MAS EVIDENCIAS.......
NO IMPORTAN LOS COSTOS POLÍTICOS
Hoy lunes 10 de Marzo de 2008, en conferencia de prensa, nuestro presidente legítimo, mostró 2 contratos más que involucran al Sr. Mouriño con el tráfico de influencias a favor de la empresa IVANCAR, las evidencias son claras, contundentes, que a mí, como ciudadano, me da a pensar, que pareciera que el Sr. Mouriño, estaba conciente, de que el PAN, no ganaría la siguiente elección presidencial (tan fue así, que se tuvo que recurrir a una victoria “haiga sido, como haiga sido”), debido a la enorme popularidad de AMLO, entonces, aprovechar la posición política, para como dicen por ahí, servirse con la cuchara grande. Pero, que barbaridad, la inexperiencia de aquel muchachito próspero, sumada a una cúpula política, de poder y de negocios, que piensa que el pueblo mexicano no despertará nunca, lo hicieron pensar que su actuación dizque legal como apoderado de IVANCAR y al mismo tiempo SERVIDOR PÚBLICO, jamás sería expuesta. Pero peor aún, el Sr. Mouriño cree que la minimización de los hechos demostrados, por parte de la televisión, se traducirá en que, “para no apostarle al fracaso de México”, la ciudadanía, dejará el asunto por la paz, siendo que éste caso en realidad, es mucho más grave, que el ocurrido con los video escándalos, ya que, en el caso en que participaron BEJARANO Y PONCE, fue un asunto de gobierno local, en cambio ahora que se trata del número 2 del gobierno federal, principal y cuyas decisiones nos afectan a todos y cada uno de los mexicanos, se presenta en los medios comerciales, sin aquel tinte de linchamiento político, que se utilizó contra AMLO en su momento. 2 evidencias más, bien por AMLO, debido a que entre más actos “legales” del Sr. Mouriño se hagan públicos, menos margen de maniobra tendrán, aquellos que dicen representar al pueblo de México y que en los hechos buscan por todos los medios (políticos, légalo idees y publicitarios), salvarle su puesto al Sr. Mouriño.
Hoy encuentro en la jornada on line, lo siguiente: “PAN no teme costo político de reforma energética: Martínez”, y ahora sí, le doy razón al Sr. Martínez Cazares y ¡como no!, pues ya quedó más que demostrado en 2006, que para el PAN, el costo político de sus decisiones, no importa, con tan sólo tener contentos a los BARONES DEL DINERO (que mediante una módica inversión en spots de guerra sucia, logran por lo menos, sembrar la duda en cuanto a “apostarle a algo distinto”) y teniendo contenta a una cúpula política (que en los hechos representa a todo, menos al pueblo mexicano), basta y sobra para lograr el posicionamiento en el poder, pasando por encima de la voluntad popular. Lo que ahora importa, es lo que está en juego con la reforma energética, oportunidades de grandes negocios para consorcios privados (nacionales y extranjeros), con lo que hasta ahora, es la riqueza de todos los mexicanos y que una vez privatizada, tendrán de sobra, para financiar elecciones a modo, que garanticen que lo privatizado, se conserve mucho pero mucho tiempo.
En NOTIBOTE, nos solidarizamos con nuestros compañeros y amigos de RADIOAMLO GERARDO OVIEDO Y DON RENATO, por el fallecimiento de su abuelita de Gerardo y Mamá de Don Renato, un abrazo fraterno de sus amigos botes en resistencia.
Su amigo en resistencia EL BOTE
Guelatao respeta a sus mujeres, afirma su primera presidenta municipal
Monday, 10 de March de 2008
GUELATAO DE JUÁREZ, Oax.- Si bien en algunos de los 418 de los 507 municipios que se rigen por el sistema de Usos y Costumbres no se respetan sus derechos políticos y civiles, las mujeres en este municipio, la cuna del llamado Benemérito de las Américas, pueden votar y ser votadas para cargos de elección popular.
A sus 66 años, Doña Gloria Rojas Solano se convierte en la primera mujer en llegar al poder en la tierra de Benito Juárez
Fuente:OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO/noticias oaxaca
En el Cabildo de este pueblo de la región de la Sierra Norte, reconocido como municipio en 1937 después de pertenecer desde su fundación a Ixtlán de Juárez, la cabecera distrital, las mujeres habían ocupado con regularidad el cargo de regidoras y de síndicas, hasta el 1 de enero de este año en que una de ellas, asumió por primera ocasión el cargo de presidenta municipal.
"Es algo sin precedente indudablemente, pero para mi es una gran responsabilidad ser la primera presidenta municipal", afirmó Doña Gloria Rojas Solano, de 66 años de edad, la primera concejal de este pueblo de unos 750 habitantes.
La munícipe, quien se desempeñaba como enfermera del Centro de Integración Social (CIS) número 3 ubicado en esta población, fue electa en Asamblea General, el 26 de septiembre del 2007, de entre una terna que compartió con el ex presidente municipal Víctor García Martínez y José García Soto.
La designación, hecho histórico
La designación de Doña Gloria, constituye un hecho histórico para Guelatao no solamente por ser mujer sino también por no ser originaria del pueblo.
La presidenta municipal, nació en el municipio de San Juan Cacahuatepec, en la región de la Costa, pero desde que casó en la década de los 60 con el doctor Rubén González, oriundo del pueblo, aquí radica. Y así, con el paso del tiempo fue reconocida como ciudadana con derechos y deberes.
Esto es comparable con la elección en 1972 como presidente municipal del director del entonces Internado "Benito Juárez, Santiago Vélez Barbosa, sin ser originario de Guelatao ni de Oaxaca. El profesor, nació en San Luis Potosí, pero obtuvo sus derechos como guelatense después de más de 20 años de residencia en la población.
O también, como el nombramiento de munícipe del ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Aldo González Rojas ---hijo de Doña Gloria---, quien incluso recibió a una delegación del grupo armado en el Palacio Municipal.
Aunque tampoco puede pasar desapercibida la elección como diputado federal por el PRD en el 2006 del entonces presidente municipal con licencia, Carlos Martínez Martínez, pues siempre habían ganado los candidatos del PRI en el distrito electoral.
"Ya era tiempo que Guelatao tuviera una presidenta municipal porque aquí se respetan los derechos civiles y políticos de las mujeres; el pueblo lo pensó muy bien y eligió a una digna representante", dijo el propio legislador.
Sin embargo, el encargo para Doña Gloria, quien antes había sido regidora de Educación, Salud y Ecología, y síndica, no será nada sencillo porque Guelatao carece de recursos propios por sus condiciones poblacionales y por recibir escasos recursos de los gobiernos federal y estatal.
"Solo se acuerdan, el 21 de marzo"
La presidenta municipal se quejó que los gobiernos federal y estatal se acuerdan de Guelatao "solamente el 21 de marzo", en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, "y de ahí hasta el otro año".
"El dinero que percibimos de los ramos 28 y 33 (alrededor de dos millones de pesos anuales) no alcanza para nada y en el pueblo hay muchas necesidades", señaló.
Y como prueba de esto, destacó que el Ayuntamiento no ha podido realizar la ampliación de la red de agua potable porque debe sufragar en partes iguales con el gobierno estatal la obra presupuestada aproximadamente en dos millones 100 mil pesos.
"Hemos tratado de ahorrar, pero no hemos podido juntar ni un millón de pesos porque hay gastos en el pueblo", asentó.
Aunque observó que la única posibilidad de realizar la obra es por administración directa, pues con el concurso de la administración estatal se elevan los costos.
"Necesitamos convencer al gobierno de hacer la ampliación (de la red de agua potable) de esta forma porque si participa sale más cara y no nos alcanza el dinero", insistió.
A causa de la insuficiencia de recursos, destacó que el gobierno municipal tampoco ha podido realizar el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, con un costo de dos millones 110 mil pesos.
"Si no hemos podido con la red de agua potable, la planta es algo casi imposible", indicó.
Ante esto, demandó a los gobiernos federal y estatal incrementar las partidas presupuestales al municipio "para hacerle justicia a Guelatao no solo en el discurso sino en los hechos", por haber nacido aquí quien creó las Leyes de Reforma y quien restableció la República.
La munícipe también lamentó que en el 2006, en el bicentenario del nacimiento de Juárez, el gobierno estatal adoquinó las calles y creó una cascada artificial en la plaza cívica pero a menos de dos años "presentan muchas deficiencias".
"Además de que no se terminó la introducción del cableado subterráneo de la energía eléctrica, el adoquinado se ha sumido y la cascada tiene filtraciones que está afectando la plaza cívica. Las obras se hicieron apresuradas y no fueron bien terminadas", terminó.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
GUELATAO DE JUÁREZ, Oax.- Si bien en algunos de los 418 de los 507 municipios que se rigen por el sistema de Usos y Costumbres no se respetan sus derechos políticos y civiles, las mujeres en este municipio, la cuna del llamado Benemérito de las Américas, pueden votar y ser votadas para cargos de elección popular.
A sus 66 años, Doña Gloria Rojas Solano se convierte en la primera mujer en llegar al poder en la tierra de Benito Juárez
Fuente:OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO/noticias oaxaca
En el Cabildo de este pueblo de la región de la Sierra Norte, reconocido como municipio en 1937 después de pertenecer desde su fundación a Ixtlán de Juárez, la cabecera distrital, las mujeres habían ocupado con regularidad el cargo de regidoras y de síndicas, hasta el 1 de enero de este año en que una de ellas, asumió por primera ocasión el cargo de presidenta municipal.
"Es algo sin precedente indudablemente, pero para mi es una gran responsabilidad ser la primera presidenta municipal", afirmó Doña Gloria Rojas Solano, de 66 años de edad, la primera concejal de este pueblo de unos 750 habitantes.
La munícipe, quien se desempeñaba como enfermera del Centro de Integración Social (CIS) número 3 ubicado en esta población, fue electa en Asamblea General, el 26 de septiembre del 2007, de entre una terna que compartió con el ex presidente municipal Víctor García Martínez y José García Soto.
La designación, hecho histórico
La designación de Doña Gloria, constituye un hecho histórico para Guelatao no solamente por ser mujer sino también por no ser originaria del pueblo.
La presidenta municipal, nació en el municipio de San Juan Cacahuatepec, en la región de la Costa, pero desde que casó en la década de los 60 con el doctor Rubén González, oriundo del pueblo, aquí radica. Y así, con el paso del tiempo fue reconocida como ciudadana con derechos y deberes.
Esto es comparable con la elección en 1972 como presidente municipal del director del entonces Internado "Benito Juárez, Santiago Vélez Barbosa, sin ser originario de Guelatao ni de Oaxaca. El profesor, nació en San Luis Potosí, pero obtuvo sus derechos como guelatense después de más de 20 años de residencia en la población.
O también, como el nombramiento de munícipe del ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Aldo González Rojas ---hijo de Doña Gloria---, quien incluso recibió a una delegación del grupo armado en el Palacio Municipal.
Aunque tampoco puede pasar desapercibida la elección como diputado federal por el PRD en el 2006 del entonces presidente municipal con licencia, Carlos Martínez Martínez, pues siempre habían ganado los candidatos del PRI en el distrito electoral.
"Ya era tiempo que Guelatao tuviera una presidenta municipal porque aquí se respetan los derechos civiles y políticos de las mujeres; el pueblo lo pensó muy bien y eligió a una digna representante", dijo el propio legislador.
Sin embargo, el encargo para Doña Gloria, quien antes había sido regidora de Educación, Salud y Ecología, y síndica, no será nada sencillo porque Guelatao carece de recursos propios por sus condiciones poblacionales y por recibir escasos recursos de los gobiernos federal y estatal.
"Solo se acuerdan, el 21 de marzo"
La presidenta municipal se quejó que los gobiernos federal y estatal se acuerdan de Guelatao "solamente el 21 de marzo", en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, "y de ahí hasta el otro año".
"El dinero que percibimos de los ramos 28 y 33 (alrededor de dos millones de pesos anuales) no alcanza para nada y en el pueblo hay muchas necesidades", señaló.
Y como prueba de esto, destacó que el Ayuntamiento no ha podido realizar la ampliación de la red de agua potable porque debe sufragar en partes iguales con el gobierno estatal la obra presupuestada aproximadamente en dos millones 100 mil pesos.
"Hemos tratado de ahorrar, pero no hemos podido juntar ni un millón de pesos porque hay gastos en el pueblo", asentó.
Aunque observó que la única posibilidad de realizar la obra es por administración directa, pues con el concurso de la administración estatal se elevan los costos.
"Necesitamos convencer al gobierno de hacer la ampliación (de la red de agua potable) de esta forma porque si participa sale más cara y no nos alcanza el dinero", insistió.
A causa de la insuficiencia de recursos, destacó que el gobierno municipal tampoco ha podido realizar el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, con un costo de dos millones 110 mil pesos.
"Si no hemos podido con la red de agua potable, la planta es algo casi imposible", indicó.
Ante esto, demandó a los gobiernos federal y estatal incrementar las partidas presupuestales al municipio "para hacerle justicia a Guelatao no solo en el discurso sino en los hechos", por haber nacido aquí quien creó las Leyes de Reforma y quien restableció la República.
La munícipe también lamentó que en el 2006, en el bicentenario del nacimiento de Juárez, el gobierno estatal adoquinó las calles y creó una cascada artificial en la plaza cívica pero a menos de dos años "presentan muchas deficiencias".
"Además de que no se terminó la introducción del cableado subterráneo de la energía eléctrica, el adoquinado se ha sumido y la cascada tiene filtraciones que está afectando la plaza cívica. Las obras se hicieron apresuradas y no fueron bien terminadas", terminó.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
Los blogs no amenazan al periodismo
pues sin mas Gracias Gerardo
Gerardo Albarrán de Alba (México)
Frida Guerrera expresa su decepción frente a la Asociación de Periodistas de Oaxaca. Ella lleva poco más de un año cubriendo un conflicto político y social marcado por la injusticia, la prepotencia gubernamental, la represión y el genocidio. Amparada básicamente en su voluntad y la solidaridad de un par de amigos que le envían pequeñas cantidades de dinero que a duras penas le permiten sobrevivir, debe emplear la mayor parte de esos recursos en desplazarse para hacer coberturas, comprar material de trabajo, pagar la conexión a Internet y mantener vivo su blog:fridaguerrera.blogspot.com
Con eso también envía sus colaboraciones a Radio Bemba (una radio comunitaria de Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, afiliada a AMARC, que transmite desde XHCD 95.5 FM y en línea desde www.portal.radiobemba.org); para subir sus videos a You Tube; para conducir un programa un par de veces a la semana en El Sendero del Peje (www.senderodelpeje.blogspot.com, un blog realizado por simpatizantes del ex candidato presidencial de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, independiente del partido que lo postuló), y para reproducir sus despachos tanto en la radio en línea La Nueva República (www.lanuevarepublica.org y, desde 153.0125 FM) como en la Red Tequio (www.tequio.com, un sitio sostenido por migrantes oaxaqueños en Estados Unidos).
Pero los periodistas de Oaxaca no la ven como una igual. "Tú no eres periodista", le dicen, cuando ella pretende afiliarse y participar en el primer congreso de esa organización gremial el 1 y 2 de diciembre pasados.
Como muchos, Verónica S. Villalvazo -el nombre real de Frida Guerrera- llegó a Oaxaca al recrudecerse un conflicto que hace un año terminó dándole la vuelta al mundo ante la irracionalidad de un gobierno local, el del priista Ulises Ruiz, que ha asesinado a decenas de personas, y la incapacidad de dos gobiernos federales de derecha, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que lo han tolerado. Con una incipiente experiencia como locutora, Frida utiliza todos los recursos multimedia que Internet pone a su alcance para reportar y denunciar lo que la mayoría de los medios masivos de comunicación dejaron de exponer cuando amainó la intensidad del conflicto y por lo tanto dejó de ser noticia.
Su caso no dista mucho de otros, protagonizado por miles de personas que cotidianamente dejan constancia en la red de lo que ocurre en regiones sometidas a la opresión, la guerra o la descomposición social (como China, Irak, Marruecos o Cuba), pero el suyo resalta por su vulnerabilidad. El creciente activismo ciudadano de Frida Guerrera le ha valido amenazas y acoso gubernamental, pero carece del respaldo un medio fuerte, visible, como podría ser un gran diario nacional o una cadena de televisión o radio. El suyo es como muchos otros blogs: un esfuerzo personal. Y los sitios alternativos que reproducen su trabajo carecen de visibilidad, penetración e influencia. Ni siquiera tienen mayores recursos: ninguno de ellos le paga un centavo; cuando mucho, ocasionalmente le dan un casete de video, baterías para su grabadora, algún rollo de película. Verónica, Frida, se las arregla con donativos que no alcanzan los 300 dólares al mes, y come sólo una vez al día.
Pero algo de razón tienen los periodistas oaxaqueños que la cuestionan, ella no es periodista. En realidad, Verónica S. Villalvazo es psicóloga. Fue en Oaxaca que se convirtió en Frida Guerrera por su activismo no militante, pero reclama para sí el reconocimiento que los periodistas profesionales reciben de las fuentes de información y el que se dan entre sí como colegas. A fin de cuentas, alega, "yo hago lo mismo que ellos".
Toda esta historia viene a cuento porque expresa una discusión que desde hace algún tiempo se da en diversos ámbitos, en torno al desplazamiento de los patrones de consumo de información que experimentan millones de personas en el mundo al abandonar la consulta de medios masivos y mudarse a los blogs que han brotado en la red.
¿Los medios masivos están condenados a muerte por el surgimiento de esta nueva plataforma? ¿Los periodistas serán desplazados por las hordas de ciudadanos que prescinden de su intermediación para buscar y difundir información por ellos mismos? Esas son preguntas que algunos intentan responder de forma afirmativa a partir de los números: el marcado descenso de la circulación mundial de medios impresos a fines de los 90 y principios de esta década, frente al explosivo crecimiento global de los blogs.
Aun cuando la Asociación Mundial de Periódicos reporta un panorama optimista para los próximos cinco años, debido al reciente repunte de la venta de diarios, también avizora que las noticias y los contenidos en línea desplazarán como fuente de información a las cadenas informativas por televisión. Entre las conclusiones de su 60 Congreso Mundial de Periódicos, celebrado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en junio de 2007, suponen que los periódicos no sólo mantendrán un rol importante sino que pueden llegar a ocupar un lugar dominante si consiguen integrar eficientemente a sus redacciones en línea como surtidores de información al público, según los resultados de una encuesta realizada el año pasado entre 8 mil 749 adultos en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania y Australia.
Pero la preocupación de algunos periodistas no desaparece por tales augurios. El inmensurable crecimiento de los blogs la refuerza. No es para menos. Si los cálculos que se hacen empresas como Technorati son correctos, ahora mismo existen unos 140 millones de blogs en el mundo, aunque solamente la mitad de ellos son frecuentemente actualizados, y de éstos apenas 2 millones serían escritos en nuestro idioma.
Súmese a esto la creciente participación de individuos que ocupan un lugar en la blogósfera no solamente para exhibir sus cotidianeidades, sino para contar historias. Es lo que recientemente se ha dado en llamar "periodismo ciudadano". Experiencias de todo tipo, al igual que la diversidad de sus resultados, las hay por todo el mundo y en Latinoamérica abundan, pero un buen ejemplo -por sus dimensiones- es lo que hizo el diario polaco Gazeta Wyborcza, que recibió los relatos de 40 mil mujeres embarazadas para contar una misma historia a lo largo de varios años, a las que agregó más de 200 mil fotografías enviadas a su sitio web, como lo narró el coordinador de proyectos especiales Grzegorz Pinchota durante el 14 Forum Mundial de Editores.
En Latinoamérica, cada vez son más los periódicos que han abierto sus espacios en línea para incluir la información que les envían personas de las más diversas ocupaciones, habilitándolos como una suerte de reporteros. Pero como Frida Guerrera, ellos no son periodistas. Son ciudadanos ejerciendo un derecho humano universal: la libertad de información que, como todos sabemos, consiste en el derecho a recibir, buscar y difundir información y opinión.
La diferencia entre ellos y yo, que me las doy de periodista, es la naturaleza misma de mi actividad.
No es fácil identificar quién es periodista. Consecuentemente, tampoco lo es decir quién no lo es. Según 14 prohombres del periodismo español, políticos y académicos, convocados a mediados de los 90 por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que intentaba legislar en la materia, ofrecer una definición de periodista es sencillamente imposible e, incluso, indeseable. A fin de cuentas, según las constituciones políticas de la mayor parte de los países del mundo, armonizadas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos somos periodistas, porque su artículo 19 garantiza que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
Gerardo Albarrán de Alba (México)
Frida Guerrera expresa su decepción frente a la Asociación de Periodistas de Oaxaca. Ella lleva poco más de un año cubriendo un conflicto político y social marcado por la injusticia, la prepotencia gubernamental, la represión y el genocidio. Amparada básicamente en su voluntad y la solidaridad de un par de amigos que le envían pequeñas cantidades de dinero que a duras penas le permiten sobrevivir, debe emplear la mayor parte de esos recursos en desplazarse para hacer coberturas, comprar material de trabajo, pagar la conexión a Internet y mantener vivo su blog:fridaguerrera.blogspot.com
Con eso también envía sus colaboraciones a Radio Bemba (una radio comunitaria de Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México, afiliada a AMARC, que transmite desde XHCD 95.5 FM y en línea desde www.portal.radiobemba.org); para subir sus videos a You Tube; para conducir un programa un par de veces a la semana en El Sendero del Peje (www.senderodelpeje.blogspot.com, un blog realizado por simpatizantes del ex candidato presidencial de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, independiente del partido que lo postuló), y para reproducir sus despachos tanto en la radio en línea La Nueva República (www.lanuevarepublica.org y, desde 153.0125 FM) como en la Red Tequio (www.tequio.com, un sitio sostenido por migrantes oaxaqueños en Estados Unidos).
Pero los periodistas de Oaxaca no la ven como una igual. "Tú no eres periodista", le dicen, cuando ella pretende afiliarse y participar en el primer congreso de esa organización gremial el 1 y 2 de diciembre pasados.
Como muchos, Verónica S. Villalvazo -el nombre real de Frida Guerrera- llegó a Oaxaca al recrudecerse un conflicto que hace un año terminó dándole la vuelta al mundo ante la irracionalidad de un gobierno local, el del priista Ulises Ruiz, que ha asesinado a decenas de personas, y la incapacidad de dos gobiernos federales de derecha, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, que lo han tolerado. Con una incipiente experiencia como locutora, Frida utiliza todos los recursos multimedia que Internet pone a su alcance para reportar y denunciar lo que la mayoría de los medios masivos de comunicación dejaron de exponer cuando amainó la intensidad del conflicto y por lo tanto dejó de ser noticia.
Su caso no dista mucho de otros, protagonizado por miles de personas que cotidianamente dejan constancia en la red de lo que ocurre en regiones sometidas a la opresión, la guerra o la descomposición social (como China, Irak, Marruecos o Cuba), pero el suyo resalta por su vulnerabilidad. El creciente activismo ciudadano de Frida Guerrera le ha valido amenazas y acoso gubernamental, pero carece del respaldo un medio fuerte, visible, como podría ser un gran diario nacional o una cadena de televisión o radio. El suyo es como muchos otros blogs: un esfuerzo personal. Y los sitios alternativos que reproducen su trabajo carecen de visibilidad, penetración e influencia. Ni siquiera tienen mayores recursos: ninguno de ellos le paga un centavo; cuando mucho, ocasionalmente le dan un casete de video, baterías para su grabadora, algún rollo de película. Verónica, Frida, se las arregla con donativos que no alcanzan los 300 dólares al mes, y come sólo una vez al día.
Pero algo de razón tienen los periodistas oaxaqueños que la cuestionan, ella no es periodista. En realidad, Verónica S. Villalvazo es psicóloga. Fue en Oaxaca que se convirtió en Frida Guerrera por su activismo no militante, pero reclama para sí el reconocimiento que los periodistas profesionales reciben de las fuentes de información y el que se dan entre sí como colegas. A fin de cuentas, alega, "yo hago lo mismo que ellos".
Toda esta historia viene a cuento porque expresa una discusión que desde hace algún tiempo se da en diversos ámbitos, en torno al desplazamiento de los patrones de consumo de información que experimentan millones de personas en el mundo al abandonar la consulta de medios masivos y mudarse a los blogs que han brotado en la red.
¿Los medios masivos están condenados a muerte por el surgimiento de esta nueva plataforma? ¿Los periodistas serán desplazados por las hordas de ciudadanos que prescinden de su intermediación para buscar y difundir información por ellos mismos? Esas son preguntas que algunos intentan responder de forma afirmativa a partir de los números: el marcado descenso de la circulación mundial de medios impresos a fines de los 90 y principios de esta década, frente al explosivo crecimiento global de los blogs.
Aun cuando la Asociación Mundial de Periódicos reporta un panorama optimista para los próximos cinco años, debido al reciente repunte de la venta de diarios, también avizora que las noticias y los contenidos en línea desplazarán como fuente de información a las cadenas informativas por televisión. Entre las conclusiones de su 60 Congreso Mundial de Periódicos, celebrado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en junio de 2007, suponen que los periódicos no sólo mantendrán un rol importante sino que pueden llegar a ocupar un lugar dominante si consiguen integrar eficientemente a sus redacciones en línea como surtidores de información al público, según los resultados de una encuesta realizada el año pasado entre 8 mil 749 adultos en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania y Australia.
Pero la preocupación de algunos periodistas no desaparece por tales augurios. El inmensurable crecimiento de los blogs la refuerza. No es para menos. Si los cálculos que se hacen empresas como Technorati son correctos, ahora mismo existen unos 140 millones de blogs en el mundo, aunque solamente la mitad de ellos son frecuentemente actualizados, y de éstos apenas 2 millones serían escritos en nuestro idioma.
Súmese a esto la creciente participación de individuos que ocupan un lugar en la blogósfera no solamente para exhibir sus cotidianeidades, sino para contar historias. Es lo que recientemente se ha dado en llamar "periodismo ciudadano". Experiencias de todo tipo, al igual que la diversidad de sus resultados, las hay por todo el mundo y en Latinoamérica abundan, pero un buen ejemplo -por sus dimensiones- es lo que hizo el diario polaco Gazeta Wyborcza, que recibió los relatos de 40 mil mujeres embarazadas para contar una misma historia a lo largo de varios años, a las que agregó más de 200 mil fotografías enviadas a su sitio web, como lo narró el coordinador de proyectos especiales Grzegorz Pinchota durante el 14 Forum Mundial de Editores.
En Latinoamérica, cada vez son más los periódicos que han abierto sus espacios en línea para incluir la información que les envían personas de las más diversas ocupaciones, habilitándolos como una suerte de reporteros. Pero como Frida Guerrera, ellos no son periodistas. Son ciudadanos ejerciendo un derecho humano universal: la libertad de información que, como todos sabemos, consiste en el derecho a recibir, buscar y difundir información y opinión.
La diferencia entre ellos y yo, que me las doy de periodista, es la naturaleza misma de mi actividad.
No es fácil identificar quién es periodista. Consecuentemente, tampoco lo es decir quién no lo es. Según 14 prohombres del periodismo español, políticos y académicos, convocados a mediados de los 90 por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que intentaba legislar en la materia, ofrecer una definición de periodista es sencillamente imposible e, incluso, indeseable. A fin de cuentas, según las constituciones políticas de la mayor parte de los países del mundo, armonizadas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos somos periodistas, porque su artículo 19 garantiza que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
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VERONICA VILLALVAZO
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FRIDA
NINGUNA MUJER MEXICANA TOMA TECATE
NO TOMES CERVEZAS SEXISTAS
Los anuncios televisivos de la cerveza Tecate denotan una abierta campaña violenta y denigrante hacia las mujeres y hacia su relación.
El discurso emitido en esta campaña publicitaria refuerza la cultura de dominación masculina, machismo y el sometimiento femenino. Presentan a los hombres como seres superiores a las mujeres, pero al mismo tiempo, supeditados por sus impulsos sexuales como animales y las mujeres son reducidas a objetos y, por consiguiente, son representadas como estúpidas.
Entendemos como publicidad sexista aquella en la que en el mensaje o en las imágenes se insulta a las personas por razón de su sexo, y cuando se presentan estereotipos de los roles tradicionales que refuerzan la subordinación de un sexo frente al otro.
Esta campaña publicitaria muestra una doble moral y degrada la imagen de FEMSA, empresa premiada como socialmente responsable por su compromiso con el medio ambiente, el apoyo a la educación, a la cultura y a la comunidad.
¡HASTA QUE SALGAN LOS ANUNCIOS DEL AIRE, NADIE TOMA CERVEZA TECATE!
HOMBRES Y MUJERES CONTRA EL SEXISMO EN LOS MEDIOS MEXICANOS
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
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FRIDA
Los anuncios televisivos de la cerveza Tecate denotan una abierta campaña violenta y denigrante hacia las mujeres y hacia su relación.
El discurso emitido en esta campaña publicitaria refuerza la cultura de dominación masculina, machismo y el sometimiento femenino. Presentan a los hombres como seres superiores a las mujeres, pero al mismo tiempo, supeditados por sus impulsos sexuales como animales y las mujeres son reducidas a objetos y, por consiguiente, son representadas como estúpidas.
Entendemos como publicidad sexista aquella en la que en el mensaje o en las imágenes se insulta a las personas por razón de su sexo, y cuando se presentan estereotipos de los roles tradicionales que refuerzan la subordinación de un sexo frente al otro.
Esta campaña publicitaria muestra una doble moral y degrada la imagen de FEMSA, empresa premiada como socialmente responsable por su compromiso con el medio ambiente, el apoyo a la educación, a la cultura y a la comunidad.
¡HASTA QUE SALGAN LOS ANUNCIOS DEL AIRE, NADIE TOMA CERVEZA TECATE!
HOMBRES Y MUJERES CONTRA EL SEXISMO EN LOS MEDIOS MEXICANOS
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FRIDA
NO SE LA PIERDAN!!!
CICLO
CINE
POSTHUMANO
martes 11 : : 18 y 20 horas
OH UOMO
Yervant Gianikian y Angela Ricci Luchi, Italia, 2004,
71 m, b&n, documental
Festival de Cannes 2004, Festival de Cine de Viena
2004, Festival de Cine de Turín 2004, FICCO México
2008.
miércoles 12 : : 18 y 20 horas
LA JETÉE
Chris Marker, 1962, Francia, 28 m
12 MONOS
Terry Gilliam, Estados Unidos, 1995, 129 m
Adaptación de una historia de Chris Marker
jueves 13 : : 18 y 20 horas
HARD CANDY
David Slade, Estados Unidos, 2005, 104 m
viernes 14 : : 18, 19 y 20 horas
CREMASTER 3. THE ORDER
Matthew Barney, Estados Unidos, 2002, 31 m
sábado 15 : : evento especial : : 19 horas
POSTHUMANO
Platica con
Adriana Calatayud y Mauricio Bares.
función de matinée : : 12 horas
EL CADÁVER DE LA NOVIA
Tim Burton y Mike Johnson, Reino Unido y EU, 2005, 76
m
domingo 16 : : 18 y 20 horas
LILJA 4-EVER
Lukas Moodysson, Suecia y Dinamarca, 2002, 109 m
ADJUNTO DOCUMENTO CON SINOPSIS DE CADA PELICULA.
El Pochote cineclub
García Vígil # 817
Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca CP. 68000
Tel. 01 (951) 51 41194
elpochote@gmail.com
http://www.elpochote.blogspot.com/
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VERONICA VILLALVAZO
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FRIDA
CINE
POSTHUMANO
martes 11 : : 18 y 20 horas
OH UOMO
Yervant Gianikian y Angela Ricci Luchi, Italia, 2004,
71 m, b&n, documental
Festival de Cannes 2004, Festival de Cine de Viena
2004, Festival de Cine de Turín 2004, FICCO México
2008.
miércoles 12 : : 18 y 20 horas
LA JETÉE
Chris Marker, 1962, Francia, 28 m
12 MONOS
Terry Gilliam, Estados Unidos, 1995, 129 m
Adaptación de una historia de Chris Marker
jueves 13 : : 18 y 20 horas
HARD CANDY
David Slade, Estados Unidos, 2005, 104 m
viernes 14 : : 18, 19 y 20 horas
CREMASTER 3. THE ORDER
Matthew Barney, Estados Unidos, 2002, 31 m
sábado 15 : : evento especial : : 19 horas
POSTHUMANO
Platica con
Adriana Calatayud y Mauricio Bares.
función de matinée : : 12 horas
EL CADÁVER DE LA NOVIA
Tim Burton y Mike Johnson, Reino Unido y EU, 2005, 76
m
domingo 16 : : 18 y 20 horas
LILJA 4-EVER
Lukas Moodysson, Suecia y Dinamarca, 2002, 109 m
ADJUNTO DOCUMENTO CON SINOPSIS DE CADA PELICULA.
El Pochote cineclub
García Vígil # 817
Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca CP. 68000
Tel. 01 (951) 51 41194
elpochote@gmail.com
http://www.elpochote.blogspot.com/
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
LA IMPUNIDAD QUE IMPERA EN MEXICO: ARTICLE XIX
Fuente Articule XIX
En ocasión de la visita oficial al país de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, ARTICLE 19 quiere llamar la atención
sobre uno de los rasgos más alarmantes de la situación que afecta gravemente el ejercicio
de la libertad de expresión y de prensa.
Así también, el presente pronunciamiento está motivado por el silencio y la falta de
voluntad política de la presente administración, a cargo del presidente Felipe Calderón
Hinojosa, de cumplir a cabalidad la obligación del Estado Mexicano de prevenir,
investigar y castigar todas las violaciones a los derechos humanos dentro del territorio
nacional1, lo que se traduce en la conformación de una peligrosa espiral de violencia,
impunidad y autocensura que afecta el sistema democrático de México, al impedir el
establecimiento de un ambiente en el que la libre circulación de ideas e información estén
aseguradas para la población.
El presente documento hace señalamientos específicos sobre obligaciones y principios
internacionales y nacionales que no están siendo respetados por el Estado lo que podría
traducirse en sanciones internacionales a causa de las flagrantes violaciones de derechos
humanos.
Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a la Señora Louise Arbour, para que
solicite al Estado Mexicano resultados inmediatos en las investigaciones y castigo a los
responsables de las decenas de casos de agresiones a periodistas y medios de
comunicación que se mantienen en la impunidad y afectan de manera seria el ejercicio de
la libertad de prensa.
Garantizar la Libertad de Expresión, obligación del Estado Mexicano
La Carta Democrática Interamericana estipula que la libertad de expresión y de prensa, en
tanto derechos humanos, son un componente esencial de toda sociedad democrática y
fundamento de su existencia. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce
que todas las personas tienen el derecho a la libertad de expresión y de prensa cuyo pleno
ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales, fortalecer la
democracia y prevenir la represión, el conflicto, la guerra y en última instancia el
genocidio.
Bajo esta lógica, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión advierte que:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de
los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas
una reparación adecuada.2
En este sentido, los argumentos esgrimidos por autoridades mexicanas en los que
pretenden afirmar que los ataques en contra de periodistas son únicamente un problema
de seguridad pública y no una flagrante violación a la libertad de expresión, pierden todo
sustento3. El preocupante número de ataques a periodistas en los últimos seis años tiene
un solo objetivo: silenciar.
El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de garantizar, en su totalidad, el ejercicio
pleno de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) ha sentenciado: “dicha obligación general se impone no sólo en relación con el
poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”4. Esto
hace referencia a que no importa quién sean los perpetradores –crimen organizado,
narcotráfico o cualquier grupo fuera de la ley- el responsable por guardar la integridad y
seguridad de los periodistas es el Estado.
Como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el
Estado Mexicano está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los
derechos humanos protegidos por este instrumento internacional. De manera particular,
como lo ha establecido la Corte IDH, “si el aparato del Estado actúa de modo que tal
violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la
plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su
libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando
se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo
de los derechos humanos reconocidos en la Convención.”5
Además de la investigación y castigo de las agresiones y asesinatos de periodistas, existe
la obligación del Estado de instrumentar todas las medidas para prevenir que estos
aberrantes actos tengan lugar.
Los ataques a la libertad de expresión y la incapacidad del Estado para resolverlos,
afectan no solo la democracia, sino el goce de otros derechos humanos por los cuales el
Estado también es responsable. En un contexto de impunidad como el que prevalece en
México, las violaciones a la libertad de expresión y prensa abren el paso a la
conculcación de otros derechos reconocidos de igual forma en la Carta Americana de
Derechos Humanos como son:
Derecho a la vida (Art. 4)
Derecho a la integridad personal (Art. 5)
Derecho a la libertad personal (Art. 7.1)
Derecho al debido proceso (Art. 8)
Derecho a la protección judicial (Art. 25)
Derecho a la participación política (Art. 23)
En este contexto, es importante evocar la contribución de la Declaración de Teherán
(1968) aprobada por la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, para
alcanzar acuerdos sobre el carácter interdependiente de todos los derechos humanos,
principios universalmente reconocidos en nuestros días.
La promoción, garantía y defensa de los derechos humanos sólo puede forjarse y
desarrollarse a partir de una concepción integral de la totalidad de los derechos humanos ,
teniendo en cuenta su carácter interdependiente. Es decir, no puede haber un ejercicio
pleno de la libertad de expresión en un clima de impunidad, en donde los medios
judiciales resultan inefectivos y el Estado no adopta medidas para prevenir nuevos
atentados en contra de las y los periodistas.
Asimismo, el clima de impunidad no solo pone en tela de juicio el cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado sino su marco legal nacional, al violar, en los
casos de periodistas, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual establece que:
“(..) Toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.”6
El Estado está obligado constitucionalmente a respetar y hacer respetar los derechos
humnanos, entre los que se encuentra su obligación de garantizar el derecho al acceso a la
justicia para las víctimas y sus familiares. Mientras los múltiples casos de agresión y
asesinato sigan en la impunidad, la libertad de expresión seguirá vulnerada al generar
6 Artículo 17 párrafo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
censura indirecta, y más importante, autocensura, la cual a la larga afecta gravemente el
pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Espiral de violencia e impunidad
México ha padecido en los últimos años el crecimiento exponencial de agresiones y
ataques en contra de periodistas. De acuerdo con el Comité para la Protección de
Periodistas (CPJ) “desde el año 2000, seis periodistas han sido asesinados debido al
ejercicio de de su profesión en México; además, el Comité se encuentra aún investigando
12 casos más. Aunado a esto, cinco periodistas fueron desaparecidos desde 2005; tres de
ellos durante el presente año.”7
Sin limitar la discusión y análisis de la situación únicamente al ámbito de la metodología
de documentación de las agresiones a comunicadores y su numeralia, ARTICLE 19
retoma los diferentes registros tanto de CPJ, Reporteros Sin Fronteras y Cencos, como un
indicativo del incremento sostenido de la ola de violencia en los últimos años y su efecto
nocivo en la libertad de prensa y expresión. Así también, diversas organizaciones e
instituciones han realizado múltiples pronunciamientos sobre la gravedad de la situación
nacional, al revelar la ineficacia en las investigaciones judiciales que tienen como fin
castigar a los responsables materiales e intelectuales, lo que entorpece la creación de un
ambiente propicio para el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
La Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra Periodistas (Feadp), creada el 15 de
febrero de 2005, ha señalado que de los 54 casos directamente radicados en esa oficina,
se logró la conclusión de un total de 32. Sin embargo, en detrimento de los derechos de
las víctimas y sus familiares, esta “solución” no necesariamente contempla el acceso a la
justicia a través del castigo de los responsables, sino más bien el finiquito de un trámite
administrativo. De 32 casos sólo 1 mereció la consignación, 3 de ellos el no ejercicio de
la acción penal, 11 fueron archivados debido a falta de elementos, 11 más por no ser
competencia del fuero federal, y 6 fueron elevados a averiguación previa habiendo
iniciado como acta circunstanciada, mientras que 22 casos continúan en trámite.
Más allá de los argumentos técnico jurídicos, las facultades acotadas y la falta de recursos
de la Feadp8, el incumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano permanece ante
el clamor de justicia por parte de las víctimas y sus familiares.
Dichas cifras dejan al descubierto dos factores que prefiguran la gravedad de la situación.
Por un lado, el crecimiento exponencial de la violencia en contra de las y los periodistas,
y por el otro la incapacidad de Estado de atender la situación de manera efectiva para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y de garantizar las condiciones para el
ejercicio del derecho a la libertad de prensa y de expresión.
Efectos nocivos de la impunidad
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha señalado que “la impunidad
en la violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario tipificados
como delitos incentiva dichas violaciones y constituyen un obstáculo fundamental para la
observancia y la plena instrumentación de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario sin discriminación alguna”.9
Los efectos nocivos de la impunidad en el ejercicio de la libertad de expresión son
diversos:
Desaliento a la denuncia de los actos violatorios. Ante la ineficacia en la
integración de las averiguaciones previas y la falta de resultados, así como la
posible colusión de las autoridades con los agresores, los y las periodistas
víctimas de agresiones optan por no denunciar.
Mensaje alentador a los agresores. En términos estadísticos, los casos que son
conocidos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra
Periodistas, cuentan con una alta probabilidad de permanecer impunes. La
impunidad que impera por la incapacidad del Estado Mexicano para investigar de
manera eficaz las agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas, termina
por incentivar a futuros agresores.
Autocensura. Cada vez son más los medios de comunicación, principalmente
locales, que deciden no dar cobertura a ciertos temas como medida de protección.
Algunos periodistas deciden no firmar sus notas y en los casos más extremos
algunas y algunos han optado por abandonar la profesión periodística. Esto frena
la generación e inhibe la difusión de información de interés para la sociedad. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que las agresiones en
contra de los profesionales de la comunicación son delitos que tienen el efecto de
amedrentar a otros periodistas y a la ciudadanía en general al generar el temor de
denunciar los atropellos, abusos y actos ilícitos de todo tipo. 10
Sociedad desinformada. La carencia de información debido a la legítima
decisión de los medios de no publicar sobre ciertas situaciones en el país debido a
amenazas, repercute directamente en el aspecto social del derecho de la libertad
de expresión. El Estado no puede aludir a dicha decisión so pretexto de que es la
única manera de protección para los periodistas.
Debilitamiento del sistema democrático. Todo país democrático necesita que el
derecho a la libre expresión sea respetado a cabalidad. El diálogo, la
transparencia, el flujo de información y la libertad de prensa son algunos
elementos sine qua non para el fortalecimiento de cualquier sistema democrático.
Falta de voluntad política del Estado Mexicano
Resulta evidente la brecha entre el discurso y la instrumentación de las garantías de los
derechos humanos en México. El notable activismo del Estado Mexicano en diversos
foros y organismo internacionales de derechos humanos, que denota un compromiso sin
cortapisas en el tema, es opacado por la falta de resultados concretos al interior del país.
Las declaraciones que expresan el compromiso del Ejecutivo Mexicano con la libertad de
prensa y de expresión no reflejan la realidad que amenaza el ejercicio de estos derechos,
ya que se ven severamente opacadas por la impunidad que gozan los agresores.
Muestra de lo anterior es el incumplimiento de los acuerdos aceptados por el Estado
Mexicano durante el 128° periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (Comisión IDH). Ahí, el gobierno de México aceptó la gravedad de
la situación y se comprometió a “realizar todas aquellas medidas necesarias para el
esclarecimiento de los asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas,
así como estudiar los medios para fortalecer a la Feadp y la atracción de los delitos en
contra de informadores al fuero federal”11. Asimismo, durante la misma audiencia ante la
Comisión IDH, el Estado Mexicano aceptó que el Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Organización de Estados Americanos realizara una visita para dar
seguimiento puntual al informe presentado por las organizaciones peticionarias, sin
embargo, el gobierno federal decidió postergar dicha visita hasta abril del próximo año.
Alrededor de seis meses más tarde y a pesar de que diversos actores, tanto organizaciones
gubernamentales como civiles, se han pronunciado a favor de fortalecer las atribuciones y
los recursos de la Feadp, aún faltan evidencias de voluntad política del Ejecutivo federal
para adoptar las medidas necesarias en este sentido. El número de agresiones,
principalmente las amenazas, continúa creciendo de manera sostenida para sumarse a la
lista de casos impunes, mientras que las soluciones efectivas siguen pendientes. La
ausencia de la Secretaría de Gobernación para buscar medidas efectivas de prevención y
protección de periodistas es notable. Su silencio denota el poco entendimiento por parte
de las autoridades de cómo un país sin prensa libre -capaz de hacer su trabajo bajo un
ejercicio pleno de la libertad de expresión- lastima de manera severa la gobernabilidad y
la democracia.
Recomendaciones
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado al Estado Mexicano a cumplir su obligación de
prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos que hayan tenido
lugar dentro del territorio nacional, en particular las violaciones a la libertad de expresión
de las y los periodistas.
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado a las autoridades estatales a que, como parte
del Estado Mexicano, cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar
las violaciones a los derechos humanos que hayan tenido lugar en su jurisdicción y, en su
caso, a colaborar en el cumplimiento de estas obligaciones con las autoridades federales.
ARTICLE 19 reitera el llamado a las autoridades competentes a realizar las reformas
legales necesarias en aras de ampliar y fortalecer las facultades de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp).
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado a la Secretaría de Gobernación para que de
acuerdo a sus atribuciones coordine de manera eficaz la política del Ejecutivo en materia
de prevención y protección a las y los periodistas amenazados.
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal para que instale una mesa
de diálogo en donde los principales actores en materia de liberad de expresión y de
prensa se reúnan de manera coordinada y periódica para buscar soluciones eficaces para
los problemas que aquejan al país en términos de protección y prevención de ataques a
periodistas
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
En ocasión de la visita oficial al país de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, ARTICLE 19 quiere llamar la atención
sobre uno de los rasgos más alarmantes de la situación que afecta gravemente el ejercicio
de la libertad de expresión y de prensa.
Así también, el presente pronunciamiento está motivado por el silencio y la falta de
voluntad política de la presente administración, a cargo del presidente Felipe Calderón
Hinojosa, de cumplir a cabalidad la obligación del Estado Mexicano de prevenir,
investigar y castigar todas las violaciones a los derechos humanos dentro del territorio
nacional1, lo que se traduce en la conformación de una peligrosa espiral de violencia,
impunidad y autocensura que afecta el sistema democrático de México, al impedir el
establecimiento de un ambiente en el que la libre circulación de ideas e información estén
aseguradas para la población.
El presente documento hace señalamientos específicos sobre obligaciones y principios
internacionales y nacionales que no están siendo respetados por el Estado lo que podría
traducirse en sanciones internacionales a causa de las flagrantes violaciones de derechos
humanos.
Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a la Señora Louise Arbour, para que
solicite al Estado Mexicano resultados inmediatos en las investigaciones y castigo a los
responsables de las decenas de casos de agresiones a periodistas y medios de
comunicación que se mantienen en la impunidad y afectan de manera seria el ejercicio de
la libertad de prensa.
Garantizar la Libertad de Expresión, obligación del Estado Mexicano
La Carta Democrática Interamericana estipula que la libertad de expresión y de prensa, en
tanto derechos humanos, son un componente esencial de toda sociedad democrática y
fundamento de su existencia. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce
que todas las personas tienen el derecho a la libertad de expresión y de prensa cuyo pleno
ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales, fortalecer la
democracia y prevenir la represión, el conflicto, la guerra y en última instancia el
genocidio.
Bajo esta lógica, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión advierte que:
El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción
material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de
los Estados prevenir e investigar estos hechos,
sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas
una reparación adecuada.2
En este sentido, los argumentos esgrimidos por autoridades mexicanas en los que
pretenden afirmar que los ataques en contra de periodistas son únicamente un problema
de seguridad pública y no una flagrante violación a la libertad de expresión, pierden todo
sustento3. El preocupante número de ataques a periodistas en los últimos seis años tiene
un solo objetivo: silenciar.
El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de garantizar, en su totalidad, el ejercicio
pleno de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) ha sentenciado: “dicha obligación general se impone no sólo en relación con el
poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”4. Esto
hace referencia a que no importa quién sean los perpetradores –crimen organizado,
narcotráfico o cualquier grupo fuera de la ley- el responsable por guardar la integridad y
seguridad de los periodistas es el Estado.
Como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el
Estado Mexicano está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los
derechos humanos protegidos por este instrumento internacional. De manera particular,
como lo ha establecido la Corte IDH, “si el aparato del Estado actúa de modo que tal
violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la
plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su
libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando
se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo
de los derechos humanos reconocidos en la Convención.”5
Además de la investigación y castigo de las agresiones y asesinatos de periodistas, existe
la obligación del Estado de instrumentar todas las medidas para prevenir que estos
aberrantes actos tengan lugar.
Los ataques a la libertad de expresión y la incapacidad del Estado para resolverlos,
afectan no solo la democracia, sino el goce de otros derechos humanos por los cuales el
Estado también es responsable. En un contexto de impunidad como el que prevalece en
México, las violaciones a la libertad de expresión y prensa abren el paso a la
conculcación de otros derechos reconocidos de igual forma en la Carta Americana de
Derechos Humanos como son:
Derecho a la vida (Art. 4)
Derecho a la integridad personal (Art. 5)
Derecho a la libertad personal (Art. 7.1)
Derecho al debido proceso (Art. 8)
Derecho a la protección judicial (Art. 25)
Derecho a la participación política (Art. 23)
En este contexto, es importante evocar la contribución de la Declaración de Teherán
(1968) aprobada por la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, para
alcanzar acuerdos sobre el carácter interdependiente de todos los derechos humanos,
principios universalmente reconocidos en nuestros días.
La promoción, garantía y defensa de los derechos humanos sólo puede forjarse y
desarrollarse a partir de una concepción integral de la totalidad de los derechos humanos ,
teniendo en cuenta su carácter interdependiente. Es decir, no puede haber un ejercicio
pleno de la libertad de expresión en un clima de impunidad, en donde los medios
judiciales resultan inefectivos y el Estado no adopta medidas para prevenir nuevos
atentados en contra de las y los periodistas.
Asimismo, el clima de impunidad no solo pone en tela de juicio el cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado sino su marco legal nacional, al violar, en los
casos de periodistas, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual establece que:
“(..) Toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.”6
El Estado está obligado constitucionalmente a respetar y hacer respetar los derechos
humnanos, entre los que se encuentra su obligación de garantizar el derecho al acceso a la
justicia para las víctimas y sus familiares. Mientras los múltiples casos de agresión y
asesinato sigan en la impunidad, la libertad de expresión seguirá vulnerada al generar
6 Artículo 17 párrafo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
censura indirecta, y más importante, autocensura, la cual a la larga afecta gravemente el
pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Espiral de violencia e impunidad
México ha padecido en los últimos años el crecimiento exponencial de agresiones y
ataques en contra de periodistas. De acuerdo con el Comité para la Protección de
Periodistas (CPJ) “desde el año 2000, seis periodistas han sido asesinados debido al
ejercicio de de su profesión en México; además, el Comité se encuentra aún investigando
12 casos más. Aunado a esto, cinco periodistas fueron desaparecidos desde 2005; tres de
ellos durante el presente año.”7
Sin limitar la discusión y análisis de la situación únicamente al ámbito de la metodología
de documentación de las agresiones a comunicadores y su numeralia, ARTICLE 19
retoma los diferentes registros tanto de CPJ, Reporteros Sin Fronteras y Cencos, como un
indicativo del incremento sostenido de la ola de violencia en los últimos años y su efecto
nocivo en la libertad de prensa y expresión. Así también, diversas organizaciones e
instituciones han realizado múltiples pronunciamientos sobre la gravedad de la situación
nacional, al revelar la ineficacia en las investigaciones judiciales que tienen como fin
castigar a los responsables materiales e intelectuales, lo que entorpece la creación de un
ambiente propicio para el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
La Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra Periodistas (Feadp), creada el 15 de
febrero de 2005, ha señalado que de los 54 casos directamente radicados en esa oficina,
se logró la conclusión de un total de 32. Sin embargo, en detrimento de los derechos de
las víctimas y sus familiares, esta “solución” no necesariamente contempla el acceso a la
justicia a través del castigo de los responsables, sino más bien el finiquito de un trámite
administrativo. De 32 casos sólo 1 mereció la consignación, 3 de ellos el no ejercicio de
la acción penal, 11 fueron archivados debido a falta de elementos, 11 más por no ser
competencia del fuero federal, y 6 fueron elevados a averiguación previa habiendo
iniciado como acta circunstanciada, mientras que 22 casos continúan en trámite.
Más allá de los argumentos técnico jurídicos, las facultades acotadas y la falta de recursos
de la Feadp8, el incumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano permanece ante
el clamor de justicia por parte de las víctimas y sus familiares.
Dichas cifras dejan al descubierto dos factores que prefiguran la gravedad de la situación.
Por un lado, el crecimiento exponencial de la violencia en contra de las y los periodistas,
y por el otro la incapacidad de Estado de atender la situación de manera efectiva para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y de garantizar las condiciones para el
ejercicio del derecho a la libertad de prensa y de expresión.
Efectos nocivos de la impunidad
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha señalado que “la impunidad
en la violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario tipificados
como delitos incentiva dichas violaciones y constituyen un obstáculo fundamental para la
observancia y la plena instrumentación de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario sin discriminación alguna”.9
Los efectos nocivos de la impunidad en el ejercicio de la libertad de expresión son
diversos:
Desaliento a la denuncia de los actos violatorios. Ante la ineficacia en la
integración de las averiguaciones previas y la falta de resultados, así como la
posible colusión de las autoridades con los agresores, los y las periodistas
víctimas de agresiones optan por no denunciar.
Mensaje alentador a los agresores. En términos estadísticos, los casos que son
conocidos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra
Periodistas, cuentan con una alta probabilidad de permanecer impunes. La
impunidad que impera por la incapacidad del Estado Mexicano para investigar de
manera eficaz las agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas, termina
por incentivar a futuros agresores.
Autocensura. Cada vez son más los medios de comunicación, principalmente
locales, que deciden no dar cobertura a ciertos temas como medida de protección.
Algunos periodistas deciden no firmar sus notas y en los casos más extremos
algunas y algunos han optado por abandonar la profesión periodística. Esto frena
la generación e inhibe la difusión de información de interés para la sociedad. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que las agresiones en
contra de los profesionales de la comunicación son delitos que tienen el efecto de
amedrentar a otros periodistas y a la ciudadanía en general al generar el temor de
denunciar los atropellos, abusos y actos ilícitos de todo tipo. 10
Sociedad desinformada. La carencia de información debido a la legítima
decisión de los medios de no publicar sobre ciertas situaciones en el país debido a
amenazas, repercute directamente en el aspecto social del derecho de la libertad
de expresión. El Estado no puede aludir a dicha decisión so pretexto de que es la
única manera de protección para los periodistas.
Debilitamiento del sistema democrático. Todo país democrático necesita que el
derecho a la libre expresión sea respetado a cabalidad. El diálogo, la
transparencia, el flujo de información y la libertad de prensa son algunos
elementos sine qua non para el fortalecimiento de cualquier sistema democrático.
Falta de voluntad política del Estado Mexicano
Resulta evidente la brecha entre el discurso y la instrumentación de las garantías de los
derechos humanos en México. El notable activismo del Estado Mexicano en diversos
foros y organismo internacionales de derechos humanos, que denota un compromiso sin
cortapisas en el tema, es opacado por la falta de resultados concretos al interior del país.
Las declaraciones que expresan el compromiso del Ejecutivo Mexicano con la libertad de
prensa y de expresión no reflejan la realidad que amenaza el ejercicio de estos derechos,
ya que se ven severamente opacadas por la impunidad que gozan los agresores.
Muestra de lo anterior es el incumplimiento de los acuerdos aceptados por el Estado
Mexicano durante el 128° periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (Comisión IDH). Ahí, el gobierno de México aceptó la gravedad de
la situación y se comprometió a “realizar todas aquellas medidas necesarias para el
esclarecimiento de los asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas,
así como estudiar los medios para fortalecer a la Feadp y la atracción de los delitos en
contra de informadores al fuero federal”11. Asimismo, durante la misma audiencia ante la
Comisión IDH, el Estado Mexicano aceptó que el Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Organización de Estados Americanos realizara una visita para dar
seguimiento puntual al informe presentado por las organizaciones peticionarias, sin
embargo, el gobierno federal decidió postergar dicha visita hasta abril del próximo año.
Alrededor de seis meses más tarde y a pesar de que diversos actores, tanto organizaciones
gubernamentales como civiles, se han pronunciado a favor de fortalecer las atribuciones y
los recursos de la Feadp, aún faltan evidencias de voluntad política del Ejecutivo federal
para adoptar las medidas necesarias en este sentido. El número de agresiones,
principalmente las amenazas, continúa creciendo de manera sostenida para sumarse a la
lista de casos impunes, mientras que las soluciones efectivas siguen pendientes. La
ausencia de la Secretaría de Gobernación para buscar medidas efectivas de prevención y
protección de periodistas es notable. Su silencio denota el poco entendimiento por parte
de las autoridades de cómo un país sin prensa libre -capaz de hacer su trabajo bajo un
ejercicio pleno de la libertad de expresión- lastima de manera severa la gobernabilidad y
la democracia.
Recomendaciones
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado al Estado Mexicano a cumplir su obligación de
prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos que hayan tenido
lugar dentro del territorio nacional, en particular las violaciones a la libertad de expresión
de las y los periodistas.
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado a las autoridades estatales a que, como parte
del Estado Mexicano, cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar
las violaciones a los derechos humanos que hayan tenido lugar en su jurisdicción y, en su
caso, a colaborar en el cumplimiento de estas obligaciones con las autoridades federales.
ARTICLE 19 reitera el llamado a las autoridades competentes a realizar las reformas
legales necesarias en aras de ampliar y fortalecer las facultades de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp).
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado a la Secretaría de Gobernación para que de
acuerdo a sus atribuciones coordine de manera eficaz la política del Ejecutivo en materia
de prevención y protección a las y los periodistas amenazados.
ARTICLE 19 hace un respetuoso llamado al Ejecutivo Federal para que instale una mesa
de diálogo en donde los principales actores en materia de liberad de expresión y de
prensa se reúnan de manera coordinada y periódica para buscar soluciones eficaces para
los problemas que aquejan al país en términos de protección y prevención de ataques a
periodistas
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
AHORA LA 59 A HUELGA
huelguistas sección 59
Fotos Verónica Villalvazo Fridaguerrera
Por Verónica Villalvazo
Personal externo de la Sección 59 del SNTE, inició este lunes una huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad, para demandar al gobierno estatal el pago de tres millones de pesos que les adeudan desde septiembre del año pasado.
El del Frente Democrático Magisterial 1 de mayo, Miguel Silva Selvas, demandó al gobierno estatal el pago inmediato de las 200 personas que fueron contratados por autoridades municipales y padres de familia como maestros externos durante el conflicto de 2006.
Milagros Colmenares Tellez huelguista sección 59
Los huelguistas son Horacio Fuentes Hernández, Javier de Jesús Hernández, Milagros Colmenares Tellez, del fraccionamiento Real del Valle, quien cuenta con seis meses de embarazo. Y que señaló que su bebe come atrevez de ella y que ya la naturaleza vera que hace y que si algo le sucediera a su bebe es responsabilidad de Ulises Ruíz quién en su momento les pidió ayuda y ya lo olvido, sin embargo reiteró “lo apoyamos a pesar de todo”
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
Asi se perió el petroleo de Argentina
Aprendamos de la historia, escuchemos con atención lo que sucedió con el
petróleo de Argentina y las consecuencias.
Vean los videos 1 y 2 desde:
http://construyendodemocracia.blogspot.com/
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar
FRIDA
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VERONICA VILLALVAZO
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FRIDA
Toma de las oficinas de la CNDH por el clima represiva en Oaxaca
Dado el clima represivo que se vive en Oaxaca y ante la pasividad de la CNDH, se ha decidido impulsar una toma de las oficinas de la CNDH y una conferencia de prensa para el proximo 10 de Marzo a partir de las 9 am en Periferico Sur y Luis Cabrera, San Jeronimo. Mexico, DF.
Colectivo Autónomo Magonista
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
EL CLIMA DE VIOLENCIA, MILITARIZACIÓN Y PARAMILITARIZACIÓN QUE SE VIVE EN EL ESTADO DE OAXACA POR LOS GOBIERNOS DE FELIPE CALDERÓN Y DE ULISES RUIZ ORTIZ , ES CADA DÍA MAYOR, ASÍ COMO LA REPRESIÓN, PERSECUCIÓN, ENCARCELAMIENTO Y DESAPARICIÓN DE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS QUIENES EN SUS TRAYECTORIA DE LUCHA Y RESISTENCIA SE HAN MANTENIDO AL LADO DEL PUEBLO OAXAQUEÑO EN SUS JUSTAS DEMANDAS POR CAMBIAR UN GOBIERNO QUE SÓLO HA GENERADO MUERTE Y REPRESIÓN ,COMO LO HA HECHO ULISES RUIZ ORTIZ Y EL HOY GOBIERNO FEDERAL. LAS INSTITUCIONES SOLO HAN SIDO UTILIZADAS POR LA CLASE DOMINANTE PARA EL CONTROL Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA REPRENSIÓN SOBRE EL PUEBLO.
POR ESTO, HACEMOS UN LLAMADO A TODOS USTEDES, PARA QUE EN SU CALIDAD DE INFORMANTES, ACUDAN A LA CLAUSURA PACÍFICA Y SIMBÓLICA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) PORQUE LOS DERECHOS HUMANOS HAN MUERTO (POR GASTRITIS), UBICADA EN PERIFERICO SUR NO 3469, COL SAN JERÓNIMO, DEL. MAGDALENA CONTRERAS.
EXIGIMOS:
¡EL CESE DE TODO ACTO DE HOSTIGAMIENTO, AGRESIÓN Y REPRESIÓN CONTRA LAS LUCHAS POPULARES DIGNAS Y JUSTAS DEL ESTADO DE OAXACA!
¡LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE TODAS LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN GIRADAS CONTRA LUCHADORES SOCIALES, ASÍ COMO EL CESE A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡EL ESCLARECIMIENTO DE LOS ASESINOS, ASÍ COMO LA APARICIÓN CON VIDA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS!
¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DE ESTOS HECHOS Y CESE A LA IMPUNIDAD!
¡LIBERTAD INCONDICIONAL E INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS Y PRESAS POLÍTICAS DE OAXACA Y TODO MÉXICO!
BOLETÍN INFORMATIVO:
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINION PÚBLICA
Los respectivos desgobiernos -calderonista, y ulisista en el estado de Oaxaca- se empeñan en mantener sus mecanismos de represión sistemática y de permanente violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Así lo demuestran los procesos de agresión indiscriminada contra la vida comunitaria de diferentes pueblos indígenas en Oaxaca y en muchas otras partes, situación que se sigue incrementando de manera preocupante.
Además de las políticas de robo y de saqueo, también la violencia, se desprende de las arcas del poder, desde las cuales muchos funcionarios públicos, que obedecen a intereses políticos o económicos muy particulares, se relacionan con autoridades corruptas, caciques o personajes siniestros, en una lógica de corrupción que viene creciendo desde las instituciones y desde el interior de las estructuras de gobierno.
El Estado, en muchos casos, no trata de ver la solución de diferentes problemas, sino que, al contrario, es quien los genera y solo actúa con la violencia institucional para mantener un control, por ello existen cientos de presos políticos en el país, asesinatos impunes, persecución y hostigamiento para quienes no estén de acuerdo con dichas políticas.
Se nos trata de engañar a través de los medios que se busca la institucionalidad, la justicia, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, pero en la realidad, los órganos que están para impartir justicia, protegen a delincuentes como Ulises Ruiz, Mario Marín o Enrique Peña Nieto, el Estado reprime y encarcela a los luchadores sociales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es solo un aparato al servicio del poder político y del dinero, que trata de frenar los reclamos de justicia, que no conmina a ninguna autoridad a respetar la ley y que avala totalmente la violencia y los crímenes de Estado.
Muestra de todo ello es que desde hace casi treinta años, los habitantes de la comunidad de San Pedro Yosotatú, perteneciente al municipio de Tlaxiaco, en la mixteca Oaxaqueña, vienen padeciendo toda una serie de abusos e injusticias, por parte de personajes de la misma comunidad, liderados por el cacique Andrés Castro García, financiados por instituciones de gobierno como la Secretaría de la Reforma Agraria y protegidos por las autoridades judiciales y por los desgobiernos federal y estatal.
Tan solo desde el año 2007 han sido asesinadas 9 personas, hechos que se relacionan a toda una serie de delitos perpetrados contra quienes defienden los intereses de la comunidad y se han opuesto a Andrés Castro. Esta situación ha sido utilizada por las autoridades judiciales y por los caciques, para amañar los procesos e inculpar a los mismos comuneros que, siendo los que viven bajo la amenaza constante de las agresiones, los asaltos y los asesinatos, también viven bajo la amenaza de ser detenidos y procesados por esos mismos delitos. Recientemente, el 24 de diciembre de 2007 fue asesinado el dirigente del ejido Placido Abraham López Castro y el 14 de enero de este año fue asesinado Joel García Castro, dirigentes ambos que habían emprendido la lucha en defensa de esta comunidad. Actualmente el clima que se vive en la comunidad es de constante zozobra y represión, sembrada por el mismo gobierno.
Por otro lado, pero enmarcado en la misma situación, se encuentra el caso particular del Municipio Autónomo de San Juan Copala, donde la amenaza de represión esta latente, ya que el gobierno y algunas organizaciones priístas quieren hacerlos ver ante la opinión pública como los principales responsables de la desaparición de dos jóvenes indígenas triquis: Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, con esto solo intentan preparar el terreno para realizar detenciones de líderes comunitarios y la militarización de la zona, como lo demuestran las ordenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros: José Ramírez Flores, actual Presidente del Municipio Autónomo y Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de nuestro pueblo y principal impulsor de la autonomía triqui, queriendo desaparecer con ello, uno de los esfuerzos de organización de los pueblos, en base a los principios comunitarios. Cabe aclarar que el Municipio Autónomo de San Juan Copala, se suma a la demanda de presentación con vida de las dos jóvenes triquis, como también a la demanda de presentación de Victorino Silva Hernández, que se investigue para dar con los responsables de estos hechos y exige el esclarecimiento y castigo a los culpables de los recientes asesinatos de Mario Marcelino Silva y de Modesto de Jesús Flores.
Otra de las manifestaciones de represión estatal tiene que ver directamente con las detenciones arbitrarias y con el constante hostigamiento hacia organizaciones y luchadores sociales como es el caso de los compañeros presos políticos de Santiago Xanica: Abraham Ramírez Vázquez, Noel García Cruz y Juventino García Cruz, quienes por defender los usos y costumbres y los recursos naturales de su comunidad, fueron detenidos el 15 de enero del 2005, como primer acto represivo de de Ulises Ruiz. Actualmente la comunidad de Santiago Xanica sufre un estado de sitio por parte de la policía estatal y una represión selectiva en contra de quienes siguen defendiendo su comunidad, tal es el caso del expreso político, César Luís Díaz, quien continua bajo proceso jurídico y bajo la constante amenaza de detención, junto con él se encuentran los casos de 8 compañer@s con órdenes de aprehensión, sumándole a esto, el constante hostigamiento contra el compañero de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Alejandro Cruz López, expreso y perseguido político del régimen de Ulises Ruiz.
También están los casos de los compañeros presos políticos del Comité de Defensa Ciudadana: Pedro Castillo Aragón, preso desde hace más de 5 años, acusado de delitos prefabricados por el gobierno, situación que jurídicamente reafirma su inocencia, así como los casos de Miguel Ángel García y Víctor Hugo Martínez Toledo, detenidos injustamente a raíz de la brutal represión contra el movimiento social, el 25 de noviembre del 2006 y el caso del compañero Catarino Torres Pereda, también perseguido político de la mafia ulisista.
Por otro lado, las agresiones también se siguen incrementando contra la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, como lo demuestran los casos recientes, en los que se les han integrado 42 órdenes de aprehensión, más cien que ya tenían integradas con anticipación y la detención arbitraria del compañero Miguel Juan Hilaria.
Todo esto se suma al clima de represión y de violencia oficial que ha prevalecido en Oaxaca y a los casos de los demás compañeros presos como los 12 indígenas de la región Loxicha, el caso de Isabel Almaraz Matías, de Gonzalo López Cortés, David Venegas Reyes, Adán Mejía López, Flavio Sosa Villavicencio, Jaciel Cruz Cruz y demás compañeros presos injustamente, no solo en Oaxaca, sino en todo el país.
Ante toda esta situación nos pronunciamos en contra de los crímenes y agravios cometidos a la comunidad de San Pedro Yosotatu, por el cacique Andrés García Castro, bajo la protección de Ulises Ruiz; por la presentación inmediata de Daniela Ortiz Ramírez, Virginia Ortiz Ramírez y Victorino Silva Hernández; contra el hostigamiento hacia la comunidad de San Juan Copala, contra el hostigamiento a los compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, contra el hostigamiento a los compañeros Cesar Luís Díaz, Alejandro Cruz López y Catarino Torres Pereda, por la libertad inmediata e incondicional a nuestros compañeros Pedro Castillo Aragón, Abraham Ramírez Vásquez, Juventino García Cruz, Noel García Cruz, Miguel Ángel García, Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Juan Hilaria, Miguel Ramírez Paz, Roberto Cárdenas Rosas y Reinaldo Martínez Álvarez y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia que hay en todo el país y que luchan por sus ideas. En contra del terrorismo oficial de los gobiernos, en contra de la impunidad a los asesinados políticos, por la presentación inmediata de todos los luchadores sociales desaparecidos, contra las agresiones constantes hacia las comunidades en resistencia y por el llamado amplio a todos los sectores sociales a detener estas injusticias.
A T E N T A M E N T E
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de Febrero del 2008
Autoridades municipales de San Pedro Yosotatu, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Colectivo Autónomo Magonista (CAMA), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Alianza Magonista Zapatista (AMZ), Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), Comité de Defensa de los Derechos Indígenas-Xanica (Codedi-Xanica), Unión de Organizaciones Indígenas de la Chinantla (UNORINCHI), Consejo de Organizaciones Indígenas y Productivas de Oaxaca AC (COIPAC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste, Grupo Solidario La Venta, Municipio Autónomo de San Juan Copala (MULTI).
Colectivo Autónomo Magonista (CAMA)
Página electrónica: http://espora.org/cama
Correos e lectrónicos:
camadf@yahoo.com.mx
cama@espora.org
csl_rfm@yahoo.com.mx
periodicoautonomia@yahoo.com.mx
cooperativa_culturalibre@yahoo.com.mx
Dirección provisional:
Cerrada de Londres, no. 14, int. 1, col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
(A unos pasos de la estación del metro Sevilla)
Dirección postal:
Cultura Libre de Servicios Educativos y Culturales S.C.
A.P. 6-664
C.P. 06200
México, D.F.
Colectivo Autónomo Magonista
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POR ESTO, HACEMOS UN LLAMADO A TODOS USTEDES, PARA QUE EN SU CALIDAD DE INFORMANTES, ACUDAN A LA CLAUSURA PACÍFICA Y SIMBÓLICA DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) PORQUE LOS DERECHOS HUMANOS HAN MUERTO (POR GASTRITIS), UBICADA EN PERIFERICO SUR NO 3469, COL SAN JERÓNIMO, DEL. MAGDALENA CONTRERAS.
EXIGIMOS:
¡EL CESE DE TODO ACTO DE HOSTIGAMIENTO, AGRESIÓN Y REPRESIÓN CONTRA LAS LUCHAS POPULARES DIGNAS Y JUSTAS DEL ESTADO DE OAXACA!
¡LA CANCELACIÓN INMEDIATA DE TODAS LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN GIRADAS CONTRA LUCHADORES SOCIALES, ASÍ COMO EL CESE A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
¡EL ESCLARECIMIENTO DE LOS ASESINOS, ASÍ COMO LA APARICIÓN CON VIDA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS!
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Los respectivos desgobiernos -calderonista, y ulisista en el estado de Oaxaca- se empeñan en mantener sus mecanismos de represión sistemática y de permanente violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Así lo demuestran los procesos de agresión indiscriminada contra la vida comunitaria de diferentes pueblos indígenas en Oaxaca y en muchas otras partes, situación que se sigue incrementando de manera preocupante.
Además de las políticas de robo y de saqueo, también la violencia, se desprende de las arcas del poder, desde las cuales muchos funcionarios públicos, que obedecen a intereses políticos o económicos muy particulares, se relacionan con autoridades corruptas, caciques o personajes siniestros, en una lógica de corrupción que viene creciendo desde las instituciones y desde el interior de las estructuras de gobierno.
El Estado, en muchos casos, no trata de ver la solución de diferentes problemas, sino que, al contrario, es quien los genera y solo actúa con la violencia institucional para mantener un control, por ello existen cientos de presos políticos en el país, asesinatos impunes, persecución y hostigamiento para quienes no estén de acuerdo con dichas políticas.
Se nos trata de engañar a través de los medios que se busca la institucionalidad, la justicia, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, pero en la realidad, los órganos que están para impartir justicia, protegen a delincuentes como Ulises Ruiz, Mario Marín o Enrique Peña Nieto, el Estado reprime y encarcela a los luchadores sociales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es solo un aparato al servicio del poder político y del dinero, que trata de frenar los reclamos de justicia, que no conmina a ninguna autoridad a respetar la ley y que avala totalmente la violencia y los crímenes de Estado.
Muestra de todo ello es que desde hace casi treinta años, los habitantes de la comunidad de San Pedro Yosotatú, perteneciente al municipio de Tlaxiaco, en la mixteca Oaxaqueña, vienen padeciendo toda una serie de abusos e injusticias, por parte de personajes de la misma comunidad, liderados por el cacique Andrés Castro García, financiados por instituciones de gobierno como la Secretaría de la Reforma Agraria y protegidos por las autoridades judiciales y por los desgobiernos federal y estatal.
Tan solo desde el año 2007 han sido asesinadas 9 personas, hechos que se relacionan a toda una serie de delitos perpetrados contra quienes defienden los intereses de la comunidad y se han opuesto a Andrés Castro. Esta situación ha sido utilizada por las autoridades judiciales y por los caciques, para amañar los procesos e inculpar a los mismos comuneros que, siendo los que viven bajo la amenaza constante de las agresiones, los asaltos y los asesinatos, también viven bajo la amenaza de ser detenidos y procesados por esos mismos delitos. Recientemente, el 24 de diciembre de 2007 fue asesinado el dirigente del ejido Placido Abraham López Castro y el 14 de enero de este año fue asesinado Joel García Castro, dirigentes ambos que habían emprendido la lucha en defensa de esta comunidad. Actualmente el clima que se vive en la comunidad es de constante zozobra y represión, sembrada por el mismo gobierno.
Por otro lado, pero enmarcado en la misma situación, se encuentra el caso particular del Municipio Autónomo de San Juan Copala, donde la amenaza de represión esta latente, ya que el gobierno y algunas organizaciones priístas quieren hacerlos ver ante la opinión pública como los principales responsables de la desaparición de dos jóvenes indígenas triquis: Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, con esto solo intentan preparar el terreno para realizar detenciones de líderes comunitarios y la militarización de la zona, como lo demuestran las ordenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros: José Ramírez Flores, actual Presidente del Municipio Autónomo y Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de nuestro pueblo y principal impulsor de la autonomía triqui, queriendo desaparecer con ello, uno de los esfuerzos de organización de los pueblos, en base a los principios comunitarios. Cabe aclarar que el Municipio Autónomo de San Juan Copala, se suma a la demanda de presentación con vida de las dos jóvenes triquis, como también a la demanda de presentación de Victorino Silva Hernández, que se investigue para dar con los responsables de estos hechos y exige el esclarecimiento y castigo a los culpables de los recientes asesinatos de Mario Marcelino Silva y de Modesto de Jesús Flores.
Otra de las manifestaciones de represión estatal tiene que ver directamente con las detenciones arbitrarias y con el constante hostigamiento hacia organizaciones y luchadores sociales como es el caso de los compañeros presos políticos de Santiago Xanica: Abraham Ramírez Vázquez, Noel García Cruz y Juventino García Cruz, quienes por defender los usos y costumbres y los recursos naturales de su comunidad, fueron detenidos el 15 de enero del 2005, como primer acto represivo de de Ulises Ruiz. Actualmente la comunidad de Santiago Xanica sufre un estado de sitio por parte de la policía estatal y una represión selectiva en contra de quienes siguen defendiendo su comunidad, tal es el caso del expreso político, César Luís Díaz, quien continua bajo proceso jurídico y bajo la constante amenaza de detención, junto con él se encuentran los casos de 8 compañer@s con órdenes de aprehensión, sumándole a esto, el constante hostigamiento contra el compañero de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Alejandro Cruz López, expreso y perseguido político del régimen de Ulises Ruiz.
También están los casos de los compañeros presos políticos del Comité de Defensa Ciudadana: Pedro Castillo Aragón, preso desde hace más de 5 años, acusado de delitos prefabricados por el gobierno, situación que jurídicamente reafirma su inocencia, así como los casos de Miguel Ángel García y Víctor Hugo Martínez Toledo, detenidos injustamente a raíz de la brutal represión contra el movimiento social, el 25 de noviembre del 2006 y el caso del compañero Catarino Torres Pereda, también perseguido político de la mafia ulisista.
Por otro lado, las agresiones también se siguen incrementando contra la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, como lo demuestran los casos recientes, en los que se les han integrado 42 órdenes de aprehensión, más cien que ya tenían integradas con anticipación y la detención arbitraria del compañero Miguel Juan Hilaria.
Todo esto se suma al clima de represión y de violencia oficial que ha prevalecido en Oaxaca y a los casos de los demás compañeros presos como los 12 indígenas de la región Loxicha, el caso de Isabel Almaraz Matías, de Gonzalo López Cortés, David Venegas Reyes, Adán Mejía López, Flavio Sosa Villavicencio, Jaciel Cruz Cruz y demás compañeros presos injustamente, no solo en Oaxaca, sino en todo el país.
Ante toda esta situación nos pronunciamos en contra de los crímenes y agravios cometidos a la comunidad de San Pedro Yosotatu, por el cacique Andrés García Castro, bajo la protección de Ulises Ruiz; por la presentación inmediata de Daniela Ortiz Ramírez, Virginia Ortiz Ramírez y Victorino Silva Hernández; contra el hostigamiento hacia la comunidad de San Juan Copala, contra el hostigamiento a los compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, contra el hostigamiento a los compañeros Cesar Luís Díaz, Alejandro Cruz López y Catarino Torres Pereda, por la libertad inmediata e incondicional a nuestros compañeros Pedro Castillo Aragón, Abraham Ramírez Vásquez, Juventino García Cruz, Noel García Cruz, Miguel Ángel García, Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Juan Hilaria, Miguel Ramírez Paz, Roberto Cárdenas Rosas y Reinaldo Martínez Álvarez y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia que hay en todo el país y que luchan por sus ideas. En contra del terrorismo oficial de los gobiernos, en contra de la impunidad a los asesinados políticos, por la presentación inmediata de todos los luchadores sociales desaparecidos, contra las agresiones constantes hacia las comunidades en resistencia y por el llamado amplio a todos los sectores sociales a detener estas injusticias.
A T E N T A M E N T E
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de Febrero del 2008
Autoridades municipales de San Pedro Yosotatu, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Colectivo Autónomo Magonista (CAMA), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Alianza Magonista Zapatista (AMZ), Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), Comité de Defensa de los Derechos Indígenas-Xanica (Codedi-Xanica), Unión de Organizaciones Indígenas de la Chinantla (UNORINCHI), Consejo de Organizaciones Indígenas y Productivas de Oaxaca AC (COIPAC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste, Grupo Solidario La Venta, Municipio Autónomo de San Juan Copala (MULTI).
Colectivo Autónomo Magonista (CAMA)
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C.P. 06200
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Ética, Legalidad y Cinismo
Milenio
Los mexicanos ya tocamos fondo.
El fondo del cinismo político.
Camilo Mouriño aceptó públicamente que los convenios de prestación de servicios que PEMEX celebró con Transportes Especializados Ivancar fueron firmados por él, y argumentó que tal acción cabía dentro de la legalidad y la ética.
¿A qué ética se refiere el hijo putativo de Felipe Calderón? ¿A qué componendas casuísticas se refiere Mouriño, para que su comportamiento se ajuste a la exigencia ética que le impone la sociedad a un funcionario público?
Seguramente a las mismas componendas que han sustentado la arraigada corrupción que ha distinguido a los regímenes revolucionarios y post revolucionarios.
Seguramente a las mismas componendas que se derivan de esa acomodaticia concepción de legalidad que tiene la clase política.
Los políticos se apoyan en los vacíos, en los faltantes y en las inconsistencias de la Constitución y de nuestras regulaciones para disfrazar sus crímenes, su inmoralidad, su falta de solidaridad con la sociedad que los encumbró en el poder.
Donde no hay faltantes es en el discurso tranquilizador de sus conciencias públicas, en la verborrea que asiste a “nuestros servidores” en su pertinente retórica que los deslinda de cualquier acusación de corrupción.
Pero dudo que la dinámica legislativa alcance a la creatividad de la corrupción pública; mientras que “el bien común no sea el principio y el fin ético de quien detenta el poder político”.
Es en ese sentido que no dudamos que el enriquecimiento acelerado de la familia del Secretario de Gobernación sea “legal”; no cuestionamos que “sean permitidos” los contratazos de obra pública que recibió, en enero del 2008, la compañía del “suegrazo”, superiores en dinero a todo lo que obtuvo el año pasado; no dudamos que una comisión investigadora “no encuentre pruebas” que inculpen jurídicamente al Delfín”.
Pero en lo que tampoco dudamos es en la ausencia de ética política en las acciones de Mouriño.
¿A qué ética se refiere? (aludiendo a que hay muchas), me peguntó el sábado un distinguido abogado. A la ética que nos dice que el enriquecimiento público es doblemente inmoral en un país con 50 millones de pobres; a la ética que necesitamos para lograr una gobernabilidad, que nos permita avanzar hacia mejores estadíos de bienestar social.
columnadragones
Los mexicanos ya tocamos fondo.
El fondo del cinismo político.
Camilo Mouriño aceptó públicamente que los convenios de prestación de servicios que PEMEX celebró con Transportes Especializados Ivancar fueron firmados por él, y argumentó que tal acción cabía dentro de la legalidad y la ética.
¿A qué ética se refiere el hijo putativo de Felipe Calderón? ¿A qué componendas casuísticas se refiere Mouriño, para que su comportamiento se ajuste a la exigencia ética que le impone la sociedad a un funcionario público?
Seguramente a las mismas componendas que han sustentado la arraigada corrupción que ha distinguido a los regímenes revolucionarios y post revolucionarios.
Seguramente a las mismas componendas que se derivan de esa acomodaticia concepción de legalidad que tiene la clase política.
Los políticos se apoyan en los vacíos, en los faltantes y en las inconsistencias de la Constitución y de nuestras regulaciones para disfrazar sus crímenes, su inmoralidad, su falta de solidaridad con la sociedad que los encumbró en el poder.
Donde no hay faltantes es en el discurso tranquilizador de sus conciencias públicas, en la verborrea que asiste a “nuestros servidores” en su pertinente retórica que los deslinda de cualquier acusación de corrupción.
Pero dudo que la dinámica legislativa alcance a la creatividad de la corrupción pública; mientras que “el bien común no sea el principio y el fin ético de quien detenta el poder político”.
Es en ese sentido que no dudamos que el enriquecimiento acelerado de la familia del Secretario de Gobernación sea “legal”; no cuestionamos que “sean permitidos” los contratazos de obra pública que recibió, en enero del 2008, la compañía del “suegrazo”, superiores en dinero a todo lo que obtuvo el año pasado; no dudamos que una comisión investigadora “no encuentre pruebas” que inculpen jurídicamente al Delfín”.
Pero en lo que tampoco dudamos es en la ausencia de ética política en las acciones de Mouriño.
¿A qué ética se refiere? (aludiendo a que hay muchas), me peguntó el sábado un distinguido abogado. A la ética que nos dice que el enriquecimiento público es doblemente inmoral en un país con 50 millones de pobres; a la ética que necesitamos para lograr una gobernabilidad, que nos permita avanzar hacia mejores estadíos de bienestar social.
columnadragones
Revela AMLO dos nuevos contratos otorgados a Mouriño
Anticipa López Obrador que los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista reúnen los 125 miembros que se necesitan para conformar una comisión investigadora del Congreso de la Unión
Jorge Octavio Ochoa
El Universal
Ciudad de México
Lunes 10 de marzo de 2008
11:57 Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana dos nuevos contratos que presuntamente involucran al actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con el delito de tráfico de influencias.
Además anticipó que los diputados y senadores de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) cuentan ya con los 125 miembros que se necesitan legalmente para conformar una comisión investigadora del Congreso de la Unión.
Indicó que el asunto es grave, pues además existe ya un acuerdo entre las cúpulas del PRI, PAN, gobierno de Calderón y secretaría de Gobernación para presentar un proyecto de reforma a las leyes secundarias en el sector energético el próximo 25 de marzo, durante el periodo vacacional de Semana Santa.
Dijo que este martes 11 de marzo, los legisladores del FAP iniciarán los trámites para formar la comisión.
Por otra parte, López Obrador también llamó al presidente, Felipe Calderón, para que “dé la cara” pues, dijo, como secretario de Energía fungió como presidente del Comité de Administración de Pemex y los contratos de Mouriño fueron firmados en esa época, entre el 2001 y 2004.
López Obrador también advirtió que el Gobierno Legítimo investigará sobre la compra de gas a la empresa española Repsol por 15 mil millones de dólares, que representan, dijo, más de año y medio del presupuesto del Gobierno del Distrito Federal.
Queremos saber, dijo, en cuánto compra el gas la empresa Repsol al gobierno de Perú, cuál es el costo del congelamiento del gas; cuánto cuesta embarcarlo y revenderlo a la Comisión federal de Electricidad (CFE).
López Obrador advirtió que Juan Camilo Mouriño viola el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, que establece que las dependencia y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias que se refiere esta ley con las personas siguientes:
Aquellas que en el sector público intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.
Los documentos fueron entregados en un CD de computadora y serán dados a conocer por EL UNIVERSAL más tarde.
Jorge Octavio Ochoa
El Universal
Ciudad de México
Lunes 10 de marzo de 2008
11:57 Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana dos nuevos contratos que presuntamente involucran al actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con el delito de tráfico de influencias.
Además anticipó que los diputados y senadores de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) cuentan ya con los 125 miembros que se necesitan legalmente para conformar una comisión investigadora del Congreso de la Unión.
Indicó que el asunto es grave, pues además existe ya un acuerdo entre las cúpulas del PRI, PAN, gobierno de Calderón y secretaría de Gobernación para presentar un proyecto de reforma a las leyes secundarias en el sector energético el próximo 25 de marzo, durante el periodo vacacional de Semana Santa.
Dijo que este martes 11 de marzo, los legisladores del FAP iniciarán los trámites para formar la comisión.
Por otra parte, López Obrador también llamó al presidente, Felipe Calderón, para que “dé la cara” pues, dijo, como secretario de Energía fungió como presidente del Comité de Administración de Pemex y los contratos de Mouriño fueron firmados en esa época, entre el 2001 y 2004.
López Obrador también advirtió que el Gobierno Legítimo investigará sobre la compra de gas a la empresa española Repsol por 15 mil millones de dólares, que representan, dijo, más de año y medio del presupuesto del Gobierno del Distrito Federal.
Queremos saber, dijo, en cuánto compra el gas la empresa Repsol al gobierno de Perú, cuál es el costo del congelamiento del gas; cuánto cuesta embarcarlo y revenderlo a la Comisión federal de Electricidad (CFE).
López Obrador advirtió que Juan Camilo Mouriño viola el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, que establece que las dependencia y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias que se refiere esta ley con las personas siguientes:
Aquellas que en el sector público intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios.
Los documentos fueron entregados en un CD de computadora y serán dados a conocer por EL UNIVERSAL más tarde.
¿Por qué es importante el Día Internacional de la Mujer?
Rubí de María Gómez Campos
Cambio de Michoacán
A todas mis hermanas,
de sangre y de espíritu.
Y a nuestras hijas.
Más allá del anecdotario feminista que atribuye a esta fecha muchas tribulaciones, como el abuso cometido en dos fábricas textiles
que -con muchos años de diferencia (casi un siglo)- sacrificaron la vida de muchas mujeres, hasta el «anuncio» de la Revolución Socialista y finalmente la resolución de la ONU que en 1975 recoge la propuesta de Clara Zetkin de definir el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer (Día Internacional de la Mujer Socialista era la propuesta y la celebración original), la declaración de la ONU sólo extiende la conmemoración del 8 de marzo más allá de las fronteras del socialismo, hasta cubrir todas las ideologías y los últimos rincones de la cultura.
La legitimidad que alcanzan las luchas y los objetivos feministas con este gesto resuelto de la Organización de las Naciones Unidas es el reconocimiento universal de la igualdad de derechos de las mujeres, y con ello el reconocimiento también de los hechos cruentos denunciados por las feministas durante varias décadas: en primer lugar la desigualdad simbólica existente entre mujeres y hombres, así como la certeza social de un hecho derivado: las brechas de desigualdad existentes en todas las clases y en todas las esferas de la sociedad.
La conmemoración del 8 de marzo también resalta la constatación de otro hecho significativamente profundo e hiriente que necesita ser transformado: la indiferencia social y el desconocimiento teórico de una suerte de estructuras ideológico-políticas y sociales capaces de manipular y deformar el sentido de las prácticas sociales y de la acción política en general. Esta patología social denunciada por las feministas como patriarcado y conocida vulgarmente como machismo se instala en lo más profundo de las ideologías y comienza por hacer invisible el hecho inhumano de la desigualdad entre hombres y mujeres.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer cuestiona así tanto el ilegítimo derecho a la predominancia del varón en la vida social (expresada en las prácticas y sostenida en la ideología machista), como el androcentrismo pertinaz de la cultura.
Ciertamente, el reconocimiento y la declaración oficial de este día han hecho que el 8 de marzo pase a ser uno más de los intentos del poder patriarcal por asimilar, desvirtuar y adaptar el sentido de esta fecha al status quo de la desigualdad, a través de su banalización: la comercialización del Día de la Mujer en los medios de comunicación masiva y la defensa de la desigualdad a través de celebraciones cursis de una «feminidad» predefinida convenientemente por el patriarcado.
Asimismo la sociedad patriarcal había adoptado excepcionalmente el ingreso de las mujeres en algunos espacios sociales a costa de eliminar de ellas cualquier vestigio de feminidad. Hasta en el título profesional se masculinizaba a las mujeres, a costa de romper las mismas reglas gramaticales; como la regla de la concordancia cuando todavía insisten algunos individuos e instituciones en decir: la arquitecto.
Sin aceptar el hecho irreductible de la diferencia sexual, pero a la vez usufructuando todo el provecho posible de ella, las mujeres han sido aceptadas e integradas en la cultura androcéntrica de dos maneras: o bien masculinizadas bajo la exigencia de adaptación a patrones y valores masculinos en sus prácticas cotidianas, o bien feminizadas bajo los parámetros de una organización de y para varones.
La otra tendencia a asimilar las luchas por la igualdad de las mujeres a la cultura patriarcal es aceptar e incluir la participación de ellas sólo en su «condición femenina» y sin que esto implique una plena transformación hacia la libertad de todos: lo que incluye aun el derecho a la diferencia simbólica de los sexos, tanto como a la igualdad política de ambos simultáneamente.
Es muy fácil. Lo que el mundo necesita no es más mujeres o más hombres, femeninos o masculinos, sino mejores seres humanos de los dos tipos. No tenemos que cambiar la tendencia sexual de cada cual, ni alterar nuestra identidad de género, sólo reconocer la diferencia sexual y establecer el equilibrio. Los instrumentos están allí: acuerdos y pactos internacionales, leyes, teorías, organismos; y en Michoacán existe hasta la voluntad del gobernador de hacer de la igualdad de derechos no convención social sino, realmente, política de Estado. Esto es lo que significa objetivamente la decisión de convertir el Instituto Michoacano de la Mujer en secretaría.
Celebremos pues este 8 de marzo de 2008 la legitimidad alcanzada, pero cuidemos y trabajemos para que la esencia de la conmemoración (con todo y sus mártires) no se pierda.
La lucha sigue...
Cambio de Michoacán
A todas mis hermanas,
de sangre y de espíritu.
Y a nuestras hijas.
Más allá del anecdotario feminista que atribuye a esta fecha muchas tribulaciones, como el abuso cometido en dos fábricas textiles
que -con muchos años de diferencia (casi un siglo)- sacrificaron la vida de muchas mujeres, hasta el «anuncio» de la Revolución Socialista y finalmente la resolución de la ONU que en 1975 recoge la propuesta de Clara Zetkin de definir el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer (Día Internacional de la Mujer Socialista era la propuesta y la celebración original), la declaración de la ONU sólo extiende la conmemoración del 8 de marzo más allá de las fronteras del socialismo, hasta cubrir todas las ideologías y los últimos rincones de la cultura.
La legitimidad que alcanzan las luchas y los objetivos feministas con este gesto resuelto de la Organización de las Naciones Unidas es el reconocimiento universal de la igualdad de derechos de las mujeres, y con ello el reconocimiento también de los hechos cruentos denunciados por las feministas durante varias décadas: en primer lugar la desigualdad simbólica existente entre mujeres y hombres, así como la certeza social de un hecho derivado: las brechas de desigualdad existentes en todas las clases y en todas las esferas de la sociedad.
La conmemoración del 8 de marzo también resalta la constatación de otro hecho significativamente profundo e hiriente que necesita ser transformado: la indiferencia social y el desconocimiento teórico de una suerte de estructuras ideológico-políticas y sociales capaces de manipular y deformar el sentido de las prácticas sociales y de la acción política en general. Esta patología social denunciada por las feministas como patriarcado y conocida vulgarmente como machismo se instala en lo más profundo de las ideologías y comienza por hacer invisible el hecho inhumano de la desigualdad entre hombres y mujeres.
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer cuestiona así tanto el ilegítimo derecho a la predominancia del varón en la vida social (expresada en las prácticas y sostenida en la ideología machista), como el androcentrismo pertinaz de la cultura.
Ciertamente, el reconocimiento y la declaración oficial de este día han hecho que el 8 de marzo pase a ser uno más de los intentos del poder patriarcal por asimilar, desvirtuar y adaptar el sentido de esta fecha al status quo de la desigualdad, a través de su banalización: la comercialización del Día de la Mujer en los medios de comunicación masiva y la defensa de la desigualdad a través de celebraciones cursis de una «feminidad» predefinida convenientemente por el patriarcado.
Asimismo la sociedad patriarcal había adoptado excepcionalmente el ingreso de las mujeres en algunos espacios sociales a costa de eliminar de ellas cualquier vestigio de feminidad. Hasta en el título profesional se masculinizaba a las mujeres, a costa de romper las mismas reglas gramaticales; como la regla de la concordancia cuando todavía insisten algunos individuos e instituciones en decir: la arquitecto.
Sin aceptar el hecho irreductible de la diferencia sexual, pero a la vez usufructuando todo el provecho posible de ella, las mujeres han sido aceptadas e integradas en la cultura androcéntrica de dos maneras: o bien masculinizadas bajo la exigencia de adaptación a patrones y valores masculinos en sus prácticas cotidianas, o bien feminizadas bajo los parámetros de una organización de y para varones.
La otra tendencia a asimilar las luchas por la igualdad de las mujeres a la cultura patriarcal es aceptar e incluir la participación de ellas sólo en su «condición femenina» y sin que esto implique una plena transformación hacia la libertad de todos: lo que incluye aun el derecho a la diferencia simbólica de los sexos, tanto como a la igualdad política de ambos simultáneamente.
Es muy fácil. Lo que el mundo necesita no es más mujeres o más hombres, femeninos o masculinos, sino mejores seres humanos de los dos tipos. No tenemos que cambiar la tendencia sexual de cada cual, ni alterar nuestra identidad de género, sólo reconocer la diferencia sexual y establecer el equilibrio. Los instrumentos están allí: acuerdos y pactos internacionales, leyes, teorías, organismos; y en Michoacán existe hasta la voluntad del gobernador de hacer de la igualdad de derechos no convención social sino, realmente, política de Estado. Esto es lo que significa objetivamente la decisión de convertir el Instituto Michoacano de la Mujer en secretaría.
Celebremos pues este 8 de marzo de 2008 la legitimidad alcanzada, pero cuidemos y trabajemos para que la esencia de la conmemoración (con todo y sus mártires) no se pierda.
La lucha sigue...
Después de Mouriño
Manuel Camacho Solís
Felipe Calderón está en una encrucijada. Ante el desgaste de Mouriño y la dificultad de la reforma energética, si se empecina en seguir por la ruta preconcebida, podría llevar al país a desenlaces autoritarios y a una crisis política.
Apostó todo su capital político a una reforma para abrir Pemex a la inversión extranjera y, para impulsarla, nombró secretario de Gobernación a Juan Camilo Mouriño. Su jefe de gabinete quedó descalificado por mezclar la política con los negocios familiares y porque, al enfrentar la crisis de comunicación que se desató, ha demostrado que no tiene los conocimientos, la resistencia política y la tolerancia necesarias para ocupar ese cargo. Después de reconocer que, siendo funcionario público, firmó contratos a favor de las empresas de su familia, todavía se atreve a decir que “me atacan porque quieren dañar al país, no quieren que México avance”.
De manera simultánea, la reforma energética enfrenta ahora obstáculos de mayor envergadura a los que había previsto el gobierno. La Constitución, en sus artículos 27 y 28, no permite la inversión privada en las áreas reservadas. Sólo mediante una reforma constitucional se podrían abrir éstas a la inversión extranjera. No pueden establecerse alianzas estratégicas para explotar las aguas profundas.
Emprender el camino de reformar la Constitución, por la vía legalmente falsificada de cambiar las leyes secundarias, y sin un diálogo nacional auténtico, no haría sino debilitar el sustento constitucional del gobierno y generar incertidumbre en los inversionistas, en un asunto que se mantendría candente por un largo tiempo.
El propio Felipe Calderón ha coincidido con esta interpretación constitucional. En el Senado, como secretario de Energía de Fox, y con motivo de la reforma eléctrica, sostuvo: “Es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión. La adecuación de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica a la inversión”. “Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores”.
Felipe Calderón no previó la reacción del PRI. Daba por sentado su respaldo pronto y pleno. No calculó que la reforma tendría un alto costo electoral para el PRI. No le dijeron que sus Estatutos y el Programa de Acción habían sido de nuevo reformados conforme a la tradición constitucional: “En materia energética, (el PRI) se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos (…); postula la soberanía sobre el recurso y su control eficaz, por el pueblo, para supeditar todo género de intereses al superior de la nación”. Para reformar sus documentos básicos, el PRI tiene que ir a una Asamblea Nacional (completamente inoportuna para el gobierno). El gobierno no previó, tampoco, que en el PRI no hay consenso y que, un acuerdo cupular subrepticio, dividiría sus votos.
En cambio, Calderón sí previó que la izquierda y AMLO se opondrían, e incluso estuvo dispuesto a pagar el costo de un cierto nivel de agitación social que, en su momento, buscaría capitalizar a su favor. Pero no previó que las encuestas mostraban una alta disposición a las movilizaciones fuertes que encabece AMLO, sobre todo en los estados petroleros y la capital.
Felipe Calderón está en una encrucijada. Ha optado por continuar con su plan A, consistente en mantener a Mouriño en Gobernación y abrir Pemex a la inversión extranjera en aguas profundas y otras áreas estratégicas. Su plan A, ya no es viable. Si quita a Mouriño, malo; si lo deja, peor. Si desiste de la reforma energética, malo; si se empecina y no la logra, peor.
Sólo un golpe de timón lo puede sacar del acorralamiento. Para evitar una crisis política mayor y el estancamiento de Pemex, la solución es recomponer su gabinete y optar por un plan B a favor de la empresa pública. ¿Puede hacerlo con los compromisos que él adquirió?
Felipe Calderón está en una encrucijada. Ante el desgaste de Mouriño y la dificultad de la reforma energética, si se empecina en seguir por la ruta preconcebida, podría llevar al país a desenlaces autoritarios y a una crisis política.
Apostó todo su capital político a una reforma para abrir Pemex a la inversión extranjera y, para impulsarla, nombró secretario de Gobernación a Juan Camilo Mouriño. Su jefe de gabinete quedó descalificado por mezclar la política con los negocios familiares y porque, al enfrentar la crisis de comunicación que se desató, ha demostrado que no tiene los conocimientos, la resistencia política y la tolerancia necesarias para ocupar ese cargo. Después de reconocer que, siendo funcionario público, firmó contratos a favor de las empresas de su familia, todavía se atreve a decir que “me atacan porque quieren dañar al país, no quieren que México avance”.
De manera simultánea, la reforma energética enfrenta ahora obstáculos de mayor envergadura a los que había previsto el gobierno. La Constitución, en sus artículos 27 y 28, no permite la inversión privada en las áreas reservadas. Sólo mediante una reforma constitucional se podrían abrir éstas a la inversión extranjera. No pueden establecerse alianzas estratégicas para explotar las aguas profundas.
Emprender el camino de reformar la Constitución, por la vía legalmente falsificada de cambiar las leyes secundarias, y sin un diálogo nacional auténtico, no haría sino debilitar el sustento constitucional del gobierno y generar incertidumbre en los inversionistas, en un asunto que se mantendría candente por un largo tiempo.
El propio Felipe Calderón ha coincidido con esta interpretación constitucional. En el Senado, como secretario de Energía de Fox, y con motivo de la reforma eléctrica, sostuvo: “Es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión. La adecuación de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica a la inversión”. “Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores”.
Felipe Calderón no previó la reacción del PRI. Daba por sentado su respaldo pronto y pleno. No calculó que la reforma tendría un alto costo electoral para el PRI. No le dijeron que sus Estatutos y el Programa de Acción habían sido de nuevo reformados conforme a la tradición constitucional: “En materia energética, (el PRI) se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos (…); postula la soberanía sobre el recurso y su control eficaz, por el pueblo, para supeditar todo género de intereses al superior de la nación”. Para reformar sus documentos básicos, el PRI tiene que ir a una Asamblea Nacional (completamente inoportuna para el gobierno). El gobierno no previó, tampoco, que en el PRI no hay consenso y que, un acuerdo cupular subrepticio, dividiría sus votos.
En cambio, Calderón sí previó que la izquierda y AMLO se opondrían, e incluso estuvo dispuesto a pagar el costo de un cierto nivel de agitación social que, en su momento, buscaría capitalizar a su favor. Pero no previó que las encuestas mostraban una alta disposición a las movilizaciones fuertes que encabece AMLO, sobre todo en los estados petroleros y la capital.
Felipe Calderón está en una encrucijada. Ha optado por continuar con su plan A, consistente en mantener a Mouriño en Gobernación y abrir Pemex a la inversión extranjera en aguas profundas y otras áreas estratégicas. Su plan A, ya no es viable. Si quita a Mouriño, malo; si lo deja, peor. Si desiste de la reforma energética, malo; si se empecina y no la logra, peor.
Sólo un golpe de timón lo puede sacar del acorralamiento. Para evitar una crisis política mayor y el estancamiento de Pemex, la solución es recomponer su gabinete y optar por un plan B a favor de la empresa pública. ¿Puede hacerlo con los compromisos que él adquirió?
Que informe Pemex sobre Mouriño
FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
PULSO POLÍTICO
Solicitará FAP informe a Pemex sobre Mouriño
¿Cuántas gasolinerías dio Fox a su familia?
Senadores y diputados de los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista presentarán mañana martes un punto de acuerdo en sus respectivas Cámaras para solicitar a Petróleos Mexicanos que rinda un informe pormenorizado sobre cuántas gasolinerias tenía la empresa familiar del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, hasta antes de septiembre de 2000 y cuántas más le fueron autorizadas durante el gobierno de Vicente Fox.
Con esa solicitud, los legisladores de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, esperan saber los beneficios que obtuvo de la paraestatal durante todo ese tiempo en que el joven encargado de la política interior del país fue diputado federal, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de esa misma dependencia.
Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del sol azteca en la Cámara de Senadores, anticipó esa nueva acción contra Mouriño que se hará de forma conjunta en las sesiones que habrá mañana en la vieja casona de Xicoténcatl 9 y en San Lázaro, en las que el jueves pasado se propuso crear las dos comisiones camarales para que indaguen la presunta responsabilidad del funcionario que como apoderado de la empresa de su familia firmó un contrato que Pemex le adjudicó a ésta cuando ocupó cargos legislativo y público, con lo que presuntamente incurrió en tráfico de influencias.
La noche del jueves pasado en el noticiario nocturno de Joaquín López Dóriga, en Televisa, Mouriño inició un peregrinar por algunos medios de comunicación “para dar la cara” y responder a la imputación que le han hecho Andrés Manuel López Obrador y el FAP y por primera vez desde el domingo 24 de febrero, cuando en una concentración perredista frente a la Torre de Pemex, el secretario de Gobernación aceptó haber suscrito ese contrato, asegurando que “todo fue legal” y que quienes lo acusan de manera “dolosa” son “los enemigos de que México no avance” y que lo que pretenden es “debilitar el gobierno del presidente Calderón”.
De inmediato, la dirigencia del PRD y el mismo tabasqueño le replicaron: una, involucrando a César Nava, secretario particular del presidente Calderón de haber participado en esa operación para favorecer a la familia Mouriño y otro, exigiéndole a éste que después de aceptar que sí firmó el contrato, demuestre que no incurrió en el tráfico de influencias. Además, López Obrador pidió que también el Ejecutivo federal sea investigado para determinar si estuvo enterado y de acuerdo en su momento con el proceder de aquel. Nava, quien era director jurídico de Pemex en aquellos años, se apresuró a deslindarse del caso al afirmar que ni intervino ni favoreció a la familia del hoy titular de Gobernación.
El jueves de la semana pasada, los legisladores perredistas, petistas y convergentes, cuyos partidos integran el FAP, propusieron ante los plenos de sus respectivas cámaras la creación de esas comisiones que en principio apoyaron los priísta pero que luego dieron marcha atrás sorpresivamente arguyendo que el Congreso de la Unión no es ni Ministerio Público ni Secretaría de la Función Pública, ni tampoco Procuraduría General de la República, que son las instancias legales a las que los acusadores de Mouriño deben acudir.
De esa manera, tanto Manlio Fabio Beltrones como Emilio Gamboa, líderes de los senadores y diputados del tricolor, le tendieron un manto protector al titular de Gobernación, tras una conversación a puerta cerrada que por separado sostuvieron con él –lo que el FAP y quien fuera su candidato presidencial hace dos años, Andrés Manuel López Obrador, coincidieron en calificar de “vergonzosa reculada”– ignorando lo que establece el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución.
Y peor aún, como si no supieran que el sexenio pasado y en lo que va del actual, las denuncias contra ex funcionarios y funcionarios panistas, presentadas en la SFP y en la PGR, suelen acabar con la exoneración de los presuntos responsables en casos que la opinión pública tiene muy frescos en la memoria razón por la cual el coordinador parlamentario del sol azteca en el Senado, Carlos Navarrete, explicó que se optó por la vía legislativa.
El artículo 93 constitucional, referente a que los secretarios de Despacho y los jefes de los Departamentos Administrativos, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos, para lo cual podrán ser citados a comparecer y en el párrafo tercero establece que “las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal”. Habrá que esperar, pues, a mañana para saber hasta dónde se puede y se quiere llegar.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
De acuerdo con los reportes recibidos anoche de las elecciones generales en España, el Partido Sociaista Obrero Español proclamó su victoria sobre el Partido Popular, con lo que el actual mandatario de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, fue reelecto para continuar cuatro años más en el cargo… Además, los candidatos del PSOE a acceder a las 350 curules del congreso, también lograron una clara ventaja sobre el PP que postuló a Mariano Rajoy y que desde los debates que sostuvo con Rodríguez Zapatero perdió terreno, lo que así se confirmó ayer en las urnas… La muerte de varios estudiantes universitarios que se hallaban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia bombardeado por el gobierno de ese país en territorio de Ecuador, empezaron a revelar que las versiones de que éstas han logrado de tiempo atrás infiltrarse en algunas universidades de nuestro país, tienen visos de autenticidad… Eso, de paso, motiva que en el conflicto diplomático Ecuador-Colombia, que logró ser superada durante la reciente Cumbre del Grupo de Río celebrada en Santo Domingo –no obstante el agarrón verbal entre los presidentes de esos países, Rafael Correa y Alvaro Uribe, que acabaron despidiéndose de mano– haya intentos de involucrar a México… Las preguntas del cómo llegaron, a qué fueron y quién o quiénes mandaron a esos estudiantes de la UNAM a unirse a las FARC que resultaron muertos, siguen sin ser respondidas de manera fehaciente de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores… Hay versiones de que esos jóvenes mexicanos fueron a “adiestrarse” en la guerrilla colombiana en la elaboración y uso de explosivos y en diversas tácticas y estrategias para aplicarles aquí, aunque los familiares de las víctimas lo rechazan de manera rotunda… Más aún, Ricardo Monreal, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, declaró ayer que esas versiones, que se atribuyen a miembros de los gobiernos de los países en conflicto, deben ser probadas por éstos porque si no todo serán meras especulaciones… Preguntó el legislador perredista ¿cuál habría sido la reacción de algunos gobiernos extranjeros si en los breves enfrentamientos registrados entre fuerzas militares y el EZLN en enero de 1994 en Chiapas, algunos de sus ciudadanos hubieran muerto?... Monreal estima que antes de tratar de mediar en ese conflicto, el gobierno mexicano debe condenar enérgicamente la incursión de las tropas colombianas en Ecuador y demandar una respuesta resarcitoria y satisfactoria para las familias de los mexicanos muertos… De lo contrario, dijo, se estaría haciendo cómplice de este agravio diplomático y militar… A su vez, Carlos Navarrete, líder de los senadores perredistas, espera que el gobierno mexicano tenga toda la información de lo ocurrido y cuando así sea, la Cámara Alta se la requeriría a la cancillería mexicana… “Espero que no tengamos que lamentar ninguna actividad foránea de grupos armados y que seamos muy cuidadosos en preservar a las instituciones mexicanas como la UNAM”, agregó el legislador guanajuatense… Jorge Islas, Ruperto Patiño Manfer y Carlos Quintana Roldán, integran la terna de la que la Junta de Gobierno de la UNAM elegirá al nuevo director de la Facultad de Derecho en sustitución de Fernando Serrano Migallón… Islas fue abogado general de la institución con Juan Ramón de la Fuente en la rectoría; Patiño Manfer es jefe de la División de Estudios de Postgrado y Quintana Roldán un ameritado maestro de la Facultad…Con la intención de que el conflicto agropecuario originado por la apertura de la frontera a productos de Estados Unidos y Canadá, pueda tener visos de una solución real, la diputación del PRI convocará a un encuentro con los secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, y Economía, Eduardo Sojo… Esa reunión, según informó el priísta Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura, podría prolongarse hasta tres días y a ella serán convocados los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, funcionarios de los gobiernos estatales y dirigentes de organizaciones campesinas y agrícolas… Sin embargo, de parte de éstos, persiste su posición de no reunirse con el titular de Agricultura, al que desconocen como interlocutor válido poor el comportamiento desdeñoso que ha tenido con ellos… Foro internacional “Pemex a la luz de la experiencia de Petrobras y Petróleos de Venezuela”, pasado mañana miércoles en San Lázaro, convocado por el Frente Amplio Progresista, uno de cuyos diputados, Cuauhtémoc Velasco, de Convergencia, será el moderador… Gerardo Fernández Noroña, secretario de Comunicación del PRD, no le quita el guante de la cara al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y a su familia y ayer aseguró que en las elecciones generales de España, aunque el voto es secreto, sus padres deben haber votado por el candidato presidencial del Partido Popular, Mariano Rajoy…
PULSO POLÍTICO
Solicitará FAP informe a Pemex sobre Mouriño
¿Cuántas gasolinerías dio Fox a su familia?
Senadores y diputados de los partidos que conforman el Frente Amplio Progresista presentarán mañana martes un punto de acuerdo en sus respectivas Cámaras para solicitar a Petróleos Mexicanos que rinda un informe pormenorizado sobre cuántas gasolinerias tenía la empresa familiar del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, hasta antes de septiembre de 2000 y cuántas más le fueron autorizadas durante el gobierno de Vicente Fox.
Con esa solicitud, los legisladores de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, esperan saber los beneficios que obtuvo de la paraestatal durante todo ese tiempo en que el joven encargado de la política interior del país fue diputado federal, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de esa misma dependencia.
Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del sol azteca en la Cámara de Senadores, anticipó esa nueva acción contra Mouriño que se hará de forma conjunta en las sesiones que habrá mañana en la vieja casona de Xicoténcatl 9 y en San Lázaro, en las que el jueves pasado se propuso crear las dos comisiones camarales para que indaguen la presunta responsabilidad del funcionario que como apoderado de la empresa de su familia firmó un contrato que Pemex le adjudicó a ésta cuando ocupó cargos legislativo y público, con lo que presuntamente incurrió en tráfico de influencias.
La noche del jueves pasado en el noticiario nocturno de Joaquín López Dóriga, en Televisa, Mouriño inició un peregrinar por algunos medios de comunicación “para dar la cara” y responder a la imputación que le han hecho Andrés Manuel López Obrador y el FAP y por primera vez desde el domingo 24 de febrero, cuando en una concentración perredista frente a la Torre de Pemex, el secretario de Gobernación aceptó haber suscrito ese contrato, asegurando que “todo fue legal” y que quienes lo acusan de manera “dolosa” son “los enemigos de que México no avance” y que lo que pretenden es “debilitar el gobierno del presidente Calderón”.
De inmediato, la dirigencia del PRD y el mismo tabasqueño le replicaron: una, involucrando a César Nava, secretario particular del presidente Calderón de haber participado en esa operación para favorecer a la familia Mouriño y otro, exigiéndole a éste que después de aceptar que sí firmó el contrato, demuestre que no incurrió en el tráfico de influencias. Además, López Obrador pidió que también el Ejecutivo federal sea investigado para determinar si estuvo enterado y de acuerdo en su momento con el proceder de aquel. Nava, quien era director jurídico de Pemex en aquellos años, se apresuró a deslindarse del caso al afirmar que ni intervino ni favoreció a la familia del hoy titular de Gobernación.
El jueves de la semana pasada, los legisladores perredistas, petistas y convergentes, cuyos partidos integran el FAP, propusieron ante los plenos de sus respectivas cámaras la creación de esas comisiones que en principio apoyaron los priísta pero que luego dieron marcha atrás sorpresivamente arguyendo que el Congreso de la Unión no es ni Ministerio Público ni Secretaría de la Función Pública, ni tampoco Procuraduría General de la República, que son las instancias legales a las que los acusadores de Mouriño deben acudir.
De esa manera, tanto Manlio Fabio Beltrones como Emilio Gamboa, líderes de los senadores y diputados del tricolor, le tendieron un manto protector al titular de Gobernación, tras una conversación a puerta cerrada que por separado sostuvieron con él –lo que el FAP y quien fuera su candidato presidencial hace dos años, Andrés Manuel López Obrador, coincidieron en calificar de “vergonzosa reculada”– ignorando lo que establece el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución.
Y peor aún, como si no supieran que el sexenio pasado y en lo que va del actual, las denuncias contra ex funcionarios y funcionarios panistas, presentadas en la SFP y en la PGR, suelen acabar con la exoneración de los presuntos responsables en casos que la opinión pública tiene muy frescos en la memoria razón por la cual el coordinador parlamentario del sol azteca en el Senado, Carlos Navarrete, explicó que se optó por la vía legislativa.
El artículo 93 constitucional, referente a que los secretarios de Despacho y los jefes de los Departamentos Administrativos, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos, para lo cual podrán ser citados a comparecer y en el párrafo tercero establece que “las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal”. Habrá que esperar, pues, a mañana para saber hasta dónde se puede y se quiere llegar.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
De acuerdo con los reportes recibidos anoche de las elecciones generales en España, el Partido Sociaista Obrero Español proclamó su victoria sobre el Partido Popular, con lo que el actual mandatario de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, fue reelecto para continuar cuatro años más en el cargo… Además, los candidatos del PSOE a acceder a las 350 curules del congreso, también lograron una clara ventaja sobre el PP que postuló a Mariano Rajoy y que desde los debates que sostuvo con Rodríguez Zapatero perdió terreno, lo que así se confirmó ayer en las urnas… La muerte de varios estudiantes universitarios que se hallaban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia bombardeado por el gobierno de ese país en territorio de Ecuador, empezaron a revelar que las versiones de que éstas han logrado de tiempo atrás infiltrarse en algunas universidades de nuestro país, tienen visos de autenticidad… Eso, de paso, motiva que en el conflicto diplomático Ecuador-Colombia, que logró ser superada durante la reciente Cumbre del Grupo de Río celebrada en Santo Domingo –no obstante el agarrón verbal entre los presidentes de esos países, Rafael Correa y Alvaro Uribe, que acabaron despidiéndose de mano– haya intentos de involucrar a México… Las preguntas del cómo llegaron, a qué fueron y quién o quiénes mandaron a esos estudiantes de la UNAM a unirse a las FARC que resultaron muertos, siguen sin ser respondidas de manera fehaciente de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores… Hay versiones de que esos jóvenes mexicanos fueron a “adiestrarse” en la guerrilla colombiana en la elaboración y uso de explosivos y en diversas tácticas y estrategias para aplicarles aquí, aunque los familiares de las víctimas lo rechazan de manera rotunda… Más aún, Ricardo Monreal, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, declaró ayer que esas versiones, que se atribuyen a miembros de los gobiernos de los países en conflicto, deben ser probadas por éstos porque si no todo serán meras especulaciones… Preguntó el legislador perredista ¿cuál habría sido la reacción de algunos gobiernos extranjeros si en los breves enfrentamientos registrados entre fuerzas militares y el EZLN en enero de 1994 en Chiapas, algunos de sus ciudadanos hubieran muerto?... Monreal estima que antes de tratar de mediar en ese conflicto, el gobierno mexicano debe condenar enérgicamente la incursión de las tropas colombianas en Ecuador y demandar una respuesta resarcitoria y satisfactoria para las familias de los mexicanos muertos… De lo contrario, dijo, se estaría haciendo cómplice de este agravio diplomático y militar… A su vez, Carlos Navarrete, líder de los senadores perredistas, espera que el gobierno mexicano tenga toda la información de lo ocurrido y cuando así sea, la Cámara Alta se la requeriría a la cancillería mexicana… “Espero que no tengamos que lamentar ninguna actividad foránea de grupos armados y que seamos muy cuidadosos en preservar a las instituciones mexicanas como la UNAM”, agregó el legislador guanajuatense… Jorge Islas, Ruperto Patiño Manfer y Carlos Quintana Roldán, integran la terna de la que la Junta de Gobierno de la UNAM elegirá al nuevo director de la Facultad de Derecho en sustitución de Fernando Serrano Migallón… Islas fue abogado general de la institución con Juan Ramón de la Fuente en la rectoría; Patiño Manfer es jefe de la División de Estudios de Postgrado y Quintana Roldán un ameritado maestro de la Facultad…Con la intención de que el conflicto agropecuario originado por la apertura de la frontera a productos de Estados Unidos y Canadá, pueda tener visos de una solución real, la diputación del PRI convocará a un encuentro con los secretarios de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, y Economía, Eduardo Sojo… Esa reunión, según informó el priísta Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura, podría prolongarse hasta tres días y a ella serán convocados los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, funcionarios de los gobiernos estatales y dirigentes de organizaciones campesinas y agrícolas… Sin embargo, de parte de éstos, persiste su posición de no reunirse con el titular de Agricultura, al que desconocen como interlocutor válido poor el comportamiento desdeñoso que ha tenido con ellos… Foro internacional “Pemex a la luz de la experiencia de Petrobras y Petróleos de Venezuela”, pasado mañana miércoles en San Lázaro, convocado por el Frente Amplio Progresista, uno de cuyos diputados, Cuauhtémoc Velasco, de Convergencia, será el moderador… Gerardo Fernández Noroña, secretario de Comunicación del PRD, no le quita el guante de la cara al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y a su familia y ayer aseguró que en las elecciones generales de España, aunque el voto es secreto, sus padres deben haber votado por el candidato presidencial del Partido Popular, Mariano Rajoy…
Más denuncias
* Para ratificar que Juan Camilo Mouriño SI incurrió en tráfico de influencias, Andrés Manuel López Obrador dice desde Guerrero que presentará en breve nuevos contratos que demuestran que el ahora secretario de Gobernación espurio hizo negocios familiares al amparo del poder público
* NO descarta interponer denuncia penal contra el español / Una desfachatez de Mouriño diga que nada tuvo que ver / Reitera iniciativa de realizar auditorías a PEMEX, CFE y al sector energético / Alcahuetería de Beltrones y Gamboa
“Tengo más documentos y otros contratos, para que se haga una investigación a fondo en el sector energético, porque sostengo que Mouriño es traficante de influencias”, puntualizó Andrés Manuel.
APAXTLA DE CASTREJON, Guerrero, 9 de marzo (REDACCION).- Para ratificar que Juan Camilo Mouriño incurrió en tráfico de influencias, Andrés Manuel López Obrador informó que presentará en breve nuevos contratos que demuestran que el ahora secretario de Gobernación hizo negocios familiares al amparo del poder público.
“Tengo más documentos y otros contratos, para que se haga una investigación a fondo en el sector energético, porque sostengo que Mouriño es traficante de influencias”, puntualizó.
En el tercer día de recorrido por Guerrero, hizo énfasis en que el gobierno usurpador de Felipe Calderón y una minoría rapaz quieren privatizar Petróleos Mexicanos, para “montarse en el negocio del petróleo”.
Juan Camilo Mouriño, Felipe Calderón, César Nava –secretario particular de Calderón-, Alfredo Elías Ayub –director de la Comisión Federal de Electricidad- y Dionisio Pérez Jácome –subsecretario de Ingresos de Hacienda- integran un grupo que ha saqueado a la Secretaría de Energía y al sector energético, afirmó el presidente legítimo de México.
Ahora, expresó, “con mucha desfachatez, el señor Mouriño dice que no tiene nada que ver con la Secretaría de Energía, cuando él fue asesor de Calderón, ni con PEMEX. Sólo le recuerdo que el presidente del Consejo de Administración de Pemex en ese entonces era Felipe Calderón y Mouriño era asesor del propio Calderón”.
Indicó que es lamentable el papel de alcahuete que desempeñan los priistas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón al proteger a Juan Camilo Mouriño, porque en un principio aceptaron la propuesta de creación de una comisión investigadora en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero “se echaron para atrás” después de reunirse con el secretario de Gobernación.
Aunque Gamboa y Beltrones hayan desistido, aclaró que el PRD cuenta con los votos suficientes para que se realice una investigación a fondo del tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación del gobierno usurpador y una auditoria al sector energético.
El Presidente Legítimo no descartó acudir a la Procuraduría General de la República a presentar una demanda penal en contra de Juan Camilo Mouriño, pero primero es necesario que se lleve a cabo una auditoria a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad.
Aclaró que no cuestiona el origen de nacimiento del secretario de Gobernación y no cuestionará la nacionalidad de la mamá de Mouriño, porque “lo que nos importa es que es un traficante de influencias y que se ha hecho rico al amparo del poder público”.
En los municipios de Apaxtla de Castrejón, Cutzala del Progreso, Cocula y Chichihualco, Andrés Manuel López Obrador alertó que cuenta con información de que los legisladores del PRI y el PAN van a presentar, después de Semana Santa, una iniciativa de reforma al sector energético.
“El PRIAN –detalló-- quiere presentar el martes siguiente de la Semana Santa, no sólo la iniciativa de ley, sino el dictamen para sacar la reforma vía fast track, es decir, quieren hacerlo rápido como hicieron con la reforma a la ley del ISSSTE”.
Pero advirtió: “Ya vamos a estar velando, vamos a estar pendientes, porque cuando presenten esa iniciativa de reforma al sector energético, arrancará el movimiento de resistencia civil pacífica en todo el país y, si es necesario, haremos un paro nacional”.
Los panistas, insistió, quieren repartirse el negocio de los energéticos y “ahora quieren repartirse el petróleo y repartirse en lotes el Golfo de México”.
Ahora los vendepatrias, con un mensaje de 5 minutos, pretenden convencer a la gente de que “hay un tesoro escondido y que tenemos que ir por él y para ello tenemos que asociarnos con empresas, pero ni ahora, ni nunca, los mexicanos permitiremos la entrega del energético”, precisó.
Invitó a lo guerrerenses a asistir el próximo 18 de marzo, a las 17 horas, al Zócalo de la Ciudad de México a la asamblea nacional para conmemorar el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera.
* NO descarta interponer denuncia penal contra el español / Una desfachatez de Mouriño diga que nada tuvo que ver / Reitera iniciativa de realizar auditorías a PEMEX, CFE y al sector energético / Alcahuetería de Beltrones y Gamboa
“Tengo más documentos y otros contratos, para que se haga una investigación a fondo en el sector energético, porque sostengo que Mouriño es traficante de influencias”, puntualizó Andrés Manuel.
APAXTLA DE CASTREJON, Guerrero, 9 de marzo (REDACCION).- Para ratificar que Juan Camilo Mouriño incurrió en tráfico de influencias, Andrés Manuel López Obrador informó que presentará en breve nuevos contratos que demuestran que el ahora secretario de Gobernación hizo negocios familiares al amparo del poder público.
“Tengo más documentos y otros contratos, para que se haga una investigación a fondo en el sector energético, porque sostengo que Mouriño es traficante de influencias”, puntualizó.
En el tercer día de recorrido por Guerrero, hizo énfasis en que el gobierno usurpador de Felipe Calderón y una minoría rapaz quieren privatizar Petróleos Mexicanos, para “montarse en el negocio del petróleo”.
Juan Camilo Mouriño, Felipe Calderón, César Nava –secretario particular de Calderón-, Alfredo Elías Ayub –director de la Comisión Federal de Electricidad- y Dionisio Pérez Jácome –subsecretario de Ingresos de Hacienda- integran un grupo que ha saqueado a la Secretaría de Energía y al sector energético, afirmó el presidente legítimo de México.
Ahora, expresó, “con mucha desfachatez, el señor Mouriño dice que no tiene nada que ver con la Secretaría de Energía, cuando él fue asesor de Calderón, ni con PEMEX. Sólo le recuerdo que el presidente del Consejo de Administración de Pemex en ese entonces era Felipe Calderón y Mouriño era asesor del propio Calderón”.
Indicó que es lamentable el papel de alcahuete que desempeñan los priistas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón al proteger a Juan Camilo Mouriño, porque en un principio aceptaron la propuesta de creación de una comisión investigadora en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero “se echaron para atrás” después de reunirse con el secretario de Gobernación.
Aunque Gamboa y Beltrones hayan desistido, aclaró que el PRD cuenta con los votos suficientes para que se realice una investigación a fondo del tráfico de influencias en que incurrió el secretario de Gobernación del gobierno usurpador y una auditoria al sector energético.
El Presidente Legítimo no descartó acudir a la Procuraduría General de la República a presentar una demanda penal en contra de Juan Camilo Mouriño, pero primero es necesario que se lleve a cabo una auditoria a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad.
Aclaró que no cuestiona el origen de nacimiento del secretario de Gobernación y no cuestionará la nacionalidad de la mamá de Mouriño, porque “lo que nos importa es que es un traficante de influencias y que se ha hecho rico al amparo del poder público”.
En los municipios de Apaxtla de Castrejón, Cutzala del Progreso, Cocula y Chichihualco, Andrés Manuel López Obrador alertó que cuenta con información de que los legisladores del PRI y el PAN van a presentar, después de Semana Santa, una iniciativa de reforma al sector energético.
“El PRIAN –detalló-- quiere presentar el martes siguiente de la Semana Santa, no sólo la iniciativa de ley, sino el dictamen para sacar la reforma vía fast track, es decir, quieren hacerlo rápido como hicieron con la reforma a la ley del ISSSTE”.
Pero advirtió: “Ya vamos a estar velando, vamos a estar pendientes, porque cuando presenten esa iniciativa de reforma al sector energético, arrancará el movimiento de resistencia civil pacífica en todo el país y, si es necesario, haremos un paro nacional”.
Los panistas, insistió, quieren repartirse el negocio de los energéticos y “ahora quieren repartirse el petróleo y repartirse en lotes el Golfo de México”.
Ahora los vendepatrias, con un mensaje de 5 minutos, pretenden convencer a la gente de que “hay un tesoro escondido y que tenemos que ir por él y para ello tenemos que asociarnos con empresas, pero ni ahora, ni nunca, los mexicanos permitiremos la entrega del energético”, precisó.
Invitó a lo guerrerenses a asistir el próximo 18 de marzo, a las 17 horas, al Zócalo de la Ciudad de México a la asamblea nacional para conmemorar el 70 aniversario de la Expropiación Petrolera.
¿Degradación de la democracia?
JOSEMARI RIPALDA Profesor de Filosofía de la UNED
Se han multiplicado las denuncias que acusan al Estado de vaciar de contenido la legalidad y de ir degradando la democracia. Los juristas hablan de la introducción del Derecho penal de autor, de acusaciones sin delito, sino sólo contigüidad (“entorno”), de sentencias “ejemplares”, veredictos por motivaciones políticas, etc. No sólo el caso insigne de los procesos contra movimientos políticos y sociales vascos, sino contra okupas, huelguistas y acciones de protesta civil, así como la práctica de la tortura y los malos tratos (v. g. en Cataluña), muestran una degradación del estado del derecho, o del Estado de Derecho suponiendo que lo haya. Porque de esto se trata. La acusación se sitúa en el marco de la “guerra contra el terror”, aprovechada en todo Occidente, al parecer, para apretarnos los tornillos a los ciudadanos y hacernos un poco más súbditos.
Tengo algún problema con la ‘corrección política’ de esta retórica. A fin de cuentas España queda situada en medio de los países occidentales como una democracia más entre ellas, lo que diluye la específica situación española; incluso diría que la eufemiza. Nuestra democracia ¿está amenazada? O, al contrario, ¿no será mucho suponer que aquí la haya? Porque en España tengo la impresión de que la democracia es como la barra de carga de un ordenador que se ha quedado atascada a la mitad y cuyo color ni siquiera ha logrado estabilizarse. Cuando en la Alemania de posguerra se discutieron las leyes de emergencia, Theodo Adorno dijo que allí ese tipo de leyes serían directamente represivas, a diferencia de otros países con una democracia más arraigada. Es el caso evidente en España con la aplicación de la ley (ad hoc) de partidos.
Fusión
Una oligarquía puede consentir en un cierto cambio de las reglas, si es para preservar sus intereses. Aquí Iglesia, Ejército y rey se han fundido con una oligarquía capitalista (en cuyo núcleo, por cierto, está integrado el gran capital vasco). El Antiguo Régimen sobrevive así en una España que no ha conocido revolución fundadora de su nación en ninguno de los tres tipos clásicos:
1º) La Glorious Revolution que cerró el siglo XVII británico es el modelo implícito dominante actualmente. Esa revolución inglesa consistió en la rebelión de los ricos (la clase propietaria territorial y comercial), representados por el Parlamento, contra el rey y los pobres. El Antiguo Régimen quedó en ella como un resto simbólico que enlazaba en común interés a terratenientes y propietarios de títulos de deuda. Su recurso integrador fue el imperio.
2º) Un siglo después de la revolución inglesa, la revolución norteamericana defenestró a la corona británica y entronizó en su lugar a la Ilustración. La abstracta igualdad ilustrada, que hacía tabla rasa de los privilegios históricos, representaba en América la antropología de una burguesía colonial, cuyos pauperes pasaban a ser los pueblos sometidos; a éstos sólo se les reconocía el derecho a ser iguales –en su desigualdad de hecho–, pero no desiguales –con derecho a ser respetados en su particularidad concreta–. Toda América ha sido el campo de aplicación de esta ideología, que por lo demás se ha hecho dominante en la retórica mundial a través de instituciones oficiales (como la ONU) e inoficiales (como Amnistía Internacional). Esta retórica puede tener incluso su eficacia humanizadora, mientras no tope con realidades concretas, étnicas y de clase irreductibles al igualitarismo ilustrado (como la población indígena de toda América). Puede considerarse irónico que la izquierda abertzale reclame al Estado español derechos humanos y políticos, cuando esta retórica no prevé la diversidad más que como derecho abstracto (v.g. en el mandamiento de tolerancia), es decir, como variante de una igualdad poco propicia a generar derechos particulares.
3º) La clásica revolución “nacional” fue, con todo, la Revolución (en español se suele escribir con mayúscula) francesa de 1789. La burguesía cortó la cabeza del rey, excluyó a la Iglesia del poder estatal e integró al pueblo en un ejército ‘nacional’. Típico fue el Estado jacobino, versión ilustrada, igualitaria frente al privilegio, del despotismo borbónico. La progresía española se ha apuntado de forma entusiasta a esta versión del Estado, pero precisamente en un país sin revolución nacional. Ello ha permitido en la España post-franquista la alianza de la progresía ilustrada, e incluso marxista, con el Antiguo Régimen. La democracia resultante es en el fondo la de súbditos diversos que una forma general iguala como ‘ciudadanos’. El resultado es una labilidad permanente de la forma estatal unitaria, encubierta por una extrema rigidez autoritaria y un control férreo de la opinión pública.
La alternativa vasca de una revolución socialista nacional, pero no burguesa, plausible en los años ‘60 y, con retraso periférico, en la lucha contra el tardo-franquismo, se enfrentó a la aceptación general del compromiso en la ‘Transición’, pero también al entorno ‘occidental’, que había hecho de ese compromiso una pieza intocable en la Guerra Fría (consagrada en el referéndum de la OTAN). El rechazo se encapsulaba así como resistencia en un sector geográfico y social del País Vasco. Ahora bien, las armas son difícilmente compatibles con la política, v. g. en la forma de movimientos civiles, además aislados de una estructura de partidos ‘integradora’ más que representativa. Por la otra parte una estilización, v.g. leninista, de la confrontación, eximiéndola, aunque sea relativamente, de la reflexión, amenaza su racionalidad y con ella la misma rebelión.
En contra de la resistencia frontal y aun cruenta está la sospecha de que reproduzca el papel de la víctima en el sistema de dominación confirmándolo precisamente como rebelde, una posición prevista por el poder. Una larga historia de revueltas campesinas aplastadas avalaría esta sospecha. Pero, ¿hay otro éxito que romper las reglas del juego dominación- rebelión? Así lo mostró Gandhi, cuyo compromiso pacifista suele ser enfatizado, pero que en otro aspecto debe ser puesto al lado del Mao-Tse-Tung de “la larga marcha”. Es difícil encontrar en una sociedad esa capacidad de romper la reproducción de la dominación. La fascinación que genera el poder y garantiza la sumisión, e incluso genera el odio contra lo no conforme, se invierte por el lado rebelde en el resentimiento que se proclama anti poder y reproduce más de lo que cree aquello a lo que se opone, precisamente porque se le opone en absoluto, como algo por completo ajeno. Ese radicalismo de la confrontación rompe los puentes, la construcción de posiciones intermedias, y consolida insolublemente en antagonismos o pasividades lo que en un tiempo podían haber sido posibilidades persuasivas y alianzas necesarias.
Por su parte, este Estado quiere la confrontación extrema precisamente para poder dominar más brutalmente, haciendo sentir la dominación a todos en la persona del rebelde; y recurre a criminalizar todo partido o movimiento civil con dimensión política que se le oponga. La gran objeción a la lucha armada en nombre de una acción política posible recibe así la formidable contra-objeción de la misma imposibilidad de la acción política. Hace falta resistencia e inteligencia para subvertir esa estrategia estatal, cuya debilidad es su misma brutalidad.
El tema del debate
LOS LIMITES DE ESTA DEMOCRACIA
Con la ilegalización anunciada y preventiva de dos partidos políticos, en plena campaña electoral, y en medio de denuncias sobre la falsa separación entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son muchas las voces que se preguntan sobre la solidez democrática de este Estado. Aportamos una reflexión para este debate.
Se han multiplicado las denuncias que acusan al Estado de vaciar de contenido la legalidad y de ir degradando la democracia. Los juristas hablan de la introducción del Derecho penal de autor, de acusaciones sin delito, sino sólo contigüidad (“entorno”), de sentencias “ejemplares”, veredictos por motivaciones políticas, etc. No sólo el caso insigne de los procesos contra movimientos políticos y sociales vascos, sino contra okupas, huelguistas y acciones de protesta civil, así como la práctica de la tortura y los malos tratos (v. g. en Cataluña), muestran una degradación del estado del derecho, o del Estado de Derecho suponiendo que lo haya. Porque de esto se trata. La acusación se sitúa en el marco de la “guerra contra el terror”, aprovechada en todo Occidente, al parecer, para apretarnos los tornillos a los ciudadanos y hacernos un poco más súbditos.
Tengo algún problema con la ‘corrección política’ de esta retórica. A fin de cuentas España queda situada en medio de los países occidentales como una democracia más entre ellas, lo que diluye la específica situación española; incluso diría que la eufemiza. Nuestra democracia ¿está amenazada? O, al contrario, ¿no será mucho suponer que aquí la haya? Porque en España tengo la impresión de que la democracia es como la barra de carga de un ordenador que se ha quedado atascada a la mitad y cuyo color ni siquiera ha logrado estabilizarse. Cuando en la Alemania de posguerra se discutieron las leyes de emergencia, Theodo Adorno dijo que allí ese tipo de leyes serían directamente represivas, a diferencia de otros países con una democracia más arraigada. Es el caso evidente en España con la aplicación de la ley (ad hoc) de partidos.
Fusión
Una oligarquía puede consentir en un cierto cambio de las reglas, si es para preservar sus intereses. Aquí Iglesia, Ejército y rey se han fundido con una oligarquía capitalista (en cuyo núcleo, por cierto, está integrado el gran capital vasco). El Antiguo Régimen sobrevive así en una España que no ha conocido revolución fundadora de su nación en ninguno de los tres tipos clásicos:
1º) La Glorious Revolution que cerró el siglo XVII británico es el modelo implícito dominante actualmente. Esa revolución inglesa consistió en la rebelión de los ricos (la clase propietaria territorial y comercial), representados por el Parlamento, contra el rey y los pobres. El Antiguo Régimen quedó en ella como un resto simbólico que enlazaba en común interés a terratenientes y propietarios de títulos de deuda. Su recurso integrador fue el imperio.
2º) Un siglo después de la revolución inglesa, la revolución norteamericana defenestró a la corona británica y entronizó en su lugar a la Ilustración. La abstracta igualdad ilustrada, que hacía tabla rasa de los privilegios históricos, representaba en América la antropología de una burguesía colonial, cuyos pauperes pasaban a ser los pueblos sometidos; a éstos sólo se les reconocía el derecho a ser iguales –en su desigualdad de hecho–, pero no desiguales –con derecho a ser respetados en su particularidad concreta–. Toda América ha sido el campo de aplicación de esta ideología, que por lo demás se ha hecho dominante en la retórica mundial a través de instituciones oficiales (como la ONU) e inoficiales (como Amnistía Internacional). Esta retórica puede tener incluso su eficacia humanizadora, mientras no tope con realidades concretas, étnicas y de clase irreductibles al igualitarismo ilustrado (como la población indígena de toda América). Puede considerarse irónico que la izquierda abertzale reclame al Estado español derechos humanos y políticos, cuando esta retórica no prevé la diversidad más que como derecho abstracto (v.g. en el mandamiento de tolerancia), es decir, como variante de una igualdad poco propicia a generar derechos particulares.
3º) La clásica revolución “nacional” fue, con todo, la Revolución (en español se suele escribir con mayúscula) francesa de 1789. La burguesía cortó la cabeza del rey, excluyó a la Iglesia del poder estatal e integró al pueblo en un ejército ‘nacional’. Típico fue el Estado jacobino, versión ilustrada, igualitaria frente al privilegio, del despotismo borbónico. La progresía española se ha apuntado de forma entusiasta a esta versión del Estado, pero precisamente en un país sin revolución nacional. Ello ha permitido en la España post-franquista la alianza de la progresía ilustrada, e incluso marxista, con el Antiguo Régimen. La democracia resultante es en el fondo la de súbditos diversos que una forma general iguala como ‘ciudadanos’. El resultado es una labilidad permanente de la forma estatal unitaria, encubierta por una extrema rigidez autoritaria y un control férreo de la opinión pública.
La alternativa vasca de una revolución socialista nacional, pero no burguesa, plausible en los años ‘60 y, con retraso periférico, en la lucha contra el tardo-franquismo, se enfrentó a la aceptación general del compromiso en la ‘Transición’, pero también al entorno ‘occidental’, que había hecho de ese compromiso una pieza intocable en la Guerra Fría (consagrada en el referéndum de la OTAN). El rechazo se encapsulaba así como resistencia en un sector geográfico y social del País Vasco. Ahora bien, las armas son difícilmente compatibles con la política, v. g. en la forma de movimientos civiles, además aislados de una estructura de partidos ‘integradora’ más que representativa. Por la otra parte una estilización, v.g. leninista, de la confrontación, eximiéndola, aunque sea relativamente, de la reflexión, amenaza su racionalidad y con ella la misma rebelión.
En contra de la resistencia frontal y aun cruenta está la sospecha de que reproduzca el papel de la víctima en el sistema de dominación confirmándolo precisamente como rebelde, una posición prevista por el poder. Una larga historia de revueltas campesinas aplastadas avalaría esta sospecha. Pero, ¿hay otro éxito que romper las reglas del juego dominación- rebelión? Así lo mostró Gandhi, cuyo compromiso pacifista suele ser enfatizado, pero que en otro aspecto debe ser puesto al lado del Mao-Tse-Tung de “la larga marcha”. Es difícil encontrar en una sociedad esa capacidad de romper la reproducción de la dominación. La fascinación que genera el poder y garantiza la sumisión, e incluso genera el odio contra lo no conforme, se invierte por el lado rebelde en el resentimiento que se proclama anti poder y reproduce más de lo que cree aquello a lo que se opone, precisamente porque se le opone en absoluto, como algo por completo ajeno. Ese radicalismo de la confrontación rompe los puentes, la construcción de posiciones intermedias, y consolida insolublemente en antagonismos o pasividades lo que en un tiempo podían haber sido posibilidades persuasivas y alianzas necesarias.
Por su parte, este Estado quiere la confrontación extrema precisamente para poder dominar más brutalmente, haciendo sentir la dominación a todos en la persona del rebelde; y recurre a criminalizar todo partido o movimiento civil con dimensión política que se le oponga. La gran objeción a la lucha armada en nombre de una acción política posible recibe así la formidable contra-objeción de la misma imposibilidad de la acción política. Hace falta resistencia e inteligencia para subvertir esa estrategia estatal, cuya debilidad es su misma brutalidad.
El tema del debate
LOS LIMITES DE ESTA DEMOCRACIA
Con la ilegalización anunciada y preventiva de dos partidos políticos, en plena campaña electoral, y en medio de denuncias sobre la falsa separación entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son muchas las voces que se preguntan sobre la solidez democrática de este Estado. Aportamos una reflexión para este debate.
It’s the Economy
Aislado por el rechazo al golpe preventivo, Uribe tuvo que disculparse, prometer que no reincidirá y desistir de sus acusaciones. Militares norteamericanos en el ataque en Ecuador. Según el Comando Sur la región es estratégica porque vende un tercio del petróleo que importa Estados Unidos, tiene reservas de agua, oxígeno y plantas medicinales y le compra más mercaderías que China, Rusia, la India, Europa o Japón.
Por Horacio Verbitsky
A pesar del apoyo explícito de George W. Bush la soledad política del presidente colombiano Alvaro Uribe en la cumbre del Grupo de Río fue tan abrumadora que luego de defenderse como una fiera acorralada debió conceder casi todo lo que había resistido durante el tenso debate. Uribe firmó un texto que ratifica la inviolabilidad de la soberanía territorial y promete no repetir el ataque, apenas minutos después de afirmar que la seguridad de las personas es más importante que el territorio y que así se lo hace sentir su pueblo. Por eso, más allá de la celebración por el apaciguamiento obtenido, no habría que confiar demasiado en su cumplimiento.
Uribe también padecía el encierro en su país, debido a la detectada vinculación de su sector político con el paramilitarismo y el narcotráfico. Ochenta legisladores fueron procesados por lo que en Colombia se llama la parapolítica. Uno de los indagados es su primo, el ahora ex senador Mario Uribe. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, dijo que Uribe intercedió por su pariente en forma airada. El presidente lo negó, aunque admitió que le había reclamado por un intento de involucrarlo en el caso. El 24 de enero querelló por calumnias e injurias a Valencia. Los demás miembros del tribunal dijeron que no había actuado a título personal sino institucional, en defensa de la autonomía de los jueces.
Fuga hacia adelante
En ese contexto el golpe contra la impopular guerrilla farcista fue una fuga hacia adelante que aumentó el ya alto nivel de aceptación social de Uribe. Pero la sintonía entre los demás países de la región puso límites a esa estrategia y preservó el proceso de integración económica y política que tanta inquietud provoca en Washington, que ha sumado el “populismo radical” a la larga lista de “nuevas amenazas”, que incluye el narcotráfico, el terrorismo, la pobreza extrema, las migraciones masivas, el lavado de dinero y el indigenismo. El aislamiento del ranchero de Antioquia se refleja en el texto firmado por los presidentes cuando rechazan la violación a la integridad territorial del Ecuador, toman nota de las plenas disculpas de Uribe, registran su compromiso de que no se repetirá “bajo ninguna circunstancia” y se refieren a las amenazas a la seguridad por parte de grupos irregulares y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico “que Colombia considera terroristas”. Es decir, sólo Colombia. Ese punto se incluyó a insistencia de la delegación argentina. Sólo se sumó a Uribe en el uso de esa terminología el vicepresidente del Perú, almirante Luis Giampietri, cuyo procesamiento reclama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la ejecución extrajudicial de presos en El Frontón durante la primera presidencia de Alan García. Las tremebundas pruebas que Uribe agitaba desde el domingo sobre presuntos compromisos con las FARC de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, se redujeron en la declaración colectiva a “la documentación que habría llegado al gobierno de Colombia”. El tiempo potencial también fue incluido por moción argentina. Sólo Uribe parecía convencido de la autenticidad de esos documentos, pero ni aun así pudo sostener su desmesurado anuncio de denunciar a Chávez por genocidio ante el Tribunal Penal Internacional.
El documento final se basó en un borrador de la canciller mexicana Patricia Espinosa. La versión que leyó el presidente dominicano Leonel Fernández fue la décima aprobada, pero incluso después del cierre formal debían agregarse nuevos puntos, como el que afloja la controversia por el frente marítimo entre Colombia y Nicaragua.
Señoras y señores
Uribe llegó con una táctica de confrontación, que no pudo sostener en soledad. Luego del discurso inicial de Correa, se negó a responder. Pidió que antes hablaran los demás presidentes, esperaba que a Chávez se le soltara la cadena y pretendía quedarse con la última palabra. Las mandatarias de Chile y la Argentina se acercaron al presidente pro-tempore Leonel Fernández y objetaron ese orden de oradores. Uribe tuvo que hablar antes que Chávez, Cristina, Bachelet y Celso Amorim. Máxima paradoja, el civil Uribe habló en tono y con contenido castrense, mientras el teniente coronel Chávez lo hizo en forma relajada y conciliadora. El aislamiento de Uribe también se hizo evidente luego de la distensión, cuando intentó sin éxito abrazar a Correa, quien lo mantuvo a la distancia de su firme brazo en un mero apretón de manos. Con menos fuerza física, CFK falló en el intento de impedir que le estampara un beso. El principal diario colombiano, El Tiempo, uno de cuyos propietarios es el vicepresidente de Uribe, atribuyó el cambio de clima que permitió pasar de los insultos a los abrazos a la “llamada de atención de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, en tono jocoso, sobre la forma como los hombres manejan la política”. Antes de esa gastada a los muchos muchachos muy machos que la rodeaban Cristina había expresado con sutileza que la escalada bélica del gobierno colombiano comenzó con los avances del canje humanitario. Como nunca antes, durante la cumbre de Santo Domingo quedó claro que esas negociaciones deberían ser un primer paso hacia el desarme de la anacrónica guerrilla conducida por líderes valetudinarios que ya ni recuerdan con qué propósito se alzaron. Correa, Chávez y el nica Daniel Ortega insistieron en que no era posible una solución militar al conflicto colombiano. Cristina sostuvo que no había respuesta válida al margen del derecho internacional. Uribe no está convencido y éste es un motivo adicional para el escepticismo respecto de los buenos propósitos consignados al papel. Mientras los presidentes debatían, en Bogotá se anunció la caída de otro miembro del secretariado de las FARC, que habría sido asesinado por un miembro de su guardia personal. Con una sugerente simultaneidad la DEA logró la captura en Tailandia de un proveedor de armas de las FARC. Se evitó una guerra, pero la pacificación de Colombia no está a la vista.
La mano en el
disparador
Especialistas argentinos sospechan que la incursión sobre territorio ecuatoriano fue obra directa de militares estadounidenses, que usaron bombas inteligentes. “Colombia no tiene esa capacidad operativa”, interpreta el mayor experto militar argentino en el conflicto regional. Sectores del gobierno piensan que la operación fue puesta en conocimiento de Uribe cuando todo estaba listo para consumarla. Creen que por eso dijo que asumía toda la responsabilidad, frase inusual para una decisión propia. En todo caso, Uribe no tiene otra escapatoria política que la carta militar. En uno de los interminables cruces verbales de la última semana Correa dijo que con la muerte de Raúl Reyes Uribe ya tenía el trofeo que necesitaba para allanar el obstáculo constitucional a un tercer mandato. En ese sentido está mejor que Chávez, vencido en el plebiscito constitucional del año pasado. Pero el venezolano no jugó a la guerra. Su cambio de actitud comenzó luego de la reunión a solas con CFK la mañana del jueves. La información que el gobierno ecuatoriano suministró al argentino indica que los aviones provenientes de Colombia hicieron una penetración profunda y a gran altura en su territorio y en el trayecto de regreso descargaron sus misiles. Durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, hasta el representante de Washington admitió que las fuerzas colombianas violaron el territorio ecuatoriano y firmó la declaración que lo considera inadmisible, con cualquier pretexto y aun en forma temporal.
La Misión
Estados Unidos puede apoyar, dirigir o incluso realizar un operativo como el de Sucumbíos y al mismo tiempo firmar una declaración en respaldo de la soberanía y la no intervención debido a la estructura bifronte con que atiende a la región. En su libro The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describe la sustitución de la cancillería en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América Latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Un Secretario de Estado, que por lo general dura cuatro años en el cargo, visita unas tres veces la región, mientras en los dos años de su mandato un jefe del Comando Sur la recorre más de ochenta veces, país por país. En los próximos días, el actual jefe, almirante Jim Stavridis, quien estudia una hora por día el castellano para tratar de entender algo de la región que cree gobernar, presentará a la Comisión de Fuerzas Armadas del Congreso la declaración anual requerida para obtener su presupuesto. Esas Statement Postures tienen lugar todos los meses de marzo y brindan una oportunidad de atisbar las líneas generales y las fundamentaciones de su política. En 1998 el general Charles E. Wilhelm dijo que “Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico juntos” y que las grandes reservas de petróleo en Colombia y Ecuador realzan “la importancia estratégica de los recursos energéticos de esta región”. En 2004 el general James T. Hill reveló ante el Congreso y en una serie de conferencias ante académicos y empresarios (en el Consejo de las Américas, la Asociación Colombiano-Estadounidense, el Consejo Cubano-Estadounidense) que el comercio de su país con América Latina y el Caribe ascendía a 360.000 millones de dólares anuales, casi tanto como con toda Europa, y que para 2010 superará al que mantiene con Japón y con Europa sumados. En 2003, las empresas norteamericanas vendieron a los países del Mercosur “más que a China y la India juntas”, más a la República Dominicana que a la India, más a Honduras que a Rusia y más al Caribe que a Indonesia, Rusia y la India sumadas. La inversión directa estadounidense en América Latina y el Caribe superó los 270.000 millones de dólares, un 20 por ciento del total de sus inversiones en el mundo y más que en Medio Oriente, Asia y Africa sumadas. La región suministra más del 32 por ciento de las importaciones estadounidenses de petróleo, más que todos los países del Medio Oriente. La Cuenca del Amazonas posee el 20 por ciento de las fuentes de agua dulce del mundo y el 25 por ciento del oxígeno del planeta y de sus plantas únicas en el mundo se deriva el 25 por ciento de los productos farmacéuticos manufacturados en Estados Unidos. En 2005, el general Banz Craddok fijó como prioridad la denominada Guerra contra el Terrorismo, para impedir que la región sirva como santuario operativo contra Estados Unidos y sus intereses en la región y declaró su preocupación por la influencia venezolana. El año pasado, el almirante Jim Stavridis informó que la provisión de petróleo de la región había aumentado, al 34 por ciento de todas las importaciones de su país. Ese combustible pasa por el canal de Panamá. La prioridad del Comando Sur es Colombia, a la que hace un siglo Washington arrancó la franja de tierra que hoy es la república de Panamá.
Golpe preventivo
Los acuerdos de Santo Domingo rechazan la doctrina del golpe preventivo y colisionan con la visión de América Latina y el Caribe que promueve el Comando Sur. El documento “Socio de las Américas”, que el Comando Sur aprobó en 2007 sostiene que la seguridad de Estados Unidos se garantizará mediante la “defensa adelantada” fuera de su territorio, y el fomento de la estabilidad y la prosperidad de la región, tareas que no competen a las Fuerzas Armadas ni de seguridad. El documento enfoca su atención en la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el terrorismo y el delito.
Para 2016 el Comando Sur debería haber completado su transformación en un organismo cívico-militar. Desde hace medio siglo Estados Unidos promueve contactos directos con las Fuerzas Armadas del continente soslayando a las autoridades políticas. Pero ahora avanza sobre otras áreas de gobierno y organismos privados, en contacto directo con los ministerios del Interior, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, los gobiernos provinciales y otras dependencias. En Estados Unidos la separación entre Defensa y Seguridad es tan rígida como en la Argentina. Pero se evapora cuando se trata de Sub América.
La nueva estrategia contempla reducir “las amenazas de las armas de destrucción masiva” (que no existen en la región, salvo la bomba sucia de uranio que Uribe encontró en la indestructible computadora de Raúl Reyes), y una acción combinada para negar apoyo a “las organizaciones que constituyen amenazas al hemisferio” y destruir las conexiones entre el narcotráfico, las redes terroristas “y otras actividades de apoyo al terrorismo”. La misma imprecisión tiene la ley argentina de represión al financiamiento del terrorismo, sancionada en junio último por presión de Washington, que creó la figura de la asociación ilícita que se proponga aterrorizar a la población o imponer condiciones a un gobierno o a una organización internacional. Para ser considerada terrorista la asociación debería propagar el odio étnico, religioso o político; integrar redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos “o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro” la vida o la integridad de un número indeterminado de personas (como muchos palos, cuchillos de cocina, cadenas, adoquines o botellas con combustible, por supuesto de origen venezolano). Cuando algún futuro gobierno decida aplicarla, la llamará Ley Kirchner y será tarde para lágrimas.
El Comando Sur intensificará las reuniones subregionales y hemisféricas para interrumpir la producción de drogas ilícitas y apoyar la interdicción del narcotráfico; compartirá información e incrementará la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento en áreas de “frágil gobernabilidad”, como la Triple Frontera. Incluso controlará migraciones masivas y buscará terceras naciones dispuestas a recibir a sus víctimas. También procurará que las denominadas organizaciones terroristas “no reciban legitimidad política”. Similares instrumentos se emplearon entre las décadas de 1950 y 1980 con el propósito de enfrentar “la agresión comunista”, como recordó el viernes Evo Morales. Así como entonces se planteaban los operativos de acción cívica, ahora la estrategia incluye “la gestión de crisis y respuesta de las naciones socias frente a desastres”. El Comando Sur asegurará “la libertad política y económica, con respeto a la dignidad humana” (no dice si para instruir a militares o policías de la región en las técnicas pertinentes los llevará a Guantánamo) y ayudará a las naciones socias a estrechar “relaciones civil-civil en áreas como la agricultura, el comercio, la justicia” y a fortalecer las instituciones de apoyo al sistema democrático (como la policía). El documento exalta el trabajo con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para inculcarles “la subordinación a las autoridades civiles, el respeto a los derechos humanos y a las reglas legales”. La contradicción es insoluble, ya que esa reglas prohíben a militares y policías hacer aquello que el Comando Sur les propone.
Por Horacio Verbitsky
A pesar del apoyo explícito de George W. Bush la soledad política del presidente colombiano Alvaro Uribe en la cumbre del Grupo de Río fue tan abrumadora que luego de defenderse como una fiera acorralada debió conceder casi todo lo que había resistido durante el tenso debate. Uribe firmó un texto que ratifica la inviolabilidad de la soberanía territorial y promete no repetir el ataque, apenas minutos después de afirmar que la seguridad de las personas es más importante que el territorio y que así se lo hace sentir su pueblo. Por eso, más allá de la celebración por el apaciguamiento obtenido, no habría que confiar demasiado en su cumplimiento.
Uribe también padecía el encierro en su país, debido a la detectada vinculación de su sector político con el paramilitarismo y el narcotráfico. Ochenta legisladores fueron procesados por lo que en Colombia se llama la parapolítica. Uno de los indagados es su primo, el ahora ex senador Mario Uribe. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, dijo que Uribe intercedió por su pariente en forma airada. El presidente lo negó, aunque admitió que le había reclamado por un intento de involucrarlo en el caso. El 24 de enero querelló por calumnias e injurias a Valencia. Los demás miembros del tribunal dijeron que no había actuado a título personal sino institucional, en defensa de la autonomía de los jueces.
Fuga hacia adelante
En ese contexto el golpe contra la impopular guerrilla farcista fue una fuga hacia adelante que aumentó el ya alto nivel de aceptación social de Uribe. Pero la sintonía entre los demás países de la región puso límites a esa estrategia y preservó el proceso de integración económica y política que tanta inquietud provoca en Washington, que ha sumado el “populismo radical” a la larga lista de “nuevas amenazas”, que incluye el narcotráfico, el terrorismo, la pobreza extrema, las migraciones masivas, el lavado de dinero y el indigenismo. El aislamiento del ranchero de Antioquia se refleja en el texto firmado por los presidentes cuando rechazan la violación a la integridad territorial del Ecuador, toman nota de las plenas disculpas de Uribe, registran su compromiso de que no se repetirá “bajo ninguna circunstancia” y se refieren a las amenazas a la seguridad por parte de grupos irregulares y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico “que Colombia considera terroristas”. Es decir, sólo Colombia. Ese punto se incluyó a insistencia de la delegación argentina. Sólo se sumó a Uribe en el uso de esa terminología el vicepresidente del Perú, almirante Luis Giampietri, cuyo procesamiento reclama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la ejecución extrajudicial de presos en El Frontón durante la primera presidencia de Alan García. Las tremebundas pruebas que Uribe agitaba desde el domingo sobre presuntos compromisos con las FARC de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, se redujeron en la declaración colectiva a “la documentación que habría llegado al gobierno de Colombia”. El tiempo potencial también fue incluido por moción argentina. Sólo Uribe parecía convencido de la autenticidad de esos documentos, pero ni aun así pudo sostener su desmesurado anuncio de denunciar a Chávez por genocidio ante el Tribunal Penal Internacional.
El documento final se basó en un borrador de la canciller mexicana Patricia Espinosa. La versión que leyó el presidente dominicano Leonel Fernández fue la décima aprobada, pero incluso después del cierre formal debían agregarse nuevos puntos, como el que afloja la controversia por el frente marítimo entre Colombia y Nicaragua.
Señoras y señores
Uribe llegó con una táctica de confrontación, que no pudo sostener en soledad. Luego del discurso inicial de Correa, se negó a responder. Pidió que antes hablaran los demás presidentes, esperaba que a Chávez se le soltara la cadena y pretendía quedarse con la última palabra. Las mandatarias de Chile y la Argentina se acercaron al presidente pro-tempore Leonel Fernández y objetaron ese orden de oradores. Uribe tuvo que hablar antes que Chávez, Cristina, Bachelet y Celso Amorim. Máxima paradoja, el civil Uribe habló en tono y con contenido castrense, mientras el teniente coronel Chávez lo hizo en forma relajada y conciliadora. El aislamiento de Uribe también se hizo evidente luego de la distensión, cuando intentó sin éxito abrazar a Correa, quien lo mantuvo a la distancia de su firme brazo en un mero apretón de manos. Con menos fuerza física, CFK falló en el intento de impedir que le estampara un beso. El principal diario colombiano, El Tiempo, uno de cuyos propietarios es el vicepresidente de Uribe, atribuyó el cambio de clima que permitió pasar de los insultos a los abrazos a la “llamada de atención de la presidenta argentina, Cristina Kirchner, en tono jocoso, sobre la forma como los hombres manejan la política”. Antes de esa gastada a los muchos muchachos muy machos que la rodeaban Cristina había expresado con sutileza que la escalada bélica del gobierno colombiano comenzó con los avances del canje humanitario. Como nunca antes, durante la cumbre de Santo Domingo quedó claro que esas negociaciones deberían ser un primer paso hacia el desarme de la anacrónica guerrilla conducida por líderes valetudinarios que ya ni recuerdan con qué propósito se alzaron. Correa, Chávez y el nica Daniel Ortega insistieron en que no era posible una solución militar al conflicto colombiano. Cristina sostuvo que no había respuesta válida al margen del derecho internacional. Uribe no está convencido y éste es un motivo adicional para el escepticismo respecto de los buenos propósitos consignados al papel. Mientras los presidentes debatían, en Bogotá se anunció la caída de otro miembro del secretariado de las FARC, que habría sido asesinado por un miembro de su guardia personal. Con una sugerente simultaneidad la DEA logró la captura en Tailandia de un proveedor de armas de las FARC. Se evitó una guerra, pero la pacificación de Colombia no está a la vista.
La mano en el
disparador
Especialistas argentinos sospechan que la incursión sobre territorio ecuatoriano fue obra directa de militares estadounidenses, que usaron bombas inteligentes. “Colombia no tiene esa capacidad operativa”, interpreta el mayor experto militar argentino en el conflicto regional. Sectores del gobierno piensan que la operación fue puesta en conocimiento de Uribe cuando todo estaba listo para consumarla. Creen que por eso dijo que asumía toda la responsabilidad, frase inusual para una decisión propia. En todo caso, Uribe no tiene otra escapatoria política que la carta militar. En uno de los interminables cruces verbales de la última semana Correa dijo que con la muerte de Raúl Reyes Uribe ya tenía el trofeo que necesitaba para allanar el obstáculo constitucional a un tercer mandato. En ese sentido está mejor que Chávez, vencido en el plebiscito constitucional del año pasado. Pero el venezolano no jugó a la guerra. Su cambio de actitud comenzó luego de la reunión a solas con CFK la mañana del jueves. La información que el gobierno ecuatoriano suministró al argentino indica que los aviones provenientes de Colombia hicieron una penetración profunda y a gran altura en su territorio y en el trayecto de regreso descargaron sus misiles. Durante la reunión del Consejo Permanente de la OEA, hasta el representante de Washington admitió que las fuerzas colombianas violaron el territorio ecuatoriano y firmó la declaración que lo considera inadmisible, con cualquier pretexto y aun en forma temporal.
La Misión
Estados Unidos puede apoyar, dirigir o incluso realizar un operativo como el de Sucumbíos y al mismo tiempo firmar una declaración en respaldo de la soberanía y la no intervención debido a la estructura bifronte con que atiende a la región. En su libro The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military la periodista del diario The Washington Post Dana Priest describe la sustitución de la cancillería en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense. Con más de un millar de personas, el Comando Sur supera la cantidad de especialistas en América Latina de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas. Un Secretario de Estado, que por lo general dura cuatro años en el cargo, visita unas tres veces la región, mientras en los dos años de su mandato un jefe del Comando Sur la recorre más de ochenta veces, país por país. En los próximos días, el actual jefe, almirante Jim Stavridis, quien estudia una hora por día el castellano para tratar de entender algo de la región que cree gobernar, presentará a la Comisión de Fuerzas Armadas del Congreso la declaración anual requerida para obtener su presupuesto. Esas Statement Postures tienen lugar todos los meses de marzo y brindan una oportunidad de atisbar las líneas generales y las fundamentaciones de su política. En 1998 el general Charles E. Wilhelm dijo que “Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico juntos” y que las grandes reservas de petróleo en Colombia y Ecuador realzan “la importancia estratégica de los recursos energéticos de esta región”. En 2004 el general James T. Hill reveló ante el Congreso y en una serie de conferencias ante académicos y empresarios (en el Consejo de las Américas, la Asociación Colombiano-Estadounidense, el Consejo Cubano-Estadounidense) que el comercio de su país con América Latina y el Caribe ascendía a 360.000 millones de dólares anuales, casi tanto como con toda Europa, y que para 2010 superará al que mantiene con Japón y con Europa sumados. En 2003, las empresas norteamericanas vendieron a los países del Mercosur “más que a China y la India juntas”, más a la República Dominicana que a la India, más a Honduras que a Rusia y más al Caribe que a Indonesia, Rusia y la India sumadas. La inversión directa estadounidense en América Latina y el Caribe superó los 270.000 millones de dólares, un 20 por ciento del total de sus inversiones en el mundo y más que en Medio Oriente, Asia y Africa sumadas. La región suministra más del 32 por ciento de las importaciones estadounidenses de petróleo, más que todos los países del Medio Oriente. La Cuenca del Amazonas posee el 20 por ciento de las fuentes de agua dulce del mundo y el 25 por ciento del oxígeno del planeta y de sus plantas únicas en el mundo se deriva el 25 por ciento de los productos farmacéuticos manufacturados en Estados Unidos. En 2005, el general Banz Craddok fijó como prioridad la denominada Guerra contra el Terrorismo, para impedir que la región sirva como santuario operativo contra Estados Unidos y sus intereses en la región y declaró su preocupación por la influencia venezolana. El año pasado, el almirante Jim Stavridis informó que la provisión de petróleo de la región había aumentado, al 34 por ciento de todas las importaciones de su país. Ese combustible pasa por el canal de Panamá. La prioridad del Comando Sur es Colombia, a la que hace un siglo Washington arrancó la franja de tierra que hoy es la república de Panamá.
Golpe preventivo
Los acuerdos de Santo Domingo rechazan la doctrina del golpe preventivo y colisionan con la visión de América Latina y el Caribe que promueve el Comando Sur. El documento “Socio de las Américas”, que el Comando Sur aprobó en 2007 sostiene que la seguridad de Estados Unidos se garantizará mediante la “defensa adelantada” fuera de su territorio, y el fomento de la estabilidad y la prosperidad de la región, tareas que no competen a las Fuerzas Armadas ni de seguridad. El documento enfoca su atención en la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, el terrorismo y el delito.
Para 2016 el Comando Sur debería haber completado su transformación en un organismo cívico-militar. Desde hace medio siglo Estados Unidos promueve contactos directos con las Fuerzas Armadas del continente soslayando a las autoridades políticas. Pero ahora avanza sobre otras áreas de gobierno y organismos privados, en contacto directo con los ministerios del Interior, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, los gobiernos provinciales y otras dependencias. En Estados Unidos la separación entre Defensa y Seguridad es tan rígida como en la Argentina. Pero se evapora cuando se trata de Sub América.
La nueva estrategia contempla reducir “las amenazas de las armas de destrucción masiva” (que no existen en la región, salvo la bomba sucia de uranio que Uribe encontró en la indestructible computadora de Raúl Reyes), y una acción combinada para negar apoyo a “las organizaciones que constituyen amenazas al hemisferio” y destruir las conexiones entre el narcotráfico, las redes terroristas “y otras actividades de apoyo al terrorismo”. La misma imprecisión tiene la ley argentina de represión al financiamiento del terrorismo, sancionada en junio último por presión de Washington, que creó la figura de la asociación ilícita que se proponga aterrorizar a la población o imponer condiciones a un gobierno o a una organización internacional. Para ser considerada terrorista la asociación debería propagar el odio étnico, religioso o político; integrar redes operativas internacionales y disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos “o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro” la vida o la integridad de un número indeterminado de personas (como muchos palos, cuchillos de cocina, cadenas, adoquines o botellas con combustible, por supuesto de origen venezolano). Cuando algún futuro gobierno decida aplicarla, la llamará Ley Kirchner y será tarde para lágrimas.
El Comando Sur intensificará las reuniones subregionales y hemisféricas para interrumpir la producción de drogas ilícitas y apoyar la interdicción del narcotráfico; compartirá información e incrementará la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento en áreas de “frágil gobernabilidad”, como la Triple Frontera. Incluso controlará migraciones masivas y buscará terceras naciones dispuestas a recibir a sus víctimas. También procurará que las denominadas organizaciones terroristas “no reciban legitimidad política”. Similares instrumentos se emplearon entre las décadas de 1950 y 1980 con el propósito de enfrentar “la agresión comunista”, como recordó el viernes Evo Morales. Así como entonces se planteaban los operativos de acción cívica, ahora la estrategia incluye “la gestión de crisis y respuesta de las naciones socias frente a desastres”. El Comando Sur asegurará “la libertad política y económica, con respeto a la dignidad humana” (no dice si para instruir a militares o policías de la región en las técnicas pertinentes los llevará a Guantánamo) y ayudará a las naciones socias a estrechar “relaciones civil-civil en áreas como la agricultura, el comercio, la justicia” y a fortalecer las instituciones de apoyo al sistema democrático (como la policía). El documento exalta el trabajo con las Fuerzas Armadas y de Seguridad para inculcarles “la subordinación a las autoridades civiles, el respeto a los derechos humanos y a las reglas legales”. La contradicción es insoluble, ya que esa reglas prohíben a militares y policías hacer aquello que el Comando Sur les propone.
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