Fuente:Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Oaxaca, Oax. Gildardo Mota Figueroa, reportero y director del periódico quincenal Contra Poder, aseguró que presuntos policías ministeriales del estado levantaron a su esposa, Claudia Martínez Suárez, y la retuvieron casi cuatro horas en represalia por las críticas que ese medio hace al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al ex diputado priísta Bulmaro Rito Salinas y a otros funcionarios de la administración estatal. “Quienes retuvieron a mi esposa le dijeron que eso había pasado para que le bajara”, señaló. El 30 de octubre Mota Figueroa fue detenido y golpeado por agentes de la Policía Federal Preventiva, acusado de pertenecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a pesar de haberse identificado como periodista.
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FRIDA
EN HOMICIDIO DEL DIRECTOR PABIC, QUE OTRA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN APUNTE AL GOBIERNO ESTATAL: BRM
“En la investigación que se sigue para determinar el móvil del homicidio del Director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Barrita Ortiz, además de considerar a la delincuencia organizada, otra línea de investigación tiene que apuntar al gobierno del estado, para despejar toda duda sobre la relación de tan sangriento acto, con el movimiento social generado en el 2006”, dijo enfático Benjamín Robles Montoya.
“En la investigación que se sigue para determinar el móvil del homicidio del Director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Barrita Ortiz, además de considerar a la delincuencia organizada, otra línea de investigación tiene que apuntar al gobierno del estado, para despejar toda duda sobre la relación de tan sangriento acto, con el movimiento social generado en el 2006”, dijo enfático Benjamín Robles Montoya.
Que no quede ningún cabo suelto, si como ha manifestado el Secretario de Protección Ciudadana (Seproci), Sergio Segreste Ríos, se trata de una ejecución en represalia por el combate a la delincuencia organizada, que se investigue a fondo; pero si las autoridades correspondientes han llegado a pensar que otras líneas de investigación apuntan al Ejército Popular Revolucionario (EPR) o a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) –como se difundió en medios electrónicos nacionales teniendo como fuente a investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que omitieron su nombre-, pues también que se investigue al funcionarios y ex funcionarios del gobierno del estado, para despejar toda duda sobre que el homicidio pueda estar vinculado al movimiento social generado en el 2006, continuó el convergente.
El presidente del Consejo Estatal del Partido Convergencia (PC) en Oaxaca, y coordinador de la Fracción Parlamentaria naranja en la LX Legislatura Local, urgió a los gobiernos estatal y federal a signar y operar un verdadero programa de seguridad, que sea capaz de investigar, prevenir y castigar, actos violentos, como el que cobró la vida del Director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Barrita Ortiz.
“Sobre todo, si actos tan sangrientos, ponen en riesgo la vida de ciudadanos, como los que acuden al parque El Tequio, con una gran valía social, como Virginia Galán Rodríguez, destacada deportista y promotora que murió en tan terrible situación”, señaló el diputado local.
Robles Montoya dijo que no se debe permitir al hampa –narcotraficante o disfrazada de gobierno-, robar la seguridad y tranquilidad de los oaxaqueños, de los mexicanos, por eso es vital que se lleven a cabo acciones inmediatas y eficaces para contrarrestar la fuerza de la delincuencia y violencia en Oaxaca.
Y el trabajo en materia de seguridad debe ser total –continuó el líder de la Fracción Parlamentaria del águila naranja en la LX Legislatura de Oaxaca-, porque con las acciones federales y estatales no sólo se combatiría la delincuencia, también la violación a las garantías individuales, como la libertad de expresión, esto, al conocer de lo sufrido por la esposa del director del periódico “Contrapoder”.
“La agresión física y psicológica Claudia Martínez, esposa del periodista Gildardo Mota, es también un delito que debe perseguirse y castigarse; no podemos permitir que en pleno siglo XXI, el siglo de la comunicación, en Oaxaca y México, los periodistas sean el blanco de quienes creen que desde el servicio público se puede amordazar la libertad de expresión”, sostuvo enfático Robles Montoya.
“Como ciudadano, convergente y legislador, exijo a las instancias correspondientes en los ámbitos estatal y federal tomen seriamente su papel en estos dos casos, y no permitan que un oaxaqueño más esté expuesto a las balas de AK-47, R-15 y 9 mm, que privaron la vida a Barrita Ortiz, dos de sus elementos policiales y a Vicky Galán; ni tampoco que un periodista y su familia vivan temerosos cuando cumplen su deber de informar”, concluyó el congresista y líder político.
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DESPLEGADO PÚBLICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Con el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, ha llegado el momento de revertirlo.
Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.
La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.
Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.
Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.
La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.
La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.
La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.
La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo. Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el "MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS" , será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.
Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.
Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:
Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.
Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.
Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.
Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.
Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.
Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.
Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.
Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.
Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.
Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.
Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementació n de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.
Los ejes fundamentales de nuestras acciones;
Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.
Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.
Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.
Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.
Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.
Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.
¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN! ¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO! ¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
Fraternalmente
México, D. F., a 28 de enero de 2008
Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, "Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!", Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo
Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.
Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas
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Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.
La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, la imposición del ASPAN, la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.
Durante años las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo: la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La Soberanía Agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.
Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo, el derecho de Huelga.
La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.
La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales trasnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.
La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.
La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos, ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo. Para hacer frente a la crisis del país, las organizaciones que suscribimos el presente Acuerdo Político, hacemos un llamado a todos los sectores sociales comprometidos en la lucha por la democratización y transformación de nuestro país, a participar en el "MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS" , será un amplio movimiento social, plural y solidario capaz de desarrollar la movilización indispensable para impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica y social Neoliberal.
Luchamos por la restitución de la legalidad constitucional porque en ese contexto es posible generar las condiciones para democratizar el régimen político y modificar la política económica.
Para consolidar nuestro movimiento asumimos los siguientes compromisos:
Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos; por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.
Renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; y, creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano.
Defender la propiedad social de la tierra -ejidos y comunidades- como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.
Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.
Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, incrementando su participación en el ingreso nacional; exigiendo aumento general de emergencia; y, diseñar políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.
Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas, de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE. Apoyaremos los procesos de revisiones contractuales y salariales, en especial los que involucran a los trabajadores de las universidades públicas.
Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.
Derogar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización, garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.
Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno. Demandamos el otorgamiento de concesiones para las organizaciones sociales de señales de televisión y de radio, abiertas y con alcance nacional.
Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.
Por un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementació n de programas de investigación con un sentido de desarrollo nacional que esclarezca los riesgos de su uso.
Los ejes fundamentales de nuestras acciones;
Convocar a todas las expresiones campesinas, sindicales, sociales, ciudadanas y al pueblo en general, agraviados por la actual política gubernamental a participar en nuestro plan de lucha cuyo punto de partida es la gran marcha Nacional del 31 de enero y que incluye las movilizaciones del 7 de febrero, del 6 de marzo, del 18 de marzo, del 10 de abril y del 1° de Mayo, entre otras acciones que llevaremos a cabo durante el año en curso.
Construir un movimiento que se extenderá a todos Estados y regiones de la República Mexicana, propiciando la articulación de estrategias y acciones entre las organizaciones participantes.
Impulsar una alianza entre los diversos sectores sociales democráticos del país con una perspectiva de largo plazo, que inicia con la suscripción del presente Acuerdo Político.
Promover la vinculación y solidaridad con organizaciones internacionales afines.
Exigir al Ejecutivo Federal y convocar al Poder Legislativo, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los distintos órdenes de gobierno, para que conforme a sus atribuciones constitucionales resuelvan nuestras propuestas.
Articular las principales demandas de las organizaciones campesinas, sindicales, y ciudadanas para construir una agenda integral, no fragmentable, que exigiremos por medio de la movilización. Elaboraremos propuestas y alternativas para solucionar la grave crisis política y social del país.
¡BASTA YA, RENEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TLCAN! ¡RESCATEMOS AL CAMPO PARA RESCATAR A MÉXICO! ¡LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE!
Fraternalmente
México, D. F., a 28 de enero de 2008
Confederación Nacional Campesina; Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros; Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas; Central Campesina Independiente; Unión Campesina Democrática; Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo, "Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu boca!", Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Coalición Ciudadana Nacional, Diálogo
Nacional, Unión Nacional de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de la Educación Superior; Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Frente Sindical Mexicano.
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Y SIN EMBARGO SE MUEVE - EPISODIO 50 - ENERO 27 DE 2008
Contenido del programa
El tema de esta semana es "Efectos de la recesión económica de Estados Unidos en México". Invitada: Dra en economía Cristina Taddei.
Entrevista con Carlos Aparicio, director de RadioBemba, sobre el Foro Social Mundial celebrado la semana pasada en la Ciudad de México.
Audios de las mesas del FSM: Senadora Rosario Ibarra de Piedra, Enríque Dusell ("Crisis civilizatoria y fin del modelo neoliberal"), Euclides Mance ("Economía Solidaria"), Víctor Suárez ("Sin maíz no hay país"), Pablo Mancillas ("Orgánica A.C.")
Mensaje semanal de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México.
Entrevista telefónica con Luis Linares Zapata, secretario de desarrollo económico y ecología del Gobierno Legítimo de México, sobre los cambios en el gabinete del presidente espurio, Felipe Calderón.
Entrevista telefónica con Griselda Bracamontes sobre el cierre de escuelas, realizado por las esposas de los mineros, en solidaridad con el sindicato de trabajadores metalúrgicos de Cananea.
Entrevista telefónica con Luis Mandoki, director del documental "Fraude: México 2006" sobre la salida al mercado de la versión en DVD.
Conducen: Rosa María Rodríguez, Coque Taddei y César Lucero.
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MENSAJE DE LUIS MANDOKI (01.30.08)
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PAPI COMPRAME UNA KALASHNIKOV (01.21.08)
SEGUIMIENTO SOBRE EL CASO HUETAMO 2 (01.20.08)
MÁS INFORMACIÓN SOBRE MOURIÑO (01.18.08)
SEGUIMIENTO SOBRE EL CASO HUETAMO (01.14.08)
POR ESO LOS LLAMAMOS MEDIOS CHAYOTEROS (01.11.08)
CAMBIOS A LOS AVISOS DEL SENDERO POR CELULAR (01.02.08)
VERIFICAR AFILIACIONES (12.30.07)
LARIOS DEFIENDE LA REFORMA FASCISTA II (12.28.07)
PROBLEMAS CON TWITTER (12.26.07)
HECTOR LARIOS DEFIENDE LA REFORMA FASCISTA (12.21.07)
(ACTUALIZADO) ¡RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DEL SENDERO DEL PEJE EN TU CELULAR! (12.17.07)
EL SUEÑO DE MI PAIS. CRONICAS DE LA RESISTENCIA CIVIL PACIFICA (11.15.07)
MENSAJE DE LUIS MANDOKI
Entrevista a Luis Mandoki en "Y Sin Embargo, Se Mueve", el pasado 27 de enero, sobre la salida del DVD del documental más visto en México. Menciona los lugares donde podrá ser adquirido y convoca a los ciudadanos a establecer centros de distribución independientes.
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Puebla: cierra maquiladora para deshacerse de sindicato
Gladis Torres Ruiz
México DF, 30 ene 08 (CIMAC).- La empresa maquiladora Vaqueros Navarra, en el estado de Puebla, México, perteneciente a Grupo Navarra, uno de los más importantes en la industria maquiladora de esta localidad, informó a las y los trabajadores que su fábrica cierra en forma permanente, dejando sin trabajo a una gran cantidad de mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras.
El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Rodrigo S. Hernández, informó a Cimacnoticias que el lunes de la semana pasada, cuando las y los trabajadores llegaron a la fábrica, se les dijo que no había suficientes pedidos para reabrir la planta ese día y que debían volver dos días después.
Sin embargo, ayer lunes 28 de enero, cuando volvieron se les informó que la fábrica cerraba en forma permanente, “por falta de pedidos”. La fábrica fue cerrada no por falta de pedidos sino porque el empleador quiere deshacerse del sindicato independiente, Sindicato 19 de Septiembre, afiliado al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), apunta Rodrigo S. Hernández.
Cabe destacar que hasta hoy las autoridades laborales del estado de Puebla no han certificado todavía que el Sindicato 19 de Septiembre es titular del contrato colectivo de trabajo en la fábrica.
SIN SUELDO
Cuando las y los trabajadores de Vaqueros Navarra votaron para ser representados por el Sindicato 19 de Septiembre (el pasado 23 de noviembre), volvieron a trabajar sin recibir pago alguno. Luego, la gerencia de la empresa decidió realizar un "paro técnico" en la fábrica, del 5 de diciembre al lunes 21 de enero.
Y hoy, ya sin poder sobrevivir sin ingresos, después de 45 días de espera, las y los trabajadores han decidido aceptar el pago de su indemnización, “si ya no hay manera posible de que la planta reabra sus puertas, siempre que ésta cumpla al 100 por ciento con la LFT y cubra los días del paro técnico”, dicen
En este sentido el sindicato comenzó a negociar con el empleador. Hasta ahora la empresa ofrece menos de la mitad. Por lo que el lunes 28 de enero, se llevó a cabo una reunión entre el Sindicato y el empleador.
Paralelamente, obreras y obreros de Vaqueros Navarra, marcharon al Hotel Casa Real, donde se encontraba el delegado federal de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Carlos Ortiz, para pedirle su intervención en el conflicto.
“Aunque sabemos que su competencia federal lo limita para involucrarse directamente, también lo habilita para presionar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla (JLCyA), para acelerar el dictamen o laudo que da la mayoría al 19 de septiembre”, indican.
La empresa manifestó en la negociación de ayer que las y los obreros debían agradecer que se sienten con ellos a la mesa, a pesar de que “ni laudo tienen”. Éste se ha retrasado como parte de la estrategia patronal para impedir la consolidación del sindicalismo independiente en la región de Tehuacán.
En esta misma reunión la empresa se propuso valorar la opción del pago de los 90 días, sin embargo pretende hacerlo con una parte en dinero y la otra en máquinas, hecho que la asamblea obrera está valorando.
Cabe destacar que las otras fábricas integrantes del Grupo Navarra han estado abiertas y trabajando desde principios de enero, indicando que la empresa podría estar derivando órdenes de compra de Vaqueros Navarra a las otras fábricas.
Cada planta del Grupo Navarra está registrada como una entidad legal diferente con algunas diferencias en sus accionistas, aunque el elemento común es que es una de las familias más pudientes de Tehuacán: la familia Fernández.
Vaqueros Navarra, maquila ropa para marcas norteamericanas como GAP y Levi´s. El año pasado otorgó la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo a un sindicato “fantasma” perteneciente a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que nunca veló por sus derechos, por lo que las y los trabajadores decidieron que fuera el Sindicato 19 de Septiembre quien los representara, lo que provocó el inicio de los despidos y ahora el cierre de la fábrica.
Esta industria maquiladora llegó a Tehuacán hace 30 años, convirtiendo a esta entidad en una de las tres más importantes en el ramo. Grupo Navarra y Grupo Famián, de origen libanés, fueron los primeros en asentarse, según el documento La industria del vestido en Tehuacan, incluido en el portal maquilasolidarity.org.
Cerca de 450 empresas maquiladoras se encuentran ubicadas principalmente en Tehuacán, en colonias y localidades poblanas como San Lorenzo Teotipilco, Magdalena Cuayucatepec, San Pedro Acoquiaco, Nicolás Tetitzintla, San Diego Chalma, Santa Cruz Acapa, Santa María Coapan y Santa Catarina Otzolotepec
En ellas laboran alrededor de 45 mil trabajadoras y trabajadores, cifra aproximada debido a que las instancias gubernamentales y patronales sólo toman en cuenta la fuerza laboral registrada en el Seguro Social o en las nóminas de las maquiladoras establecidas de manera legal.
México DF, 30 ene 08 (CIMAC).- La empresa maquiladora Vaqueros Navarra, en el estado de Puebla, México, perteneciente a Grupo Navarra, uno de los más importantes en la industria maquiladora de esta localidad, informó a las y los trabajadores que su fábrica cierra en forma permanente, dejando sin trabajo a una gran cantidad de mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras.
El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Rodrigo S. Hernández, informó a Cimacnoticias que el lunes de la semana pasada, cuando las y los trabajadores llegaron a la fábrica, se les dijo que no había suficientes pedidos para reabrir la planta ese día y que debían volver dos días después.
Sin embargo, ayer lunes 28 de enero, cuando volvieron se les informó que la fábrica cerraba en forma permanente, “por falta de pedidos”. La fábrica fue cerrada no por falta de pedidos sino porque el empleador quiere deshacerse del sindicato independiente, Sindicato 19 de Septiembre, afiliado al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), apunta Rodrigo S. Hernández.
Cabe destacar que hasta hoy las autoridades laborales del estado de Puebla no han certificado todavía que el Sindicato 19 de Septiembre es titular del contrato colectivo de trabajo en la fábrica.
SIN SUELDO
Cuando las y los trabajadores de Vaqueros Navarra votaron para ser representados por el Sindicato 19 de Septiembre (el pasado 23 de noviembre), volvieron a trabajar sin recibir pago alguno. Luego, la gerencia de la empresa decidió realizar un "paro técnico" en la fábrica, del 5 de diciembre al lunes 21 de enero.
Y hoy, ya sin poder sobrevivir sin ingresos, después de 45 días de espera, las y los trabajadores han decidido aceptar el pago de su indemnización, “si ya no hay manera posible de que la planta reabra sus puertas, siempre que ésta cumpla al 100 por ciento con la LFT y cubra los días del paro técnico”, dicen
En este sentido el sindicato comenzó a negociar con el empleador. Hasta ahora la empresa ofrece menos de la mitad. Por lo que el lunes 28 de enero, se llevó a cabo una reunión entre el Sindicato y el empleador.
Paralelamente, obreras y obreros de Vaqueros Navarra, marcharon al Hotel Casa Real, donde se encontraba el delegado federal de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Carlos Ortiz, para pedirle su intervención en el conflicto.
“Aunque sabemos que su competencia federal lo limita para involucrarse directamente, también lo habilita para presionar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla (JLCyA), para acelerar el dictamen o laudo que da la mayoría al 19 de septiembre”, indican.
La empresa manifestó en la negociación de ayer que las y los obreros debían agradecer que se sienten con ellos a la mesa, a pesar de que “ni laudo tienen”. Éste se ha retrasado como parte de la estrategia patronal para impedir la consolidación del sindicalismo independiente en la región de Tehuacán.
En esta misma reunión la empresa se propuso valorar la opción del pago de los 90 días, sin embargo pretende hacerlo con una parte en dinero y la otra en máquinas, hecho que la asamblea obrera está valorando.
Cabe destacar que las otras fábricas integrantes del Grupo Navarra han estado abiertas y trabajando desde principios de enero, indicando que la empresa podría estar derivando órdenes de compra de Vaqueros Navarra a las otras fábricas.
Cada planta del Grupo Navarra está registrada como una entidad legal diferente con algunas diferencias en sus accionistas, aunque el elemento común es que es una de las familias más pudientes de Tehuacán: la familia Fernández.
Vaqueros Navarra, maquila ropa para marcas norteamericanas como GAP y Levi´s. El año pasado otorgó la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo a un sindicato “fantasma” perteneciente a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que nunca veló por sus derechos, por lo que las y los trabajadores decidieron que fuera el Sindicato 19 de Septiembre quien los representara, lo que provocó el inicio de los despidos y ahora el cierre de la fábrica.
Esta industria maquiladora llegó a Tehuacán hace 30 años, convirtiendo a esta entidad en una de las tres más importantes en el ramo. Grupo Navarra y Grupo Famián, de origen libanés, fueron los primeros en asentarse, según el documento La industria del vestido en Tehuacan, incluido en el portal maquilasolidarity.org.
Cerca de 450 empresas maquiladoras se encuentran ubicadas principalmente en Tehuacán, en colonias y localidades poblanas como San Lorenzo Teotipilco, Magdalena Cuayucatepec, San Pedro Acoquiaco, Nicolás Tetitzintla, San Diego Chalma, Santa Cruz Acapa, Santa María Coapan y Santa Catarina Otzolotepec
En ellas laboran alrededor de 45 mil trabajadoras y trabajadores, cifra aproximada debido a que las instancias gubernamentales y patronales sólo toman en cuenta la fuerza laboral registrada en el Seguro Social o en las nóminas de las maquiladoras establecidas de manera legal.
Publican Ley de Acceso de las mujeres a vida libre de violencia
Gladis Torres Ruiz
México DF, 29 ene 08 (CIMAC).- Hoy fue publicado el decreto que expide la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, la cual entrará en vigor a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y desde esa fecha el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) tendrá 60 días para emitir su reglamento.
El decreto de la Ley, aprobada el pasado 13 de diciembre del 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, donde señala que con esta Ley se busca garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad, autonomía, fomentar la no discriminación y la equidad de género
La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el DF, propuesta por el Gobierno local, contempla (a diferencia de la Ley General en la materia) un capítulo específico para garantizar en el presupuesto anual las partidas y recursos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma.
El decreto de Ley retoma los derechos que establecen las convenciones internacionales, fundamentalmente la Convención de Belem Do Pará, además de que se establece un modelo único de atención a las mujeres del DF.
Además de que crea un Sistema integral de atención a la violencia de que son objeto las mujeres, y en el que se vinculan instituciones del ámbito local, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DF (DIF-DF), el Instituto de las Mujeres del DF (Inmujeres-DF), Secretaría de Salud (SS), Secretaría de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia del DF.
Asimismo, da cumplimiento al Artículo Segundo transitorio de la Ley General, donde se establece que todas las entidades federativas deberán armonizar su legislación para preservar los derechos de las mujeres y retoma elementos esenciales de la Ley General, en cuanto a las modalidades y los tipos de violencia; establece una alerta de violencia feminicida y crea los albergues y órdenes de protección (Cimacnoticias 13 de diciembre 2007).
Con la puesta en marcha de esa normatividad, un juez de lo penal podrá emitir órdenes de protección de emergencia y preventivas cuando se encuentre en riesgo la integridad física o sicológica así como la seguridad de la víctima y las víctimas indirectas.
En el decreto de la recién publicada Ley para el DF se indica que en México el papel trascendental de las mujeres no ha sido acompañado de un proceso de reconocimiento y ampliación de sus derechos fundamentales que les garantice una vida en condiciones de equidad, sin discriminación y sin violencia.
TIPOS DE VIOLENCIA
La normatividad establece cinco modalidades de violencia: familiar, laboral, docente, en la comunidad e institucional y reconoce la violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres, en la que se encuentra todo tipo de acción que vulnere su derecho a decidir sobre su función reproductiva, la elección de métodos anticonceptivos y la práctica de un aborto seguro.
En ese sentido, la Ley General precisa que bastaba observar los textos legales en donde la defensa de las garantías de las mujeres era prácticamente inexistente; advirtiéndose que se le ignoraba como sujeto de derechos; por ello se modificaron muchos ordenamientos no sólo en nuestro país, donde la inclusión del Artículo 4º constitucional establecía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
Ambas leyes coinciden al señalar que fue hasta 1993, con la Declaración de Viena, cuando se reconocen en forma expresa los Derechos Humanos de las Mujeres y se comienza a abordar el tema de la violencia contra las mujeres con mayor seriedad.
Reconocen que esos instrumentos internacionales representan un logro significativo, y que a partir de la adopción de dichos instrumentos se ha hecho patente la gestación y desarrollo de un proceso de adecuación y perfeccionamiento, tanto del derecho internacional como de los sistemas jurídicos nacionales en la materia.
La creación de la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el DF obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una real perspectiva de género, estableciendo las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres capitalinas.
La Ley cumple con los compromisos asumidos por el Gobierno del DF en materia de tutela y protección de los derechos humanos de las mujeres, mediante la aprobación de un ordenamiento jurídico acorde con los postulados previstos en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con las circunstancias sociales, culturales, económicas e institucionales de la Ciudad.
México DF, 29 ene 08 (CIMAC).- Hoy fue publicado el decreto que expide la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, la cual entrará en vigor a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y desde esa fecha el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) tendrá 60 días para emitir su reglamento.
El decreto de la Ley, aprobada el pasado 13 de diciembre del 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, donde señala que con esta Ley se busca garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad, autonomía, fomentar la no discriminación y la equidad de género
La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el DF, propuesta por el Gobierno local, contempla (a diferencia de la Ley General en la materia) un capítulo específico para garantizar en el presupuesto anual las partidas y recursos necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma.
El decreto de Ley retoma los derechos que establecen las convenciones internacionales, fundamentalmente la Convención de Belem Do Pará, además de que se establece un modelo único de atención a las mujeres del DF.
Además de que crea un Sistema integral de atención a la violencia de que son objeto las mujeres, y en el que se vinculan instituciones del ámbito local, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DF (DIF-DF), el Instituto de las Mujeres del DF (Inmujeres-DF), Secretaría de Salud (SS), Secretaría de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia del DF.
Asimismo, da cumplimiento al Artículo Segundo transitorio de la Ley General, donde se establece que todas las entidades federativas deberán armonizar su legislación para preservar los derechos de las mujeres y retoma elementos esenciales de la Ley General, en cuanto a las modalidades y los tipos de violencia; establece una alerta de violencia feminicida y crea los albergues y órdenes de protección (Cimacnoticias 13 de diciembre 2007).
Con la puesta en marcha de esa normatividad, un juez de lo penal podrá emitir órdenes de protección de emergencia y preventivas cuando se encuentre en riesgo la integridad física o sicológica así como la seguridad de la víctima y las víctimas indirectas.
En el decreto de la recién publicada Ley para el DF se indica que en México el papel trascendental de las mujeres no ha sido acompañado de un proceso de reconocimiento y ampliación de sus derechos fundamentales que les garantice una vida en condiciones de equidad, sin discriminación y sin violencia.
TIPOS DE VIOLENCIA
La normatividad establece cinco modalidades de violencia: familiar, laboral, docente, en la comunidad e institucional y reconoce la violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres, en la que se encuentra todo tipo de acción que vulnere su derecho a decidir sobre su función reproductiva, la elección de métodos anticonceptivos y la práctica de un aborto seguro.
En ese sentido, la Ley General precisa que bastaba observar los textos legales en donde la defensa de las garantías de las mujeres era prácticamente inexistente; advirtiéndose que se le ignoraba como sujeto de derechos; por ello se modificaron muchos ordenamientos no sólo en nuestro país, donde la inclusión del Artículo 4º constitucional establecía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
Ambas leyes coinciden al señalar que fue hasta 1993, con la Declaración de Viena, cuando se reconocen en forma expresa los Derechos Humanos de las Mujeres y se comienza a abordar el tema de la violencia contra las mujeres con mayor seriedad.
Reconocen que esos instrumentos internacionales representan un logro significativo, y que a partir de la adopción de dichos instrumentos se ha hecho patente la gestación y desarrollo de un proceso de adecuación y perfeccionamiento, tanto del derecho internacional como de los sistemas jurídicos nacionales en la materia.
La creación de la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el DF obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una real perspectiva de género, estableciendo las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas las mujeres capitalinas.
La Ley cumple con los compromisos asumidos por el Gobierno del DF en materia de tutela y protección de los derechos humanos de las mujeres, mediante la aprobación de un ordenamiento jurídico acorde con los postulados previstos en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y con las circunstancias sociales, culturales, económicas e institucionales de la Ciudad.
Entrevista a David Venegas
Entrevista telefónica a David Venegas desde la Penitenciaria de Ixcotel, en donde sigue preso de manera irregular tras haber ganado un tercer amparo que debería haberle supuesto su libertad inmediata.
http://sipaz.wordpress.com/2008/01/28/oaxaca-david-venegas-reyes-sigue-detenido-sipaz-lo-entrevista/
Relatoria del Foro Militarización, Represión y Derechos Humanos
Foro Social Mundial- México
Foro Militarización, Represión y Derechos Humanos
Casos Denuncias y Propuestas.
De 10 a 13 horas la mesa ha abordado los temas de:
1. Soledad Ortiz y Càstulo López de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), hicieron un recuento del conflicto en Oaxaca, destacando la represión gubernamental, y en ello la necesidad del pueblo oaxaqueño de organizarse y luchar contra injusticias de toda índole, teniendo que salir a las calles como una manera de presión y denuncia.
Además expusieron ampliamente como ha sido la situación de los Derechos Humanos en Oaxaca, y las primeras agresiones del régimen de Ulises Ruiz Ortiz (URO), destacando el asesinato a golpes en 2004 del profesor Serafín García Contreras.
Por otro lado hacen referencia a su levantamiento social en 2006, y al terrorismo de estado que URO ha implementado, la ocupación de Oaxaca por militares disfrazados de Policía Federal Preventiva, llegando a la conclusión de que en esa entidad no han valido los derechos humanos.
Asimismo han expuesto la detención de más de 500 personas a lo largo del desarrollo del movimiento, de los cuales casi todos sufrieron maltrato sicológico o tortura. Por lo menos 26 muertes (como es el caso del Arq. Lorenzo San Pablo Cervantes), y otros asesinatos políticos cometidos por las órdenes de URO a través de bandas paramilitares, y muchos perseguidos y exiliados políticos.
Finalmente reivindican la lucha contra la impunidad en ese estado y a lo largo del país.
Señalaron además como uno de los principales retos la organización y resistencia popular y propusieron retomar la lucha por los desaparecidos y contra de secuestro provocando que se legisle tipificando como delito el “secuestro policiaco”.
2. Estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, expusieron la situación de represión que viven en ese estado, a partir de sus legítimas demandas al gobierno de esa entidad para mejorar las condiciones de la normal, implementar la educación en el estado, y la generación de plazas magisteriales.
Arturo García López expuso cómo a lo largo de los últimos meses han sido objeto de persecución, cárcel y heridos de gravedad por parte de las policías estatal y federal.
3. Por otro lado el Movimiento de los Pueblos Cholultecas, representado por Mauricio Galiate y Ricardo Pérez, han relatado cómo el gobierno del estado de Puebla ha desarrollado una represión sistematizada contra ellos, quienes luchan por la defensa del territorio y el agua, y contra la especulación inmobiliaria que ha obligado a muchas personas a vender sus tierras a precios irrisibles (desde los 7 pesos por metro cuadrado, que luego se venden hasta en 450 dólares).
4. Francisco Javier Contreras del movimiento Todos Somos Zimapán, expone la manera en que la sociedad de esa región hidalguense ha sido víctima de la represión policiaca por oponerse a la operación de un tiradero de residuos peligrosos, pues afectaría directamente a la gente y la ecología.
El pasado diciembre la detención y golpiza a 45 personas que se movilizaban, incluyendo adultos mayores y niños.
Foro Militarización, Represión y Derechos Humanos
Casos Denuncias y Propuestas.
De 10 a 13 horas la mesa ha abordado los temas de:
1. Soledad Ortiz y Càstulo López de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), hicieron un recuento del conflicto en Oaxaca, destacando la represión gubernamental, y en ello la necesidad del pueblo oaxaqueño de organizarse y luchar contra injusticias de toda índole, teniendo que salir a las calles como una manera de presión y denuncia.
Además expusieron ampliamente como ha sido la situación de los Derechos Humanos en Oaxaca, y las primeras agresiones del régimen de Ulises Ruiz Ortiz (URO), destacando el asesinato a golpes en 2004 del profesor Serafín García Contreras.
Por otro lado hacen referencia a su levantamiento social en 2006, y al terrorismo de estado que URO ha implementado, la ocupación de Oaxaca por militares disfrazados de Policía Federal Preventiva, llegando a la conclusión de que en esa entidad no han valido los derechos humanos.
Asimismo han expuesto la detención de más de 500 personas a lo largo del desarrollo del movimiento, de los cuales casi todos sufrieron maltrato sicológico o tortura. Por lo menos 26 muertes (como es el caso del Arq. Lorenzo San Pablo Cervantes), y otros asesinatos políticos cometidos por las órdenes de URO a través de bandas paramilitares, y muchos perseguidos y exiliados políticos.
Finalmente reivindican la lucha contra la impunidad en ese estado y a lo largo del país.
Señalaron además como uno de los principales retos la organización y resistencia popular y propusieron retomar la lucha por los desaparecidos y contra de secuestro provocando que se legisle tipificando como delito el “secuestro policiaco”.
2. Estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, expusieron la situación de represión que viven en ese estado, a partir de sus legítimas demandas al gobierno de esa entidad para mejorar las condiciones de la normal, implementar la educación en el estado, y la generación de plazas magisteriales.
Arturo García López expuso cómo a lo largo de los últimos meses han sido objeto de persecución, cárcel y heridos de gravedad por parte de las policías estatal y federal.
3. Por otro lado el Movimiento de los Pueblos Cholultecas, representado por Mauricio Galiate y Ricardo Pérez, han relatado cómo el gobierno del estado de Puebla ha desarrollado una represión sistematizada contra ellos, quienes luchan por la defensa del territorio y el agua, y contra la especulación inmobiliaria que ha obligado a muchas personas a vender sus tierras a precios irrisibles (desde los 7 pesos por metro cuadrado, que luego se venden hasta en 450 dólares).
4. Francisco Javier Contreras del movimiento Todos Somos Zimapán, expone la manera en que la sociedad de esa región hidalguense ha sido víctima de la represión policiaca por oponerse a la operación de un tiradero de residuos peligrosos, pues afectaría directamente a la gente y la ecología.
El pasado diciembre la detención y golpiza a 45 personas que se movilizaban, incluyendo adultos mayores y niños.
La violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas: la violencia institucional y sus consecuencias
LAS MUJERES DEBATEN Y PARTICIPAN EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL.
Ponencia presentada por compañeras oaxaqueñas en EL FORO SOCIAL MUNDIAL -MEXICO en la carpa: POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS JOVENES, desarrollada en el Zócalo de la ciudad de México, durante los días del 22 de Enero al 26 de Enero; abordaron el problema de las mujeres desde una perspectiva critica ante los embates del neoliberalismo. También recordaron la lucha de las mujeres como a la doctora BERTHA MUÑOZ, exiliada política, ante las amenazas que pesan sobre ella y familia; al mismo tiempo el Sindicato de Salud no ha hecho nada por ella para mantenerle sus derechos laborales. Reconocieron es responsabilidad de las mujeres organizarse para acabar con la injusticia, el machismo sustento también del modelo actual de sociedad. Y por ultimo la lucha debe ser junto con los hombres por una sociedad justa e igualitaria sin discriminación sexual, ni social.
FORO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES
TEMA. “LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS: LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SUS CONSECUENCIAS”.
Hablar de derechos humanos, es referirse a un patrimonio común e inalienable de toda la humanidad, que aspira a la universalidad, consistente en conductas obligatorias tanto para gobernados como para gobernantes que hagan posible la libertad y la igualdad en la vida tanto publica como privada de las mujeres.
Cuando se habla de violencia institucional tenemos que entender que sus expresiones se extienden no solo al ámbito político y público sino también al privado. Esto es porque el sistema capitalista en su expresión neoliberal difunde y multiplica conductas humanas esclavizantes, desiguales, discriminatorias, injustas, no racionales solo convenientes para su existencia. Por ello en el caso de las mujeres, jóvenes y niñas es correcto decir que la violencia domestica, por citar solo una de ellas es producto también de la violencia institucional. A contrario sensu la lucha por los derechos humanos de las mujeres debe entenderse como una lucha necesaria dentro del proceso revolucionario de un pueblo y no como una cuestión sectaria.
La violencia feminicida entendida como la forma extrema en contra de las mujeres producto de la violación a sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, que conllevan impunidad social y del Estado, coloca a las mujeres en riesgo e indefensión y esto puede culminar en diferentes tipos de muertes. Oaxaca ha ocupado los primeros lugares en violencia feminicida a nivel nacional: entre mayo del 2006 y marzo del 2007 en la prensa se presentaron reportes de 43 mujeres que habrían desaparecido de sus hogares, y de julio a octubre de 2007 se cuentan otros siete casos.
Especialmente la violencia institucional hacia las mujeres, jóvenes y niñas se muestra en su forma más cruel y despiadada cuando estas se atreven a enfrentarse al poder Estatal. Esto ocurrió el día 14 de junio del año 2006, cuando se abrieron las puertas del infierno en Oaxaca. Como cada año la sección 22 del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación presentó su pliego petitorio al actual gobierno del Estado, el movimiento centró su atención en la rezonificación por vida cara, solicitando pasar de la zona dos a la tres, para la atención de esta demanda pidió la intervención directa de Ulises Ruiz, ejecutivo del estado, quien como respuesta los mandó a desalojar del zócalo de la ciudad, lugar donde los primeros mantenían un plantón. El desalojo fue cruel y despiadado, la policía preventiva entró disparando bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta, disparando armas de fuego y rociando con gasolina a los frágiles campamentos sin importar que ahí se encontraran durmiendo mujeres embarazadas, enfermas o cobijando a sus hijos, quienes salieron desesperadas con sus pequeños empapados de gasolina en brazos a pedir ayuda en los diversos establecimientos como hoteles y restaurantes circundantes, otras más enfrentaban a gritos y cuerpo a cuerpo a los policías. A partir de diversos testimonios ha podido esclarecerse que algunos cuerpos policíacos portaban armas AR-15, calibre 38 y 45. En el desalojo intervinieron: la Unidad Especial de Operaciones Especiales (UPOE), la Unidad Canina, el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento (GOE), Policía Auxiliar Bancaria (PABIC), la Policía Municipal y Juvenil, principales instrumentos de represión del gobierno actual.
Esto fue el inicio del movimiento social del año 2006, que habría de dar lugar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en donde la presencia de la mujer fue determinante, y se expresó de manera muy compleja en los diferentes ámbitos y fases de la lucha. Fue frecuente encontrar en una misma persona a una indígena, una maestra, una mujer y a una madre en las asambleas; en la toma de las instalaciones de los medios de radiodifusión y televisora estatal; en las barricadas ya como vigilantes o como abastecedoras de comida, como basuqueras, escuderas; auxiliando a sus compañeros y compañeras con trapos empapados de refresco para quitar el ardor que las bombas de gas lacrimógeno producían en sus rostros, erigiendo barricadas en las calles junto a los hombres para detener las caravanas del “escuadrón de la muerte” que intentaban intimidar, dañar y en ocasiones hasta disparar contra la gente que protestaba y actuaba de manera pacífica sin armamento alguno.
En términos generales la violencia directa no provino del magisterio, ni de los ciudadanos que se organizaron como APPO, ni de aquellos que conforman los ayuntamientos populares, sino de las mismas instituciones del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Muchas han sido las fechas que el pueblo Oaxaqueño tiene que recordar como parte de la resistencia, muchas fechas donde la represión institucional hizo acto de presencia. Una de ellas fue el 25 de noviembre, la mujer también estaba presente, en la señora que encaramada en el atrio de una iglesia rezaba a gritos porque la fuerza divina auxiliara a sus compañeros combatientes, la que con lagrimas en los ojos y la furia en sus puños soltaba una sarta de groserías en contra de los cuerpos represores, cuando estos estaban invadiendo y masacrando al pueblo de Oaxaca, la que soltó una sartén para empuñar una piedra, la señora que cambió el rebozo por una capucha.
Edith Coca Soriano, bióloga y estudiante de posgrado, relata que el 25 de noviembre que fue detenida, ella se encontraba en el Cine Club el Pochote ubicado en el centro de la ciudad, cuando policías vestidos de azul la golpearon en la cabeza, tiraron al suelo y le dieron numerosas patadas. Después la arrastraron hacia una camioneta a donde había otras mujeres a las que también se les pegaba en la cabeza:
Luego nos subieron a las camionetas y nos llevaron a un lugar donde no conocía pero me dijeron que eran los hangáres, nos preguntaron de nuevo nombre y dirección y nos dijeron muchas cosas ofensivas y que nos iban a violar. Relata que luego de pasar casi 48 horas, sin comer ni beber, excepto un poco de agua, en el penal de Miahutlan la mañana del lunes 27 de noviembre, llegó la PFP a recogernos, nos subieron a un helicóptero y nos torturaron psicológicamente que íbamos a Veracruz y que nos iban a tirar al mar. El día 28 sin mediar explicación alguna fui rapada: (doce años me tardó en crecer): lo tenia hasta debajo de las sentaderas y sin mas, me lo cortaron. El miércoles 29 nos pasaron a juzgados y nos dijeron donde estábamos, o sea, en la cárcel de San José del Rincón, Nayarit.
A continuación se citan algunas de las reflexiones que hicieron los jóvenes hombres y mujeres que participaron en el Primer encuentro Estatal Juvenil convocado por la APPO sobre “El papel de los jóvenes en el movimiento social oaxaqueño” realizado en la comunidad de Zaachila, Oaxaca, los días 11,12 y 13 de enero de este año, en uno de los espacios de trabajo denominado “Los jóvenes ante las formas represivas del estado”:
A. La mujer y la represión.
La mujer tendría que dejar de ser violentada y no solo de palabra, no puede cacarearse de derechos de la mujer, eso no se habla, se hace. Por el hecho de ser un ser humano debemos ser respetados, conciencia y acción consecuente de las mujeres.
La violencia intrafamiliar, se da en diferentes niveles: en el noviazgo por ejemplo, desde los medios se juega un papel importante hacia la sexualidad, la decisión de tener un hijo o no, es y sigue siendo una controversia en México. En el caso de las indígenas, existen tres tipos de represiones: por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Para poder tener vivienda tienes que estar casada, muchos son los factores. Las mujeres de Atenco y Oaxaca fueron vistas por los gobiernos fascistas como un objeto y motín de guerra… también está la violencia verbal, tenemos que empezar desde nosotros como compañeros, no nos podemos quedar con la idea de que la mujer solo habla y se comporta de determinada forma, no solo es un tema de mujeres es un tema que le compete a todos. Muchas veces las mujeres lo asumen y creen que realmente sí es su papel, como las ofensas verbales que aluden a la mujer como “puta”, entre otras. Entre las mismas mujeres muchas veces se atacan. No se trata de entrar en el bloque femenino masculino, sino entrar como iguales, no es un combate entre el hombre y la mujer, lo que quiere el estado es vernos separados, tenemos claro que la mujer no es frágil y podemos luchar juntos.
B. Represión sexual.
Nunca hablamos de sexualidad, no sabemos como funciona nuestro cuerpo, tampoco lo conocemos. Desde la casa misma no nos dejan conocer nuestro cuerpo ni explorarlo. Es lo que va marcando la sociedad, el miedo de conocerse a sí mismo; la religión horroriza con tabúes y crea conflictos emocionales, no llamando a las cosas por su nombre: pene, vagina. Se nos ha querido hacer creer que la sexualidad solo es para la reproducción, es emociones, palabras, sentimientos, placer. La criminalización a quien se manifiesta abiertamente de este tema es bastante fuerte y tiene origen en la iglesia, los roles donde la mujer solo es la que puede sentir y demostrarlo, el hombre no.
Pese a que la igualdad entre el hombre y la mujer se encuentra establecido en la Constitución mexicana vigente, este derecho legítimo, es violentado frecuentemente, este es el caso de: Eufrosina Cruz, cuyos derechos políticos al ganar legítimamente la presidencia municipal del Municipio de Guiegolani, Oaxaca, no le fueron reconocidos. El Cabildo saliente ordenó destruir las boletas electorales diciendo “no valen nada”… “porque las mujeres fueron creadas para atender a los hombres, para cocinar y cuidar a los hijos, pero no para gobernar”. “Ustedes no saben de política, además tampoco podemos aceptar una profesionista, va contra nuestra historia y cultura”, y si el enojo se silenció, solo fue por la intimidación, primero asustando a los alborotados con la idea de que ya no llegarían más a poyos sociales por parte del estado y la federación, luego se optó por las amenazas de muerte, que arreciaron tras el anuncio de Eufrosina de recurrir al Congreso de Oaxaca y a entidades federales defensoras de derechos humanos y asuntos electorales.
De esta forma, Eloy Mendoza fue designado como reemplazo en el gobierno… “nada podemos hacer, porque no es posible comprobar sus dichos” le dijeron los diputados oaxaqueños y ella terminó en llanto “no lloraba por el cargo por ansias de poder, sino por la indiferencia hacia las mujeres, por la frustración de no poder decidir nuestras vidas. Tampoco valemos para los legisladores, a menos que estén buscando un hueso, ahí si nos piden votos, pero cuando solicitamos que nos escuchen y ayuden, nos cierran las puertas”, dijo… “las mujeres ya no queremos seguir valiendo menos que las sillas y las piedras”. Los legisladores le niegan este derecho por “falta de pruebas”, mientras que a los represores y malditos asesinos del pueblo oaxaqueño los premian con altos cargos, ahí está Bulmaro Rito Salinas, Jorge Franco Vargas y la Ex Procuradora de Justicia en nuestro estado: Lizbeth Caña Cadeza. Esa es la paz que existe en Oaxaca, esa es “la democracia y la justicia”. Por ello en este año 2008 las cosas lejos de calmarse Irán en aumento, es imposible vivir en medio del terror y la miseria, solo la lucha organizada y decidida podrán cambiar el actual sistema de cosas, por ello, el gobierno teme a la sociedad y por tal razón ya han instalado seis cámaras de seguridad en la ciudad cuya inversión ascendió a 10 millones de pesos, así como las costosas adquisiciones de equipos antimotines que a costa del erario público se han hecho como una de las medidas de represión ante las diferentes manifestaciones que el pueblo pudiera realizar al demandar la aplicación y defensa de sus derechos. En eso se gastan el dinero mientras las comunidades siguen en la vil miseria.
A la fecha, con tantos sucesos negativos represores, Oaxaca es suelo de recrudecimiento revolucionario, de represión y resistencia. En estos momentos, la represión con mano dura está a la orden del día, y los oaxaqueños y oaxaqueñas, quienes han detenidos en las calles, golpeados por la policía local o estatal y luego liberados, como señal de propagación del medio en la comunidad. Otros permanecen encarcelados unas semanas más hasta ser barridos por la policía federal preventiva. Y con todo esto, aún permanece en el poder el corrupto y fascista gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien fuera fraudulentamente electo, y quien es sin duda alguna, el autor y el manipulador de la actual represión.
Sin embargo; no podemos concluir este trabajo de denuncia sin mencionar el caso de la doctora Bertha Muñoz, otra victima más de la violencia institucional ejercida contra las mujeres, que como parte de este sistema represor continúa exiliada entre otras cosas, gracias a medidas que trasgredieron sus derechos laborales al ser despedida injustificadamente y con bajo una orden de aprehensión en su contra. De esta forma, Bertha Muñoz tuvo un papel muy importante, fue una voz emblemática del movimiento oaxaqueño en Radio Universidad y continúa siéndolo a pesar de su exilio y estado de salud actual que limitan sus acciones, mas no así su compromiso en la lucha, con los pies en la tierra, la mente fría y el corazón ardiente como alude frecuentemente en su discurso.
ATENTAMENTE,
INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA
GABRIELA MARTÍNEZ AGUILAR (VOZ DEL ZENZONTLE)
GABRIELA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (VOZ DEL ZENZONTLE)
ALEJANDRA LÓPEZ ALMAZÁN (CODEP)
Ponencia presentada por compañeras oaxaqueñas en EL FORO SOCIAL MUNDIAL -MEXICO en la carpa: POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS JOVENES, desarrollada en el Zócalo de la ciudad de México, durante los días del 22 de Enero al 26 de Enero; abordaron el problema de las mujeres desde una perspectiva critica ante los embates del neoliberalismo. También recordaron la lucha de las mujeres como a la doctora BERTHA MUÑOZ, exiliada política, ante las amenazas que pesan sobre ella y familia; al mismo tiempo el Sindicato de Salud no ha hecho nada por ella para mantenerle sus derechos laborales. Reconocieron es responsabilidad de las mujeres organizarse para acabar con la injusticia, el machismo sustento también del modelo actual de sociedad. Y por ultimo la lucha debe ser junto con los hombres por una sociedad justa e igualitaria sin discriminación sexual, ni social.
FORO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LOS JÓVENES
TEMA. “LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS: LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SUS CONSECUENCIAS”.
Hablar de derechos humanos, es referirse a un patrimonio común e inalienable de toda la humanidad, que aspira a la universalidad, consistente en conductas obligatorias tanto para gobernados como para gobernantes que hagan posible la libertad y la igualdad en la vida tanto publica como privada de las mujeres.
Cuando se habla de violencia institucional tenemos que entender que sus expresiones se extienden no solo al ámbito político y público sino también al privado. Esto es porque el sistema capitalista en su expresión neoliberal difunde y multiplica conductas humanas esclavizantes, desiguales, discriminatorias, injustas, no racionales solo convenientes para su existencia. Por ello en el caso de las mujeres, jóvenes y niñas es correcto decir que la violencia domestica, por citar solo una de ellas es producto también de la violencia institucional. A contrario sensu la lucha por los derechos humanos de las mujeres debe entenderse como una lucha necesaria dentro del proceso revolucionario de un pueblo y no como una cuestión sectaria.
La violencia feminicida entendida como la forma extrema en contra de las mujeres producto de la violación a sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, que conllevan impunidad social y del Estado, coloca a las mujeres en riesgo e indefensión y esto puede culminar en diferentes tipos de muertes. Oaxaca ha ocupado los primeros lugares en violencia feminicida a nivel nacional: entre mayo del 2006 y marzo del 2007 en la prensa se presentaron reportes de 43 mujeres que habrían desaparecido de sus hogares, y de julio a octubre de 2007 se cuentan otros siete casos.
Especialmente la violencia institucional hacia las mujeres, jóvenes y niñas se muestra en su forma más cruel y despiadada cuando estas se atreven a enfrentarse al poder Estatal. Esto ocurrió el día 14 de junio del año 2006, cuando se abrieron las puertas del infierno en Oaxaca. Como cada año la sección 22 del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación presentó su pliego petitorio al actual gobierno del Estado, el movimiento centró su atención en la rezonificación por vida cara, solicitando pasar de la zona dos a la tres, para la atención de esta demanda pidió la intervención directa de Ulises Ruiz, ejecutivo del estado, quien como respuesta los mandó a desalojar del zócalo de la ciudad, lugar donde los primeros mantenían un plantón. El desalojo fue cruel y despiadado, la policía preventiva entró disparando bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta, disparando armas de fuego y rociando con gasolina a los frágiles campamentos sin importar que ahí se encontraran durmiendo mujeres embarazadas, enfermas o cobijando a sus hijos, quienes salieron desesperadas con sus pequeños empapados de gasolina en brazos a pedir ayuda en los diversos establecimientos como hoteles y restaurantes circundantes, otras más enfrentaban a gritos y cuerpo a cuerpo a los policías. A partir de diversos testimonios ha podido esclarecerse que algunos cuerpos policíacos portaban armas AR-15, calibre 38 y 45. En el desalojo intervinieron: la Unidad Especial de Operaciones Especiales (UPOE), la Unidad Canina, el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento (GOE), Policía Auxiliar Bancaria (PABIC), la Policía Municipal y Juvenil, principales instrumentos de represión del gobierno actual.
Esto fue el inicio del movimiento social del año 2006, que habría de dar lugar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en donde la presencia de la mujer fue determinante, y se expresó de manera muy compleja en los diferentes ámbitos y fases de la lucha. Fue frecuente encontrar en una misma persona a una indígena, una maestra, una mujer y a una madre en las asambleas; en la toma de las instalaciones de los medios de radiodifusión y televisora estatal; en las barricadas ya como vigilantes o como abastecedoras de comida, como basuqueras, escuderas; auxiliando a sus compañeros y compañeras con trapos empapados de refresco para quitar el ardor que las bombas de gas lacrimógeno producían en sus rostros, erigiendo barricadas en las calles junto a los hombres para detener las caravanas del “escuadrón de la muerte” que intentaban intimidar, dañar y en ocasiones hasta disparar contra la gente que protestaba y actuaba de manera pacífica sin armamento alguno.
En términos generales la violencia directa no provino del magisterio, ni de los ciudadanos que se organizaron como APPO, ni de aquellos que conforman los ayuntamientos populares, sino de las mismas instituciones del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Muchas han sido las fechas que el pueblo Oaxaqueño tiene que recordar como parte de la resistencia, muchas fechas donde la represión institucional hizo acto de presencia. Una de ellas fue el 25 de noviembre, la mujer también estaba presente, en la señora que encaramada en el atrio de una iglesia rezaba a gritos porque la fuerza divina auxiliara a sus compañeros combatientes, la que con lagrimas en los ojos y la furia en sus puños soltaba una sarta de groserías en contra de los cuerpos represores, cuando estos estaban invadiendo y masacrando al pueblo de Oaxaca, la que soltó una sartén para empuñar una piedra, la señora que cambió el rebozo por una capucha.
Edith Coca Soriano, bióloga y estudiante de posgrado, relata que el 25 de noviembre que fue detenida, ella se encontraba en el Cine Club el Pochote ubicado en el centro de la ciudad, cuando policías vestidos de azul la golpearon en la cabeza, tiraron al suelo y le dieron numerosas patadas. Después la arrastraron hacia una camioneta a donde había otras mujeres a las que también se les pegaba en la cabeza:
Luego nos subieron a las camionetas y nos llevaron a un lugar donde no conocía pero me dijeron que eran los hangáres, nos preguntaron de nuevo nombre y dirección y nos dijeron muchas cosas ofensivas y que nos iban a violar. Relata que luego de pasar casi 48 horas, sin comer ni beber, excepto un poco de agua, en el penal de Miahutlan la mañana del lunes 27 de noviembre, llegó la PFP a recogernos, nos subieron a un helicóptero y nos torturaron psicológicamente que íbamos a Veracruz y que nos iban a tirar al mar. El día 28 sin mediar explicación alguna fui rapada: (doce años me tardó en crecer): lo tenia hasta debajo de las sentaderas y sin mas, me lo cortaron. El miércoles 29 nos pasaron a juzgados y nos dijeron donde estábamos, o sea, en la cárcel de San José del Rincón, Nayarit.
A continuación se citan algunas de las reflexiones que hicieron los jóvenes hombres y mujeres que participaron en el Primer encuentro Estatal Juvenil convocado por la APPO sobre “El papel de los jóvenes en el movimiento social oaxaqueño” realizado en la comunidad de Zaachila, Oaxaca, los días 11,12 y 13 de enero de este año, en uno de los espacios de trabajo denominado “Los jóvenes ante las formas represivas del estado”:
A. La mujer y la represión.
La mujer tendría que dejar de ser violentada y no solo de palabra, no puede cacarearse de derechos de la mujer, eso no se habla, se hace. Por el hecho de ser un ser humano debemos ser respetados, conciencia y acción consecuente de las mujeres.
La violencia intrafamiliar, se da en diferentes niveles: en el noviazgo por ejemplo, desde los medios se juega un papel importante hacia la sexualidad, la decisión de tener un hijo o no, es y sigue siendo una controversia en México. En el caso de las indígenas, existen tres tipos de represiones: por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Para poder tener vivienda tienes que estar casada, muchos son los factores. Las mujeres de Atenco y Oaxaca fueron vistas por los gobiernos fascistas como un objeto y motín de guerra… también está la violencia verbal, tenemos que empezar desde nosotros como compañeros, no nos podemos quedar con la idea de que la mujer solo habla y se comporta de determinada forma, no solo es un tema de mujeres es un tema que le compete a todos. Muchas veces las mujeres lo asumen y creen que realmente sí es su papel, como las ofensas verbales que aluden a la mujer como “puta”, entre otras. Entre las mismas mujeres muchas veces se atacan. No se trata de entrar en el bloque femenino masculino, sino entrar como iguales, no es un combate entre el hombre y la mujer, lo que quiere el estado es vernos separados, tenemos claro que la mujer no es frágil y podemos luchar juntos.
B. Represión sexual.
Nunca hablamos de sexualidad, no sabemos como funciona nuestro cuerpo, tampoco lo conocemos. Desde la casa misma no nos dejan conocer nuestro cuerpo ni explorarlo. Es lo que va marcando la sociedad, el miedo de conocerse a sí mismo; la religión horroriza con tabúes y crea conflictos emocionales, no llamando a las cosas por su nombre: pene, vagina. Se nos ha querido hacer creer que la sexualidad solo es para la reproducción, es emociones, palabras, sentimientos, placer. La criminalización a quien se manifiesta abiertamente de este tema es bastante fuerte y tiene origen en la iglesia, los roles donde la mujer solo es la que puede sentir y demostrarlo, el hombre no.
Pese a que la igualdad entre el hombre y la mujer se encuentra establecido en la Constitución mexicana vigente, este derecho legítimo, es violentado frecuentemente, este es el caso de: Eufrosina Cruz, cuyos derechos políticos al ganar legítimamente la presidencia municipal del Municipio de Guiegolani, Oaxaca, no le fueron reconocidos. El Cabildo saliente ordenó destruir las boletas electorales diciendo “no valen nada”… “porque las mujeres fueron creadas para atender a los hombres, para cocinar y cuidar a los hijos, pero no para gobernar”. “Ustedes no saben de política, además tampoco podemos aceptar una profesionista, va contra nuestra historia y cultura”, y si el enojo se silenció, solo fue por la intimidación, primero asustando a los alborotados con la idea de que ya no llegarían más a poyos sociales por parte del estado y la federación, luego se optó por las amenazas de muerte, que arreciaron tras el anuncio de Eufrosina de recurrir al Congreso de Oaxaca y a entidades federales defensoras de derechos humanos y asuntos electorales.
De esta forma, Eloy Mendoza fue designado como reemplazo en el gobierno… “nada podemos hacer, porque no es posible comprobar sus dichos” le dijeron los diputados oaxaqueños y ella terminó en llanto “no lloraba por el cargo por ansias de poder, sino por la indiferencia hacia las mujeres, por la frustración de no poder decidir nuestras vidas. Tampoco valemos para los legisladores, a menos que estén buscando un hueso, ahí si nos piden votos, pero cuando solicitamos que nos escuchen y ayuden, nos cierran las puertas”, dijo… “las mujeres ya no queremos seguir valiendo menos que las sillas y las piedras”. Los legisladores le niegan este derecho por “falta de pruebas”, mientras que a los represores y malditos asesinos del pueblo oaxaqueño los premian con altos cargos, ahí está Bulmaro Rito Salinas, Jorge Franco Vargas y la Ex Procuradora de Justicia en nuestro estado: Lizbeth Caña Cadeza. Esa es la paz que existe en Oaxaca, esa es “la democracia y la justicia”. Por ello en este año 2008 las cosas lejos de calmarse Irán en aumento, es imposible vivir en medio del terror y la miseria, solo la lucha organizada y decidida podrán cambiar el actual sistema de cosas, por ello, el gobierno teme a la sociedad y por tal razón ya han instalado seis cámaras de seguridad en la ciudad cuya inversión ascendió a 10 millones de pesos, así como las costosas adquisiciones de equipos antimotines que a costa del erario público se han hecho como una de las medidas de represión ante las diferentes manifestaciones que el pueblo pudiera realizar al demandar la aplicación y defensa de sus derechos. En eso se gastan el dinero mientras las comunidades siguen en la vil miseria.
A la fecha, con tantos sucesos negativos represores, Oaxaca es suelo de recrudecimiento revolucionario, de represión y resistencia. En estos momentos, la represión con mano dura está a la orden del día, y los oaxaqueños y oaxaqueñas, quienes han detenidos en las calles, golpeados por la policía local o estatal y luego liberados, como señal de propagación del medio en la comunidad. Otros permanecen encarcelados unas semanas más hasta ser barridos por la policía federal preventiva. Y con todo esto, aún permanece en el poder el corrupto y fascista gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien fuera fraudulentamente electo, y quien es sin duda alguna, el autor y el manipulador de la actual represión.
Sin embargo; no podemos concluir este trabajo de denuncia sin mencionar el caso de la doctora Bertha Muñoz, otra victima más de la violencia institucional ejercida contra las mujeres, que como parte de este sistema represor continúa exiliada entre otras cosas, gracias a medidas que trasgredieron sus derechos laborales al ser despedida injustificadamente y con bajo una orden de aprehensión en su contra. De esta forma, Bertha Muñoz tuvo un papel muy importante, fue una voz emblemática del movimiento oaxaqueño en Radio Universidad y continúa siéndolo a pesar de su exilio y estado de salud actual que limitan sus acciones, mas no así su compromiso en la lucha, con los pies en la tierra, la mente fría y el corazón ardiente como alude frecuentemente en su discurso.
ATENTAMENTE,
INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA
GABRIELA MARTÍNEZ AGUILAR (VOZ DEL ZENZONTLE)
GABRIELA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (VOZ DEL ZENZONTLE)
ALEJANDRA LÓPEZ ALMAZÁN (CODEP)
El clero en la Segob
Ana Teresa Aranda:El clero manejará la política religiosa de la Segob
Edgar González Ruiz
La llegada de Juan Camilo Mouriño a la Segob fue recibida con incondicional entusiasmo por la jerarquía católica, pese a que su antecesor, Francisco Ramírez Acuña, era un personaje identificado con la derecha católica.
Una de las razones de esa fervorosa aprobación por parte del clero ha quedado a la vista con el nombramiento de Ana Teresa Aranda, militante católica de toda la vida, al frente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.
Sin tener una formación profesional o intelectual, Aranda llegó al gobierno en el sexenio pasado;antes se había dado a conocer sólo como lideresa del PAN poblano y como militante católica antiabortista, aliada de Jorge Serrano Limón.
Ha sido dirigente de grupos ultraderechistas y se le considera integrante de la Organización Nacional del Yunque, además de que ha colaborado con agrupaciones internacionales de la derecha católica.
Con toda justicia había quedado fuera del nuevo gabinete, como un indeseable legado del foxismo, pero ahora se le entrega nada menos que el control de la política religiosa del gobierno, y de asuntos cruciales en materia de población, siendo ella una enemiga declarada no sólo del aborto, sino del condón y de los métodos anticonceptivos.
El relevo tiene lugar precisamente semanas antes de que la SCJN emita su fallo sobre la despenalización del aborto en el DF, y en un año en que la jerarquía católica, como consecuencia de su tradicional alianza con el PAN, exhibe cada vez más influencia en el gobierno federal.
Segob teocrática
Es claro que será el clero quien maneje esa Subsecretaría de la Segob, a través de Aranda, a pesar de que algunas versiones panistas enfatizan que con el equipo de Mouriño, se busca garantizar la fidelidad total al gobierno de Calderón.
Independientemente de ello, y de cualquier conflicto dentro del PAN y del gobierno, el principal significado del nombramiento es la sumisión del gobierno hacia el clero, al grado de colocar como responsable de la política religiosa a una persona totalmente sumisa a los dictados clericales e incluso sin preparación para sustentar ideas y proyectos propios.
Evidentemente, una de las primeras labores que desarrollará Aranda en la mencionada Subsecretaría será la de apoyar la posición del clero en el debate sobre el aborto, neutralizando las críticas de algunas iglesias protestantes que defienden los derechos de las mujeres y la capacidad de decidir.
Asimismo, la Segob ha estado justificando una y otra vez la injerencia de jerarcas católicos en asuntos políticos, abogando por su impunidad en todos sus abusos, persiguiendo a sus críticos, y creando alianzas de diversas iglesias bajo el control de la jerarquía católica, en lo cual es seguro que Aranda superará con creces el carácter derechista y procatólico de sus antecesores.
La Segob es uno de los principales apoyos que tiene el clero para impulsar su agenda legislativa contraria a la separación entre la iglesia y el estado, con la que pretende imponer la educación religiosa en las escuelas públicas, la presencia oficial del clero en el ejército, en las instituciones asistenciales; el control de medios electrónicos, y el acceso a cargos de elección popular,etc.
De hecho, la visión del clero acerca de lo que debe ser su injerencia en las instituciones, que resume en el concepto de “libertad religiosa”, entendido como su intervención sin límites en todos los ámbitos de la vida pública, se refleja ya en la “visión” oficial de la Subsecretaría, expresada en los siguientes términos (véase la página Web gobernación.gob.mx):
“Consolidar el ejercicio de la libertad religiosa y un ambiente de convivencia social respetuoso y tolerante entre los individuos y grupos de distintos credos. Se han fortalecido los instrumentos institucionales que legitiman y dan transparencia a la colaboración de las instituciones religiosas en programas gubernamentales en diversos ámbitos sociales. La sociedad mexicana percibe a la institución como especializada e indispensable en la promoción del ejercicio de la libertad religiosa y la colaboración de las instituciones religiosas en algunas tareas públicas”.
Ciertamente, bajo los gobiernos panistas, la Segob, y esa subsecretaría en particular, se ha convertido en una instancia promotora de los intereses y proyectos del clero, y en especial de intervención en el ámbito gubernamental, lo cual se hace contradiciendo el tradicional laicismo de nuestro país y brindando a la iglesia católica un trato privilegiado ante las demás asociaciones religiosas.
Al principio de este sexenio, quedó al frente de la subsecretaría el exprísta Florencio Salazar Adame, quien fue fiel a la tónica panista de favorecer al clero, pero la ultraderecha católica estuvo presente en la designación de Cecilia Romero, ultraderechista igual que Ana Teresa Aranda, en el Instituto Nacional de Migración.
Ambas provienen de la Asociación Nacional Cívica Femenina, la Ancifem, grupo católico y antiabortista formado únicamente por mujeres, y que ha dotado al PAN de cuadros femeninos.
La secretaria piojito
En la página oficial de la Segob (gobernación.gob.mx) se resume tramposamente el curriculum de la nueva titular de la Subsecretaría, mencionando que “ha ocupado destacados cargos partidistas tanto en el estado de Puebla como en el Consejo Nacional del PAN. De 2001 a 2005 fue Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Durante el 2006 fue Secretaria de Desarrollo Social”.
En realidad, los altos puestos que ha ocupado en el gobierno federal no son resultado de su capacidad ni de su inexistente preparación intelectual, sino que fueron espacios que el gobierno foxista otorgó directamente a la jerarquía católica.
Así, en enero de 2001, Aranda pasó de ser militante del PAN y de la ultraderecha católica, a titular del DIF, donde se encargó de promover la creación de redes de organizaciones conservadoras y organizó eventos con la participación de grupos vinculados a Bush y a sectores extremistas de países latinoamericanos.
Su formación académica y profesional se limitaba al bachillerato, que completó en el sistema de educación abierta, y a la carrera de secretaria bilingüe, que cursó en el Instituto América de León, Guanajuato. Otro de sus méritos, además del apoyo de la jerarquía católica, era su cercanía con la entonces primera dama Marta Sahagún.
Aranda nació en León, el 26 de enero de 1954. Está casada con el empresario Alejandro Orea Martínez. Es, además, hermana de Gerardo Aranda Orozco, quien fue presidente de la Coparmex, cargo en el cual sucedió a Carlos Abascal Carranza , y también es prima de Enrique Aranda Pedroza, quien ha sido subsecretario de Normatividad de Medios en la Segob. Todos ellos militan en la ultraderecha, y algunos también en el Yunque.
Sin estudios de licenciatura, Ana Teresa Aranda tomó algunos cursos en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), institución que ha sido semillero de cuadros para la extrema derecha.
En 1989, Ana Teresa Aranda fue candidata a la alcaldía de Puebla, y fue diputada federal por el PAN de 1991 a 94. De 1995 a 98, Ana Teresa Aranda fue lideresa del PAN en Puebla, donde propició enfrentamientos violentos contra el entonces gobernador Manuel Bartlett.
Sin embargo, la principal actividad de Aranda había sido como militante antiabortista de la, Ancifem , donde fue secretaria de prensa, de 1974 a 76, y presidenta nacional de 1987 a 89, presidenta nacional de la misma asociación.
Fue también presidenta del VIII Congreso Nacional de Ancifem, del 4 al 5 de mayo de 1985, ocasión en que criticó las tendencias "marxistas" en las esferas gubernamentales.
Por su parte, la Ancifem es una organización que dice defender las doctrinas de la iglesia católica y que se opone al laicismo, al que concibe como una tendencia masculina, opuesta al conservadurismo “natural” en la mujer.
Sus materiales afirman, por ejemplo, que "No hay ni puede haber conflicto entre la religión y el civismo" y puntualizan: "la religión debe tener siempre primordialidad (sic) sobre el civismo puesto que es la base de toda actividad ya que lleva al hombre a la consecución de su último fin...".
Desde luego, las biografías oficiales de Aranda no mencionan su participación en Ancifem, pues según los políticos panistas, la presencia de la ultraderecha en su partido es un “mito” creado por sus enemigos.
A principios de los 90, Aranda estuvo participando en foros y programas de televisión en defensa de las posiciones de Provida, dirigida por Jorge Serrano Limón, personaje similar a Aranda en cuanto a su fanatismo católico y antiabortista.
En 1993, Ana Teresa Aranda fue a Chihuahua para apoyar reformas constitucionales contra las mujeres que deciden abortar.
En el año 2000, en plena competencia electoral, Ancifem formó parte de una coalición conservadora denominada "red Familia" que patrocinó desplegados para reivindicar ante los candidatos presidenciales y particularmente ante Fox, una concepción conservadora de la familia. En desplegado publicado en varios periódicos nacionales y regionales. , Red Familia se oponía no sólo al aborto sino a la anticoncepción de emergencia, defendía el "derecho" de los padres a "formar" a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas y rechazaba el divorcio al definir el matrimonio como un "acuerdo vitalicio".
Llegada al DIF, Aranda afilió a esa dependencia a la mencionada Red Familia, además de que organizó eventos para promover la colaboración de la derecha mexicana con grupos como la Fundación Heritage, que apoya las políticas de Bush y la represión de la sexualidad, y como la Alianza Latinoamericana para la Familia, ALAFA, de la derecha venezolana.
Al final del gobierno de Fox fue Secretaria de Sedesol, en sustitución de Josefina Vázquez Mota, y uno de sus primeros logros fue darse a conocer nacionalmente como la “secretaria piojito”, porque apenas llegada a esa secretaría dijo conocer tan profundamente la pobreza que tuvieron que ponerle polvo en el cabello para quitarle "los piojitos" que en la infancia le pegaron los hijos de los labriegos en el rancho de su padre (La Jornada, primero de febrero de 2006).
Aranda gusta de hacer alarde de su propia ignorancia, como en esa misma ocasión en que dijo en conferencia de prensa: “Me queda claro que yo no vine aquí a un concurso de los 64 mil pesos para ver quién tiene más conocimientos”, pues ella se siente muy ufana de ser “exitosa” sin haber estudiado ni tener aficiones intelectuales.
En aquella época, al comparecer ante la Cámara de Diputados se enfrentó a los diputados de la oposición, que cuestionaban su falta de preparación y su complicidad con Marta Sahagún, y que en protesta abandonaron el salón de plenos y con ello dieron por terminada dicha sesión.
Además, su paso por la Sedesol fue muy cuestionado por su falta de transparencia y por un manejo de los recursos e información de la dependencia en apoyo de la derecha en las elecciones de 2006.
En sulibro Las manos sucias del PAN (Planeta, México, 2006), el periodista José Reveles señaló a Aranda entre los funcionarios involucrados en un multimillonario desvío de fondos en beneficio de las campañas del PAN.
El año pasado, ya como exsecretaria de Sedesol, Aranda fue acusada, al igual que algunos funcionarios, de usar recursos públicos en el proselitismo panista en Veracruz.
Edgar González Ruiz
La llegada de Juan Camilo Mouriño a la Segob fue recibida con incondicional entusiasmo por la jerarquía católica, pese a que su antecesor, Francisco Ramírez Acuña, era un personaje identificado con la derecha católica.
Una de las razones de esa fervorosa aprobación por parte del clero ha quedado a la vista con el nombramiento de Ana Teresa Aranda, militante católica de toda la vida, al frente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.
Sin tener una formación profesional o intelectual, Aranda llegó al gobierno en el sexenio pasado;antes se había dado a conocer sólo como lideresa del PAN poblano y como militante católica antiabortista, aliada de Jorge Serrano Limón.
Ha sido dirigente de grupos ultraderechistas y se le considera integrante de la Organización Nacional del Yunque, además de que ha colaborado con agrupaciones internacionales de la derecha católica.
Con toda justicia había quedado fuera del nuevo gabinete, como un indeseable legado del foxismo, pero ahora se le entrega nada menos que el control de la política religiosa del gobierno, y de asuntos cruciales en materia de población, siendo ella una enemiga declarada no sólo del aborto, sino del condón y de los métodos anticonceptivos.
El relevo tiene lugar precisamente semanas antes de que la SCJN emita su fallo sobre la despenalización del aborto en el DF, y en un año en que la jerarquía católica, como consecuencia de su tradicional alianza con el PAN, exhibe cada vez más influencia en el gobierno federal.
Segob teocrática
Es claro que será el clero quien maneje esa Subsecretaría de la Segob, a través de Aranda, a pesar de que algunas versiones panistas enfatizan que con el equipo de Mouriño, se busca garantizar la fidelidad total al gobierno de Calderón.
Independientemente de ello, y de cualquier conflicto dentro del PAN y del gobierno, el principal significado del nombramiento es la sumisión del gobierno hacia el clero, al grado de colocar como responsable de la política religiosa a una persona totalmente sumisa a los dictados clericales e incluso sin preparación para sustentar ideas y proyectos propios.
Evidentemente, una de las primeras labores que desarrollará Aranda en la mencionada Subsecretaría será la de apoyar la posición del clero en el debate sobre el aborto, neutralizando las críticas de algunas iglesias protestantes que defienden los derechos de las mujeres y la capacidad de decidir.
Asimismo, la Segob ha estado justificando una y otra vez la injerencia de jerarcas católicos en asuntos políticos, abogando por su impunidad en todos sus abusos, persiguiendo a sus críticos, y creando alianzas de diversas iglesias bajo el control de la jerarquía católica, en lo cual es seguro que Aranda superará con creces el carácter derechista y procatólico de sus antecesores.
La Segob es uno de los principales apoyos que tiene el clero para impulsar su agenda legislativa contraria a la separación entre la iglesia y el estado, con la que pretende imponer la educación religiosa en las escuelas públicas, la presencia oficial del clero en el ejército, en las instituciones asistenciales; el control de medios electrónicos, y el acceso a cargos de elección popular,etc.
De hecho, la visión del clero acerca de lo que debe ser su injerencia en las instituciones, que resume en el concepto de “libertad religiosa”, entendido como su intervención sin límites en todos los ámbitos de la vida pública, se refleja ya en la “visión” oficial de la Subsecretaría, expresada en los siguientes términos (véase la página Web gobernación.gob.mx):
“Consolidar el ejercicio de la libertad religiosa y un ambiente de convivencia social respetuoso y tolerante entre los individuos y grupos de distintos credos. Se han fortalecido los instrumentos institucionales que legitiman y dan transparencia a la colaboración de las instituciones religiosas en programas gubernamentales en diversos ámbitos sociales. La sociedad mexicana percibe a la institución como especializada e indispensable en la promoción del ejercicio de la libertad religiosa y la colaboración de las instituciones religiosas en algunas tareas públicas”.
Ciertamente, bajo los gobiernos panistas, la Segob, y esa subsecretaría en particular, se ha convertido en una instancia promotora de los intereses y proyectos del clero, y en especial de intervención en el ámbito gubernamental, lo cual se hace contradiciendo el tradicional laicismo de nuestro país y brindando a la iglesia católica un trato privilegiado ante las demás asociaciones religiosas.
Al principio de este sexenio, quedó al frente de la subsecretaría el exprísta Florencio Salazar Adame, quien fue fiel a la tónica panista de favorecer al clero, pero la ultraderecha católica estuvo presente en la designación de Cecilia Romero, ultraderechista igual que Ana Teresa Aranda, en el Instituto Nacional de Migración.
Ambas provienen de la Asociación Nacional Cívica Femenina, la Ancifem, grupo católico y antiabortista formado únicamente por mujeres, y que ha dotado al PAN de cuadros femeninos.
La secretaria piojito
En la página oficial de la Segob (gobernación.gob.mx) se resume tramposamente el curriculum de la nueva titular de la Subsecretaría, mencionando que “ha ocupado destacados cargos partidistas tanto en el estado de Puebla como en el Consejo Nacional del PAN. De 2001 a 2005 fue Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Durante el 2006 fue Secretaria de Desarrollo Social”.
En realidad, los altos puestos que ha ocupado en el gobierno federal no son resultado de su capacidad ni de su inexistente preparación intelectual, sino que fueron espacios que el gobierno foxista otorgó directamente a la jerarquía católica.
Así, en enero de 2001, Aranda pasó de ser militante del PAN y de la ultraderecha católica, a titular del DIF, donde se encargó de promover la creación de redes de organizaciones conservadoras y organizó eventos con la participación de grupos vinculados a Bush y a sectores extremistas de países latinoamericanos.
Su formación académica y profesional se limitaba al bachillerato, que completó en el sistema de educación abierta, y a la carrera de secretaria bilingüe, que cursó en el Instituto América de León, Guanajuato. Otro de sus méritos, además del apoyo de la jerarquía católica, era su cercanía con la entonces primera dama Marta Sahagún.
Aranda nació en León, el 26 de enero de 1954. Está casada con el empresario Alejandro Orea Martínez. Es, además, hermana de Gerardo Aranda Orozco, quien fue presidente de la Coparmex, cargo en el cual sucedió a Carlos Abascal Carranza , y también es prima de Enrique Aranda Pedroza, quien ha sido subsecretario de Normatividad de Medios en la Segob. Todos ellos militan en la ultraderecha, y algunos también en el Yunque.
Sin estudios de licenciatura, Ana Teresa Aranda tomó algunos cursos en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), institución que ha sido semillero de cuadros para la extrema derecha.
En 1989, Ana Teresa Aranda fue candidata a la alcaldía de Puebla, y fue diputada federal por el PAN de 1991 a 94. De 1995 a 98, Ana Teresa Aranda fue lideresa del PAN en Puebla, donde propició enfrentamientos violentos contra el entonces gobernador Manuel Bartlett.
Sin embargo, la principal actividad de Aranda había sido como militante antiabortista de la, Ancifem , donde fue secretaria de prensa, de 1974 a 76, y presidenta nacional de 1987 a 89, presidenta nacional de la misma asociación.
Fue también presidenta del VIII Congreso Nacional de Ancifem, del 4 al 5 de mayo de 1985, ocasión en que criticó las tendencias "marxistas" en las esferas gubernamentales.
Por su parte, la Ancifem es una organización que dice defender las doctrinas de la iglesia católica y que se opone al laicismo, al que concibe como una tendencia masculina, opuesta al conservadurismo “natural” en la mujer.
Sus materiales afirman, por ejemplo, que "No hay ni puede haber conflicto entre la religión y el civismo" y puntualizan: "la religión debe tener siempre primordialidad (sic) sobre el civismo puesto que es la base de toda actividad ya que lleva al hombre a la consecución de su último fin...".
Desde luego, las biografías oficiales de Aranda no mencionan su participación en Ancifem, pues según los políticos panistas, la presencia de la ultraderecha en su partido es un “mito” creado por sus enemigos.
A principios de los 90, Aranda estuvo participando en foros y programas de televisión en defensa de las posiciones de Provida, dirigida por Jorge Serrano Limón, personaje similar a Aranda en cuanto a su fanatismo católico y antiabortista.
En 1993, Ana Teresa Aranda fue a Chihuahua para apoyar reformas constitucionales contra las mujeres que deciden abortar.
En el año 2000, en plena competencia electoral, Ancifem formó parte de una coalición conservadora denominada "red Familia" que patrocinó desplegados para reivindicar ante los candidatos presidenciales y particularmente ante Fox, una concepción conservadora de la familia. En desplegado publicado en varios periódicos nacionales y regionales. , Red Familia se oponía no sólo al aborto sino a la anticoncepción de emergencia, defendía el "derecho" de los padres a "formar" a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas y rechazaba el divorcio al definir el matrimonio como un "acuerdo vitalicio".
Llegada al DIF, Aranda afilió a esa dependencia a la mencionada Red Familia, además de que organizó eventos para promover la colaboración de la derecha mexicana con grupos como la Fundación Heritage, que apoya las políticas de Bush y la represión de la sexualidad, y como la Alianza Latinoamericana para la Familia, ALAFA, de la derecha venezolana.
Al final del gobierno de Fox fue Secretaria de Sedesol, en sustitución de Josefina Vázquez Mota, y uno de sus primeros logros fue darse a conocer nacionalmente como la “secretaria piojito”, porque apenas llegada a esa secretaría dijo conocer tan profundamente la pobreza que tuvieron que ponerle polvo en el cabello para quitarle "los piojitos" que en la infancia le pegaron los hijos de los labriegos en el rancho de su padre (La Jornada, primero de febrero de 2006).
Aranda gusta de hacer alarde de su propia ignorancia, como en esa misma ocasión en que dijo en conferencia de prensa: “Me queda claro que yo no vine aquí a un concurso de los 64 mil pesos para ver quién tiene más conocimientos”, pues ella se siente muy ufana de ser “exitosa” sin haber estudiado ni tener aficiones intelectuales.
En aquella época, al comparecer ante la Cámara de Diputados se enfrentó a los diputados de la oposición, que cuestionaban su falta de preparación y su complicidad con Marta Sahagún, y que en protesta abandonaron el salón de plenos y con ello dieron por terminada dicha sesión.
Además, su paso por la Sedesol fue muy cuestionado por su falta de transparencia y por un manejo de los recursos e información de la dependencia en apoyo de la derecha en las elecciones de 2006.
En sulibro Las manos sucias del PAN (Planeta, México, 2006), el periodista José Reveles señaló a Aranda entre los funcionarios involucrados en un multimillonario desvío de fondos en beneficio de las campañas del PAN.
El año pasado, ya como exsecretaria de Sedesol, Aranda fue acusada, al igual que algunos funcionarios, de usar recursos públicos en el proselitismo panista en Veracruz.
El mito de la influencia de la Iglesia Católica
Escrito por Geógrafo Subjetivo
Dicen que la Iglesia Católica es una de las instituciones más influyentes del mundo. Durante muchos siglos la Iglesia ha sido protagonista de la Historia de Occidente, pero su protagonismo ya se perdió y ahora se habla de influencia, para designar cierto poder en la sombra, una vez que es incapaz de ejercer un poder directo. Sostengo como tesis en la presente entrada que la Iglesia Católica tiene menos influencia real en la sociedad de la que sus dirigentes y adeptos dicen que tiene.
La Iglesia Católica no tiene prácticamente ninguna capacidad de influencia en las instituciones en especial y en la sociedad en general que la que dice tener. Por ello se aferra con toda vehemencia a algunos instrumentos que le quedan. Aquí está su batalla para que el estado pague su principal vehículo ideológico, que son los colegios concertados. Unos centros a los que se va por casi todo menos por su identidad religiosa.
La capacidad de movilización de la Iglesia es poca para un país en el que nominalmente hay casi cuarenta millones de católicos. Las comunidades parroquiales y el mismo clero, ambos disminuidos, no siguen generalmente las consignas de la jerarquía. Las duras consignas de moral sexual con la que los Papas desde Paulo VI quieren demarcar el ser católicos son ignoradas incluso por los que mantienen su fe y su práctica. La credibilidad institucional está por los suelos. La Iglesia se ha centrado en las élites para dirigir a la sociedad, pero las mismas élites usan más a la Iglesia que ésta a ellas.
El problema no es que la Iglesia tenga o no influencia real, sino que muchas personas piensan que la Iglesia tiene influencia. Es un caso perfecto de profecía autocumplida: tomar como real un hecho que no lo es, puede producir las mismas consecuencias que si lo fuera.
Muchos españoles creen en la relevancia internacional de la Iglesia Católica. No es que no la tenga, pero en muchas ocasiones es estrictamente religioso o folklórica. En los Estados Unidos, la Iglesia Católica tiene poca fuerza, en Asia no digamos y en buena parte de Europa Occidental es una institución más. En pocos países los pronunciamientos de cualquier instancia eclesiástica tiene la influencia que en España (junto a Polonia e Italia), precisamente porque nadie, excepto algunos europeos, cree en el mito del poder internacional de la Iglesia Católica.
Los amantes de las conspiraciones y de los poderes ocultos encuentran en la Iglesia uno de sus centros de atención privilegiados. Ellos son corresponsables en la construcción de este mito. Sus tramas que en principio pueden ofender a la Iglesia, le da un halo de fuerza que realmente no tiene.
La Iglesia es una institución necesitada de apoyo, por eso nunca puede permitirse el lujo de darlo. Por eso mendiga detrás del Partido Popular, segura que solamente les dará algunas migajas en forma de discurso, pero que nunca va a ilegalizar ni el divorcio, ni el aborto ni el matrimonio homosexual, pilares de la doctrina moral católica.
Dicen que la Iglesia Católica es una de las instituciones más influyentes del mundo. Durante muchos siglos la Iglesia ha sido protagonista de la Historia de Occidente, pero su protagonismo ya se perdió y ahora se habla de influencia, para designar cierto poder en la sombra, una vez que es incapaz de ejercer un poder directo. Sostengo como tesis en la presente entrada que la Iglesia Católica tiene menos influencia real en la sociedad de la que sus dirigentes y adeptos dicen que tiene.
La Iglesia Católica no tiene prácticamente ninguna capacidad de influencia en las instituciones en especial y en la sociedad en general que la que dice tener. Por ello se aferra con toda vehemencia a algunos instrumentos que le quedan. Aquí está su batalla para que el estado pague su principal vehículo ideológico, que son los colegios concertados. Unos centros a los que se va por casi todo menos por su identidad religiosa.
La capacidad de movilización de la Iglesia es poca para un país en el que nominalmente hay casi cuarenta millones de católicos. Las comunidades parroquiales y el mismo clero, ambos disminuidos, no siguen generalmente las consignas de la jerarquía. Las duras consignas de moral sexual con la que los Papas desde Paulo VI quieren demarcar el ser católicos son ignoradas incluso por los que mantienen su fe y su práctica. La credibilidad institucional está por los suelos. La Iglesia se ha centrado en las élites para dirigir a la sociedad, pero las mismas élites usan más a la Iglesia que ésta a ellas.
El problema no es que la Iglesia tenga o no influencia real, sino que muchas personas piensan que la Iglesia tiene influencia. Es un caso perfecto de profecía autocumplida: tomar como real un hecho que no lo es, puede producir las mismas consecuencias que si lo fuera.
Muchos españoles creen en la relevancia internacional de la Iglesia Católica. No es que no la tenga, pero en muchas ocasiones es estrictamente religioso o folklórica. En los Estados Unidos, la Iglesia Católica tiene poca fuerza, en Asia no digamos y en buena parte de Europa Occidental es una institución más. En pocos países los pronunciamientos de cualquier instancia eclesiástica tiene la influencia que en España (junto a Polonia e Italia), precisamente porque nadie, excepto algunos europeos, cree en el mito del poder internacional de la Iglesia Católica.
Los amantes de las conspiraciones y de los poderes ocultos encuentran en la Iglesia uno de sus centros de atención privilegiados. Ellos son corresponsables en la construcción de este mito. Sus tramas que en principio pueden ofender a la Iglesia, le da un halo de fuerza que realmente no tiene.
La Iglesia es una institución necesitada de apoyo, por eso nunca puede permitirse el lujo de darlo. Por eso mendiga detrás del Partido Popular, segura que solamente les dará algunas migajas en forma de discurso, pero que nunca va a ilegalizar ni el divorcio, ni el aborto ni el matrimonio homosexual, pilares de la doctrina moral católica.
La derecha, ¿defensora de qué “familias”?
Lluís Pérez
Hace poco veíamos de nuevo a una organización de la derecha religiosa, el Foro de la Familia, autoproclamarse (ya desde el nombre) portaestandarte de los derechos de “las familias”. Y a sus colegas políticos y religiosos jalearla. Naturalmente, ni unos ni otros se refieren realmente a los derechos de las familias. Se refieren al derecho a imponer mediante la fuerza del Estado su propio modelo de familia: tradicional, patriarcal, heterosexual, monogámica.
Pero vamos a dejar a un lado si creemos que las familias deben o no seguir rígidamente el esquema que desde el Foro de la Familia consideran como el único válido. De si las familias reales deben romperse y deshacerse, aún cuando estén fuertemente unidas por el amor, para no molestar al abstracto ideal familiar del sector más reaccionario del catolicismo. Dejemos esto a un lado y, hecho esto, preguntémonos: ¿qué puede querer decir defender a “las familias”?
Bien, no se lo que pasará en el mundo del Foro de la Familia, pero en el mundo real “las familias” reales andan preocupadas por cosas que no tienen mucho que ver con el matrimonio gay o el aborto. Por ejemplo, andan preocupadas por el hecho de que sus hijos van a escuelas públicas de calidad más que lamentable, no teniendo por otro lado dinero para pagar una escuela privada o incluso “concertada”. También andan preocupadas por la imposibilidad de conciliar la vida familiar y la laboral, por la ausencia de guarderias públicas en las que dejar a sus hijos sin dejar con ellos un ojo de la cara, por las dificultades para llegar a fin de mes, por el precio de la hipoteca que este mes no saben siquiera si podrán pagar. Eso es lo que preocupa a “las familias”. Eso es lo que les supone una amenaza.
Pero, curiosamente, el espacio político en el que los señores del Foro de la Familia se hallan ubicados parece muy poco preocupado por éste tipo de cosas. Es más: de sobra es conocida la desatención, cuando no directa hostilidad, que la derecha tiene hacia la escuela pública, hacia la guardería pública, hacia todo lo que en general pueda oler a igualitarismo y a laicidad. Mientras la derecha se dedica a pelear contra los fantasmas que su fanatismo religioso le hace ver, son las izquierdas las que, mal que bien, realmente defienden a las familias reales de las amenazas reales que se les plantean en su vida real. Por eso me sorprende que la derecha se erija en defensora de “las familias”. A mi juicio, queda claro que las únicas familias favorecidas por la política de la derecha son las familias, ya saben, “de bien”. Esas que viven en el Paseo de Gracia o en el barrio de Salamanca.
Hace poco veíamos de nuevo a una organización de la derecha religiosa, el Foro de la Familia, autoproclamarse (ya desde el nombre) portaestandarte de los derechos de “las familias”. Y a sus colegas políticos y religiosos jalearla. Naturalmente, ni unos ni otros se refieren realmente a los derechos de las familias. Se refieren al derecho a imponer mediante la fuerza del Estado su propio modelo de familia: tradicional, patriarcal, heterosexual, monogámica.
Pero vamos a dejar a un lado si creemos que las familias deben o no seguir rígidamente el esquema que desde el Foro de la Familia consideran como el único válido. De si las familias reales deben romperse y deshacerse, aún cuando estén fuertemente unidas por el amor, para no molestar al abstracto ideal familiar del sector más reaccionario del catolicismo. Dejemos esto a un lado y, hecho esto, preguntémonos: ¿qué puede querer decir defender a “las familias”?
Bien, no se lo que pasará en el mundo del Foro de la Familia, pero en el mundo real “las familias” reales andan preocupadas por cosas que no tienen mucho que ver con el matrimonio gay o el aborto. Por ejemplo, andan preocupadas por el hecho de que sus hijos van a escuelas públicas de calidad más que lamentable, no teniendo por otro lado dinero para pagar una escuela privada o incluso “concertada”. También andan preocupadas por la imposibilidad de conciliar la vida familiar y la laboral, por la ausencia de guarderias públicas en las que dejar a sus hijos sin dejar con ellos un ojo de la cara, por las dificultades para llegar a fin de mes, por el precio de la hipoteca que este mes no saben siquiera si podrán pagar. Eso es lo que preocupa a “las familias”. Eso es lo que les supone una amenaza.
Pero, curiosamente, el espacio político en el que los señores del Foro de la Familia se hallan ubicados parece muy poco preocupado por éste tipo de cosas. Es más: de sobra es conocida la desatención, cuando no directa hostilidad, que la derecha tiene hacia la escuela pública, hacia la guardería pública, hacia todo lo que en general pueda oler a igualitarismo y a laicidad. Mientras la derecha se dedica a pelear contra los fantasmas que su fanatismo religioso le hace ver, son las izquierdas las que, mal que bien, realmente defienden a las familias reales de las amenazas reales que se les plantean en su vida real. Por eso me sorprende que la derecha se erija en defensora de “las familias”. A mi juicio, queda claro que las únicas familias favorecidas por la política de la derecha son las familias, ya saben, “de bien”. Esas que viven en el Paseo de Gracia o en el barrio de Salamanca.
Relatoría de la reunión constitutiva
MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL PETROLEO EN JALISCO
RELATORIA DE LA REUNION CONSTITUTIVA
I. Siendo las 18:00 horas, del sábado 19 de enero de 2008, en el restaurante del Hotel de Mendoza, ubicado en la calle Venustiano Carranza Núm. 16, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; contando con la presencia de más de 40 compañeras y compañeros de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS), del Centro Jalisciense de Atención al Migrante, el Congreso Ciudadano, el Consejo Estatal Salud Jalisco, la Coordinadora 28 de Mayo, la Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano y Popular (CEMUP), la Coordinadora Intersindical Jalisco, el Frente Socialista, el Movimiento Patriótico y Democrático Nacional, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Popular Socialista de México (PPSM), reunidos ante el llamamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), convocante de la Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía Energética, y del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el 9 de enero constituyó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, resolvieron organizar en Jalisco un frente de resistencia en contra de la privatización del petróleo y la industria eléctrica.
II. Luego de conocer los informes del Comité Promotor, a cargo de los compañeros José Santos Urbina, José Luís Sánchez y María Teresa López, quienes alertaron sobre la pretensión de privatización del petróleo y la electricidad por parte del grupo de traidores y desnacionalizados encabezados por el espurio Felipe Calderón, su partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros partidos de la burguesía quienes, en siniestra alianza, a por conducto de sus diputados y senadores pretenden imponer una contrarreforma energética que acabe el petróleo y la electricidad nacionalizados.
III. La propuesta de constituir el Movimiento de Defensa del Petróleo en Jalisco fue ampliamente discutida por los participantes en la reunión, interviniendo los compañeros Joel Robles, Gustavo Orozco, Carlos Sepúlveda, Alberto Reyes, Enrique Monroy, Antonio Fonseca, Mirna Ángeles, Manuel López, Antonio Vázquez, Guillermo Rojas, Silvia Martínez, entre otras compañeras y compañeros quienes, manifestaron su indignación por el atentado de lesa patria que los traidores de México pretenden consumar, y coincidieron en la necesidad de crear un amplio movimiento en defensa de nuestros recursos energéticos.
IV. Acto seguido, por unanimidad de todos los asistentes en representación de sus organizaciones, de pie y con una fuerte ovación, aprobaron la creación del Movimiento en Defensa del Petróleo, Jalisco, hecho que consideraron histórico.
V. Luego, se procedió a discutir sobre las características del Movimiento, coincidiendo es que éste debe ser muy amplio y combativo, respetuoso de la iniciativa de cada una de las organizaciones y, a su vez, muy unitario ante el objetivo propuesto.
VI. Se acordó la elaboración de un Programa de Acción o Plan de Trabajo que contenga las propuestas mínimas a realizar por el Movimiento orientadas a elevar la conciencia patriótica entre la población, movilizar al mayor número de mexicanos en defensa de nuestros energéticos nacionalizados, realizar campañas de denuncia de los planes privatizadores y otras medidas para la defensa de nuestro petróleo.
VII. Las propuestas acordadas fueron:
1. Impulsar en Jalisco la Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía Energética y difundir la Propuesta Energética de los Trabajadores, que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha lanzado.
2. Participar con decisión en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo convocado por el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, preparándonos mejor para impulsar el patriotismo entre los mexicanos y organizar la resistencia.
3. Lanzar el Manifiesto del Movimiento de Defensa del Petróleo en Jalisco, exhortando al sentimiento patriótico de los jaliscienses y llamando a la población a movilizarse en la salvaguarda de nuestro recurso energético.
4. Convocar al mayor número de organizaciones y ciudadanos a incorporarse al Movimiento y enfrentar con éxito a los traidores vendepatrias y desnacionalizados.
5. En el marco del próximo 18 de marzo, conmemorar combativamente el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera defendiendo el petróleo: a) Con una gran actividad unitaria en el estado, que incluya un homenaje al General Lázaro Cárdenas y una gran movilización en la ciudad de Guadalajara; y, b) Participando en la concentración del 18 de marzo convocada por el licenciado López Obrador, a realizarse en el Zócalo de la ciudad de México, entre otras acciones.
6. Conformar Comités Patrióticos de Defensa del Petróleo en todas las poblaciones, comunidades y barrios que sea posible.
7. Realizar distintas actividades de movilización en plantas y oficinas de Pemex y también en gasolineras para alertar sobre la pretendida privatización, así como acciones de resistencia y boicot a trasnacionales.
8. Efectuar un plantón de protesta ante el consulado español para que se lleven al gachupín que, desde la Secretaría de Gobernación del espurio, impulsa la privatización de Pemex en beneficio de los negocios de su familia y los monopolios españoles y norteamericanos.
9. Elaborar material de propaganda como carteles, volantes, dípticos, mantas y cartulinas, además del que las propias organizaciones puedan elaborar por su cuenta.
10. Impulsar una campaña de firmas entre la población, convocándola a que se pronuncie en contra de la privatización del petróleo; así mismo, otra que nos permita medir el grado de conciencia que hay entre la ciudadanía respecto de la protección de ese bien público.
11. Contar con un directorio y medios de información propios para difundir la actividad del Movimiento, como un banco electrónico de datos y una página de Internet.
12. Incorporarse a la marcha que las organizaciones campesinas han convocado para el 31 de enero en repudio al Tratado de Libre Comercio, reclamando se incorpore a su pliego petitorio el rechazo a la privatización energética.
13. Convocar a reuniones rotativas del Movimiento, a partir de la siguiente.
VIII. Siendo las 21:00 horas, se dio por concluida la reunión, citándose para el sábado siguiente, a las 5 de la tarde, en Venustiano Carranza núm. 328, Guadalajara, centro.
Fraternalmente,
¡Viva México!
RELATORIA DE LA REUNION CONSTITUTIVA
I. Siendo las 18:00 horas, del sábado 19 de enero de 2008, en el restaurante del Hotel de Mendoza, ubicado en la calle Venustiano Carranza Núm. 16, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; contando con la presencia de más de 40 compañeras y compañeros de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS), del Centro Jalisciense de Atención al Migrante, el Congreso Ciudadano, el Consejo Estatal Salud Jalisco, la Coordinadora 28 de Mayo, la Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano y Popular (CEMUP), la Coordinadora Intersindical Jalisco, el Frente Socialista, el Movimiento Patriótico y Democrático Nacional, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Popular Socialista de México (PPSM), reunidos ante el llamamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), convocante de la Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía Energética, y del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el 9 de enero constituyó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, resolvieron organizar en Jalisco un frente de resistencia en contra de la privatización del petróleo y la industria eléctrica.
II. Luego de conocer los informes del Comité Promotor, a cargo de los compañeros José Santos Urbina, José Luís Sánchez y María Teresa López, quienes alertaron sobre la pretensión de privatización del petróleo y la electricidad por parte del grupo de traidores y desnacionalizados encabezados por el espurio Felipe Calderón, su partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros partidos de la burguesía quienes, en siniestra alianza, a por conducto de sus diputados y senadores pretenden imponer una contrarreforma energética que acabe el petróleo y la electricidad nacionalizados.
III. La propuesta de constituir el Movimiento de Defensa del Petróleo en Jalisco fue ampliamente discutida por los participantes en la reunión, interviniendo los compañeros Joel Robles, Gustavo Orozco, Carlos Sepúlveda, Alberto Reyes, Enrique Monroy, Antonio Fonseca, Mirna Ángeles, Manuel López, Antonio Vázquez, Guillermo Rojas, Silvia Martínez, entre otras compañeras y compañeros quienes, manifestaron su indignación por el atentado de lesa patria que los traidores de México pretenden consumar, y coincidieron en la necesidad de crear un amplio movimiento en defensa de nuestros recursos energéticos.
IV. Acto seguido, por unanimidad de todos los asistentes en representación de sus organizaciones, de pie y con una fuerte ovación, aprobaron la creación del Movimiento en Defensa del Petróleo, Jalisco, hecho que consideraron histórico.
V. Luego, se procedió a discutir sobre las características del Movimiento, coincidiendo es que éste debe ser muy amplio y combativo, respetuoso de la iniciativa de cada una de las organizaciones y, a su vez, muy unitario ante el objetivo propuesto.
VI. Se acordó la elaboración de un Programa de Acción o Plan de Trabajo que contenga las propuestas mínimas a realizar por el Movimiento orientadas a elevar la conciencia patriótica entre la población, movilizar al mayor número de mexicanos en defensa de nuestros energéticos nacionalizados, realizar campañas de denuncia de los planes privatizadores y otras medidas para la defensa de nuestro petróleo.
VII. Las propuestas acordadas fueron:
1. Impulsar en Jalisco la Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía Energética y difundir la Propuesta Energética de los Trabajadores, que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha lanzado.
2. Participar con decisión en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo convocado por el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, preparándonos mejor para impulsar el patriotismo entre los mexicanos y organizar la resistencia.
3. Lanzar el Manifiesto del Movimiento de Defensa del Petróleo en Jalisco, exhortando al sentimiento patriótico de los jaliscienses y llamando a la población a movilizarse en la salvaguarda de nuestro recurso energético.
4. Convocar al mayor número de organizaciones y ciudadanos a incorporarse al Movimiento y enfrentar con éxito a los traidores vendepatrias y desnacionalizados.
5. En el marco del próximo 18 de marzo, conmemorar combativamente el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera defendiendo el petróleo: a) Con una gran actividad unitaria en el estado, que incluya un homenaje al General Lázaro Cárdenas y una gran movilización en la ciudad de Guadalajara; y, b) Participando en la concentración del 18 de marzo convocada por el licenciado López Obrador, a realizarse en el Zócalo de la ciudad de México, entre otras acciones.
6. Conformar Comités Patrióticos de Defensa del Petróleo en todas las poblaciones, comunidades y barrios que sea posible.
7. Realizar distintas actividades de movilización en plantas y oficinas de Pemex y también en gasolineras para alertar sobre la pretendida privatización, así como acciones de resistencia y boicot a trasnacionales.
8. Efectuar un plantón de protesta ante el consulado español para que se lleven al gachupín que, desde la Secretaría de Gobernación del espurio, impulsa la privatización de Pemex en beneficio de los negocios de su familia y los monopolios españoles y norteamericanos.
9. Elaborar material de propaganda como carteles, volantes, dípticos, mantas y cartulinas, además del que las propias organizaciones puedan elaborar por su cuenta.
10. Impulsar una campaña de firmas entre la población, convocándola a que se pronuncie en contra de la privatización del petróleo; así mismo, otra que nos permita medir el grado de conciencia que hay entre la ciudadanía respecto de la protección de ese bien público.
11. Contar con un directorio y medios de información propios para difundir la actividad del Movimiento, como un banco electrónico de datos y una página de Internet.
12. Incorporarse a la marcha que las organizaciones campesinas han convocado para el 31 de enero en repudio al Tratado de Libre Comercio, reclamando se incorpore a su pliego petitorio el rechazo a la privatización energética.
13. Convocar a reuniones rotativas del Movimiento, a partir de la siguiente.
VIII. Siendo las 21:00 horas, se dio por concluida la reunión, citándose para el sábado siguiente, a las 5 de la tarde, en Venustiano Carranza núm. 328, Guadalajara, centro.
Fraternalmente,
¡Viva México!
Diálogo en lo oscurito
Eduardo Ibarra Aguirre
Cometen un serio error, para decirlo de manera educada, los estrategas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que diseñaron los caminos políticos y legislativos para consumar la reforma energética, durante el periodo ordinario de sesiones que comienza el primer día de febrero y concluye el último de abril.
Una pieza clave que está a la vista es el modosito Germán Martínez Cázares. Él asegura que la apertura de Petróleos Mexicanos a la inversión privada, nacional y extranjera, se materializará legalmente, aunque confesó a los senadores de su partido, Acción Nacional, reunidos en el Wyndham Cozumel Resort, de la bella isla del Caribe, “pero aún no definimos cuáles”.
En San Miguel Regla, Hidalgo, exactamente en la misma línea discursiva, pero con un redactor distinto, Calderón Hinojosa aseguró que primero es conveniente elaborar “un diagnóstico objetivo e integral de la situación que guarda ese sector en el país”.
Acompañado de una movilización del Estado Mayor Presidencial y los cuerpos policiacos de Hidalgo, como en los mejores tiempos de la impugnación poselectoral por el mágico .56 por ciento, de Margarita Zavala Gómez del Campo, el efímero secretario que cobró en la Función Pública y el nuevo titular de Gobernación, garantizó que tal diagnóstico “requiere de la participación responsable y serena” de “todos los mexicanos”.
El presidente del PAN por obra y gracia de su amigo y jefe, proceso protocolizado con unas elecciones de tipo soviético, aquellas que tanto criticaban los blanquiazules hasta antes de que uno de los suyos despachara en Los Pinos, dijo sin ruborizarse: “Estamos haciendo un diagnóstico de esta situación y no hemos terminado de definir una propuesta”.
Si nos atenemos a sus juicios, no disponen todavía de un diagnóstico sobre Pemex como presunto enfermo en estado grave, pero el paciente paga puntualmente los excesos y despilfarros de la nómina gubernamental, mas eso sí: en los próximos 90 días encontrarán las mejores medicinas legislativas.
Pemex requiere “mucha, mucha más inversión”, estableció con razón el maestro en economía y abogado, pero sin decir una palabra sobre quién deberá aportar los recursos.
Aprende a trompicones el michoacano. Sobre todo cuando no adopta el papel de especialista que lo mismo diagnostica frente a la elección presidencial “haiga sido como haiga sido”; que “gastritis crónica” para la indígena Ernestina Ascencio Rosario, de 78 años de edad, presuntamente violada por militares en Tetlacinga, Veracruzo; o bien, “pues ya ni modo” frente al reclamo de un colaborador que en campaña le hizo ver excesos en las promesas sobre inversión en infraestructura.
Con el “estilo de gobierno que hasta ahora se ha llevado a cabo como un diálogo en lo oscurito”, como lo llama Juan Camilo Mouriño Terrazo, su principal practicante hace un aporte significativo al caro proyecto de la reforma energética, abriendo un flanco en el Partido de la Revolución Democrática, con el bochornos juego de las dos cachuchas de Ruth Zavaleta Salgado: la de legisladora perredista y la de presidenta de la Cámara de Diputados. En la misma ruta trabaja Graco Ramírez Garrido Abreu.
Además de que se cumple al pie de la letra la instrucción del novel secretario, madrileño de nacimiento y gallego de origen, de rechazar cualquier posibilidad de interlocución directa con Andrés Manuel López Obrador, con el sofisma de que la reforma energética debe ser discutida en el Congreso de la Unión. Y el primero en recular, “como los hombrecitos”, fue Santiago Creel Miranda.
Queda claro. La invitación formulada por Calderón a “todos los mexicanos” para que participen en la elaboración del diagnóstico es para consumo mediático, pues excluye al tabasqueño y su amplio movimiento que desvela al grupo en el poder. Seguramente porque Tabasco es un cantón suizo y porque no leen ni escuchan a Sergio Sarmiento, su intelectual orgánico.
Cometen un serio error, para decirlo de manera educada, los estrategas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que diseñaron los caminos políticos y legislativos para consumar la reforma energética, durante el periodo ordinario de sesiones que comienza el primer día de febrero y concluye el último de abril.
Una pieza clave que está a la vista es el modosito Germán Martínez Cázares. Él asegura que la apertura de Petróleos Mexicanos a la inversión privada, nacional y extranjera, se materializará legalmente, aunque confesó a los senadores de su partido, Acción Nacional, reunidos en el Wyndham Cozumel Resort, de la bella isla del Caribe, “pero aún no definimos cuáles”.
En San Miguel Regla, Hidalgo, exactamente en la misma línea discursiva, pero con un redactor distinto, Calderón Hinojosa aseguró que primero es conveniente elaborar “un diagnóstico objetivo e integral de la situación que guarda ese sector en el país”.
Acompañado de una movilización del Estado Mayor Presidencial y los cuerpos policiacos de Hidalgo, como en los mejores tiempos de la impugnación poselectoral por el mágico .56 por ciento, de Margarita Zavala Gómez del Campo, el efímero secretario que cobró en la Función Pública y el nuevo titular de Gobernación, garantizó que tal diagnóstico “requiere de la participación responsable y serena” de “todos los mexicanos”.
El presidente del PAN por obra y gracia de su amigo y jefe, proceso protocolizado con unas elecciones de tipo soviético, aquellas que tanto criticaban los blanquiazules hasta antes de que uno de los suyos despachara en Los Pinos, dijo sin ruborizarse: “Estamos haciendo un diagnóstico de esta situación y no hemos terminado de definir una propuesta”.
Si nos atenemos a sus juicios, no disponen todavía de un diagnóstico sobre Pemex como presunto enfermo en estado grave, pero el paciente paga puntualmente los excesos y despilfarros de la nómina gubernamental, mas eso sí: en los próximos 90 días encontrarán las mejores medicinas legislativas.
Pemex requiere “mucha, mucha más inversión”, estableció con razón el maestro en economía y abogado, pero sin decir una palabra sobre quién deberá aportar los recursos.
Aprende a trompicones el michoacano. Sobre todo cuando no adopta el papel de especialista que lo mismo diagnostica frente a la elección presidencial “haiga sido como haiga sido”; que “gastritis crónica” para la indígena Ernestina Ascencio Rosario, de 78 años de edad, presuntamente violada por militares en Tetlacinga, Veracruzo; o bien, “pues ya ni modo” frente al reclamo de un colaborador que en campaña le hizo ver excesos en las promesas sobre inversión en infraestructura.
Con el “estilo de gobierno que hasta ahora se ha llevado a cabo como un diálogo en lo oscurito”, como lo llama Juan Camilo Mouriño Terrazo, su principal practicante hace un aporte significativo al caro proyecto de la reforma energética, abriendo un flanco en el Partido de la Revolución Democrática, con el bochornos juego de las dos cachuchas de Ruth Zavaleta Salgado: la de legisladora perredista y la de presidenta de la Cámara de Diputados. En la misma ruta trabaja Graco Ramírez Garrido Abreu.
Además de que se cumple al pie de la letra la instrucción del novel secretario, madrileño de nacimiento y gallego de origen, de rechazar cualquier posibilidad de interlocución directa con Andrés Manuel López Obrador, con el sofisma de que la reforma energética debe ser discutida en el Congreso de la Unión. Y el primero en recular, “como los hombrecitos”, fue Santiago Creel Miranda.
Queda claro. La invitación formulada por Calderón a “todos los mexicanos” para que participen en la elaboración del diagnóstico es para consumo mediático, pues excluye al tabasqueño y su amplio movimiento que desvela al grupo en el poder. Seguramente porque Tabasco es un cantón suizo y porque no leen ni escuchan a Sergio Sarmiento, su intelectual orgánico.
Soberanía energética
Leonel Cota Montaño
A pesar del anuncio de que podría no presentarse en el actual periodo legislativo la propuesta energética gubernamental, hay quienes perciben como inminente una ofensiva del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados para modificar leyes secundarias del artículo 27 de la Constitución, de modo que la inversión privada, nacional y extranjera, sea legalizada formalmente en el rubro de la explotación petrolera.
Hábilmente se dice, para apaciguar todo ánimo nacionalista, que Pemex no será privatizado, pero se omite aclarar que las reformas legales promovidas contradicen el espíritu del 27 constitucional, que establece la exclusividad de la nación en materia de electricidad y petróleo.
Lo que verdaderamente se busca es consagrar como legales hechos que son una realidad cotidiana, a pesar de estar expresamente prohibidos por nuestra Carta Magna y las leyes que de ella derivan, como es el caso de los contratos de servicios múltiples.
Al respecto, vale recordar lo que el 27 dice en su párrafo sexto: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Más claridad no pudo haber. Y sobre ese texto, que no ofrece la posibilidad de interpretarlo sesgadamente, han pasado los santa anna modernos.
Quienes conocen bien la operación cotidiana de las instalaciones de Pemex, ya sean plataformas marinas, plantas de refinación o ductos de distribución, saben de los peligros inherentes a la sola cercanía física de la gente en esos lugares, por la falta de mantenimiento y de inversión en nuevos equipos y tecnologías.
La paraestatal es la principal fuente de divisas para nuestro país y una de las empresas más rentables de su clase en el mundo. El problema es que tradicionalmente ha sido utilizada por los sucesivos gobiernos como la caja grande que permite resolver todo tipo de problemas de corto plazo: desde el financiamiento del gasto corriente hasta la operación política (recuérdese el Pemexgate) y el control de gobiernos estatales mediante las asignaciones extraordinarias por los llamados excedentes.
Así las cosas, en tanto el gobierno en turno va resolviendo sus problemas de coyuntura gracias a los recursos no presupuestados que se captan por los elevados precios internacionales del barril de petróleo (ingresos que absorbe por la vía del abusivo régimen fiscal al que tiene sometido a Pemex), la empresa ha decaído paulatinamente, al grado de que sus instalaciones se han tornado muy peligrosas para los trabajadores (y para muchos otros ciudadanos) y las reservas probadas han declinado hasta alcanzar apenas para los próximos diez años, cuando mucho.
Prácticamente no se invierte en investigación ni en mantenimiento ni en exploración para detectar nuevos yacimientos. Mucho menos se tienen los recursos para la explotación en aguas marinas profundas, porque 80% de las utilidades son absorbidas por el fisco para alimentar a ese monstruo que es el gobierno federal y su gasto al parecer irrenunciable.
Hoy somos testigos de los esfuerzos del gobierno panista por restituir el régimen de concesiones que se canceló en el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, mediante cambios en las leyes secundarias, sin tocar el texto constitucional. Pero alteraciones semejantes serían necesariamente inconstitucionales, si tenemos en cuenta que ninguna ley reglamentaria de un artículo puede contradecir la letra o el espíritu de éste.
Los diputados perredistas y de los otros dos partidos que integran el Frente Amplio Progresista deberán ser más firmes que nunca para evitar ese despropósito del PRI y del PAN. Es la soberanía energética de México lo que está en juego.
A pesar del anuncio de que podría no presentarse en el actual periodo legislativo la propuesta energética gubernamental, hay quienes perciben como inminente una ofensiva del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados para modificar leyes secundarias del artículo 27 de la Constitución, de modo que la inversión privada, nacional y extranjera, sea legalizada formalmente en el rubro de la explotación petrolera.
Hábilmente se dice, para apaciguar todo ánimo nacionalista, que Pemex no será privatizado, pero se omite aclarar que las reformas legales promovidas contradicen el espíritu del 27 constitucional, que establece la exclusividad de la nación en materia de electricidad y petróleo.
Lo que verdaderamente se busca es consagrar como legales hechos que son una realidad cotidiana, a pesar de estar expresamente prohibidos por nuestra Carta Magna y las leyes que de ella derivan, como es el caso de los contratos de servicios múltiples.
Al respecto, vale recordar lo que el 27 dice en su párrafo sexto: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.
Más claridad no pudo haber. Y sobre ese texto, que no ofrece la posibilidad de interpretarlo sesgadamente, han pasado los santa anna modernos.
Quienes conocen bien la operación cotidiana de las instalaciones de Pemex, ya sean plataformas marinas, plantas de refinación o ductos de distribución, saben de los peligros inherentes a la sola cercanía física de la gente en esos lugares, por la falta de mantenimiento y de inversión en nuevos equipos y tecnologías.
La paraestatal es la principal fuente de divisas para nuestro país y una de las empresas más rentables de su clase en el mundo. El problema es que tradicionalmente ha sido utilizada por los sucesivos gobiernos como la caja grande que permite resolver todo tipo de problemas de corto plazo: desde el financiamiento del gasto corriente hasta la operación política (recuérdese el Pemexgate) y el control de gobiernos estatales mediante las asignaciones extraordinarias por los llamados excedentes.
Así las cosas, en tanto el gobierno en turno va resolviendo sus problemas de coyuntura gracias a los recursos no presupuestados que se captan por los elevados precios internacionales del barril de petróleo (ingresos que absorbe por la vía del abusivo régimen fiscal al que tiene sometido a Pemex), la empresa ha decaído paulatinamente, al grado de que sus instalaciones se han tornado muy peligrosas para los trabajadores (y para muchos otros ciudadanos) y las reservas probadas han declinado hasta alcanzar apenas para los próximos diez años, cuando mucho.
Prácticamente no se invierte en investigación ni en mantenimiento ni en exploración para detectar nuevos yacimientos. Mucho menos se tienen los recursos para la explotación en aguas marinas profundas, porque 80% de las utilidades son absorbidas por el fisco para alimentar a ese monstruo que es el gobierno federal y su gasto al parecer irrenunciable.
Hoy somos testigos de los esfuerzos del gobierno panista por restituir el régimen de concesiones que se canceló en el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, mediante cambios en las leyes secundarias, sin tocar el texto constitucional. Pero alteraciones semejantes serían necesariamente inconstitucionales, si tenemos en cuenta que ninguna ley reglamentaria de un artículo puede contradecir la letra o el espíritu de éste.
Los diputados perredistas y de los otros dos partidos que integran el Frente Amplio Progresista deberán ser más firmes que nunca para evitar ese despropósito del PRI y del PAN. Es la soberanía energética de México lo que está en juego.
El conflicto minero de Taxco
Netzahualcóyotl Bustamante Santín
Este 30 de enero se cumplen seis meses del inicio de huelga en el complejo minero ubicado en Taxco.
Cinco días antes de ese plazo, la Industrial Minera México, subsidiaria del Grupo México que administra una decena de instalaciones del ramo en el país, anunció unilateralmente el fin de operaciones arguyendo la escasez de activos minerales.
En Taxco, Cananea y Zacatecas estallaron simultáneamente la huelga miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana con la exigencia de aumento salarial, pago justo de prestaciones y mejora en las
condiciones de seguridad en las instalaciones.
En represalia a esas demandas y ante una orden del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, fuerzas federales desalojaron a trabajadores mineros en Cananea el 11 de enero, al declararse inexistente la huelga en un acto que representó el escalamiento de la problemática.
Mientras tanto, en el caso de Taxco, el Tribunal declaró procedente la huelga el día 24 pero un día después y en venganza por el golpe asestado a través de la resolución, la empresa resolvió cerrar sus minas.
En el conflicto entre el Sindicato y el poderoso Grupo México se ha involucrado la Secretaría del Trabajo no para intentar buscar acuerdos entre las partes sino para favorecer los intereses de la empresa como ha quedado ampliamente demostrado; tal parece ser el papel de los gobiernos gerencialistas.
Desde la tragedia de Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006 en la que perecieron 65 trabajadores, se abrió una diferencia insalvable hasta ahora entre los tres protagonistas de ese conflicto que según la Secretaría, trasciende lo
estrictamente laboral.
De la persecución al líder del Sindicato, Napoleón Gómez Urrutia (hijo del sempiterno líder minero del mismo nombre), al enfrentamiento en la siderúrgica ubicada en Lázaro Cárdenas por una orden también del Tribunal el 20 de abril de 2006, la Secretaría del Trabajo en el gobierno foxista y en lo que va del sexenio calderonista se ha empeñado en defenestrar a Gómez Urrutia por no convenir a los intereses del Grupo México y en ese afán ha alentado, potenciado y recrudecido el contencioso con los mineros del país.
Tras el cierre de Pasta de Conchos y el anuncio de fin de operaciones en Taxco, Minera México ha hecho alarde de que al Sindicato no le interesa mantener ni generar fuentes de empleo en el sector y los acusa de crear un clima de confrontación entre
los mineros y esa compañía. Los 406 trabajadores y 59 empleados que estallaron la huelga en Taxco pertenecen a una añeja tradición generacional que desde hace más de 100 años han explotado los yacimientos que hoy se cerrarían.
Pero la tradición es mucho más vieja y Taxco adquirió fama por ello.
En el Novohispano, Taxco pertenecía al corredor Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato en virtud de la riqueza de sus yacimientos minerales, señaladamente de plata.
El auge y esplendor de Taxco fueron posibles merced a las abundantes vetas minerales de la región que no sólo hicieron posible la construcción de la monumental Santa Prisca en la mitad del Siglo XVIII, sino que permitieron que la Colonia cumpliera
puntualmente con su cuota a la península ibérica con los dividendos obtenidos por la extracción de plata.
No es la primera vez que Minera México amenaza con cerrar su planta en esa colonial ciudad. A partir de que estalló la huelga en la sección 57 del Sindicato radicada en Taxco por lo menos una tríada de anuncios se han hecho en ese sentido.
Subyace en la decisión de la empresa, una conocida estrategia por evitar mostrarse débil ante la opinión pública y el Sindicato mismo, tras los logros obtenidos en los Tribunales por los trabajadores. Y también porque la fragilidad en la cruzada que se libra ahora, impacta de igual forma al gobierno federal particularmente la Secretaría del Trabajo que encabeza un funcionario, Javier Lozano Alarcón, que se asume en los hechos más bien como abogado de la empresa. Pese a continuar la huelga en Cananea, el consorcio ha pretendido reactivar sus labores en aquella mina con un marginal nivel de operaciones que Néstor de Buen, abogado de los mineros, ha calificado como una derrota a las pretensiones de acabar con la
huelga.
Aunque con otra maniobra, Grupo México lanzó un ardid mediático para dar la imagen de fuerza y control del conflicto al advertir que cerrará las operaciones en la unidad de Taxco.
Gracias al apoyo solidario de sus compañeros en el resto de país, los mineros taxqueños han sobrellevado con dificultad pero mucha dignidad el embate del gobierno federal y de la compañía. La precaria situación por la que atraviesan ha repercutido en su bienestar y en la actividad económica local.
La pérdida millonaria de ingresos por explotación minera y el daño infligido a este sector que ha disminuido en 25 porciento su producción en el último año es responsabilidad de los mineros y no de la parte patronal, acusa el discurso oficial. En 2006 la producción de la unidad de Taxco fue de 14 mil toneladas de zinc y 995 mil onzas de plata, alcanzando ventas de 42 millones de
dólares. ¿Estaría dispuesta Minera México a prescindir de esos ingresos?
El anuncio de un “pacto de no agresión” y la disposición que según De Buen tuvo Lozano en el encuentro bilateral sostenido el lunes 28, arroja un halo de luz y da certidumbre política al contencioso minero que este febrero cumple dos años desde la
tragedia de Pasta de Conchos.
Aquí, Jorge Peña Soberanis, secretario de Desarrollo Económico, sólo atina a lamentar el cierre definitivo del complejo en Taxco;
una actitud similar a la asumida en la disputa entre ejidatarios y empresarios en Carrizalillo.
A juzgar por sus dichos y hechos, funcionarios como Lozano y Peña asumen una defensa a ultranza del capital –que abomina a los gremios de trabajadores– y no hacen uso de sus oficios políticos para contribuir a la solución de la problemática.
Más bien han sido otros actores los que han intentado su resolución mediante el rechazo a la actitud dominante y voraz de esos consorcios.
Este 30 de enero se cumplen seis meses del inicio de huelga en el complejo minero ubicado en Taxco.
Cinco días antes de ese plazo, la Industrial Minera México, subsidiaria del Grupo México que administra una decena de instalaciones del ramo en el país, anunció unilateralmente el fin de operaciones arguyendo la escasez de activos minerales.
En Taxco, Cananea y Zacatecas estallaron simultáneamente la huelga miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana con la exigencia de aumento salarial, pago justo de prestaciones y mejora en las
condiciones de seguridad en las instalaciones.
En represalia a esas demandas y ante una orden del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, fuerzas federales desalojaron a trabajadores mineros en Cananea el 11 de enero, al declararse inexistente la huelga en un acto que representó el escalamiento de la problemática.
Mientras tanto, en el caso de Taxco, el Tribunal declaró procedente la huelga el día 24 pero un día después y en venganza por el golpe asestado a través de la resolución, la empresa resolvió cerrar sus minas.
En el conflicto entre el Sindicato y el poderoso Grupo México se ha involucrado la Secretaría del Trabajo no para intentar buscar acuerdos entre las partes sino para favorecer los intereses de la empresa como ha quedado ampliamente demostrado; tal parece ser el papel de los gobiernos gerencialistas.
Desde la tragedia de Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006 en la que perecieron 65 trabajadores, se abrió una diferencia insalvable hasta ahora entre los tres protagonistas de ese conflicto que según la Secretaría, trasciende lo
estrictamente laboral.
De la persecución al líder del Sindicato, Napoleón Gómez Urrutia (hijo del sempiterno líder minero del mismo nombre), al enfrentamiento en la siderúrgica ubicada en Lázaro Cárdenas por una orden también del Tribunal el 20 de abril de 2006, la Secretaría del Trabajo en el gobierno foxista y en lo que va del sexenio calderonista se ha empeñado en defenestrar a Gómez Urrutia por no convenir a los intereses del Grupo México y en ese afán ha alentado, potenciado y recrudecido el contencioso con los mineros del país.
Tras el cierre de Pasta de Conchos y el anuncio de fin de operaciones en Taxco, Minera México ha hecho alarde de que al Sindicato no le interesa mantener ni generar fuentes de empleo en el sector y los acusa de crear un clima de confrontación entre
los mineros y esa compañía. Los 406 trabajadores y 59 empleados que estallaron la huelga en Taxco pertenecen a una añeja tradición generacional que desde hace más de 100 años han explotado los yacimientos que hoy se cerrarían.
Pero la tradición es mucho más vieja y Taxco adquirió fama por ello.
En el Novohispano, Taxco pertenecía al corredor Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato en virtud de la riqueza de sus yacimientos minerales, señaladamente de plata.
El auge y esplendor de Taxco fueron posibles merced a las abundantes vetas minerales de la región que no sólo hicieron posible la construcción de la monumental Santa Prisca en la mitad del Siglo XVIII, sino que permitieron que la Colonia cumpliera
puntualmente con su cuota a la península ibérica con los dividendos obtenidos por la extracción de plata.
No es la primera vez que Minera México amenaza con cerrar su planta en esa colonial ciudad. A partir de que estalló la huelga en la sección 57 del Sindicato radicada en Taxco por lo menos una tríada de anuncios se han hecho en ese sentido.
Subyace en la decisión de la empresa, una conocida estrategia por evitar mostrarse débil ante la opinión pública y el Sindicato mismo, tras los logros obtenidos en los Tribunales por los trabajadores. Y también porque la fragilidad en la cruzada que se libra ahora, impacta de igual forma al gobierno federal particularmente la Secretaría del Trabajo que encabeza un funcionario, Javier Lozano Alarcón, que se asume en los hechos más bien como abogado de la empresa. Pese a continuar la huelga en Cananea, el consorcio ha pretendido reactivar sus labores en aquella mina con un marginal nivel de operaciones que Néstor de Buen, abogado de los mineros, ha calificado como una derrota a las pretensiones de acabar con la
huelga.
Aunque con otra maniobra, Grupo México lanzó un ardid mediático para dar la imagen de fuerza y control del conflicto al advertir que cerrará las operaciones en la unidad de Taxco.
Gracias al apoyo solidario de sus compañeros en el resto de país, los mineros taxqueños han sobrellevado con dificultad pero mucha dignidad el embate del gobierno federal y de la compañía. La precaria situación por la que atraviesan ha repercutido en su bienestar y en la actividad económica local.
La pérdida millonaria de ingresos por explotación minera y el daño infligido a este sector que ha disminuido en 25 porciento su producción en el último año es responsabilidad de los mineros y no de la parte patronal, acusa el discurso oficial. En 2006 la producción de la unidad de Taxco fue de 14 mil toneladas de zinc y 995 mil onzas de plata, alcanzando ventas de 42 millones de
dólares. ¿Estaría dispuesta Minera México a prescindir de esos ingresos?
El anuncio de un “pacto de no agresión” y la disposición que según De Buen tuvo Lozano en el encuentro bilateral sostenido el lunes 28, arroja un halo de luz y da certidumbre política al contencioso minero que este febrero cumple dos años desde la
tragedia de Pasta de Conchos.
Aquí, Jorge Peña Soberanis, secretario de Desarrollo Económico, sólo atina a lamentar el cierre definitivo del complejo en Taxco;
una actitud similar a la asumida en la disputa entre ejidatarios y empresarios en Carrizalillo.
A juzgar por sus dichos y hechos, funcionarios como Lozano y Peña asumen una defensa a ultranza del capital –que abomina a los gremios de trabajadores– y no hacen uso de sus oficios políticos para contribuir a la solución de la problemática.
Más bien han sido otros actores los que han intentado su resolución mediante el rechazo a la actitud dominante y voraz de esos consorcios.
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