Lorena Aguilar Aguilar
El Cardenal Primado de México, Norberto Rivera Carrera, ha sabido capitalizar a su favor los enfrentamientos que se han dado entre los altos jerarcas de la Iglesia Católica y los grupos de izquierda del país.
En los últimos incidentes, donde miembros de diferentes grupos izquierdistas han enfrentado de manera verbal al Cardenal, no a la Iglesia, él se ha puesto en el papel de la víctima, ha aparecido en medios de comunicación exigiendo protección para su persona y ahora para la propia Catedral Metropolitana, amenazando con cerrar el recinto como si de una Guerra Cristera se tratase.
Si bien es cierto que para la feligresía católica no habrá sido muy agradable ver el pasado domingo 18 a un grupo de manifestantes en un local que ellos consideran sagrado, es necesario tener presente que las provocaciones por parte de Rivera Carrera hacía estos grupos disidentes han sido cada vez más frecuentes.
El tristemente celebre Cardenal ha utilizado una y otra vez el púlpito para lanzar distintos ataques a la resistencia civil pacifica que encabeza López Obrador, pero sobre todo ha lanzado ataques a ciertas iniciativas del ley de corte progresista como la de las sociedades de convivencia y la despenalización del aborto en el Distrito Federal, constituyendo estas acciones un abuso de su investidura eclesiástica, ya que ha invadido espacios del ámbito público que le son restringidos, incluso él mismo ha llamado alguna vez a la desobediencia a las autoridades respecto a estas leyes. También ha invadido aspectos de la vida privada de las familias mexicanas por medio de sus discursos en contra del uso de anticonceptivos para la planificación familiar.
El enfrentamiento del domingo pasado fue el desbordamiento de las tensiones que desde tiempo atrás se han acumulado entre los diversos grupos de izquierda y el Cardenal, las provocaciones de este último hacía los primeros han ido en aumento y los medios de comunicación al servicio del sistema han jugado un papel importante en estos enfrentamientos.
Se ha sabido manipular toda la información a favor del Cardenal, poniendo a este como una víctima de “grupos radicales” haciendo a un lado aspectos relevantes como la complicidad de Rivera Carrera con sacerdotes pederastas. Muy pocos son los medios de información en México que han hablado de la impunidad que goza este personaje a pesar de que son muchas las pruebas que hay en su contra en casos relacionados con la pederastia.
Además de todo esto, no hay que olvidar que el Cardenal se ha caracterizado por sus fuertes vínculos con los círculos políticos y empresariales más poderosos en México, círculos que se han visto envueltos en sonados casos de corrupción.
El incidente ocurrido el domingo pasado le ha caído como “anillo al dedo” a la jerarquía católica, ya que, con la ayuda ciertos medios de comunicación, se ha hecho pasar por una víctima perseguida por “izquierda radical e intolerante”, cuando la realidad ha sido que la propia jerarquía, pero principalmente el propio Cardenal, le ha hecho el trabajo sucio a la extrema derecha nacional provocando constantemente a los grupos de izquierda, principalmente a la resistencia civil pacífica que encabeza López Obrador.
A pesar de que se ha intentado justificar el cierre de la Catedral Metropolitana, argumentando que no existen las condiciones que aseguren la integridad de los fieles católicos, es más que claro que esta medida extrema es parte de los ataques de la jerarquía católica al movimiento lopezobradorista.
La intención es más que clara, se pretende desprestigiar una vez más el movimiento de López Obrador, el cual hoy por hoy es uno de los movimientos sociales más importantes del país, ahora se pretende enfrentar de manera directa a los lopezobradoristas con la feligresía católica.
Tamaulipas: prohíben a mujer con discapacidad entrar a tienda
Benny Cruz Zapata/corresponsal
Cd. Victoria, Méx., 22 nov 07 (CIMAC).- María Teresa Peredo se dirigió a la entrada de la Tienda Melody, empresa con más de 100 sucursales en todo el país, pero una empleada le dijo que no podía entrar porque era una minusválida y podía tirar la ropa o causar algún destrozo en la ropa exhibida.
“Después de perder mi pierna, dice María Teresa, la discriminación por estar en una silla de ruedas es de lo peor que me a pasado en la vida; una siempre escucha por todos lados que hay respeto para gente como yo, pero eso no lo conocen las trabajadoras de la Tienda de Ropa Melody, quienes no conformes con impedirme el ingreso, delante de mí les dijeron a mis hijas que como era discapacitada podía causar daño dentro de la tienda”.
A sus 66 años de edad, doña Teresa es una de las más de 250 mil personas en Tamaulipas que sufren discapacidad física. Ella perdió una de sus piernas hace cinco meses, luego de 25 años de padecer diabetes.
“Cuando se refirieron a mí con desprecio, mis hijas que me acompañaban tampoco salían del asombro, y es que no es lo mismo hablar de discapacidad y hacerlo en tercera persona que vivirlo, sufrirlo en carne propia. Cómo es posible que una tienda en donde se supone puede entrar todo el mundo a comprar ropa, solo por no tener una pierna se nos impida el paso”.
Es –dice-- la mayor tristeza, es como morirse un poco, sobre todo que a esta edad la vida es difícil. Hace cinco años mi esposo me abandonó, dejándome sin casa, sin pensión ni nada. De no ser por mis hijas, solo dios sabe qué sería de mí, porque mi marido no solo me abandono sino que se olvidó por completo de casi 40 años de matrimonio.
Y además de que “ya hace vida con otra mujer, no encuentro la forma de tomar posesión de la casa a la que tenemos derecho, por eso tengo que vivir con mis hijas, me siento una carga porque ellas tienen su vida hecha y sus responsabilidades, pero qué puedo hacer si dependo por completo de ellas… y por si fuera poco por no tener una pierna, por usar una silla de ruedas me discriminan, me tratan mal”.
“Y qué querían, dice Ruth, hermana de la gerente de la tienda Melody, que ese tipo de gente tuviera un percance o hiciera alguna avería y la tienda cargar con el paquete, pues no, por eso tenemos escalones, ellos no pueden subir porque pueden hacer algo, o tienen un accidente y nosotros somos los del compromiso”.
Y agrega: “para ese tipo de gente se tiene la instrucción de manejarnos con cuidado, por ellos y por la tienda, es una política de los jefes”.
250 MIL TAMAULIPECOS, CON ALGUNA DISCAPACIDAD
Actualmente existen en Tamaulipas más de 250 mil personas con alguna discapacidad. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la entidad hay en promedio tres millones, 576 mil 411 habitantes, de ellos, el 1.9 por ciento sufre alguna discapacidad.
De las personas de 0 a 14 años, el 0.7 por ciento la sufre; de 15 a 29 años el 0.9 por ciento; de 30 a 59 años el 1.9 por ciento y de la población de más de 60 años el 11.2 por ciento.
De igual forma se precisa que en el país hay en total 10 millones de personas de todas las edades con alguna discapacidad y cerca de dos millones están en condiciones severas con respecto a dicha discapacidad.
Entre las y los niños de cero a 14 años, la principal causa de discapacidad se asocia al nacimiento y las que se originan en el periodo perinatal.
LO QUE DICE LA LEY
Según la ley, minusválida es toda persona con limitaciones para realizar por sí misma las actividades necesarias para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico; limitación que pudo provocarse por enfermedad, nacimiento o accidente.
El fomento de una cultura de respeto y atención a las personas con discapacidad ha dado ya sus frutos en la entidad: en Ciudad Victoria se tiene un Centro de Rehabilitación, el CREE, institución del DIF que otorga atención especializada en servicios de rehabilitación con programas específicos y tecnología de punta.
Tiene como objetivo central la rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva, lo que no sucede con doña Teresa Peredo.
“No tenemos idea de dónde acudir para que la agresión a mi mama no quede impune, no solo por ella, sino por todas las personas tienen el infortunio de ser discapacitadas y sin defensa posible reciben de la gente estas actitudes de desprecio”, dice Ana Patricia Silva Peredo.
Cd. Victoria, Méx., 22 nov 07 (CIMAC).- María Teresa Peredo se dirigió a la entrada de la Tienda Melody, empresa con más de 100 sucursales en todo el país, pero una empleada le dijo que no podía entrar porque era una minusválida y podía tirar la ropa o causar algún destrozo en la ropa exhibida.
“Después de perder mi pierna, dice María Teresa, la discriminación por estar en una silla de ruedas es de lo peor que me a pasado en la vida; una siempre escucha por todos lados que hay respeto para gente como yo, pero eso no lo conocen las trabajadoras de la Tienda de Ropa Melody, quienes no conformes con impedirme el ingreso, delante de mí les dijeron a mis hijas que como era discapacitada podía causar daño dentro de la tienda”.
A sus 66 años de edad, doña Teresa es una de las más de 250 mil personas en Tamaulipas que sufren discapacidad física. Ella perdió una de sus piernas hace cinco meses, luego de 25 años de padecer diabetes.
“Cuando se refirieron a mí con desprecio, mis hijas que me acompañaban tampoco salían del asombro, y es que no es lo mismo hablar de discapacidad y hacerlo en tercera persona que vivirlo, sufrirlo en carne propia. Cómo es posible que una tienda en donde se supone puede entrar todo el mundo a comprar ropa, solo por no tener una pierna se nos impida el paso”.
Es –dice-- la mayor tristeza, es como morirse un poco, sobre todo que a esta edad la vida es difícil. Hace cinco años mi esposo me abandonó, dejándome sin casa, sin pensión ni nada. De no ser por mis hijas, solo dios sabe qué sería de mí, porque mi marido no solo me abandono sino que se olvidó por completo de casi 40 años de matrimonio.
Y además de que “ya hace vida con otra mujer, no encuentro la forma de tomar posesión de la casa a la que tenemos derecho, por eso tengo que vivir con mis hijas, me siento una carga porque ellas tienen su vida hecha y sus responsabilidades, pero qué puedo hacer si dependo por completo de ellas… y por si fuera poco por no tener una pierna, por usar una silla de ruedas me discriminan, me tratan mal”.
“Y qué querían, dice Ruth, hermana de la gerente de la tienda Melody, que ese tipo de gente tuviera un percance o hiciera alguna avería y la tienda cargar con el paquete, pues no, por eso tenemos escalones, ellos no pueden subir porque pueden hacer algo, o tienen un accidente y nosotros somos los del compromiso”.
Y agrega: “para ese tipo de gente se tiene la instrucción de manejarnos con cuidado, por ellos y por la tienda, es una política de los jefes”.
250 MIL TAMAULIPECOS, CON ALGUNA DISCAPACIDAD
Actualmente existen en Tamaulipas más de 250 mil personas con alguna discapacidad. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la entidad hay en promedio tres millones, 576 mil 411 habitantes, de ellos, el 1.9 por ciento sufre alguna discapacidad.
De las personas de 0 a 14 años, el 0.7 por ciento la sufre; de 15 a 29 años el 0.9 por ciento; de 30 a 59 años el 1.9 por ciento y de la población de más de 60 años el 11.2 por ciento.
De igual forma se precisa que en el país hay en total 10 millones de personas de todas las edades con alguna discapacidad y cerca de dos millones están en condiciones severas con respecto a dicha discapacidad.
Entre las y los niños de cero a 14 años, la principal causa de discapacidad se asocia al nacimiento y las que se originan en el periodo perinatal.
LO QUE DICE LA LEY
Según la ley, minusválida es toda persona con limitaciones para realizar por sí misma las actividades necesarias para su normal desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico; limitación que pudo provocarse por enfermedad, nacimiento o accidente.
El fomento de una cultura de respeto y atención a las personas con discapacidad ha dado ya sus frutos en la entidad: en Ciudad Victoria se tiene un Centro de Rehabilitación, el CREE, institución del DIF que otorga atención especializada en servicios de rehabilitación con programas específicos y tecnología de punta.
Tiene como objetivo central la rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva, lo que no sucede con doña Teresa Peredo.
“No tenemos idea de dónde acudir para que la agresión a mi mama no quede impune, no solo por ella, sino por todas las personas tienen el infortunio de ser discapacitadas y sin defensa posible reciben de la gente estas actitudes de desprecio”, dice Ana Patricia Silva Peredo.
Pide Rosario a la CND se integre al Frente contra la Represión
Anuncia que promoverán amnistía general
México DF, 22 nov 07 (CIMAC).- En México se están generalizando “nuevas formas de tortura, que incluyen violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres”, señaló la senadora Rosario Ibarra de Piedra, durante su informe en la Convención Nacional Democrática (CND), el pasado 18 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México.
Al hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, denunció que al imponer la presencia del ejército en todas partes, Felipe Calderón busca acostumbrar a la población mexicana a su nuevo papel e intimidar la protesta social.
“Con la presencia del Ejército se solapan las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, como lo muestran los casos de Zongolica, los asesinatos en Sinaloa y Michoacán, las violaciones y humillaciones sexuales, como en Castaños, Coahuila, y de nuevo en Zongolica con la agresión a la señora Ernestina que continúa el maltrato a mujeres indígenas que ya habíamos visto en Chiapas y otros estados”.
Por eso, “hemos reclamado insistentemente en el Congreso que se elimine el llamado fuero de guerra”, dijo la luchadora social.
El gobierno usurpador, dijo Ibarra, está haciendo terrible daño en todos los terrenos de la vida del pueblo mexicano. Como se trata de un gobierno sin legitimidad, ha abierto un curso de represión y violación de derechos humanos muy grave, de enorme peligro.
EL CURSO DE LA REPRESIÓN
Este camino implica la militarización del país, explicó. Ante la falta de legitimidad, el usurpador (Felipe Calderón) saca a los soldados de los cuarteles para darles tareas de policías con el pretexto de la guerra al narcotráfico. Al imponer la presencia del ejército en todas partes, busca acostumbrar a la población a su nuevo papel e intimidar la protesta social.
También significa la generalización de nuevas formas de tortura, que incluye violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres que son hechos presos, como sucedió en Atenco y Oaxaca.
No se trata --aseguró Ibarra de Piedra-- de perversiones de policías o soldados como casos individuales, sino de una política en que se ofrece, en cada represión, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como hacen ejércitos de ocupación en otras partes del mundo.
“Este trato violatorio de los derechos de los presos políticos incluye el regreso a la práctica porfiriana del traslado de estos a cárceles lejanas que dificulten su defensa, como lo vimos en Oaxaca”.
PRISIÓN POLÍTICA Y DESAPARICIONES
Hay un incesante crecimiento del número de presos políticos, aseguró la Senadora. Se dice que hay ahora más presos políticos que en años terribles como el de 1969, inmediatamente después de la represión al movimiento del 68. Requerimos la ayuda de todos para completar un censo confiable del número de presos políticos y su situación en todo el país, dijo.
Asimismo, “regresa amenazante la práctica de la desaparición forzada de personas. En todos estos años no ha dejado de haber desaparecidos políticos y sigue sin hacerse justicia en cuanto al saldo mayor de desaparecidos de los años 70 y 80, pero en los últimos meses vemos la tendencia de volver a hacerlo, como una política general”.
Muestra de ello son las denuncias del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de la desaparición de dos de sus militantes desde hace meses o la desaparición de Francisco Paredes Ruiz en Morelia, Michoacán, a fines de septiembre.
LEGALIZAR LO ILEGAL
Hay un intento de legalizar lo ilegal, afirma Ibarra. Así como en Estados Unidos buscan justificar la tortura en Guantánamo o en Abu Grahib con reformas legales, en México los “traidores a la patria” también quieren restringir derechos.
“En abril pasado, aprobaron lo que se conoce como ley contra el terrorismo, copia del Patriot Act de Estados Unidos, que apunta a criminalizar la protesta social. Ahora mismo está a debate la llamada reforma judicial propuesta por el usurpador, con la que se que busca legalizar la intercepción telefónica, cateos y detenciones sin órdenes judiciales para ello y otras reformas que desconozcan derechos conquistados por el pueblo mexicano, incluido limitar el derecho de manifestación”.
Hay ataques también a las y los defensores de derechos humanos, señaló. Es decir, la represión no se limita ahora a los activistas, luchadores sociales o militantes de oposición o aquellos a los que las autoridades suponen que lo son, sino que también atacan ahora a defensores de derechos humanos y a los abogados de los presos, limitándoles sus derechos.
“La subordinación a la política de Estados Unidos por parte del gobierno usurpador también lleva a permitir la intromisión y actuación de fuerzas armadas y policíacas extranjeras en México, como se ha denunciado con motivo de la Iniciativa Mérida, el diseño un Plan México similar al Plan Colombia e incluso la actuación de agentes colombianos en suelo mexicano”.
Como consecuencia lógica de todo lo anterior, se mantiene la impunidad en crímenes políticos cometidos no sólo por el gobierno usurpador, sino por los crímenes pasados del priiato y que la derecha demagógicamente dijo que resolvería, recordó.
“Sigue la impunidad en cuanto al 2 de octubre, al 10 de junio, los desaparecidos de los 70 y 80, Acteal, El Charco, Aguas Blancas, el Bosque y muchos más casos de antes y ahora”.
FRENTE CONTRA LA REPRESIÓN
Ante la gravedad de esta situación –señaló la madre del desaparecido Jesús Piedra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años 70-- es que propusimos volver a crear un Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), como hicimos a fines de los 70.
Recordó que el pasado 2 de octubre formaron, con el apoyo de más de 100 organizaciones, entre ellas de la Coordinación de la Convención Nacional Democrática, el FNCR.
Estamos convencidos, afirmó, de que la posibilidad de poner un alto a la represión y violación a los derechos humanos depende de que logremos la unidad más amplia de todas las fuerzas sociales y políticas interesadas y evitar que cada quien siga luchando por separado por sus presos y en contra de la represión.
Por lo menos, afirmó Rosario Ibarra, eso nos dice la experiencia histórica, si recordamos que a fines de los años 70 conseguimos así una amnistía para más de mil 500 presos, la libertad de 148 desaparecidos, la cancelación dos mil de órdenes de aprehensión y el regreso de los exiliados.
La necesidad de unirse contra la represión es evidente, aseguró. Y explicó que el Frente Nacional Contra la Represión no pretende sustituir o suplantar a ninguna de las organizaciones existentes o espacios de coordinación; es la unificación en torno a objetivos muy precisos por la defensa de derechos humanos, que respeta la autonomía y práctica de todas las organizaciones integrantes, que no pretende tener una representación formal única o comité de comités, ni un código o estatuto de una nueva organización.
“Es un frente necesario de muchos que somos diferentes, pero que nos une la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la represión. Por eso necesitamos que la fuerza de la Convención Nacional Democrática se integre ahí y respalde también los esfuerzos del Frente Nacional Contra la Represión”.
Lo hacemos con el criterio de que los presos y desaparecidos de otros compañeros son también nuestros presos y desaparecidos. No hacemos exclusiones ni tenemos criterios sectarios que expresen que sólo luchamos por nuestros presos o hacemos un frente exclusivo de una fuerza política.
Por lo mismo el compromiso del FNCR es luchar contra toda forma de represión, venga de donde venga, de cualquier nivel de gobierno o de cualquier color político. Así como nos hemos manifestado contra la Policía Federal Preventiva (PFP) en Atenco o Oaxaca, contra el usurpador disfrazado ridículamente de militar, contra criminales como Luis Echeverría Álvarez, Ulises Ruiz, Peña Nieto o Mario Marín, lo hemos hecho también contra gobiernos como el de Chiapas o el de Zeferino Torreblanca en Guerrero, que ha reprimido a los estudiantes de Ayotzinapa y a los opositores a la presa en La Parota. Nuestro compromiso indeclinable es defender los derechos humanos, enfatizó.
AMNISTÍA GENERAL
Informó también que discuten la conveniencia de impulsar una amnistía general, por que en varios casos de presos políticos se han agotado las instancias legales en el reclamo de su libertad y la amnistía parece ser la única forma institucional para lograr su liberación.
Citó como ejemplo los casos de los Hermanos Cerezo o de las “brutales sentencias” a 67 años de cárcel para Ignacio del Valle y sus dos compañeros de Atenco.
“La amnistía –dijo-- no es un perdón ni el reconocimiento por parte de los presos de nada indigno, sino la respuesta política posible al reclamo justo de libertad a los presos políticos. No es simplemente una acción legislativa, sino que implicaría básicamente una campaña y lucha políticas.
TAREAS INMEDIATAS
Informó la activista por los derechos humanos que el 25 de noviembre, cuando se cumple un año de la brutal represión contra la APPO, celebrarán la segunda asamblea nacional del Frente Nacional Contra la Represión en Oaxaca. Ahí resolverán el nuevo plan de acción del frente y prepararán la gran movilización del 10 de diciembre, Día Universal de los derechos humanos, así como la Tercera asamblea nacional en la Ciudad de México.
Estoy convencida –dijo al final de su discurso, que no logró ser opacado por el inusual y persistente repiqueteo de las campanas de la Catedral Metropolitana-- que con el apoyo de la CND y Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la represión y por el respeto a los derechos humanos alcanzará un nivel superior y serán más fuertes los gritos que llamen a la movilización contra la represión y la libertad para los desaparecidos y los presos políticos.
México DF, 22 nov 07 (CIMAC).- En México se están generalizando “nuevas formas de tortura, que incluyen violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres”, señaló la senadora Rosario Ibarra de Piedra, durante su informe en la Convención Nacional Democrática (CND), el pasado 18 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México.
Al hablar sobre la situación de los derechos humanos en el país, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, denunció que al imponer la presencia del ejército en todas partes, Felipe Calderón busca acostumbrar a la población mexicana a su nuevo papel e intimidar la protesta social.
“Con la presencia del Ejército se solapan las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, como lo muestran los casos de Zongolica, los asesinatos en Sinaloa y Michoacán, las violaciones y humillaciones sexuales, como en Castaños, Coahuila, y de nuevo en Zongolica con la agresión a la señora Ernestina que continúa el maltrato a mujeres indígenas que ya habíamos visto en Chiapas y otros estados”.
Por eso, “hemos reclamado insistentemente en el Congreso que se elimine el llamado fuero de guerra”, dijo la luchadora social.
El gobierno usurpador, dijo Ibarra, está haciendo terrible daño en todos los terrenos de la vida del pueblo mexicano. Como se trata de un gobierno sin legitimidad, ha abierto un curso de represión y violación de derechos humanos muy grave, de enorme peligro.
EL CURSO DE LA REPRESIÓN
Este camino implica la militarización del país, explicó. Ante la falta de legitimidad, el usurpador (Felipe Calderón) saca a los soldados de los cuarteles para darles tareas de policías con el pretexto de la guerra al narcotráfico. Al imponer la presencia del ejército en todas partes, busca acostumbrar a la población a su nuevo papel e intimidar la protesta social.
También significa la generalización de nuevas formas de tortura, que incluye violaciones y humillaciones sexuales a mujeres y hombres que son hechos presos, como sucedió en Atenco y Oaxaca.
No se trata --aseguró Ibarra de Piedra-- de perversiones de policías o soldados como casos individuales, sino de una política en que se ofrece, en cada represión, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como hacen ejércitos de ocupación en otras partes del mundo.
“Este trato violatorio de los derechos de los presos políticos incluye el regreso a la práctica porfiriana del traslado de estos a cárceles lejanas que dificulten su defensa, como lo vimos en Oaxaca”.
PRISIÓN POLÍTICA Y DESAPARICIONES
Hay un incesante crecimiento del número de presos políticos, aseguró la Senadora. Se dice que hay ahora más presos políticos que en años terribles como el de 1969, inmediatamente después de la represión al movimiento del 68. Requerimos la ayuda de todos para completar un censo confiable del número de presos políticos y su situación en todo el país, dijo.
Asimismo, “regresa amenazante la práctica de la desaparición forzada de personas. En todos estos años no ha dejado de haber desaparecidos políticos y sigue sin hacerse justicia en cuanto al saldo mayor de desaparecidos de los años 70 y 80, pero en los últimos meses vemos la tendencia de volver a hacerlo, como una política general”.
Muestra de ello son las denuncias del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de la desaparición de dos de sus militantes desde hace meses o la desaparición de Francisco Paredes Ruiz en Morelia, Michoacán, a fines de septiembre.
LEGALIZAR LO ILEGAL
Hay un intento de legalizar lo ilegal, afirma Ibarra. Así como en Estados Unidos buscan justificar la tortura en Guantánamo o en Abu Grahib con reformas legales, en México los “traidores a la patria” también quieren restringir derechos.
“En abril pasado, aprobaron lo que se conoce como ley contra el terrorismo, copia del Patriot Act de Estados Unidos, que apunta a criminalizar la protesta social. Ahora mismo está a debate la llamada reforma judicial propuesta por el usurpador, con la que se que busca legalizar la intercepción telefónica, cateos y detenciones sin órdenes judiciales para ello y otras reformas que desconozcan derechos conquistados por el pueblo mexicano, incluido limitar el derecho de manifestación”.
Hay ataques también a las y los defensores de derechos humanos, señaló. Es decir, la represión no se limita ahora a los activistas, luchadores sociales o militantes de oposición o aquellos a los que las autoridades suponen que lo son, sino que también atacan ahora a defensores de derechos humanos y a los abogados de los presos, limitándoles sus derechos.
“La subordinación a la política de Estados Unidos por parte del gobierno usurpador también lleva a permitir la intromisión y actuación de fuerzas armadas y policíacas extranjeras en México, como se ha denunciado con motivo de la Iniciativa Mérida, el diseño un Plan México similar al Plan Colombia e incluso la actuación de agentes colombianos en suelo mexicano”.
Como consecuencia lógica de todo lo anterior, se mantiene la impunidad en crímenes políticos cometidos no sólo por el gobierno usurpador, sino por los crímenes pasados del priiato y que la derecha demagógicamente dijo que resolvería, recordó.
“Sigue la impunidad en cuanto al 2 de octubre, al 10 de junio, los desaparecidos de los 70 y 80, Acteal, El Charco, Aguas Blancas, el Bosque y muchos más casos de antes y ahora”.
FRENTE CONTRA LA REPRESIÓN
Ante la gravedad de esta situación –señaló la madre del desaparecido Jesús Piedra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años 70-- es que propusimos volver a crear un Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), como hicimos a fines de los 70.
Recordó que el pasado 2 de octubre formaron, con el apoyo de más de 100 organizaciones, entre ellas de la Coordinación de la Convención Nacional Democrática, el FNCR.
Estamos convencidos, afirmó, de que la posibilidad de poner un alto a la represión y violación a los derechos humanos depende de que logremos la unidad más amplia de todas las fuerzas sociales y políticas interesadas y evitar que cada quien siga luchando por separado por sus presos y en contra de la represión.
Por lo menos, afirmó Rosario Ibarra, eso nos dice la experiencia histórica, si recordamos que a fines de los años 70 conseguimos así una amnistía para más de mil 500 presos, la libertad de 148 desaparecidos, la cancelación dos mil de órdenes de aprehensión y el regreso de los exiliados.
La necesidad de unirse contra la represión es evidente, aseguró. Y explicó que el Frente Nacional Contra la Represión no pretende sustituir o suplantar a ninguna de las organizaciones existentes o espacios de coordinación; es la unificación en torno a objetivos muy precisos por la defensa de derechos humanos, que respeta la autonomía y práctica de todas las organizaciones integrantes, que no pretende tener una representación formal única o comité de comités, ni un código o estatuto de una nueva organización.
“Es un frente necesario de muchos que somos diferentes, pero que nos une la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la represión. Por eso necesitamos que la fuerza de la Convención Nacional Democrática se integre ahí y respalde también los esfuerzos del Frente Nacional Contra la Represión”.
Lo hacemos con el criterio de que los presos y desaparecidos de otros compañeros son también nuestros presos y desaparecidos. No hacemos exclusiones ni tenemos criterios sectarios que expresen que sólo luchamos por nuestros presos o hacemos un frente exclusivo de una fuerza política.
Por lo mismo el compromiso del FNCR es luchar contra toda forma de represión, venga de donde venga, de cualquier nivel de gobierno o de cualquier color político. Así como nos hemos manifestado contra la Policía Federal Preventiva (PFP) en Atenco o Oaxaca, contra el usurpador disfrazado ridículamente de militar, contra criminales como Luis Echeverría Álvarez, Ulises Ruiz, Peña Nieto o Mario Marín, lo hemos hecho también contra gobiernos como el de Chiapas o el de Zeferino Torreblanca en Guerrero, que ha reprimido a los estudiantes de Ayotzinapa y a los opositores a la presa en La Parota. Nuestro compromiso indeclinable es defender los derechos humanos, enfatizó.
AMNISTÍA GENERAL
Informó también que discuten la conveniencia de impulsar una amnistía general, por que en varios casos de presos políticos se han agotado las instancias legales en el reclamo de su libertad y la amnistía parece ser la única forma institucional para lograr su liberación.
Citó como ejemplo los casos de los Hermanos Cerezo o de las “brutales sentencias” a 67 años de cárcel para Ignacio del Valle y sus dos compañeros de Atenco.
“La amnistía –dijo-- no es un perdón ni el reconocimiento por parte de los presos de nada indigno, sino la respuesta política posible al reclamo justo de libertad a los presos políticos. No es simplemente una acción legislativa, sino que implicaría básicamente una campaña y lucha políticas.
TAREAS INMEDIATAS
Informó la activista por los derechos humanos que el 25 de noviembre, cuando se cumple un año de la brutal represión contra la APPO, celebrarán la segunda asamblea nacional del Frente Nacional Contra la Represión en Oaxaca. Ahí resolverán el nuevo plan de acción del frente y prepararán la gran movilización del 10 de diciembre, Día Universal de los derechos humanos, así como la Tercera asamblea nacional en la Ciudad de México.
Estoy convencida –dijo al final de su discurso, que no logró ser opacado por el inusual y persistente repiqueteo de las campanas de la Catedral Metropolitana-- que con el apoyo de la CND y Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la represión y por el respeto a los derechos humanos alcanzará un nivel superior y serán más fuertes los gritos que llamen a la movilización contra la represión y la libertad para los desaparecidos y los presos políticos.
Impunidad generalizada ante casos de violencia contra mujeres
Lourdes Godínez Leal
México DF, 22 nov 07 (CIMAC).- Por primera vez en México se realizó un diagnóstico sobre los derechos humanos de las mujeres, avalado por un organismo internacional como las Naciones Unidas (ONU), que en reiteradas ocasiones ha exigido al gobierno mexicano actuar con políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres y terminar con la impunidad en casos como Ciudad Juárez, Atenco y las violaciones sexuales cometidas por militares.
Así lo señaló la académica y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, quien refirió que el diagnóstico presentado ayer por el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, fue actualizado en el tema específico de derechos humanos de las mujeres y complementado con recomendaciones hechas por la misma ONU.
La feminista y ex legisladora agregó que el diagnóstico replantea casos de impunidad recientes de violencia contra las mujeres, como los sucesos de Atenco, el caso de Ernestina Ascencio en Veracruz, el de las menores de edad violadas por militares en Michoacán, el de Castaños, Coahuila, donde la constante ha sido la violencia feminicida y la institucional.
En todos ellos, además del irrespeto a los derechos humanos y al acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, prevalece la impunidad.
“Hay un gravísimo problema de impunidad generalizado en el país en los casos de atención a la violencia que viven las mujeres”, señaló Lagarde.
VIOLENCIA, MÁS ALLÁ DE LO FAMILIAR
Y es que el problema de la violencia contra las mujeres en el país es un fenómeno que no ha acabado de entenderse y al cual se le ha restado gravedad e importancia porque se insiste en ubicarlo como violencia familiar.
Por ello, cuando las mujeres acuden a denunciar ante las instituciones, éstas “desvalorizan” sus dichos y las discriminan, en particular, añadió Lagarde, las personas encargadas de impartir justicia.
De ahí que se impulsara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “que plantea una política de Estado para que asuma que es parte del problema y que puede empezar a ser parte de la solución”, siempre y cuando se reforme a sí mismo, a sus instituciones y la política del Gobierno federal, local y municipal.
La académica enfatizó la necesidad de contar con una política para prevenir la violencia de género, ya que actualmente no hay ninguna y por ello destaca que la columna vertebral de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la prevención.
E insistió en las otras formas de violencia: la cotidiana, la pública, la que las mujeres padecen en la calle, en el transporte público, la escolar dirigida contra niñas, jóvenes y universitarias en los centros educativos por ser mujeres, la violencia de las comunidades sobre las mujeres.
MIRADA CRÍTICA A LA LEY
Cuestionada sobre las leyes para vivir sin violencia que se están trabajando en las entidades federativas a partir de la Ley General, la feminista enfatizó: “cada quien ha interpretado la Ley General de acuerdo con sus propias convicciones” y afirmó que algunos estados no han respetado el sentido que tiene como sujetas de derecho a las mujeres.
“En algunos lugares querían cambiarlo, finalmente se ha logrado mantener esta perspectiva en todas las leyes aprobadas”.
Aún más, en muchos lugares, aseveró la feminista, ni han leído la Ley, ni la conocen “y se ponen a trabajarla sin tener conocimientos con perspectiva de género”, lo que ha provocado que se tenga la “falsa idea” de que se avanza en las leyes que hay de violencia familiar.
No es así, ya que la violencia familiar, sentenció Lagarde y de los Ríos, queda contemplada en la Ley, por lo que compete a la violencia contra las mujeres, pero aquí avanzamos mucho más.
NUMERALIA
-- El 67 por ciento de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia.
-- La violencia de pareja ha crecido en los últimos 17 años hasta 72 por ciento.
-- En una década, no ha habido ningún cambio legislativo en las entidades federativas en el tema de violencia de género.
México DF, 22 nov 07 (CIMAC).- Por primera vez en México se realizó un diagnóstico sobre los derechos humanos de las mujeres, avalado por un organismo internacional como las Naciones Unidas (ONU), que en reiteradas ocasiones ha exigido al gobierno mexicano actuar con políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres y terminar con la impunidad en casos como Ciudad Juárez, Atenco y las violaciones sexuales cometidas por militares.
Así lo señaló la académica y feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, quien refirió que el diagnóstico presentado ayer por el representante en México de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, fue actualizado en el tema específico de derechos humanos de las mujeres y complementado con recomendaciones hechas por la misma ONU.
La feminista y ex legisladora agregó que el diagnóstico replantea casos de impunidad recientes de violencia contra las mujeres, como los sucesos de Atenco, el caso de Ernestina Ascencio en Veracruz, el de las menores de edad violadas por militares en Michoacán, el de Castaños, Coahuila, donde la constante ha sido la violencia feminicida y la institucional.
En todos ellos, además del irrespeto a los derechos humanos y al acceso a la justicia de los familiares de las víctimas, prevalece la impunidad.
“Hay un gravísimo problema de impunidad generalizado en el país en los casos de atención a la violencia que viven las mujeres”, señaló Lagarde.
VIOLENCIA, MÁS ALLÁ DE LO FAMILIAR
Y es que el problema de la violencia contra las mujeres en el país es un fenómeno que no ha acabado de entenderse y al cual se le ha restado gravedad e importancia porque se insiste en ubicarlo como violencia familiar.
Por ello, cuando las mujeres acuden a denunciar ante las instituciones, éstas “desvalorizan” sus dichos y las discriminan, en particular, añadió Lagarde, las personas encargadas de impartir justicia.
De ahí que se impulsara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “que plantea una política de Estado para que asuma que es parte del problema y que puede empezar a ser parte de la solución”, siempre y cuando se reforme a sí mismo, a sus instituciones y la política del Gobierno federal, local y municipal.
La académica enfatizó la necesidad de contar con una política para prevenir la violencia de género, ya que actualmente no hay ninguna y por ello destaca que la columna vertebral de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la prevención.
E insistió en las otras formas de violencia: la cotidiana, la pública, la que las mujeres padecen en la calle, en el transporte público, la escolar dirigida contra niñas, jóvenes y universitarias en los centros educativos por ser mujeres, la violencia de las comunidades sobre las mujeres.
MIRADA CRÍTICA A LA LEY
Cuestionada sobre las leyes para vivir sin violencia que se están trabajando en las entidades federativas a partir de la Ley General, la feminista enfatizó: “cada quien ha interpretado la Ley General de acuerdo con sus propias convicciones” y afirmó que algunos estados no han respetado el sentido que tiene como sujetas de derecho a las mujeres.
“En algunos lugares querían cambiarlo, finalmente se ha logrado mantener esta perspectiva en todas las leyes aprobadas”.
Aún más, en muchos lugares, aseveró la feminista, ni han leído la Ley, ni la conocen “y se ponen a trabajarla sin tener conocimientos con perspectiva de género”, lo que ha provocado que se tenga la “falsa idea” de que se avanza en las leyes que hay de violencia familiar.
No es así, ya que la violencia familiar, sentenció Lagarde y de los Ríos, queda contemplada en la Ley, por lo que compete a la violencia contra las mujeres, pero aquí avanzamos mucho más.
NUMERALIA
-- El 67 por ciento de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia.
-- La violencia de pareja ha crecido en los últimos 17 años hasta 72 por ciento.
-- En una década, no ha habido ningún cambio legislativo en las entidades federativas en el tema de violencia de género.
No a la Violencia: “Los medios de comunicación deben hacer visible la violencia de género”
Artemisa
En ocasión de recordarse el próximo 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, PAR, Periodistas de Argentina en Red - Por una comunicación no sexista, convocó a los medios de comunicación nacionales a visibilizar la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y en el mundo.
En ocasión de recordarse el próximo 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, PAR, Periodistas de Argentina en Red - Por una comunicación no sexista, convocó a los medios de comunicación nacionales a visibilizar la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y en el mundo.
“Las agresiones y los feminicidios aparecen cada vez más en sus agendas periodísticas, pero como simples datos sueltos y no como oportunidades de análisis y reflexión para combatir la violencia hacia las mujeres.
Los medios masivos de comunicación tienen la responsabilidad de “examinar las consecuencias de los estereotipos basados en el género, incluidos los que se perpetúan en los avisos comerciales que promueven la violencia y las desigualdades basadas en el género, así como también la manera en que se transmiten durante el ciclo vital, y a que adopten medidas para eliminar esas imágenes negativas con miras a promover una sociedad sin violencia” (Plataforma de Beijing); por otra parte, como espacios de poder, pueden instar a los gobiernos a tomar medidas efectivas para proteger y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres” expresa la red de periodistas.
De esta manera, PAR se suma al conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos dispuestas a luchar para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
PAR es una red nacional que nuclea a más de 70 periodistas de todo el país que trabajan por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la recuperación de la memoria histórica de las mujeres y por espacios políticos de construcción colectiva.
En ocasión de recordarse el próximo 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, PAR, Periodistas de Argentina en Red - Por una comunicación no sexista, convocó a los medios de comunicación nacionales a visibilizar la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y en el mundo.
En ocasión de recordarse el próximo 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, PAR, Periodistas de Argentina en Red - Por una comunicación no sexista, convocó a los medios de comunicación nacionales a visibilizar la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y en el mundo.
“Las agresiones y los feminicidios aparecen cada vez más en sus agendas periodísticas, pero como simples datos sueltos y no como oportunidades de análisis y reflexión para combatir la violencia hacia las mujeres.
Los medios masivos de comunicación tienen la responsabilidad de “examinar las consecuencias de los estereotipos basados en el género, incluidos los que se perpetúan en los avisos comerciales que promueven la violencia y las desigualdades basadas en el género, así como también la manera en que se transmiten durante el ciclo vital, y a que adopten medidas para eliminar esas imágenes negativas con miras a promover una sociedad sin violencia” (Plataforma de Beijing); por otra parte, como espacios de poder, pueden instar a los gobiernos a tomar medidas efectivas para proteger y prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres” expresa la red de periodistas.
De esta manera, PAR se suma al conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos dispuestas a luchar para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
PAR es una red nacional que nuclea a más de 70 periodistas de todo el país que trabajan por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, la recuperación de la memoria histórica de las mujeres y por espacios políticos de construcción colectiva.
Cortina de humo
A cuatro días de que jerarcas de la Iglesia Católica decidieran cerrará la Catedral Metropolitana, luego del ingreso al recinto de “asistentes” a la Convención Nacional Democrática, el pasado 18 de noviembre, será hasta hoy cuando podría determinarse una fecha precisa para la reapertura del recinto. (NTX)
“Ya basta de actos de provocación en Catedral, y mucho más: ya basta de querer vincular artificialmente al PRD en estos actos”, sentenció tajante Acosta Naranjo tras presentar la denuncia penal perredista. (NTX)
* El repique de las campanas de la Catedral Metropolitana, el domingo pasado, durante la Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática, para desviar complemente la atención sobre lo que aconteció ese día en la plancha del Zócalo capitalino, denuncia Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México
* Arquidiócesis de México y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentan denuncia penal por la irrupción violenta de un grupo de personas a la Catedral Metropolitana el pasado domingo / El Sol Azteca NO permitirá que ese tipo de actos sean utilizados para atacar al instituto político
* Millonario plan de seguridad para el templo católico / Hoy se decide cuándo se abrirían sus puertas
MEXICO, D.F., 21 de noviembre (LA JORNADA/APRO/UNIVERSAL/NTX).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, consideró que el repique de las campanas de la Catedral Metropolitana, el domingo pasado, durante la Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática es una cortina de humo creada por “nuestros adversarios” para “desviar complemente la atención” sobre lo que aconteció ese día en la plancha del Zócalo capitalino.
En entrevista con Radio UNAM, el ex candidato presidencial rechazó que la senadora Rosario Ibarra haya incitado, ese domingo, a la “violencia o algo parecido” mediante su discurso.
“Eso nunca lo haría ella; al contrario, ella siempre ha luchado por la paz, buscado la justicia, es una mujer con profundas convicciones, no tiene una doble moral”, aseguró.
Mientras, la Arquidiócesis de México y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron esta tarde una denuncia penal por la irrupción violenta de un grupo de personas a la Catedral metropolitana el domingo anterior.
Las averiguaciones previas fueron levantadas ante la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2, revelaron autoridades de la Procuraduría capitalina.
En representación del Sol Azteca acudió su secretario general, Guadalupe Acosta Naranjo, y por la Arquidiócesis se presentó Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos.
La irrupción se dio el domingo anterior, cuando un grupo de supuestos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador ingresó por la fuerza a la Catedral, alegando que el repique de las campanas interrumpía un acto político que desarrollaban en la explanada del Zócalo.
El PRD exigió un alto definitivo a las irrupciones en la Catedral Metropolitana y no permitirá que ese tipo de actos sean utilizados para atacar a este instituto político, afirmó el Secretario General del CEN, Guadalupe Acosta Naranjo, luego de presentar ante la PGJDF una denuncia de hechos para que se investigue el incidente del pasado domingo 19.
Así, en un hecho sin precedentes, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó este miércoles una denuncia “de hechos” -que podría derivar contra sus propios militantes-, por “violación a garantías constitucionales, interrupción del culto y daños en propiedad ajena” contra quien resulte responsable por los hechos del domingo pasado en la Catedral.
“Es la mejor manera de que el PRD deje perfectamente claro que no tiene participación alguna en eventos que lastimen a la Iglesia Católica ni a ninguna religión y por lo tanto, que esta es la mejor manera de resolver este problema”, dijo el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo al salir de las instalaciones judiciales.
De descubrirse perredistas involucrados en la incitación a la violencia podrían ser objeto de expulsión, advirtió.
La denuncia fue presentada luego de una serie de consultas con el líder nacional de ese partido, Leonel Cota, y con el líder de los diputados federales perredistas, Javier González Garza.
“Ya basta de actos de provocación en Catedral, y mucho más: ya basta de querer vincular artificialmente al PRD en estos actos”, sentenció tajante tras asegurar no conocer a ninguna de las personas que aparecen en los videos y en las fotos que han aparecido en los medios de comunicación. Guadalupe Acosta Naranjo, en su calidad de secretario general del PRD, acudió con el abogado de la Catedral Metropolitana, a la séptima Agencia del Ministerio Público para presentar denuncias por separado sobre los hechos del 17 de noviembre y pedir una investigación formal, lo que constituye otro hecho inédito.
Acosta Naranjo aseguró también haber sometio a consulta esta decisión con el abogado del Gobierno Legítimo Francisco Ortiz Pinchetti, así como con el dirigente del Movimiento de Resistencia Pacífica, Gerardo Fernández Noroña, y luego del diálogo sostenido con representantes de la Catedral el martes por la noche.
Mientras, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, consideró suficiente el dispositivo de seguridad para la Catedral Metropolitana implementado por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) para que las autoridades eclesiásticas reabran el recinto religioso y consideró “totalmente carentes de fundamento” las acusaciones de la misma Iglesia católica en contra de Rosario Ibarra de Piedra.
Sobre las condiciones que exigieron las autoridades de la Catedral para reabrir el recinto y el atrio, dijo que por parte del Gobierno de la ciudad habrá la garantía de libertad de cultos, la SSP-DF ya hizo de su conocimiento las medidas que comenzaron a implementarse desde el pasado lunes para proteger a la feligresía y evitar incidentes “y desde mi punto de vista no hay ya ninguna justificación para que se interrumpan las celebraciones religiosas que tienen lugar en Catedral”.
Y para Carlos Monsiváis, los lugares que para un grupo son espacios de lo sagrado tienen que respetarse, pero tampoco es posible la “incriminación gratuita”, como lo están haciendo autoridades del clero en contra de Rosario Ibarra de Piedra.
Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal presentó hoy a la jerarquía católica el proyecto de seguridad para la Catedral Metropolitana, que contempla la instalación de 30 cámaras de video en el interior y exterior del recinto, con un costo de más de cinco millones de pesos.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, sostuvo que con este proyecto están dadas las condiciones en el recinto para que se reabran sus puertas, luego de la irrupción el domingo pasado de presuntos perredistas, en protesta por el repique inusual de las campanas del templo.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal entregó en la sede de la Arquidiócesis Primada de México una carta, a través de la cual explicó su estrategia de seguridad para la Catedral Metropolitana.
El proyecto para reforzar la seguridad en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México contempla la instalación de 30 cámaras de vigilancia, 20 al interior y 10 en el exterior del templo, 80 detectores de humo y sonido, así como una guardia las 24 horas con 37 policías, para lo que se requiere una inversión de cinco millones de pesos.
Joel Ortega Cuevas, secretario de Seguridad Pública local, informó que la propuesta del gobierno central cuenta con el aval del Cardenal Norberto Carrera Rivera pues se trata de un sistema similar al que funciona en la Basílica de Guadalupe.
A cuatro días de que jerarcas de la Iglesia Católica decidieran cerrará la Catedral Metropolitana, luego del ingreso al recinto de asistentes a la Convención Nacional Democrática, el pasado 18 de noviembre, será hasta este jueves cuando podría determinarse una fecha precisa para la reapertura del recinto, toda vez que los ocho obispos auxiliares que integran el consejo episcopal de la Arquidiócesis de México deberán analizar “con calma” la propuesta presentada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) para aplicar un programa de seguridad al interior y exterior del inmueble.
“Ya basta de actos de provocación en Catedral, y mucho más: ya basta de querer vincular artificialmente al PRD en estos actos”, sentenció tajante Acosta Naranjo tras presentar la denuncia penal perredista. (NTX)
* El repique de las campanas de la Catedral Metropolitana, el domingo pasado, durante la Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática, para desviar complemente la atención sobre lo que aconteció ese día en la plancha del Zócalo capitalino, denuncia Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México
* Arquidiócesis de México y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentan denuncia penal por la irrupción violenta de un grupo de personas a la Catedral Metropolitana el pasado domingo / El Sol Azteca NO permitirá que ese tipo de actos sean utilizados para atacar al instituto político
* Millonario plan de seguridad para el templo católico / Hoy se decide cuándo se abrirían sus puertas
MEXICO, D.F., 21 de noviembre (LA JORNADA/APRO/UNIVERSAL/NTX).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, consideró que el repique de las campanas de la Catedral Metropolitana, el domingo pasado, durante la Tercera Asamblea de la Convención Nacional Democrática es una cortina de humo creada por “nuestros adversarios” para “desviar complemente la atención” sobre lo que aconteció ese día en la plancha del Zócalo capitalino.
En entrevista con Radio UNAM, el ex candidato presidencial rechazó que la senadora Rosario Ibarra haya incitado, ese domingo, a la “violencia o algo parecido” mediante su discurso.
“Eso nunca lo haría ella; al contrario, ella siempre ha luchado por la paz, buscado la justicia, es una mujer con profundas convicciones, no tiene una doble moral”, aseguró.
Mientras, la Arquidiócesis de México y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron esta tarde una denuncia penal por la irrupción violenta de un grupo de personas a la Catedral metropolitana el domingo anterior.
Las averiguaciones previas fueron levantadas ante la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2, revelaron autoridades de la Procuraduría capitalina.
En representación del Sol Azteca acudió su secretario general, Guadalupe Acosta Naranjo, y por la Arquidiócesis se presentó Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos.
La irrupción se dio el domingo anterior, cuando un grupo de supuestos simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador ingresó por la fuerza a la Catedral, alegando que el repique de las campanas interrumpía un acto político que desarrollaban en la explanada del Zócalo.
El PRD exigió un alto definitivo a las irrupciones en la Catedral Metropolitana y no permitirá que ese tipo de actos sean utilizados para atacar a este instituto político, afirmó el Secretario General del CEN, Guadalupe Acosta Naranjo, luego de presentar ante la PGJDF una denuncia de hechos para que se investigue el incidente del pasado domingo 19.
Así, en un hecho sin precedentes, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó este miércoles una denuncia “de hechos” -que podría derivar contra sus propios militantes-, por “violación a garantías constitucionales, interrupción del culto y daños en propiedad ajena” contra quien resulte responsable por los hechos del domingo pasado en la Catedral.
“Es la mejor manera de que el PRD deje perfectamente claro que no tiene participación alguna en eventos que lastimen a la Iglesia Católica ni a ninguna religión y por lo tanto, que esta es la mejor manera de resolver este problema”, dijo el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo al salir de las instalaciones judiciales.
De descubrirse perredistas involucrados en la incitación a la violencia podrían ser objeto de expulsión, advirtió.
La denuncia fue presentada luego de una serie de consultas con el líder nacional de ese partido, Leonel Cota, y con el líder de los diputados federales perredistas, Javier González Garza.
“Ya basta de actos de provocación en Catedral, y mucho más: ya basta de querer vincular artificialmente al PRD en estos actos”, sentenció tajante tras asegurar no conocer a ninguna de las personas que aparecen en los videos y en las fotos que han aparecido en los medios de comunicación. Guadalupe Acosta Naranjo, en su calidad de secretario general del PRD, acudió con el abogado de la Catedral Metropolitana, a la séptima Agencia del Ministerio Público para presentar denuncias por separado sobre los hechos del 17 de noviembre y pedir una investigación formal, lo que constituye otro hecho inédito.
Acosta Naranjo aseguró también haber sometio a consulta esta decisión con el abogado del Gobierno Legítimo Francisco Ortiz Pinchetti, así como con el dirigente del Movimiento de Resistencia Pacífica, Gerardo Fernández Noroña, y luego del diálogo sostenido con representantes de la Catedral el martes por la noche.
Mientras, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, consideró suficiente el dispositivo de seguridad para la Catedral Metropolitana implementado por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) para que las autoridades eclesiásticas reabran el recinto religioso y consideró “totalmente carentes de fundamento” las acusaciones de la misma Iglesia católica en contra de Rosario Ibarra de Piedra.
Sobre las condiciones que exigieron las autoridades de la Catedral para reabrir el recinto y el atrio, dijo que por parte del Gobierno de la ciudad habrá la garantía de libertad de cultos, la SSP-DF ya hizo de su conocimiento las medidas que comenzaron a implementarse desde el pasado lunes para proteger a la feligresía y evitar incidentes “y desde mi punto de vista no hay ya ninguna justificación para que se interrumpan las celebraciones religiosas que tienen lugar en Catedral”.
Y para Carlos Monsiváis, los lugares que para un grupo son espacios de lo sagrado tienen que respetarse, pero tampoco es posible la “incriminación gratuita”, como lo están haciendo autoridades del clero en contra de Rosario Ibarra de Piedra.
Mientras, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal presentó hoy a la jerarquía católica el proyecto de seguridad para la Catedral Metropolitana, que contempla la instalación de 30 cámaras de video en el interior y exterior del recinto, con un costo de más de cinco millones de pesos.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, sostuvo que con este proyecto están dadas las condiciones en el recinto para que se reabran sus puertas, luego de la irrupción el domingo pasado de presuntos perredistas, en protesta por el repique inusual de las campanas del templo.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal entregó en la sede de la Arquidiócesis Primada de México una carta, a través de la cual explicó su estrategia de seguridad para la Catedral Metropolitana.
El proyecto para reforzar la seguridad en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México contempla la instalación de 30 cámaras de vigilancia, 20 al interior y 10 en el exterior del templo, 80 detectores de humo y sonido, así como una guardia las 24 horas con 37 policías, para lo que se requiere una inversión de cinco millones de pesos.
Joel Ortega Cuevas, secretario de Seguridad Pública local, informó que la propuesta del gobierno central cuenta con el aval del Cardenal Norberto Carrera Rivera pues se trata de un sistema similar al que funciona en la Basílica de Guadalupe.
A cuatro días de que jerarcas de la Iglesia Católica decidieran cerrará la Catedral Metropolitana, luego del ingreso al recinto de asistentes a la Convención Nacional Democrática, el pasado 18 de noviembre, será hasta este jueves cuando podría determinarse una fecha precisa para la reapertura del recinto, toda vez que los ocho obispos auxiliares que integran el consejo episcopal de la Arquidiócesis de México deberán analizar “con calma” la propuesta presentada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) para aplicar un programa de seguridad al interior y exterior del inmueble.
Los ricos despojan de sus tierras a ex ejidatarios de Yucatán
Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. La detención y arraigo penal del ex director de la Cousey, Carlos Guzmán Alcocer, puso al descubierto un gran fraude al patrimonio estatal por más de 500 millones de pesos, y que durante la gubernatura de Patricio Patrón Laviada se despojó de sus tierras a cientos de campesinos para beneficiar a empresarios, intermediarios y colaboradores del ex mandatario panista. Los abusos contra agricultores derivaron en la estafa de 300 hectáreas del ejido Chablekal, poblado cercano a Mérida, donde se construye un lujoso complejo con campo de golf, viviendas, tiendas departamentales y otras comodidades de primer mundo, entre ellas un helipuerto. El Partido Acción Nacional (PAN) y el ex gobernador dicen ser víctimas de una “cacería de brujas”, y Guzmán Alcocer dice ser un “preso político”. La gobernadora priísta, Ivonne Ortega, respondió: “El ex funcionario que trabajó bien no tiene nada qué temer; el que causó daño recibirá el peso de la ley”.
2. Lo condenable sería que las investigaciones (tal como sucedió durante todo el sexenio del gobierno de Fox) no llegaran al fondo y sólo se convirtiera esto en otra más, de las mil una “llamaradas de petate”. En México la gente se ríe y se burla de estas “investigaciones” porque todas terminan en acuerdos “tras bambalinas”, es decir, en diálogos de políticos donde se intercambian favores. Por ejemplo: Calderón ordena a un miembro de su gabinete reunirse con la gobernadora para ofrecerle algunos millones para construir alguna obra notable o para asegurarle el “triunfo de sus candidatos priístas” en las próximas elecciones. No hay nada en lo que no puedan llegar a acuerdos el PRI y el PAN. ¿Puede acaso olvidar el PRI que Calderón apoyó con todas sus fuerzas a los gobernadores priístas de Oaxaca y de Puebla? Ni Fox y Patrón Laviada podrán ir a la cárcel, a pesar de que gobernaron en beneficio de sus familiares y amigos.
3. Pero el despojo de tierras que hoy sale a la luz es sólo uno de tantos que se han registrado en los alrededores de Mérida, la ciudad capital de Yucatán. El gobierno yucateco de Patrón Laviada despojó hace dos años de más de 1500 hectáreas a los ex ejidatarios de Hunucmá, Caucel, Oxcum con el pretexto (imitando a su jefe Fox) de construir un aeropuerto. (Fox, en 2001, quiso hacer un enorme negocio multimillonario expropiando miles de hectáreas a la población de San Salvador Atenco, Estado de México y sus alrededores, con el objetivo de construir un aeropuerto. Ofrecía unos cuantos centavos por metro cuadrado creyendo que los humildes campesinos rápidamente aceptarían algunos miles de pesos. Los atenquenses respondieron defendiendo sus tierras, diciendo que nos las vendían por ningún precio porque son herencia de sus abuelos y debe quedar como patrimonio de sus hijos.)
4. Mérida, como dirían por allí, es “la joya de la corona”. Mérida cuenta con 900 mil habitantes, mientras las otras ciudades y poblaciones de Yucatán (las más habitadas) apenas llegan a 60 mil. En Mérida (la ciudad colonial, pero desde fines del siglo XIX con arquitectura predominantemente porfiriana, en “la blanca”, pero injusta ciudad) se concentra toda la clase política, empresarial, la alta jerarquía clerical, los profesionistas y universitarios, viviendo en el Norte (precisamente por el rumbo del principal puerto: Progreso) con enormes mansiones, grandes avenidas, plazas comerciales y centro de diversión. Pero es al mismo tiempo Mérida es la ciudad de más de 500 mil pobres y miserables que viven en el sur, oriente y poniente de la capital en viviendas deficientes, calles descuidadas, carente de suficientes parques e inadecuados servicios. Pero no importa, el turismo sólo lo pasean por el norte de Mérida y se va a la playa.
5. En la historia de Yucatán se han registrado muchos despojos de tierras. Los propietarios originales fueron los mayas, quienes cultivaron sus tierras de manera colectiva. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, con el dominio de los españoles, comenzaron a crearse los latifundios privados y, asimismo, surgió el primer gran despojo: los españoles y criollos se adjudicaron gigantescas extensiones de tierras que fueron convirtiendo en encomiendas con mano de obra esclava, estancias y haciendas maicero/ganaderas. Durante 300 años los mayas, antiguos propietarios, fueron sometidos sin piedad. Pero a mediados del siglo XIX, con la Independencia de México y la aparición comercial del henequén, los hijos y nietos de aquellos españoles y criollos que seguían siendo dueños de haciendas ganaderas, fueron transformando sus fincas en henequeneras porque ya los EEUU se habían convertido en el gran mercado de la fibra.
6. Las haciendas ubicadas en el territorio del estado de Yucatán, según la investigadora García Bernal, por su número, se ubicaban en los siguientes municipios según el censo de 1862: Mérida tenía 264 haciendas, Izamal 242, Motul 203, Maxcanú 98, Ticul 76, Tekax 52, Espita 42, Sotuta 34, Valladolid 22, Tizimín 7 y Peto 2. Eran en total 1042. El 84 por ciento tenía menos de 100 habitantes; el 11.5 % entre 101 a 200 habitantes; el 2.1 % de 301 a 400 habitantes y el 2 % restante más de 400 habitantes. (Ver mi libro: Las Haciendas Henequeneras a través de la Historia, Premio Ensayo, del Instituto de Cultura de Yucatán, 2005) Como podrá verse en el municipio de Mérida se registraba el mayor número de haciendas y la ciudad estaba rodeada por esas extensas fincas en propiedad privada. Comenzarán a perder poder después que se introdujo la Revolución a Yucatán y al decretarse, en 1937, su expropiación por la reforma agraria cardenista.
7. Fue en esta última fecha cuando los campesinos mayas al fin recuperaron las tres cuartas partes de las tierras de las haciendas, mismas que fueron convertidas en ejidos colectivos. Durante 40 años (1937/77) los dueños de los ejidos (los campesinos) dependieron de la producción, desfibración, industrialización y comercio del henequén, pero a partir de fines de los setenta con la continuidad de la corrupción gubernamental institucionalizada, el desplome de los precios y la introducción de la fibra sintética, vino el desplome y los ejidatarios fueron abandonando sus ejidos. Desde años antes se registró compras de tierras ilegales, pero a partir de 1992, con la contrarreforma agraria salinista, se autorizó la venta de las tierras colectivas a particulares. Mérida, rodeada por miles de hectáreas de tierras ejidales de miles de campesinos ex ejidatarios, se convirtió en el centro más ambicionado de los más poderosos “compradores o despojadores de tierras.
8. Los gobiernos priístas siempre fueron muy corruptos, pero en 2001 se hizo de la gubernatura el panista Patricio Patrón Laviada. Siete meses antes el PAN se había convertido en gobierno nacional con Vicente Fox. Pues ambos gobernantes, incluso muy parecidos en orígenes, estatura física e ignorancia política, en lugar de demostrar que eran superiores en honestidad y buen gobierno, resultaron igual o más corruptos que los gobiernos del PRI. En el congreso nacional de diputados se ha formado una segunda gran comisión para investigar a Fox y sus familiares porque la primera comisión fue bloqueada y “no pudo hacer nada”. En el caso de Yucatán se ha iniciado la investigación contra la corrupción del gobernador y los miembros de su gabinete. La realidad es que el pueblo se ríe y se burla. Sabe que todos los partidos están mamando de la ubre del presupuesto y no quieren dejar de hacerlo. ¿Será otro engaño más?
Rebelión
1. La detención y arraigo penal del ex director de la Cousey, Carlos Guzmán Alcocer, puso al descubierto un gran fraude al patrimonio estatal por más de 500 millones de pesos, y que durante la gubernatura de Patricio Patrón Laviada se despojó de sus tierras a cientos de campesinos para beneficiar a empresarios, intermediarios y colaboradores del ex mandatario panista. Los abusos contra agricultores derivaron en la estafa de 300 hectáreas del ejido Chablekal, poblado cercano a Mérida, donde se construye un lujoso complejo con campo de golf, viviendas, tiendas departamentales y otras comodidades de primer mundo, entre ellas un helipuerto. El Partido Acción Nacional (PAN) y el ex gobernador dicen ser víctimas de una “cacería de brujas”, y Guzmán Alcocer dice ser un “preso político”. La gobernadora priísta, Ivonne Ortega, respondió: “El ex funcionario que trabajó bien no tiene nada qué temer; el que causó daño recibirá el peso de la ley”.
2. Lo condenable sería que las investigaciones (tal como sucedió durante todo el sexenio del gobierno de Fox) no llegaran al fondo y sólo se convirtiera esto en otra más, de las mil una “llamaradas de petate”. En México la gente se ríe y se burla de estas “investigaciones” porque todas terminan en acuerdos “tras bambalinas”, es decir, en diálogos de políticos donde se intercambian favores. Por ejemplo: Calderón ordena a un miembro de su gabinete reunirse con la gobernadora para ofrecerle algunos millones para construir alguna obra notable o para asegurarle el “triunfo de sus candidatos priístas” en las próximas elecciones. No hay nada en lo que no puedan llegar a acuerdos el PRI y el PAN. ¿Puede acaso olvidar el PRI que Calderón apoyó con todas sus fuerzas a los gobernadores priístas de Oaxaca y de Puebla? Ni Fox y Patrón Laviada podrán ir a la cárcel, a pesar de que gobernaron en beneficio de sus familiares y amigos.
3. Pero el despojo de tierras que hoy sale a la luz es sólo uno de tantos que se han registrado en los alrededores de Mérida, la ciudad capital de Yucatán. El gobierno yucateco de Patrón Laviada despojó hace dos años de más de 1500 hectáreas a los ex ejidatarios de Hunucmá, Caucel, Oxcum con el pretexto (imitando a su jefe Fox) de construir un aeropuerto. (Fox, en 2001, quiso hacer un enorme negocio multimillonario expropiando miles de hectáreas a la población de San Salvador Atenco, Estado de México y sus alrededores, con el objetivo de construir un aeropuerto. Ofrecía unos cuantos centavos por metro cuadrado creyendo que los humildes campesinos rápidamente aceptarían algunos miles de pesos. Los atenquenses respondieron defendiendo sus tierras, diciendo que nos las vendían por ningún precio porque son herencia de sus abuelos y debe quedar como patrimonio de sus hijos.)
4. Mérida, como dirían por allí, es “la joya de la corona”. Mérida cuenta con 900 mil habitantes, mientras las otras ciudades y poblaciones de Yucatán (las más habitadas) apenas llegan a 60 mil. En Mérida (la ciudad colonial, pero desde fines del siglo XIX con arquitectura predominantemente porfiriana, en “la blanca”, pero injusta ciudad) se concentra toda la clase política, empresarial, la alta jerarquía clerical, los profesionistas y universitarios, viviendo en el Norte (precisamente por el rumbo del principal puerto: Progreso) con enormes mansiones, grandes avenidas, plazas comerciales y centro de diversión. Pero es al mismo tiempo Mérida es la ciudad de más de 500 mil pobres y miserables que viven en el sur, oriente y poniente de la capital en viviendas deficientes, calles descuidadas, carente de suficientes parques e inadecuados servicios. Pero no importa, el turismo sólo lo pasean por el norte de Mérida y se va a la playa.
5. En la historia de Yucatán se han registrado muchos despojos de tierras. Los propietarios originales fueron los mayas, quienes cultivaron sus tierras de manera colectiva. Sin embargo, a mediados del siglo XVI, con el dominio de los españoles, comenzaron a crearse los latifundios privados y, asimismo, surgió el primer gran despojo: los españoles y criollos se adjudicaron gigantescas extensiones de tierras que fueron convirtiendo en encomiendas con mano de obra esclava, estancias y haciendas maicero/ganaderas. Durante 300 años los mayas, antiguos propietarios, fueron sometidos sin piedad. Pero a mediados del siglo XIX, con la Independencia de México y la aparición comercial del henequén, los hijos y nietos de aquellos españoles y criollos que seguían siendo dueños de haciendas ganaderas, fueron transformando sus fincas en henequeneras porque ya los EEUU se habían convertido en el gran mercado de la fibra.
6. Las haciendas ubicadas en el territorio del estado de Yucatán, según la investigadora García Bernal, por su número, se ubicaban en los siguientes municipios según el censo de 1862: Mérida tenía 264 haciendas, Izamal 242, Motul 203, Maxcanú 98, Ticul 76, Tekax 52, Espita 42, Sotuta 34, Valladolid 22, Tizimín 7 y Peto 2. Eran en total 1042. El 84 por ciento tenía menos de 100 habitantes; el 11.5 % entre 101 a 200 habitantes; el 2.1 % de 301 a 400 habitantes y el 2 % restante más de 400 habitantes. (Ver mi libro: Las Haciendas Henequeneras a través de la Historia, Premio Ensayo, del Instituto de Cultura de Yucatán, 2005) Como podrá verse en el municipio de Mérida se registraba el mayor número de haciendas y la ciudad estaba rodeada por esas extensas fincas en propiedad privada. Comenzarán a perder poder después que se introdujo la Revolución a Yucatán y al decretarse, en 1937, su expropiación por la reforma agraria cardenista.
7. Fue en esta última fecha cuando los campesinos mayas al fin recuperaron las tres cuartas partes de las tierras de las haciendas, mismas que fueron convertidas en ejidos colectivos. Durante 40 años (1937/77) los dueños de los ejidos (los campesinos) dependieron de la producción, desfibración, industrialización y comercio del henequén, pero a partir de fines de los setenta con la continuidad de la corrupción gubernamental institucionalizada, el desplome de los precios y la introducción de la fibra sintética, vino el desplome y los ejidatarios fueron abandonando sus ejidos. Desde años antes se registró compras de tierras ilegales, pero a partir de 1992, con la contrarreforma agraria salinista, se autorizó la venta de las tierras colectivas a particulares. Mérida, rodeada por miles de hectáreas de tierras ejidales de miles de campesinos ex ejidatarios, se convirtió en el centro más ambicionado de los más poderosos “compradores o despojadores de tierras.
8. Los gobiernos priístas siempre fueron muy corruptos, pero en 2001 se hizo de la gubernatura el panista Patricio Patrón Laviada. Siete meses antes el PAN se había convertido en gobierno nacional con Vicente Fox. Pues ambos gobernantes, incluso muy parecidos en orígenes, estatura física e ignorancia política, en lugar de demostrar que eran superiores en honestidad y buen gobierno, resultaron igual o más corruptos que los gobiernos del PRI. En el congreso nacional de diputados se ha formado una segunda gran comisión para investigar a Fox y sus familiares porque la primera comisión fue bloqueada y “no pudo hacer nada”. En el caso de Yucatán se ha iniciado la investigación contra la corrupción del gobernador y los miembros de su gabinete. La realidad es que el pueblo se ríe y se burla. Sabe que todos los partidos están mamando de la ubre del presupuesto y no quieren dejar de hacerlo. ¿Será otro engaño más?
Recorrerá Hidalgo y Baja California Sur
Durante las asambleas informativas Hidalgo y Baja California Sur, López Obrador pedirá a los habitantes de las 18 alcaldías que organicen círculos de reflexión y análisis, así como recojan propuestas de acciones para iniciar la resistencia civil pacífica contra la privatización del petróleo, que es el patrimonio de todos los mexicanos.
* A partir de hoy hasta el 25 de noviembre, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrerá 18 municipios de Hidalgo y Baja California Sur
* Llamará al Pueblo iniciar una campaña nacional de información, poblado por poblado, casa por casa, para impedir la entrega del petróleo a extranjeros
* Pedirá a la gente organizar círculos de análisis y recoger propuestas para iniciar la resistencia civil pacífica contra la privatización del hidrocarburo
MEXICO, D.F., 21 de noviembre.- Del 22 al 25 de noviembre, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrerá 18 municipios de Hidalgo y Baja California Sur, donde convocará a las personas a iniciar una campaña nacional de información, pueblo por pueblo, casa por casa, para impedir la entrega del petróleo a extranjeros.
En las asambleas informativas, López Obrador pedirá a los habitantes de las 18 alcaldías que organicen círculos de reflexión y análisis, así como recojan propuestas de acciones para iniciar la resistencia civil pacífica contra la privatización del petróleo, que es el patrimonio de todos los mexicanos.
Para el jueves, 22 de noviembre, el Presidente Legítimo de México tiene previsto convivir con los habitantes de los municipios: Tepeji de Ocampo, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tetepango, Ajacuba, Tlahuelilpan, pertenecientes al estado de Hidalgo.
Ante los hidalguenses, Andrés Manuel López Obrador explicará que la resistencia civil pacífica para evitar la entrega el petróleo debe basarse en tres criterios básicos: la no violencia, el no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación.
Detallará que se integró la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo para organizar el proceso de defensa del hidrocarburo que es integrada por Ifigenia Martínez, Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Rosalinda López, Bertha Maldonado y Alfredo Jalife.
El viernes, 23 de noviembre, López Obrador visitará las comunidades de Hidalgo: Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Progreso, Tetapetepec, San Salvador y Actopan.
Ante la gente, adelantará que si el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón, decide privatizar el petróleo, llamará “con carácter urgente a los mexicanos a emprender de inmediato una movilización nacional contra la entrega del petróleo”.
Para el 24 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador sostendrá diálogos de ida y vuelta con los habitantes de los municipios de Baja California Sur: Santa Rosalía, Loreto y Ciudad Constitución.
Desde esta región, el Presidente Legítimo de los Mexicanos informará que acudirá a las instancias internacionales para exigir que se castigue a los responsables y se reparen los daños a los damnificados por las inundaciones registradas en Tabasco.
En el último día de gira de trabajo, López Obrador visitará a los habitantes de San José del Cabo y La Paz, pertenecientes a Baja California Sur. Desde aquí, pedirá que los mexicanos sigan apoyando al pueblo tabasqueño que todavía se encuentra en una situación de desdicha.
* A partir de hoy hasta el 25 de noviembre, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrerá 18 municipios de Hidalgo y Baja California Sur
* Llamará al Pueblo iniciar una campaña nacional de información, poblado por poblado, casa por casa, para impedir la entrega del petróleo a extranjeros
* Pedirá a la gente organizar círculos de análisis y recoger propuestas para iniciar la resistencia civil pacífica contra la privatización del hidrocarburo
MEXICO, D.F., 21 de noviembre.- Del 22 al 25 de noviembre, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, recorrerá 18 municipios de Hidalgo y Baja California Sur, donde convocará a las personas a iniciar una campaña nacional de información, pueblo por pueblo, casa por casa, para impedir la entrega del petróleo a extranjeros.
En las asambleas informativas, López Obrador pedirá a los habitantes de las 18 alcaldías que organicen círculos de reflexión y análisis, así como recojan propuestas de acciones para iniciar la resistencia civil pacífica contra la privatización del petróleo, que es el patrimonio de todos los mexicanos.
Para el jueves, 22 de noviembre, el Presidente Legítimo de México tiene previsto convivir con los habitantes de los municipios: Tepeji de Ocampo, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tetepango, Ajacuba, Tlahuelilpan, pertenecientes al estado de Hidalgo.
Ante los hidalguenses, Andrés Manuel López Obrador explicará que la resistencia civil pacífica para evitar la entrega el petróleo debe basarse en tres criterios básicos: la no violencia, el no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación.
Detallará que se integró la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo para organizar el proceso de defensa del hidrocarburo que es integrada por Ifigenia Martínez, Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Rosalinda López, Bertha Maldonado y Alfredo Jalife.
El viernes, 23 de noviembre, López Obrador visitará las comunidades de Hidalgo: Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Progreso, Tetapetepec, San Salvador y Actopan.
Ante la gente, adelantará que si el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón, decide privatizar el petróleo, llamará “con carácter urgente a los mexicanos a emprender de inmediato una movilización nacional contra la entrega del petróleo”.
Para el 24 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador sostendrá diálogos de ida y vuelta con los habitantes de los municipios de Baja California Sur: Santa Rosalía, Loreto y Ciudad Constitución.
Desde esta región, el Presidente Legítimo de los Mexicanos informará que acudirá a las instancias internacionales para exigir que se castigue a los responsables y se reparen los daños a los damnificados por las inundaciones registradas en Tabasco.
En el último día de gira de trabajo, López Obrador visitará a los habitantes de San José del Cabo y La Paz, pertenecientes a Baja California Sur. Desde aquí, pedirá que los mexicanos sigan apoyando al pueblo tabasqueño que todavía se encuentra en una situación de desdicha.
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