentra amparada por alguna de estas justificaciones. En cuanto a los participantes de protestas sociales que sean ajenos a las necesidades o a la conducta justificada por legítima defensa, cabe observar que también los cubren estas justificaciones cuando realmente operen según las circunstancias del caso, pues quien coopera con alguien que actúa justificadamente, también lo está haciendo amparado por la causa de justificación de que se trate y, en el caso de la legítima defensa, está especialmente regulada la legítima defensa de terceros.
Esta última presenta la particularidad de que, en caso que el agredido hubiese provocado suficientemente al agresor, el tercero puede igualmente defenderlo legítimamente, a condición de que él no haya participado en la provocación. Esto es importante en los casos de represión violenta de manifestaciones o reuniones públicas: quien defiende a un manifestante que es agredido físicamente después de insultar o provocar de otra manera, está actuando legítimamente, aunque el manifestante no estuviera amparado por esa causa de justificación en razón de la previa provocación.
El estado de necesidad presenta también problemas interesantes y complicados frente a los casos particulares. Ante todo, el mal que se causa debe ser menor que el que se quiere evitar, de modo que debe tratarse de una protesta que reclame por un derecho fundamental. No habilita a ninguna conducta típica la exigencia de vacaciones, por ejemplo, pero puede habilitarla el derecho a la alimentación o a la salud, según las circunstancias, o sea, según la gravedad y cercanía del mal que se quiere evitar. No puede tratarse de males remotos o hipotéticos, sino relativamente cercanos y urgentes. En segundo término, no debe haber otra vía idónea, esto es, razonablemente transitable, para neutralizar el mal amenazado. La idoneidad de la vía de reclamo alternativa no puede ser meramente formal o hipotética, sino que debe tratarse de una idoneidad real y efectiva. Nadie puede cometer una conducta de daño para obtener alimentos, si le bastase con convocar a la autoridad para que se los provea en tiempo razonable.
Además, la conducta típica debe ser conducente a ese resultado, sea porque es la menos lesiva y la más adecuada para llamar la atención pública, porque no hay medios de hacerlo por otro camino, porque los medios de comunicación hacen caso omiso del reclamo, porque las autoridades no quieren reparar en la necesidad, etc. Si en una comunidad no se atienden necesidades elementales de alimentación ni sanitarias, si peligran vidas humanas, si no se previene o detiene la contaminación del agua potable o la desnutrición está a punto de causar estragos irreversibles, si la comunidad está aislada y las autoridades no responden a las peticiones, no será lícito destruir la sede del municipio, pero estaría justificado que con un corte de ruta se llame la atención pública y de las autoridades, aunque éste tenga una duración considerable y ocasione algún peligro para la propiedad o los negocios. Se trata del empleo del medio menos ofensivo que queda en manos de las personas para llamar la atención sobre sus necesidades en situación límite.
Se ha planteado muchas veces la pregunta acerca del estado de necesidad creado por carencias que son generales. Por regla, las necesidades que se hallan generalizadas no habilitan el estado de necesidad, pero en un país con considerables diferencias sociales, será menester siempre establecer cuál es el estándar medio de satisfacción de las necesidades sociales y, por ende, atender a ese estándar para establecer la naturaleza de las carencias. Es casi inevitable que inmediatamente después de un terremoto haya carencias y nada habilita a cometer conductas típicas mientras se procura resolverlas en un tiempo razonable y con la urgencia del caso, puesto que se trata de padecimientos que están soportando todos los habitantes de la región o del lugar.
No obstante lo anterior, en el marco de carencias generales pueden suscitarse situaciones de necesidad particulares. Si en el ejemplo del terremoto, nadie, por el hecho de haberse quedado sin techo, tiene derecho a ocupar el hospital, no puede negarse que si un niño está a punto de perecer de sed o de hambre, pueda apoderase de bebida o alimentos que se hallan entre los escombros del almacén.
No es posible, pues, agotar aquí todas las hipótesis de eventual justificación de la protesta social que incurra en conductas típicas, pero bastan las anteriores consideraciones para señalar la dificultad de la cuestión.
6. La protesta que se manifiesta en conducta ilícitas y la culpabilidad
Cuando la conducta sea típica y antijurídica, o sea, constituya un ilícito o injusto penal, aun restan los problemas que la protesta social plantea a la culpabilidad. Entendida ésta en el sentido normativo tradicional de juicio de reproche o reprochabilidad, se plantean problemas que hacen a la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad y a la necesidad exculpante.
En principio, cuando la protesta adopta la forma de un injusto porque la justificación de necesidad se excluye en razón de que existían caminos institucionales viables y realmente idóneos para satisfacer las necesidades, puede operarse un error de prohibición, si estos caminos eran ignorados por los protagonistas de la protesta o si éstos creían no poseer a su alcance los medios para encaminar por ellos sus reclamos o no los creían eficaces con motivos fundados en experiencias anteriores.
Dado que las protestas suelen ser masivas, este desconocimiento no tiene por qué ser general, sino que puede haber un error de prohibición invencible respecto de algunos o de la mayoría de las personas que participan en ella, en tanto que otros pueden caer en un error vencible o bien directamente no estar en situación de error, por conocer los medios institucionales disponibles y eficaces. Esto significa que no es posible criminalizar por igual a todos los que participan de la protesta, sino que la culpabilidad debe valorarse respecto de cada persona y en la medida en que ésta individualmente podía comprender la ilicitud con relevancia penal de su comportamiento. Tengamos en cuenta que la ley (art. 34 del Código Penal) exige que el agente haya tenido la posibilidad de comprender la criminalidad de su acto y no la mera ilicitud o antijuridicidad: para la ley argentina no basta con que el agente crea que está cometiendo una contravención o una falta cuando en realidad está cometiendo un injusto penal.
En cuanto a la necesidad exculpante, las hipótesis son más remotas y no parecen compadecerse con los casos de protesta social conocidos en nuestro medio, aunque no cabe descartar la posibilidad de una situación que encuadre en la exculpación. Quienes ante la total inacción de las autoridades y la indiferencia pública absoluta, en la inminencia de pérdida de sus cosechas por falta de agua, interrumpido el riego por actos arbitrarios o falta de atención, desvían aguas que no les pertenecen para salvar lo que es su único medio de vida y el de sus familias, amenazados por la miseria y el hambre y, en tal caso, afectan un derecho de propiedad ajeno para salvar el propio. Se trata de dos bienes jurídicos de pareja entidad y, por ende, no media justificación, pero existe necesidad exculpante, sin perjuicio de que deban reparar al propietario afectado.
Todo lo dicho respecto de la culpabilidad debe complementarse, incluso en caso de que el delito se complete, con una cuantificación adecuada de ésta, no sólo en base a la culpabilidad tradicional, que no marcaría más que el límite máximo, sino como culpabilidad por la vulnerabilidad, o sea, que será menester medir el esfuerzo que haya realizado la persona para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad que, en el caso de protestas sociales, suele ser mínimo, dada la atención especial de las autoridades en algunos de estos casos.
En otros, por el contrario, la atención de las autoridades favorece los errores de prohibición invencibles. Ello obedece a que los reclamos sociales son, en el fondo, problemas políticos o de gobierno, lo que hace que, con harta frecuencia, éstos sean atendidos por las propias autoridades políticas, que los resuelven en ocasiones in situ. Es pensable que, cuando una autoridad ejecutiva o legislativa acude al lugar y resuelve el conflicto (se levanta la reunión, cesa la protesta, etc.), los participantes no tengan la posibilidad de comprender la antijuridicidad de su conducta, pues el propio estado concurre a resolver el conflicto. Más aún, tratándose de cortes de rutas o de concentraciones, el estado suele estar presente para garantizar la integridad física de los participantes. Daría la impresión de que la policía cuida a los pretendidos delincuentes. Ante la opinión lega, resulta incomprensible que el estado, por un lado, concurra a resolver el conflicto o a cuidar a los reclamantes y, por el otro, pretenda criminalizarlos. En tales eventualidades es muy difícil pretender que exista una posibilidad exigible de comprensión de la criminalidad.
7. Algunas reflexiones políticas
Lo señalado en el párrafo anterior indica que el fondo de la materia con que se enfrenta el derecho penal en este punto es una cuestión de naturaleza eminentemente política. Nadie puede negar que la realización de los Derechos Humanos de segunda generación es de esa naturaleza. Quitar el problema de ese ámbito para traerlo al derecho penal es la forma más radical y definitiva de dejarlo sin solución. Siempre que se extrae una cuestión de su ámbito natural y se le asigna una naturaleza artificial (como es la penal) se garantiza que el problema no será resuelto. Esto indica que la mejor contribución a la solución de los conflictos de naturaleza social que puede hacer el derecho penal es extremar sus medios de reducción y contención del poder punitivo, reservándolo sólo para situaciones muy extremas de violencia intolerable y para quienes sólo aprovechan la ocasión de la protesta para cometer delitos. De ese modo, el derecho penal se preserva a sí mismo, devuelve el problema a su naturaleza y responsabiliza por la solución a las agencias del estado que constitucionalmente no son sólo competentes, sino que tienen el deber jurídico de proveer las soluciones que, desde el principio, sabemos que el poder punitivo no podrá suplir.
En términos de distribución de competencias y de poderes, es obvio que pretender la criminalización de la protesta social para resolver los reclamos que ésta lleva adelante, es exigir a los poderes judiciales una solución que incumbe a los poderes estrictamente políticos del estado y, por ende, cualquier omisión del esfuerzo de contención del derecho penal resulta no sólo inconveniente, sino también inconstitucional desde la perspectiva de la separación e independencia de los poderes del estado.
Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor del departamento de Derecho Penal y Criminología Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires.
Discurso sobre 'Criminalización de la protesta social' emitido el 1 de noviembre pasado en el auditórium de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En esa oportunidad también expuso el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola.
Nuevo capitalismo
Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique
Al tiempo que el discurso crítico -llamado en otro tiempo altermundialista- contra el horror económico se enreda y se vuelve repentinamente inaudible, se instala un nuevo capitalismo, todavía más brutal y conquistador. Es el de una nueva categoría de fondos buitre, los private equities , fondos de inversión rapaces con apetito de ogro que disponen de capitales colosales (1).
El gran público no conoce bien los nombres de estos titanes: The Carlyle Group, KKR, The Blackstone Group, Colony Capital, Apollo Management, Partners Cerberus, Starwood Capital, Texas Pacific Group, Wendel, Eurazeo. Y al abrigo de esta discreción se aprestan a apoderarse de la economía mundial. En cuatro años, de 2002 a 2006, el monto de los capitales reunidos por estos fondos de inversión, que recogen dinero de los bancos, de las empresas de seguros, de los fondos de pensiones y de los bienes de particulares muy ricos, pasó de 94.000 millones de euros a 358.000 millones. Su capacidad financiera es fenomenal, supera los 1.100 millardos de euros. No hay quien se les resista. El año pasado en Estados Unidos los principales private equities invirtieron alrededor de 290.000 millones de euros en compra de empresas, y más de 220.000 millones sólo en el curso del primer semestre de 2007, haciéndose así con el control de 8.000 empresas... Ya un asalariado estadounidense de cada cuatro, y un asalariado francés de cada doce, trabaja para estos mastodontes (2).
Después del Reino Unido y Estados Unidos, Francia es el principal blanco. El año pasado se apoderaron de 400 empresas (por una suma de 10.000 millones de euros) y administran ya más de 1.600. Marcas muy conocidas, como Picard Surgelés, Dim, los restaurantes Quick, Buffalo Grill, Páginas Amarillas, Allociné o Afflelou, se encuentran bajo el control de los private equities , casi siempre anglosajones, que ahora planean sobre gigantes del CAC 40 (3).
El fenómeno de estos fondos rapaces surgió hace quince años, pero estimulado por créditos baratos y a favor de la creación de instrumentos financieros cada vez más sofisticados, cobró en los últimos tiempos una dimensión preocupante. El principio es simple: un club de inversores afortunados decide comprar empresas a las que inmediatamente después administra de manera privada, lejos de la Bolsa y sus normas coactivas, y sin tener que rendir cuentas a accionistas puntillosos (3). La idea es eludir los principios mismos de la ética del capitalismo apostando exclusivamente a las leyes de la jungla.
Concretamente, las cosas suceden así, según la explicación de dos especialistas: "Para adquirir una empresa que vale 100, el fondo pone 30 de su bolsillo (se trata de un porcentaje promedio) y pide prestados 70 a los bancos, aprovechando tasas de interés muy bajas. Durante tres o cuatro años reorganiza la empresa con los administradores que tenía, racionaliza la producción, desarrolla actividades y capta toda o parte de las ganancias para pagar los intereses... de su propia deuda. Después de lo cual, revende la empresa a 200, por lo general a otro fondo que hará lo mismo. Una vez devueltos los 70 pedidos en préstamo, le quedan 130 en el bolsillo, por una puesta inicial de 30, es decir, más del 300% de tasa de retorno sobre inversiones en cuatro años. ¿Quién da más? (4).
Mientras personalmente ganan fortunas demenciales, los dirigentes de estos fondos practican sin escrúpulo los cuatro grandes principios de la racionalización de las empresas: reducir el empleo, comprimir los salarios, aumentar los ritmos y deslocalizar. Alentados en esto por las autoridades públicas, que como hoy en Francia sueñan con "modernizar" el aparato de producción. Y en perjuicio de los sindicatos que ponen el grito en el cielo y denuncian el fin del contrato social.
Había quienes creían que con la globalización el capitalismo se daría finalmente por satisfecho. Ahora vemos que su voracidad parece sin límites. ¿Hasta cuándo?
Notas:
(1) Véase Frederic Lordon, "El mundo, rehén de las finanzas", en Le Monde diplomatique , edición española, septiembre de 2007.
(2) Véase Sandrine Trouvelot y Philippe Eliakim, "Les fonds d'investissement, nouveaux maîtres du capitalisme mondial", Capital , París, julio de 2007.
(3) Cotation Assistée en Continu. Índice bursátil francés. Es una medida ponderada según la capitalización de los cuarenta valores más significativos de entre las 100 mayores empresas negociadas en la Bolsa de París.
(4) Véase Philippe Boulet-Gercourt, "Le retour des rapaces", Le Nouvel Observateur , París, 19 de julio de 2007.
(5) Véase Capital, op. cit.
Le Monde Diplomatique
Al tiempo que el discurso crítico -llamado en otro tiempo altermundialista- contra el horror económico se enreda y se vuelve repentinamente inaudible, se instala un nuevo capitalismo, todavía más brutal y conquistador. Es el de una nueva categoría de fondos buitre, los private equities , fondos de inversión rapaces con apetito de ogro que disponen de capitales colosales (1).
El gran público no conoce bien los nombres de estos titanes: The Carlyle Group, KKR, The Blackstone Group, Colony Capital, Apollo Management, Partners Cerberus, Starwood Capital, Texas Pacific Group, Wendel, Eurazeo. Y al abrigo de esta discreción se aprestan a apoderarse de la economía mundial. En cuatro años, de 2002 a 2006, el monto de los capitales reunidos por estos fondos de inversión, que recogen dinero de los bancos, de las empresas de seguros, de los fondos de pensiones y de los bienes de particulares muy ricos, pasó de 94.000 millones de euros a 358.000 millones. Su capacidad financiera es fenomenal, supera los 1.100 millardos de euros. No hay quien se les resista. El año pasado en Estados Unidos los principales private equities invirtieron alrededor de 290.000 millones de euros en compra de empresas, y más de 220.000 millones sólo en el curso del primer semestre de 2007, haciéndose así con el control de 8.000 empresas... Ya un asalariado estadounidense de cada cuatro, y un asalariado francés de cada doce, trabaja para estos mastodontes (2).
Después del Reino Unido y Estados Unidos, Francia es el principal blanco. El año pasado se apoderaron de 400 empresas (por una suma de 10.000 millones de euros) y administran ya más de 1.600. Marcas muy conocidas, como Picard Surgelés, Dim, los restaurantes Quick, Buffalo Grill, Páginas Amarillas, Allociné o Afflelou, se encuentran bajo el control de los private equities , casi siempre anglosajones, que ahora planean sobre gigantes del CAC 40 (3).
El fenómeno de estos fondos rapaces surgió hace quince años, pero estimulado por créditos baratos y a favor de la creación de instrumentos financieros cada vez más sofisticados, cobró en los últimos tiempos una dimensión preocupante. El principio es simple: un club de inversores afortunados decide comprar empresas a las que inmediatamente después administra de manera privada, lejos de la Bolsa y sus normas coactivas, y sin tener que rendir cuentas a accionistas puntillosos (3). La idea es eludir los principios mismos de la ética del capitalismo apostando exclusivamente a las leyes de la jungla.
Concretamente, las cosas suceden así, según la explicación de dos especialistas: "Para adquirir una empresa que vale 100, el fondo pone 30 de su bolsillo (se trata de un porcentaje promedio) y pide prestados 70 a los bancos, aprovechando tasas de interés muy bajas. Durante tres o cuatro años reorganiza la empresa con los administradores que tenía, racionaliza la producción, desarrolla actividades y capta toda o parte de las ganancias para pagar los intereses... de su propia deuda. Después de lo cual, revende la empresa a 200, por lo general a otro fondo que hará lo mismo. Una vez devueltos los 70 pedidos en préstamo, le quedan 130 en el bolsillo, por una puesta inicial de 30, es decir, más del 300% de tasa de retorno sobre inversiones en cuatro años. ¿Quién da más? (4).
Mientras personalmente ganan fortunas demenciales, los dirigentes de estos fondos practican sin escrúpulo los cuatro grandes principios de la racionalización de las empresas: reducir el empleo, comprimir los salarios, aumentar los ritmos y deslocalizar. Alentados en esto por las autoridades públicas, que como hoy en Francia sueñan con "modernizar" el aparato de producción. Y en perjuicio de los sindicatos que ponen el grito en el cielo y denuncian el fin del contrato social.
Había quienes creían que con la globalización el capitalismo se daría finalmente por satisfecho. Ahora vemos que su voracidad parece sin límites. ¿Hasta cuándo?
Notas:
(1) Véase Frederic Lordon, "El mundo, rehén de las finanzas", en Le Monde diplomatique , edición española, septiembre de 2007.
(2) Véase Sandrine Trouvelot y Philippe Eliakim, "Les fonds d'investissement, nouveaux maîtres du capitalisme mondial", Capital , París, julio de 2007.
(3) Cotation Assistée en Continu. Índice bursátil francés. Es una medida ponderada según la capitalización de los cuarenta valores más significativos de entre las 100 mayores empresas negociadas en la Bolsa de París.
(4) Véase Philippe Boulet-Gercourt, "Le retour des rapaces", Le Nouvel Observateur , París, 19 de julio de 2007.
(5) Véase Capital, op. cit.
"El aumento del precio del petróleo junto con la caída del dólar está provocando en EEUU una recesión"
Entrevista al sociólogo norteamericano James Petras
Efraín Chury Iribarne
Radio Centenario
Chury: En el panorama internacional como todos los lunes estamos en comunicación con el analista, sociólogo, conferencista James Petras allí en Estados Unidos, precisamente le estamos dando los buenos, bienvenido…
Petras: Buenos días Chury, ¿todo bien?
Chury: Todo bien. Comenzamos con algunas informaciones que generalmente ponemos a tu criterio de análisis, por ejemplo el tema del golpe de estado en Pakistán teniendo en cuenta la región, Afganistán, Irak, Turquía y Kurdistán, como se van ubicando estos acontecimientos interrelacionados entre sí, cual es el comentario que se puede hacer…
Petras: Bueno, como saben Pakistán forma parte del eje imperial para tratar de dominar la situación en Afganistán por lo menos y tratar de limitar la extensión de los movimientos antiimperialistas, el gobierno de Pervéz Musharraf siempre es un servil aliado de Estados Unidos y han servido por todas sus causas. Pero mientras tanto en el mismo aparato del estado del dictador y fuerzas militares de la inteligencia con conexiones de largo plazo con los grupos islámicos de Afganistán desde el tiempo en que la CIA salve a Arabia simulaban los islámicos en contra del gobierno singular antiimperialista con el apoyo soviético. En este momento la CIA, la inteligencia pakistaní canalizaba miles de millones de dólares hacia los islámicos y ahora como Estados Unidos está tratando de excluirlos y dominar Afganistán hay una contradicción entre los islámicos en las fuerzas armadas y los Estados Unidos, pero mientras tanto Musharraf siempre se prestaba a cualquier cosa que los Estados Unidos exigía. Pero con el tiempo el deterioro económico y político del país, hay fuertes regiones en el norte del país que han pasado a las manos de los grupos islámicos y los grupos antiimperialistas, en ese sentido Musharraf está bastante debilitado en su propio territorio.
Mientras tanto otra oposición en las grandes ciudades entre la clase media por el mando arbitrario de Musharraf, entonces ahora está muy aislado, no tiene base social y crea un cerco. Mientras tanto Estados Unidos quiere mantener una doble política, apoyar a Musharraf, moderar la represión y al mismo tiempo mantener contacto con los opositores profesionales de clase media, abogados y otros como una alternativa y cae en Musharraf, está tratando de combinar una doble política.
En esa situación Washington está tratando por un lado presionar a Musharraf para levantar las medidas del mando marcial dar espacio por la posición liberal para tratar de unificar contra los grupos mas radicales, particularmente los antiimperialistas.
La situación es muy grave porque como decía Musharraf no tiene a favor ninguna hoja de defensa, está todo el país en contra y Washington tiene miedo de que si cae Musharraf surge un gobierno que no va a colaborar tanto con Washington en sus planes en Afganistán, puede desarticular completamente la guerra en Afganistán y unificar fuerzas tanto en Pakistán como en Afganistán en un frente, en un territorio de libre circulación y al final de cuentas significa la derrota contundente de todos los esfuerzos de Estados Unidos en Afganistán, no hay posibilidad de que Washington pudiera derrotar Afganistán si las fronteras con Pakistán están abiertas y hay un gobierno por lo menos simpatizante con las puertas en Afganistán. Entonces es una política de bumerang en Estados Unidos primero apoyando los islámicos, los islámicos dando la vuelta antiimperialista, Estados Unidos apoyando la dictadura en Pakistán para asegurar el control de Afganistán y ahora mismo la dictadura cayendo y surgiendo fuerzas muy virulentas en contra de Washington y su gobierno cliente
Chury: La suba del petróleo, estamos ante un récord y uno se pregunta cuales son las consecuencias económicas y financieras en lo inmediato, particularmente en América Latina…
Petras: Obviamente la subida de los precios va a presionar sobre todos los países que son importadores de petróleo, hay una tendencia a empujar hacia la inflación y hay otras tendencias de debilidad, las economías que faltan petróleo pero hay dos factores que debemos tomar en cuenta, la subida del precio del petróleo coincide con la subida de precio en metales, granos, en harina, maíz, soja, entonces algunos países incluso que no tienen petróleo pueden compensar con los altísimos precios que están cobrando por sus exportaciones, entonces la crisis está mediatizada por los contextos globales, los países mas vulnerables a eso son los países que no están en condición de aprovechar los altos precios. Pero yo creo que en general va a provocar una recesión en los Estados Unidos y otros países que están tan dependientes del petróleo y no tienen una capacidad de aumentar sus exportaciones por la falta de capacidad productiva y es evidente que otros países están avanzando, el dólar está cayendo, en Canadá por ejemplo el dólar canadiense ahora tiene un valor mucho mas grande que Estados Unidos, es un dólar 5 centavos o 6 centavos norteamericanos por cada dólar canadiense y lo mismo con el euro y otras monedas.
Yo creo que el petróleo junto con la caída del dólar está provocando aquí una recesión que vamos a ver mas claramente en el primer trimestre del próximo año, mientras tanto la crisis financiera siga profundizando las acciones de los principales bancos y casas de inversiones aquí están cayendo y no digo hay un pánico generalizado pero hay una gran preocupación con la salida de las acciones financieras que puede provocar una caída en la bolsa multiplicando los problemas que ya enumeramos
Chury: ¿El dólar puede seguir cayendo Petras?...
Petras: Sí absolutamente, no hay un apoyo, lo fundamental es que están negativas aquí las inversiones, el sector manufacturero, la deuda externa, no hay una indicación de que podría salir rectificación pronto, las estimaciones de consulta hizo algunas consultas que conocidos de Wall Street me indicaban que están a la mirada de un dólar 50 centavos por cada euro y yo creo que las estimaciones no son exageradas, uno no vea que la caída del dólar han provocado grandes exportaciones como mucha gente dice un dólar barato facilita a los exportadores, mientras que muchas empresas norteamericanas se han radicado en el exterior, no hay tanta industria local que pueda aprovechar, incluso muchas empresas están saliendo de los Estados Unidos precisamente por la caída del dólar aquí, otros están entrando para aprovechar el bajo valor del dólar, el aumento del valor del oro para hacer compras no solo de consumo personal, turismo, pero también comprando activos en Estados Unidos porque salen baratos
Chury: Petras vengo a América Latina. Triunfó un socialista en Guatemala, ¿se puede esperar algo del nuevo gobierno, como lo ves eso?...
Petras: El 55% de los guatemaltecos no creen porque el absentismo supera cualquier candidato, es la primera cosa, entonces tomando en cuenta lo que piensan y lo que sienten los guatemaltecos uno dice es muy dudoso que algo pueda pasar. Segundo el social demócrata Colom no muestra ninguna iniciativa o capacidad de limpiar las fuerzas policiales, ejército, que son los vinculados con narcotraficantes, grupos, pandillas y los grupos de escuadrones de la muerte. Si uno tenía alguna visión de un nuevo estado, un estado limpiado por lo menos de lo que domina la política uno podría pensar. No han pronunciado ningún programa de reforma agraria ni una política fiscal mas progresista, es solo retórica típicamente de lo que uno puede llamar del centro derecha, centro izquierda que no han montado unos cambios estructurales, yo no creo que vaya a ser peor que los gobiernos anteriores pero en el mejor caso tal podría bajar algunos Ministros corruptos, podría hacer algunos cambios incrementados en relación con alguna inversión pública pero ninguna ruptura con el pasado.
Chury: De Uruguay te cuento que regresó Tabaré Vázquez de su visita a California, parece que Schwarzenegger “Terminator” vendrá a Uruguay y mientras tanto el Ministro de Medio Ambiente Mariano Arana convocó a una conferencia de prensa, un alud de cámaras y de micrófonos para dar el permiso y el visto bueno para que Botnia comenzara con su producción Pero en ese mismo momento recibió una llamada de Vázquez que estaba en California quién le ordenó que parara la mano hasta nuevo aviso a pedido del Rey de España, porque parece que lo que esperan es lo que puedan hacer en la Cumbre Iberoamericana en Chile. Quedamos a la expectativa de eso, pero además ya aprovechamos a preguntarte que supone una Cumbre Iberoamericana…
Petras: Hay total incoherencia entre los gobernantes, si el presidente dice una cosa el Ministro otra cosa en el mismo tiempo sobre una política económica e indica el nivel de confusión e incoherencia que existe en el gobierno.
Es absurdo que un presidente de un país soberano tome su decisión en función de una consulta con un monarca de un país extranjero, eso es una respuesta de una mentalidad colonial que no consulte al pueblo, prefiere como su referencia al monarca, al Rey de España, me parece algo casi cómico.
Esperar la reunión iberoamericana creo que es parte de una política de ver si puede conseguir algunos aportes, particularmente de España, algunas nuevas inversiones a partir de una negociación. Pero hay otro factor muy importante que es que en Finlandia han decidido eliminar muchos proyectos y cortar las inversiones incluso reducir la planilla en la producción de celulosa y papel por la sobre oferta, la caída en los precios, la competencia que existe en este momento, entonces no se si eso tiene implicaciones directas en Uruguay pero ya en las páginas financieras de Finlandia anuncian de que están cerrando varias fábricas de celulosa y que estamos a la espera a ver que otros países van a sufrir recortes de producción, incluso la cerrada de proyectos enteros
Chury: No conocíamos esa información, es toda una novedad para nosotros. Finalmente quería preguntarte de Cristina Kirchner, que se puede esperar del gobierno de la mujer del presidente, la pregunta que nos formulamos en la región y plantea expectativas es si seguirá todo igual, será para peor, será para mejor…
Petras: Yo creo que lo que hemos visto en los viajes al exterior de Cristina Fernández ha tomado posición mas a la derecha, no digo una ruptura con su marido pero si una posición mucho mas acomodacionista con Wall Street, con los capitales euros, eso primero. Segundo, hay un acuerdo de subir las tarifas que han sido congeladas; tercero, yo creo que las invitaciones a capitales extranjeras particularmente en el metal, en los minerales se va a seguir el camino. Yo creo en gran parte los últimos 30 años de Kirchner indican un giro mas hacia el gran capital, eso yo creo que Cristina lo va a seguir y lo va a profundizar.
El otro lado es que los sindicatos, el pueblo argentino ya entiende que hay enormes ingresos entrando al país tanto por los precios de granos, carnes, metales, etcétera, esperamos rondas de exigencias sindicales incluso los oficialistas frente a la divergencia entre las enormes riquezas entrando el tesoro de gobierno, las altísimas pases de ganancia de los exportadores y los salarios que no han avanzado frente a la carestía de vida. Yo veo una enorme ola de huelgas y luchas reivindicacionistas, eso creo que es casi garantizado, no pueden mantener una taza de inflación de 24% frente a los aumentos de salarios de 10 o 12% que está en términos reales no nominales, hay un retroceso. Esperamos que los sindicatos incluso los mas conservadores están bajo enormes presiones a exigir mas y eso me parece que va a llevar a mas conflicto con el gobierno de Cristina que los otros especialmente en el caso de buscar mas capitales extranjeros tiene que controlar situación social en su país vamos a ver, pero no va hacer un gobierno tan tranquilo, un gobierno tan tranquilo como fue en los años anteriores.
Chury: James Petras te mando un abrazo en nombre de la audiencia de Radio Centenario como siempre y nos reencontramos el lunes.
Petras: Nos vemos el lunes y un gran abrazo y saludos a los taxistas, a los camioneros, las señoras amas de casa y los oficinistas que pueden escuchar la radio mientras trabajan.
Chury: Muy bien, un abrazo grande Petras, chau.
Efraín Chury Iribarne
Radio Centenario
Chury: En el panorama internacional como todos los lunes estamos en comunicación con el analista, sociólogo, conferencista James Petras allí en Estados Unidos, precisamente le estamos dando los buenos, bienvenido…
Petras: Buenos días Chury, ¿todo bien?
Chury: Todo bien. Comenzamos con algunas informaciones que generalmente ponemos a tu criterio de análisis, por ejemplo el tema del golpe de estado en Pakistán teniendo en cuenta la región, Afganistán, Irak, Turquía y Kurdistán, como se van ubicando estos acontecimientos interrelacionados entre sí, cual es el comentario que se puede hacer…
Petras: Bueno, como saben Pakistán forma parte del eje imperial para tratar de dominar la situación en Afganistán por lo menos y tratar de limitar la extensión de los movimientos antiimperialistas, el gobierno de Pervéz Musharraf siempre es un servil aliado de Estados Unidos y han servido por todas sus causas. Pero mientras tanto en el mismo aparato del estado del dictador y fuerzas militares de la inteligencia con conexiones de largo plazo con los grupos islámicos de Afganistán desde el tiempo en que la CIA salve a Arabia simulaban los islámicos en contra del gobierno singular antiimperialista con el apoyo soviético. En este momento la CIA, la inteligencia pakistaní canalizaba miles de millones de dólares hacia los islámicos y ahora como Estados Unidos está tratando de excluirlos y dominar Afganistán hay una contradicción entre los islámicos en las fuerzas armadas y los Estados Unidos, pero mientras tanto Musharraf siempre se prestaba a cualquier cosa que los Estados Unidos exigía. Pero con el tiempo el deterioro económico y político del país, hay fuertes regiones en el norte del país que han pasado a las manos de los grupos islámicos y los grupos antiimperialistas, en ese sentido Musharraf está bastante debilitado en su propio territorio.
Mientras tanto otra oposición en las grandes ciudades entre la clase media por el mando arbitrario de Musharraf, entonces ahora está muy aislado, no tiene base social y crea un cerco. Mientras tanto Estados Unidos quiere mantener una doble política, apoyar a Musharraf, moderar la represión y al mismo tiempo mantener contacto con los opositores profesionales de clase media, abogados y otros como una alternativa y cae en Musharraf, está tratando de combinar una doble política.
En esa situación Washington está tratando por un lado presionar a Musharraf para levantar las medidas del mando marcial dar espacio por la posición liberal para tratar de unificar contra los grupos mas radicales, particularmente los antiimperialistas.
La situación es muy grave porque como decía Musharraf no tiene a favor ninguna hoja de defensa, está todo el país en contra y Washington tiene miedo de que si cae Musharraf surge un gobierno que no va a colaborar tanto con Washington en sus planes en Afganistán, puede desarticular completamente la guerra en Afganistán y unificar fuerzas tanto en Pakistán como en Afganistán en un frente, en un territorio de libre circulación y al final de cuentas significa la derrota contundente de todos los esfuerzos de Estados Unidos en Afganistán, no hay posibilidad de que Washington pudiera derrotar Afganistán si las fronteras con Pakistán están abiertas y hay un gobierno por lo menos simpatizante con las puertas en Afganistán. Entonces es una política de bumerang en Estados Unidos primero apoyando los islámicos, los islámicos dando la vuelta antiimperialista, Estados Unidos apoyando la dictadura en Pakistán para asegurar el control de Afganistán y ahora mismo la dictadura cayendo y surgiendo fuerzas muy virulentas en contra de Washington y su gobierno cliente
Chury: La suba del petróleo, estamos ante un récord y uno se pregunta cuales son las consecuencias económicas y financieras en lo inmediato, particularmente en América Latina…
Petras: Obviamente la subida de los precios va a presionar sobre todos los países que son importadores de petróleo, hay una tendencia a empujar hacia la inflación y hay otras tendencias de debilidad, las economías que faltan petróleo pero hay dos factores que debemos tomar en cuenta, la subida del precio del petróleo coincide con la subida de precio en metales, granos, en harina, maíz, soja, entonces algunos países incluso que no tienen petróleo pueden compensar con los altísimos precios que están cobrando por sus exportaciones, entonces la crisis está mediatizada por los contextos globales, los países mas vulnerables a eso son los países que no están en condición de aprovechar los altos precios. Pero yo creo que en general va a provocar una recesión en los Estados Unidos y otros países que están tan dependientes del petróleo y no tienen una capacidad de aumentar sus exportaciones por la falta de capacidad productiva y es evidente que otros países están avanzando, el dólar está cayendo, en Canadá por ejemplo el dólar canadiense ahora tiene un valor mucho mas grande que Estados Unidos, es un dólar 5 centavos o 6 centavos norteamericanos por cada dólar canadiense y lo mismo con el euro y otras monedas.
Yo creo que el petróleo junto con la caída del dólar está provocando aquí una recesión que vamos a ver mas claramente en el primer trimestre del próximo año, mientras tanto la crisis financiera siga profundizando las acciones de los principales bancos y casas de inversiones aquí están cayendo y no digo hay un pánico generalizado pero hay una gran preocupación con la salida de las acciones financieras que puede provocar una caída en la bolsa multiplicando los problemas que ya enumeramos
Chury: ¿El dólar puede seguir cayendo Petras?...
Petras: Sí absolutamente, no hay un apoyo, lo fundamental es que están negativas aquí las inversiones, el sector manufacturero, la deuda externa, no hay una indicación de que podría salir rectificación pronto, las estimaciones de consulta hizo algunas consultas que conocidos de Wall Street me indicaban que están a la mirada de un dólar 50 centavos por cada euro y yo creo que las estimaciones no son exageradas, uno no vea que la caída del dólar han provocado grandes exportaciones como mucha gente dice un dólar barato facilita a los exportadores, mientras que muchas empresas norteamericanas se han radicado en el exterior, no hay tanta industria local que pueda aprovechar, incluso muchas empresas están saliendo de los Estados Unidos precisamente por la caída del dólar aquí, otros están entrando para aprovechar el bajo valor del dólar, el aumento del valor del oro para hacer compras no solo de consumo personal, turismo, pero también comprando activos en Estados Unidos porque salen baratos
Chury: Petras vengo a América Latina. Triunfó un socialista en Guatemala, ¿se puede esperar algo del nuevo gobierno, como lo ves eso?...
Petras: El 55% de los guatemaltecos no creen porque el absentismo supera cualquier candidato, es la primera cosa, entonces tomando en cuenta lo que piensan y lo que sienten los guatemaltecos uno dice es muy dudoso que algo pueda pasar. Segundo el social demócrata Colom no muestra ninguna iniciativa o capacidad de limpiar las fuerzas policiales, ejército, que son los vinculados con narcotraficantes, grupos, pandillas y los grupos de escuadrones de la muerte. Si uno tenía alguna visión de un nuevo estado, un estado limpiado por lo menos de lo que domina la política uno podría pensar. No han pronunciado ningún programa de reforma agraria ni una política fiscal mas progresista, es solo retórica típicamente de lo que uno puede llamar del centro derecha, centro izquierda que no han montado unos cambios estructurales, yo no creo que vaya a ser peor que los gobiernos anteriores pero en el mejor caso tal podría bajar algunos Ministros corruptos, podría hacer algunos cambios incrementados en relación con alguna inversión pública pero ninguna ruptura con el pasado.
Chury: De Uruguay te cuento que regresó Tabaré Vázquez de su visita a California, parece que Schwarzenegger “Terminator” vendrá a Uruguay y mientras tanto el Ministro de Medio Ambiente Mariano Arana convocó a una conferencia de prensa, un alud de cámaras y de micrófonos para dar el permiso y el visto bueno para que Botnia comenzara con su producción Pero en ese mismo momento recibió una llamada de Vázquez que estaba en California quién le ordenó que parara la mano hasta nuevo aviso a pedido del Rey de España, porque parece que lo que esperan es lo que puedan hacer en la Cumbre Iberoamericana en Chile. Quedamos a la expectativa de eso, pero además ya aprovechamos a preguntarte que supone una Cumbre Iberoamericana…
Petras: Hay total incoherencia entre los gobernantes, si el presidente dice una cosa el Ministro otra cosa en el mismo tiempo sobre una política económica e indica el nivel de confusión e incoherencia que existe en el gobierno.
Es absurdo que un presidente de un país soberano tome su decisión en función de una consulta con un monarca de un país extranjero, eso es una respuesta de una mentalidad colonial que no consulte al pueblo, prefiere como su referencia al monarca, al Rey de España, me parece algo casi cómico.
Esperar la reunión iberoamericana creo que es parte de una política de ver si puede conseguir algunos aportes, particularmente de España, algunas nuevas inversiones a partir de una negociación. Pero hay otro factor muy importante que es que en Finlandia han decidido eliminar muchos proyectos y cortar las inversiones incluso reducir la planilla en la producción de celulosa y papel por la sobre oferta, la caída en los precios, la competencia que existe en este momento, entonces no se si eso tiene implicaciones directas en Uruguay pero ya en las páginas financieras de Finlandia anuncian de que están cerrando varias fábricas de celulosa y que estamos a la espera a ver que otros países van a sufrir recortes de producción, incluso la cerrada de proyectos enteros
Chury: No conocíamos esa información, es toda una novedad para nosotros. Finalmente quería preguntarte de Cristina Kirchner, que se puede esperar del gobierno de la mujer del presidente, la pregunta que nos formulamos en la región y plantea expectativas es si seguirá todo igual, será para peor, será para mejor…
Petras: Yo creo que lo que hemos visto en los viajes al exterior de Cristina Fernández ha tomado posición mas a la derecha, no digo una ruptura con su marido pero si una posición mucho mas acomodacionista con Wall Street, con los capitales euros, eso primero. Segundo, hay un acuerdo de subir las tarifas que han sido congeladas; tercero, yo creo que las invitaciones a capitales extranjeras particularmente en el metal, en los minerales se va a seguir el camino. Yo creo en gran parte los últimos 30 años de Kirchner indican un giro mas hacia el gran capital, eso yo creo que Cristina lo va a seguir y lo va a profundizar.
El otro lado es que los sindicatos, el pueblo argentino ya entiende que hay enormes ingresos entrando al país tanto por los precios de granos, carnes, metales, etcétera, esperamos rondas de exigencias sindicales incluso los oficialistas frente a la divergencia entre las enormes riquezas entrando el tesoro de gobierno, las altísimas pases de ganancia de los exportadores y los salarios que no han avanzado frente a la carestía de vida. Yo veo una enorme ola de huelgas y luchas reivindicacionistas, eso creo que es casi garantizado, no pueden mantener una taza de inflación de 24% frente a los aumentos de salarios de 10 o 12% que está en términos reales no nominales, hay un retroceso. Esperamos que los sindicatos incluso los mas conservadores están bajo enormes presiones a exigir mas y eso me parece que va a llevar a mas conflicto con el gobierno de Cristina que los otros especialmente en el caso de buscar mas capitales extranjeros tiene que controlar situación social en su país vamos a ver, pero no va hacer un gobierno tan tranquilo, un gobierno tan tranquilo como fue en los años anteriores.
Chury: James Petras te mando un abrazo en nombre de la audiencia de Radio Centenario como siempre y nos reencontramos el lunes.
Petras: Nos vemos el lunes y un gran abrazo y saludos a los taxistas, a los camioneros, las señoras amas de casa y los oficinistas que pueden escuchar la radio mientras trabajan.
Chury: Muy bien, un abrazo grande Petras, chau.
¿Y mañana?
Ricardo Andrade Jardí
No basta con la “generosidad” de dar un “poquito” de lo que nos sobra y “limpiarnos en salud”, no basta con la necesaria ayuda que como siempre ha superado todas las expectativas, no basta. Se requiere de acciones inmediatas que transformen nuestra cultura permanentemente, se requieren de acciones ciudadanas que impulsen y exijan la necesidad de regular a las empresas sus “ofertas”, acciones que exijan la responsabilidad de quienes ofrecen y de quienes consumen, se trata de cambiar nuestro limitado y controlado confort, no podemos seguir siendo generadores de basura y contaminación, se requiere de iniciativas que exijan por un lado a las empresas la necesidad de no seguir produciendo basura, que serán toneladas de contaminantes arrojados al planeta desde los microcentros de consumo en los que se ha conventito el núcleo familiar, es necesario que los empresarios sean regulados y multados por toda la “basura” que no pueda ser reciclada, millones de envases plásticos (refrescos desechables) son adquiridos por todo el país y convertidos en basura tan sólo después de ser abiertos, plástico que al no ser reciclado es inmediatamente convertido en basura un segundo después de consumido. Cientos de plásticos, de cartones de materiales indestructibles, de latas que con cianuro (como “conservador” del producto consumible que el contenedor guarda) y óxido pasan a engrosar las montañas de los basureros, que inmediatamente entrará en contacto con la tierra y posteriormente con el subsuelo y el manto freático, que inexorablemente ha sido contaminado y del que hoy vivimos las consecuencias.
Todos somos responsables de la tragedia de Tabasco, al igual que la deforestación estúpida y criminal es consecuencia del deslave que en las últimas horas ha sepultado comunidades diversas de la sierra chiapaneca, entre el abuso empresarial, la corrupción institucional y el consumo irresponsable, hemos hecho del planeta y en particular de México una lamentable zona de desastre, nuestra prepotencia nos ha hecho incapaces de convivir armónicamente con la naturaleza y ésta nos cobra cada vez con más violencia nuestra irresponsable arrogancia, la lamentable tragedia que hoy azota Tabasco y Chiapas, se seguirá repitiendo una y otra vez hasta que entendamos que somos parte de un todo y no el todo de una parte, alienta ver la ayuda movilizada por todo México en favor de sus con nacionales tabasqueños, pero ¿y mañana? ¿Quién les dará casa a los damnificados? ¿Quién recuperará la inversión de años de trabajo de las pequeñas empresas o negocios familiares? ¿Con qué recursos se recuperarán las escuelas y centros de trabajo perdidos por la negligencia, la corrupción y el consumo irresponsable de las que todos somos responsables? ¿Cuánto tiempo pasara antes de que esas “recuperadas” escuelas o centros de trabajo vuelvan a ser arrasados por la lluvia y la impunidad corrupta de empresas y gobiernos ante nuestra indeferencia?
No basta, aunque es necesario, llenar los centros de acopio con despensas y medicamentos. Es necesario que emprendamos acciones más serias, más profundas, que identifiquen la responsabilidad de cada uno de los actores de la polis y empecemos a impulsar las acciones que en el futuro inmediato cambien nuestra cultura arrogante, por una nueva forma de vida en armonía con la naturaleza, una nueva cultura de ecología profunda que genere un mundo más justo, más digno, más humano y social y ambientalmente sostenible a futuro.
No basta con la “generosidad” de dar un “poquito” de lo que nos sobra y “limpiarnos en salud”, no basta con la necesaria ayuda que como siempre ha superado todas las expectativas, no basta. Se requiere de acciones inmediatas que transformen nuestra cultura permanentemente, se requieren de acciones ciudadanas que impulsen y exijan la necesidad de regular a las empresas sus “ofertas”, acciones que exijan la responsabilidad de quienes ofrecen y de quienes consumen, se trata de cambiar nuestro limitado y controlado confort, no podemos seguir siendo generadores de basura y contaminación, se requiere de iniciativas que exijan por un lado a las empresas la necesidad de no seguir produciendo basura, que serán toneladas de contaminantes arrojados al planeta desde los microcentros de consumo en los que se ha conventito el núcleo familiar, es necesario que los empresarios sean regulados y multados por toda la “basura” que no pueda ser reciclada, millones de envases plásticos (refrescos desechables) son adquiridos por todo el país y convertidos en basura tan sólo después de ser abiertos, plástico que al no ser reciclado es inmediatamente convertido en basura un segundo después de consumido. Cientos de plásticos, de cartones de materiales indestructibles, de latas que con cianuro (como “conservador” del producto consumible que el contenedor guarda) y óxido pasan a engrosar las montañas de los basureros, que inmediatamente entrará en contacto con la tierra y posteriormente con el subsuelo y el manto freático, que inexorablemente ha sido contaminado y del que hoy vivimos las consecuencias.
Todos somos responsables de la tragedia de Tabasco, al igual que la deforestación estúpida y criminal es consecuencia del deslave que en las últimas horas ha sepultado comunidades diversas de la sierra chiapaneca, entre el abuso empresarial, la corrupción institucional y el consumo irresponsable, hemos hecho del planeta y en particular de México una lamentable zona de desastre, nuestra prepotencia nos ha hecho incapaces de convivir armónicamente con la naturaleza y ésta nos cobra cada vez con más violencia nuestra irresponsable arrogancia, la lamentable tragedia que hoy azota Tabasco y Chiapas, se seguirá repitiendo una y otra vez hasta que entendamos que somos parte de un todo y no el todo de una parte, alienta ver la ayuda movilizada por todo México en favor de sus con nacionales tabasqueños, pero ¿y mañana? ¿Quién les dará casa a los damnificados? ¿Quién recuperará la inversión de años de trabajo de las pequeñas empresas o negocios familiares? ¿Con qué recursos se recuperarán las escuelas y centros de trabajo perdidos por la negligencia, la corrupción y el consumo irresponsable de las que todos somos responsables? ¿Cuánto tiempo pasara antes de que esas “recuperadas” escuelas o centros de trabajo vuelvan a ser arrasados por la lluvia y la impunidad corrupta de empresas y gobiernos ante nuestra indeferencia?
No basta, aunque es necesario, llenar los centros de acopio con despensas y medicamentos. Es necesario que emprendamos acciones más serias, más profundas, que identifiquen la responsabilidad de cada uno de los actores de la polis y empecemos a impulsar las acciones que en el futuro inmediato cambien nuestra cultura arrogante, por una nueva forma de vida en armonía con la naturaleza, una nueva cultura de ecología profunda que genere un mundo más justo, más digno, más humano y social y ambientalmente sostenible a futuro.
Todos los niños y niñas
Frei Betto
Todos los niños quieren la paz en el mundo, pero no todos son educados libres de la óptica de la discriminación, del prejuicio, en condiciones de aceptar, como dotados de igual dignidad, a blancos, negros, amarillos e indígenas.
A todos los niños les gusta hablar con Dios, pero no todos aprenden que Dios ama, sin distinción, a musulmanes, judíos, cristianos, adeptos al candomblé, seguidores de Arnaz, e incluso al que no cree.
Todos los niños necesitan jugar, pero no todos los padres están en condiciones de evitar que se encaminen por la senda del trabajo precoz, de la mendicidad, de la explotación sexual, de los caminos del crimen.
A todos los niños les entusiasma perder tiempo con sus amigos y amigas, pero algunos se convierten en adultos antes de tiempo, debido a la sobrecargada agenda impuesta por la familia, con clases desde ballet a natación, de música e idiomas, sin poder meterse nunca en el barro. O, empobrecidos, son obligados a luchar desde muy pronto por la supervivencia.
Todos los niños están dotados de una inconmensurable fantasía, pero muchos no tienen sueños propios porque delegaron en la TV el derecho de imaginar por ellos. De ese modo crecen saturados de (des)informaciones que no procesan, vulnerables en su código de valores y confundidos en cuanto a los principios éticos que deben abrazarse.
Todos los niños son generosos, pero no siempre tienen quien les enseñe a compartir lo que acumulan en los armarios, en la despensa y en el corazón.
Todos los niños necesitan mucho amor, pero no todos conocen a alguien que preste atención a lo que dicen y hacen, pasee con ellos los fines de semana, evite cambiar el cariño oculto por regalos y promesas.
A todos los niños les encantan los dulces, pero no todos son educados para apreciar las frutas y verduras, evitando desde muy chicos llenarse la boca de lo que les falta en el corazón.
A todos los niños les encanta escuchar historias, pero no todos conocen a alguien que se preocupe por contarles el mundo de caperucita o a leerles los textos sagrados.
Todos los niños imitan a los adultos que admiran, pero no todos aprenden a conocer a Jesús y a Francisco de Asís, a Gandhi y al Che Guevara, y crecen cautivados con el exterminador del pasado, del presente y del futuro.
Todos los niños están sedientos de alegría, pero ¿cómo esperar que sonrían si los adultos discuten ante ellos o manifiestan su racismo, su odio o su afán por ganar dinero y bienes?
Todos los niños desconocen la muerte como amenaza real, y ninguno de ellos se propone matar a un semejante, fabricar o comercializar armas, bombardear poblaciones civiles. Si un niño roba, se droga o mata es porque el mundo de los adultos le condenó a ser el reverso de sí mismo.
A todos los niños les encanta soñar, pero si no encuentran por el camino a alguien que infle sus sueños, cual un globo que vuela rumbo a la utopía, corren el peligro de buscar en la química de las drogas lo que les falta en autoestima.
Todos los niños están convencidos de que, entregado en sus manos, el mundo sería mucho mejor, pues ninguno de ellos soporta ver a su semejante con hambre, en la miseria o víctima de guerras.
Todos nosotros debiéramos cultivar en adelante la criatura que fuimos un día.
[Autor de la obra infanto-juvenil “La niña y el elefante”, entre otros libros].
Traducción de J.L.Burguet
Todos los niños quieren la paz en el mundo, pero no todos son educados libres de la óptica de la discriminación, del prejuicio, en condiciones de aceptar, como dotados de igual dignidad, a blancos, negros, amarillos e indígenas.
A todos los niños les gusta hablar con Dios, pero no todos aprenden que Dios ama, sin distinción, a musulmanes, judíos, cristianos, adeptos al candomblé, seguidores de Arnaz, e incluso al que no cree.
Todos los niños necesitan jugar, pero no todos los padres están en condiciones de evitar que se encaminen por la senda del trabajo precoz, de la mendicidad, de la explotación sexual, de los caminos del crimen.
A todos los niños les entusiasma perder tiempo con sus amigos y amigas, pero algunos se convierten en adultos antes de tiempo, debido a la sobrecargada agenda impuesta por la familia, con clases desde ballet a natación, de música e idiomas, sin poder meterse nunca en el barro. O, empobrecidos, son obligados a luchar desde muy pronto por la supervivencia.
Todos los niños están dotados de una inconmensurable fantasía, pero muchos no tienen sueños propios porque delegaron en la TV el derecho de imaginar por ellos. De ese modo crecen saturados de (des)informaciones que no procesan, vulnerables en su código de valores y confundidos en cuanto a los principios éticos que deben abrazarse.
Todos los niños son generosos, pero no siempre tienen quien les enseñe a compartir lo que acumulan en los armarios, en la despensa y en el corazón.
Todos los niños necesitan mucho amor, pero no todos conocen a alguien que preste atención a lo que dicen y hacen, pasee con ellos los fines de semana, evite cambiar el cariño oculto por regalos y promesas.
A todos los niños les encantan los dulces, pero no todos son educados para apreciar las frutas y verduras, evitando desde muy chicos llenarse la boca de lo que les falta en el corazón.
A todos los niños les encanta escuchar historias, pero no todos conocen a alguien que se preocupe por contarles el mundo de caperucita o a leerles los textos sagrados.
Todos los niños imitan a los adultos que admiran, pero no todos aprenden a conocer a Jesús y a Francisco de Asís, a Gandhi y al Che Guevara, y crecen cautivados con el exterminador del pasado, del presente y del futuro.
Todos los niños están sedientos de alegría, pero ¿cómo esperar que sonrían si los adultos discuten ante ellos o manifiestan su racismo, su odio o su afán por ganar dinero y bienes?
Todos los niños desconocen la muerte como amenaza real, y ninguno de ellos se propone matar a un semejante, fabricar o comercializar armas, bombardear poblaciones civiles. Si un niño roba, se droga o mata es porque el mundo de los adultos le condenó a ser el reverso de sí mismo.
A todos los niños les encanta soñar, pero si no encuentran por el camino a alguien que infle sus sueños, cual un globo que vuela rumbo a la utopía, corren el peligro de buscar en la química de las drogas lo que les falta en autoestima.
Todos los niños están convencidos de que, entregado en sus manos, el mundo sería mucho mejor, pues ninguno de ellos soporta ver a su semejante con hambre, en la miseria o víctima de guerras.
Todos nosotros debiéramos cultivar en adelante la criatura que fuimos un día.
[Autor de la obra infanto-juvenil “La niña y el elefante”, entre otros libros].
Traducción de J.L.Burguet
La mentira como segunda piel
María Teresa Jardí
El lunes en La Jornada sale la nota, tomada de un boletín que debió llegar a ese diario el domingo, donde Notimex, con desparpajo, afirma que: “Concluye mantenimiento al Sistema Cutzamala: Conagua. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Sistema Cutzamala, por lo que este domingo se normalizó el abasto a la Zona Metropolitana del Valle de México. En un comunicado, el organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que esas labores terminaron conforme a lo previsto y de manera satisfactoria. El director del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Jorge Efrén Villalón Figaredo, precisó que entre los trabajos efectuados se encuentra el cambio de tubería y sustitución de válvulas en la línea de conducción del Acueducto. La Conagua recordó que el Sistema Cutzamala beneficia a más de 5 millones de habitantes de municipios conurbados del Estado de México y varias delegaciones capitalinas, con una aportación de 15 mil litros por segundo. Indicó que estos trabajos se desarrollaron junto con las autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Desde las primeras horas de hoy, el líquido comenzó a llegar a los municipios mexiquenses de Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tultitlán, Nicolás Romero, Coacalco, Ecatepec y Toluca. Asimismo, se regularizó el servicio en las delegaciones capitalinas de Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras, µlvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Azcapotzalco. La Conagua exhortó a la población del Valle de México a cuidar el agua que proviene de fuentes lejanas con altos costos de operación y mantenimiento”.
Desde el jueves en la Colonia Roma Sur no tenemos agua. Escribo esto el lunes a las 12 del medio día. Desde el sábado, en la calle de Tuxpan, al menos, no ha entrado ni una gota. El plomero llamado, luego de leer la mentirosa nota, nos dice que ya está a punto de quemarse la bomba. Las mil llamadas, a las instancias respectivas, nada significan. De entre las muchas llamadas realizadas para saber qué pasa y cuándo volveremos a tener agua solamente una amerita un número de reporte. No saben nada de nada las empleadas que contestan, no tienen ni puta idea de cuándo regresará el agua, pero se molestan porque se insista en llamar para denunciar la irregularidad que afecta de manera brutal a muchas familias. No entra ni una gota de agua ni en las llaves por las que entra de manera directa el vital líquido. Los niños se rozan y los baños son un asco incluso en las casas donde se apartó agua en cubetas, otras vasijas e incluso llenando la lavadora. No se puede comer en casa porque no se puede lavar ni un traste, pero igual los biberones con restos de leche se acumulan en el fregadero a la par que crece la ropa sucia que no puede lavarse y menos mal que, con lo del agua embotellada obligada a ser consumida porque tampoco es potable el agua desde el sismo de 1985 por falta de las reparaciones necesarias para que no llegue contaminada, al menos para beber no falta el agua.
Si no acabaron en cuatro días lo decente es avisar que serán cinco o seis o los que se necesiten para reparar lo tan desatendido. Lo inaceptable es la mentira. Se ponen en el alma la mentira como segunda piel los que alcanzan, en México, el poder, incluidos los perredistas. No es extraño el arrebato de amor que sienten “Los Chuchos” por el usurpador mexicano.
Todos los políticos en este país son iguales. No se llevan ni un canto de duro. Y por eso la corrupción en el Distrito Federal, impresionante, desde cualquier ángulo que se la analice es la misma que ya alcanzó a la provincia.
El lunes en La Jornada sale la nota, tomada de un boletín que debió llegar a ese diario el domingo, donde Notimex, con desparpajo, afirma que: “Concluye mantenimiento al Sistema Cutzamala: Conagua. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Sistema Cutzamala, por lo que este domingo se normalizó el abasto a la Zona Metropolitana del Valle de México. En un comunicado, el organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que esas labores terminaron conforme a lo previsto y de manera satisfactoria. El director del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Jorge Efrén Villalón Figaredo, precisó que entre los trabajos efectuados se encuentra el cambio de tubería y sustitución de válvulas en la línea de conducción del Acueducto. La Conagua recordó que el Sistema Cutzamala beneficia a más de 5 millones de habitantes de municipios conurbados del Estado de México y varias delegaciones capitalinas, con una aportación de 15 mil litros por segundo. Indicó que estos trabajos se desarrollaron junto con las autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Desde las primeras horas de hoy, el líquido comenzó a llegar a los municipios mexiquenses de Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Tultitlán, Nicolás Romero, Coacalco, Ecatepec y Toluca. Asimismo, se regularizó el servicio en las delegaciones capitalinas de Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras, µlvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Azcapotzalco. La Conagua exhortó a la población del Valle de México a cuidar el agua que proviene de fuentes lejanas con altos costos de operación y mantenimiento”.
Desde el jueves en la Colonia Roma Sur no tenemos agua. Escribo esto el lunes a las 12 del medio día. Desde el sábado, en la calle de Tuxpan, al menos, no ha entrado ni una gota. El plomero llamado, luego de leer la mentirosa nota, nos dice que ya está a punto de quemarse la bomba. Las mil llamadas, a las instancias respectivas, nada significan. De entre las muchas llamadas realizadas para saber qué pasa y cuándo volveremos a tener agua solamente una amerita un número de reporte. No saben nada de nada las empleadas que contestan, no tienen ni puta idea de cuándo regresará el agua, pero se molestan porque se insista en llamar para denunciar la irregularidad que afecta de manera brutal a muchas familias. No entra ni una gota de agua ni en las llaves por las que entra de manera directa el vital líquido. Los niños se rozan y los baños son un asco incluso en las casas donde se apartó agua en cubetas, otras vasijas e incluso llenando la lavadora. No se puede comer en casa porque no se puede lavar ni un traste, pero igual los biberones con restos de leche se acumulan en el fregadero a la par que crece la ropa sucia que no puede lavarse y menos mal que, con lo del agua embotellada obligada a ser consumida porque tampoco es potable el agua desde el sismo de 1985 por falta de las reparaciones necesarias para que no llegue contaminada, al menos para beber no falta el agua.
Si no acabaron en cuatro días lo decente es avisar que serán cinco o seis o los que se necesiten para reparar lo tan desatendido. Lo inaceptable es la mentira. Se ponen en el alma la mentira como segunda piel los que alcanzan, en México, el poder, incluidos los perredistas. No es extraño el arrebato de amor que sienten “Los Chuchos” por el usurpador mexicano.
Todos los políticos en este país son iguales. No se llevan ni un canto de duro. Y por eso la corrupción en el Distrito Federal, impresionante, desde cualquier ángulo que se la analice es la misma que ya alcanzó a la provincia.
Fetidez
Putrefacción por doquier en las zonas inundadas de Tabasco / Comienzan a aparecer el rostro de la destrucción y toneladas de basura / Perros, ratas, aves y otros animales que murieron ahogados tras la inundación, focos de infección / El acumulamiento de aguas, con los animales muertos y desperdicios materiales y orgánicos de todo tipo, preparan un coctel bacteriológico e infeccioso nunca visto y de posibles consecuencias
VILLAHERMOSA, Tabasco, 6 de noviembre (NTX/APRO/LA JORNADA/UNIVERSAL).- Agua putrefacta y fetidez se perciben desde 50 metros antes de llegar a la esquina de Paseo Tabasco y Andrés Calcáneo, en la colonia Municipal, hasta donde las aguas del río Grijalva arrebataron el patrimonio de miles de ciudadanos.
Lirios acuáticos y basura se agolpan a un costado de Paseo Tabasco, sobre la calle Ignacio Allende, también anegada y con media docena de autos bajo por el agua.
Sobre la calle Andrés Calcáneo se ubica un improvisado atracadero de lanchas, la mayoría traídas desde Veracruz por el Agrupamiento Marítimo Fluvial y Lacustre de Seguridad Pública de esa Entidad, que son operadas por especialistas en rescate y por buzos.
En esta inundada colonia popular y de clase media, donde incluso vive el ex gobernador Enrique Priego Oropeza, las labores de rescate cesaron y ahora las acciones son en apoyo a la población que, previa identificación, entra a buscar ropa y algunos artículos que son saludables.
Mientras las aguas bajan, los colonos suben a las embarcaciones, pero la mayoría sólo regresa con prendas de vestir en bolsas de plástico, pues es lo único que pudieron sacar de las segundas plantas de sus casas, pues abajo, todo flota entre el agua.
Conforme la temperatura se incrementa, los ríos descienden su nivel y las inundaciones ceden, el rostro de destrucción y toneladas de basura comienza a aparecer en las calles del centro de Villahermosa.
Se realizó un recorrido por arterias como Paseo Tabasco, el Periférico Ruiz Cortines, Independencia, Usumacinta, entre otras, y pudo apreciar que el nivel del agua descendió hasta casi un metro, incluso hay zonas que ya se han secado.
No obstante, en los lugares en donde días anteriores hubo agua, ahora hay basura de todo tipo, desde botellas, cartones, bolsas, empaques, papeles, aparatos electrónicas y hasta vehículos enteros convertidos en chatarra.
Han comenzado a aparecer perros, ratas, aves y otros animales que murieron ahogados tras la inundación y que podrían convertirse en un foco de infección.
El gobierno del estado, ha solicitado a la ciudadanía través del canal oficial que recolecten su basura en bolsas de plástico y estén atentos al avance de los camiones recolectores, que desde la víspera reiniciaron sus recorridos en las calles que así lo permiten.
Pero si el panorama en la vía pública es desolador más lo es dentro de casas y negocios, donde el agua que se coló dejó pérdidas materiales que en varios casos resultan incosteables para sus dueños, quienes con escobas tratan de acondicionar desesperadamente éstos.
Al mismo tiempo en que se va desazolvan las arteria, trabajadores lavan de inmediato el pavimento, ya que restos de gasolina y diesel que fueron utilizados en los motores de las lanchas, quedaron impregnados en la superficie.
La capital tabasqueña, sumida en la peor tragedia de su historia, enfrenta ya una nueva etapa de la contingencia por las inundaciones ocurridas en la que el reto es revertir los estragos de la naturales.
Uno de esos estragos, es el de la sanidad del Estado, donde el acumulamiento de aguas, con animales muertos y desperdicios materiales y orgánicos de todo tipo, prepara un coctel bacteriológico e infeccioso nunca visto en Tabasco y de posibles consecuencias.
Efectivos del Ejército Mexicano iniciaron la excavación de una fosa que será de grandes dimensiones para enterrar los miles de animales muertos que causó la inundación, con el fin de evitar brotes de infecciones, enfermedades y epidemias, así como olores nauseabundos, informó el coordinador general de Servicios Munales, Juan Manuel Domínguez Baeza.
La gigantesca fosa se realiza en las inmediaciones del basurero de Loma de Caballo, municipio de Centro (Villahermosa), al Norte de esta capital.
Al menos tres personas muertas cobró la inundación al ahogarse los integrantes de una familia de la colonia Las Gaviotas Sur, sector El Monal, relató entre sollozos María Elizabeth García Pérez, al mencionar que el pasado lunes inhumó al trío de familiares.
Narró que sus parientes fallecieron cuando salían de sus viviendas inundadas con hasta tres metros de altura. La tragedia se inició cuando la mamá por agarrar la televisión soltó a su hija Sandrá Guadalupe, 6 años de edad, y la corriente la arrastró. Primero el padre Jorge Alberto Pérez quiso salvarla y posteriormente la madre, pero finalmente los tres se ahogaron.
Este martes se encontró el cuerpo sin vida de un pescador en una de las ramificaciones del río Grijalva, en el municipio de Centla, Tabasco, luego que fuera reportado como desaparecido desde el jueves, tras la creciente del agua.
El Gobierno anunció que los próximos 19 y 26 de noviembre habrá una fumigación masiva aérea en 90 mil hectáreas en el Estado de Tabasco, sin que implique una afectación o riesgo para la salud humana.
Por otra parte, cerca de 70 mil viviendas de Tabasco podrían ser declaradas como “pérdida total”, según una primera evaluación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG).
Este indicador, relativo a afectaciones superiores, resultaría básico para avanzar en la contabilidad de inmuebles, enseres, cultivos, maquinaria y producción afectada por las inundaciones en aquella entidad.
VILLAHERMOSA, Tabasco, 6 de noviembre (NTX/APRO/LA JORNADA/UNIVERSAL).- Agua putrefacta y fetidez se perciben desde 50 metros antes de llegar a la esquina de Paseo Tabasco y Andrés Calcáneo, en la colonia Municipal, hasta donde las aguas del río Grijalva arrebataron el patrimonio de miles de ciudadanos.
Lirios acuáticos y basura se agolpan a un costado de Paseo Tabasco, sobre la calle Ignacio Allende, también anegada y con media docena de autos bajo por el agua.
Sobre la calle Andrés Calcáneo se ubica un improvisado atracadero de lanchas, la mayoría traídas desde Veracruz por el Agrupamiento Marítimo Fluvial y Lacustre de Seguridad Pública de esa Entidad, que son operadas por especialistas en rescate y por buzos.
En esta inundada colonia popular y de clase media, donde incluso vive el ex gobernador Enrique Priego Oropeza, las labores de rescate cesaron y ahora las acciones son en apoyo a la población que, previa identificación, entra a buscar ropa y algunos artículos que son saludables.
Mientras las aguas bajan, los colonos suben a las embarcaciones, pero la mayoría sólo regresa con prendas de vestir en bolsas de plástico, pues es lo único que pudieron sacar de las segundas plantas de sus casas, pues abajo, todo flota entre el agua.
Conforme la temperatura se incrementa, los ríos descienden su nivel y las inundaciones ceden, el rostro de destrucción y toneladas de basura comienza a aparecer en las calles del centro de Villahermosa.
Se realizó un recorrido por arterias como Paseo Tabasco, el Periférico Ruiz Cortines, Independencia, Usumacinta, entre otras, y pudo apreciar que el nivel del agua descendió hasta casi un metro, incluso hay zonas que ya se han secado.
No obstante, en los lugares en donde días anteriores hubo agua, ahora hay basura de todo tipo, desde botellas, cartones, bolsas, empaques, papeles, aparatos electrónicas y hasta vehículos enteros convertidos en chatarra.
Han comenzado a aparecer perros, ratas, aves y otros animales que murieron ahogados tras la inundación y que podrían convertirse en un foco de infección.
El gobierno del estado, ha solicitado a la ciudadanía través del canal oficial que recolecten su basura en bolsas de plástico y estén atentos al avance de los camiones recolectores, que desde la víspera reiniciaron sus recorridos en las calles que así lo permiten.
Pero si el panorama en la vía pública es desolador más lo es dentro de casas y negocios, donde el agua que se coló dejó pérdidas materiales que en varios casos resultan incosteables para sus dueños, quienes con escobas tratan de acondicionar desesperadamente éstos.
Al mismo tiempo en que se va desazolvan las arteria, trabajadores lavan de inmediato el pavimento, ya que restos de gasolina y diesel que fueron utilizados en los motores de las lanchas, quedaron impregnados en la superficie.
La capital tabasqueña, sumida en la peor tragedia de su historia, enfrenta ya una nueva etapa de la contingencia por las inundaciones ocurridas en la que el reto es revertir los estragos de la naturales.
Uno de esos estragos, es el de la sanidad del Estado, donde el acumulamiento de aguas, con animales muertos y desperdicios materiales y orgánicos de todo tipo, prepara un coctel bacteriológico e infeccioso nunca visto en Tabasco y de posibles consecuencias.
Efectivos del Ejército Mexicano iniciaron la excavación de una fosa que será de grandes dimensiones para enterrar los miles de animales muertos que causó la inundación, con el fin de evitar brotes de infecciones, enfermedades y epidemias, así como olores nauseabundos, informó el coordinador general de Servicios Munales, Juan Manuel Domínguez Baeza.
La gigantesca fosa se realiza en las inmediaciones del basurero de Loma de Caballo, municipio de Centro (Villahermosa), al Norte de esta capital.
Al menos tres personas muertas cobró la inundación al ahogarse los integrantes de una familia de la colonia Las Gaviotas Sur, sector El Monal, relató entre sollozos María Elizabeth García Pérez, al mencionar que el pasado lunes inhumó al trío de familiares.
Narró que sus parientes fallecieron cuando salían de sus viviendas inundadas con hasta tres metros de altura. La tragedia se inició cuando la mamá por agarrar la televisión soltó a su hija Sandrá Guadalupe, 6 años de edad, y la corriente la arrastró. Primero el padre Jorge Alberto Pérez quiso salvarla y posteriormente la madre, pero finalmente los tres se ahogaron.
Este martes se encontró el cuerpo sin vida de un pescador en una de las ramificaciones del río Grijalva, en el municipio de Centla, Tabasco, luego que fuera reportado como desaparecido desde el jueves, tras la creciente del agua.
El Gobierno anunció que los próximos 19 y 26 de noviembre habrá una fumigación masiva aérea en 90 mil hectáreas en el Estado de Tabasco, sin que implique una afectación o riesgo para la salud humana.
Por otra parte, cerca de 70 mil viviendas de Tabasco podrían ser declaradas como “pérdida total”, según una primera evaluación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG).
Este indicador, relativo a afectaciones superiores, resultaría básico para avanzar en la contabilidad de inmuebles, enseres, cultivos, maquinaria y producción afectada por las inundaciones en aquella entidad.
Obras inconclusas causaron las tragedias
Comisión Nacional del Agua y el ex gobernador Manuel Andrade acordaron en el 2003 un Proyecto Integral Contra Inundaciones en Tabasco, que debió concluir el año pasado / Partida extra para reconstrucción; legisladores
MEXICO, D.F., 6 de noviembre (UNIVERSAL/LA JORNADA).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobernador Mauel Andrade acordaron en el 2003 un Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI) en Tabasco, el cual debió concluir en el 2006, con una inversión de 2 mil 60 millones de pesos. Sin embargo, las obras quedaron inconclusas, motivo por el cual las afectaciones en Tabasco y Chiapas se incrementaron, luego de las recientes lluvias y la saturación en las presas.
En dicho proyecto se detallaba la inversión que harían el gobierno federal (un 70%) y el gobierno estatal (un 30%), sumando en total 2 mil 60 millones de pesos, pero hasta la fecha sólo se gastaron mil 500 millones. Dicho acuerdo fue firmado por Cristóbal Jaime Jáquez, director de Conagua durante el sexenio del presidente Vicente Fox y Manuel Andrade, entonces gobernador de Tabasco.
Adicionalmente a esto, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tabasco reveló que de los 4 mil 258 millones de pesos que por concepto de excedentes petroleros recibió la Entidad entre los años del 2003 y al 2006, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco ejerció 855 millones 800 mil pesos, mientras la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda gastó mil 920 millones de pesos.
Asimismo, las fallas en los sistemas de pronóstico, los de alerta temprana y la mala planeación, la corrupción y la deficiente política de desarrollo, así como el abandono de la infraestructura hidráulica, fue lo que llevó a Tabasco al desastre actual, afirmaron expertos, quienes rechazaron que el cambio climático ocasionara el problema.
Carlos Gay director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que estos aspectos motivaron el llamado de atención de la ONU.
“Lo que pasó es producto de la construcción del riesgo: es una zona baja, donde se debió controlar el desarrollo humano, hubo poca planeación; y en condiciones de cambio climático se va a inundar más. Se parece a lo que esperaríamos en términos de un clima con un ciclo hidrológico más intenso”.
Mientras, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que en el Presupuesto de Egresos de 2008 se destinen recursos para un fondo de reconstrucción, asimismo se pronunció por la expedición de una ley en la materia y la conformación de una Comisión, no legislativa, que supervise los trabajos de restauración y dé seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del citado fondo.
MEXICO, D.F., 6 de noviembre (UNIVERSAL/LA JORNADA).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobernador Mauel Andrade acordaron en el 2003 un Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI) en Tabasco, el cual debió concluir en el 2006, con una inversión de 2 mil 60 millones de pesos. Sin embargo, las obras quedaron inconclusas, motivo por el cual las afectaciones en Tabasco y Chiapas se incrementaron, luego de las recientes lluvias y la saturación en las presas.
En dicho proyecto se detallaba la inversión que harían el gobierno federal (un 70%) y el gobierno estatal (un 30%), sumando en total 2 mil 60 millones de pesos, pero hasta la fecha sólo se gastaron mil 500 millones. Dicho acuerdo fue firmado por Cristóbal Jaime Jáquez, director de Conagua durante el sexenio del presidente Vicente Fox y Manuel Andrade, entonces gobernador de Tabasco.
Adicionalmente a esto, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tabasco reveló que de los 4 mil 258 millones de pesos que por concepto de excedentes petroleros recibió la Entidad entre los años del 2003 y al 2006, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tabasco ejerció 855 millones 800 mil pesos, mientras la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda gastó mil 920 millones de pesos.
Asimismo, las fallas en los sistemas de pronóstico, los de alerta temprana y la mala planeación, la corrupción y la deficiente política de desarrollo, así como el abandono de la infraestructura hidráulica, fue lo que llevó a Tabasco al desastre actual, afirmaron expertos, quienes rechazaron que el cambio climático ocasionara el problema.
Carlos Gay director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que estos aspectos motivaron el llamado de atención de la ONU.
“Lo que pasó es producto de la construcción del riesgo: es una zona baja, donde se debió controlar el desarrollo humano, hubo poca planeación; y en condiciones de cambio climático se va a inundar más. Se parece a lo que esperaríamos en términos de un clima con un ciclo hidrológico más intenso”.
Mientras, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que en el Presupuesto de Egresos de 2008 se destinen recursos para un fondo de reconstrucción, asimismo se pronunció por la expedición de una ley en la materia y la conformación de una Comisión, no legislativa, que supervise los trabajos de restauración y dé seguimiento a la correcta aplicación de los recursos del citado fondo.
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