Frida Guerrera

Represion en Guadalajara dic2007



YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA

VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA

Temor por la seguridad / amenazas de muerte



AU 327/07 MËXICO Nancy Mota Figueroa


Nancy Mota Figueroa, dirigente de una organización de mujeres de Oaxaca y activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue secuestrada brevemente el 2 de diciembre por dos desconocidos armados que la interrogaron sobre otros activistas de la APPO, la amenazaron con matarla y violarla y le dijeron que podía volver a ser secuestrada. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de esta mujer.

Según su propio relato, Nancy Mota caminaba por una calle de Oaxaca cuando un todoterreno con cristales tintados y sin placas de matrícula se detuvo junto a ella. De él salieron dos hombres con el rostro cubierto que la obligaron a entrar en el vehículo y le vendaron los ojos. El trapo que utilizaron estaba impregnado de un líquido que le irritó los ojos.

Según su testimonio, mientras el vehículo circulaba por las calles de Oaxaca, los dos hombres la interrogaron sobre otros activistas de la APPO, algunos de los cuales están detenidos. La obligaron a poner la cabeza entre las rodillas, y luego le tiraron del pelo y la apuntaron con dos armas a la cabeza. Ella les oyó apretar el gatillo y decir que iban a disparar. Le dijeron que cesara en su activismo o que, de lo contrario, la secuestrarían de nuevo y la violarían. Además, la golpearon en el estómago. La tuvieron retenida durante una hora, y luego la dejaron en libertad en una parcela vacía cerca del centro de la ciudad, con la advertencia de que podía volver a ser secuestrada. Según los informes, los secuestradores se descargaron además todos los números de teléfono que tenía guardados en su teléfono móvil.

Nancy Mota presentó una denuncia en la Procuraduría General del estado de Oaxaca, y ha hablado de su secuestro en una conferencia de prensa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En junio de 2006, estalló en Oaxaca un conflicto político y social tras una huelga de maestros que terminó por convertirse en un amplio movimiento social, encabezado por la APPO, que pedía la dimisión del gobernador. Durante las protestas, las autoridades municipales, estatales y federales fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos. Algunos manifestantes cometieron asimismo delitos. Los partidarios del movimiento de oposición han sido repetidamente blanco de detenciones y acoso, y se han presentado contra ellos cargos penales falsos (véase AU 92/07, AMR 41/017/2007, del 19 de abril de 2007, y el informe Oaxaca: Clamor por la justicia, AMR 41/031/2007, del 31 de julio de 2007). Los responsables todavía no han comparecido ante la justicia, pese a las numerosas denuncias tanto estatales como federales.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

- expresando preocupación por los informes que indican que Nancy Mota Figueroa, activista política y social y en favor de los derechos de las mujeres, fue secuestrada y amenazada en Oaxaca el 2 de diciembre por unos desconocidos armados;
- expresando preocupación por que otros activistas políticos y sociales de Oaxaca, especialmente los que colaboran con la APPO, pueden correr peligro de sufrir un trato similar;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que se lleva a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el secuestro, los malos tratos y las amenazas contra Nancy Mota, y que se lleva a los responsables ante la justicia;
- instando a las autoridades a garantizar que Nancy Mota recibe protección, conforme a sus propios deseos.

LLAMAMIENTOS A:

Francisco Javier Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación, Secretaría de Gobernación
Bucareli No. 99, Edificio Cobián, 1er piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario

Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec, Oaxaca C.P. 71254, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 502 0530 (si responde una voz, digan: "me da tono de fax, por favor")
Correo-e.: gobernador@oaxaca.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, Avenida Luis Echeverría s/n, Col. La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca C.P. 71236, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 511 5519
Tratamiento: Estimado Procurador

COPIA A:

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, 5º piso, Col. San Jerónimo Lídice, México D.F. 10200, MÉXICO
Correo-e.: correo@fmdh.cndh.org.mx

Liga Mexicana por la Defensa de derechos humanos – Filial Oaxaca
Calle Murguía no. 600, Col. Centro, Oaxaca, Estado de Oaxaca, CP. 68000, MÉXICO

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 25 de enero de 2008.



YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
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Minimiza Gobernación lucha social en mensaje al EPR

México D.F., 10 de diciembre de 2007 (Cencos).- Para la Secretaría de Gobernación (SG) la guerra sucia contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es un invento del grupo opositor, minimizando la desaparición de dos ciudadanos mexicanos, actos que denuncian diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.

El EPR en su último comunicado del 3 de diciembre, en el que el grupo armado anuncia el último comunicado del Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) señala que ?ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular

En un texto del 7 de diciembre pasado que responde al último comunicado eperrista, la SG envía un mensaje desafortunado a los luchadores sociales.

En el documento descalifica las acciones que emprenden luchadores sociales al afirmar que algunas organizaciones consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan las leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos y agrega desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes es represión.

De forma simplista, sostiene que sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado criminaliza a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia.

Diversas organizaciones como AMARC, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación entre otros, han manifestado su preocupación ante la creciente criminalización de los movimientos sociales que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón en el marco del programa de seguridad nacional en el que se preparan reformas al Código Penal para ilegalizar la protesta social.

En la práctica, el gobierno federal está imponiendo la militarización del país, como la Iniciativa Mérida que contempla miles de millones de dólares para seguridad, el control de fronteras, el espionaje a la ciudadanía detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada.

Hostigamiento y desaparición a defensores de derechos humanos y luchadores sociales como los ataque e intimidación a integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en la región de Venustiano Carranza, Chiapas por elementos del Ejercito en agosto; del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas en octubre; de la red Todos los derechos para todas y todos, en Guerrero en noviembre, así como a Libertad de Información-México Asociación Civil (LIMAC) en Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California, perpetrado en su domicilio ubicado en Tijuana en noviembre, entre otros muchos más.

Todo lo anterior en el marco de reformas jurídicas para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y sus derivados, que en la práctica pueden ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales, como lo advierte el colectivo Frente Nacional contra la Represión y en Defensa de los Derechos Humanos, que nace ante las condiciones de incertidumbre similares a las de las décadas de 1960--70 del siglo pasado.

Asimismo la SG reduce --en su mensaje al EPR-- las demandas sociales al estado de derecho al que esta obligado a atender, olvidando el origen de las demandas ciudadanas como en el caso de los mismos eperristas desaparecidos que la secretaría a cargo de Francisco Ramírez Acuña dice estar investigando desde el 11 de julio pasado, cuando la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa y el Ejecutivo instruyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a colaborar para esclarecer el paradero de los dos eperristas.

El texto de la SG dice que México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley, sin embargo la represión en Oaxaca, en San Salvador Atenco, el caso paradigmático de los hermanos Cereso, el intento de imposición de megaproyectos como la hidroeléctrica de La Parota en Guerrero, la expulsión de campesinos indígenas tzeltzales de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano en Chiapas, son una muestra de la falta de voluntad política para el diálogo del gobierno panista de Felipe Calderón.

El Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles que entró en vigor en marzo de 1976, al que México se adhirió y lo ratificó el 23 de marzo de 1981, por lo que está obligado a cumplir y vigilar, establece en su artículo 9:

1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta

2.- Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

En el artículo 18 estipula:

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

Artículo 19:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Artículo 21:

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Cencos lamenta el tono que ha tomado la Secretaría de Gobernación y las señales que envía a las organizaciones sociales del país que, aunque no se justifica la vía armada para resolver conflictos, tampoco se justifican las descalificaciones a priori que hace de la lucha social y ciudadana a favor de la participación, condición básica en un estado democrático.

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VERONICA VILLALVAZO
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ACCION URGENTE: Detención arbitraria de Rafael Humberto GAMBOA MOGUEL

ACCION URGENTE: Detención arbitraria de Rafael Humberto GAMBOA MOGUEL en el plantón de denuncia e información frente a las instalaciones de la policía meridana. Recibidos



Mandar Comunicaciones en español, en inglés o en su propio idioma. A los fax y correos electrónicos con la clave AU- 031-2007 – YUCATAN a:

felipe.calderon@presidencia.gob.mx, frjramirez@segob.gob.mx, ofproc@pgr.gob.mx, atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx, opinion@merida.gob.mx, atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx , codhey@prodigy.net.mx, cdhyucatan@prodigy.net.mx, cdhey@prodigy.net.mx, correo@fmdh.cndh.org.mx , respeleta@segob.gob.mx, mlgutierrezo@segob.gob.mx, emilio.gamboa@congreso.gob.mx, screel@senado.gob.mx, tb-petitions@ohchr.org , oacnudh@hchr.org.mx, cidhoea@oas.org , appeals@fidh-omct.org, ahurt@amnesty.org



Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países. Con copia: enlace.limeddh@gmail.com, elrebelde@riseup.net

2005-2015 "Década de lucha contra la impunidad"


AU- 031-2007 –YUCATAN

ACCION URGENTE: Detención arbitraria de Rafael Humberto GAMBOA MOGUEL en el plantón de denuncia e información frente a las instalaciones de la policía meridana.

México, Distrito Federal a 10 de diciembre de 2007.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa Lic. Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la República Secretario de Gobernación

Lic. Eduardo Medina Mora Lic. Ivonne Ortega Pacheco

Procurador General de la República Gobernadora del Estado de Yucatán



Lic. José Guzmán Pacheco Lic. César Bojórquez
Procurador del Estado de Yucatán Presidente Municipal de Mérida

Lic. Rolando Zapata Bello Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Secretario General de Gobierno Presidente de la CODHEY

Lic. José Luis Soberanes Fernández Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Presidente de la CNDH Unidad de Derechos Humanos SEGOB

Dip. Emilio Gamboa Patrón Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados Política de la Cámara de Senadores

Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU

Sr. Amerigo Incalcaterra,
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité Cerezo, La Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con el respaldo de las organizaciones que abajo suscriben, con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la Detención arbitraria de Rafael Humberto GAMBOA MOGUEL en el plantón de denuncia e información frente a las instalaciones de la policía meridana.

HECHOS

El domingo 09 de diciembre de 2007, a las 10:15 a.m., fue arbitraria e ilegalmente detenido Rafael Humberto GAMBOA MOGUEL, cuando se realizaba un plantón de denuncia e información frente a las instalaciones de la policía meridana (en la calle 57 entre 52 y 54 del centro de Mérida, Yucatán), dónde un grupo de ciudadanos manifestaban su repudio a la violencia represiva de la policía municipal de Mérida, y en especial del Director de ésta, el veterinario Francisco CALERO REYES, quien se negó a aceptar la recomendación 19 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (http://www.codhey.org/Rec19_2007.htm), que señala a la policía estatal y municipal como violadora de derechos humanos de los jóvenes reprimidos el pasado 13 de marzo en la plaza principal de Mérida.


En la esquina de la calle 57 con 52, a más de 50 metros de la puerta principal de la corporación policiaca, diez minutos después de que un individuo no identificado detonó un petardo (conocido localmente como "paloma"), de las que sólo provocan ruido y que tanto se usan por toda la ciudad y por todo Yucatán en fiestas de todo tipo, incluso religiosas. Unos 12 policías municipales salieron intempestivamente, encabezados por el propio director de la policía municipal de Mérida, CALERO REYES, señalando y responsabilizando a Rafael GAMBOA como responsable de la detonación. Por lo cual lo acorralaron, golpearon, lastimaron y detuvieron en un desplante excesivo de fuerza y arrogancia policial, al tiempo que dos comandantes y el propio director, quien lo golpeó, inmovilizó y esposó, afirmaron "ya nos la debías", ante la sorpresa e indignación de los demás ciudadanos que participaban en el plantón y otros que pasaban por el lugar. Rafael GAMBOA fue violentamente introducido a las instalaciones policiacas municipales como si fuera un peligroso delincuente que acababa de cometer un grave delito.


Posteriormente el Dr. Eulogio Pérez, representante estatal de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. – Limeddh - , presente en el lugar y el momento de los hechos, entró a intentar dialogar con el director de la policía municipal de Mérida, CALERO REYES, para externarle la indignación ante la abusiva y arbitraria detención y ante la actitud de no aceptar la recomendación referida. Se topó con la cerrazón de dicho funcionario público, quien con toda arrogancia, alejada de cualquier norma de cortesía y buen trato que todo funcionario público debe, por ley y por elemental ética, dispensar a los ciudadanos, afirmó que lo de la recomendación lo estaban analizando en el jurídico de la corporación y que el detenido Rafael GAMBOA sería consignado ante la Procuraduría General de Justicia de Yucatán con cargos de terrorismo y daños en propiedad ajena, evidentemente inventados y fabricados con torpeza y burda precipitación. Incluso el detenido fue incomunicado, ya que no se le permitió que un abogado defensor de su confianza lo entrevistara y asistiera. Sólo permitieron que lo entrevistara un visitador de la CODHEY. Fue consignado ante la procuraduría estatal hasta las 05 p.m., después de retenerlo incomunicado indebida e ilegalmente casi 7 horas. Se ha promovido un amparo ante un juez federal denunciando todas las ilegalidades del caso. Esperemos se respete el recurso y se retorne a la legalidad pisoteada por la policía meridana.

Este incidente que culmina con una arbitraria detención, demuestra la vocación y actitud ilegal y represiva de la policía municipal y sus principales mandos, parte de la cúpula panista que mal gobierna la ciudad y el municipio de Mérida, quienes actuaron en forma revanchista y en venganza, aprovechando un incidente menor para justificar su desmesura, ante la molestia que el plantón de denuncia e información les causaba, violentando gravemente las leyes, las garantías ciudadanas y sus obligaciones como autoridades y funcionarios públicos.


Exigimos la liberación inmediata e incondicional de Rafael Humberto Gamboa Moguel, que se le pidan públicas disculpas y se le repare el daño físico y moral causado, que se investigue a fondo de manera independiente, con una comisión ciudadana fuera de toda sospecha de parcialidad y/o partidismo, se deslinden rigurosamente las responsabilidades correspondientes por la detención, los golpes, los malos tratos y degradantes, la incomunicación, la retención en las instalaciones policiacas y la consignación, se aplique la ley y sean sancionados los policías, comandantes y el director policiaco que actuaron arbitrariamente, de manera desmedida y abusiva.

Consideramos que este hecho se suma a las provocaciones implementadas por el Gobierno Estatal en contra de los movimientos sociales además es un signo ominoso de un Gobierno que ante la incapacidad del diálogo recurre una vez más al uso de métodos intimidatorios.

So pretexto de la mágica canalización del "desorden social", el gobierno mexicano impone en el estado yucateco una política que agudiza los enfrentamientos y la polarización en lugar de alivianarlos. Recordamos que es obligación del estado mantener la paz social del país siempre con la utilización del dialogo, y no utilizando métodos estratégicos de intimidación y castigo en contra de la población.

Recordamos que es un derecho constitucional de los familiares constituir un plantón, organizar mítines y marchas pacificas y que es responsabilidad de las autoridades la seguridad de todas las personas.



Por lo anterior solicitamos:



i. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica de Rafael Humberto GAMBOA MOGUEL así como de sus familiares.

ii. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

iii. Que se informe oficialmente de las acciones tomadas hacia los detenidos(as) por parte de las autoridades.

iv. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.

v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México, especialmente los compromisos en materia de derechos de las mujeres.

vi. Que la CNDH, con base en sus atribuciones y facultades, actúe en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos que trascienden el ámbito del estado de Oaxaca y son de interés nacional e internacional.

ATENTAMENTE

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

¡Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

Kolectivo El Rebelde



Dr. Adrián Ramírez López; Presidente



Dr. Eulogio Pérez; Representante de la Limeddh. Filial Yucatán





Mandar Comunicaciones en español, en inglés o en su propio idioma. A los fax y correos electrónicos con la clave AU- 031-2007 – YUCATAN a:



Felipe de Jesús CALDERÓN HINOJOSA
Presidente de la Republica
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña,
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO
Fax: +52 55 53 46 09 08 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
ofproc@pgr.gob.mx

Lic. Ivonne Ortega Pacheco
Gobernadora del Estado de Yucatán
atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx

Lic. César Bojórquez
Presidente municipal de Mérida
opinion@merida.gob.mx

Lic. José Guzmán Pacheco
Procurador del Estado de Yucatán
atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx

Lic. Rolando Zapata Bello
Secretario General de Gobierno
atencion.ciudadana@yucatan.gob.mx

Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
codhey@prodigy.net.mx
cdhyucatan@prodigy.net.mx
cdhey@prodigy.net.mx

Dr. José Luís Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, México, D.F.
Tel: 631 00 40, 6 81 81 25, Fax: 56 81 84 90, Lada sin costo: 01 800 00 8
correo@fmdh.cndh.org.mx


Estuardo Mario Bermúdez Molina
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
respeleta@segob.gob.mx
mlgutierrezo@segob.gob.mx


Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza
CP, 15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx

Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx

Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org

Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Tel. y fax: FIDH: + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
Appeals@fidh-omct.org

Ana Hurt
Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
ahurt@amnesty.org



Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países. Con copia: enlace.limeddh@gmail.com, elrebelde@riseup.net







AREA DE ENLACE - COMUNICACION
Una llama encendida por los Derechos de los pueblos!
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos,
la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y está asociada a
Trabajar Juntos por los Derechos Humanos.

Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)




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VERONICA VILLALVAZO
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Informe. OAXACA: Democracia Simulada. Eleccions y conflicto social en Oaxaca durante 2007

“Tenemos que decir: ‘¡Ya basta!’ Porque el pueblo ha demostrado su valentía

durante mucho tiempo, durante meses, durante un año. Por qué ahora,

en estas elecciones no lo pudimos demostrar?” (Estela Ríos)


Durante varios meses del presente año, Peace Watch Switzerland y Servicios para una Educación Alternativa EDUCA ac, hicieron un monitoreo sobre los derechos civiles y políticos, informe que fue presentado, el fin de el cual indica una ves más que los derechos humanos, son violentados en Oaxaca constantemente, incluido el momento en el que aparentemente la gente elige a sus gobernantes.
En Oaxaca durante los meses pasados del 2007 a la dinámica de la crisis sociopolítica no resuelta, se agregó la de un proceso electoral. Sobre estos dos ejes un grupo de trabajo integrado por las organizaciones Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) y Peace Watch Suiza (PWS), se dio a la tarea de realizar un proyecto de monitoreo para investigar y analizar la situación de los derechos civiles y políticos y ubicar en este contexto el proceso electoral 2007. El presente informe “Oaxaca: Democracia simulada, elecciones y conflicto social durante 2007” es resultado de esta misión. El periodo de observación comprende de julio a noviembre. Partiendo del reconocimiento de las principales violaciones a los derechos civiles y políticos el documento retoma los rezagos que enfrentan a nivel nacional y en Oaxaca. Estudia la realidad oaxaqueña, la grave situación de violencia política que enfrenta el estado, la persistencia de la crisis política y las elecciones 2007, destacando el contexto institucional en que se desarrollan. Analiza y valora el proceso electoral con las dos jornadas de las elecciones de diputados y de ayuntamientos. En el apartado sobre Perspectivas coloca una serie de reflexiones más amplias sobre la crisis política, el movimiento social, la construcción de ciudadanía y el respeto a los derechos humanos.
Resumiendo, observamos que con los resultados del proceso electoral se comprueba la profundización de la crisis política. En sus manifestaciones saca a la luz el hartazgo por el autoritarismo gobernante, la descomposición o ausencia de una cultura política, la falta de credibilidad hacia el sistema político y los partidos, el juego perverso de los candidatos para mantenerse en el grupo de poder. El abstencionismo en la elección de diputados da poca legitimidad al nuevo Congreso; el partido del gobierno, el PRI, tiene la mayoría absoluta pero con una votación del diecisiete por ciento del total del electorado. Sus viejas prácticas de compra, coacción y manipulación en las elecciones ayudaron a que la mayor parte de la población que elige a sus autoridades por el sistema de partidos políticos, tendrá ayuntamientos priístas para el periodo de 2008-2012. La crisis persiste. El conflicto social está presente; el movimiento con el magisterio y la APPO sigue protestando contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y por la liberación de los presos políticos, castigo a los culpables, y exigiendo reformas fundamentales. La respuesta del gobernador sigue siendo el autoritarismo y uso de fuerza pública como respuesta al conflicto. El clima de inseguridad se ha recrudecido por la lucha supuestamente contra el crimen organizado. La total impunidad de los agentes del estado se perpetúa y mantiene un clima de violencia institucional que deja en total desamparo los derechos humanos.Es urgente una Reforma de Estado de fondo, abrir canales a la participación ciudadana y vías de diálogo para la superación de la crisis, así también continuar construyendo ciudadanías conscientes más allá de acciones políticas coyunturales.


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Despiden a periodista asesinado

Fuente: Redacción/Cambio de Michoacán Grecia Ponce | Marco Antonio Duarte
Lunes 10 de Diciembre de 2007

Uruapan | Morelia

Los deudos reclamaron justicia en medio de los operativos inoperantes que tanto lucen en la propaganda gubernamental
Ni siquiera un cielo azul sin tacha y el sol de esta ciudad de primavera perenne lograron disipar las sombras del miedo y la impotencia, cuando el cuerpo del joven reportero Gerardo García Pimentel quedó cubierto de tierra, de flores y lágrimas. Los restos mortales descansarán, pero no así sus amigos, compañeros y familiares, quienes quedaron sepultados bajo el pavor fundamentado.
De todos modos y aún cuando fueron reportados desaparecidos el primo y el hermano del periodista asesinado, Carlos García Pimentel y Mario García, respectivamente, los deudos reclamaron justicia en medio de las lápidas de la impunidad, los epitafios de violencia y los operativos inoperantes que tanto lucen en la propaganda gubernamental.
Gerardo García Pimentel, quien estaba proyectando su primer libro sobre cultura y tradición, quien llegaba cantando a la redacción y quien recibió más de 20 tiros de armas de alto poder, fue despedido con aplausos y miles de interrogantes.
Desde poco antes de las 14:00 horas, los deudos: familiares, amigos y trabajadores de los medios de comunicación, partieron en cortejo fúnebre desde la casa familiar del abatido. Todos se dirigieron a la parroquia de la Sagrada Familia, frente al camposanto municipal, en donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente.
Ahí, el sacerdote Serafín Peñarán Zepeda pidió a los presentes orar no sólo por «el hermano muerto, sino porque los que están en el gobierno de la nación promuevan la justicia y la paz».
Luego los dolientes salieron del templo y el ataúd fue acompañado de pancartas que pedían el esclarecimiento del caso a Felipe Calderón, al gobernador Lázaro Cárdenas y al procurador de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Los reporteros lucían desencajados y nadie negaba su miedo, ante las cartulinas que decían «la pluma no mata». Muchos confesaban su deseo de escribir sociales, aunque también agregaban que cubrir esa fuente no garantizaba la seguridad para informar.
Y es que aunque varios comunicadores han recibido anónimos con amenazas, el temor esta vez tuvo como base descargas de plomo y la sangre que manchó un sábado en el antiguamente pacífico barrio de San Juan Quemado.
En el cementerio, una de las parientes del finado perdió el sentido y nada consolaba a don Juan, el padre de Gerardo, a su madre doña Carmen y a la prometida con quien iba a casarse el próximo sábado 15.
Al final Gerardo quedó solo en su tumba, con la promesa de la vida eterna, mientras que los demás partieron condenados a quedar peor que muertos, porque de ahora en adelante vivirán con miedo.


La PGJE declaró a familiares


La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) declaró ya a familiares de Gerardo Israel García Pimentel, reportero del diario La Opinión de Michoacán, del municipio de Uruapan, quien fuera ejecutado por dos presuntos sicarios el pasado sábado.
Sin embargo, hasta anoche la PGJE no había detenido a ningún sospechoso, pero se espera que las investigaciones que realiza un grupo especial de la Policía Ministerial permitan el pronto esclarecimiento del crimen.
Personal del diario calificaron como una persona «noble» al comunicador, cuya muerte extrañó al medio periodístico toda vez que se desempeñaba en la fuente agropecuaria, en trabajos sobre el fruto del aguacate, ajeno siempre a temas de seguridad.
No obstante, directivos del periódico afirmaron que el ahora extinto sí cubría guardias en la fuente de policiaca, pero con una frecuencia de cada tres semanas, aunque no salía del diario y permanecía ahí a la espera de comunicados oficiales.
El crimen, cabe mencionar, se desarrolló alrededor de las 15:20 horas, en el interior del Hotel Ruan, ubicado en el número 99 de la Avenida Revolución, en el primer cuadro uruapense.
En ese lugar, dos supuestos sicarios que portaban un rifle de asalto calibre .223 (AR-15) y una pistola .38 Súper, coparon al comunicador, luego de perseguirlo por diversas vialidades cercanas, sin que agentes de la Policía Municipal se percataran de ello.
Mientras el periodista subía el octavo escalón de una escalera de concreto del lugar, para intentar refugiarse en la planta alta, donde tenía su hogar, los presumibles gatilleros abrieron fuego en su contra y lograron acertarle más de 20 impactos en diversas partes del cuerpo.
Perpetrado el crimen, el par de individuos salió del hotel, propiedad de la familia de la prometida de la víctima, dándose a la fuga sin ser identificados por vecinos.



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Asesinan a periodista de La Opiniòn de Michoacàn en Uruapan

Fuente: Por Redacción/Agencia de Información y Análisis Quadratín
Lunes 10 de Diciembre de 2007

MORELIA, Mich., 8 de diciembre de 2007.- Acribillado a tiros de un fusil de asalto AR15 y de pistola .38 super, que marcan el sello del crimen organizado, quedò el cuerpo del reportero de la Opiniòn de Michoacàn, Gerardo Israel Garcìa Pimentel, en un hotel de Uruapan.

El reporte lo recibieron ls autoridades municipales este sàbado al filo de las 15:00 horas, motivo por el que se registrò un fuerte despliegue policial para llegar al hotel Ruan, que se ubica en la calle Revoluciòn 99 de Uruapan, donde encontraron el cadàver del reportero de diario La Opiniòn de Michoacàn, Gerardo Israel Garcìa Pimentel, de 21 años de
edad.

Se conociò que el reportero de fuentes agropecuarias y suplencias enla fuente policial, Gerardo Israel Garcìa Pimentel, tenìa su domicilio e la planta alta del Hotel Ruan, propiedad de su suegra.

Aproximadamente a las 15:00 horas de este sàbado, penetrò corriendo al inmueble, perseguido por los sicarios que lo acribillaron cuando subìa las escaleras para refugiarse en el lugar donde estaba su familia.

Una vez cometido el crimen, los gatilleros huyeron sin que nadie los interceptara.

Màs tarde, el agente del Ministerio Pùblico en turno en la sub procuradurìa regional de Uruapan, Rafel Jacinto Reyes, se constituyò en el lugar para integrar las primeras actuaciones, mientras los agentes de la policìa ministerial realizan las pesquisas.


En el lugar encontraron aproximadamente 50 cascajos percutidos de fusil de asalto AK 47, conocido como cuerno de chivo y de pistola .38 super.

Mientras el cuerpo fue enviado al Servicio Mèdico Forense para los efectos de ley, las pesquisas sobre el crimen del periodista, cuyas caracterìsticas de asesinato son muestra clara de la intervenciòn del crimen organizado.



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Declaración nacional de periodistas en defensa de su profesión y en contra de la pederastia y pornografía infantil

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Al Procurador General de la República
Al Presidente de México
A la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
A la LX Legislatura del Senado de la República
Al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A las instancias internacionales que defienden la labor periodística
A las instancias internacionales que defienden los derechos humanos

Con su resolución en el caso de la Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como Cacho-Marín), la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un aciago precedente: ha convertido a los periodistas en carne de cañón y, de facto, a la pederastia en una "irregularidad menor".
Los abajo firmantes consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan. N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, el poder económico y el político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los códigos penales federal y de los estados del país.
Desde el máximo tribunal de la nación se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan acallarnos.
Asimismo, se ha otorgado un aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil. Nuestros hijos están ahora indefensos.
Condenamos en particular los argumentos expresados por el ministro Segio Salvador Aguirre Anguiano, durante las siete sesiones que llevó a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso.
Como quedó registrado, para Segio Salvador Aguirre Anguiano "la tortura no es más que un procedimiento ilegal, pero no se puede desconocer que a través de ella se puede llegar a la verdad".
Esta declaración no enarbola la defensa de Lydia María Cacho Ribeiro, sino de la libertad de los comunicadores y la condena a la pederastia y a la pornografía infantil.
Quienes abajo firmamos lo hacemos como personas que nos dedicamos al periodismo, no en representación de los medios de comunicación en que laboramos.
Exigimos que en los votos particulares que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el engrose del expediente de la Facultad de Investigación 2/2006, se señale al menos a los funcionarios que participaron en las "violaciones leves" y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra; no está de más decir que en este caso el llamado no se hace a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, pues en esa instancia no confiamos.
Asimismo, demandamos que la Cámara de Diputados, sin demora y sin simulaciones, analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero que hay contra Mario Plutarco Marín Torres, gobernador del estado de Puebla.
Es además urgente que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el Artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció este caso.



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Una luz para don Raúl

PLAZA PÚBLICA

Fuente:Miguel Ángel Granados Chapa/el norte
10 Dic. 07

En su prólogo al libro Prueba de fe, de Sanjuana Martínez, el Obispo de Saltillo hace una cuidada exposición de la doctrina oficial de la Iglesia y la posición pontificia sobre pederastia, de modo que no es creíble que se le incrimine por haberlo escrito

El martes pasado un grupo numeroso de organizaciones y personas entregó en la Nunciatura una carta que desean llegue al papa Benedicto XVI donde manifiestan su apoyo y solidaridad al Obispo de Saltillo, don Raúl Vera López. Iniciaron ese día la campaña titulada "Una luz para nuestro buen pastor". A la tarde siguiente, en Monclova se realizó una Caminata por la justicia, igualmente en acompañamiento al prelado, "para que continúe al frente de nuestra diócesis defendiendo los derechos humanos de los sectores más desprotegidos, sin que sea censurado su trabajo pastoral, ni su libertad de expresión". Mañana martes, en fin, "las organizaciones de derechos humanos, las viudas, los pobres, el movimiento de mujeres, huérfanos y huérfanas, trabajadores, migrantes, indígenas, campesinos, campesinas, homosexuales y lesbianas" expresarán en la Casa Lamm de la colonia Roma en la ciudad de México su reconocimiento al eminente dominico por su "perseverante defensa de nuestros derechos, por su solidaridad y cercanía, por su incansable fidelidad a la causa de quienes somos excluidos y excluidas por un sistema de injusticia y desigualdad".

¿De qué se trata? ¿Por qué en Saltillo se demanda que "continúe al frente de nuestra diócesis? ¿Podría ocurrir lo contrario? La respuesta a esas preguntas no es precisa porque no se ha formalizado ninguna presión en su contra, pero se ha percibido la inminencia de algún acto del Vaticano, que puede ser una desautorización, una reprimenda y hasta su traslado a otra sede episcopal. Todo porque en su ministerio el hombre de fe que es don Raúl se sobrepone al hombre de poder que es todo miembro del Episcopado, y por lo tanto no contemporiza con quienes lastiman a los débiles y los agravian.

Ingeniero químico por la Universidad Nacional, don Raúl (nacido en Acámbaro el 21 de junio de 1945 y por lo tanto lejano a su jubilación), se incorporó a la Orden de predicadores a los 23 años y fue ordenado sacerdote a los treinta, el 29 de junio de 1975. Preparado con rigor en los mejores establecimientos dominicos, en Bologna y en Roma, al volver a México desempeñó su ministerio practicando la opción preferencial por los pobres, lo que le valió ser nombrado al comenzar 1988 Obispo de Ciudad Altamirano, una diócesis en lo alto de Guerrero, donde la miseria parece inextirpable. De allí lo arrancó el nuncio Girolamo Prigione en 1995 para urdir una a la postre fallida maniobra contra don Samuel Ruiz. Designado Obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, si eso se esperaba de él, don Raúl frustró la expectativa de quien lo deseaba vigilante del sucesor de fray Bartolomé (éste dominico como él), y menos aun intrigante para ocupar su silla. Lejos de esas expectativas perversas, don Raúl se identificó plenamente con la tarea pastoral de don Samuel (que presidirá el acto de mañana martes) y lo mismo que él había hecho 35 años antes, se hermanó con los más desvalidos, es decir con las comunidades indígenas.

Trasladado a Saltillo, don Raúl llevó consigo sus convicciones y en un ambiente en apariencia diferente encontró un clima semejante en cuanto a falta de respeto a los débiles. De modo que no tardó en sumarse a los reclamos de los pobres y los ofendidos, en una labor incansable y discreta. Sólo se hizo notoria cuando la dimensión de las circunstancias así lo exigió: la tragedia de Pasta de Conchos y la violación de mujeres por militares en Castaños, ocurridas en febrero y julio del año pasado lo obligaron a alzar la voz en clamor justiciero que irritó a los poderosos que juzgan que esa violencia social debe ser admitida como un hecho normal y sin consecuencias, cobijada por una Iglesia acomodaticia.

Hace un mes, el juzgador que sentenció a los militares que atacaron a mujeres en Castaños denunció a don Raúl ante el Vaticano. Probablemente con asesoría en derecho canónico el juez penal Hiradier Huerta Martínez lo acusó de "abuso de potestad eclesiástica" por condenar en diversos espacios la lenidad practicada en beneficio de los violadores, impunes los más de ellos. La singular denuncia, a la que como fiel tiene derecho, podría estar sin embargo relacionada con otro episodio que ha sido conocido en Roma y que, según rumores, no confirmados por el Obispo, habría provocado un extrañamiento entregado a don Raúl por el nuncio Christopher Pierre, que habría devuelto al Vaticano la respuesta del pastor.

Se trata de la incursión de don Raúl en un terreno que la Iglesia pretende eludir. Escribió el prólogo al libro Prueba de fe, de la periodista Sanjuana Martínez, cuyo subtítulo es "La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical", que sigue a Manto púrpura. Pederastia clerical en tiempos del Cardenal Norberto Rivera Carrera. La nueva obra involucra otra vez al Arzobispo de México en protección a delincuentes de esa laya, e implica en casos semejantes al Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.

Tras un examen del tema con profunda espiritualidad don Raúl concluye que "el Obispo tiene una representación y no actúa solo, es parte de la Iglesia y por lo tanto no puede poner en juego al resto de la Iglesia por proteger a un individuo... en ocasiones, lo que denominamos normalmente pecados son delitos sancionados dentro del orden jurídico civil. La justicia tiene que ser integral, es la persona del sacerdote a la que se debe ayudar seriamente, no solapándolo, y a las víctimas directas debe atendérseles, lo mismo que proteger a quienes son víctimas potenciales".



Cajón de Sastre

Por la cercanía personal entre ambos, por sus identidades doctrinales, por proximidad generacional, se pensaría que el ex Diputado y ex Senador Javier Corral hubiera desempeñado la secretaría general del Pan en el nuevo comité nacional encabezado por Germán Martínez, elegido éste el sábado y configurado aquel ayer domingo. Pero es seguro que el nuevo presidente haya entendido que no era dable colocar al impulsor más notorio y eficaz de la nueva legislación en materia de medios en el dilema de servir con la intensidad requerida en aquel cargo al partido en que milita desde la adolescencia o continuar las tareas que le reclama ser presidente del consejo directivo de la Asociación mexicana de derecho a la información(Amedi). De suerte que Corral será miembro del comité nacional, y le servirá con la eficacia con que lo ha hecho en otros periodos, sin deponer su esfuerzo político y académico en pro de nuevas normas en radio y televisión. Nadie en Amedi y sus círculos concéntricos reprochará a Corral esta nueva situación, pues nadie ignora su militancia panista ni nadie lo ha oído ejercer allí proselitismo partidario.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com



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Asomos del voluntarismo

Jesús Silva-Herzog Márquez Visita su BLOG
10 Dic. 07

Al evaluar el primer año del Gobierno de Felipe Calderón se ha expresado un respaldo generalizado por sus gestos. El contraste con su predecesor le ha sido, sin duda, benéfico. Calderón ha sido un Presidente que le restituye seriedad a su oficina, un político que deja atrás la riña perpetua para tratar de arrancarle algún acuerdo a la diversidad.

Un buen año para la política simbólica. Asumir visiblemente la comandancia del Ejército, desplegar la fuerza militar por el territorio para mostrar determinación de Estado, cambiar las palabras del encono por las del respeto y la corresponsabilidad, lograr acuerdos con una legislatura ya habituada al bloqueo. No desconozco la importancia de estas formas ni, mucho menos, el valor que éstas tienen para conseguir cambios sustantivos. Es claro que, para enderezar el rumbo, era indispensable, cambiar el tono. Felipe Calderón lo ha hecho y está en lo correcto.

Este cuidado de las formas contrasta favorablemente con el desparpajo reciente, pero puede tener una consecuencia gravosa. Me refiero a la posibilidad de confundir forma y sustancia, bajo una lectura superficial de aquel dictum de Jesús Reyes Heroles. Para cambiar el fondo se requiere cuidar las formas, es cierto. En algunos asuntos, el símbolo lo es todo. Pero mal haríamos en convertir la política en despliegue escénico. Y a veces el teatro se come las consecuencias.

Los aplausos que recibe Felipe Calderón han sido, hasta el momento, más por dirección de escena que por producción de resultados. Pienso, por ejemplo, en una de las acciones más importantes del Gobierno de Calderón. La determinación con la que hizo despegar su Presidencia: los operativos militares para recuperar la tranquilidad que el crimen organizado había secuestrado. Los operativos tuvieron un innegable éxito mediático. La opinión pública registrada en las encuestas se ha pronunciado favorablemente a la actuación militar. No es irrelevante el hecho de que el respaldo a los operativos sea mayor ahí donde se han realizado.

Pero, más allá de ese beneficio de popularidad, más allá de su contribución a solidificar la imagen de un Presidente decidido y valiente, ¿qué han logrado los operativos? Mi pregunta no es retórica: no sé realmente que han provocado y no encuentro en el Gobierno calderonista un informe claro del costo de los operativos, de su efecto y el rumbo que la administración piensa seguir en el futuro cercano.

No soy impaciente -o, por lo menos, no creo serlo-. Entiendo bien que en 12 meses es imposible terminar con un problema tan severo y tan profundo. Lo que echo de menos es el bosquejo de una estrategia que camine al lado del despliegue militar. No lo veo. ¿Existe?

Algo semejante diría de su actitud frente a la emergencia. Desde que se conoció la magnitud de la desgracia en Tabasco, el Presidente no ha soltado la plaza. Una y otra vez ha ido a Villahermosa para evaluar la dimensión de la tragedia, para auxiliar en las labores de rescate y supervisar la reconstrucción. El Presidente ha dado muestras de agilidad y sensibilidad. Reaccionó con velocidad y buen olfato. Y sin embargo, valdría preguntar si la presencia física del Presidente ha contribuido a disminuir la carga de los afectados.

¿Prepara el Gobierno un informe objetivo que dé cuenta de las responsabilidades? ¿Fue capaz el Presidente de establecer un mecanismo de coordinación eficaz para hacer frente a la emergencia? No parece ser así, cuando nos percatamos que, hasta hace pocos días, los bancos mexicanos reconocían que no habían entregado aún los fondos que se han recolectado para la ocasión. El Presidente estuvo presente, es cierto. Pero, ¿en qué se tradujeron para los habitantes de Villahermosa todas esas horas de presencia física?

Mi sospecha es que hay un asomo de voluntarismo en el discurso y en la actuación política del Presidente Calderón. En el discurso es más que claro. Sus palabras, cuidadas y propias, tienden a la exhortación moral más que a una convocatoria precisa. Es curioso que el abogado conocedor de la complejidad de las políticas públicas recaiga con tanta facilidad en la apuesta voluntariosa y moralista. Si se sigue el diagnóstico que con frecuencia expone el Presidente públicamente, el problema del País es la falta de determinación y compromiso de sus líderes.

Más que corregir defectos institucionales, antes que resolver la pugna de intereses, más que la necesidad de armar una coalición transformadora, es urgente la movilización de las conciencias, o de las almas como les gusta decir a los panistas. Aquel discurso ante los líderes del País es por ello una buena estampa de una visión política cuyo núcleo es el voluntarismo católico. Nuestro bendito País deshecho por mediocres y egoístas. Invocando la perdición del pecado, Calderón condenaba entonces la pereza de los conformistas, la ambición de los materialistas, la vanidad de los intelectuales. Pero el impulso voluntarista no se detiene en las palabras. En su actuar político también se ha colado esta veta: el Presidente decide detener el alza de la gasolina para solidarizarse con la economía familiar. Resolver los problemas económicos a golpes de sensibilidad y buenas intenciones.

Entre los personajes que habitan el cuerpo de Felipe Calderón hay un abogado que venera la ley y el Estado, un diputado que entiende las exigencias de la negociación y un aprendiz de tecnócrata que respeta los números. También hay un católico voluntarista que piensa en el gobierno como una evangelización, una cruzada moral.



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Transparencia sin 'accountability'

Fuente:Juan Ciudadano/el norte
10 Dic. 07

Decimos que hay rendición de cuentas ("accountability") cuando se cumplen tres condiciones: información, justificación y castigo.

Sería necio negar que entre el 2000 y el 2006 no hubo un crecimiento importante en la información disponible, a todos los niveles, sobre la educación en México: desempeño de estudiantes, maestros, escuelas, estados y el País en su conjunto.

Pero frente a la creciente disponibilidad de información, es un dato confirmado que el estancamiento educativo permanece. Estamos en México en una situación extraña, en la que las diferentes fotografías sobre el estado de la educación -las de paisaje y las de detalle- muestran el mismo desastre, pero estas imágenes no se han convertido en acicate del cambio.

Ni las autoridades de la SEP, ni el sindicato de maestros, se sienten obligados a dar una explicación -justificar- que corresponda con la gravedad del problema. Tampoco se han tomado medidas encaminadas a enderezar el rumbo con sentido de urgencia.

En otras palabras, tenemos un sistema educativo razonablemente transparente, pero sin rendición de cuentas. El mensaje que la sociedad ha recibido de los responsables de la educación en México es el siguiente: "¿ven el batidero?... para nosotros no hay bronca".

El Presidente Felipe Calderón está en la coyuntura precisa para decidir si le seguimos por donde mismo o tomamos el toro por los cuernos.

De parte de quienes forman parte del círculo cercano a Elba Esther Gordillo tuvimos, la semana pasada, variadas estampas del cinismo con respecto a los pobres resultados de México en la prueba PISA de la OCDE.

Ahí está por ejemplo el caso del partido Nueva Alianza que, estando conformado en buena medida por maestros cercanos a la dirigencia del SNTE y teniendo como misión -se supone- hacer de la educación pública el tema central de su agenda legislativa, no parecen haberse sentido aludidos por los resultados de la prueba internacional, dada a conocer la semana pasada.

La prueba PISA tuvo la mala suerte de darse a conocer la misma semana en que se discute una ley electoral, materia en la que los legisladores de Nueva Alianza sí se han involucrado, dedican toda su atención y ya opinan como expertos en materia electoral.

La Senadora Irma Martínez Manríquez, maestra normalista, colaboradora cercana al secretario general del SNTE e integrante de la Comisión de Educación del Senado, en la semana en que se dan a conocer los resultados de PISA prefirió hacer alarde de su dominio de la discusión en torno al Cofipe y de su capacidad para citar acuerdos internacionales en materia electoral. De la prueba que pone en evidencia nuestro atraso educativo, nada, el tema no parece merecerle una reacción.

Emilio Zebadúa, colaborador cercano a Elba Esther Gordillo, defendió la idea de que el salario de quienes intervienen en el proceso educativo debe ser independiente de los resultados obtenidos en las pruebas de aprovechamiento. Rechazó también que el SNTE -el sindicato único de maestros-, tenga responsabilidad alguna en que México esté reprobado.

Ahí está el secretario general del Sindicato, Rafael Ochoa Guzmán, que en lugar de poner atención a las mejores prácticas identificadas por la OCDE, en aquellos países que han sido capaces de mejorar de manera importante de una evaluación PISA a la siguiente, prefiere insistir en automedicarse soluciones.

La experiencia de los países que más crecieron en la prueba PISA apunta a darles poder de decisión a los directores y a garantizar su libertad para contratar maestros; pero a la par, propone ligar los incentivos económicos al desempeño académico de la escuela.

En México, el secretario general del Sindicato de Maestros dice que lo que se necesita son escuelas de tiempo completo, ampliar el horario escolar y una norma oficial mexicana de calidad educativa. Estos objetivos pueden sonar bien, pero no han probado estar directamente vinculados al mejor desempeño de los estudiantes en matemáticas, lectura y ciencias.

Mientras en otros países los pobres resultados de PISA llevaron a planes de "shock", acá seguimos justificándonos con excusas como: "el contexto es diferente", "el cambio es gradual", "la prueba no mide todo".

Transparentar nuestra quiebra educativa sin que nadie sea castigado por ello y sin que se tomen medidas drásticas, es la fórmula para perpetuar el cinismo.

Mientras la transparencia en la educación no sea complementada por la rendición de cuentas, seguiremos en la tercera división entre los países.

juanciudadano@juanciudadano.com



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Por una reforma integral en materia de Derechos Humanos

Dip. Ruth Zavaleta Salgado,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión,
Senador Santiago Creel Miranda,
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
Partidos Políticos
Opinión Pública
Presente

Con motivo de la conmemoración de un aniversario más de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948; ante la urgencia de definir nuevos diseños institucionales y prácticas de gobierno, así como nuevas formas de convivencia social basadas en el respeto irrestricto de la dignidad humana, y dada la necesidad de adecuar la normativa nacional en materia de derechos humanos a las exigencias de todo Estado Social constitucional democrático y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Conscientes de la delicada situación político-social del país, y preocupados por la tendencia hacia el endurecimiento de las políticas de seguridad pública que generan riesgos a la vigencia plena de tales derechos; la creciente ?criminalización? de la movilización social; las interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales por parte de los tribunales de justicia, y las constantes violaciones a los derechos humanos que día a día tienen lugar en nuestro país, quienes firmamos este pronunciamiento:

- Coincidimos en que el actual proceso de reforma del Estado es el marco propicio para la deliberación democrática de los principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana y que requieren del mejoramiento del diseño institucional y legal que garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos, por lo que reconocemos la importancia de los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.

- Expresamos que sólo una reforma integral en materia de derechos humanos logrará poner a la Constitución mexicana en plena armonía con los estándares internacionales y, a la vez, dará respuesta a la realidad social que viven millones de mujeres y hombres en el país.

-Demandamos que en el actual proceso de reforma del Estado que se debate en el Congreso de la Unión se garantice la integralidad de los derechos humanos, a través de un debate amplio, incluyente, serio y responsable. Por lo tanto, estimamos necesario que los temas de la agenda de derechos humanos no se limiten a acuerdos mínimos entre las fuerzas políticas que en algunos casos suponen la imposición de una agenda moral conservadora que resulta incompatible con del desarrollo progresivo de los derechos, sino que respondan a las exigencias de la deliberación plural y abierta, considerando las diferentes propuestas presentadas por otros integrantes de la sociedad.

- Reiteramos que la propuesta de reforma elaborada por organizaciones de la sociedad civil y académicas/os, presentada el 17 de octubre a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de Diputados, tiene una visión integral, al procurar que:

? Se introduzca plenamente el concepto de derechos humanos en la Constitución mexicana;
? Se garantice la más alta jerarquía y eficacia normativa de los derechos humanos dentro del orden jurídico mexicano;
? Se incorpore explícitamente derechos que hasta ahora no se encuentran reconocidos en la Constitución;
? Se refuercen las garantías y mecanismos de protección de los derechos humanos; y
? Se incorpore transversalmente la perspectiva de género.

Por lo anterior, esperamos de las y los legisladores un actuar responsable y un compromiso serio que garantice un debate parlamentario orientado a lograr una reforma constitucional en derechos humanos incluyente, plural, consensuada e integral, que siente las bases para alcanzar un Estado constitucional democrático que garantice de manera efectiva el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de este país.

Organizaciones firmantes

Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, AIDA; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC; Cátedra UNESCO; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos ?Fray Francisco de Vitoria?; Centro de Derechos Humanos ?Miguel Agustín Pro Juárez?; Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL; Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE; INCIDE Social; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Save The Children; Sin Fronteras I.A.P.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ?Todos los derechos para todas y todos?.

Académicas y académicos vinculadas/os al proceso

Sergio Aguayo Quezada, investigador del Colegio de México; Javier Angulo, Profesor de la Facultad de Derecho del CIDE; Juan Carlos Arjona, Profesor de la Universidad Iberoamericana; Cesar Astudillo, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; José Luís Caballero Ochoa, Coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la UIA; Miguel Carbonell, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Santiago Corcuera, Profesor de la Facultad de Derecho de la UIA; Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete, Universidad Latina de América de Morelia; Mauricio Del Toro, Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM; Imer B. Flores, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mónica González Contró, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rodrigo Gutiérrez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Miguel Rábago, Profesor de la Facultad de Derecho de la UIA; Mario Santiago, tutor de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO

La propuesta completa e información adicional puede consultarse en la siguiente página:

http://www.fundar.org.mx/boletines2007/dh_propuesta_reforma.htm




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¡Declaración Política! : Organizaciones de Guerrero

¡Declaración Política! : Organizaciones de Guerrero

Difusión-Cencos México D. F. 7 de diciembre de 2007

Boletín de Prensa
En un boletín de prensa enviado por cencos las diferentes organizaciones en Guerrero y en el marco del 33 aniversario luctuoso del Profesor y comandante Lucio Cabañas Barrientos, y en repudio a las agresiones físicas, psicológicas, jurídicas y administrativas por los cuerpos represores y judiciales del estado en contra de los estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, consideramos que ante la embestida de este gobierno represor al pueblo de Guerrero, que encabeza Carlos Zeferino Torreblanca Galindo las organizaciones sociales, civiles, militantes de partidos políticos y pueblo en general
Declararón lo siguiente:

1.- Que Zeferino Torreblanca Galindo, ha traicionado la voluntad popular, que consistía en reivindicar los principios fundamentales de la democracia, que tanta sangre ha costado a nuestro pueblo suriano.

2.- Que este gobierno dio a conocer su verdadero rostro fascista al ordenar la represión directa a estudiantes y egresados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde estudio el comandante Lucio Cabañas Barrientos.

3.- Que nuestra conciencia revolucionaria nos orienta a exigir la libertad inmediata de nuestros presos políticos y la presentación con vida de los que el Estado ha desaparecido.

4.- Que defenderemos siempre la libertad de expresión que se sujete al marco democrático, plasmada en nuestra carta magna en lo largo y ancho de nuestra nación y del mundo entero, así como condenamos a la prensa lisonjera al servicio del estado.

5.- La continuidad de la defensa de la Educación Publica, Obligatoria, Laica y Gratuita y planteamos el rechazo total al incremento de escuelas privadas que se han convertido en un negocio de los grandes empresarios. Por que la educación es un derecho, no un lujo.

6.- El apoyo incondicional, no solo en discurso, sino en la vía de los hechos a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y a la generación de egresados Lucio Cabañas Barrientos que valientemente han retomado los ideales revolucionarios del profesor y comandante.

7.- El apoyo al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa hidroeléctrica La Parota, que intenta imponer el gobierno federal en contubernio con el estatal.

8.- La exigencia del pago inmediato de las 9 quincenas y el aguinaldo a los dirigentes de la CERP-CETEG, que hacen constar con la recomendación emitida el día martes 4 de diciembre del año en curso, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde se recomienda al secretario de Educación que ha violentado las garantías individuales de los maestros y no existe ningún elemento jurídico para la retención por cual se le pide su pago inmediato.

9.- Que no todos los representantes y militantes de los partidos políticos, avalan la política del gobierno tirano que representa Zeferino Torreblanca Galindo, por lo cual es importante reconocer que se está dando un debate al interior de ellos.

10.- El repudio al Estado y a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD por desgobernar a Guerrero, en complicidad con una parte de la dirigencia, algunos presidentes municipales, Diputados locales, federales y senadores de la Republica que han utilizado mecanismos de intimidación y represión en contra de sus más fuertes críticos, ratificando el proyecto neoliberal de Felipe Calderón títere de Bush.

11.- Que no existe la división de poderes, por que han perdido su independencia y se han sometido como sirvientes al poder ejecutivo, legitimando la figura de Carlos Zeferino Torreblanca Galindo como una monarquía absoluta.

12.- Una convocatoria abierta al pueblo de Guerrero, así como la instalación a partir de hoy de una asamblea permanente para analizar y actuar de manera conjunta en contra de la política de gobierno actual que violenta las garantías individuales de todos los ciudadanos de nuestra entidad.

13.- Que el pueblo organizado es la única forma de combatir a los malos gobernantes que se burlan y reprimen a los campesinos, obreros, trabajadores, amas de casa, maestros, estudiantes, transportistas, comerciantes, discapacitados, adultos mayores y niños que día con día soñamos y anhelamos con gran hambre el pan de justicia, equidad, democracia, igualdad, paz social y el respeto a los derechos humanos, resumiendo que el pueblo educado en todos sus ámbitos recuperará la verdadera democracia, como lo hicieron nuestros antepasados en sus luchas revolucionarias.

ATENTAMENTE.

Las organizaciones sociales, civiles, militantes de partidos políticos y pueblo en general:

Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero. APPG, Escuela Normal Rural ?Raúl Isidro Burgos? de Ayotzinapa, FECSM, Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos, Frente de organizaciones de Atoyac, OPCG, CERP-CETEG, O.C.S.S, Frente de Académicos, Estudiantes y Trabajadores de la UAG, UCEZ, Red de Izquierda Revolucionaria, Movimiento 6 de marzo, Frente Femenil por la Democracia en el Estado, Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan, Movimiento Urbano Popular de Iguala, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Asociación Civil Tierra y Libertad de Iguala, Organización de Colonias y Comunidades Lucio Cabañas Barrientos de Iguala, Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Frente Insurgente Defensor de los Derechos Populares, Asociación de Mujeres Acapulqueñas Democráticas AMAD, Comité de Desarrollo Comunitario de Xochipala, Agrupación de Productores Unidos de la Costa Grande, Programa de Derechos Humanos Liberación, Colonia Ampliación de Puerto Márquez, Movimiento Ciudadano de Defensa Popular AC MOCIDEPO, Movimiento de la Preparatoria Num. 7, Centro de Medios Independientes Indymedia México, UNAM, IPN, Casa Nacional del Estudiante José Ives Limantour, Benemérita Escuela Nacional de Maestros, MACHETEARTE y el Colectivo ACER, y se agregan de manera personal Adela Román Ocampo, Aurora Muñoz Martínez, David Molina Francisco, Rosario Merlín, Pedro Tapia y Camilo Valenzuela Fierro.

¡El Pueblo Unido Jamás Será Vencido!.

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Mujeres Triquis : en red tequio


http://www.tequio.info/CODES/triquis.html

Mujeres Triquis

(botines de Guerra)

La lucha de liberación de los pueblos triquis ha sido una de las más largas, dolorosas y sangrientas de nuestra historia moderna. Despreciados y humillados por la Nación mexicana y los gobiernos locales desde el siglo xix, sufrieron un fallido embate "final" del sistema priísta toda la segunda mitad del siglo xx. Mas los triquis, esforzados y ejemplares, siguen plantados en el mapa del que tanto los han pretendido borrar.Sin embargo, el día de hoy nos ocupa lo que al parecer a muy pocos les es importante, la violencia hacia las triquis, quienes después de sufrir de violencia por "usos y costumbres" hoy son parte del botín político que existe entre dos organismos que luchan por el poder político, el problema entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui ( UBISORT= surgió desde 1977, pues existen expedientes penales que registran matanzas de niños, mujeres y ancianos, bajo los números 4/1983, 28/1983, 19/1983, 13/1983, 35/1986, 55/1986, 13/1994, 25/1998, 5/1985, 164/2004, entre otra lista numerosa. .

Las triquis sufren un conflicto de la violencia criminal, política y económica que asuela la región Triqui, en el corazón de la Mixteca profunda.
Debido a esta situación el éxodo forzado por miedo a ser "si eres hombre asesinado"" y si eres mujer desaparecida"como lo indica una de estas mujeres que hoy se atreven a hablar es cada vez mas mayor, Millares de campesinos indígenas emigran desde entonces a Estados Unidos, el Distrito Federal, Miguel Alemán (Sonora) y los valles de Baja California.mujeres desaparecidas, violadas de todas las edades desde pequeñas de cuatro años hasta mujeres de sesenta,y hoy desde hace cinco meses se encuentran desaparecidas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez de catorce y veinte años hermanas secuestradas y desaparecidas.
según consta en la Averiguación Previa 187/2007.

Antonio Bautista Ramírez y Dionisio Merino Ortiz, relataron ante el Ministerio Público, que ese día, se encontraban en Santiago Juxtlahuaca esperando transporte para dirigirse a Putla de Guerrero, cuando observaron que en una camioneta Ford Ranger de doble cabina color azul marino y sin placas, conducida por Francisco Herrera Martínez, llevaban con los ojos vendados a Daniela y Virginia Ortiz Ramírez.

En la cabina de la camioneta, Timoteo Alejandro Ramírez sujetaba y encañonaba con una pistola a la menor Daniela.

De igual forma, en la parte media del asiento trasero, también llevaban vendada de los ojos con una franela roja a la maestra Virginia, quien era sometida por Miguel Ángel Velasco Álvarez y José Ramírez Flores.

Los testigos confesaron que no se atrevían a denunciar esto porque los secuestradores de la UBISORT son conocidos por su alta peligrosidad.

Ante la incapacidad de las autoridades estatales para aplicar justicia en el estado de Oaxaca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y los familiares de dos mujeres triquis que cumplieron ya el pasado cinco de diciembre cinco meses de desaparecidas expusieron este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso más reciente, es el ocurrido el domingo 21 de octubre de este año cuando resultó herida de gravedad Sofía Bautista, de 11 años de edad.la cual aun permanece internada con secuelas graves después de sufrir un derrame cerebral, al penetrar la bala por la región occipital y quedar alojada por horas la bala en la mejilla derecha de la pequeña.


Pero eso, al gobierno estatal parece no importarle. El propio procurador de justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, reconoce: “Es una zona muy conflictiva (la región Triqui) y no voy arriesgar a mi gente para que entre a esa zona. Esa violencia ya tiene años, no es de ahora. Entonces, no puedo resolver, en seis meses, de noche a la mañana, el problema”.

En palabras de las denunciantes, el procurador les dijo que: “lamentaba la situación por la que estaba pasando la familia (de dos indígenas desaparecidas), y que no se trata de que ellos no quisieran trabajar, pero que todo va muy lento porque es muy difícil entrar a la zona triqui por la presencia de los grupos políticos en la región, y que no va a arriesgar a su gente; y que respecto a la denuncia por violación, el 21 de febrero, se ordenó a la policía ministerial la detención de los responsables, y cuando se les detengan tal vez se pueda tener una pista para localizar a las jóvenes desaparecidas.

Por si fuera poco, los representantes del gobierno piensan que “debido a la violencia que vive la región triqui, la forma de resolver los conflictos es militarizar la zona”.

Hasta se da el lujo de ironizar: “si quieres, puedes ir a toda la región triqui a buscar a tu familia, hasta te voy a aplaudir si vas a hacer eso”.



Escuche el Reporte en Audio de la Periódista Independiente: Verónica S. Villalvazo. Dividida en tres parte de 30 minutos.

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El gobierno descuida las necesidades de atención de salud de personas detenidas enfermas

Fuente: Human Rights Watch,
(Nueva York, 7 de diciembre de 2007) – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos debe optimizar los cuidados y el tratamiento para personas inmigrantes detenidas que viven con el VIH, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La organización denunció que esa agencia no ha cumplido sus obligaciones hacia las personas detenidas que viven con el VIH ni ha respetado sus derechos. El DHS no vigila que estas personas reciban un tratamiento apropiado, ni siquiera sabe cuántas personas detenidas están infectadas por el VIH, y sus políticas y procedimientos están por debajo de la norma requerida para proporcionar cuidados que salvan la vida.

Casi 30,000 personas inmigrantes se encuentran detenidas en centenares de prisiones, cárceles y centros de detención inmigratoria en todo el territorio estadounidense. "El gobierno no tiene idea alguna de cuántas de estas personas viven con VIH o sida, cuántas requieren tratamiento y cuántas están recibiendo cuidados que son necesarios", dijo Megan McLemore, del Programa de VIH/sida de Human Rights Watch.

El informe de 76 páginas, Indiferencia crónica: Servicios de VIH/sida para personas inmigrantes detenidas por Estados Unidos", documenta las experiencias de personas que viven con VIH/sida bajo custodia inmigratoria cuyo tratamiento para el VIH les fue denegado, demorado o interrumpido, lo que ha tenido como consecuencia un riesgo grave y, a menudo, daños para su salud. La investigación incluyó entrevistas a personas actual y previamente detenidas, funcionarios del DHS y de los centros de detención, así como una revisión médica independiente del tratamiento proporcionado. Según los hallazgos del estudio, los centros de detención que alojan inmigrantes que viven con el VIH no brindaron medicamentos antirretrovirales en forma consistente; no realizaron las pruebas de laboratorio necesarias; no garantizaron la continuidad de los cuidados, como tampoco aseguraron la confidencialidad ni protección contra la discriminación.

Contrario a las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, a las protecciones constitucionales y a las recomendaciones de prácticas óptimas, las normas de detención del Departamento de Seguridad Nacional referidas al VIH/sida no son compatibles con los criterios tanto nacionales como internacionales de una atención apropiada. Adicionalmente, la agencia hace muy poco para que se apliquen los estándares mínimos que esos criterios establecen. "Aunque el gobierno de Estados Unidos subcontrata cárceles y centros locales en todo el país para que se ocupen de una gran parte de la detención inmigratoria, no puede evadir su responsabilidad de proteger el bienestar, la salud y las vidas de inmigrantes que viven con el VIH", dijo McLemore.

El informe destaca la muerte de Victoria Arellano, una mujer transgénero de 23 años de edad que vivía con VIH/sida, quien murió en julio de 2007 después de haber permanecido durante ocho semanas en un centro de detención en San Pedro, California. Supuestamente, a Arellano se le negó tratamiento y se enfermó de gravedad. Aunque otros detenidos en su misma unidad habitacional les avisaron a los guardias que ella necesitaba atención médica, éstos la dejaron sufriendo en su litera mientras su condición empeoraba. Cuando por fin se le llevó a la clínica del centro de detención, fue hostigada y ridiculizada por el personal. Poco antes de morir, Arellano les contó a sus compañeros de celda que eso "fue una pesadilla".

"El Departamento de Seguridad Nacional debe optimizar sus políticas, así como vigilar más cuidadosamente y asegurar que las personas inmigrantes detenidas que viven con VIH o sida reciban un tratamiento eficaz", dijo McLemore. "De lo contrario, estas personas continuarán sufriendo, e incluso morirán, mientras se encuentren bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos".

Otros casos destacados en el informe:

Charles B., jamaiquino residente legal permanente en Estados Unidos, se hizo resistente a trece de los principales medicamentos para el sida durante los más de cuatro años que estuvo bajo detención inmigratoria;

Anna F., una mujer de 61 años de edad nacida en Alemania, no obtuvo el tratamiento médico indicado para prevenir la neumonía;

Peter R., químico farmacéutico de profesión, recibió sólo el 65 por ciento del tiempo su dosis completa de medicamentos para el sida durante la custodia inmigratoria, lo que le expuso al riesgo de desarrollar resistencia a fármacos de los cuales depende para sobrevivir;

Jean P., tras haber escapado de una violenta persecución en Haití, padece una condición relacionada con el sida que le provocó ceguera en un ojo; a pesar de ello, su condición es vigilada inadecuadamente en la detención inmigratoria;

A Gloria M., una consejera en VIH/sida que vive en Chicago, le informaron los agentes penitenciarios que "el Estado no pagaría" sus medicamentos para el VIH.
Leer informe completo http://hrw.org/doc/?t=spanish_usa

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Los candidatos republicanos muestran dureza ante inmigración ilegal, en un debate "en español"

Los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos se ajustaron a su línea dura contra la inmigración ilegal el domingo en un debate en español, pese a los problemas que esa postura podría acarrearles frente a los votantes hispanos.

Los estadounidenses de origen hispano han apoyado el plan del presidente George W. Bush para garantizar a los inmigrantes ilegales un camino para obtener la ciudadanía, pero vieron con consternación como los legisladores conservadores hicieron fracasar el programa.

El ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney defendió el haber despedido la semana pasada a una firma que cuidaba el parque de su casa, diciendo que lo había decidido porque la compañía había empleado a inmigrantes ilegales pese a que él le había dicho "en términos no vacilantes" que dejara de hacerlo.

"Vamos a terminar con la inmigración ilegal para proteger la inmigración legal," expresó Romney.

Incluso el senador por Arizona John McCain, cuya campaña casi colapsa cuando tomó una postura más compasiva hacia el tema, habló de la necesidad de mejorar la seguridad en las fronteras.

"No podemos premiar el comportamiento ilegal. Tenemos que arreglar la frontera," dijo McCain, y agregó: "No podemos permitir que esta nación inhumana o sin amor y compasión."

El debate, patrocinado por Univision, trató temas importantes para los votantes hispanos y se desarrolló de manera más caballerosa, a diferencia de los últimos encuentros similares celebrados por los republicanos.

El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, que tuvo un duro cruce con Romney durante el último debate en noviembre acerca de quien de los dos había tomado una postura más blanda con respecto a la inmigración ilegal, pareció querer evitar que eso se repitiera.

Sobre la inmigración ilegal, Giuliani dijo que "esta es una situación en la que ninguno de nosotros ha sido perfecto. Todos nosotros hemos estado luchando con ella durante un tiempo largo."

El debate se produjo en un momento tenso en la carrera por obtener la nominación republicana a la presidencia.

Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas, ha superado a Romney y lidera muchas de las encuestas en el estado de Iowa, además de que algunas lo colocan en segundo lugar a nivel nacional detrás de Giuliani.

Iowa dará el puntapié inicial el 3 de enero a las primarias para elegir a los candidatos republicano y demócrata que definirán la elección presidencial en noviembre del 2008.

Un reciente sondeo del Centro Hispano Pew mostró que el 9 por ciento del electorado estadounidense en el 2008 será de origen latino, pero si el pasado sirve como guía los hispanos representarán apenas un 6,5 por ciento del electorado que votará.

Algunos expertos creen que los hispanos podrían ser un elemento decisivo en estados cambiantes.

Bush obtuvo el 40 por ciento de sus votos de los hispanos cuando en el 2004 ganó la reelección, pero los republicanos sólo recibieron el 30 por ciento de apoyo en las elecciones legislativas del año pasado.

Un candidato antiinmigración, el congresista por Colorado Tom Tancredo, rechazó participar del debate por su objeción al formato en idioma español.

Los candidatos estuvieron en gran parte de acuerdo en la mayoría de los temas, aunque un candidato con remotas posibilidades, el congresista por Texas Ron Paul, se ganó algunos abucheos cuando dijo que estaría dispuesto a conversar con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, un feroz crítico de Estados Unidos.

Tanto McCain como Giuliani señalaron que preferían lidiar con Chávez como hace poco hizo el Rey de España Juan Carlos, diciéndole "¿Por qué no te callas?."

Los republicanos también tuvieron duros términos hacia Cuba, manifestando que mantendrían el embargo comercial sobre la isla caribeña.

Lomas de Poleo o la abdicación del Estado

Víctor Orozco
Diario de Juárez vía Sin Permiso


Vemos con profundo pesar que esos terrenos que estimamos en justicia como nuestros, porque los hemos recibido de padres a hijos y fecundado con el trabajo constante, van pasando a manos de extraños mediante un sencillo denuncio y el pago de unos cuantos pesos.

Carta de los vecinos de Namiquipa al Presidente Porfirio Díaz, 1908.

En el último rincón del Occidente de Ciudad Juárez comienza una meseta que se prolonga a lo largo de la frontera con el estado norteamericano de Nuevo México. Allí, en la orilla de la mesa, se encuentra una colonia habitada desde hace tres décadas por familias pobres que instalaron pequeñas granjas y lograron sobrevivir en pleno desierto, donde los veranos alcanzan temperaturas superiores a 40 grados y los inviernos tienen descensos hasta 15 bajo cero. Allí, en este sitio, en pleno siglo XXI, el estado mexicano ha abdicado de su función de aplicar la ley y renegado de su deber de cuidar la vida, la libertad, la salud, la educación de los habitantes. Allí, se han cometido en contra de los pobladores de Lomas de Poleo un rosario de crímenes a la vista de las autoridades: se les han quemado sus viviendas, robado sus bienes, despojado de sus posesiones, privado de la energía eléctrica, confinado adentro de un cerco de alambre de púas vigilado día y noche por hombres armados. Allí, el 17 de agosto de 2005 fue asesinado Luis Alberto Guerrero Rodríguez, uno de los vecinos, a manos de estos guardias blancos que le hicieron estallar las vísceras a patadas. (Me niego a escribir puntapiés).

Todos los delitos cometidos se persiguen de oficio, todos son graves, unos pertenecen al fuero local y otros al federal. Todos permanecen impunes y otros nuevos se siguen cometiendo. En este mismo momento se están atacando las vías generales de comunicación, obstruyendo la libertad de tránsito de las personas, amenazando. Nada mueve a las policías municipales, ni a los agentes del ministerio público, ni a la policía federal preventiva. Hay una especie de “No Estado” como dice Héctor Padilla. O más bien, diríase que hay un Estado doblegado e hincado ante los intereses privados, lo que en rigor es lo mismo. Para ilustrar la aberrante inacción de las autoridades, imaginémonos algunas escenas posibles y otras inverosímiles: el Gobernador del estado de Chihuahua y el Presidente Municipal de Juárez pretenden visitar las granjas Lomas del Poleo, un guardia le cierra el paso y pone frente a ellos un fiero perro de pelea ¿Qué harían los funcionarios?. ¿Se volverán resignados aceptando que allí no pueden entrar?. O bien, le sucede lo mismo a la Secretaria de Educación que decide visitar la escuela pública, o al Director de la Comisión Federal de Electricidad para constatar como arrancaron los postes, o al Director del Registro Federal de Electores que quiere verificar los domicilios que aparecen en las credenciales que firmó, o al funcionario que trata de comprobar los nombres de las antiguas calles, o al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es probable que ninguno de ellos, claro está, acuda jamás a Lomas de Poleo y que tampoco vean el estrujante documental –aunque se encuentra en internet- filmado por el joven realizador León de la Rosa en el que se da puntual cuenta de los actos de barbarie ejecutados en este suburbio de la ciudad fronteriza. Sin embargo, en estricto rigor jurídico la violencia sobre el Derecho y sobre las personas, que hipotéticamente soportarían los altos funcionarios en cumplimiento de sus obligaciones oficiales, es exactamente la misma que se comete a diario en contra de los ciudadanos que viven en la colonia o con los que pretenden ingresar a ella.

Las tierras de Lomas de Poleo estaban en el olvido y también las familias que allí se instalaron para hacerlas productivas. Pero, hace unos años apareció la posibilidad de abrir un nuevo corredor industrial y comercial teniendo como referente al puerto fronterizo de Gerónimo-Santa Teresa, ubicado apenas a 20 minutos por el camino de terracería desde las casas de los colonos. De repente, estas minúsculas granjas se volvieron apetecibles para los dueños del dinero. Esa fue la mala suerte de la desamparada mujer que llora con amargura por la destrucción de su magro patrimonio juntado en muchos años de sacrificio, o del típico ranchero norteño que no puede evitar las lágrimas frente a la cámara, cuando narra el despojo de la tierra donde nacieron sus hijos y sus nietos. Ambos, son víctimas de esa máquina trituradora de hombres y ecosistemas, constituida por el binomio que integran una burocracia política insensible y la voracidad del gran capital.

Un centenar de familias vivían en Lomas de Poleo, hoy, dicen los entrevistados permanecen allí 57, los otros tuvieron que irse porque les quemaron o les derrumbaron las casas. Entre todas, poseían 245 hectáreas, ubicadas en un polígono de 25,000 declaradas formalmente propiedad de la nación en 1975. En contra de su versión, los hermanos Pedro y Jorge Zaragoza, -dueños de una fortuna multimillonaria según es del dominio público-, alegan que la colonia se encuentra dentro de una enorme superficie heredada de su padre, por lo cual procedieron a cercarla. Hasta hoy, ningún tribunal ha resuelto en definitiva el conflicto jurídico.

Antes, e independientemente de este disparejo debate judicial, hay que contestar estas preguntas: ¿No es una exigencia del interés público y obligatorio para las autoridades (del municipio, del gobierno del estado, de la federación) restituir a los vecinos de la colonia el disfrute de todos sus derechos: libertad de tránsito, reapertura de las calles de su poblado, indemnización por sus viviendas destruidas y sus bienes robados, reinstalación del servicio de energía eléctrica, mantenimiento de la escuela, además de la persecución de los delitos cometidos?. Tales demandas elementales procederían en cualquier parte donde impere un Estado de leyes y en cualquier sociedad civilizada. ¿Lo es la nuestra?.

O, vale preguntarse, ¿Están las autoridades esperando y propiciando con su acción o con su negligencia un nuevo Acteal, un nuevo Aguas Blancas?. O, también es posible cuestionarse sobre otra eventualidad: los peticionarios de Namiquipa en 1908, cansados de esperar justicia, dos años después fueron a la revolución.

Víctor Orozco, profesor de historia en la Universidad de Chihahua, es un analista político mexicano.

Calderón impuso a su cachorro en el PAN para manipularlo

Pedro Echeverría V.
Rebelión
1. El millonario Camilo Mouriño (que como jefe de la Oficina de la Presidencia cogobierna con Felipe Calderón) festejó que Germán Martínez haya llegado a la dirigencia del PAN con 97 por ciento de la votación “porque el PAN está unido en torno a su nuevo liderazgo”. Rechazó que se redite el fenómeno del partido-gobierno que vivió el PRI durante 70 años, pero (dijo) no sería sano para la Presidencia una distancia del PAN por no repetir el pasado, sentenció mientras en el patio del búnker panista se celebraba con mariachis y antojitos mexicanos. Martínez se comprometió a defender las administraciones emanadas de su partido y en especial al actual jefe del Ejecutivo federal, no sólo porque es panista, sino porque el éxito de su labor representa para muchos mexicanos una esperanza de igualdad, explicó. Para sellar su ofrecimiento se dirigió al mandatario y sentenció: “¡Este es tu partido, presidente Felipe Calderón!”.

2. Pero cualquier panista hubiera sido más de lo mismo. Martínez es lo mismo que Espino, Álvarez, Cevallos o Abascal. Ellos impondrán como norma la defensa de los intereses empresariales y del clero tal como desde hace 68 años está inscrito en su programa que en los últimos tiempos se ha modernizado con el neoliberalismo. ¿Cómo pueden los panistas dejar de defender el programa privatizador de Calderón, o éste no privilegiar al PAN si son la misma cosa? Es un gran engaño, una cínica demagogia, decir que Calderón ya presidente va a defender al país en su conjunto y escuchar a todos por igual. Él tiene la obligación de entregarle las millonadas de los presupuestos al PAN porque este partido se encargará de difundir y defender su política. ¿Alguien piensa tontamente que ante los avances del PRI o de los demás partidos el PAN se va a cruzar de brazos? El PAN es el brazo derecho de Calderón, ni más ni menos.



3. La realidad, y al parecer no puede ser de otra manera, los partidos en el gobierno son partidos de Estado. Ese papel cumplió el PRI durante 71 años y el PAN desde el 2000. Pero además es lo que sucede (con algunas diferencias de grado) en los EEUU, entre los socialdemócratas europeos y en lo que se llamó el “bloque socialista”. Quizá lo que habría que proponer es que al triunfar un partido desaparezca automáticamente para evitar gastos dispendiosos y para que no defiendan a sus gobernantes delincuentes; pero esto en las dictaduras de “clase política” es más que imposible. El partido de gobierno es el brazo propagandístico del presidente y éste, de manera abierta o en la oscuridad, destina millonarios presupuestos de las distintas secretarías para el partido. Por eso Mouriño, el ideólogo del gobierno de Calderón, pidió a los panistas que no les importe que los confundan con el pasado priísta, porque hay que defender al jefe del Ejecutivo.



4. Entonces habría que preguntar: ¿Pueden los partidos funcionar de otra manera, sin defender al gobierno que ellos mismo llevaron al poder? Quizá, como dijera Mao en los sesenta: “construir un partido de nuevo tipo, es decir que esté al servicio de las masas”. Que encabece las demandas de los campesinos, de los obreros, de los sectores populares, obligando a su propio gobierno a resolver los problemas de los trabajadores. Sin embargo a pesar de ese llamado y de la “Gran Revolución Cultural” de 1966, el partido no dejó de ser un importante instrumento del gobierno y de su Estado. Pero quizá no se ha dicho la última palabra. En Venezuela, Bolivia y Ecuador la intervención directa de los de abajo sin partido (a pesar de que los partidos de gobierno se han reorganizado para enfrentar a la burguesía rabiosa y al imperialismo) quizá fortalezcan los autogobiernos comunitarios y las redes terminen acabando con la centralización.



5. Los partidos son producto de las sociedades capitalistas y cumplen un importante papel para que éstas permanezcan. Así como la estructura de la familia le da solidez a la organización de la sociedad jerárquica, los partidos modernos (que no existieron como tal en la sociedad feudal ni tampoco en el socialismo porque éste aún no se ha dado) cumplen un papel político para su supervivencia social. Nacen para representar intereses de clase social: partidos conservador, católico, liberal, progresista, revolucionario, socialista, etcétera, pero bien establecido el sistema de dominación éste los absorbe para que sirvan a los intereses de la clase, del sistema dominante en conjunto y de la clase política en particular. Ellos pueden confrontarse como partidos pero no pueden poner en peligro la subsistencia del Estado y el orden establecido. Cuando han rebasado esos límites los convierten en “terroristas, delincuentes y enemigos de la libertad establecida”



6. Quizá por eso los anarquistas no se organizan en partido ni en agrupaciones permanentes pues han planteado que el partido es el germen del Estado, es decir, que el Estado autoritario o despótico, explotador, conformado por ejércitos, policías, medios de información, leyes, cárceles y jueces, tiene su origen en los grupos de dirigentes que desde arriba empiezan a determinar políticas para que los de abajo cumplan y obedezcan. Los anarcos son partidarios de organizarse, o mejor coordinarse, sólo para batallas concretas, para acciones de defensa y de protesta, pero de ninguna manera aceptan la organización permanente. Difícilmente plantean hacer revoluciones (que generalmente terminan dominadas por un partido) sino organizar revueltas en las que todas las jerarquías de dominación desaparecen; mucho menos se plantean ocupar cargo alguno porque piensan que sólo desde abajo, desde la comunas o colectivos, se puede luchar.



7. La derecha también combate el centralismo del gobierno y del Estado, pero no para reivindicar las colectividades o las comunas de trabajadores; no para que los pueblos construyan una sociedad igualitaria. La derecha combate al Estado (diferente a como lo hacen los anarquistas) para imponer y proteger la gran propiedad de los empresarios sobre los bancos y la industria, así como a los latifundistas sobre la tierra. La derecha combate contra los sindicatos (no para que sean honestos y defiendan los intereses de los trabajadores) sino para desaparecerlos o que sirvan a los empresarios como sindicatos blancos o patronales. Pero en el caso de conquistar el gobierno (como el PAN ahora) gobierno, sindicatos y partidos los centralizan en un solo poder. Lo que en su programa escribieron y dicen dientes afuera, ya no les conviene aplicarlo. Aprendieron en la práctica que para gobernar necesitan centralizar todo: partidos y Estado.



8. ¿Qué hacer ante la contradicción aparatos de poder y libertad, privilegios políticos y económicos para unos pocos y opresión para la mayoría de la población? Quizá crear organismos de base con alta conciencia de colectividad que permitan subordinar a los directivos a los intereses del grupo de trabajo político, sindical o comunitario. Debe impulsarse la rotatividad en las funciones políticas y administrativas con el fin de que todos se hagan responsables y aprendan a autoorganizarse. Hay que evitar, a como dé lugar, que algún partido, grupo u organización imponga sus puntos de vista porque por ese solo hecho está poniendo las bases de la división. Denunciemos a los partidos del poder por las grandes maniobras que hacen para engañar a la población. Ningún partido con jerarquía, con intereses políticos y económicos podrá nunca ser independiente del poder, mucho menos si es el partido del poder. ¿A quién engaña el PAN y Calderón?