Ricardo Monreal Avila
La crisis que vive actualmente el campo mexicano se originó años antes del TLC. Sin embargo, este acuerdo comercial lejos de representar una opción de desarrollo agropecuario aceleró la pobreza, el abandono y la inviabilidad económica de este sector estratégico de la vida nacional. Un balance objetivo de los 13 años de vida del TLC en el campo avala esa afirmación.
El campo hoy:
* El 24% de la población mexicana vive en el campo.
* El sector agrícola representa el 16% de la PEA.
* El 70% de la población rural es pobre de patrimonio.
* 17 millones de campesinos viven con 28 o menos pesos por día.
* La esperanza de vida en el campo es de 55 años, menor que el resto de los mexicanos.
* En el campo se gana 80% menos que en la ciudad por trabajo equivalente.
* La probabilidad de no concluir los estudios es del 75%.
* La posibilidad de morir por una enfermedad curable es cuatro veces mayor que el resto de los mexicanos.
* Quien sobrevive más allá de la adolescencia, tendrá trabajo seguro seis meses y el resto del año buscará un empleo de "tercera" en la ciudad más próxima.
* Si el campo no ha "tronado" es por la migración interna, la emigración a los Estados Unidos y las remesas en dólares.
La década del TLCAN:
* Con excepción de algunos cultivos y regiones, el campo ha sido el sector económico menos beneficiado del país y el más desvinculado de la dinámica comercial de los tres países.
* En los ochenta, México exportaba 15 millones de toneladas de maíz al año, hoy importa 18 millones y produce sólo 16 millones de toneladas de ese grano.
* Las compras alimentarias han crecido un 85%.
* La superficie cosechada de granos básicos se ha reducido de 13.3 millones de hectáreas en 1990, a 10.9 millones en el 2007.
* En el mismo período, la población del país ha crecido 26 millones de habitantes.
* En la década del TLCAN, la balanza agroalimentaria de México con EUA ha sido positiva un año (1995) y negativa en seis.
Las políticas públicas en el campo:
* Mientras Estados Unidos destina en promedio 10 mil millones de dólares anuales y Canadá poco más de 900 millones para subsidiar al campo, México apenas invierte 100 millones de dólares a través del Procampo y Alianza para el Campo.
* Hace 10 años, el presupuesto anual del gobierno para el sector era de 5 mil millones de dólares; hoy es sólo de 2.5 mil millones.
* La inversión pública en el sector pasó del 2.5% del PIB a sólo 1.2%
* En el período 2000-2002, el crédito de la banca comercial al sector agropecuario cayó 43.4%
* En este mismo lapso, el gobierno ha cubierto por concepto de rescate bancario un monto de 145 mil millones de pesos: 3 veces la inversión en el sector primario.
* El narco, la guerrilla y los "polleros" tienden a llenar el vacío que dejaron Conasupo, Banrural y Procampo como estructuras de financiamiento y organización de los campesinos.
Hacia una política alternativa de Estado para el campo:
* Revisar el capítulo agropecuario del TLCAN, no rechazar el tratado en bloque (específicamente el capítulo VII: sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias).
* Antes que una moratoria, agotar los mecanismos legales previstos en el propio tratado (por ejemplo, las salvaguardas) y promover medidas complementarias como las cuotas compensatorias, los fondos de estabilizacion y las denuncias de "dumping" por los subsidios asimétricos a los productores norteamericanos y canadienses.
* Desplegar una mayor ofensiva en los foros internacionales (OMC, OCDE, APEC) para que los mercados de los países industrializados del Norte abran sus puertas a los bienes agrícolas de los países del Sur y proponer la homologación internacional de los subsidios y precios de garantía de los productos del campo (cartas paralelas, acuerdos complementarios, convenios internacionales entre productores y comercializadores).
* Una política de Estado para el campo debe garantizar financiamiento, tecnología, educación, capacitación, comercialización y reconversión productiva al sector agropecuario.
* Esto implica, entre otras medidas:
* Reorientar la inversión pública en el campo: 15% del gasto federal debe destinarse al desarrollo rural.
* Otorgar prioridad a la infraestructura productiva, a la conservación y regeneración de suelos, al rescate de recursos acuíferos y a la ampliación sustentable de la frontera agrícola.
* "Desatanizar" la política de subsidios al campo y aprender de nuestros socios comerciales.
* Establecer un sistema de crédito preferente canalizado por la banca de desarrollo y de seguros agrícolas.
* Promover la agroindustria y los agronegocios, de naturaleza privada y social.
* Reconstruir las cadenas productivas (producción, transporte, almacenamiento, comercialización e industrialización).
* Fortalecer los derechos de propiedad en el campo, especialmente la social.
* Apoyar la educación, el mejoramiento de la productividad y la apertura de mercados externos (reduciendo la importación indiscriminada e ilegal de productos básicos), como políticas públicas de primer orden.
* Sumar a los tres órdenes de gobierno en la ejecución y validación de estas medidas.
Frente a la tragedia social y económica del campo mexicano, el gobierno de Felipe Calderón ha renunciado a cualquier intento de renegociación y revisión del TLC en su capítulo agropecuario. Dice que nos iría peor. Es una actitud falsa, timorata y de subordinación. El TLC prevé mecanismos y situaciones de negociación. La Constitución, que está por encima del Tratado y no por debajo de él, también prevé facultades y atribuciones para revisar acuerdos económicos que resulten lesivos para la economía nacional.
Tan se puede y se debe revisar el TLC que al menos dos candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, los senadores Hillary Clinton y Barack Obama, tienen el tema en sus respectivas agendas de campaña. Claro, ellos lo hacen para atender las demandas de las organizaciones laborales y centrales obreras que se sienten perjudicadas por este tratado.
En caso de que alguno de estos candidatos gane la Presidencia norteamericana, el TLC seguramente se revisará y actualizará. El gobierno mexicano no podrá decir lo que hoy afirma: que el Tratado es innegociable. Sumiso y entregado acatará la decisión de revisarlo, ya que para la actual administración son más importantes los intereses comerciales externos que las demandas de los productores mexicanos. Y si no, que le pregunten a los industriales del calzado de León, a los industriales textileros del Centro y Norte del país, a los distribuidores de automóviles nacionales y a los productores y campesinos que aún sobreviven en lo que un día fue descrito como el cuerno de la abundancia, el campo mexicano.
Que el fraude electoral jamás se olvide
¿Borrar la historia?
Gerardo Fernández Casanova
Una de las características aberrantes de la tecnocracia en el poder, es su pretensión de borrar la historia o, en último término, de enmendarla. Es también una de las razones por las que llevamos un cuarto de siglo dando palos de ciego, aplicando recetarios que nada tienen que ver con la realidad, los que solamente han servido para ahondar la zanja que marca la diferencia entre lo que somos y lo que anhelamos ser. El tecnócrata, sea en México o en la Conchinchina, al no encontrar asideras para sustentar sus recetarios, simplemente los trata de imponer como dogmas. Es un dogma, por ejemplo, el concepto de que el libre juego de las fuerzas del mercado es el único antídoto contra la pobreza; como también es dogmática la determinación de la necesidad de crear el mercado energético, eliminando la intervención del Estado; por sólo mencionar ejemplos.
No de otra manera se puede entender la falta de interés de la tecnocracia para debatir sobre sus postulados; se asumen dueños de la verdad y califican de ignorantes a quienes se les oponen.
El caso del campo mexicano es emblemático del afán antihistórico cuyo resultado, a todas luces, ha sido su crisis ya crónica. Dicho afán se manifiesta en dos vertientes, ambas igualmente erróneas: la más socorrida por los modernistas se refiere al aprovechamiento "eficaz" de las ventajas comparativas, según el cual si resulta más barato producir maíz y granos básicos en los Estados Unidos, habrá que importarlo en beneficio de la población consumidora y, a cambio, exportar bienes para los que se cuente con mayor ventaja en su producción local, como sería el caso de las frutas, las flores y las hortalizas de invierno. Lo que en la teoría suena lógico, choca con la terquedad práctica: esas frutas, flores y hortalizas de invierno no pueden satisfacer la necesidad de alimentación de los mexicanos, la que, entonces, queda a merced de las veleidades o intencionalidades del oferente extranjero. El caso es claro en el presente: un movimiento de la demanda de maíz estadounidense hacia la producción de combustibles, provoca un alza desmedida en el precio del principal alimento de la población, para la que el mercado no ofrece una alternativa compensatoria. El resultado se llama hambre para un amplio sector de la sociedad. En la historia de todos los pueblos, desde la Biblia hasta el Popol Vuh, la seguridad alimentaria ha sido el condicionante de su desarrollo. La alimentaria es elemento sustancial de la soberanía de las naciones.
La otra vertiente, igual de errónea, considera que el objetivo nacional debe ser alcanzar la competitividad en la producción doméstica de granos para igualarla a la de Norteamérica, lo que implica crear aquí las mismas condiciones que allá se registran. Por principio de cuentas, la naturaleza se obstina en no querer modificarse, por ejemplo, para que aquí dispongamos de las enormes superficies planas y del clima que las hace fecundas; la nieve de invierno que elimina plagas y humedece la tierra es un factor inimitable. A lo anterior habrá que agregar los factores social y cultural: la conquista española conservó a la población autóctona para explotar su mano de obra, en tanto que la colonización anglosajona la eliminó para explotar directamente la tierra (con excepción del Sur esclavista). Esto marca una diferencia abismal entre ambas culturas que se refleja en la presión sobre la tenencia de la tierra que, en México, fue causa de una revolución y una profunda reforma agraria. El intento de ignorar la historia llevó a Salinas de Gortari a postular la contrarreforma agraria en 1992 y a la pretensión de descampesinizar el campo, proyecto que, además de fracasar, ha sido un verdadero genocidio. En la mayor parte del territorio nacional se vive en condiciones de miseria, para la que las únicas alternativas son la siembra de estupefacientes o la emigración con sus secuelas de muerte.
Igualmente se intenta borrar la historia en la materia del petróleo y, en general, de la energía. El porfiriato y sus "científicos" precursores de los actuales tecnócratas, fincó su proyecto de país en la entrega de los recursos naturales a la explotación por particulares, principalmente extranjeros. La Independencia y la Reforma dejaron intacta la forma de explotación de los recursos, por la que los mexicanos sólo observaban cómo la riqueza del país fluía a las metrópolis dejando sólo miseria en esta tierra, pero además sometiendo la soberanía a los caprichos de los empresarios mineros y petroleros, lo cual constituyó el otro causal del movimiento revolucionario de 1910, que derivó en la Constitución de 1917 y sus disposiciones de preservación de los recursos naturales para ser propiedad de la nación y su aprovechamiento en beneficio del pueblo. Costó mucha sangre lograr tales conquistas mínimamente soberanas. Hoy se pretende, sin argumento real que lo respalde, devolver a los extranjeros lo que con tanto esfuerzo se recuperó.
También fue motivo de la lucha revolucionaria de principios del siglo XX, la conquista de condiciones humanas en el trabajo. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco y la represión autoritaria porfirista alimentaron al descontento que luego estallaría. No fue gratuita la incorporación del derecho social al trabajo digno al texto constitucional; también costó sangre de mexicanos. La semana pasada se repitió la historia. El régimen neoporfirista y fraudulento arrasó con el derecho de huelga en la misma mina de Cananea, en repetición centenaria de aquel preludio de la guerra. Ni por ese prurito se abstuvieron. Tampoco los que, a la manera de Porfirio Díaz, se hicieron del poder por la vía del fraude electoral, repitiendo la historia.
No soy de los que ven la historia como una sucesión de ciclos en los que las fechas y los acontecimientos se repiten, pero la terquedad de los tecnócratas neoliberales parece empeñada en provocar un 2010 sangriento, para cumplir con la celebración centenaria.
Antes de que la sangre corra, los mexicanos seguimos apostando a la movilización pacífica. En las próximas semanas seremos testigos de los atentados contra la soberanía energética y contra las conquistas en materia laboral. La convocatoria de Andrés Manuel de no permitirlas va en serio. Paradójicamente, la movilización tendrá que convertirse en paro nacional. No hay de otra.
Gerardo Fernández Casanova
Una de las características aberrantes de la tecnocracia en el poder, es su pretensión de borrar la historia o, en último término, de enmendarla. Es también una de las razones por las que llevamos un cuarto de siglo dando palos de ciego, aplicando recetarios que nada tienen que ver con la realidad, los que solamente han servido para ahondar la zanja que marca la diferencia entre lo que somos y lo que anhelamos ser. El tecnócrata, sea en México o en la Conchinchina, al no encontrar asideras para sustentar sus recetarios, simplemente los trata de imponer como dogmas. Es un dogma, por ejemplo, el concepto de que el libre juego de las fuerzas del mercado es el único antídoto contra la pobreza; como también es dogmática la determinación de la necesidad de crear el mercado energético, eliminando la intervención del Estado; por sólo mencionar ejemplos.
No de otra manera se puede entender la falta de interés de la tecnocracia para debatir sobre sus postulados; se asumen dueños de la verdad y califican de ignorantes a quienes se les oponen.
El caso del campo mexicano es emblemático del afán antihistórico cuyo resultado, a todas luces, ha sido su crisis ya crónica. Dicho afán se manifiesta en dos vertientes, ambas igualmente erróneas: la más socorrida por los modernistas se refiere al aprovechamiento "eficaz" de las ventajas comparativas, según el cual si resulta más barato producir maíz y granos básicos en los Estados Unidos, habrá que importarlo en beneficio de la población consumidora y, a cambio, exportar bienes para los que se cuente con mayor ventaja en su producción local, como sería el caso de las frutas, las flores y las hortalizas de invierno. Lo que en la teoría suena lógico, choca con la terquedad práctica: esas frutas, flores y hortalizas de invierno no pueden satisfacer la necesidad de alimentación de los mexicanos, la que, entonces, queda a merced de las veleidades o intencionalidades del oferente extranjero. El caso es claro en el presente: un movimiento de la demanda de maíz estadounidense hacia la producción de combustibles, provoca un alza desmedida en el precio del principal alimento de la población, para la que el mercado no ofrece una alternativa compensatoria. El resultado se llama hambre para un amplio sector de la sociedad. En la historia de todos los pueblos, desde la Biblia hasta el Popol Vuh, la seguridad alimentaria ha sido el condicionante de su desarrollo. La alimentaria es elemento sustancial de la soberanía de las naciones.
La otra vertiente, igual de errónea, considera que el objetivo nacional debe ser alcanzar la competitividad en la producción doméstica de granos para igualarla a la de Norteamérica, lo que implica crear aquí las mismas condiciones que allá se registran. Por principio de cuentas, la naturaleza se obstina en no querer modificarse, por ejemplo, para que aquí dispongamos de las enormes superficies planas y del clima que las hace fecundas; la nieve de invierno que elimina plagas y humedece la tierra es un factor inimitable. A lo anterior habrá que agregar los factores social y cultural: la conquista española conservó a la población autóctona para explotar su mano de obra, en tanto que la colonización anglosajona la eliminó para explotar directamente la tierra (con excepción del Sur esclavista). Esto marca una diferencia abismal entre ambas culturas que se refleja en la presión sobre la tenencia de la tierra que, en México, fue causa de una revolución y una profunda reforma agraria. El intento de ignorar la historia llevó a Salinas de Gortari a postular la contrarreforma agraria en 1992 y a la pretensión de descampesinizar el campo, proyecto que, además de fracasar, ha sido un verdadero genocidio. En la mayor parte del territorio nacional se vive en condiciones de miseria, para la que las únicas alternativas son la siembra de estupefacientes o la emigración con sus secuelas de muerte.
Igualmente se intenta borrar la historia en la materia del petróleo y, en general, de la energía. El porfiriato y sus "científicos" precursores de los actuales tecnócratas, fincó su proyecto de país en la entrega de los recursos naturales a la explotación por particulares, principalmente extranjeros. La Independencia y la Reforma dejaron intacta la forma de explotación de los recursos, por la que los mexicanos sólo observaban cómo la riqueza del país fluía a las metrópolis dejando sólo miseria en esta tierra, pero además sometiendo la soberanía a los caprichos de los empresarios mineros y petroleros, lo cual constituyó el otro causal del movimiento revolucionario de 1910, que derivó en la Constitución de 1917 y sus disposiciones de preservación de los recursos naturales para ser propiedad de la nación y su aprovechamiento en beneficio del pueblo. Costó mucha sangre lograr tales conquistas mínimamente soberanas. Hoy se pretende, sin argumento real que lo respalde, devolver a los extranjeros lo que con tanto esfuerzo se recuperó.
También fue motivo de la lucha revolucionaria de principios del siglo XX, la conquista de condiciones humanas en el trabajo. Las huelgas de Cananea y de Río Blanco y la represión autoritaria porfirista alimentaron al descontento que luego estallaría. No fue gratuita la incorporación del derecho social al trabajo digno al texto constitucional; también costó sangre de mexicanos. La semana pasada se repitió la historia. El régimen neoporfirista y fraudulento arrasó con el derecho de huelga en la misma mina de Cananea, en repetición centenaria de aquel preludio de la guerra. Ni por ese prurito se abstuvieron. Tampoco los que, a la manera de Porfirio Díaz, se hicieron del poder por la vía del fraude electoral, repitiendo la historia.
No soy de los que ven la historia como una sucesión de ciclos en los que las fechas y los acontecimientos se repiten, pero la terquedad de los tecnócratas neoliberales parece empeñada en provocar un 2010 sangriento, para cumplir con la celebración centenaria.
Antes de que la sangre corra, los mexicanos seguimos apostando a la movilización pacífica. En las próximas semanas seremos testigos de los atentados contra la soberanía energética y contra las conquistas en materia laboral. La convocatoria de Andrés Manuel de no permitirlas va en serio. Paradójicamente, la movilización tendrá que convertirse en paro nacional. No hay de otra.
El costoso pago de ser un pueblo sin memoria
María Teresa Jardí
La buena nueva es que el nombramiento de Mouriño como secretario de Gobernación demuestra claramente que Calderón sólo es un pelele que nada cuenta.
El resto son malas y empiezan con la evidencia de que la ultraderecha española se acaba de hacer con todo el poder político que había ido afianzando en México desde la llegada del usurpador a ocupar la Presidencia de la República que el pueblo, mayoritariamente, le otorgó a otro.
Se va un gorila y llega un conquistador a impulsar, desde México, la caída de Chávez y la toma por parte de la derecha, aunque sea golpista, a fin de cuentas lo que vivimos aquí desde la llegada del usurpador es un golpe de Estado, del resto de gobiernos de países hermanos del pueblo mexicano en América Latina, Brasil y el Caribe.
No tardaremos en volver a ver las agresiones desde México a Cuba, de las que ya tuvimos un adelanto cuando Fox y Castañeda.
No es extraño, en el tenor de lo que ocurre con nuestro país, inconcebible, sí, pero culpa también de un pueblo que eligió el fácil camino de mantenerse como menor de edad porque crecer duele y pensar duele más aún.
No es extraño que se nombre a Patricio Patrón Laviada para ocupar un cargo en el nuevo gabinete que encabeza Mouriño. La derecha española necesita imbéciles. Y con pendientes del tamaño del asesinato de Pánfilo Novelo, entre otras muchas cosas, que tienen que ver con sus hermanos más que incómodos, acusados en reiteradas ocasiones por el POR ESTO!, con pruebas, de ser delincuentes de ligas mayores, es idóneo para ocupar cualquier cargo en el nuevo gabinete a modo de la ultraderecha española que desde Gobernación, con Mouriño como cabeza en México, se garantiza el control político de nuestro país.
Buenas nuevas porque no nos equivocamos al no dejar de llamar usurpador, a quien usurpa el poder.
Buenas nuevas para empresarios ladrones y para la derecha española tan corrupta como la mafiosa clase política mexicana.
Malas nuevas para el pueblo, la llegada de Mouriño y también para el Ejército Nacional que queda en manos de un poder extrajudicial extranjero.
La historia es sabia y la mexicana lo fue y por eso a los extranjeros y a los hijos de extranjeros se nos prohibía ocupar determinados cargos, los que tendrían que habarse alargado, en lugar de achicado como hizo Salinas dando paso a la llegada de Fox, luego de la creación, por parte de Salinas, del puesto a modo para José Córdoba Montoya como ilegítimo vicepresidente de la república. Lo que trajo aparejado el haber dado al traste con la seguridad nacional, pública y jurídica.
Pero lo que garantizó también el surgimiento de los nuevos más ricos del mundo.
Con ese acto empezó la cuenta regresiva para México que hoy culmina, al poner en manos de la corruptísima ultraderecha española, vinculada al imperio yanqui, el poder político mexicano.
Costos de ser un pueblo sin memoria.
La buena nueva es que el nombramiento de Mouriño como secretario de Gobernación demuestra claramente que Calderón sólo es un pelele que nada cuenta.
El resto son malas y empiezan con la evidencia de que la ultraderecha española se acaba de hacer con todo el poder político que había ido afianzando en México desde la llegada del usurpador a ocupar la Presidencia de la República que el pueblo, mayoritariamente, le otorgó a otro.
Se va un gorila y llega un conquistador a impulsar, desde México, la caída de Chávez y la toma por parte de la derecha, aunque sea golpista, a fin de cuentas lo que vivimos aquí desde la llegada del usurpador es un golpe de Estado, del resto de gobiernos de países hermanos del pueblo mexicano en América Latina, Brasil y el Caribe.
No tardaremos en volver a ver las agresiones desde México a Cuba, de las que ya tuvimos un adelanto cuando Fox y Castañeda.
No es extraño, en el tenor de lo que ocurre con nuestro país, inconcebible, sí, pero culpa también de un pueblo que eligió el fácil camino de mantenerse como menor de edad porque crecer duele y pensar duele más aún.
No es extraño que se nombre a Patricio Patrón Laviada para ocupar un cargo en el nuevo gabinete que encabeza Mouriño. La derecha española necesita imbéciles. Y con pendientes del tamaño del asesinato de Pánfilo Novelo, entre otras muchas cosas, que tienen que ver con sus hermanos más que incómodos, acusados en reiteradas ocasiones por el POR ESTO!, con pruebas, de ser delincuentes de ligas mayores, es idóneo para ocupar cualquier cargo en el nuevo gabinete a modo de la ultraderecha española que desde Gobernación, con Mouriño como cabeza en México, se garantiza el control político de nuestro país.
Buenas nuevas porque no nos equivocamos al no dejar de llamar usurpador, a quien usurpa el poder.
Buenas nuevas para empresarios ladrones y para la derecha española tan corrupta como la mafiosa clase política mexicana.
Malas nuevas para el pueblo, la llegada de Mouriño y también para el Ejército Nacional que queda en manos de un poder extrajudicial extranjero.
La historia es sabia y la mexicana lo fue y por eso a los extranjeros y a los hijos de extranjeros se nos prohibía ocupar determinados cargos, los que tendrían que habarse alargado, en lugar de achicado como hizo Salinas dando paso a la llegada de Fox, luego de la creación, por parte de Salinas, del puesto a modo para José Córdoba Montoya como ilegítimo vicepresidente de la república. Lo que trajo aparejado el haber dado al traste con la seguridad nacional, pública y jurídica.
Pero lo que garantizó también el surgimiento de los nuevos más ricos del mundo.
Con ese acto empezó la cuenta regresiva para México que hoy culmina, al poner en manos de la corruptísima ultraderecha española, vinculada al imperio yanqui, el poder político mexicano.
Costos de ser un pueblo sin memoria.
NADA con Mouriño
La dirigencia nacional del PRD y aspirantes a presidir ese partido cuestionaron el nombramiento de Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación y rechazaron cualquier negociación con el funcionario.
Leonel Cota Montaño y Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional y secretario general perredistas, respectivamente, reiteraron que las negociaciones con el PAN continuarán en el terreno legislativo, y descartaron un cambio de posición del partido hacia Felipe Calderón.
“El PRD no va a negociar ni con Mouriño ni con Calderón ni con ninguna instancia federal. No hay condiciones para ello y no podemos negociar con un gobierno que es ilegítimo”, enfatizó Cota Montaño.
En tanto, los precandidatos Alejandro Encinas, Jesús Ortega y Camilo Valenzuela consideraron que los cambios en el gabinete federal reflejan “grandes fracasos” del Ejecutivo usurpador, la intención de “seguir utilizando” recursos públicos para beneficiar política y electoralmente al blanquiazul, así como la “aprobación de reformas que promueven la privatización de Petróleos Mexicanos”.
Tanto Cota Montaño como Acosta Naranjo señalaron que no hay condiciones para entablar diálogo con Mouriño, pues consideraron que el cambio de personajes en el gabinete no resuelve los problemas de fondo en el país. Y cuestionaron la gestión de Francisco Ramírez Acuña, pues advirtieron que tuvo muy poca capacidad e influencia para atender los grandes problemas nacionales, incluídas las grandes violaciones a Derechos Humanos.
Jesús Ortega refirió, a su vez, que los cambios confirman el “desorden que impera” en el equipo calderonista, y la “ausencia de rumbo y visión estratégica para gobernar eficazmente el país. El gobierno de Calderón sólo actúa en la coyuntura, dando palos de ciego, extraviado acerca de cuales son las verdaderas necesidades de México”, expuso.
Por su parte, Alejandro Encinas, señaló que el nombramiento de Mouriño representa “graves signos de derechización en el gobierno ilegítimo de Calderón” y el “endurecimiento en su forma de hacer política”.
Ambos advirtieron que los movimientos pueden ser una “maquinación gubernamental” para avanzar hacia la privatización de los energéticos, particularmente del petróleo y para continuar con la utilización de recursos públicos en favor del PAN.
Así, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó hoy que con “la decisión del usurpador Felipe Calderón, de remover de su cargo a Francisco Ramírez Acuña y poner en su lugar al `españolito` Juan Camilo Mouriño, las transnacionales del petróleo están de plácemes”.
Añadió que “el principal operador del usurpador y preclaro promotor del remate de los bienes nacionales, va a la que fue la más importante de las secretarías de Estado de nuestra nación”.
Por medio de un comunicado, que dio a conocer el vocero perredista, Gerardo Fernández Noroña, el PRD dijo: “Muchos comentaristas, en el oficialismo galopante que vivimos, se han ido de bruces en elogios sobre el `españolito`. La realidad es que no habrá quien pueda hacerle la tarea al usurpador desde esa Secretaría, dado el cúmulo de medidas contrarias a la población que el gobierno calderonista viene tomando.
“La ventaja que tiene el nombramiento, es que Mouriño dejará de operar desde las sombras y tendrá que dar la cara, además de tener que entregar resultados positivos para el gobierno usurpador. Curiosamente, lo que muchos juzgan como un éxito de Mouriño (su nombramiento) será el principio de su debacle y acabará siendo víctima de su propia ambición”.
Añadió que, “mientras esto sucede, desde Gobernación se impulsarán dos grandes líneas lesivas al país y al movimiento progresista y democrático: una línea de más y mayor neoliberalismo (privatización de Pemex, Compañía de Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad; desmantelamiento de la seguridad social, destrucción de los derechos laborales), y una mayor militarización y represión en la nación”.
De acuerdo con el comunicado perredista, “el gran problema del `españolito` será su inexperiencia. O como decía algún viejo lobo priista sobre el secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma, que preguntaba: `¿Sabes que fue Moctezuma antes de ser secretario de Gobernación?` `Oficial Mayor de la SEP`, le contestaban. `No`, respondía el priista. `Antes de ser secretario fue niño`. Así está Mouriño”.
Señaló que no hay que “desestimar” a Mouriño, “pero los aciagos momentos que vive el país, requieren de hombres y mujeres de tamaños muy superiores a los colaboradores del usurpador”.
Dijo: “Calderón ha puesto en juego su mejor pieza, y el país le demostrará que no sirve ni para el arranque, con lo que el usurpador se quedará completamente solo”.
Por último, el PRD reiteró que “no tendrá ningún diálogo ni acercamiento con el bisoño titular de Gobernación del gobierno ilegítimo”.
Así, la diligencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ratifico este miércoles su decisión de no sentarse a dialogar con el Secretario de Gobernación, tras confirmarse la designación de Juan Camilo Mouriño en dicho puesto.
El secretario general de ese partido, Guadalupe Acosta, insistió en que el PRD decidió como partido, tener una distancia con el gobierno espurio de Felipe Calderón y no porque fuera Acuña el Secretario de Gobernación, sino por los sucesos del 2 de julio del 2006.
Manifestó además que no hay condiciones para un diálogo mientras no se de una respuesta a la solicitud de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de frijol, maíz, arroz y leche en polvo y mientras se tengan negociaciones por debajo de la mesa para privatizar Petróleos Mexicanos.
“El cambio de un personaje por otro no resuelve los grandes temas del país”, advirtió en conferencia el diirgente.
En tanto, cuatro de los cinco aspirantes a la dirigencia nacional de ese partido, coincidieron en que la llegada de Juan Camilo Mouriño no cambiará la relación de ese partido con el gobierno ni resolverá la crisis política que vive el país.
La interlocución del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado seguirá todavía con los senadores panistas, “no vamos a ir a la Secretaría de Gobernación ni a dialogar con Juan Camilo Mouriño”, declaró Carlos Navarrete, coordinador de la fracción perredista.
Asimismo, la llegada de Juan Camilo Mouriño a la Secretaría de Gobernación es poco favorable para las condiciones que actualmente vive el país dada su poca experiencia en materia de política interna, advirtió el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Resaltó que el nombramiento de quien ha sido el más cercano colaborador de Calderón “torna incierta la interlocución con los actores políticos del país, entre ellas las organizaciones civiles y sociales”.
También recordó que con Francisco Ramírez Acuña prevaleció la mano dura, marcada incluso desde su paso como gobernador de Jalisco.
Leonel Cota Montaño y Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional y secretario general perredistas, respectivamente, reiteraron que las negociaciones con el PAN continuarán en el terreno legislativo, y descartaron un cambio de posición del partido hacia Felipe Calderón.
“El PRD no va a negociar ni con Mouriño ni con Calderón ni con ninguna instancia federal. No hay condiciones para ello y no podemos negociar con un gobierno que es ilegítimo”, enfatizó Cota Montaño.
En tanto, los precandidatos Alejandro Encinas, Jesús Ortega y Camilo Valenzuela consideraron que los cambios en el gabinete federal reflejan “grandes fracasos” del Ejecutivo usurpador, la intención de “seguir utilizando” recursos públicos para beneficiar política y electoralmente al blanquiazul, así como la “aprobación de reformas que promueven la privatización de Petróleos Mexicanos”.
Tanto Cota Montaño como Acosta Naranjo señalaron que no hay condiciones para entablar diálogo con Mouriño, pues consideraron que el cambio de personajes en el gabinete no resuelve los problemas de fondo en el país. Y cuestionaron la gestión de Francisco Ramírez Acuña, pues advirtieron que tuvo muy poca capacidad e influencia para atender los grandes problemas nacionales, incluídas las grandes violaciones a Derechos Humanos.
Jesús Ortega refirió, a su vez, que los cambios confirman el “desorden que impera” en el equipo calderonista, y la “ausencia de rumbo y visión estratégica para gobernar eficazmente el país. El gobierno de Calderón sólo actúa en la coyuntura, dando palos de ciego, extraviado acerca de cuales son las verdaderas necesidades de México”, expuso.
Por su parte, Alejandro Encinas, señaló que el nombramiento de Mouriño representa “graves signos de derechización en el gobierno ilegítimo de Calderón” y el “endurecimiento en su forma de hacer política”.
Ambos advirtieron que los movimientos pueden ser una “maquinación gubernamental” para avanzar hacia la privatización de los energéticos, particularmente del petróleo y para continuar con la utilización de recursos públicos en favor del PAN.
Así, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó hoy que con “la decisión del usurpador Felipe Calderón, de remover de su cargo a Francisco Ramírez Acuña y poner en su lugar al `españolito` Juan Camilo Mouriño, las transnacionales del petróleo están de plácemes”.
Añadió que “el principal operador del usurpador y preclaro promotor del remate de los bienes nacionales, va a la que fue la más importante de las secretarías de Estado de nuestra nación”.
Por medio de un comunicado, que dio a conocer el vocero perredista, Gerardo Fernández Noroña, el PRD dijo: “Muchos comentaristas, en el oficialismo galopante que vivimos, se han ido de bruces en elogios sobre el `españolito`. La realidad es que no habrá quien pueda hacerle la tarea al usurpador desde esa Secretaría, dado el cúmulo de medidas contrarias a la población que el gobierno calderonista viene tomando.
“La ventaja que tiene el nombramiento, es que Mouriño dejará de operar desde las sombras y tendrá que dar la cara, además de tener que entregar resultados positivos para el gobierno usurpador. Curiosamente, lo que muchos juzgan como un éxito de Mouriño (su nombramiento) será el principio de su debacle y acabará siendo víctima de su propia ambición”.
Añadió que, “mientras esto sucede, desde Gobernación se impulsarán dos grandes líneas lesivas al país y al movimiento progresista y democrático: una línea de más y mayor neoliberalismo (privatización de Pemex, Compañía de Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad; desmantelamiento de la seguridad social, destrucción de los derechos laborales), y una mayor militarización y represión en la nación”.
De acuerdo con el comunicado perredista, “el gran problema del `españolito` será su inexperiencia. O como decía algún viejo lobo priista sobre el secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma, que preguntaba: `¿Sabes que fue Moctezuma antes de ser secretario de Gobernación?` `Oficial Mayor de la SEP`, le contestaban. `No`, respondía el priista. `Antes de ser secretario fue niño`. Así está Mouriño”.
Señaló que no hay que “desestimar” a Mouriño, “pero los aciagos momentos que vive el país, requieren de hombres y mujeres de tamaños muy superiores a los colaboradores del usurpador”.
Dijo: “Calderón ha puesto en juego su mejor pieza, y el país le demostrará que no sirve ni para el arranque, con lo que el usurpador se quedará completamente solo”.
Por último, el PRD reiteró que “no tendrá ningún diálogo ni acercamiento con el bisoño titular de Gobernación del gobierno ilegítimo”.
Así, la diligencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ratifico este miércoles su decisión de no sentarse a dialogar con el Secretario de Gobernación, tras confirmarse la designación de Juan Camilo Mouriño en dicho puesto.
El secretario general de ese partido, Guadalupe Acosta, insistió en que el PRD decidió como partido, tener una distancia con el gobierno espurio de Felipe Calderón y no porque fuera Acuña el Secretario de Gobernación, sino por los sucesos del 2 de julio del 2006.
Manifestó además que no hay condiciones para un diálogo mientras no se de una respuesta a la solicitud de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de frijol, maíz, arroz y leche en polvo y mientras se tengan negociaciones por debajo de la mesa para privatizar Petróleos Mexicanos.
“El cambio de un personaje por otro no resuelve los grandes temas del país”, advirtió en conferencia el diirgente.
En tanto, cuatro de los cinco aspirantes a la dirigencia nacional de ese partido, coincidieron en que la llegada de Juan Camilo Mouriño no cambiará la relación de ese partido con el gobierno ni resolverá la crisis política que vive el país.
La interlocución del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado seguirá todavía con los senadores panistas, “no vamos a ir a la Secretaría de Gobernación ni a dialogar con Juan Camilo Mouriño”, declaró Carlos Navarrete, coordinador de la fracción perredista.
Asimismo, la llegada de Juan Camilo Mouriño a la Secretaría de Gobernación es poco favorable para las condiciones que actualmente vive el país dada su poca experiencia en materia de política interna, advirtió el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).
Resaltó que el nombramiento de quien ha sido el más cercano colaborador de Calderón “torna incierta la interlocución con los actores políticos del país, entre ellas las organizaciones civiles y sociales”.
También recordó que con Francisco Ramírez Acuña prevaleció la mano dura, marcada incluso desde su paso como gobernador de Jalisco.
El secretario en Bucareli, ilegal
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Pareció que un mínimo rubor había condicionado el cargo recibido por Juan Camilo Mouriño de su amigo Felipe Calderón el 4 de diciembre de 2006: se le hizo jefe de la Oficina de la Presidencia y se le dotó de mayor poder que a los secretarios de Estado porque no podía ser uno de ellos, ya que no es mexicano por nacimiento. Y sin embargo, al asumir ayer la Secretaría de Gobernación, pasando por alto ese impedimento, Calderón y Mouriño infringen la ley, por más que el funcionario nacido en Madrid haya buscado tender una cortina de humo sobre su origen.
Mouriño nació en Madrid el 1 de agosto de 1971, hijo de Carlos Mouriño y María de los Ángeles Terrazo Blanco, ambos naturales de Galicia. Ella nació en Avión, el mismo pueblo de donde son originarios los Vázquez Raña. Sin embargo, fue presentada por su ahora muy conocido hijo menor como mexicana, al optar por la nacionalidad del país al que llegó a los siete años de edad. El 2 de octubre de 1989 Mouriño obtuvo certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, por ser “hijo de madre mexicana”. Para efecto de su registro como candidato a diputado federal, Mouriño hizo certificar notarialmente ese documento el 7 de abril de 1997.
Ni ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la autoridad electoral mostró el certificado de naturalización de su señora madre, si lo hay, indispensable para saber si fue expedido cuando la familia residía en España o si fue obtenido tras llegar a México en 1978.
La opción que hizo Mouriño en 1989, dos meses después de cumplir 18 años de edad no fue óbice para que se ostentara como súbdito español. El diario campechano “El Sur” mostró que en agosto de 1996 Mouriño ingresó a territorio mexicano mediante el pasaporte 8800581, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, a través de su consulado en Miami, y obtenido en la época en que el ahora secretario de Gobernación estudiaba en la Universidad de Tampa.
Se diría que la actual redacción del artículo 30 de la Constitución valida el estatus jurídico de Mouriño para ingresar en el gabinete formal. La fracción III de ese precepto extiende la condición de mexicanos por nacimiento (requisito para ser secretario de Estado, según el artículo 90 de la propia carta constitucional) a los hijos de padres mexicanos por naturalización, o de padre o madre en esa circunstancia. Pero el texto data apenas del 20 de marzo de 1997 y, por tanto, no es aplicable a quienes nacieron en fecha anterior. Al decidir obtener la nacionalidad mexicana en 1989, Mouriño partió del supuesto de que no la tenía.
A mayor abundamiento, el artículo 32 reformado también hace 11 años establece que “el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”. La portación de un pasaporte español mostró que en su momento, si no es que actualmente aún, Mouriño había adquirido otra nacionalidad, lo que también lo inhabilita para el cargo.
Es probable, en consecuencia, que la actuación del nuevo huésped principal del ministerio de Bucareli esté afectada por la ilegalidad, por una suerte de incompetencia de origen.
El refrendo que el nuevo titular de Gobernación otorgue a los decretos presidenciales —y cada uno de los actos que realice a partir de ayer miércoles— puede ser impugnado porque no satisface uno de los requisitos constitucionales para ser secretario de Estado.
Al designarlo no obstante esa fragilidad jurídica y convertirse con él en infractor de la Constitución, Calderón ha mostrado que las proclamas cotidianas por el estado de Derecho son mera palabrería. Mostró también que por encima de la ley está su interés en que la política interior —de forma deficiente gestionada por el secretario depuesto— quede a cargo de su mano derecha, la persona de mayor confianza entre quienes lo rodean.
Al retirarse contra su voluntad de Bucareli, el ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, no se ahorró recordar a quien lo nombró y ahora lo despide la antigüedad de su apoyo a su aspiración presidencial. En efecto, en mayo de 2004 el ahora político en desgracia presentó al entonces secretario de Energía —que lo fue sólo por 48 horas más después de aquel lance— como su candidato a la Presidencia de la República, en un rumboso mitin efectuado en el rancho de Abraham González, que seguramente a esta hora habrá dejado de ser subsecretario de Gobernación.
En aquel momento, Mouriño era subsecretario de Electricidad en el ministerio que Calderón encabezó por sólo unos meses. Se aducía entonces como razón para que ejerciera ese cargo su experiencia legislativa. En efecto, como diputado en la LVIII legislatura, había encabezado la Comisión de Energéticos, pero no hay en esos años registro de alguna iniciativa o dictamen que mostrara las capacidades del legislador en esa materia. Más bien se le había asignado ese cargo por la presencia de su familia en el mercado de combustibles en la Península de Yucatán, donde el Grupo Energético del Sureste, fundado por Carlos Mouriño Atanés, pionero de la reconquista española de la economía mexicana, era ya una presencia dominante.
El tránsito de Mouriño a un cargo en el gabinete tiene un ángulo positivo. Como secretario de Gobernación ejercerá atribuciones sobre las que rendirá cuentas, a diferencia del privilegio que lo acompañaba como virtual vicepresidente de la República.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
Miguel Ángel Granados Chapa
Pareció que un mínimo rubor había condicionado el cargo recibido por Juan Camilo Mouriño de su amigo Felipe Calderón el 4 de diciembre de 2006: se le hizo jefe de la Oficina de la Presidencia y se le dotó de mayor poder que a los secretarios de Estado porque no podía ser uno de ellos, ya que no es mexicano por nacimiento. Y sin embargo, al asumir ayer la Secretaría de Gobernación, pasando por alto ese impedimento, Calderón y Mouriño infringen la ley, por más que el funcionario nacido en Madrid haya buscado tender una cortina de humo sobre su origen.
Mouriño nació en Madrid el 1 de agosto de 1971, hijo de Carlos Mouriño y María de los Ángeles Terrazo Blanco, ambos naturales de Galicia. Ella nació en Avión, el mismo pueblo de donde son originarios los Vázquez Raña. Sin embargo, fue presentada por su ahora muy conocido hijo menor como mexicana, al optar por la nacionalidad del país al que llegó a los siete años de edad. El 2 de octubre de 1989 Mouriño obtuvo certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, por ser “hijo de madre mexicana”. Para efecto de su registro como candidato a diputado federal, Mouriño hizo certificar notarialmente ese documento el 7 de abril de 1997.
Ni ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la autoridad electoral mostró el certificado de naturalización de su señora madre, si lo hay, indispensable para saber si fue expedido cuando la familia residía en España o si fue obtenido tras llegar a México en 1978.
La opción que hizo Mouriño en 1989, dos meses después de cumplir 18 años de edad no fue óbice para que se ostentara como súbdito español. El diario campechano “El Sur” mostró que en agosto de 1996 Mouriño ingresó a territorio mexicano mediante el pasaporte 8800581, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, a través de su consulado en Miami, y obtenido en la época en que el ahora secretario de Gobernación estudiaba en la Universidad de Tampa.
Se diría que la actual redacción del artículo 30 de la Constitución valida el estatus jurídico de Mouriño para ingresar en el gabinete formal. La fracción III de ese precepto extiende la condición de mexicanos por nacimiento (requisito para ser secretario de Estado, según el artículo 90 de la propia carta constitucional) a los hijos de padres mexicanos por naturalización, o de padre o madre en esa circunstancia. Pero el texto data apenas del 20 de marzo de 1997 y, por tanto, no es aplicable a quienes nacieron en fecha anterior. Al decidir obtener la nacionalidad mexicana en 1989, Mouriño partió del supuesto de que no la tenía.
A mayor abundamiento, el artículo 32 reformado también hace 11 años establece que “el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”. La portación de un pasaporte español mostró que en su momento, si no es que actualmente aún, Mouriño había adquirido otra nacionalidad, lo que también lo inhabilita para el cargo.
Es probable, en consecuencia, que la actuación del nuevo huésped principal del ministerio de Bucareli esté afectada por la ilegalidad, por una suerte de incompetencia de origen.
El refrendo que el nuevo titular de Gobernación otorgue a los decretos presidenciales —y cada uno de los actos que realice a partir de ayer miércoles— puede ser impugnado porque no satisface uno de los requisitos constitucionales para ser secretario de Estado.
Al designarlo no obstante esa fragilidad jurídica y convertirse con él en infractor de la Constitución, Calderón ha mostrado que las proclamas cotidianas por el estado de Derecho son mera palabrería. Mostró también que por encima de la ley está su interés en que la política interior —de forma deficiente gestionada por el secretario depuesto— quede a cargo de su mano derecha, la persona de mayor confianza entre quienes lo rodean.
Al retirarse contra su voluntad de Bucareli, el ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, no se ahorró recordar a quien lo nombró y ahora lo despide la antigüedad de su apoyo a su aspiración presidencial. En efecto, en mayo de 2004 el ahora político en desgracia presentó al entonces secretario de Energía —que lo fue sólo por 48 horas más después de aquel lance— como su candidato a la Presidencia de la República, en un rumboso mitin efectuado en el rancho de Abraham González, que seguramente a esta hora habrá dejado de ser subsecretario de Gobernación.
En aquel momento, Mouriño era subsecretario de Electricidad en el ministerio que Calderón encabezó por sólo unos meses. Se aducía entonces como razón para que ejerciera ese cargo su experiencia legislativa. En efecto, como diputado en la LVIII legislatura, había encabezado la Comisión de Energéticos, pero no hay en esos años registro de alguna iniciativa o dictamen que mostrara las capacidades del legislador en esa materia. Más bien se le había asignado ese cargo por la presencia de su familia en el mercado de combustibles en la Península de Yucatán, donde el Grupo Energético del Sureste, fundado por Carlos Mouriño Atanés, pionero de la reconquista española de la economía mexicana, era ya una presencia dominante.
El tránsito de Mouriño a un cargo en el gabinete tiene un ángulo positivo. Como secretario de Gobernación ejercerá atribuciones sobre las que rendirá cuentas, a diferencia del privilegio que lo acompañaba como virtual vicepresidente de la República.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
Privatización energética
Teodoro Rentería Arróyave
La realidad es que el debate en torno al posible intento de privatización de Petróleos Mexicanos que podría incluir a todo el sector energético por parte de la cúpula del grupo en el poder, es ya nacional.
El ex candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador retó en conferencia de prensa a discutir el tema al mismo presidente, Felipe Calderón Hinojosa, a quien desconoce como tal, a funcionarios de su gabinete inmiscuidos en el mismo y legisladores panistas y priísta.
Dos oportunas aclaraciones son de la mayor importancia: Beatriz Paredes Rangel, presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que cualquier decisión que tomen los legisladores tricolores, debe ser acorde con los documentos básicos de su instituto, en defensa de la rectoría del Estado y la vigencia de Pemex como paraestatal.
Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Graco Ramírez aclaró que su bancada no está contra la inversión privada en Pemex, sino de la intención del gobierno de entregar veinte por ciento del capital accionario, a ello nos oponemos afirmó contundente, simplemente porque es impensable que ocupe algún extranjero un asiento en el Consejo de Administración de la paraestatal, que es propiedad, de acuerdo al mandato de nuestra Constitución, del pueblo de México.
Es de referirnos al encuentro que se llevó al cabo en Guatemala, en el marco de la toma de posesión del flamante presidente izquierdista socialdemócrata, Álvaro Colom, entre el presidente Felipe Calderón Hinojosa y sus homólogos, el venezolano Hugo Chávez Frías y el brasileño Luiz Inacio, Lula, da Silva, no obstante que fue calificado de informal.
El encuentro reviste la mayor importancia porque en el mismo se abordó entre otros tópicos el del petróleo. Hasta donde sabemos, Calderón y sus pares sudamericanos tienen visiones totalmente diferentes, estos últimos se han separado diametralmente del neoliberalismo dictado por la gran potencia del norte y llevan al cabo una política energética profundamente nacionalista.
Felipe Calderón ha insistido en la necesidad de dar prioridad a las relaciones con los países hermanos de Latinoamericana, en un viraje altamente positivo de 180 grados respecto a la absurda política que mantuvo, inclusive con actitudes despóticas, prepotentes y majaderas, su antecesor, el también panista, Vicente Fox Quesada.
El encuentro fue calificado por Hugo Chávez de bueno y positivo. Sus palabras no dejaron nada a la duda. “Por fin podemos hablar, vernos las caras y ratificarle mi amistad con México”, declaró Chávez ante los periodistas.
“Hablamos del petróleo, con Lula y Calderón, hablamos de la importancia de reactivar las relaciones”.
Otra declaración que llama la atención es la de Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional, puesto que también al contrario de su antecesor el yunquista, Manuel Espino Barrientos, no se cierra a la discusión, al afirmar que están dispuestos a debatir el tema de PEMEX y cualquier otro de la llamada agenda nacional en el Congreso de la Unión.
Por su parte, Santiago Creel Miranda, coordinador panista en el Senado, ha sido el único que quiso salirse por peteneras del asunto, al decir que por ahora sólo son especulaciones, pues aún está en elaboración la iniciativa correspondiente.
Esa no es la realidad, ésta identifica ya un pleno debate nacional sobre las intenciones privatizadoras del hidrocarburo, y si nos descuidamos, de toda la industria energética. Consideramos, que a pesar de los desnacionalizados de siempre, a pesar de los cambios que se hagan, se respetará el mandato constitucional que da protección plena a la soberanía de la nación.
La realidad es que el debate en torno al posible intento de privatización de Petróleos Mexicanos que podría incluir a todo el sector energético por parte de la cúpula del grupo en el poder, es ya nacional.
El ex candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador retó en conferencia de prensa a discutir el tema al mismo presidente, Felipe Calderón Hinojosa, a quien desconoce como tal, a funcionarios de su gabinete inmiscuidos en el mismo y legisladores panistas y priísta.
Dos oportunas aclaraciones son de la mayor importancia: Beatriz Paredes Rangel, presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que cualquier decisión que tomen los legisladores tricolores, debe ser acorde con los documentos básicos de su instituto, en defensa de la rectoría del Estado y la vigencia de Pemex como paraestatal.
Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Graco Ramírez aclaró que su bancada no está contra la inversión privada en Pemex, sino de la intención del gobierno de entregar veinte por ciento del capital accionario, a ello nos oponemos afirmó contundente, simplemente porque es impensable que ocupe algún extranjero un asiento en el Consejo de Administración de la paraestatal, que es propiedad, de acuerdo al mandato de nuestra Constitución, del pueblo de México.
Es de referirnos al encuentro que se llevó al cabo en Guatemala, en el marco de la toma de posesión del flamante presidente izquierdista socialdemócrata, Álvaro Colom, entre el presidente Felipe Calderón Hinojosa y sus homólogos, el venezolano Hugo Chávez Frías y el brasileño Luiz Inacio, Lula, da Silva, no obstante que fue calificado de informal.
El encuentro reviste la mayor importancia porque en el mismo se abordó entre otros tópicos el del petróleo. Hasta donde sabemos, Calderón y sus pares sudamericanos tienen visiones totalmente diferentes, estos últimos se han separado diametralmente del neoliberalismo dictado por la gran potencia del norte y llevan al cabo una política energética profundamente nacionalista.
Felipe Calderón ha insistido en la necesidad de dar prioridad a las relaciones con los países hermanos de Latinoamericana, en un viraje altamente positivo de 180 grados respecto a la absurda política que mantuvo, inclusive con actitudes despóticas, prepotentes y majaderas, su antecesor, el también panista, Vicente Fox Quesada.
El encuentro fue calificado por Hugo Chávez de bueno y positivo. Sus palabras no dejaron nada a la duda. “Por fin podemos hablar, vernos las caras y ratificarle mi amistad con México”, declaró Chávez ante los periodistas.
“Hablamos del petróleo, con Lula y Calderón, hablamos de la importancia de reactivar las relaciones”.
Otra declaración que llama la atención es la de Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional, puesto que también al contrario de su antecesor el yunquista, Manuel Espino Barrientos, no se cierra a la discusión, al afirmar que están dispuestos a debatir el tema de PEMEX y cualquier otro de la llamada agenda nacional en el Congreso de la Unión.
Por su parte, Santiago Creel Miranda, coordinador panista en el Senado, ha sido el único que quiso salirse por peteneras del asunto, al decir que por ahora sólo son especulaciones, pues aún está en elaboración la iniciativa correspondiente.
Esa no es la realidad, ésta identifica ya un pleno debate nacional sobre las intenciones privatizadoras del hidrocarburo, y si nos descuidamos, de toda la industria energética. Consideramos, que a pesar de los desnacionalizados de siempre, a pesar de los cambios que se hagan, se respetará el mandato constitucional que da protección plena a la soberanía de la nación.
Inicio de movilizaciones en la ciudad de Oaxaca por la libertad de Pedro Castillo Aragón y por la libertad de todos los presos políticos del país
CODECI,OIDHO,UCIZONI
A los medios de comunicación.
A las organizaciones sociales independientes del país.
A todo el movimiento social en su amplitud.
Conforme pasan los años queda más claro, que el Estado Mexicano y sus desgobiernos represores, como el de Ulises Ruiz en Oaxaca, siguen empeñados en llamar criminales a quienes luchamos por la igualdad y la justicia. Los mecanismos coercitivos y represivos a implementar desde el poder político tienen muchos nombres y muchas facetas.
En todo el país contamos por cientos a nuestr@s pres@s polític@s y son una constante los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas, la tortura, el hostigamiento policíaco militar y el acoso extrajudicial de grupos paramilitares. Los tres poderes se han prestado para legalizar este estado policíaco, el poder legislativo legaliza la represión de los movimientos sociales con su nueva reforma al código penal, el judicial protege a los criminales y los mantiene impunes como es el caso del gobernador de Puebla y el poder ejecutivo se dedica a proteger y administrar los intereses de una clase política y empresarial.
El pueblo de Oaxaca históricamente ha luchado contra estos desgobiernos; el movimiento magisterial popular que surgió hace más de un año no es un hecho aislado, ni de la historia, ni del escenario político nacional. Este movimiento no se podría explicar sin gente que entregó su vida y su libertad años antes, que impugnó y ayudó a construir una parte importante de esta Oaxaca digna. Tal es el caso de nuestro compañero Pedro Castillo Aragón quien desde el 2002 se encuentra secuestrado por el Estado en el centro Penitenciario de Santa Maria Ixcotel, decimos secuestrado porque sus delitos fueron fabricados dolosamente en su totalidad.
El 23 de Junio del 2002 nuestro compañero asesor y estudiante Pedro Castillo Aragón fue desaparecido para ser rigurosamente interrogado bajo diversas técnicas de tortura. Dos días después se le acusa de pertenecer a diferentes grupos guerrilleros, se le imputan los delitos de secuestro, tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo de vehículo, asociación delictuosa y portación de arma de fuego. Ante la falta de elementos jurídicos que aprueben su culpabilidad, ganamos un amparo con lo cual se le dicto libertad por cinco delitos, con esto queda desconfigurada la acusación que por si sola es insostenible y se comprueba fehacientemente el burdo montaje con el que han intentado criminalizarlo.
Durante el interrogatorio Pedro era cuestionado sobre su actividad en diferentes comunidades de la Sierra Sur, el Istmo y la Cuenca del estado de Oaxaca y era presionado para señalar a ciertos líderes sociales y profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que según el gobierno, podían tener vínculos con grupos armados.
En esos mismos días fueron detenidas tres personas que no se conocían entre sí, pero que según las autoridades eran coacusados con Pedro, uno de ellos, ex-líder magisterial de la sección 22, fue señalado en diligencias judiciales como jefe de los presuntos guerrilleros y el cual recuperó su libertad meses después de una negociación política. Quienes continúan presos al igual que Pedro son Isabel Almaraz Matías y Gonzalo López Cortés.
El caso de Pedro se enmarca en la empecinada criminalización de la lucha social, de la que los actuales desgobiernos solo son continuadores. Resultado de esto es la permanente bestialidad del terrorismo de Estado que mantiene heridas abiertas tanto en Oaxaca como en Chiapas, tanto en San Salvador Atenco como en Guerrero y en muchas otras partes donde la dignidad ha florecido en tanto crece la esperanza por una vida nueva, sin pobreza, sin opresión, con libertad y con justicia.
Ante ello anunciamos el inicio de movilizaciones para este 14 de enero en la ciudad de Oaxaca, por la libertad de Pedro Castillo Aragón y por la libertad de tod@s l@s pres@s polític@s y de conciencia de Oaxaca y del País. Hacemos un llamado al movimiento en general y a todas las organizaciones independientes para qué fortalezcamos, como eje central, la lucha por la libertad de tod@s nuestr@s pres@s, la justicia para nuestr@s muert@s, la presentación con vida de l@s desaparcid@s y para detener la represión por encima de todo.
LIBERTAD A PEDRO CASTILLO ARAGÓN
LIBERTAD A LOS PRESOS DE LA REGIÓN LOXICHA, DE SANTIAGO XANICA, DE SAN BLAS ATEMPA. LIBERTAD A ISABEL ALMARAZ MATÍAS, GONZALO LÓPEZ CORTES, FLAVIO SOSA VILLAVICENCIO, VICTOR HUGO MARTÍNEZ TOLEDO, MIGUEL ANGEL GARCÍA, DAVID VENEGAS REYES, ADAN MEJÍA LOPEZ Y A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S DEL PAÍS.
COMITÉ DE DEFENSA CIUDADANA (CODECI), ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA (OIDHO), UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA NORTE DEL ISTMO (UCIZONI).
A los medios de comunicación.
A las organizaciones sociales independientes del país.
A todo el movimiento social en su amplitud.
Conforme pasan los años queda más claro, que el Estado Mexicano y sus desgobiernos represores, como el de Ulises Ruiz en Oaxaca, siguen empeñados en llamar criminales a quienes luchamos por la igualdad y la justicia. Los mecanismos coercitivos y represivos a implementar desde el poder político tienen muchos nombres y muchas facetas.
En todo el país contamos por cientos a nuestr@s pres@s polític@s y son una constante los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas, la tortura, el hostigamiento policíaco militar y el acoso extrajudicial de grupos paramilitares. Los tres poderes se han prestado para legalizar este estado policíaco, el poder legislativo legaliza la represión de los movimientos sociales con su nueva reforma al código penal, el judicial protege a los criminales y los mantiene impunes como es el caso del gobernador de Puebla y el poder ejecutivo se dedica a proteger y administrar los intereses de una clase política y empresarial.
El pueblo de Oaxaca históricamente ha luchado contra estos desgobiernos; el movimiento magisterial popular que surgió hace más de un año no es un hecho aislado, ni de la historia, ni del escenario político nacional. Este movimiento no se podría explicar sin gente que entregó su vida y su libertad años antes, que impugnó y ayudó a construir una parte importante de esta Oaxaca digna. Tal es el caso de nuestro compañero Pedro Castillo Aragón quien desde el 2002 se encuentra secuestrado por el Estado en el centro Penitenciario de Santa Maria Ixcotel, decimos secuestrado porque sus delitos fueron fabricados dolosamente en su totalidad.
El 23 de Junio del 2002 nuestro compañero asesor y estudiante Pedro Castillo Aragón fue desaparecido para ser rigurosamente interrogado bajo diversas técnicas de tortura. Dos días después se le acusa de pertenecer a diferentes grupos guerrilleros, se le imputan los delitos de secuestro, tentativa de homicidio, resistencia de particulares, robo de vehículo, asociación delictuosa y portación de arma de fuego. Ante la falta de elementos jurídicos que aprueben su culpabilidad, ganamos un amparo con lo cual se le dicto libertad por cinco delitos, con esto queda desconfigurada la acusación que por si sola es insostenible y se comprueba fehacientemente el burdo montaje con el que han intentado criminalizarlo.
Durante el interrogatorio Pedro era cuestionado sobre su actividad en diferentes comunidades de la Sierra Sur, el Istmo y la Cuenca del estado de Oaxaca y era presionado para señalar a ciertos líderes sociales y profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que según el gobierno, podían tener vínculos con grupos armados.
En esos mismos días fueron detenidas tres personas que no se conocían entre sí, pero que según las autoridades eran coacusados con Pedro, uno de ellos, ex-líder magisterial de la sección 22, fue señalado en diligencias judiciales como jefe de los presuntos guerrilleros y el cual recuperó su libertad meses después de una negociación política. Quienes continúan presos al igual que Pedro son Isabel Almaraz Matías y Gonzalo López Cortés.
El caso de Pedro se enmarca en la empecinada criminalización de la lucha social, de la que los actuales desgobiernos solo son continuadores. Resultado de esto es la permanente bestialidad del terrorismo de Estado que mantiene heridas abiertas tanto en Oaxaca como en Chiapas, tanto en San Salvador Atenco como en Guerrero y en muchas otras partes donde la dignidad ha florecido en tanto crece la esperanza por una vida nueva, sin pobreza, sin opresión, con libertad y con justicia.
Ante ello anunciamos el inicio de movilizaciones para este 14 de enero en la ciudad de Oaxaca, por la libertad de Pedro Castillo Aragón y por la libertad de tod@s l@s pres@s polític@s y de conciencia de Oaxaca y del País. Hacemos un llamado al movimiento en general y a todas las organizaciones independientes para qué fortalezcamos, como eje central, la lucha por la libertad de tod@s nuestr@s pres@s, la justicia para nuestr@s muert@s, la presentación con vida de l@s desaparcid@s y para detener la represión por encima de todo.
LIBERTAD A PEDRO CASTILLO ARAGÓN
LIBERTAD A LOS PRESOS DE LA REGIÓN LOXICHA, DE SANTIAGO XANICA, DE SAN BLAS ATEMPA. LIBERTAD A ISABEL ALMARAZ MATÍAS, GONZALO LÓPEZ CORTES, FLAVIO SOSA VILLAVICENCIO, VICTOR HUGO MARTÍNEZ TOLEDO, MIGUEL ANGEL GARCÍA, DAVID VENEGAS REYES, ADAN MEJÍA LOPEZ Y A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S DEL PAÍS.
COMITÉ DE DEFENSA CIUDADANA (CODECI), ORGANIZACIONES INDIAS POR LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA (OIDHO), UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA NORTE DEL ISTMO (UCIZONI).
Sólo con la unidad del frente único y la huelga nacional, podremos parar la política imperialista del Estado mexicano: Sección 22
Miles de maestros, acompañados por organizaciones de la APPO, estudiantes y ciudadanos de a pie, tomaron las calles para protestar contra el alza al precio del pasaje, la instalación de parquímetros, el cierre de calles para un andador turístico, la liberación de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos. Fue una marcha a favor del pueblo, declaró Ezequiel Rosales Carreño.
Vladimir Méndez J/. Román López R.
Oaxaca, Oax. 16 de enero de 2008. “Los maestros estamos obligados a abrirles brecha a los próximos a vivir en esta carnicería bárbara, de muerte y sangre”, “por eso apoyamos las actividades de los jóvenes que dice ‘derecho al trabajo, derecho al futuro’”; pero sólo “con la unidad del frente único, con la construcción verdadera —no de falacia, de dirigentes—, de la huelga nacional”, que es el arma de los trabajadores, podremos detener la política imperialista que Felipe Calderón impone, aseguró Augusto Reyes a nombre de la Sección 22 del SNTE (Sindicato de Trabajadores de la Educación) al culminar la “marcha a favor del pueblo”, donde el magisterio volvió a mostrar su poder de convocatoria.
Miles de maestros, acompañados por organizaciones cobijadas en la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), estudiantes y ciudadanos de a pie, tomaron las calles para protestar contra el alza al precio del pasaje, la instalación de parquímetros, el cierre de calles para un andador turístico, la liberación de los presos políticos, la cancelación de los procesos jurídicos, la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales y la presentación de los desaparecidos. Fue “una marcha a favor del pueblo”, declaró Ezequiel Rosales Carreño, secretario de organización.
El mensaje de la marcha es contundente, apuntó Rosales Carreño: “si ellos no le bajan a los precios, nosotros no le bajaremos a nuestras acciones”. Mientras, precisó, los maestros gestionarán una mesa de negociación entre las autoridades y el Frente de Organizaciones Juveniles y Universitarias (FOJU), “de ser posible hoy mismo”, para tratar el alza al precio del pasaje.
El líder sindical convocó a los sectores obrero, campesino y popular a unir fuerzas para hacer frente a la embestida: el gasolinazo, el tortillazo, la escalada de precios. Pidió también cerrar filas en torno a la Sección 22 para recuperar las escuelas en poder de “los traidores, los esquiroles” de la Sección 59, arrancarle a Elba Esther Gordillo la “convocatoria sin condiciones” para renovar su dirigencia y echar abajo las contrarreformas a la ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
“Los maestros le decimos al pueblo de Oaxaca que defenderemos a la Sección 22, por eso exigimos convocatoria y abrogación total de la nefasta nueva ley del ISSSTE”, dijo Augusto Reyes y se manifestó por el frente único y por la huelga nacional como arma para detener la política imperialista que impone Felipe Calderón. “La organización de la APPO, la organización del pueblo de México, debe permitir defendernos”.
René Trujillo, a nombre del FOJU, saludó que el magisterio se sumara a la demanda de que el aumento al precio del pasaje quede sin efecto y se haga extensivo el descuento a las personas de la tercera edad y discapacitados. Hizo un llamado al pueblo para que secunde las demandas y se deslindó de la “obra montada por el gobierno del estado y por el pulpo camionero” el día de ayer en Ciudad Universitaria. “La UABJO (Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca) no debe ser vulnerada con la finalidad de intimidar a las bases estudiantiles, que tratan de echar atrás el aumento a las tarifas”.
También hicieron uso de la palabra familiares de presos y desaparecidos, quienes coincidieron en señalar que sólo con la movilización se podrá avanzar hacia la liberación y presentación con vida de éstos. Por lo tanto, llamaron a la unidad para poder enfrentar la represión desatada por el Estado.
La marcha, a la que asistieron al menos 25 mil personas, de acuerdo a los organizadores, transcurrió sin mayores incidentes, salvo la denuncia hecha por los altavoces de unos judiciales infiltrados. Durante el recorrido, los oradores manifestaron que la marcha de hoy es una muestra de que la APPO y el magisterio pueden volver a caminar juntos. “Hoy es el inicio de una nueva batalla”, arengaba Marcelino Coache Verano, secretario general del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores del Municipio de Oaxaca y vocero de la APPO.
El jueves y el viernes, una representación del magisterio oaxaqueño se movilizará en la ciudad de México para poder establecer una mesa de negoción con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y para “coberturar” la entrega de un millón de amparos contra la ley del ISSSTE. Por su parte, el FOJU ha anunciado una marcha el próximo viernes hacia la Cámara de Diputados para exigir que los diputados cumplan con su papel y emitan una ley que permita liberar el trasporte para poder romper con el monopolio del pulpo camionero. “Los diputados deben cumplir con sus papel y resolver las más necesidades del pueblo, que resuelva las demandas más inmediatas de la sociedad”.
Vladimir Méndez J/. Román López R.
Oaxaca, Oax. 16 de enero de 2008. “Los maestros estamos obligados a abrirles brecha a los próximos a vivir en esta carnicería bárbara, de muerte y sangre”, “por eso apoyamos las actividades de los jóvenes que dice ‘derecho al trabajo, derecho al futuro’”; pero sólo “con la unidad del frente único, con la construcción verdadera —no de falacia, de dirigentes—, de la huelga nacional”, que es el arma de los trabajadores, podremos detener la política imperialista que Felipe Calderón impone, aseguró Augusto Reyes a nombre de la Sección 22 del SNTE (Sindicato de Trabajadores de la Educación) al culminar la “marcha a favor del pueblo”, donde el magisterio volvió a mostrar su poder de convocatoria.
Miles de maestros, acompañados por organizaciones cobijadas en la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), estudiantes y ciudadanos de a pie, tomaron las calles para protestar contra el alza al precio del pasaje, la instalación de parquímetros, el cierre de calles para un andador turístico, la liberación de los presos políticos, la cancelación de los procesos jurídicos, la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales y la presentación de los desaparecidos. Fue “una marcha a favor del pueblo”, declaró Ezequiel Rosales Carreño, secretario de organización.
El mensaje de la marcha es contundente, apuntó Rosales Carreño: “si ellos no le bajan a los precios, nosotros no le bajaremos a nuestras acciones”. Mientras, precisó, los maestros gestionarán una mesa de negociación entre las autoridades y el Frente de Organizaciones Juveniles y Universitarias (FOJU), “de ser posible hoy mismo”, para tratar el alza al precio del pasaje.
El líder sindical convocó a los sectores obrero, campesino y popular a unir fuerzas para hacer frente a la embestida: el gasolinazo, el tortillazo, la escalada de precios. Pidió también cerrar filas en torno a la Sección 22 para recuperar las escuelas en poder de “los traidores, los esquiroles” de la Sección 59, arrancarle a Elba Esther Gordillo la “convocatoria sin condiciones” para renovar su dirigencia y echar abajo las contrarreformas a la ley del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
“Los maestros le decimos al pueblo de Oaxaca que defenderemos a la Sección 22, por eso exigimos convocatoria y abrogación total de la nefasta nueva ley del ISSSTE”, dijo Augusto Reyes y se manifestó por el frente único y por la huelga nacional como arma para detener la política imperialista que impone Felipe Calderón. “La organización de la APPO, la organización del pueblo de México, debe permitir defendernos”.
René Trujillo, a nombre del FOJU, saludó que el magisterio se sumara a la demanda de que el aumento al precio del pasaje quede sin efecto y se haga extensivo el descuento a las personas de la tercera edad y discapacitados. Hizo un llamado al pueblo para que secunde las demandas y se deslindó de la “obra montada por el gobierno del estado y por el pulpo camionero” el día de ayer en Ciudad Universitaria. “La UABJO (Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca) no debe ser vulnerada con la finalidad de intimidar a las bases estudiantiles, que tratan de echar atrás el aumento a las tarifas”.
También hicieron uso de la palabra familiares de presos y desaparecidos, quienes coincidieron en señalar que sólo con la movilización se podrá avanzar hacia la liberación y presentación con vida de éstos. Por lo tanto, llamaron a la unidad para poder enfrentar la represión desatada por el Estado.
La marcha, a la que asistieron al menos 25 mil personas, de acuerdo a los organizadores, transcurrió sin mayores incidentes, salvo la denuncia hecha por los altavoces de unos judiciales infiltrados. Durante el recorrido, los oradores manifestaron que la marcha de hoy es una muestra de que la APPO y el magisterio pueden volver a caminar juntos. “Hoy es el inicio de una nueva batalla”, arengaba Marcelino Coache Verano, secretario general del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores del Municipio de Oaxaca y vocero de la APPO.
El jueves y el viernes, una representación del magisterio oaxaqueño se movilizará en la ciudad de México para poder establecer una mesa de negoción con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y para “coberturar” la entrega de un millón de amparos contra la ley del ISSSTE. Por su parte, el FOJU ha anunciado una marcha el próximo viernes hacia la Cámara de Diputados para exigir que los diputados cumplan con su papel y emitan una ley que permita liberar el trasporte para poder romper con el monopolio del pulpo camionero. “Los diputados deben cumplir con sus papel y resolver las más necesidades del pueblo, que resuelva las demandas más inmediatas de la sociedad”.
Violento desalojo y despojo contra descendientes de los comuneros de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
2005-2015 "Década de lucha contra la impunidad"
SAN JUAN DE GUADALUPE – SAN LUIS POTOSI
ACCION URGENTE: Violento desalojo y despojo contra descendientes de los comuneros de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, San Luís Potosí.
México, Distrito Federal a 16 de enero de 2008.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación
Lic. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador del Estado de San Luís Potosí
Lic. Magdalena B. González Vega, Presidente de la CDH de San Luís Potosí
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina, Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación, Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH
Louise Arbour, Alta Comisionado de la onU
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité cerezo, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275,Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante el Violento desalojo y despojo contra descendientes de los comuneros de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, San Luís Potosí.
HECHOS [1]
El sábado 12 de enero de 2008, antes de las seis de la mañana, más de 200 policías estatales, apoyados por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con armas de alto poder y con uniformes de combate, encabezados por el agente del Ministerio Público del fuero común, licenciado Omar ALMENDÁREZ PARDO, allanaron las viviendas de los descendientes de comuneros Cenobia BRAVO HERNÁNDEZ y Feliciano JASSO LLANAS y de sus seis hijos que viven con sus respectivas familias, en el domicilio ubicado en la comunidad de San Juan de Guadalupe.
Habitantes denunciaron el desmedido e injustificado despliegue policial. En el lugar se encontraban más de 30 patrullas estatales y aproximadamente 250 agentes, por lo menos cinco camionetas de la policía federal, de las cuales tres se encontraban en la entrada del lugar con alrededor de 10 federales armados, además de una unidad del Servicio Médico Forense.
Los agentes, algunos encapuchados y vestidos de negro, irrumpieron en el domicilio abriendo la puerta a patadas, sin mostrar orden judicial alguna, insultaron a los habitantes que se encontraban durmiendo, con excepción de Fernando JASSO BRAVO, a quien sometieron e hicieron que se colocará los brazos detrás de la cabeza. Luego los obligaron a salir a todos, en total 21 personas, incluyendo diez menores de edad (la más pequeña tiene un año) quienes permanecieron a la intemperie.
Posteriormente un grupo de jóvenes se dedicaron a recoger los muebles y demás objetos propiedad de los poseedores del terreno, aventándolos a camiones que estaban afuera. Aparte de los muebles y la ropa, había en las viviendas cajas de juguetes que la señora Cenobia BRAVO HERNÁNDEZ vende en "La Feria del Juguete", así como doce mil pesos en efectivo que tenía como producto de las ventas de diciembre y "reyes". La señora BRAVO manifestó a los agente que si todas sus pertenencias fueron subidas a camiones, entonces era un robo, y que si sólo era un desalojo hubieran dejado sus cosas en la calle, a lo que los agentes respondieron que se las guardarían.
El licenciado Omar ALMENDÁREZ PARDO dijo que él obedecía a una orden de restitución provisional de la posesión, a favor de La Promotora del Estado, dictada en la averiguación previa 2-II/2005. Manifestó no saber el término de esa provisionalidad y que ésta podría ser indefinida y se negó a entregar a los descendientes de comuneros un mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado.
Los miembros del Grupo Plural, formado por los abogados Eduardo IZAR ROBLES, ex procurador; y Gonzalo ANDRADE REYES, ex candidato al gobierno de San Luis Potosí, así como los economistas Abraham RIVERA HERNÁNDEZ, Manuel GÓMEZ y TENORIO, Eduardo ZÚÑIGA, las hermanas Ileana y Mary DUQUE ZAPATA, Lucía PÉREZ DE GÓMEZ, Jorge VILLALBA, Armando ARREGUÍN y Ernesto FLORES ALVARADO, se sumaron a la protesta ante esa agresión y represión del gobierno del estado y manifestaron que no hay delito de los ejidatarios de San Juan de Guadalupe al ser los legítimos propietarios de las 14.800 hectáreas, convirtiéndolos en objeto de presiones y agresiones ilícitas.
Cabe resaltar que en julio de 2006, Margarito JASSO, Librado PEREZ ALMENDAREZ y José Luís GARCIA GRANJA ganaron la representación comunal al grupo caciquil de los Juanes Perreros, lo que detuvo el proyecto privatizador del estado.
Las familias desalojadas y despojadas de sus bienes se han constituido en plantón el cual está amenazado de ser desalojado de un momento a otro.Según fuentes, hay conocimiento de que se giraron instrucciones a las Direcciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal para que ejecutaran supuestos actos de desalojo, mientras la AFI y la PFP rodean el plantón.
El Gobierno establece que dicho predio es pequeña propiedad y que la asamblea comunal determinó la exclusión del mismo. Cabe resaltar al respeto que esto no es parte de un litigio jurídico definitivo y que nunca se autorizó el desalojo en las asambleas realizadas entre 1999 y 2007 sino que se garantizó el respeto de la posición de los habitantes de dicha superficie.
Además tenemos conocimiento del proyecto del tercer anillo del periférico quepartiría en tres la sierra de San Miguelito , vinculando dicho anillo con diversas carreteras nacionales y desarrollando en un área de once mil hectáreas, zonas residenciales, campo de Golf, zona hípica, criaderos de animales para cacería, panteones, aeropuertos privados y zonas ecológicas-residenciales, acciones todas de impacto ambiental a una zona de recarga de la biosfera y el manto acuífero.
Además existen cerca de 20 averiguaciones penales contra más de 150 integrantes de esta Comunidad y los asesores de la misma por todo tipo de delito que van desde la delincuencia organizada, pasando por despojo, daños, lesiones, secuestro amenazas y todo el catalogo de los códigos penales. Al respecto destacan las averiguaciones 97/XI/2006 y la 94/XI/2006 ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
Las tierras de esta Comunidad son las mas cotizadas la ciudad. Están rodeadas de los complejos inmobiliarios La Loma Club de Golf, Lomas del Tecnológico y Desarrollo del Pedregal, desarrollados por grupos de poder con una fuerte influencia sobre los gobiernos estatal y municipal.
Consideramos que este hecho se suma a las provocaciones implementadas por el Gobierno en contra de los ciudadanos además es un signo ominoso de un Gobierno que ante la incapacidad del diálogo recurre una vez más al uso de métodos intimidatorios y al la implementación de las herramientas de criminalización, sin tomar en cuenta la presencia de mujeres y niños causando así un mayor daño.
Recordamos que es obligación del estado mantener la paz social del país siempre con la utilización del dialogo, y no utilizando métodos estratégicos de intimidación y castigo en contra de la población.
Por lo anterior solicitamos:
i. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de las familias afectadas y de la gente solidaria que les brindan su apoyo.
ii. Que se les permita volver a sus hogares con plenas garantías y se le restituya todos sus bienes de los que fueron despojados.
iii. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
iv. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
ATENTAMENTE
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
Adrián Ramírez López; Presidente de la Limeddh
Mandar comunicaciones con calve AU- 002-2008 – SAN JUAN DE GUADALUPE – SAN LUIS POTOSIcon copia a enlace.limeddh@gmail.com :
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx
Lic. Marcelo de los Santos Fraga
Gobernador del Estado de San Luis Potosí
Palacio de Gobierno
Jardín Hidalgo No. 11, Centro
78000 San Luis Potosí, San Luis Potosí (444) 812-5787, 812-2950
marcelo@sanluispotosi.gob.mx
Lic. Magdalena B. González Vega,
Presidenta de la Comisión de derechos humanos del Estado de San Luis Potosí.
Mariano Otero Nº 685, Col. Tequisquiapam, C.P. 78250
Tel: 01 (444) 811 51 15, 811 10 16, 151 99 55 al 58
Lada sin Costo 01 800 2639 955
Fax: 01 (444) 811 47 10
derechoshumanos@cedhslp.org.mx
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel.conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx
Sen. Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx
Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.Con copia: enlace.limeddh@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Información: Carlos Covarrubias Rendón, Regidor y mesa del comisariado de bienes comunales San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
2005-2015 "Década de lucha contra la impunidad"
SAN JUAN DE GUADALUPE – SAN LUIS POTOSI
ACCION URGENTE: Violento desalojo y despojo contra descendientes de los comuneros de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, San Luís Potosí.
México, Distrito Federal a 16 de enero de 2008.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación
Lic. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador del Estado de San Luís Potosí
Lic. Magdalena B. González Vega, Presidente de la CDH de San Luís Potosí
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina, Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Dip. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación, Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH
Louise Arbour, Alta Comisionado de la onU
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité cerezo, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275,Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante el Violento desalojo y despojo contra descendientes de los comuneros de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, San Luís Potosí.
HECHOS [1]
El sábado 12 de enero de 2008, antes de las seis de la mañana, más de 200 policías estatales, apoyados por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con armas de alto poder y con uniformes de combate, encabezados por el agente del Ministerio Público del fuero común, licenciado Omar ALMENDÁREZ PARDO, allanaron las viviendas de los descendientes de comuneros Cenobia BRAVO HERNÁNDEZ y Feliciano JASSO LLANAS y de sus seis hijos que viven con sus respectivas familias, en el domicilio ubicado en la comunidad de San Juan de Guadalupe.
Habitantes denunciaron el desmedido e injustificado despliegue policial. En el lugar se encontraban más de 30 patrullas estatales y aproximadamente 250 agentes, por lo menos cinco camionetas de la policía federal, de las cuales tres se encontraban en la entrada del lugar con alrededor de 10 federales armados, además de una unidad del Servicio Médico Forense.
Los agentes, algunos encapuchados y vestidos de negro, irrumpieron en el domicilio abriendo la puerta a patadas, sin mostrar orden judicial alguna, insultaron a los habitantes que se encontraban durmiendo, con excepción de Fernando JASSO BRAVO, a quien sometieron e hicieron que se colocará los brazos detrás de la cabeza. Luego los obligaron a salir a todos, en total 21 personas, incluyendo diez menores de edad (la más pequeña tiene un año) quienes permanecieron a la intemperie.
Posteriormente un grupo de jóvenes se dedicaron a recoger los muebles y demás objetos propiedad de los poseedores del terreno, aventándolos a camiones que estaban afuera. Aparte de los muebles y la ropa, había en las viviendas cajas de juguetes que la señora Cenobia BRAVO HERNÁNDEZ vende en "La Feria del Juguete", así como doce mil pesos en efectivo que tenía como producto de las ventas de diciembre y "reyes". La señora BRAVO manifestó a los agente que si todas sus pertenencias fueron subidas a camiones, entonces era un robo, y que si sólo era un desalojo hubieran dejado sus cosas en la calle, a lo que los agentes respondieron que se las guardarían.
El licenciado Omar ALMENDÁREZ PARDO dijo que él obedecía a una orden de restitución provisional de la posesión, a favor de La Promotora del Estado, dictada en la averiguación previa 2-II/2005. Manifestó no saber el término de esa provisionalidad y que ésta podría ser indefinida y se negó a entregar a los descendientes de comuneros un mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado.
Los miembros del Grupo Plural, formado por los abogados Eduardo IZAR ROBLES, ex procurador; y Gonzalo ANDRADE REYES, ex candidato al gobierno de San Luis Potosí, así como los economistas Abraham RIVERA HERNÁNDEZ, Manuel GÓMEZ y TENORIO, Eduardo ZÚÑIGA, las hermanas Ileana y Mary DUQUE ZAPATA, Lucía PÉREZ DE GÓMEZ, Jorge VILLALBA, Armando ARREGUÍN y Ernesto FLORES ALVARADO, se sumaron a la protesta ante esa agresión y represión del gobierno del estado y manifestaron que no hay delito de los ejidatarios de San Juan de Guadalupe al ser los legítimos propietarios de las 14.800 hectáreas, convirtiéndolos en objeto de presiones y agresiones ilícitas.
Cabe resaltar que en julio de 2006, Margarito JASSO, Librado PEREZ ALMENDAREZ y José Luís GARCIA GRANJA ganaron la representación comunal al grupo caciquil de los Juanes Perreros, lo que detuvo el proyecto privatizador del estado.
Las familias desalojadas y despojadas de sus bienes se han constituido en plantón el cual está amenazado de ser desalojado de un momento a otro.Según fuentes, hay conocimiento de que se giraron instrucciones a las Direcciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal para que ejecutaran supuestos actos de desalojo, mientras la AFI y la PFP rodean el plantón.
El Gobierno establece que dicho predio es pequeña propiedad y que la asamblea comunal determinó la exclusión del mismo. Cabe resaltar al respeto que esto no es parte de un litigio jurídico definitivo y que nunca se autorizó el desalojo en las asambleas realizadas entre 1999 y 2007 sino que se garantizó el respeto de la posición de los habitantes de dicha superficie.
Además tenemos conocimiento del proyecto del tercer anillo del periférico quepartiría en tres la sierra de San Miguelito , vinculando dicho anillo con diversas carreteras nacionales y desarrollando en un área de once mil hectáreas, zonas residenciales, campo de Golf, zona hípica, criaderos de animales para cacería, panteones, aeropuertos privados y zonas ecológicas-residenciales, acciones todas de impacto ambiental a una zona de recarga de la biosfera y el manto acuífero.
Además existen cerca de 20 averiguaciones penales contra más de 150 integrantes de esta Comunidad y los asesores de la misma por todo tipo de delito que van desde la delincuencia organizada, pasando por despojo, daños, lesiones, secuestro amenazas y todo el catalogo de los códigos penales. Al respecto destacan las averiguaciones 97/XI/2006 y la 94/XI/2006 ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
Las tierras de esta Comunidad son las mas cotizadas la ciudad. Están rodeadas de los complejos inmobiliarios La Loma Club de Golf, Lomas del Tecnológico y Desarrollo del Pedregal, desarrollados por grupos de poder con una fuerte influencia sobre los gobiernos estatal y municipal.
Consideramos que este hecho se suma a las provocaciones implementadas por el Gobierno en contra de los ciudadanos además es un signo ominoso de un Gobierno que ante la incapacidad del diálogo recurre una vez más al uso de métodos intimidatorios y al la implementación de las herramientas de criminalización, sin tomar en cuenta la presencia de mujeres y niños causando así un mayor daño.
Recordamos que es obligación del estado mantener la paz social del país siempre con la utilización del dialogo, y no utilizando métodos estratégicos de intimidación y castigo en contra de la población.
Por lo anterior solicitamos:
i. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de las familias afectadas y de la gente solidaria que les brindan su apoyo.
ii. Que se les permita volver a sus hogares con plenas garantías y se le restituya todos sus bienes de los que fueron despojados.
iii. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
iv. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
ATENTAMENTE
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
Adrián Ramírez López; Presidente de la Limeddh
Mandar comunicaciones con calve AU- 002-2008 – SAN JUAN DE GUADALUPE – SAN LUIS POTOSIcon copia a enlace.limeddh@gmail.com :
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx
Lic. Marcelo de los Santos Fraga
Gobernador del Estado de San Luis Potosí
Palacio de Gobierno
Jardín Hidalgo No. 11, Centro
78000 San Luis Potosí, San Luis Potosí (444) 812-5787, 812-2950
marcelo@sanluispotosi.gob.mx
Lic. Magdalena B. González Vega,
Presidenta de la Comisión de derechos humanos del Estado de San Luis Potosí.
Mariano Otero Nº 685, Col. Tequisquiapam, C.P. 78250
Tel: 01 (444) 811 51 15, 811 10 16, 151 99 55 al 58
Lada sin Costo 01 800 2639 955
Fax: 01 (444) 811 47 10
derechoshumanos@cedhslp.org.mx
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel.conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx
Sen. Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx
Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.Con copia: enlace.limeddh@gmail.com
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[1] Información: Carlos Covarrubias Rendón, Regidor y mesa del comisariado de bienes comunales San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
A la opinión pública de San Luis Potosí
Como de todos es sabido el Gobierno del Estado realizo un desalojo en tierras ubicadas en el Predio la Ladrillera, superficie titulada a la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San miguelito. El operativo implico el uso de una fuerza de los tres niveles de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal.
El gobierno de Marcelo de los Santos no perdona que Margarito Jasso, Librado Perez Almendarez y Jose Luis Garcia Granja ganaran la representacion comunal al grupo caciquil de los Juanes Perreros en Julio del 2006 y con esto detuvieran el proyecto privatizador del Estado.
Por eso la saña en la Ladrillera.
Tenemos conocimiento que se intentara en las próximas horas desalojar el Plantón de los compañeros que sufrieron la agresión gubernamental. De que se giraron instrucciones a las Direcciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal para que ejecutaran supuestos actos en contra del Bando de Policía y Buen Gobierno. El AFI y la PFP rodean este medio día el plantón y esperamos lo peor.
El Gobierno establece que dicho predio es pequeña propiedad y que la asamblea comunal determinó la exclusión del mismo. Al respecto es de establecerse que esta cuestión jamás ha sido parte de un litigio jurídico definitivo y que además en las asambleas realizadas en el periodo 1999 al 2007 jamás se autorizo el desalojo de dichas tierras y siempre se garantizo el respeto de la posesión de los habitantes de dicha superficie.
Pero este gobierno realmente busca iniciar un plan integral de intimidación y despojo.
Tenemos conocimiento de su proyecto de tercer anillo del periférico que partiría en tres la sierra de San Miguelito, vinculando dicho anillo con diversas carreteras nacionales y desarrollando en un área de once mil hectáreas, zonas residenciales, campo de Golf, zona hípica, criaderos de animales para cacería, panteones, aeropuertos privados y zonas ecológicas-residenciales, acciones todas de impacto ambiental a una zona de recarga de la biosfera y el manto acuífero.
Además existen cerca de 20 averiguaciones penales contra mas de ciento cincuenta integrantes de esta Comunidad y los asesores de la misma por todo tipo de delito que van desde la delincuencia organizada, pasando por despojo, daños, lesiones, secuestro amenazas y todo el catalogo de los códigos penales. Al respecto destacan las averiguaciones 97/XI/2006 y la 94/XI/2006 ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
Las tierras de esta Comunidad son las mas cotizadas la ciudad. Están rodeadas de los complejos inmobiliarios La Loma Club de Golf, Lomas del Tecnológico y Desarrollo del Pedregal, desarrollados por grupos de poder con una fuerte influencia sobre los gobiernos estatal y municipal.
No nos extraña la ilegal actitud parcial del Gobierno pues es una estrategia conjunta que busca en un agónico gobierno dar los últimos zarpazos para fortalecer su poder económico y así influir en la sucesión política.
CARLOS COVARRUBIAS RENDON
REGIDOR
El gobierno de Marcelo de los Santos no perdona que Margarito Jasso, Librado Perez Almendarez y Jose Luis Garcia Granja ganaran la representacion comunal al grupo caciquil de los Juanes Perreros en Julio del 2006 y con esto detuvieran el proyecto privatizador del Estado.
Por eso la saña en la Ladrillera.
Tenemos conocimiento que se intentara en las próximas horas desalojar el Plantón de los compañeros que sufrieron la agresión gubernamental. De que se giraron instrucciones a las Direcciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal para que ejecutaran supuestos actos en contra del Bando de Policía y Buen Gobierno. El AFI y la PFP rodean este medio día el plantón y esperamos lo peor.
El Gobierno establece que dicho predio es pequeña propiedad y que la asamblea comunal determinó la exclusión del mismo. Al respecto es de establecerse que esta cuestión jamás ha sido parte de un litigio jurídico definitivo y que además en las asambleas realizadas en el periodo 1999 al 2007 jamás se autorizo el desalojo de dichas tierras y siempre se garantizo el respeto de la posesión de los habitantes de dicha superficie.
Pero este gobierno realmente busca iniciar un plan integral de intimidación y despojo.
Tenemos conocimiento de su proyecto de tercer anillo del periférico que partiría en tres la sierra de San Miguelito, vinculando dicho anillo con diversas carreteras nacionales y desarrollando en un área de once mil hectáreas, zonas residenciales, campo de Golf, zona hípica, criaderos de animales para cacería, panteones, aeropuertos privados y zonas ecológicas-residenciales, acciones todas de impacto ambiental a una zona de recarga de la biosfera y el manto acuífero.
Además existen cerca de 20 averiguaciones penales contra mas de ciento cincuenta integrantes de esta Comunidad y los asesores de la misma por todo tipo de delito que van desde la delincuencia organizada, pasando por despojo, daños, lesiones, secuestro amenazas y todo el catalogo de los códigos penales. Al respecto destacan las averiguaciones 97/XI/2006 y la 94/XI/2006 ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
Las tierras de esta Comunidad son las mas cotizadas la ciudad. Están rodeadas de los complejos inmobiliarios La Loma Club de Golf, Lomas del Tecnológico y Desarrollo del Pedregal, desarrollados por grupos de poder con una fuerte influencia sobre los gobiernos estatal y municipal.
No nos extraña la ilegal actitud parcial del Gobierno pues es una estrategia conjunta que busca en un agónico gobierno dar los últimos zarpazos para fortalecer su poder económico y así influir en la sucesión política.
CARLOS COVARRUBIAS RENDON
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