La última revolución: La femenina
Rupturas y secuencias
Homar Garcés
Por lo general, se acepta como algo inmutable que la mujer tiene por objetivo esencial el de ser madre de familia y de permanecer en casa. Esta visión machista (patriarcal) es compartida, defendida y hasta promovida por algunas mujeres, estableciendo de antemano entre todos (hombres y mujeres) que así lo dispuso Dios y no se puede hacer nada contrario. Quizás en ello prive cierto sexismo, sustentado en el hecho biológico irrebatible de que las mujeres son quienes procrean y no los hombres. Por eso, al hablar de la emancipación femenina no se puede caer en el terreno banal de los esquemas dualistas, planteándose nada más que la contradicción biológica entre mujeres y hombres, simplificándola e ignorando adrede la multidimensionalidad del patriarcado o machismo, expresado -según el sociólogo y politólogo chileno Joaquín Mires- “microfísicamente, anidado en diferentes lugares, instituciones, personas, hábitos, culturas e, incluso, al interior del alma de muchas mujeres”. De ahí que la emancipación femenina deba plantearse en muchos campos y no circunscribirla a lo económico o lo cultural, sin dejar de hacerlo, como ya lo avizoraron los primeros teóricos socialistas, desde Marx y Engels, puesto que -volviendo a Mires- “si las ideas feministas se imponen definitivamente alguna vez, tendría lugar una de las revoluciones más profundas de la historia, pues no sólo afectaría determinados órdenes económicos o políticos, sino además la estructura socio-cultural de hombres y mujeres”.
Siendo así, la lucha por la liberación de las mujeres, al contrario de lo que presuponen algunos (y algunas), ha sido parte elemental de la ideología y de los combates emprendidos por el socialismo. Aunque se reconoce a la Revolución Francesa como uno de sus primeros escenarios al proclamarse las reivindicaciones derivadas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo cual hizo que surgieran algunas ideólogas feministas, como Mary Wollstonecraft, quienes pregonaron que las mujeres también tenían derecho a la libertad. Estas primeras propuestas fueron ampliándose a medida que lo hacía el rol de la mujer en el engranaje de la producción capitalista; por ello, sus primeras reivindicaciones nacieron al calor de las luchas socialistas del siglo XIX, aunque no de modo uniforme y lineal, ya que algunos hombres socialistas pensaban igual que sus enemigos de clase. Sin embargo, mujeres revolucionarias como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo o Louise Michel desarrollaron una perspectiva revolucionaria propia sobre la liberación femenina que se extiende hasta nuestros días, a pesar de todo el boato con que se celebra el Día Internacional de la Mujer, precisamente propuesto en la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910, por Clara Zetkin y Kathy Duncker (miembros del Partido Socialista Alemán).
No obstante, el reconocimiento general de los derechos civiles de las mujeres, de su rol político y de su independencia jurídica y financiera, aún está pendiente su verdadera emancipación, cosa que no tendrá lugar mientras subsista la sociedad capitalista “porque la opresión de las mujeres -como lo refiriera Lindsey German- es inherente a la existencia de la sociedad clasista”. Sin embargo, pocas de ellas se han adentrado en la comprensión de esta realidad que las domina con cadenas invisibles, aun aquellas que se consideran a sí mismas como revolucionarias y socialistas, algunas por haber alcanzado alguna posición de poder, pero sin distinguirse demasiado de sus congéneres varones. Otra cosa a tomar en cuenta es que la igualdad alcanzada ante la ley no significa realmente igualdad de hecho y esto implica, entre otras cuestiones, su liberación final del trabajo doméstico al cual está atada desde tiempos inmemoriales.
Al respecto, Lenin afirmaba en 1919 que “independientemente de todas las leyes que emancipan a la mujer, ésta continúa siendo una esclava, porque el trabajo doméstico oprime, estrangula, degrada y la reduce a la cocina y al cuidado de los hijos, y ella desperdicia su fuerza en trabajos improductivos, intrascendentes, que agotan sus nervios y la idiotizan. Por eso, la emancipación de la mujer, el comunismo verdadero, comenzará solamente cuando y donde se inicie una lucha sin cuartel, dirigida por el proletariado, dueño del poder del Estado, contra esa naturaleza del trabajo doméstico o, mejor, cuando se inicie su transformación total, en una economía a gran escala”. Esta sigue siendo una parte fundamental de la lucha femenina, aunque no la única. Por ello, habría que recordar lo escrito en sus Memorias por Louise Michel, la indoblegable rebelde de la Comuna de París, cuando advierte “cuidado con quienes hacen ondear por toda Europa la bandera de la libertad, y cuidado con la más pacífica hija de Galia que duerme hoy en la profunda resignación de los campos. Cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se subleva contra el mundo viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo”. Esto es algo que merece debatirse en profundidad, sin que sea exclusivo de las mujeres, de manera que se haga una verdadera revolución, la última y necesaria, por el bien de toda la humanidad.
Homar Garcés
Por lo general, se acepta como algo inmutable que la mujer tiene por objetivo esencial el de ser madre de familia y de permanecer en casa. Esta visión machista (patriarcal) es compartida, defendida y hasta promovida por algunas mujeres, estableciendo de antemano entre todos (hombres y mujeres) que así lo dispuso Dios y no se puede hacer nada contrario. Quizás en ello prive cierto sexismo, sustentado en el hecho biológico irrebatible de que las mujeres son quienes procrean y no los hombres. Por eso, al hablar de la emancipación femenina no se puede caer en el terreno banal de los esquemas dualistas, planteándose nada más que la contradicción biológica entre mujeres y hombres, simplificándola e ignorando adrede la multidimensionalidad del patriarcado o machismo, expresado -según el sociólogo y politólogo chileno Joaquín Mires- “microfísicamente, anidado en diferentes lugares, instituciones, personas, hábitos, culturas e, incluso, al interior del alma de muchas mujeres”. De ahí que la emancipación femenina deba plantearse en muchos campos y no circunscribirla a lo económico o lo cultural, sin dejar de hacerlo, como ya lo avizoraron los primeros teóricos socialistas, desde Marx y Engels, puesto que -volviendo a Mires- “si las ideas feministas se imponen definitivamente alguna vez, tendría lugar una de las revoluciones más profundas de la historia, pues no sólo afectaría determinados órdenes económicos o políticos, sino además la estructura socio-cultural de hombres y mujeres”.
Siendo así, la lucha por la liberación de las mujeres, al contrario de lo que presuponen algunos (y algunas), ha sido parte elemental de la ideología y de los combates emprendidos por el socialismo. Aunque se reconoce a la Revolución Francesa como uno de sus primeros escenarios al proclamarse las reivindicaciones derivadas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo cual hizo que surgieran algunas ideólogas feministas, como Mary Wollstonecraft, quienes pregonaron que las mujeres también tenían derecho a la libertad. Estas primeras propuestas fueron ampliándose a medida que lo hacía el rol de la mujer en el engranaje de la producción capitalista; por ello, sus primeras reivindicaciones nacieron al calor de las luchas socialistas del siglo XIX, aunque no de modo uniforme y lineal, ya que algunos hombres socialistas pensaban igual que sus enemigos de clase. Sin embargo, mujeres revolucionarias como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo o Louise Michel desarrollaron una perspectiva revolucionaria propia sobre la liberación femenina que se extiende hasta nuestros días, a pesar de todo el boato con que se celebra el Día Internacional de la Mujer, precisamente propuesto en la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de 1910, por Clara Zetkin y Kathy Duncker (miembros del Partido Socialista Alemán).
No obstante, el reconocimiento general de los derechos civiles de las mujeres, de su rol político y de su independencia jurídica y financiera, aún está pendiente su verdadera emancipación, cosa que no tendrá lugar mientras subsista la sociedad capitalista “porque la opresión de las mujeres -como lo refiriera Lindsey German- es inherente a la existencia de la sociedad clasista”. Sin embargo, pocas de ellas se han adentrado en la comprensión de esta realidad que las domina con cadenas invisibles, aun aquellas que se consideran a sí mismas como revolucionarias y socialistas, algunas por haber alcanzado alguna posición de poder, pero sin distinguirse demasiado de sus congéneres varones. Otra cosa a tomar en cuenta es que la igualdad alcanzada ante la ley no significa realmente igualdad de hecho y esto implica, entre otras cuestiones, su liberación final del trabajo doméstico al cual está atada desde tiempos inmemoriales.
Al respecto, Lenin afirmaba en 1919 que “independientemente de todas las leyes que emancipan a la mujer, ésta continúa siendo una esclava, porque el trabajo doméstico oprime, estrangula, degrada y la reduce a la cocina y al cuidado de los hijos, y ella desperdicia su fuerza en trabajos improductivos, intrascendentes, que agotan sus nervios y la idiotizan. Por eso, la emancipación de la mujer, el comunismo verdadero, comenzará solamente cuando y donde se inicie una lucha sin cuartel, dirigida por el proletariado, dueño del poder del Estado, contra esa naturaleza del trabajo doméstico o, mejor, cuando se inicie su transformación total, en una economía a gran escala”. Esta sigue siendo una parte fundamental de la lucha femenina, aunque no la única. Por ello, habría que recordar lo escrito en sus Memorias por Louise Michel, la indoblegable rebelde de la Comuna de París, cuando advierte “cuidado con quienes hacen ondear por toda Europa la bandera de la libertad, y cuidado con la más pacífica hija de Galia que duerme hoy en la profunda resignación de los campos. Cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se subleva contra el mundo viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo”. Esto es algo que merece debatirse en profundidad, sin que sea exclusivo de las mujeres, de manera que se haga una verdadera revolución, la última y necesaria, por el bien de toda la humanidad.
Enredos de Mouriño
Juan Camilo perdió su utilidad política para el gobierno espurio de Felipe Calderón.
Análisis
Más allá del aspecto legal y de su permanencia al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño perdió su utilidad política para el gobierno de Felipe Calderón. Su nombramiento en esa dependencia, protegido del escrutinio público, tenía un propósito clave en las negociaciones y acuerdos que permitían a FeCal avanzar en la consolidación de su gestión sexenal. Pero ya no es así.
Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó su constancia de usurpador, Calderón centró su estrategia en tratar de mostrar ante la opinión pública firmeza para alcanzar sus propósitos y capacidad de operación política. Así consiguió realizar la transmisión de la banda presidencial en la tribuna de San Lázaro, sacó al Ejército para combatir a los narcotraficantes y logró la aprobación de varias reformas legislativas que, en conjunto, permitieron a su gobierno ganar legitimidad y modificar la percepción de la ciudadanía sobre la parálisis gubernamental.
Más allá de los beneficios reales y tangibles de su actuación, lo cierto es que a pesar de su cuestionado inicio de sexenio, Calderón tomó las riendas del poder y marcó su estilo personal de gobernar. Como lo importante es el impacto que tienen en la percepción de la opinión pública, las consecuencias de las acciones y decisiones pasan a un segundo lugar. Hasta la semana pasada parecía que la consecución de dicho propósito caminaba exitosamente. Sin embargo, los enredos de Mouriño significan el primer tropiezo serio del sexenio en esta materia.
Calderón pasó por alto que los negocios de Mouriño y su familia están en el ramo petrolero y que una de las primeras reformas importantes que su secretario de Gobernación tenía que impulsar era precisamente la energética. Y, seguramente, ignoraba que Mouriño firmó como apoderado legal de Ivancar contratos con PEMEX, a pesar de que ya trabajaba en la Secretaría de Energía.
En el ámbito político, todo acto tiene consecuencias tanto legales, como políticas y ante la opinión pública. La mayor parte de las veces, éstas dos últimas se convierten en una sola, pero en otras no, como en este caso, en el que ya hay daños evidentes. De esto se desprende que los legisladores perredistas insistan en integrar una comisión legislativa que investigue a Mouriño, puesto que ven difícil tener éxito si lo hacen por la vía penal.
Por lo que atañe al ámbito legal, el único camino por el que se puede proceder es precisamente el penal, pues por la vía de las responsabilidades de los servidores públicos Mouriño tiene una coartada: cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Energía, arguye, “no tenía nada absolutamente que ver con el tema de los hidrocarburos o con PEMEX”.
Sin embargo, debe decirse que la sola presencia de Mouriño en la Administración Pública Federal lo vuelven sospechoso de tráfico de influencias, tanto desde el punto de vista conceptual como legal, en particular por su cercanía con el secretario del ramo energético.
En este último aspecto, el artículo 428 del Código Penal Federal señala claramente: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero…”.
En este caso, a Mouriño se le puede configurar el delito desde que fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pero esto, como señalan los panistas, tendría que resolverse en las instancias correspondientes y no será fácil demostrar jurídicamente que hubo tráfico de influencias.
Pero donde los impactos negativos son evidentes es en los otros dos ámbitos. En la opinión pública, el asunto aparentemente pasó desapercibido cuando el ex candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador hizo la denuncia pública; pero se posicionó en todos los medios de comunicación cuando el 28 de febrero pasado El Universal publicó en su primera plana copias de los documentos con la firma del actual secretario de Gobernación.
Las opciones
Ante esas evidencias irrefutables, el jueves 6 Juan Camilo Mouriño admitió en una entrevista en el Noticiero de Joaquín López Dóriga que aquel documento sí es auténtico. Y explicó: “Fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna actuación indebida de mi parte en él. Ser apoderado legal no es de ninguna manera ningún delito. Yo ya no era apoderado de la empresa, y antes de firmar ese contrato también verifiqué que pudiera, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad”.
Pero Juan Camilo olvida una cosa: que como en el caso de Pompeya, la mujer de Julio César, no basta ser honesto, “también hay que parecerlo”. Y en esta ocasión las evidencias obran en su contra, especialmente en un país como el nuestro, donde el tráfico de influencias es una práctica común y extendida. Aquí, por ejemplo, empresarios como Kamel Nacif hacen gala de su poder económico e influyen en las decisiones del gobernador poblano, Mario Marín, para que éste persiga a la periodista Lydia Cacho; los hijos de Marta Sahagún, Arturo Montiel y tantos otros políticos aprovechan sus posiciones privilegiadas para enriquecerse económicamente.
En estos casos como en el que ahora envuelve a Mouriño, no es que los personajes mencionados tuvieran una posición privilegiada desde la que tomaban decisiones de los beneficiaban directamente, el asunto es que desde Los Pinos se podía influir para que esas decisiones tuvieran éxito. Y a pesar de que esto lo sabe la ciudadanía, el daño ya está hecho, La mejor prueba de ello es la presencia de Mouriño en el noticiero nocturno de Televisa el jueves 6. Seguramente acudió ahí cuando se percató de que, más allá de los espacios que el tema ocupa en los medios de comunicación masiva, el hecho impactaba negativamente en la opinión pública.
Sin embargo, el mayor daño para Mouriño es de índole política, pues en este ámbito el funcionario ya hipotecó su capital con los líderes de las fracciones parlamentarias priístas: Manlio Fabio Beltrones, en el Senado, y Emilio Gamboa, en la Cámara de Diputados. Al ver el caso, ambos olieron la sangre y de inmediato se aprestaron a apoyar la demanda de los perredistas de instalar una comisión investigadora para dilucidar si se cometió algún tipo de delito o irregularidad administrativa. Además, se percataron de que podían sacar una mejor tajada política al asunto si lo negociaban con el presunto indiciado y de inmediato retiraron su apoyo.
Los dos líderes priístas han aprovechado hasta hoy la inexperiencia de sus interlocutores y la debilidad política de Calderón para sacar la mejor parte en las negociaciones en el Congreso: integración de comisiones, reforma electoral, reforma fiscal y hasta reforma judicial. Y esto antes de venderle este favor al negociador oficial del Ejecutivo; a partir de hoy los líderes parlamentarios del PRI tiene una posición más ventajosa.
Así, Calderón quemó a quien consideraba su mejor operador político, al colocarlo prematura e inoportunamente en la Secretaría de Gobernación. Hoy, lo único que puede hacer es tratar de minimizar los daños. Dejar a Mouriño en Gobernación implica debilitar la posición negociadora; sacarlo del gabinete y mandarlo a hacerle compañía a su antecesor Francisco Ramírez Acuña puede ser la posición más conveniente para el gobierno de Calderón, pues incluso puede posicionarse como un político sensible y decidido frente a cualquier acto cuestionable de sus colaboradores, pero desde luego implica perder definitivamente a Mouriño y dañar seriamente cualquier aspiración política futura; y, finalmente, moverlo a otra posición política parecería más bien que cede ante las presiones, pero protege a su amigo.
Lo cierto es que un mal cálculo político de Calderón, que sobrevaloró las cualidades de su colaborador y menospreció las dificultades de la negociación de la reforma energética, y los errores de Mouriño, se conjugaron para propinar al gobierno su primer tropezón político importante.
(Jesús Cantú/APRO)
Análisis
Más allá del aspecto legal y de su permanencia al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño perdió su utilidad política para el gobierno de Felipe Calderón. Su nombramiento en esa dependencia, protegido del escrutinio público, tenía un propósito clave en las negociaciones y acuerdos que permitían a FeCal avanzar en la consolidación de su gestión sexenal. Pero ya no es así.
Desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó su constancia de usurpador, Calderón centró su estrategia en tratar de mostrar ante la opinión pública firmeza para alcanzar sus propósitos y capacidad de operación política. Así consiguió realizar la transmisión de la banda presidencial en la tribuna de San Lázaro, sacó al Ejército para combatir a los narcotraficantes y logró la aprobación de varias reformas legislativas que, en conjunto, permitieron a su gobierno ganar legitimidad y modificar la percepción de la ciudadanía sobre la parálisis gubernamental.
Más allá de los beneficios reales y tangibles de su actuación, lo cierto es que a pesar de su cuestionado inicio de sexenio, Calderón tomó las riendas del poder y marcó su estilo personal de gobernar. Como lo importante es el impacto que tienen en la percepción de la opinión pública, las consecuencias de las acciones y decisiones pasan a un segundo lugar. Hasta la semana pasada parecía que la consecución de dicho propósito caminaba exitosamente. Sin embargo, los enredos de Mouriño significan el primer tropiezo serio del sexenio en esta materia.
Calderón pasó por alto que los negocios de Mouriño y su familia están en el ramo petrolero y que una de las primeras reformas importantes que su secretario de Gobernación tenía que impulsar era precisamente la energética. Y, seguramente, ignoraba que Mouriño firmó como apoderado legal de Ivancar contratos con PEMEX, a pesar de que ya trabajaba en la Secretaría de Energía.
En el ámbito político, todo acto tiene consecuencias tanto legales, como políticas y ante la opinión pública. La mayor parte de las veces, éstas dos últimas se convierten en una sola, pero en otras no, como en este caso, en el que ya hay daños evidentes. De esto se desprende que los legisladores perredistas insistan en integrar una comisión legislativa que investigue a Mouriño, puesto que ven difícil tener éxito si lo hacen por la vía penal.
Por lo que atañe al ámbito legal, el único camino por el que se puede proceder es precisamente el penal, pues por la vía de las responsabilidades de los servidores públicos Mouriño tiene una coartada: cuando ocupó el cargo en la Secretaría de Energía, arguye, “no tenía nada absolutamente que ver con el tema de los hidrocarburos o con PEMEX”.
Sin embargo, debe decirse que la sola presencia de Mouriño en la Administración Pública Federal lo vuelven sospechoso de tráfico de influencias, tanto desde el punto de vista conceptual como legal, en particular por su cercanía con el secretario del ramo energético.
En este último aspecto, el artículo 428 del Código Penal Federal señala claramente: “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero…”.
En este caso, a Mouriño se le puede configurar el delito desde que fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pero esto, como señalan los panistas, tendría que resolverse en las instancias correspondientes y no será fácil demostrar jurídicamente que hubo tráfico de influencias.
Pero donde los impactos negativos son evidentes es en los otros dos ámbitos. En la opinión pública, el asunto aparentemente pasó desapercibido cuando el ex candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador hizo la denuncia pública; pero se posicionó en todos los medios de comunicación cuando el 28 de febrero pasado El Universal publicó en su primera plana copias de los documentos con la firma del actual secretario de Gobernación.
Las opciones
Ante esas evidencias irrefutables, el jueves 6 Juan Camilo Mouriño admitió en una entrevista en el Noticiero de Joaquín López Dóriga que aquel documento sí es auténtico. Y explicó: “Fue firmado y es absolutamente legal, y no hay ninguna actuación indebida de mi parte en él. Ser apoderado legal no es de ninguna manera ningún delito. Yo ya no era apoderado de la empresa, y antes de firmar ese contrato también verifiqué que pudiera, como servidor público, firmarlo y que no tuviese ningún problema de legalidad”.
Pero Juan Camilo olvida una cosa: que como en el caso de Pompeya, la mujer de Julio César, no basta ser honesto, “también hay que parecerlo”. Y en esta ocasión las evidencias obran en su contra, especialmente en un país como el nuestro, donde el tráfico de influencias es una práctica común y extendida. Aquí, por ejemplo, empresarios como Kamel Nacif hacen gala de su poder económico e influyen en las decisiones del gobernador poblano, Mario Marín, para que éste persiga a la periodista Lydia Cacho; los hijos de Marta Sahagún, Arturo Montiel y tantos otros políticos aprovechan sus posiciones privilegiadas para enriquecerse económicamente.
En estos casos como en el que ahora envuelve a Mouriño, no es que los personajes mencionados tuvieran una posición privilegiada desde la que tomaban decisiones de los beneficiaban directamente, el asunto es que desde Los Pinos se podía influir para que esas decisiones tuvieran éxito. Y a pesar de que esto lo sabe la ciudadanía, el daño ya está hecho, La mejor prueba de ello es la presencia de Mouriño en el noticiero nocturno de Televisa el jueves 6. Seguramente acudió ahí cuando se percató de que, más allá de los espacios que el tema ocupa en los medios de comunicación masiva, el hecho impactaba negativamente en la opinión pública.
Sin embargo, el mayor daño para Mouriño es de índole política, pues en este ámbito el funcionario ya hipotecó su capital con los líderes de las fracciones parlamentarias priístas: Manlio Fabio Beltrones, en el Senado, y Emilio Gamboa, en la Cámara de Diputados. Al ver el caso, ambos olieron la sangre y de inmediato se aprestaron a apoyar la demanda de los perredistas de instalar una comisión investigadora para dilucidar si se cometió algún tipo de delito o irregularidad administrativa. Además, se percataron de que podían sacar una mejor tajada política al asunto si lo negociaban con el presunto indiciado y de inmediato retiraron su apoyo.
Los dos líderes priístas han aprovechado hasta hoy la inexperiencia de sus interlocutores y la debilidad política de Calderón para sacar la mejor parte en las negociaciones en el Congreso: integración de comisiones, reforma electoral, reforma fiscal y hasta reforma judicial. Y esto antes de venderle este favor al negociador oficial del Ejecutivo; a partir de hoy los líderes parlamentarios del PRI tiene una posición más ventajosa.
Así, Calderón quemó a quien consideraba su mejor operador político, al colocarlo prematura e inoportunamente en la Secretaría de Gobernación. Hoy, lo único que puede hacer es tratar de minimizar los daños. Dejar a Mouriño en Gobernación implica debilitar la posición negociadora; sacarlo del gabinete y mandarlo a hacerle compañía a su antecesor Francisco Ramírez Acuña puede ser la posición más conveniente para el gobierno de Calderón, pues incluso puede posicionarse como un político sensible y decidido frente a cualquier acto cuestionable de sus colaboradores, pero desde luego implica perder definitivamente a Mouriño y dañar seriamente cualquier aspiración política futura; y, finalmente, moverlo a otra posición política parecería más bien que cede ante las presiones, pero protege a su amigo.
Lo cierto es que un mal cálculo político de Calderón, que sobrevaloró las cualidades de su colaborador y menospreció las dificultades de la negociación de la reforma energética, y los errores de Mouriño, se conjugaron para propinar al gobierno su primer tropezón político importante.
(Jesús Cantú/APRO)
Chicos poderosos
La actuación de Juan Camilo Mouriño a lo largo de su corta carrera política acusa un estilo que los panistas consideraban ajeno a ellos: la prebenda, el uso del cargo público con fines mercantilistas, la compra de voluntades… Se trata de un proceder que, por cierto, es ya la marca distintiva del actual secretario de Gobernación, pero también de los chicos poderosos con los que se agrupa
Juan Camilo Mouriño, chico superpoderoso.
Reportaje
Pocos días antes de la usurpación de Felipe Calderón, del 1 de diciembre del 2006, Juan Camilo Mouriño Terrazo, todavía coordinador del equipo de transición y perfilado ya como el personaje más influyente del nuevo gobierno, le propuso a Manuel Espino un trueque: Dejar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de una embajada.
La propuesta la formuló Mouriño en una reunión con Espino y con Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, a quienes les advirtió también que el plan de Calderón era tomar el control de su partido. “Vamos por la mayoría del Consejo Nacional y es muy sencillo: A los que no estén con nosotros los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les anticipó.
Así fue: Mediante la operación política orquestada por Mouriño, que supuso compra de lealtades con chambas para consejeros nacionales y la integración de un expediente elaborado por Genaro García Luna, Espino optó por ni siquiera inscribirse para la reelección y, candidato único, Germán Martínez fue ungido, en diciembre del 2007, como presidente del PAN.
Uno de los testigos de la operación de Mouriño fue el ex senador y actual diputado federal Jorge Nordhousen, quien aseguró que Calderón “compró conciencias a través de su operador Juan Camilo”, como ocurrió en la casa de éste, en Campeche, el 27 de abril, previo a la celebración del Consejo Estatal
“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el Consejo Estatal y el Consejo Nacional”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil”.
Por eso ahora Martínez, en la defensa que de Mouriño hace desde la dirigencia del PAN, corresponde al favor del secretario de Gobernación confeso de gestionar como servidor público millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para Ivancar, S.A. de C.V., una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste (GES), el emporio familiar asentado en Campeche y del que fue director de finanzas y gerente administrativo.
Se trata, sin embargo, de una línea establecida por el propio Calderón, quien encabeza a un grupo que se protege desde que él presidió el PAN (entre 1996 y 1999), coordinó el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2000-2003), dirigió Banobras (2003) y encabezó la Secretaría de Energía (hasta junio del 2004) y que se hace llamar la nueva clase política.
Por eso en su abierta defensa de Mouriño –quien sólo hasta después de una reunión con los coordinadores parlamentarios panistas, Santiago Creel y Héctor Larios, y una reunión con el priista Manlio Fabio Beltrones, una semana después reconoció la autenticidad de los documentos exhibidos por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador–, Martínez exaltó su estatura moral y lo colocó a nivel de estadista:
“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad... ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”.
Así, en su breve gestión, Martínez ha sido consecuente con la entrega del PAN a su jefe máximo –“¡este es su partido, presidente Felipe Calderón!”– y ha continuado con el sello que caracterizó su paso –de nueve meses– como secretario de la Función Pública, un trámite para su llegada a la presidencia de su partido: La defensa de la impunidad.
Antes de la toma de posesión de Calderón, cuando se perfilaba para ser el secretario encargado del combate a la corrupción, Martínez declaró al reportero que Vicente Fox era un hombre honesto, como lo fue todo su gobierno.
– ¿No hay ningún acto de corrupción que pueda ser sancionado por el gobierno de Calderón?
– ¡Metería las manos al fuego por Vicente Fox!
– ¿Y por su mujer (Marta Sahagún)?
- Yo sólo meto las manos al fuego por la honestidad de Vicente Fox Quesada.
Con esa acotación, Martínez sugería que Sahagún y sus parientes no gozarían de impunidad, pero como secretario de la Función Pública ocultó inclusive el carpetazo que la Procuraduría General de la República hizo del expediente de los hermanos Bribiesca.
Cuando estalló el escándalo de la riqueza de Fox, con fotografías del lujo en su rancho publicadas en la revista Quién, en agosto del 2007, Martínez recibió la orden de Calderón de apresurar su renuncia para hacerse cargo del PAN, estrategia en la que ya trabajaba Mouriño, también por órdenes del jefe de ambos.
En conversación con el reportero antes de su renuncia, en julio, Martínez aceptó que buscaría presidir el PAN sólo si Calderón lo disponía, una posición idéntica a la de César Nava Vázquez, secretario particular, quien adujo su pertenencia a un equipo para justificar el acatamiento de la instrucción del Ejecutivo.
– Es lo que decían los presidentes priistas y que ustedes, en el PAN, tanto criticaron.
– Se equivocó el panismo.
Grupo compacto
Aunque prevalece una rivalidad en la carrera por la candidatura presidencial del PAN en el 2012, Mouriño y Martínez forman parte del rebaño que en ese partido fue integrando Calderón desde que lo presidió –entre 1996 y 1999– y que, en el año 2000, robusteció como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.
Los contratos de PEMEX a Ivancar, S.A. de C.V. se firmaron y tuvieron vigencia en el período que va de diciembre del 2000 a diciembre del 2004, cuyos montos mínimos son de 3 millones de pesos y máximos de 8 millones 300 mil pesos.
El primer contrato se firma en diciembre del 2000, cuando Mouriño presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cargo que le encomendó Calderón como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Calderón brinca a la Secretaría de Energía y se lo lleva consigo como director general adscrito a la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, y en ese carácter firma otro contrato el 29 de diciembre del 2003.
Uno de los contratos otorgados por PEMEX, vía adjudicación directa, fue firmado por Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre de PEMEX-Refinación, y por José Antonio Prado Carranza, gerente Jurídico de Convenios y Contratos de la oficina central de PEMEX.
El entonces jefe de Prado Carranza es un amigo suyo de la misma edad y con quien fue condiscípulo en la carrera de derecho de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, abogado general de PEMEX y quien fue también compañero de Mouriño como diputado federal hasta que –por un problema con una legisladora–, fue colocado por Calderón en la Secretaría de Desarrollo Social, como coordinador de asesores de Josefina Vázquez Mota –de junio a octubre del 2001–, y luego en la paraestatal.
Nava Vázquez estuvo como abogado general de PEMEX hasta octubre del 2003 y fue jefe de Prado Carranza –quien actualmente está al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dirige Luis de Pablo– cuando Fox designó a Calderón secretario de Energía. Vázquez lo llamó para hacerse cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y en cuya secretaría se reencuentra con Mouriño, primero director general y después subsecretario de Electricidad.
Justamente en la Secretaría de Energía se dio cabida al grupo que rodea a Calderón desde que era presidente del PAN: Además de Mouriño, quien lo sedujo por su juventud cuando lo conoció en Campeche –en 1996– y Nava Vázquez, quien fue director jurídico del CEN, estaban Ernesto Cordero Arroyo, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico; Jordi Herrera Flores, actual subsecretario de Planeación, y Manuel Minjares Jiménez, oficial mayor.
Cordero y Minjares estuvieron al lado de Calderón cuando, en el 2003, Fox lo designó director general de Banobras y de inmediato se autorizó, ilegalmente, un crédito del que desistió tras el escándalo; quien se quedó con él fue Minjares, actual coordinador se asesores de Agustín Carstens, secretario de Hacienda.
Otros personajes que gravitan en torno de Calderón es el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, expriista michoacano que ha impuesto a su gestión la misma línea de su antecesor, Germán Martínez: La impunidad en la corrupción pública y privada, como es el caso de los contratos de PEMEX a Ivancar, la empresa de los Mouriño.
Los millones de Mouriño
La defensa del secretario de Gobernación ante la contundencia de los documentos que apuntan hacia la comisión de diversos delitos de carácter penal, que él niega, ha sido débil: Su primera reacción fue cuatro días después de que López Obrador lo acusó de traficante de influencias, pero sólo hasta que tres contratos fueron publicados por el diario El Universal –los que ya había dado a conocer la revista Contralínea– emitió una posición.
Según él, hacia finales del 2003, al entrar en la administración pública, en la Secretaría de Energía, decidió tomar la decisión “más importante” de su vida: dedicarse “por completo al servicio público”, y renunció a todas las cerca de 80 empresas” del Grupo GES.
Sus ingresos, entonces, sólo fueron los que obtenía como servidor público, primero asesor y luego subsecretario, que lo fue hasta julio del 2004, cuando Fox corrió a Calderón de la Secretaría de Energía.
En junio del 2003, tres meses antes de que sólo obtuviera los ingresos como servidor público, los bienes de Mouriño ascendían a poco más de 6 millones de pesos, según su primera declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando ingresó a la Secretaría de Energía.
Salvo una inversión de 25 mil euros, equivalentes a 400 pesos mexicanos, Mouriño no reportó ninguna variación en su fortuna en el 2004.
Desde entonces, no existe información oficial de la fortuna del secretario de Gobernación, debido a que “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según la declaración que presentó ante la SFP primero como coordinador del equipo de transición –en el que cobró 131 mil pesos brutos al mes– y después como jefe de la Oficina de la Presidencia, con un sueldo mensual de 205 mil pesos, el mismo que recibe como secretario de Gobernación.
Sin embargo, de acuerdo con documentos obtenidos, en noviembre del 2004, después de que en junio renunció junto con Calderón a su cargo en la Secretaría de Energía, Mouriño se compró un departamento en las Lomas de Chapultepec, a un precio de 6 millones de pesos.
En la firma del contrato con la familia Cababie, que le vendió el departamento A-1102 de la calle Sierra Gorda 15, Mouriño se presentó como “empleado federal”, aunque ya no lo era, y pagó 2 millones y medio de pesos en efectivo y 3.5 millones de pesos de un crédito que le otorgó Scotianbank Inverlat.
La fortuna de Mouriño, clasificada como secreta por él mismo y hasta donde es posible saber, está integrada por bienes muebles e inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, según él mismo lo informó a la SFP.
Por ejemplo, en su declaración del 2003, dijo tener joyas y obras de arte por 260 mil pesos, 220 mil de los cuales fueron “regalos recibidos” y el resto pagados por él al “contado, mientras que el costo de los muebles de sus casas ascendieron a 200 mil pesos, 170 mil –declaró– resultado de “regalos recibidos”.
También recibió en donación en el 2003 –no dice de quién, porque la ley no lo obliga– una casa, en Campeche, con valor de 2 millones 124 mil pesos, y otra de 350 mil pesos que pagó de contado, en 1997.
Hasta el 2003, dijo ser propietario de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos, y en diciembre de ese año se compró un automóvil BMW, modelo 2004, con valor de 655 mil pesos.
Antes y después de dedicarse a la política, a partir de 1997, Mouriño Terrazo obtenía sus principales ingresos del Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio familiar instalado en Campeche, del que fue director de finanzas y gerente administrativo, encargado, según describió él mismo, de la “revisión y supervisión de la información financiera” y de “optimizar los recursos monetarios de la empresa”.
Por ejemplo, como servidor público en la Secretaría de Energía, dijo tener un sueldo mensual de 86 mil pesos, pero declaró recibir otros 100 mil pesos, también mensualmente, de otras actividades que, junto con los 5 mil pesos de intereses de sus cuentas bancarias, acumuló un ingreso mensual de 191 mil pesos en junio del 2003.
Para esa fecha, su patrimonio en cinco cuentas bancarias ascendía a 3 millones 284 mil pesos, cuyo principal monto –un millón 679 mil pesos– lo identificó como de “organizaciones privadas”; el resto eran cuentas separadas de diversas cantidades: Dos mil 500, 99 mil 211, 3 mil 376, 276 pesos, y la mayor, que ascendía a 500 mil, todas en pesos mexicanos.
Las deudas que Mouriño tenía para el 2003, según la información que “fue capturada directamente por el servidor público”, eran de risa: Apenas 9 mil 850 pesos de su tarjeta de crédito.
En conjunto, Mouriño disponía, todavía hasta el 2004, de una fortuna de 6 millones 178 mil pesos, entre cuentas bancarias, casas, muebles, joyas y obras de arte, y a partir del siguiente año su patrimonio se amplió con la adquisición del departamento de Lomas de Chapultepec, que costó otros 6 millones de pesos.
Si bien contrajo un crédito para adquirir ese bien inmueble, a una tasa variable y a liquidar a 15 años, en el 2006 la surte le cambió: No sólo porque Calderón fue electo ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en septiembre, sino porque dos meses después, el 24 de noviembre –una semana antes de la toma de posesión –el banco le dio una gran noticia:
Scotiabank Inverlat lo invitó a firmar un “convenio modificatorio” para pagar los 3 millones 346 mil pesos que debía en un plazo de diez años y con una tasa de interés anualizada “del once punto cincuenta y ocho por ciento a partir de la firma del presente instrumento y hasta el pago total del adeudo”…
Menos afortunados en asuntos de negocios, como Mouriño, Germán Martínez y César Nava al menos lo han imitado en algo: Después de las elecciones, y ya con la garantía de seguir devengando altos sueldos, decidieron comprar su respectiva casa.
El presidente del PAN la compró con un crédito que obtuvo el 15 de diciembre del 2006, y Nava lo hizo el 12 de septiembre –una semana después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Calderón como ganador de las elecciones–, aunque su préstamo ascendió a 3 millones 100 mil pesos.
(Alvaro Delgado/APRO)
Juan Camilo Mouriño, chico superpoderoso.
Reportaje
Pocos días antes de la usurpación de Felipe Calderón, del 1 de diciembre del 2006, Juan Camilo Mouriño Terrazo, todavía coordinador del equipo de transición y perfilado ya como el personaje más influyente del nuevo gobierno, le propuso a Manuel Espino un trueque: Dejar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de una embajada.
La propuesta la formuló Mouriño en una reunión con Espino y con Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN, a quienes les advirtió también que el plan de Calderón era tomar el control de su partido. “Vamos por la mayoría del Consejo Nacional y es muy sencillo: A los que no estén con nosotros los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les anticipó.
Así fue: Mediante la operación política orquestada por Mouriño, que supuso compra de lealtades con chambas para consejeros nacionales y la integración de un expediente elaborado por Genaro García Luna, Espino optó por ni siquiera inscribirse para la reelección y, candidato único, Germán Martínez fue ungido, en diciembre del 2007, como presidente del PAN.
Uno de los testigos de la operación de Mouriño fue el ex senador y actual diputado federal Jorge Nordhousen, quien aseguró que Calderón “compró conciencias a través de su operador Juan Camilo”, como ocurrió en la casa de éste, en Campeche, el 27 de abril, previo a la celebración del Consejo Estatal
“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el Consejo Estatal y el Consejo Nacional”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil”.
Por eso ahora Martínez, en la defensa que de Mouriño hace desde la dirigencia del PAN, corresponde al favor del secretario de Gobernación confeso de gestionar como servidor público millonarios contratos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para Ivancar, S.A. de C.V., una de las 80 empresas del Grupo Energético del Sureste (GES), el emporio familiar asentado en Campeche y del que fue director de finanzas y gerente administrativo.
Se trata, sin embargo, de una línea establecida por el propio Calderón, quien encabeza a un grupo que se protege desde que él presidió el PAN (entre 1996 y 1999), coordinó el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados (2000-2003), dirigió Banobras (2003) y encabezó la Secretaría de Energía (hasta junio del 2004) y que se hace llamar la nueva clase política.
Por eso en su abierta defensa de Mouriño –quien sólo hasta después de una reunión con los coordinadores parlamentarios panistas, Santiago Creel y Héctor Larios, y una reunión con el priista Manlio Fabio Beltrones, una semana después reconoció la autenticidad de los documentos exhibidos por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador–, Martínez exaltó su estatura moral y lo colocó a nivel de estadista:
“Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad... ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”.
Así, en su breve gestión, Martínez ha sido consecuente con la entrega del PAN a su jefe máximo –“¡este es su partido, presidente Felipe Calderón!”– y ha continuado con el sello que caracterizó su paso –de nueve meses– como secretario de la Función Pública, un trámite para su llegada a la presidencia de su partido: La defensa de la impunidad.
Antes de la toma de posesión de Calderón, cuando se perfilaba para ser el secretario encargado del combate a la corrupción, Martínez declaró al reportero que Vicente Fox era un hombre honesto, como lo fue todo su gobierno.
– ¿No hay ningún acto de corrupción que pueda ser sancionado por el gobierno de Calderón?
– ¡Metería las manos al fuego por Vicente Fox!
– ¿Y por su mujer (Marta Sahagún)?
- Yo sólo meto las manos al fuego por la honestidad de Vicente Fox Quesada.
Con esa acotación, Martínez sugería que Sahagún y sus parientes no gozarían de impunidad, pero como secretario de la Función Pública ocultó inclusive el carpetazo que la Procuraduría General de la República hizo del expediente de los hermanos Bribiesca.
Cuando estalló el escándalo de la riqueza de Fox, con fotografías del lujo en su rancho publicadas en la revista Quién, en agosto del 2007, Martínez recibió la orden de Calderón de apresurar su renuncia para hacerse cargo del PAN, estrategia en la que ya trabajaba Mouriño, también por órdenes del jefe de ambos.
En conversación con el reportero antes de su renuncia, en julio, Martínez aceptó que buscaría presidir el PAN sólo si Calderón lo disponía, una posición idéntica a la de César Nava Vázquez, secretario particular, quien adujo su pertenencia a un equipo para justificar el acatamiento de la instrucción del Ejecutivo.
– Es lo que decían los presidentes priistas y que ustedes, en el PAN, tanto criticaron.
– Se equivocó el panismo.
Grupo compacto
Aunque prevalece una rivalidad en la carrera por la candidatura presidencial del PAN en el 2012, Mouriño y Martínez forman parte del rebaño que en ese partido fue integrando Calderón desde que lo presidió –entre 1996 y 1999– y que, en el año 2000, robusteció como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.
Los contratos de PEMEX a Ivancar, S.A. de C.V. se firmaron y tuvieron vigencia en el período que va de diciembre del 2000 a diciembre del 2004, cuyos montos mínimos son de 3 millones de pesos y máximos de 8 millones 300 mil pesos.
El primer contrato se firma en diciembre del 2000, cuando Mouriño presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, cargo que le encomendó Calderón como coordinador del grupo parlamentario del PAN. Calderón brinca a la Secretaría de Energía y se lo lleva consigo como director general adscrito a la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, y en ese carácter firma otro contrato el 29 de diciembre del 2003.
Uno de los contratos otorgados por PEMEX, vía adjudicación directa, fue firmado por Jesús Villarreal Gallegos, gerente de Transporte Terrestre de PEMEX-Refinación, y por José Antonio Prado Carranza, gerente Jurídico de Convenios y Contratos de la oficina central de PEMEX.
El entonces jefe de Prado Carranza es un amigo suyo de la misma edad y con quien fue condiscípulo en la carrera de derecho de la Universidad Panamericana, César Nava Vázquez, abogado general de PEMEX y quien fue también compañero de Mouriño como diputado federal hasta que –por un problema con una legisladora–, fue colocado por Calderón en la Secretaría de Desarrollo Social, como coordinador de asesores de Josefina Vázquez Mota –de junio a octubre del 2001–, y luego en la paraestatal.
Nava Vázquez estuvo como abogado general de PEMEX hasta octubre del 2003 y fue jefe de Prado Carranza –quien actualmente está al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que dirige Luis de Pablo– cuando Fox designó a Calderón secretario de Energía. Vázquez lo llamó para hacerse cargo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y en cuya secretaría se reencuentra con Mouriño, primero director general y después subsecretario de Electricidad.
Justamente en la Secretaría de Energía se dio cabida al grupo que rodea a Calderón desde que era presidente del PAN: Además de Mouriño, quien lo sedujo por su juventud cuando lo conoció en Campeche –en 1996– y Nava Vázquez, quien fue director jurídico del CEN, estaban Ernesto Cordero Arroyo, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico; Jordi Herrera Flores, actual subsecretario de Planeación, y Manuel Minjares Jiménez, oficial mayor.
Cordero y Minjares estuvieron al lado de Calderón cuando, en el 2003, Fox lo designó director general de Banobras y de inmediato se autorizó, ilegalmente, un crédito del que desistió tras el escándalo; quien se quedó con él fue Minjares, actual coordinador se asesores de Agustín Carstens, secretario de Hacienda.
Otros personajes que gravitan en torno de Calderón es el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, expriista michoacano que ha impuesto a su gestión la misma línea de su antecesor, Germán Martínez: La impunidad en la corrupción pública y privada, como es el caso de los contratos de PEMEX a Ivancar, la empresa de los Mouriño.
Los millones de Mouriño
La defensa del secretario de Gobernación ante la contundencia de los documentos que apuntan hacia la comisión de diversos delitos de carácter penal, que él niega, ha sido débil: Su primera reacción fue cuatro días después de que López Obrador lo acusó de traficante de influencias, pero sólo hasta que tres contratos fueron publicados por el diario El Universal –los que ya había dado a conocer la revista Contralínea– emitió una posición.
Según él, hacia finales del 2003, al entrar en la administración pública, en la Secretaría de Energía, decidió tomar la decisión “más importante” de su vida: dedicarse “por completo al servicio público”, y renunció a todas las cerca de 80 empresas” del Grupo GES.
Sus ingresos, entonces, sólo fueron los que obtenía como servidor público, primero asesor y luego subsecretario, que lo fue hasta julio del 2004, cuando Fox corrió a Calderón de la Secretaría de Energía.
En junio del 2003, tres meses antes de que sólo obtuviera los ingresos como servidor público, los bienes de Mouriño ascendían a poco más de 6 millones de pesos, según su primera declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando ingresó a la Secretaría de Energía.
Salvo una inversión de 25 mil euros, equivalentes a 400 pesos mexicanos, Mouriño no reportó ninguna variación en su fortuna en el 2004.
Desde entonces, no existe información oficial de la fortuna del secretario de Gobernación, debido a que “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, según la declaración que presentó ante la SFP primero como coordinador del equipo de transición –en el que cobró 131 mil pesos brutos al mes– y después como jefe de la Oficina de la Presidencia, con un sueldo mensual de 205 mil pesos, el mismo que recibe como secretario de Gobernación.
Sin embargo, de acuerdo con documentos obtenidos, en noviembre del 2004, después de que en junio renunció junto con Calderón a su cargo en la Secretaría de Energía, Mouriño se compró un departamento en las Lomas de Chapultepec, a un precio de 6 millones de pesos.
En la firma del contrato con la familia Cababie, que le vendió el departamento A-1102 de la calle Sierra Gorda 15, Mouriño se presentó como “empleado federal”, aunque ya no lo era, y pagó 2 millones y medio de pesos en efectivo y 3.5 millones de pesos de un crédito que le otorgó Scotianbank Inverlat.
La fortuna de Mouriño, clasificada como secreta por él mismo y hasta donde es posible saber, está integrada por bienes muebles e inmuebles, automóviles, joyas y obras de arte, según él mismo lo informó a la SFP.
Por ejemplo, en su declaración del 2003, dijo tener joyas y obras de arte por 260 mil pesos, 220 mil de los cuales fueron “regalos recibidos” y el resto pagados por él al “contado, mientras que el costo de los muebles de sus casas ascendieron a 200 mil pesos, 170 mil –declaró– resultado de “regalos recibidos”.
También recibió en donación en el 2003 –no dice de quién, porque la ley no lo obliga– una casa, en Campeche, con valor de 2 millones 124 mil pesos, y otra de 350 mil pesos que pagó de contado, en 1997.
Hasta el 2003, dijo ser propietario de una camioneta Grand Cherokee, modelo 1999, con valor de 230 mil pesos, y en diciembre de ese año se compró un automóvil BMW, modelo 2004, con valor de 655 mil pesos.
Antes y después de dedicarse a la política, a partir de 1997, Mouriño Terrazo obtenía sus principales ingresos del Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio familiar instalado en Campeche, del que fue director de finanzas y gerente administrativo, encargado, según describió él mismo, de la “revisión y supervisión de la información financiera” y de “optimizar los recursos monetarios de la empresa”.
Por ejemplo, como servidor público en la Secretaría de Energía, dijo tener un sueldo mensual de 86 mil pesos, pero declaró recibir otros 100 mil pesos, también mensualmente, de otras actividades que, junto con los 5 mil pesos de intereses de sus cuentas bancarias, acumuló un ingreso mensual de 191 mil pesos en junio del 2003.
Para esa fecha, su patrimonio en cinco cuentas bancarias ascendía a 3 millones 284 mil pesos, cuyo principal monto –un millón 679 mil pesos– lo identificó como de “organizaciones privadas”; el resto eran cuentas separadas de diversas cantidades: Dos mil 500, 99 mil 211, 3 mil 376, 276 pesos, y la mayor, que ascendía a 500 mil, todas en pesos mexicanos.
Las deudas que Mouriño tenía para el 2003, según la información que “fue capturada directamente por el servidor público”, eran de risa: Apenas 9 mil 850 pesos de su tarjeta de crédito.
En conjunto, Mouriño disponía, todavía hasta el 2004, de una fortuna de 6 millones 178 mil pesos, entre cuentas bancarias, casas, muebles, joyas y obras de arte, y a partir del siguiente año su patrimonio se amplió con la adquisición del departamento de Lomas de Chapultepec, que costó otros 6 millones de pesos.
Si bien contrajo un crédito para adquirir ese bien inmueble, a una tasa variable y a liquidar a 15 años, en el 2006 la surte le cambió: No sólo porque Calderón fue electo ganador de las elecciones presidenciales por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en septiembre, sino porque dos meses después, el 24 de noviembre –una semana antes de la toma de posesión –el banco le dio una gran noticia:
Scotiabank Inverlat lo invitó a firmar un “convenio modificatorio” para pagar los 3 millones 346 mil pesos que debía en un plazo de diez años y con una tasa de interés anualizada “del once punto cincuenta y ocho por ciento a partir de la firma del presente instrumento y hasta el pago total del adeudo”…
Menos afortunados en asuntos de negocios, como Mouriño, Germán Martínez y César Nava al menos lo han imitado en algo: Después de las elecciones, y ya con la garantía de seguir devengando altos sueldos, decidieron comprar su respectiva casa.
El presidente del PAN la compró con un crédito que obtuvo el 15 de diciembre del 2006, y Nava lo hizo el 12 de septiembre –una semana después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió a Calderón como ganador de las elecciones–, aunque su préstamo ascendió a 3 millones 100 mil pesos.
(Alvaro Delgado/APRO)
Los delitos y la confesión
De acuerdo con un minucioso análisis jurídico, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación espurio, confesó de hecho haber cometidos diversos delitos, al aceptar públicamente que firmó contratos con PEMEX como representante legal de Ivancar, la empresa de su familia, al tiempo que se desempeñaba como servidor público. Por ellos, el hombre más estrechamente ligado a Felipe Calderón podría ser sometido a juicio político y después juzgado penalmente
Reportaje
Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con PEMEX-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos.
Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con PEMEX-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (SENER).
Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre PEMEX-Refinación y Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V, que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.
Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.
Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.
Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las Cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.
En una analogía, ejemplifica, se trataría de un caso similar al de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le desaforó por el caso de El Encino.
El fundador de Casa Lías Abogados, fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.
En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.
Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.
Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.
Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.
De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Y en este caso está Mouriño, dice Casas.
Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:
“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”.
Servidor público y contratista
El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. firmó con PEMEX-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.
El domingo 24 Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores que forman parte del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.
El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.
De 1997 al 2000, Mouriño fue diputado local en el Estado de Campeche; del 2000 al 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y del 16 de octubre del 2003 al 24 de marzo del 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.
Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.
El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.
Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público.
Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la SENER.
En todos los convenios firmados entre Ivancar y PEMEX-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:
Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp. el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.
Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.
Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
También violentó las fracciones I, XIII, XIV XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.
La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.
Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la SENER.
Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar a tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.
Justificación amañada
En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas:
Fracción 1: “Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.
La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y PEMEX-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.
En los convenios, la subsidiaria de PEMEX justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a PEMEX-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de PEMEX, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.
Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a PEMEX-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de PEMEX-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional”.
La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.
Complicidad
Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.
Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de PEMEX. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.
En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.
Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.
Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.
(Jesusa Cervantes/APRO)
Reportaje
Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con PEMEX-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos.
Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con PEMEX-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (SENER).
Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre PEMEX-Refinación y Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V, que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.
Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.
Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.
Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las Cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.
En una analogía, ejemplifica, se trataría de un caso similar al de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le desaforó por el caso de El Encino.
El fundador de Casa Lías Abogados, fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.
En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.
Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.
Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.
Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.
De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Y en este caso está Mouriño, dice Casas.
Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:
“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”.
Servidor público y contratista
El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. firmó con PEMEX-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.
El domingo 24 Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores que forman parte del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.
El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.
De 1997 al 2000, Mouriño fue diputado local en el Estado de Campeche; del 2000 al 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y del 16 de octubre del 2003 al 24 de marzo del 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.
Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.
El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.
Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público.
Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la SENER.
En todos los convenios firmados entre Ivancar y PEMEX-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:
Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp. el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.
Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.
Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
También violentó las fracciones I, XIII, XIV XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.
La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.
Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la SENER.
Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar a tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.
Justificación amañada
En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas:
Fracción 1: “Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.
La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y PEMEX-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.
En los convenios, la subsidiaria de PEMEX justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a PEMEX-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de PEMEX, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.
Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a PEMEX-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de PEMEX-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional”.
La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.
Complicidad
Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.
Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de PEMEX. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.
En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.
Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.
Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.
(Jesusa Cervantes/APRO)
Más de 50 denuncias por violencia del ejército y policía en Michoacán
Púlsar
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de México (CEDH) recibió 56 quejas en lo que lleva el 2008 por los abusos violentos cometidos por el ejército y la policía mexicana en el marco de la Operación Conjunta Michoacán.
El Defensor del Pueblo, Víctor Manuel Serrato Lozano, manifestó su preocupación la "práctica indebida" del uso del pasamontañas durante operativos y cateos, así como el ocultamiento de placas de automóviles.
La Operación Conjunta Michoacán es un programa de operaciones militares y policiales puesto en práctica en diciembre de 2006 por el gobierno federal mexicano con el objetivo de "enfrentar el narcotráfico y la delincuencia organizada", según explicó la presidencia.
Se trata del despliegue de más de 5 mil agentes de seguridad, de los cuales 4 mil 260 son efectivos militares, en el estado mexicano de Michoacán para erradicar plantaciones ilegales, instalar puestos de control del narcotráfico y realizar actividades de reconocimiento aéreo.
En el marco del operativo, el ejército y la policía federal ocuparon al menos cinco comunidades del estado en mayo de 2007, mientras militares en pasamontañas allanaron con violencia departamentos de un edificio en Morelia el pasado mes de febrero.
Además, en enero último, un joven de 17 años fue asesinado en Huetamo por soldados que dispararon contra la camioneta donde viajaba porque el conductor no obedeció la orden de detenerse.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de México (CEDH) recibió 56 quejas en lo que lleva el 2008 por los abusos violentos cometidos por el ejército y la policía mexicana en el marco de la Operación Conjunta Michoacán.
El Defensor del Pueblo, Víctor Manuel Serrato Lozano, manifestó su preocupación la "práctica indebida" del uso del pasamontañas durante operativos y cateos, así como el ocultamiento de placas de automóviles.
La Operación Conjunta Michoacán es un programa de operaciones militares y policiales puesto en práctica en diciembre de 2006 por el gobierno federal mexicano con el objetivo de "enfrentar el narcotráfico y la delincuencia organizada", según explicó la presidencia.
Se trata del despliegue de más de 5 mil agentes de seguridad, de los cuales 4 mil 260 son efectivos militares, en el estado mexicano de Michoacán para erradicar plantaciones ilegales, instalar puestos de control del narcotráfico y realizar actividades de reconocimiento aéreo.
En el marco del operativo, el ejército y la policía federal ocuparon al menos cinco comunidades del estado en mayo de 2007, mientras militares en pasamontañas allanaron con violencia departamentos de un edificio en Morelia el pasado mes de febrero.
Además, en enero último, un joven de 17 años fue asesinado en Huetamo por soldados que dispararon contra la camioneta donde viajaba porque el conductor no obedeció la orden de detenerse.
Nuestro tesoro y los piratas
Eduardo Ibarra Aguirre
Finalmente empieza a mostrar el cobre, aunque sea en forma tímida y contradictoria, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en materia de reforma petrolera. Y lo hace cuando se encuentra en una de las abundantes giras por el extranjero, en franca competencia con su antecesor.
Nada tiene de casual que la primera carta que presenta el señor de las manos limpias, con los promocionales televisivos suscritos por Petróleos Mexicanos, se haga en su ausencia. También cuando Juan Camilo Mouriño Terrazo, el hombre de todas sus confianzas y carta fuerte para la negociación de la reforma legislativa con los partidos políticos y grupos parlamentarios, fue pillado con las manos en la masa al presentarse documentos sobre su presunta intervención como funcionario público para beneficiar con contratos de Pemex a una de las 80 empresas de su familia, cuando su jefe y amigo despachó efímeramente como secretario de Energía.
Toda indica que con la torpe campaña de “México tiene un tesoro escondido debajo del mar”, financiada con recursos de la aún paraestatal que dirige Jesús Federico Reyes Heroles González Garza, gracias a las encuestas que hizo al gusto del candidato que ganó la Presidencia de la República bajo el apotegma de “haiga sido como haiga sido”, se les hizo bolas el engrudo a los propagandistas de la cursilería porque no supieron y no pudieron ocultar que tras la riqueza en aguas muy profundas merodean los piratas del siglo XXI.
Sabedores, además, de que la aplastante mayoría de los mexicanos, 70 por ciento sostiene, entre otros, José Agustín Ortiz Pinchetti, se oponen no sólo a la privatización de la gallina de los huevos de oro, sino a la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, los propagandistas de Calderón, Reyes y Georgina Kessel Martínez se autocensuraron en el anuncio transmitido por la televisión abierta respecto al que difunde el portal de YouTube desde hace semanas, y que se ilustra con un apretón de manos de socios que hacen una alianza, de la siguiente manera que marco entre paréntesis.
“Afortunadamente, como lo han hecho otros países del mundo, México puede (establecer alianzas con quienes ya cuentan con) aprovechar la tecnología y la experiencia para explotar yacimientos en aguas profundas. Podemos aprovechar ese conocimiento para sacar el petróleo que es nuestro.”
Los desfiguros son tan notables que Reyes Heroles se negó a abordar el punto en el programa radiofónico De una a tres, los voceros del primero hacen precisiones sin dar sus nombres y aseguran que “no se buscan alianzas ni influir en la opinión de los mexicanos”.
A esta altura de la decisiva batalla política y mediática por los energéticos, una suerte de disputa por la nación –como lo documentaron Lorenzo Francisco Meyer Cosío y John Saxe Fernández en Forum— no resulta aconsejable que el grupo gobernante y su jefe persistan en el juego de las maniobras palaciegas, las negociaciones y decisiones en lo oscurito que tanto gustan y recomienda discusivamente Mouriño, salvo que se busque caer una y otra vez en los hilarantes desfiguros del sexenio de la pareja presidencial y el descrédito ante los gobernados, sus verdaderos mandantes formales.
Todo lo contrario. Se precisa de transparencia. De someter a la consideración de los legisladores pero también de quienes los eligieron, los verdaderos proyectos que en materia petrolera auspicia Calderón Hinojosa, su partido y aliados en diversos partidos y grupos parlamentarios.
Difícilmente ganará mayores espacios el proyecto oficialista si no es dado a conocer con oportunidad, defendido con argumentos, expuesto con fidelidad y de cara a todo el país, para que en el debate técnico y político se adopten las soluciones que más y mejor embonen con los intereses de la nación y que suelen ser distintos a los de los nuevos piratas: la plutocracia y las trasnacionales.
Finalmente empieza a mostrar el cobre, aunque sea en forma tímida y contradictoria, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en materia de reforma petrolera. Y lo hace cuando se encuentra en una de las abundantes giras por el extranjero, en franca competencia con su antecesor.
Nada tiene de casual que la primera carta que presenta el señor de las manos limpias, con los promocionales televisivos suscritos por Petróleos Mexicanos, se haga en su ausencia. También cuando Juan Camilo Mouriño Terrazo, el hombre de todas sus confianzas y carta fuerte para la negociación de la reforma legislativa con los partidos políticos y grupos parlamentarios, fue pillado con las manos en la masa al presentarse documentos sobre su presunta intervención como funcionario público para beneficiar con contratos de Pemex a una de las 80 empresas de su familia, cuando su jefe y amigo despachó efímeramente como secretario de Energía.
Toda indica que con la torpe campaña de “México tiene un tesoro escondido debajo del mar”, financiada con recursos de la aún paraestatal que dirige Jesús Federico Reyes Heroles González Garza, gracias a las encuestas que hizo al gusto del candidato que ganó la Presidencia de la República bajo el apotegma de “haiga sido como haiga sido”, se les hizo bolas el engrudo a los propagandistas de la cursilería porque no supieron y no pudieron ocultar que tras la riqueza en aguas muy profundas merodean los piratas del siglo XXI.
Sabedores, además, de que la aplastante mayoría de los mexicanos, 70 por ciento sostiene, entre otros, José Agustín Ortiz Pinchetti, se oponen no sólo a la privatización de la gallina de los huevos de oro, sino a la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, los propagandistas de Calderón, Reyes y Georgina Kessel Martínez se autocensuraron en el anuncio transmitido por la televisión abierta respecto al que difunde el portal de YouTube desde hace semanas, y que se ilustra con un apretón de manos de socios que hacen una alianza, de la siguiente manera que marco entre paréntesis.
“Afortunadamente, como lo han hecho otros países del mundo, México puede (establecer alianzas con quienes ya cuentan con) aprovechar la tecnología y la experiencia para explotar yacimientos en aguas profundas. Podemos aprovechar ese conocimiento para sacar el petróleo que es nuestro.”
Los desfiguros son tan notables que Reyes Heroles se negó a abordar el punto en el programa radiofónico De una a tres, los voceros del primero hacen precisiones sin dar sus nombres y aseguran que “no se buscan alianzas ni influir en la opinión de los mexicanos”.
A esta altura de la decisiva batalla política y mediática por los energéticos, una suerte de disputa por la nación –como lo documentaron Lorenzo Francisco Meyer Cosío y John Saxe Fernández en Forum— no resulta aconsejable que el grupo gobernante y su jefe persistan en el juego de las maniobras palaciegas, las negociaciones y decisiones en lo oscurito que tanto gustan y recomienda discusivamente Mouriño, salvo que se busque caer una y otra vez en los hilarantes desfiguros del sexenio de la pareja presidencial y el descrédito ante los gobernados, sus verdaderos mandantes formales.
Todo lo contrario. Se precisa de transparencia. De someter a la consideración de los legisladores pero también de quienes los eligieron, los verdaderos proyectos que en materia petrolera auspicia Calderón Hinojosa, su partido y aliados en diversos partidos y grupos parlamentarios.
Difícilmente ganará mayores espacios el proyecto oficialista si no es dado a conocer con oportunidad, defendido con argumentos, expuesto con fidelidad y de cara a todo el país, para que en el debate técnico y político se adopten las soluciones que más y mejor embonen con los intereses de la nación y que suelen ser distintos a los de los nuevos piratas: la plutocracia y las trasnacionales.
Indispensable en la defensa de PEMEX
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
