Marzo de 2008
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Sabido es que en México poco o nada se cumplen las leyes, y que las instituciones públicas no respetan a los ciudadanos, excepto si éstos cuentan con dinero.
Por ello sería inútil presentar una denuncia formal contra un personaje cuya imagen ante la sociedad es la de una persona democrática y progresista con elevado grado de nobleza y de moral, pero que en realidad oculta a un ser que se ha apropiado de un bien común en su beneficio particular, que censura soterradamente a quienes reclaman su proceder, y que practica al igual que los líderes gubernamentales, la socorrida indiferencia del “ni nos ven ni nos oyen”, tan común en nuestro país acogotado por prepotentes con mentalidad dictatorial.
Debo advertir que nada tiene que ver tan deshonesta conducta con el magnífico equipo técnico y periodístico que constituye el verdadero cimiento de este medio comunicativo.
Ante el fracaso de la petición de diálogo y comprensión, el único recurso viable que tengo es dar a conocer los hechos a la opinión pública para que ésta los juzgue, ya que la corrupción debe denunciarse dondequiera que se encuentre.
El siguiente escrito, que no mereció respuesta de tan encumbrada figura, cuya vanidad se refleja en cada artículo del diario, que debe indicar quién manda a cada uno de los que ahí escriben, algo insólito en el periodismo nacional.
México D.F. abril 14 de 2004.
Señora Carmen Lira,
Directora de La Jornada:
Hace más de diez años usted sentenció: “Nada de lo que usted escriba le publicaremos en La Jornada”.
Su dicho, teléfono mediante, respondía así a mi insistencia, en ningún momento ofensiva, de que se insertara en el diario una denuncia contra Teléfonos de México.
Cumplió usted su palabra. Cuanto escrito envié posteriormente a La Jornada jamás vio la luz, y tampoco me entrevistaron por la publicación de alguno de mis libros.
Después de tanto tiempo de injustificada represión, le pregunto ahora: ¿Ya puedo ver impreso en “nuestro” periódico mis comentarios políticos y culturales? Espero que su respuesta sea positiva.
Otro asunto. Como fundador de La Jornada, poseo acciones que, por misteriosos motivos fueron clasificadas de tipo “B”, razón por la cual se me ha impedido participar en las asambleas de accionistas. Cuándo y porqué el poco dinero que logré aportar valía menos que el colocado en el rango “A”, lo ignoro y no recuerdo que se haya dicho algo al respecto en aquella “reunión de iguales” (así dice el número bajo cero, del 29 de febrero de 1984), que dio origen a La Jornada en la planta baja del ahora llamado Word Trade Center. Por cierto, mis acciones dicen ser del tipo “preferentes”, en vez de decir “menospreciadas”.
Por todo ello deseo saber:
¿Puedo tener derecho a la palabra en las asambleas de accionistas, o estoy sentenciado a callar para siempre en un proyecto en el cual participé, por lo que veo, con mucha ingenuidad?
Luego de tantos años, ¿tengo derecho a recibir utilidades que obvia y palpablemente las ha habido? O, como en el inciso anterior, ¿podré hacerlo a un paso de la tumba o fue una inversión a perpetuidad?
Las diferencias entre unas y otras acciones, ¿quién y con qué criterios se establecieron?; ¿el dinero de unos valía menos que el dinero de otros?
¿A cuánto tengo derecho en este momento por dichas acciones? (No tengo trabajo y debo venderlas).
Como experta que es usted en “nuestro” diario, le solicito sean respondidas mis dudas lo más pronto posible.
Muchísimas gracias.
Max Mendizábal
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Acto de provocacion y despojo del gobierno perredista michoacano
A LA COMANDANCIA GENERAL DEL E.Z.L.N.
A LA COMISIÓN SEXTA DEL E.Z.L.N.
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA OTRA CAMAPAÑA NACIONAL
A LA OTRA INTERNAZIONAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
Hermanos y Hermanas:
El pasado 7 de Marzo del presente año, en un acto de provocación y despojo, el Gobierno del Estado invadió el terreno denominado “Copxanaru”, terreno comunal que está en posesión de mi familia y ubicado en la comunidad de Nurío, territorio del pueblo p’urhépecha, dentro de la construcción de la carretera que va de Nurío-Urapicho, dañando de esta forma más de ochenta árboles que fueron sembrados hace más de nueve años, y que habían estado bajo el cuidado y protección de mis nietos, nietas, hijos e hijas, esposa y madre .
Esta obra carretera está bajo la responsabilidad del gobierno del Estado y la Junta de Caminos y Carreteras, y que jamás fuimos notificados, ni nos tomaron parecer de la acción que hicieron, siendo además el único predio que fue dañado con la destrucción de los arbolitos, cuando sí existía la manera de que fueran salvados, pero de manera arbitraria y provocativa cometieron este acto criminal.
Esta acción se suma a la política que ha tenido el mal Gobierno de Estado, tanto en este periodo como el anterior, hacia la comunidad de Nurío, donde ha buscado a toda costa desaparecer el trabajo de lucha y dignidad que hemos tenido como pueblo indígena que somos. El arrebato por parte del gobierno estatal de espacios y proyectos que venían siendo construidos desde abajo, con el trabajo comunitario y apoyo solidario de la sociedad civil nacional e internacional, como es el caso del albergue y la misma secundaria. Lugar donde se llevó a cabo el III congreso del CNI en el 2001, dentro de la Marcha del Color de la Tierra, contando con la presencia del la Comandancia del E.Z.L.N. y los pueblos indios del país, así como miles de acompañantes de la sociedad civil nacional e internacional.
Este espacio que estaba destinado para un proyecto cultural y educativa para los pueblos indios del país y el mundo, con el compromiso de hacer posible la construcción de un proyecto alternativo para nuestros pueblos que han resistido durante siglos el despojo y el desprecio de los poderosos, de recuperar la memoria de lo que somos, pueblos primeros de estas tierras, partiendo de la educación verdadera, la de los conocimientos de nuestros padres, madres, abuelas y abuelos.
Pero el mal gobierno bajo el chantaje y la cooptación se apropió de este espacio incorporándolo al sistema estatal de albergues y espacios educativos de la secretaria de educación en el estado, pretendiendo borrar de esta manera el referente de lucha de los pueblos indios y la lucha digna del movimiento zapatista.
Por igual el mal gobierno ha venido bloqueando la lucha autonómica de la comunidad, manejando a su antojo con proyectos que en nada han beneficiado a la población, mediatizando de esta forma el trabajo organizativo de la comunidad; confundiendo, manipulando y desprestigiando así las luchas históricas que se han tenido por la reivindicación de sus tierras y territorios, de su cultura y de las formas organizativas de la comunidad.
Con esto queremos aclarar que no nos intimidan sus acciones y que hacemos responsable de este hecho criminal al mal gobierno que encabeza el perredista Leonel Godoy, así como de lo que pueda suceder en el presente y en el futuro a mi persona y a mi familia.
Queremos decir también que Nurío seguirá siendo referente de lucha para todos los que seguimos en el camino de la dignidad, de la resistencia y la rebeldía, de los que seguimos en la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los hermanos zapatistas.
Desde las tierras del pueblo P’urhépecha
JUAN CHÁVEZ ALONSO
Nurío, Michoacán
Marzo de 2008
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
A LA COMISIÓN SEXTA DEL E.Z.L.N.
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA OTRA CAMAPAÑA NACIONAL
A LA OTRA INTERNAZIONAL
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
Hermanos y Hermanas:
El pasado 7 de Marzo del presente año, en un acto de provocación y despojo, el Gobierno del Estado invadió el terreno denominado “Copxanaru”, terreno comunal que está en posesión de mi familia y ubicado en la comunidad de Nurío, territorio del pueblo p’urhépecha, dentro de la construcción de la carretera que va de Nurío-Urapicho, dañando de esta forma más de ochenta árboles que fueron sembrados hace más de nueve años, y que habían estado bajo el cuidado y protección de mis nietos, nietas, hijos e hijas, esposa y madre .
Esta obra carretera está bajo la responsabilidad del gobierno del Estado y la Junta de Caminos y Carreteras, y que jamás fuimos notificados, ni nos tomaron parecer de la acción que hicieron, siendo además el único predio que fue dañado con la destrucción de los arbolitos, cuando sí existía la manera de que fueran salvados, pero de manera arbitraria y provocativa cometieron este acto criminal.
Esta acción se suma a la política que ha tenido el mal Gobierno de Estado, tanto en este periodo como el anterior, hacia la comunidad de Nurío, donde ha buscado a toda costa desaparecer el trabajo de lucha y dignidad que hemos tenido como pueblo indígena que somos. El arrebato por parte del gobierno estatal de espacios y proyectos que venían siendo construidos desde abajo, con el trabajo comunitario y apoyo solidario de la sociedad civil nacional e internacional, como es el caso del albergue y la misma secundaria. Lugar donde se llevó a cabo el III congreso del CNI en el 2001, dentro de la Marcha del Color de la Tierra, contando con la presencia del la Comandancia del E.Z.L.N. y los pueblos indios del país, así como miles de acompañantes de la sociedad civil nacional e internacional.
Este espacio que estaba destinado para un proyecto cultural y educativa para los pueblos indios del país y el mundo, con el compromiso de hacer posible la construcción de un proyecto alternativo para nuestros pueblos que han resistido durante siglos el despojo y el desprecio de los poderosos, de recuperar la memoria de lo que somos, pueblos primeros de estas tierras, partiendo de la educación verdadera, la de los conocimientos de nuestros padres, madres, abuelas y abuelos.
Pero el mal gobierno bajo el chantaje y la cooptación se apropió de este espacio incorporándolo al sistema estatal de albergues y espacios educativos de la secretaria de educación en el estado, pretendiendo borrar de esta manera el referente de lucha de los pueblos indios y la lucha digna del movimiento zapatista.
Por igual el mal gobierno ha venido bloqueando la lucha autonómica de la comunidad, manejando a su antojo con proyectos que en nada han beneficiado a la población, mediatizando de esta forma el trabajo organizativo de la comunidad; confundiendo, manipulando y desprestigiando así las luchas históricas que se han tenido por la reivindicación de sus tierras y territorios, de su cultura y de las formas organizativas de la comunidad.
Con esto queremos aclarar que no nos intimidan sus acciones y que hacemos responsable de este hecho criminal al mal gobierno que encabeza el perredista Leonel Godoy, así como de lo que pueda suceder en el presente y en el futuro a mi persona y a mi familia.
Queremos decir también que Nurío seguirá siendo referente de lucha para todos los que seguimos en el camino de la dignidad, de la resistencia y la rebeldía, de los que seguimos en la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los hermanos zapatistas.
Desde las tierras del pueblo P’urhépecha
JUAN CHÁVEZ ALONSO
Nurío, Michoacán
Marzo de 2008
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Una decisión ilegal de Calderón. (Otra mas).
José Francisco Gallardo Rodríguez
El 24 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 (PSDN), si bien fue expedido por el titular del Ejecutivo federal con la denominación de “decreto” con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional, reúne en realidad desde el punto de vista material, las características propias de un reglamento, ya que no se limita a establecer una norma individual sobre una especie en particular de la administración pública, como es propio del decreto administrativo, sino que establece normas generales –sobre la defensa– de observancia obligatoria para varias entidades de la administración central y paraestatal; esto es, reúne las características de generalidad, impersonalidad y abstracción que son propias de un reglamento.
Si bien la promulgación de los reglamentos se basa en el 89 constitucional, como facultad exclusiva del presidente de la República, ello no exime que los reglamentos deban ceñirse al mandato de la Constitución.
Si la decisión unilateral del Ejecutivo, en su calidad de mando supremo, consiste en sacar a las fuerzas armadas (FA) de sus cuarteles para la lucha contra el narcotráfico, es decir, militarizar las estructuras de justicia y seguridad pública sin el contrapeso –consentido– del Legislativo y Judicial, trastoca varios preceptos constitucionales.
Y aún más grave, si el presidente, al excederse en su facultad de reglamentar, despoja a los particulares de sus libertades, causándoles una privación que sólo puede llevar a cabo la autoridad judicial, según lo dispone el 14 constitucional, hace uso indebido de la facultad que le concede la fracción I del artículo 89 citado, dicho exceso es violatorio de la Constitución vía garantías individuales conculcadas. Sin embargo, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común (artículo 108 constitucional).
Al respecto sanciona la también fiscal general de los Tribunales Criminales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su reciente visita a México: “Entiendo que hay momentos (en) que se tiene que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que es una medida francamente peligrosa. El Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de la ley que pertenecen a las policías”. Y agrega: “esto no es apropiado en el marco de la procuración de justicia en una sociedad democrática”.
Justamente a 91 años de vigencia del orden institucional (1917) que se festejó por los poderes públicos con bombo y platillo, se corre el riesgo de alentar políticamente al Ejército, constituido en un poder al margen de la Constitución. Es decir, el poder público apela a la Constitución, “violándola con actos de apariencia legal”. (Resolución 43/96 de la CIDH).
Envalentonado y atento a las necesidades de Washington, en la supuesta guerra contra el terrorismo y el crimen organizado, Felipe Calderón y sus cómplices desdeñan los reclamos sociales y señalamientos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en busca de la restauración del orden público.
Apunta el decreto en materia de seguridad interior, responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles y no de las militares, “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”. Lo que deja de lado la función primordial del Ejército: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación (Plan DN-1); ad hoc, para los intereses estadunidenses, insistir en el involucramiento del Ejército en el esquema de seguridad diseñado por el Pentágono para el expansionismo neoliberal en la era de la globalización imperial. Dominación en lo económico, control en lo político y militar, y transformación en lo educativo y cultural.
Dice John Saxe-Fernández que “el objetivo del Pentágono es alejar al Ejército de cualquier función constitucional y terminar de minar su base logística y cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional, por vía de que la institución armada se involucre, directamente, en conflictos de orden interno, asumiendo responsabilidades de tipo policial. La idea central es que las FA reduzcan su papel al control interno de la población, es decir, a reprimir los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica diseñada e impuesta por el FMI y el BM”.
Queda claro pues, que la intención del gobierno a través del PSDN, tiene por objeto dar apariencia de legal a la función inconstitucional de orden interno (Plan DN-II), encomendada históricamente a las FA, lo que avizora un escenario de confrontaciones entre gobierno y sociedad y una escalada en las violaciones a los derechos humanos.
Legalidad y seguridad jurídica
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
El 24 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 (PSDN), si bien fue expedido por el titular del Ejecutivo federal con la denominación de “decreto” con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional, reúne en realidad desde el punto de vista material, las características propias de un reglamento, ya que no se limita a establecer una norma individual sobre una especie en particular de la administración pública, como es propio del decreto administrativo, sino que establece normas generales –sobre la defensa– de observancia obligatoria para varias entidades de la administración central y paraestatal; esto es, reúne las características de generalidad, impersonalidad y abstracción que son propias de un reglamento.
Si bien la promulgación de los reglamentos se basa en el 89 constitucional, como facultad exclusiva del presidente de la República, ello no exime que los reglamentos deban ceñirse al mandato de la Constitución.
Si la decisión unilateral del Ejecutivo, en su calidad de mando supremo, consiste en sacar a las fuerzas armadas (FA) de sus cuarteles para la lucha contra el narcotráfico, es decir, militarizar las estructuras de justicia y seguridad pública sin el contrapeso –consentido– del Legislativo y Judicial, trastoca varios preceptos constitucionales.
Y aún más grave, si el presidente, al excederse en su facultad de reglamentar, despoja a los particulares de sus libertades, causándoles una privación que sólo puede llevar a cabo la autoridad judicial, según lo dispone el 14 constitucional, hace uso indebido de la facultad que le concede la fracción I del artículo 89 citado, dicho exceso es violatorio de la Constitución vía garantías individuales conculcadas. Sin embargo, el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común (artículo 108 constitucional).
Al respecto sanciona la también fiscal general de los Tribunales Criminales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su reciente visita a México: “Entiendo que hay momentos (en) que se tiene que recurrir a una fuerza mayor como la del Ejército, pero me parece que es una medida francamente peligrosa. El Ejército no debe ocupar funciones que no van con las técnicas de procuración de la ley que pertenecen a las policías”. Y agrega: “esto no es apropiado en el marco de la procuración de justicia en una sociedad democrática”.
Justamente a 91 años de vigencia del orden institucional (1917) que se festejó por los poderes públicos con bombo y platillo, se corre el riesgo de alentar políticamente al Ejército, constituido en un poder al margen de la Constitución. Es decir, el poder público apela a la Constitución, “violándola con actos de apariencia legal”. (Resolución 43/96 de la CIDH).
Envalentonado y atento a las necesidades de Washington, en la supuesta guerra contra el terrorismo y el crimen organizado, Felipe Calderón y sus cómplices desdeñan los reclamos sociales y señalamientos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en busca de la restauración del orden público.
Apunta el decreto en materia de seguridad interior, responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles y no de las militares, “mejorar los esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades que se realizan de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia organizada”. Lo que deja de lado la función primordial del Ejército: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación (Plan DN-1); ad hoc, para los intereses estadunidenses, insistir en el involucramiento del Ejército en el esquema de seguridad diseñado por el Pentágono para el expansionismo neoliberal en la era de la globalización imperial. Dominación en lo económico, control en lo político y militar, y transformación en lo educativo y cultural.
Dice John Saxe-Fernández que “el objetivo del Pentágono es alejar al Ejército de cualquier función constitucional y terminar de minar su base logística y cualquier hipótesis de defensa de la soberanía nacional, por vía de que la institución armada se involucre, directamente, en conflictos de orden interno, asumiendo responsabilidades de tipo policial. La idea central es que las FA reduzcan su papel al control interno de la población, es decir, a reprimir los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica diseñada e impuesta por el FMI y el BM”.
Queda claro pues, que la intención del gobierno a través del PSDN, tiene por objeto dar apariencia de legal a la función inconstitucional de orden interno (Plan DN-II), encomendada históricamente a las FA, lo que avizora un escenario de confrontaciones entre gobierno y sociedad y una escalada en las violaciones a los derechos humanos.
Legalidad y seguridad jurídica
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Comunicado punk. Queretaro.
Comunicado punk: Resulta que si Existimos… Pero como Agresores.
Desde Santiasco de Querétaro los diferentes grupos, colectivos e individuos afines al movimiento punk y anarcopunk refrendamos nuestra postura de lucha contra el estado y el sistema capitalista neoliberal, somos anticapitalistas.
Desmentimos la información dada por La Jornada (domingo 9 de marzo 2008), diarios locales y televisoras, en cuanto a nuestra participación en la golpiza que sufrieron jóvenes pertenecientes a la cultura EMO; así mismo reiteramos que no hemos hecho ningún llamado a golpear a nadie y si a defender el derecho a la diferencia y la libertad de elegir nuestra forma de vestir, de pensar y las preferencias sexuales.
La imagen de la portada del periódico La Jornada no concuerda con el encabezado del mismo, contradiciéndose así mismo, pues acusa a jóvenes punks, metaleros, ska y darks que ni siquiera aparecen en la imagen; y si un grupo de adolescentes con ropa de moda observando la golpiza y adulto que golpea y filma al EMO.
Nosotros los punk y anarcopunks siempre hemos sido estigmatizados, aislados, rechazados y reprimidos por los diferentes gobiernos y por la misma sociedad tanto en Querétaro, en México y como en el mundo. Nosotros como grupo antiautoritario en busca de una sociedad libre, no estamos en contra de ningún otro grupo que no sea el que esta en el poder.
La creación de diferencias y provocaciones entre los diferentes grupos culturales y estilos musicales, siempre han sido actos del Gobierno apoyados por grupos burgueses; no debemos olvidar que Querétaro es uno de los estados donde opera el Yunque como lo puede constatar la preparación paramilitar de jóvenes en la zona serrana denominados “Aves Azules” (Diario Monitor, 16 de agosto 2006).
Nosotros tenemos muchas dudas sobre lo sucedido:
§ Este suceso no ha ocurrido solo esta vez, en otras ocasiones ya ha ocurrido, en especial cuando hay jóvenes que se están apropiando de algún espacio del centro, la diferencia que esta vez no se utilizo a la “guardia” municipal para desalojarlos, está vez ya estuvo más fabricado para barrer a las periferias a un grupo de chavos que dan mal aspecto ante el turismo, como en su tiempo se barrio a los dark, a los punk, a los ska con todo y patineta, incluso a las indígenas que venden y al grupo de artesanos que acostumbraban a vender sus artículos.
§ Nuevamente la participación de los medios masivos de incomunicación, este grupo de poder –de los más poderosos en estos días- juega su papel que mejor sabe hacer, bombardear con mentiras hasta que se haga verdad, es importante destacar –nuevamente- la falta de profesionalismo y ética para dar a conocer el tema: “la nota más alarmante y amarillista es la mejor”. Los periódicos y las televisoras local y nacional principalmente, le hacen el juego a los otros grupos de poder. De que si son 200, 1000 incluso algunos hasta mencionaron que 2000; ni ellos se ponen de acuerdo en lo más básico que es una cifra, ahora cómo se les cree lo otro que mencionan sobre los supuestos agresores, estamos seguros que no tienen ni la menor idea de lo que es un Punk y su lucha.
§ El gobierno ya declaro saber sobre la convocatoria tiempo antes del viernes 7 de marzo entonces, ¿por qué no monto un operativo “preventivo” de los que acostumbra y dejo que ocurriera el acto en pleno viernes y en el centro? Sabemos la excesiva vigilancia que hay los fines de semana en ese lugar.
§ Sabemos que en el grupo de poder se están decidiendo cosas como la utilización de los derechos humanos para justificar sus nuevas leyes y la propuesta de la otra constitución ¿no será que estos actos hayan sido provocados para que funcionaran como distractor de la opinión pública?
Y así nos podríamos ir haciendo preguntas sobre lo ocurrido. Pero este documento solo es para mencionar que los punk no caemos en esas provocaciones, pensamos que estos hechos deben pensarse y analizarse más a fondo, la reflexión debe ir más allá de comprendernos o hacer proyectos para que los chavos tengan un lugar en la sociedad, lo ocurrido trae un origen político y sus consecuencias se desprenderán para reforzar la exclusión, la represión, el hostigamiento y la vigilancia, al final de cuentas estas condiciones son la única alternativa para los jóvenes que denuncian lo jodido de la sociedad y se avientan a cometer el peor de los delitos en el mundo, en el país y en Querétaro, el ser diferentes y críticos.
¡¡No Somos tan Violentos como Creen, ni tan Pacíficos como Desean!!
Un pueblo que no conoce su historia esta condenado a repetirla
Que la cultura y la enseñanza aspiren al aprendizaje de la libertad y no de la sumisión y la división de los de abajo, ser libre es el verdadero camino, solo hay que construirlo para caminarlo.
Grupos, colectivos e individuos Punk y Anarco-punk
Querétaro, Qro. 12 de marzo de 2008
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Desde Santiasco de Querétaro los diferentes grupos, colectivos e individuos afines al movimiento punk y anarcopunk refrendamos nuestra postura de lucha contra el estado y el sistema capitalista neoliberal, somos anticapitalistas.
Desmentimos la información dada por La Jornada (domingo 9 de marzo 2008), diarios locales y televisoras, en cuanto a nuestra participación en la golpiza que sufrieron jóvenes pertenecientes a la cultura EMO; así mismo reiteramos que no hemos hecho ningún llamado a golpear a nadie y si a defender el derecho a la diferencia y la libertad de elegir nuestra forma de vestir, de pensar y las preferencias sexuales.
La imagen de la portada del periódico La Jornada no concuerda con el encabezado del mismo, contradiciéndose así mismo, pues acusa a jóvenes punks, metaleros, ska y darks que ni siquiera aparecen en la imagen; y si un grupo de adolescentes con ropa de moda observando la golpiza y adulto que golpea y filma al EMO.
Nosotros los punk y anarcopunks siempre hemos sido estigmatizados, aislados, rechazados y reprimidos por los diferentes gobiernos y por la misma sociedad tanto en Querétaro, en México y como en el mundo. Nosotros como grupo antiautoritario en busca de una sociedad libre, no estamos en contra de ningún otro grupo que no sea el que esta en el poder.
La creación de diferencias y provocaciones entre los diferentes grupos culturales y estilos musicales, siempre han sido actos del Gobierno apoyados por grupos burgueses; no debemos olvidar que Querétaro es uno de los estados donde opera el Yunque como lo puede constatar la preparación paramilitar de jóvenes en la zona serrana denominados “Aves Azules” (Diario Monitor, 16 de agosto 2006).
Nosotros tenemos muchas dudas sobre lo sucedido:
§ Este suceso no ha ocurrido solo esta vez, en otras ocasiones ya ha ocurrido, en especial cuando hay jóvenes que se están apropiando de algún espacio del centro, la diferencia que esta vez no se utilizo a la “guardia” municipal para desalojarlos, está vez ya estuvo más fabricado para barrer a las periferias a un grupo de chavos que dan mal aspecto ante el turismo, como en su tiempo se barrio a los dark, a los punk, a los ska con todo y patineta, incluso a las indígenas que venden y al grupo de artesanos que acostumbraban a vender sus artículos.
§ Nuevamente la participación de los medios masivos de incomunicación, este grupo de poder –de los más poderosos en estos días- juega su papel que mejor sabe hacer, bombardear con mentiras hasta que se haga verdad, es importante destacar –nuevamente- la falta de profesionalismo y ética para dar a conocer el tema: “la nota más alarmante y amarillista es la mejor”. Los periódicos y las televisoras local y nacional principalmente, le hacen el juego a los otros grupos de poder. De que si son 200, 1000 incluso algunos hasta mencionaron que 2000; ni ellos se ponen de acuerdo en lo más básico que es una cifra, ahora cómo se les cree lo otro que mencionan sobre los supuestos agresores, estamos seguros que no tienen ni la menor idea de lo que es un Punk y su lucha.
§ El gobierno ya declaro saber sobre la convocatoria tiempo antes del viernes 7 de marzo entonces, ¿por qué no monto un operativo “preventivo” de los que acostumbra y dejo que ocurriera el acto en pleno viernes y en el centro? Sabemos la excesiva vigilancia que hay los fines de semana en ese lugar.
§ Sabemos que en el grupo de poder se están decidiendo cosas como la utilización de los derechos humanos para justificar sus nuevas leyes y la propuesta de la otra constitución ¿no será que estos actos hayan sido provocados para que funcionaran como distractor de la opinión pública?
Y así nos podríamos ir haciendo preguntas sobre lo ocurrido. Pero este documento solo es para mencionar que los punk no caemos en esas provocaciones, pensamos que estos hechos deben pensarse y analizarse más a fondo, la reflexión debe ir más allá de comprendernos o hacer proyectos para que los chavos tengan un lugar en la sociedad, lo ocurrido trae un origen político y sus consecuencias se desprenderán para reforzar la exclusión, la represión, el hostigamiento y la vigilancia, al final de cuentas estas condiciones son la única alternativa para los jóvenes que denuncian lo jodido de la sociedad y se avientan a cometer el peor de los delitos en el mundo, en el país y en Querétaro, el ser diferentes y críticos.
¡¡No Somos tan Violentos como Creen, ni tan Pacíficos como Desean!!
Un pueblo que no conoce su historia esta condenado a repetirla
Que la cultura y la enseñanza aspiren al aprendizaje de la libertad y no de la sumisión y la división de los de abajo, ser libre es el verdadero camino, solo hay que construirlo para caminarlo.
Grupos, colectivos e individuos Punk y Anarco-punk
Querétaro, Qro. 12 de marzo de 2008
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Respuesta del SITUAM al ultimatum
Ciudad de México, D. F., a 18 de marzo de 2008
Dr. José Lema Labadie
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana
Informados a través, primero de su intervención en los medios de comunicación, y posteriormente por oficio t5SG.410.08, firmado por el Secretario General de la UAM, Mtro. Javier Melgoza Valdivia, nos enteramos de su invitación a levantar la huelga en el plazo perentorio de 24 horas. Después de una muy detenida ponderación de los puntos fundamentales sobre su planteamiento y con una importante participación de trabajadores académicos y administrativos, el Comité de Huelga del SITUAM llegó por unanimidad a los siguientes acuerdos:
1. Rechazar de manera contundente el ultimátum que nos presenta como vía para solucionar el conflicto. Consideramos que es la primera ocasión, en los 34 años de vida de nuestra institución, que la máxima autoridad de la UAM utiliza este tipo de planteamientos incompatible con las formas y los valores universitarios.
Esta forma de relacionarse con la organización sindical titular del Contrato Colectivo que regula las relaciones entre la representación de la Universidad y los trabajadores universitarios es también inédita en los 33 años de la relación bilateral.
2. Rechazamos enérgicamente su pretensión, por segunda ocasión en este conflicto, de retirar de la mesa de negociación ofrecimientos formalmente presentados por la representación de la Universidad, incluso con redacciones específicas de acuerdos, que fueron el resultado de largas horas de discusión entre ambas representaciones y difundidas ampliamente por la propia Institución en los medios de comunicación. Así ocurrió inmediatamente después del estallamiento de la huelga, y ahora se repite como un obstáculo significativo a la inmediata solución del conflicto.
3. Llamamos a esta representación de la Universidad a negociaciones el día de hoy a partir de las 19:00 horas, en el lugar que mutuamente convengamos. Es necesario avanzar de manera clara y decisiva a la resolución inmediata de este conflicto laboral frente a los trabajadores, frente al quehacer académico interrumpido durante más de 47 días, frente a los estudiantes y frente a la responsabilidad que tiene la universidad pública ante la sociedad.
Para ello, es indispensable retomar la discusión sobre los temas que son objeto de las negociaciones, a partir del punto en que la representación de la Universidad decidió retirarse de la mesa, el día 7 de marzo; igualmente, es necesario realizar esfuerzos más vigorosos para generar y encontrar nuevas fórmulas que permitan elevar los niveles de ingreso real de los trabajadores. El Sindicato ha hecho y hará los esfuerzos necesarios para tal efecto.
4. Consideramos como un avance para la pronta solución del conflicto el que se esté ya ofreciendo formalmente el 100 por ciento de salarios caídos. Aceptamos desde ahora tal oferta porque contribuye efectivamente a la recuperación de los ingresos de los trabajadores, cuyo rezago usted mismo ha reconocido, y porque despeja desde ahora el tramo final de la salida de la huelga.
Por la unidad en la lucha social
Lic. Hermelinda Hurtado Guzmán
Secretaria General del Situam
ccp. Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia.- Secretario General de la UAM.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Dr. José Lema Labadie
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana
Informados a través, primero de su intervención en los medios de comunicación, y posteriormente por oficio t5SG.410.08, firmado por el Secretario General de la UAM, Mtro. Javier Melgoza Valdivia, nos enteramos de su invitación a levantar la huelga en el plazo perentorio de 24 horas. Después de una muy detenida ponderación de los puntos fundamentales sobre su planteamiento y con una importante participación de trabajadores académicos y administrativos, el Comité de Huelga del SITUAM llegó por unanimidad a los siguientes acuerdos:
1. Rechazar de manera contundente el ultimátum que nos presenta como vía para solucionar el conflicto. Consideramos que es la primera ocasión, en los 34 años de vida de nuestra institución, que la máxima autoridad de la UAM utiliza este tipo de planteamientos incompatible con las formas y los valores universitarios.
Esta forma de relacionarse con la organización sindical titular del Contrato Colectivo que regula las relaciones entre la representación de la Universidad y los trabajadores universitarios es también inédita en los 33 años de la relación bilateral.
2. Rechazamos enérgicamente su pretensión, por segunda ocasión en este conflicto, de retirar de la mesa de negociación ofrecimientos formalmente presentados por la representación de la Universidad, incluso con redacciones específicas de acuerdos, que fueron el resultado de largas horas de discusión entre ambas representaciones y difundidas ampliamente por la propia Institución en los medios de comunicación. Así ocurrió inmediatamente después del estallamiento de la huelga, y ahora se repite como un obstáculo significativo a la inmediata solución del conflicto.
3. Llamamos a esta representación de la Universidad a negociaciones el día de hoy a partir de las 19:00 horas, en el lugar que mutuamente convengamos. Es necesario avanzar de manera clara y decisiva a la resolución inmediata de este conflicto laboral frente a los trabajadores, frente al quehacer académico interrumpido durante más de 47 días, frente a los estudiantes y frente a la responsabilidad que tiene la universidad pública ante la sociedad.
Para ello, es indispensable retomar la discusión sobre los temas que son objeto de las negociaciones, a partir del punto en que la representación de la Universidad decidió retirarse de la mesa, el día 7 de marzo; igualmente, es necesario realizar esfuerzos más vigorosos para generar y encontrar nuevas fórmulas que permitan elevar los niveles de ingreso real de los trabajadores. El Sindicato ha hecho y hará los esfuerzos necesarios para tal efecto.
4. Consideramos como un avance para la pronta solución del conflicto el que se esté ya ofreciendo formalmente el 100 por ciento de salarios caídos. Aceptamos desde ahora tal oferta porque contribuye efectivamente a la recuperación de los ingresos de los trabajadores, cuyo rezago usted mismo ha reconocido, y porque despeja desde ahora el tramo final de la salida de la huelga.
Por la unidad en la lucha social
Lic. Hermelinda Hurtado Guzmán
Secretaria General del Situam
ccp. Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia.- Secretario General de la UAM.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
ACOMPAÑAR EL 24 A LA AUDIENCIA DE LOS PRESOS DE ATENCO
A la otra campaña.
Compañeros, compañeras el próximo lunes 24 de marzo se llevara a cabo una audiencia mas del proceso en contra de nuestros compañera Patricia Romero y nuestros compañeros Arturo Sánchez Romero y Raúl Romero Macias presos desde el 3 de mayo del 2006, detenidos en Texcoco junto a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y otros compañeros.
Invitamos a todas y todos, individuos, colectivos, organizaciones de La Otra Campaña a asistir a apoyar a nuestros compañeros en esta audiencia el lunes 24 de marzo del 2008 a las 10 de la mañana en los juzgados del penal “Molino de Flores” y seguirles demostrando que no están solos, que estamos con ellos y con ella…y que exigimos su liberación inmediata y la de todos los demás compañeros presos y procesados por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco.
Los esperamos.
¡Libertad a los presos políticos!
¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas!
Plantón Molino de Flores
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Compañeros, compañeras el próximo lunes 24 de marzo se llevara a cabo una audiencia mas del proceso en contra de nuestros compañera Patricia Romero y nuestros compañeros Arturo Sánchez Romero y Raúl Romero Macias presos desde el 3 de mayo del 2006, detenidos en Texcoco junto a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y otros compañeros.
Invitamos a todas y todos, individuos, colectivos, organizaciones de La Otra Campaña a asistir a apoyar a nuestros compañeros en esta audiencia el lunes 24 de marzo del 2008 a las 10 de la mañana en los juzgados del penal “Molino de Flores” y seguirles demostrando que no están solos, que estamos con ellos y con ella…y que exigimos su liberación inmediata y la de todos los demás compañeros presos y procesados por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco.
Los esperamos.
¡Libertad a los presos políticos!
¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas!
Plantón Molino de Flores
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Chiapas – Acción urgente por los presos políticos de Chiapas
2005-2015 “Década de lucha contra la impunidad”
En consonancia, apoyo y en base a los llamados urgentes emitidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y el Grupo Democracia y Paz.
AU - 012 - 2008 – HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLÍTICOS - CHIAPAS
ACCION URGENTE: Preocupación por la grave situación de riesgo a la vida e integridad personal en que se encuentran 38 presos políticos de origen indígena en huelga de hambre en diversos Centros de Readaptación Social del Estado de Chiapas.
México, Distrito Federal 18 de marzo de 2008.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas
Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la CDH de Chiapas
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Lic. Sonia Siman Morales
Presidente de la Magistratura Superior Ministro de Justicia del Estado de del Estado de Chiapas y Consejera Chiapas
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Presidente del Consejo de la Magistratura Poder Judicial del Estado de Chiapas
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH FrayBA), La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité Cerezo México, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la grave situación de riesgo a la vida e integridad personal de 38 presos políticos y de conciencia, y presos injustamente detenidos asociados a motivos políticos y sociales, detenidos en los Centros de Readaptación Social número 5, 14 y 17 del estado de Chiapas.
HECHOS
El 12 de febrero 2008, a las 11:00 horas am., en el Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14), conocido como “El Amate” en Cintalapa, Estado de Chiapas, Zacario HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, indígena totzil, preso político acusado injustamente del caso conocido como “Tres Cruces”, comenzó una huelga de hambre indefinida reclamando libertad inmediata para él, así como por de su hermano Enrique HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y su compañero Pascual HEREDIA HERNÁNDEZ. Acusando al exgobernador Sr. Pablo SALAZAR de fabricación de delitos. Así como las evidentes irregularidades y graves delitos cometidos por las fuerzas de seguridad en su caso denunciando que “mi hermano Enrique y el compañero Pascual no tuvieron abogado, ni traductor cuando declararon en la procuraduría. Fuimos torturados salvajemente y amenazados de muerte. Así como obligados a firmar los papeles sin saber nada de que se trataba.”
A la protesta se fueron sumando más presos y actualmente, son 38 presos políticos indígenas los que se encuentran en huelga de hambre en los Centros de Readaptación Social número 5, 14 y 17, situados en San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Playa de Catazaja respectivamente, todos ellos en el estado de Chiapas. Y otras 10 personas se han declarado en jornadas de ayuno hasta que el gobierno estatal y federal atienda y restituya las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de los presos, en materia del debido proceso y protección judicial durante la detención y sus procesos penales.
Por la información publicada en prensa, los informes difundidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y compilados por el Grupo Paz con Democracia, tenemos conocimiento que los presos indígenas que se han declarado en huelga de hambre, son los siguientes:
Del Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14) en Cintalapa, Chiapas: Zacario Hernández Hernández, Mateo Hernández Bautista, Alberto Patishtan Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Jorge López López, Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez, Domingo Cruz Gómez, Rubén Jiménez Pablo, Enrique López Hernández y Pável Vázquez Cruz.
Del Centro de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tiburcio Gómez Pérez, Pedro Guadalupe Enríquez Santiz, Julio Cesar Méndez Luna, José Luis Gómez Morales, Diego Rodríguez Hernández, Guadalupe Gómez Cruz, Manuel Ruíz Hernández, Antonio Ruíz Pérez, Mario Jiménez López, Agustín Rodríguez Jiménez y Amapola Gómez Pérez.
Del Centro de Readaptación Social número 17 de Playas de Catazaja, Chiapas: Pablo Sánchez Gómez, Elias Sánchez Gómez (padre), Elias Sánchez Gómez (hijo), Timoteo Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez, José Sánchez Gómez, Felipe Sánchez Gómez, Esteban Sánchez Gómez, Pablo Gutiérrez Hernández, Javier Sánchez López y Fidencio Sánchez Gutiérrez.
Además de 10 personas que mantienen jornadas de ayuno, en el Cereso 14: Enrique Hernández Hernández, Pascual Heredia Hernández, Delia Pérez Arizmendi y Jesús López López y Andrés Hernández Hernández; en el Cereso 5: Antonio Díaz Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Felipe Gómez Pérez y Nicolás Pérez Núñez.
Los presos indígenas, miembros de organizaciones sociales como: “La voz del Amate”, “La voz de los Llanos”, “Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal”, “Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos –CIOAC-“ “Movimiento campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional CERRSS -MOCRI-CNPA-M:N-”, “La Casa del Pueblo” de Venustiano Carranza, así como bases de apoyo Zapatistas. Todos ellos reclaman se les restituyan sus derechos en virtud de haber sido privados de su libertad mediante procedimientos en los que no se observaron y garantizaron el derecho a un debido proceso legal, denunciando inclusive, que fueron sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener declaraciones autoinculpatorias. Hechos que han quedando impunes pese a la denuncia de haber padecido actos denigrantes cometidos y consentidos por servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas.
Desde la Limeddh expresamos nuestra preocupación por la reciente respuesta dada por el gobierno de Chiapas, donde establece una reunión de una comisión de reconciliación que determinará una solución en un plazo de treinta días. Recordamos que Justicia que llega tarde no es justicia, ya que tal propuesta es totalmente inadecuada e ignora deliberadamente la situación.
Por lo anterior solicitamos a cada estancia según sus competencias:
i. Que se inicien con la mayor presteza, los mecanismos necesarios para la liberación inmediata de los afectados, dado el eminente carácter urgente de la situación. Así como que las autoridades pertinentes se desplacen al lugar para escuchar de viva voz sus demandas.
ii. Que se garantice la integridad física y psicológica, y se les brinden todas las facilidades a quienes se encuentran en la huelga de hambre y a familiares y amigos que están en apoyo.
iii. Se tomen las medidas necesarias para poner fin a las violaciones continuadas a los derechos humanos de los detenidos puesto que han sido objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos y ante las graves irregularidades en los procesos penales.
iv. El inicio inmediato de una investigación exhaustiva e imparcial en relación a dichos hostigamientos y difamaciones y el castigo a los culpables.
v. Se busquen mecanismos para la libertad de los presos que se encuentran en huelga de hambre y mecanismos para la reparación de daños.
vi. El respeto a todos los pactos y tratados internacionales ratificados por México en relación a la protección y salvaguarda de los Defensores de Derechos Humanos.
vii. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y medioambientales, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
viii. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
ATENTAMENTE
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH ¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
Adrián Ramírez López; Presidente de la Limeddh
Mandar sus comunicaciones con calve AU – 012 - 2008 – HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLÍTICOS – CHIAPAS con copia a
enlace.limeddh@gmail.com:
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno 1er. Piso, Centro C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 01(961) 8-80-50 Ext. 21121
Teléfono: 61 8-80-86, 61 8-80-87, 61 8-80-88 Fax: Ext. 21120, 21122
juansabines@chiapas.gob.mx
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Fiscal General de Justicia del estado de Chiapas
Libramiento Norte Oriente S/N, Col. Infonavit El Rosario,
C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Conmutador: (961) 6 17 23 00. Ext. 17117, 17118 Fax: Ext.17119
fiscaliachiapas@prodigy.net.mx
Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la Comisión de los derechos humanos del Estado de Chiapas
Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Tel. (961) 602 8980 y 602 8981
Lada sin costo: 01 800 55 28 242 Lada sin costo: 01 800 55 28 242
cdh@cdh-chiapas.org.mx
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Chiapas
Blv. Adolfo Ruíz Cortinez No. 4029, Jardines en la Montaña, Delegación
Tlalpan.
CP. 14210 Mexico D. F.
Conmutador: (01 55) 56 28 00 Est. 10601–10605 Fax: 56 28 06 43
c.secretario@sermanat.gob.mx
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx
Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx
Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
Con copia: enlace.limeddh@gmail.com
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
En consonancia, apoyo y en base a los llamados urgentes emitidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y el Grupo Democracia y Paz.
AU - 012 - 2008 – HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLÍTICOS - CHIAPAS
ACCION URGENTE: Preocupación por la grave situación de riesgo a la vida e integridad personal en que se encuentran 38 presos políticos de origen indígena en huelga de hambre en diversos Centros de Readaptación Social del Estado de Chiapas.
México, Distrito Federal 18 de marzo de 2008.
Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas
Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la CDH de Chiapas
Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Unidad de Derechos Humanos SEGOB
Lic. Sonia Siman Morales
Presidente de la Magistratura Superior Ministro de Justicia del Estado de del Estado de Chiapas y Consejera Chiapas
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Presidente del Consejo de la Magistratura Poder Judicial del Estado de Chiapas
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH FrayBA), La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el Comité Cerezo México, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la grave situación de riesgo a la vida e integridad personal de 38 presos políticos y de conciencia, y presos injustamente detenidos asociados a motivos políticos y sociales, detenidos en los Centros de Readaptación Social número 5, 14 y 17 del estado de Chiapas.
HECHOS
El 12 de febrero 2008, a las 11:00 horas am., en el Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14), conocido como “El Amate” en Cintalapa, Estado de Chiapas, Zacario HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, indígena totzil, preso político acusado injustamente del caso conocido como “Tres Cruces”, comenzó una huelga de hambre indefinida reclamando libertad inmediata para él, así como por de su hermano Enrique HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y su compañero Pascual HEREDIA HERNÁNDEZ. Acusando al exgobernador Sr. Pablo SALAZAR de fabricación de delitos. Así como las evidentes irregularidades y graves delitos cometidos por las fuerzas de seguridad en su caso denunciando que “mi hermano Enrique y el compañero Pascual no tuvieron abogado, ni traductor cuando declararon en la procuraduría. Fuimos torturados salvajemente y amenazados de muerte. Así como obligados a firmar los papeles sin saber nada de que se trataba.”
A la protesta se fueron sumando más presos y actualmente, son 38 presos políticos indígenas los que se encuentran en huelga de hambre en los Centros de Readaptación Social número 5, 14 y 17, situados en San Cristóbal de las Casas, Cintalapa y Playa de Catazaja respectivamente, todos ellos en el estado de Chiapas. Y otras 10 personas se han declarado en jornadas de ayuno hasta que el gobierno estatal y federal atienda y restituya las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de los presos, en materia del debido proceso y protección judicial durante la detención y sus procesos penales.
Por la información publicada en prensa, los informes difundidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y compilados por el Grupo Paz con Democracia, tenemos conocimiento que los presos indígenas que se han declarado en huelga de hambre, son los siguientes:
Del Centro de Readaptación Social número 14 (Cereso 14) en Cintalapa, Chiapas: Zacario Hernández Hernández, Mateo Hernández Bautista, Alberto Patishtan Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Jorge López López, Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez, Domingo Cruz Gómez, Rubén Jiménez Pablo, Enrique López Hernández y Pável Vázquez Cruz.
Del Centro de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tiburcio Gómez Pérez, Pedro Guadalupe Enríquez Santiz, Julio Cesar Méndez Luna, José Luis Gómez Morales, Diego Rodríguez Hernández, Guadalupe Gómez Cruz, Manuel Ruíz Hernández, Antonio Ruíz Pérez, Mario Jiménez López, Agustín Rodríguez Jiménez y Amapola Gómez Pérez.
Del Centro de Readaptación Social número 17 de Playas de Catazaja, Chiapas: Pablo Sánchez Gómez, Elias Sánchez Gómez (padre), Elias Sánchez Gómez (hijo), Timoteo Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez, José Sánchez Gómez, Felipe Sánchez Gómez, Esteban Sánchez Gómez, Pablo Gutiérrez Hernández, Javier Sánchez López y Fidencio Sánchez Gutiérrez.
Además de 10 personas que mantienen jornadas de ayuno, en el Cereso 14: Enrique Hernández Hernández, Pascual Heredia Hernández, Delia Pérez Arizmendi y Jesús López López y Andrés Hernández Hernández; en el Cereso 5: Antonio Díaz Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Felipe Gómez Pérez y Nicolás Pérez Núñez.
Los presos indígenas, miembros de organizaciones sociales como: “La voz del Amate”, “La voz de los Llanos”, “Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal”, “Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos –CIOAC-“ “Movimiento campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional CERRSS -MOCRI-CNPA-M:N-”, “La Casa del Pueblo” de Venustiano Carranza, así como bases de apoyo Zapatistas. Todos ellos reclaman se les restituyan sus derechos en virtud de haber sido privados de su libertad mediante procedimientos en los que no se observaron y garantizaron el derecho a un debido proceso legal, denunciando inclusive, que fueron sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener declaraciones autoinculpatorias. Hechos que han quedando impunes pese a la denuncia de haber padecido actos denigrantes cometidos y consentidos por servidores públicos encargados de la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas.
Desde la Limeddh expresamos nuestra preocupación por la reciente respuesta dada por el gobierno de Chiapas, donde establece una reunión de una comisión de reconciliación que determinará una solución en un plazo de treinta días. Recordamos que Justicia que llega tarde no es justicia, ya que tal propuesta es totalmente inadecuada e ignora deliberadamente la situación.
Por lo anterior solicitamos a cada estancia según sus competencias:
i. Que se inicien con la mayor presteza, los mecanismos necesarios para la liberación inmediata de los afectados, dado el eminente carácter urgente de la situación. Así como que las autoridades pertinentes se desplacen al lugar para escuchar de viva voz sus demandas.
ii. Que se garantice la integridad física y psicológica, y se les brinden todas las facilidades a quienes se encuentran en la huelga de hambre y a familiares y amigos que están en apoyo.
iii. Se tomen las medidas necesarias para poner fin a las violaciones continuadas a los derechos humanos de los detenidos puesto que han sido objeto de diversas violaciones a sus derechos humanos y ante las graves irregularidades en los procesos penales.
iv. El inicio inmediato de una investigación exhaustiva e imparcial en relación a dichos hostigamientos y difamaciones y el castigo a los culpables.
v. Se busquen mecanismos para la libertad de los presos que se encuentran en huelga de hambre y mecanismos para la reparación de daños.
vi. El respeto a todos los pactos y tratados internacionales ratificados por México en relación a la protección y salvaguarda de los Defensores de Derechos Humanos.
vii. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y medioambientales, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
viii. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
ATENTAMENTE
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH ¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!
Adrián Ramírez López; Presidente de la Limeddh
Mandar sus comunicaciones con calve AU – 012 - 2008 – HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLÍTICOS – CHIAPAS con copia a
enlace.limeddh@gmail.com:
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno 1er. Piso, Centro C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 01(961) 8-80-50 Ext. 21121
Teléfono: 61 8-80-86, 61 8-80-87, 61 8-80-88 Fax: Ext. 21120, 21122
juansabines@chiapas.gob.mx
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Fiscal General de Justicia del estado de Chiapas
Libramiento Norte Oriente S/N, Col. Infonavit El Rosario,
C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Conmutador: (961) 6 17 23 00. Ext. 17117, 17118 Fax: Ext.17119
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Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la Comisión de los derechos humanos del Estado de Chiapas
Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Tel. (961) 602 8980 y 602 8981
Lada sin costo: 01 800 55 28 242 Lada sin costo: 01 800 55 28 242
cdh@cdh-chiapas.org.mx
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada
Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Chiapas
Blv. Adolfo Ruíz Cortinez No. 4029, Jardines en la Montaña, Delegación
Tlalpan.
CP. 14210 Mexico D. F.
Conmutador: (01 55) 56 28 00 Est. 10601–10605 Fax: 56 28 06 43
c.secretario@sermanat.gob.mx
Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx
Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx
Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org
Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx
Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
Con copia: enlace.limeddh@gmail.com
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Conmociona asesinato del líder agrario chihuahuense Armando Villareal Marta
Su lucha por los derechos de los campesinos del norte impactó a todo el país
Marta Fernández
Sábado, 15 de Marzo de 2008
Casas Grandes, Chihuahua.- Dentro de un marco de lucha por la reivindicación del campo, uno de los máximos luchadores de los derechos de los campesinos de Chihuahua y el País, Armando Villarreal Marta, fue acribillado y muerto ayer alrededor de las 12:35 horas a manos de un grupo armado.
Este atentado “prende un foco rojo que podría traer reacciones”, coincidieron en señalar varios dirigentes agropecuarios, quienes exigen un alto a la violencia en el Estado y el esclarecimiento de los hechos.
El líder arteramente asesinado era dirigente en el país de Agrodinámica Nacional y en conjunto con el comité de la Comarca Lagunera, logró obtener el amparo federal a favor de los productore s en contra de la CFE; asimismo había encabezado recientemente la magna Marcha por la Dignidad del Campo que partió de Ciudad Juárez hasta el Zócalo de México.
El atentado ocurrió en momentos en que en Chihuahua se encontraba reunido el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, integrado por más de 40 organizaciones agropecuarias y Secretarías en pleno, así como los Sistemas Producto.
A dicha reunión llegó la noticia de que a Villarreal Marta lo habían rafagueado cuando estaba llegando a Casas Grandes en compañía de su hijo. Luego de guardarle un minuto de silencio, se recordaron las luchas que encabezó al lado de otros líderes campesinos en el Estado y en el País.
El dirigente de El Barzón, Roberto Cázares Quintana, dijo que el Consejo se pronunciará públicamente el día de hoy en rechazo a la violencia que priva en el Estado y por el atentado que sufrió el compañero; exigirán asimismo se esclarezca el crimen de quien se caracterizó como un luchador tenaz por los derechos de los productores.
Se exige un alto a la violencia en el Estado porque en esta ocasión el atentado contra Villarreal Marta es también un atentado contra el campo. Con su muerte se está perdiendo un activo luchador del sector agropecuario y lo más lamentable es que ocurra en una entidad donde se han dado las más fuertes luchas a favor de los agricultores.
Carlos Durán Flores, actual presidente de la Asociación Civil de Usuarios y dirigente de la Unión de Lecheros en la región, comentó que Villarreal había estado con Joaquín Montaño, líder de Sinaloa, así como con el senador Jefrey Jones, y al llegar a Casas Grandes fue perseguido de pronto por unos sujetos cuando manejaba su vehículo.
“Creemos que no es un ataque ni municipal ni estatal ni federal, pero el tipo de acallar y callar a una persona es la peor estupidez que existe; sabemos de algo, pero no tenemos el preciso conocimiento de lo ocurrido”.
“Tampoco sabemos de dónde viene el ataque, pero prende a nivel estatal y nacional un foco rojo muy fuerte, y que indigna a la gente que anda tratando bajo cualquier convicción de arreglo los problemas del campo mexicano, y que obliga a un pronunciamiento generalizado que rechaza estos hechos y exige justicia”, dijo finalmente Carlos Durán.
Armando Villarreal llegó a ser encarcelado y tenía una serie de órdenes de aprehensión en su contra, como resultado de sus luchas contra la CFE, SHyCP, ley energética, entre otras.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
Marta Fernández
Sábado, 15 de Marzo de 2008
Casas Grandes, Chihuahua.- Dentro de un marco de lucha por la reivindicación del campo, uno de los máximos luchadores de los derechos de los campesinos de Chihuahua y el País, Armando Villarreal Marta, fue acribillado y muerto ayer alrededor de las 12:35 horas a manos de un grupo armado.
Este atentado “prende un foco rojo que podría traer reacciones”, coincidieron en señalar varios dirigentes agropecuarios, quienes exigen un alto a la violencia en el Estado y el esclarecimiento de los hechos.
El líder arteramente asesinado era dirigente en el país de Agrodinámica Nacional y en conjunto con el comité de la Comarca Lagunera, logró obtener el amparo federal a favor de los productore s en contra de la CFE; asimismo había encabezado recientemente la magna Marcha por la Dignidad del Campo que partió de Ciudad Juárez hasta el Zócalo de México.
El atentado ocurrió en momentos en que en Chihuahua se encontraba reunido el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, integrado por más de 40 organizaciones agropecuarias y Secretarías en pleno, así como los Sistemas Producto.
A dicha reunión llegó la noticia de que a Villarreal Marta lo habían rafagueado cuando estaba llegando a Casas Grandes en compañía de su hijo. Luego de guardarle un minuto de silencio, se recordaron las luchas que encabezó al lado de otros líderes campesinos en el Estado y en el País.
El dirigente de El Barzón, Roberto Cázares Quintana, dijo que el Consejo se pronunciará públicamente el día de hoy en rechazo a la violencia que priva en el Estado y por el atentado que sufrió el compañero; exigirán asimismo se esclarezca el crimen de quien se caracterizó como un luchador tenaz por los derechos de los productores.
Se exige un alto a la violencia en el Estado porque en esta ocasión el atentado contra Villarreal Marta es también un atentado contra el campo. Con su muerte se está perdiendo un activo luchador del sector agropecuario y lo más lamentable es que ocurra en una entidad donde se han dado las más fuertes luchas a favor de los agricultores.
Carlos Durán Flores, actual presidente de la Asociación Civil de Usuarios y dirigente de la Unión de Lecheros en la región, comentó que Villarreal había estado con Joaquín Montaño, líder de Sinaloa, así como con el senador Jefrey Jones, y al llegar a Casas Grandes fue perseguido de pronto por unos sujetos cuando manejaba su vehículo.
“Creemos que no es un ataque ni municipal ni estatal ni federal, pero el tipo de acallar y callar a una persona es la peor estupidez que existe; sabemos de algo, pero no tenemos el preciso conocimiento de lo ocurrido”.
“Tampoco sabemos de dónde viene el ataque, pero prende a nivel estatal y nacional un foco rojo muy fuerte, y que indigna a la gente que anda tratando bajo cualquier convicción de arreglo los problemas del campo mexicano, y que obliga a un pronunciamiento generalizado que rechaza estos hechos y exige justicia”, dijo finalmente Carlos Durán.
Armando Villarreal llegó a ser encarcelado y tenía una serie de órdenes de aprehensión en su contra, como resultado de sus luchas contra la CFE, SHyCP, ley energética, entre otras.
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Mandan a Calderón a la Corte Interamericana
Esta es la primera ocasión en que el Gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional como consecuencia de delitos perpetrados por militares
Apro / Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz
Debido a la falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Gobierno será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas.
Se trata del primer caso en que el Gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil.
La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte Interamericana, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12.511, después de casi tres años de haber sido admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del Gobierno mexicano a sus recomendaciones.
El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al Gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares.
El 15 de octubre de ese año, una delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilatertales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la Comisión acerca del cumplimiento de dichas medidas, pero solicitó una prórroga de ocho meses. La Comisión sólo le concedió 120 días. La fecha límite se venció el pasado domingo 9, sin que el funcionario federal cumpliera con la exigencia del organismo.
En su respuesta, la delegación encabezada por el subsecretario Gómez Robledo informó que como parte del cumplimiento de esas peticiones “lleva a cabo actualmente amplios esfuerzos institucionales en materia de investigación y reparación respecto de los hechos que configuran el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Sus acciones, dijo, tendrán “resultados contundentes”.
La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el Gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.
Contra el fuero militar
En una sesión realizada el jueves 13 en la sede de la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del Gobierno mexicano informaron que no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico.
A este militar, que en Guerrero estuvo al frente de la Brigada Blanca, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) lo consignó el 11de agosto de 2005 por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla.
Sin embargo, el proceso judicial terminó en la jurisdicción militar, lo que fue considerado por la Comisión como violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.
La delegación mexicana refirió también que para localizar a la víctima se procedió, el pasado 2 de febrero, al escaneo del terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Asimismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y que pagaría alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.
Para Sirvent, la determinación de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a la deficiente respuesta del Gobierno de Calderón, “desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.
Desde Washington, Sirvent destaca en entrevista telefónica que fue tan mala la respuesta del Gobierno mexicano, que “ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la “guerra sucia”. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”.
Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos” en aquellos años.
De acuerdo con Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México Afadem), entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al periodo de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, padre de Tita fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.
Crímenes de Estado
La noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita.
La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”.
Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.
Las secuelas de la represión fueron más allá de la desaparición de Radilla. “Hubo hostigamiento, persecución, militarización del estado, comunidades de la sierra arrasadas, violaciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La gente aún no puede superar ese trauma”.
Dice que los 122 casos de desaparición forzada entre julio y noviembre de 1974 formarán parte de un expediente que se enviará a la Comisión. “Pensamos que va a tener el mismo trato que el de mi padre, porque en todas esas desapariciones los responsables son los mismos”.
A su vez, María Sirvent asegura que, cuando la Comisión notifique a los familiares de Radilla y sus abogados su decisión de turnar el caso a la Corte “tendremos dos meses para presentar nuestra demanda con pruebas, testigos y peritos”.
El Gobierno de Calderón tiene 60 días para responder. Después de ello, los jueces del organismo jurisdiccional interamericano analizarán el caso para decidir su admisión.
La abogada confía en que el caso sea atraído por la Corte. Optimista, sostiene que una sentencia favorable no sólo beneficiaría a los Radilla, sino a familiares de otras víctimas.
Los familiares de desaparecidos piden la creación de una instancia para conocer la verdad histórica, cambios legislativos como garantía para que no se repitan los hechos; reformas a la Ley de Amparo con el fin de combatir la desaparición forzada; supresión de la jurisdicción militar; así como la aprobación de una ley general de desaparición forzada y otra para la reparación del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Sirvent sostiene que la decisión de la Comisión va a tener un impacto y un costo político muy grande para el Gobierno Federal “porque va a evidenciar que mientras no haya un cambio en estructuras y en legislación, se van a seguir cometiendo este tipo de delitos”.
En cuanto a la actuación del Ejército mexicano, dice la abogada, será una prueba más de que “no es el competente para hacer labores de seguridad pública, cosa que está pasando actualmente”.
Añade que en las audiencias ante la Corte, la familia Radilla y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ofrecerán los testimonios de especialistas como Sergio Aguayo y Carlos Montemayor.
Hubo represión
En entrevista con este semanario, Montemayor resalta la importancia del caso, porque es el primero referente a la “guerra sucia” llevado a esa instancia internacional y su ventilación “permitirá que puedan conocer esas atrocidades que ocurrieron en México y que no sabemos si siguen pasando”.
Destaca que su participación consistirá en “una exposición sucinta de la guerra sucia en México, que ha sido negada por las autoridades gubernamentales, quienes han rechazado cualquier imputación de tipo político en las actuaciones policiales y militares, a pesar de que hay suficientes investigaciones como para demostrar que sí hubo una represión sistemática e ilegal que se basó fundamentalmente en el secuestro de personas, en la tortura y en el asesinato”.
Para el autor de “Guerra en el paraíso”, novela que aborda hechos de represión contra pobladores de la sierra guerrerense durante el periodo en que el Ejército combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas, es de esperar que una de las consecuencias del juicio al Estado mexicano en beneficio de las víctimas y sus familiares sea la ubicación de restos, demanda que ha prevalecido durante más de 30 años.
La existencia y ubicación de fosas comunes o clandestinas, apunta, se documentó por el equipo de investigación historiográfica de la Femospp.
Y agrega: “Lo importante es identificar y recuperar los restos de esas víctimas, que es uno de los reclamos de los familiares; después podría pasarse al restañamiento de heridas sociales por parte del Estado mexicano, que van desde la entrega de los restos hasta indemnizaciones diversas, y por supuesto la identificación de los cuadros de oficiales y subordinados que perpetraron esos hechos”.
Más allá de que se difunda a nivel internacional el papel del Estado mexicano durante la “guerra sucia”, sostiene el historiador, lo más importante será que “no desaparezca la presión ciudadana ni la actividad de los organismos de defensa de derechos humanos y de familiares de desaparecidos en México”.
Lo que se busca es conocer la verdad y conservar “los documentos inconclusos de los historiadores de la Femospp para posteriores investigaciones”.
El Gobierno mexicano tendrá que responder en la Corte a los señalamientos que le hizo la Comisión en agosto de 2007. De acuerdo con el informe 60/07 de la Comisión relativo al caso Radilla, México ha incumplido con distintos ordenamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José sobre derechos y deberes del hombre.
Ese documento establece que pese al trabajo de la Femospp, “no se ha determinado el paradero del señor Radilla Pacheco ni se ha establecido la verdad de los hechos, y el proceso penal ha sido llevado en la justicia militar, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.
Precisa que las actuaciones de la fiscalía, que desapareció desde finales del Gobierno de Vicente Fox, “no dieron resultados concretos” en ese caso, ya que “sólo se ha procesado a una persona (Quirós Hermosillo), la cual fue absuelta”.
Sobre la jurisdicción penal militar a la que fue remitida el caso, la Comisión señala que el gobierno mexicano “no cumplió con los estándares del sistema interamericano respecto de casos que involucran a violaciones a los derechos humanos”.
Explica que en el sistema jurídico interamericano se prohíbe la aplicación del fuero penal militar en investigaciones relacionadas con la violación a derechos humanos. Precisa que los juicios se deben realizar en la justicia ordinaria, independientemente de que los responsables sean militares.
Como conclusión, establece que el Gobierno mexicano “no proveyó a la víctima Rosendo Radilla Pacheco y a sus familiares Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez de un recurso judicial efectivo y garantías judiciales, tendientes al esclarecimiento de los hechos como a la sanción de los responsables y obtención de una eventual reparación de los daños sufridos”.
En definitiva, agrega: “Pese a las investigaciones que se iniciaron con el fin de esclarecer los hechos, investigar y sancionar a los responsables, éstas no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables materiales e intelectuales”.
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Apro / Jorge Carrasco Araizaga y Gloria Leticia Díaz
Debido a la falta de voluntad política del presidente Felipe Calderón para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Gobierno será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero Lucio Cabañas.
Se trata del primer caso en que el Gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil.
La noche del jueves 13, la Comisión Interamericana determinó enviar a la Corte Interamericana, que preside el mexicano Sergio García Ramírez, el expediente de Radilla, identificado con el número 12.511, después de casi tres años de haber sido admitido por la Comisión y ante la insuficiente respuesta del Gobierno mexicano a sus recomendaciones.
El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al Gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares.
El 15 de octubre de ese año, una delegación mexicana encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilatertales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, debió informar a la Comisión acerca del cumplimiento de dichas medidas, pero solicitó una prórroga de ocho meses. La Comisión sólo le concedió 120 días. La fecha límite se venció el pasado domingo 9, sin que el funcionario federal cumpliera con la exigencia del organismo.
En su respuesta, la delegación encabezada por el subsecretario Gómez Robledo informó que como parte del cumplimiento de esas peticiones “lleva a cabo actualmente amplios esfuerzos institucionales en materia de investigación y reparación respecto de los hechos que configuran el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco”. Sus acciones, dijo, tendrán “resultados contundentes”.
La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el Gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.
Contra el fuero militar
En una sesión realizada el jueves 13 en la sede de la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del Gobierno mexicano informaron que no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico.
A este militar, que en Guerrero estuvo al frente de la Brigada Blanca, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) lo consignó el 11de agosto de 2005 por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla.
Sin embargo, el proceso judicial terminó en la jurisdicción militar, lo que fue considerado por la Comisión como violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.
La delegación mexicana refirió también que para localizar a la víctima se procedió, el pasado 2 de febrero, al escaneo del terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Asimismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y que pagaría alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.
Para Sirvent, la determinación de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a la deficiente respuesta del Gobierno de Calderón, “desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.
Desde Washington, Sirvent destaca en entrevista telefónica que fue tan mala la respuesta del Gobierno mexicano, que “ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la “guerra sucia”. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”.
Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos” en aquellos años.
De acuerdo con Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México Afadem), entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al periodo de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, padre de Tita fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.
Crímenes de Estado
La noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita.
La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”.
Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.
Las secuelas de la represión fueron más allá de la desaparición de Radilla. “Hubo hostigamiento, persecución, militarización del estado, comunidades de la sierra arrasadas, violaciones de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La gente aún no puede superar ese trauma”.
Dice que los 122 casos de desaparición forzada entre julio y noviembre de 1974 formarán parte de un expediente que se enviará a la Comisión. “Pensamos que va a tener el mismo trato que el de mi padre, porque en todas esas desapariciones los responsables son los mismos”.
A su vez, María Sirvent asegura que, cuando la Comisión notifique a los familiares de Radilla y sus abogados su decisión de turnar el caso a la Corte “tendremos dos meses para presentar nuestra demanda con pruebas, testigos y peritos”.
El Gobierno de Calderón tiene 60 días para responder. Después de ello, los jueces del organismo jurisdiccional interamericano analizarán el caso para decidir su admisión.
La abogada confía en que el caso sea atraído por la Corte. Optimista, sostiene que una sentencia favorable no sólo beneficiaría a los Radilla, sino a familiares de otras víctimas.
Los familiares de desaparecidos piden la creación de una instancia para conocer la verdad histórica, cambios legislativos como garantía para que no se repitan los hechos; reformas a la Ley de Amparo con el fin de combatir la desaparición forzada; supresión de la jurisdicción militar; así como la aprobación de una ley general de desaparición forzada y otra para la reparación del daño a víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
Sirvent sostiene que la decisión de la Comisión va a tener un impacto y un costo político muy grande para el Gobierno Federal “porque va a evidenciar que mientras no haya un cambio en estructuras y en legislación, se van a seguir cometiendo este tipo de delitos”.
En cuanto a la actuación del Ejército mexicano, dice la abogada, será una prueba más de que “no es el competente para hacer labores de seguridad pública, cosa que está pasando actualmente”.
Añade que en las audiencias ante la Corte, la familia Radilla y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ofrecerán los testimonios de especialistas como Sergio Aguayo y Carlos Montemayor.
Hubo represión
En entrevista con este semanario, Montemayor resalta la importancia del caso, porque es el primero referente a la “guerra sucia” llevado a esa instancia internacional y su ventilación “permitirá que puedan conocer esas atrocidades que ocurrieron en México y que no sabemos si siguen pasando”.
Destaca que su participación consistirá en “una exposición sucinta de la guerra sucia en México, que ha sido negada por las autoridades gubernamentales, quienes han rechazado cualquier imputación de tipo político en las actuaciones policiales y militares, a pesar de que hay suficientes investigaciones como para demostrar que sí hubo una represión sistemática e ilegal que se basó fundamentalmente en el secuestro de personas, en la tortura y en el asesinato”.
Para el autor de “Guerra en el paraíso”, novela que aborda hechos de represión contra pobladores de la sierra guerrerense durante el periodo en que el Ejército combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas, es de esperar que una de las consecuencias del juicio al Estado mexicano en beneficio de las víctimas y sus familiares sea la ubicación de restos, demanda que ha prevalecido durante más de 30 años.
La existencia y ubicación de fosas comunes o clandestinas, apunta, se documentó por el equipo de investigación historiográfica de la Femospp.
Y agrega: “Lo importante es identificar y recuperar los restos de esas víctimas, que es uno de los reclamos de los familiares; después podría pasarse al restañamiento de heridas sociales por parte del Estado mexicano, que van desde la entrega de los restos hasta indemnizaciones diversas, y por supuesto la identificación de los cuadros de oficiales y subordinados que perpetraron esos hechos”.
Más allá de que se difunda a nivel internacional el papel del Estado mexicano durante la “guerra sucia”, sostiene el historiador, lo más importante será que “no desaparezca la presión ciudadana ni la actividad de los organismos de defensa de derechos humanos y de familiares de desaparecidos en México”.
Lo que se busca es conocer la verdad y conservar “los documentos inconclusos de los historiadores de la Femospp para posteriores investigaciones”.
El Gobierno mexicano tendrá que responder en la Corte a los señalamientos que le hizo la Comisión en agosto de 2007. De acuerdo con el informe 60/07 de la Comisión relativo al caso Radilla, México ha incumplido con distintos ordenamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José sobre derechos y deberes del hombre.
Ese documento establece que pese al trabajo de la Femospp, “no se ha determinado el paradero del señor Radilla Pacheco ni se ha establecido la verdad de los hechos, y el proceso penal ha sido llevado en la justicia militar, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”.
Precisa que las actuaciones de la fiscalía, que desapareció desde finales del Gobierno de Vicente Fox, “no dieron resultados concretos” en ese caso, ya que “sólo se ha procesado a una persona (Quirós Hermosillo), la cual fue absuelta”.
Sobre la jurisdicción penal militar a la que fue remitida el caso, la Comisión señala que el gobierno mexicano “no cumplió con los estándares del sistema interamericano respecto de casos que involucran a violaciones a los derechos humanos”.
Explica que en el sistema jurídico interamericano se prohíbe la aplicación del fuero penal militar en investigaciones relacionadas con la violación a derechos humanos. Precisa que los juicios se deben realizar en la justicia ordinaria, independientemente de que los responsables sean militares.
Como conclusión, establece que el Gobierno mexicano “no proveyó a la víctima Rosendo Radilla Pacheco y a sus familiares Tita Radilla Martínez, Andrea Radilla Martínez y Rosendo Radilla Martínez de un recurso judicial efectivo y garantías judiciales, tendientes al esclarecimiento de los hechos como a la sanción de los responsables y obtención de una eventual reparación de los daños sufridos”.
En definitiva, agrega: “Pese a las investigaciones que se iniciaron con el fin de esclarecer los hechos, investigar y sancionar a los responsables, éstas no han sido eficaces para enjuiciar y, en su caso, sancionar a todos sus responsables materiales e intelectuales”.
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19 de marzo de 2008 - Día de la Memoria.
SEÑALIZACIÓN DE LA IMPUNIDAD
El Gobierno realizará su anunciada señalización de Campo de Mayo, plantando un árbol Ginkgo, conocido como "el árbol de la vida" y colocando fuera del predio, y al ingreso de la puerta 4 de Campo de Mayo, tres pilares de hormigón con las leyendas de que "aquí funcionó el centro clandestino de detención… durante la dictadura militar" y "NUNCA MÁS GOLPE Y TERRORISMO DE ESTADO".
Sin embargo al mismo tiempo, el 95% de los genocidas continúa en libertad, Cristina de Kirchner anunció que no se enjuiciará a más de 900 represores y se mantienen bastiones de las FFAA intactos como este.
El gobierno ni siquiera piensa quitarle al Ejército la posesión de Campo de Mayo. Señalizado por el gobierno Campo de Mayo continuará funcionando como Centro Militar, con los archivos secretos de la represión y manteniendo los cuerpos enterrados de miles de compañeros detenidos desaparecidos.
Campo de Mayo fue uno de los centros clandestinos más grandes de la Argentina donde pasaron alrededor de 5000 detenidos-desaparecidos. Funcionaban allí, el Instituto de mandos Militares, la Escuela de Inteligencia, el destacamento de inteligencia 201, la Escuela de Caballería, Escuela de Infantería, la Escuela de Ingenieros, la Escuela de comunicaciones, Escuela de Artillería, la Escuela de Suboficiales, Sargento Cabral, la Escuela de Servicios para apoyo de Combate Gral. Lemos, El batallón de aviación del ejercito 601, el Hospital Militar de Campo de Mayo, la Prisión militar, y la Escuela de Gendarmería. En su interior funcionaban varios Centros Clandestinos conocidos como "El Campito", "Las Casitas" y la Prisión Militar de Encausados junto al menos tres maternidades clandestinas.
Campo de Mayo fue elegido para depositar a los detenidos- desaparecidos y como gran centro de aniquilamiento, por lo cual en su mayoría los detenidos desaparecidos fueron asesinados y enterrados en su interior.
Cada vez que queremos viajar a San Martín, Caseros, San Miguel o a Capital nos vemos en la obligación de tener que atravesar con los colectivos 176, 57 o 53, éste campo militar que sigue estando en manos de los mismos genocidas que hace 32 años se llevaron a miles de compañeros y compañeras. Es una zona donde no podemos detener el auto, ni circular por las calles de a pie, después de las 21hs cierran distintos accesos para circular poniendo vallas con milicos que no permiten pasar. Un lugar que muchos de los que sufrimos la represión militar no queremos atravesar. Esto seguirá igual, con Campo de Mayo señalizado, en manos del Ejército genocida Argentino. Es por eso que desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos exigimos juicio y castigo ya! a todos los que ejecutaron y promovieron el genocidio.
Apertura de los archivos para saber el destino de los 30.000 desaparecidos y de los 400 jóvenes apropiados.
Victoria Moyano, Hija de desaparecidos
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
El Gobierno realizará su anunciada señalización de Campo de Mayo, plantando un árbol Ginkgo, conocido como "el árbol de la vida" y colocando fuera del predio, y al ingreso de la puerta 4 de Campo de Mayo, tres pilares de hormigón con las leyendas de que "aquí funcionó el centro clandestino de detención… durante la dictadura militar" y "NUNCA MÁS GOLPE Y TERRORISMO DE ESTADO".
Sin embargo al mismo tiempo, el 95% de los genocidas continúa en libertad, Cristina de Kirchner anunció que no se enjuiciará a más de 900 represores y se mantienen bastiones de las FFAA intactos como este.
El gobierno ni siquiera piensa quitarle al Ejército la posesión de Campo de Mayo. Señalizado por el gobierno Campo de Mayo continuará funcionando como Centro Militar, con los archivos secretos de la represión y manteniendo los cuerpos enterrados de miles de compañeros detenidos desaparecidos.
Campo de Mayo fue uno de los centros clandestinos más grandes de la Argentina donde pasaron alrededor de 5000 detenidos-desaparecidos. Funcionaban allí, el Instituto de mandos Militares, la Escuela de Inteligencia, el destacamento de inteligencia 201, la Escuela de Caballería, Escuela de Infantería, la Escuela de Ingenieros, la Escuela de comunicaciones, Escuela de Artillería, la Escuela de Suboficiales, Sargento Cabral, la Escuela de Servicios para apoyo de Combate Gral. Lemos, El batallón de aviación del ejercito 601, el Hospital Militar de Campo de Mayo, la Prisión militar, y la Escuela de Gendarmería. En su interior funcionaban varios Centros Clandestinos conocidos como "El Campito", "Las Casitas" y la Prisión Militar de Encausados junto al menos tres maternidades clandestinas.
Campo de Mayo fue elegido para depositar a los detenidos- desaparecidos y como gran centro de aniquilamiento, por lo cual en su mayoría los detenidos desaparecidos fueron asesinados y enterrados en su interior.
Cada vez que queremos viajar a San Martín, Caseros, San Miguel o a Capital nos vemos en la obligación de tener que atravesar con los colectivos 176, 57 o 53, éste campo militar que sigue estando en manos de los mismos genocidas que hace 32 años se llevaron a miles de compañeros y compañeras. Es una zona donde no podemos detener el auto, ni circular por las calles de a pie, después de las 21hs cierran distintos accesos para circular poniendo vallas con milicos que no permiten pasar. Un lugar que muchos de los que sufrimos la represión militar no queremos atravesar. Esto seguirá igual, con Campo de Mayo señalizado, en manos del Ejército genocida Argentino. Es por eso que desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos exigimos juicio y castigo ya! a todos los que ejecutaron y promovieron el genocidio.
Apertura de los archivos para saber el destino de los 30.000 desaparecidos y de los 400 jóvenes apropiados.
Victoria Moyano, Hija de desaparecidos
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
MULTISECTORIAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA
A 18 MESES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE
JORGE JULIO LÓPEZ
Hace 18 meses que JORGE JULIO LÓPEZ se encuentra desaparecido.
En estos 18 meses hemos señalado una y otra vez que a los responsables del secuestro y desaparición del compañero hay que buscarlos entre los denunciados por el propio López en su declaración en el juicio al genocida Etchecolatz. Hay que buscarlos entre los miembros de la policía de la Prov. de Bs. As. y de las demás fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia, fundamentalmente en aquellos ligados al terrorismo de estado que imperó en nuestro país durante la dictadura..
Pero venimos a este acto a denunciar una vez más que en estos 18 meses ha quedado palmariamente demostrado que ni el gobierno de los K ni el Poder Judicial han hecho nada serio para avanzar en el camino de esclarecer la desaparición del compañero.
El gobierno K dijo en el momento de la desaparición que López estaba en la casa de la tía, en lo de algún amigo, que se había perdido, que estaba escondido y barbaridades semejantes que tenían el doble objetivo de ocultar el secuestro y desmerecer la valiente declaración del compañero. A esto le sucedió la negativa al cambio de carátula de búsqueda de persona al de secuestro y luego que logramos que éste fuera reconocido y que de esa manera las actuaciones pasaran al fuero federal, le siguió una investigación y un diligenciamiento de la causa vergonzoso.
Se desestimaron pistas aportadas por organismos de derechos humanos, se siguieron otras disparatadas inducidas por “videntes”, se realizaron allanamientos meses después de ser pedidos con la consecuente pérdida de elementos y pistas y se negó sistemáticamente a separar de la investigación a la policía provincial.
Esto hechos y otros de idéntica gravedad no pueden ser atribuidos a errores, falta de elementos o incapacidades personales. Esto, compañeros, tiene una sola calificación, la debemos denunciar como lo que verdaderamente es y persigue, ESTO ES COMPLICIDAD Y TIENE POR ÚNICO OBJETIVO LOGRAR LA IMPUNIDAD.
Muchos nos han preguntado ¿Qué interés tiene el gobierno en mantener la impunidad? ¿Cómo puede ser tal cosa si este gobierno dice a cada paso defender los derechos humanos? Frente a esto nosotros respondemos que el gobierno tiene por objetivo principal el mantener los privilegios que permiten a las clases dominantes asociadas al imperialismo sostener y acrecentar sus fabulosas ganancias. Conjuntamente engordan las arcas estatales, no para hacer obras que hubiesen evitado las últimas inundaciones que castigan con muerte, enfermedad y miseria a vastos sectores del pueblo y en particular en nuestra zona, o para mejorar la salud, la vivienda y la educación, sino con el objetivo de mantener miles de millones de dólares que aseguren el pago puntual de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. Es sencillamente por ésta razón, por un compromiso de clase, es que deben mantener una buena relación con las fuerzas represivas que le permitan asegurar estos privilegios aún si es necesario a sangre y fuego como lo hizo la dictadura.
Ejemplos para clarificar lo antedicho lamentablemente sobran. Por esto el gobierno de Sobisch con la complicidad de Kirchner mata al compañero CARLOS FUENTEALBA mientras luchaba por un aumento salarial para los maestros. Con este mismo objetivo el gobierno de Cristina a través del lacayo y perro garronero familiar, el ministro Fernández, reprime ferozmente a los compañeros en la heroica lucha del CASINO. Es la misma razón por la que los gobiernos provinciales y nacional hacen la vista gorda frente a las patotas como las que días pasados asesinaron en Neuquén al compañero LÁZARO DUARTE militante del MST y permite avalando de hecho los crecientes casos de gatillo fácil.
Días pasados en oportunidad del discurso de apertura a las sesiones ordinarias del parlamento, la Presidenta, intentando continuar con el manto de olvido que se pretende echar desde el gobierno y desapareciendo una vez más al compañero, no sólo no lo nombro, sino que además dijo que en los próximos 4 años iban a terminar los juicios. De no mediar la firme disposición política de comenzar a juzgar a los genocidas por Centros Clandestinos, siguiendo con juicios a unos pocos, en determinados lugares, se dejara a la inmensa mayoría de los genocidas libres sin ni siquiera haber pasado por un tribunal, limitando los legítimos reclamos que desde hace 32 años venimos exigiendo en las calles.
La permanencia de los genocidas con privilegios en lugares de lujo, permitió que Febrés y Sosa fueran asesinados ante el temor de sus pares a que los involucrara al declarar en los juicios Por esto exigimos cárcel común y efectiva a todos los represores.
Desde acá preguntamos ¿cómo llamar al hecho de igualar, como lo mencionó la presidenta en el discurso, los delitos comunes a los de lesa humanidad? ¿Hay alguien que honestamente pueda decir que estas instrucciones sean diferentes a las que originaron las leyes de impunidad de obediencia debida y punto final? Creemos desde la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada que estos juicios significativos sólo significan IMPUNIDAD.
Frente a la impunidad contra la que luchó JORGE JULIO LÓPEZ y por la cual hoy hace 18 meses fue nuevamente desaparecido, que como decíamos anteriormente sirve a unos pocos para mantener sus privilegios a costa de la superexplotación y el hambre, en nuestra zona los compañeros de MAFISSA están luchando. Los obreros vienen resistiendo desde hace más de 100 días contra la decisión del patrón Curi (aliado, cómplice y beneficiario de la dictadura) de despedir a más de 100 trabajadores y suspender sin pago de haberes a los 500 restantes, sumiendo en la miseria a más de 600 familias. El gobierno al no reconocer el lock out patronal y no obligar a la empresa a reincorporar inmediatamente a los trabajadores despedidos y suspendidos, es cómplice de los Curi y de la burocracia de la AOT. Exigimos la reapertura y puesta en funcionamiento de MAFISSA, la reincorporación inmediata de los despedidos y el pago de los salarios caídos. HACEMOS RESPONSABLE AL GOBIERNO DE CRISTINA Y DE SCIOLI POR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS COMPAÑEROS DE MAFISSA. EL GOBIERNO DEBE DAR RESPUESTA AL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES.
Mientras tanto se siguen dando luchas en distintos puntos del país. Como lo demuestran las luchas de los pescadores, la vigencia de la lucha de Zanón y el triunfo de los compañeros de FATE que han recuperado la seccional San Fernando de la mano de la burocracia.
Estamos a pocos días de cumplirse 32 años de la instauración de la dictadura genocida que con el golpe de estado del 24 de Marzo de 1976 desatara una de las represiones más feroces que recuerda la historia argentina. Mediante el terrorismo de estado asesinó, secuestró, torturó, cambió la identidad entregando a apropiadores a más de 500 niños, produjo la desaparición de 30.000 compañeros. JORGE JULIO LÓPEZ quien también fuera desaparecido en aquellos años, luchó denunciando a los responsables de esos hechos en el juicio a Etchecolatz y por ello fue nuevamente desaparecido el 18 de Septiembre del 2006.
La Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada hace suya también esa lucha convocando a los actos que se realizarán el próximo 23 a las 17 Hs. en esta misma plaza y el 24 en la ciudad de Buenos Aires para el cual nos encontraremos a las 15 Hs. en la Estación de trenes.
A 18 MESES SE NOS AGOTO LA PACIENCIA
EXIGIMOS APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICION
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.
JUICIO POR CENTRO CLANDESTINO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE CARLOS FUENTEALBA Y DE LÁZARO DUARTE
JUSTICIA PARA SANDRA GAMBOA
BASTA DE REPRESION Y PATOTAS SINDICALES
AVALADAS POR EL GOBIERNO A LOS QUE LUCHAN.
LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO A TODOS LOS LUCHADORES POPULARES.
ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA.
REINCORPORACION DE TODOS LOS DESPEDIDOS Y SUSPENDIDOS EN MAFISSA
INMEDIATA REAPERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS
ARRIBA LOS SALARIOS – ABAJO LA INFLACION
RESPUESTA INMEDIATA DEL GOBIERNO A LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS - DESAPARECIDOS
PRESENTES
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
JORGE JULIO LÓPEZ
Hace 18 meses que JORGE JULIO LÓPEZ se encuentra desaparecido.
En estos 18 meses hemos señalado una y otra vez que a los responsables del secuestro y desaparición del compañero hay que buscarlos entre los denunciados por el propio López en su declaración en el juicio al genocida Etchecolatz. Hay que buscarlos entre los miembros de la policía de la Prov. de Bs. As. y de las demás fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia, fundamentalmente en aquellos ligados al terrorismo de estado que imperó en nuestro país durante la dictadura..
Pero venimos a este acto a denunciar una vez más que en estos 18 meses ha quedado palmariamente demostrado que ni el gobierno de los K ni el Poder Judicial han hecho nada serio para avanzar en el camino de esclarecer la desaparición del compañero.
El gobierno K dijo en el momento de la desaparición que López estaba en la casa de la tía, en lo de algún amigo, que se había perdido, que estaba escondido y barbaridades semejantes que tenían el doble objetivo de ocultar el secuestro y desmerecer la valiente declaración del compañero. A esto le sucedió la negativa al cambio de carátula de búsqueda de persona al de secuestro y luego que logramos que éste fuera reconocido y que de esa manera las actuaciones pasaran al fuero federal, le siguió una investigación y un diligenciamiento de la causa vergonzoso.
Se desestimaron pistas aportadas por organismos de derechos humanos, se siguieron otras disparatadas inducidas por “videntes”, se realizaron allanamientos meses después de ser pedidos con la consecuente pérdida de elementos y pistas y se negó sistemáticamente a separar de la investigación a la policía provincial.
Esto hechos y otros de idéntica gravedad no pueden ser atribuidos a errores, falta de elementos o incapacidades personales. Esto, compañeros, tiene una sola calificación, la debemos denunciar como lo que verdaderamente es y persigue, ESTO ES COMPLICIDAD Y TIENE POR ÚNICO OBJETIVO LOGRAR LA IMPUNIDAD.
Muchos nos han preguntado ¿Qué interés tiene el gobierno en mantener la impunidad? ¿Cómo puede ser tal cosa si este gobierno dice a cada paso defender los derechos humanos? Frente a esto nosotros respondemos que el gobierno tiene por objetivo principal el mantener los privilegios que permiten a las clases dominantes asociadas al imperialismo sostener y acrecentar sus fabulosas ganancias. Conjuntamente engordan las arcas estatales, no para hacer obras que hubiesen evitado las últimas inundaciones que castigan con muerte, enfermedad y miseria a vastos sectores del pueblo y en particular en nuestra zona, o para mejorar la salud, la vivienda y la educación, sino con el objetivo de mantener miles de millones de dólares que aseguren el pago puntual de la ilegítima y fraudulenta deuda externa. Es sencillamente por ésta razón, por un compromiso de clase, es que deben mantener una buena relación con las fuerzas represivas que le permitan asegurar estos privilegios aún si es necesario a sangre y fuego como lo hizo la dictadura.
Ejemplos para clarificar lo antedicho lamentablemente sobran. Por esto el gobierno de Sobisch con la complicidad de Kirchner mata al compañero CARLOS FUENTEALBA mientras luchaba por un aumento salarial para los maestros. Con este mismo objetivo el gobierno de Cristina a través del lacayo y perro garronero familiar, el ministro Fernández, reprime ferozmente a los compañeros en la heroica lucha del CASINO. Es la misma razón por la que los gobiernos provinciales y nacional hacen la vista gorda frente a las patotas como las que días pasados asesinaron en Neuquén al compañero LÁZARO DUARTE militante del MST y permite avalando de hecho los crecientes casos de gatillo fácil.
Días pasados en oportunidad del discurso de apertura a las sesiones ordinarias del parlamento, la Presidenta, intentando continuar con el manto de olvido que se pretende echar desde el gobierno y desapareciendo una vez más al compañero, no sólo no lo nombro, sino que además dijo que en los próximos 4 años iban a terminar los juicios. De no mediar la firme disposición política de comenzar a juzgar a los genocidas por Centros Clandestinos, siguiendo con juicios a unos pocos, en determinados lugares, se dejara a la inmensa mayoría de los genocidas libres sin ni siquiera haber pasado por un tribunal, limitando los legítimos reclamos que desde hace 32 años venimos exigiendo en las calles.
La permanencia de los genocidas con privilegios en lugares de lujo, permitió que Febrés y Sosa fueran asesinados ante el temor de sus pares a que los involucrara al declarar en los juicios Por esto exigimos cárcel común y efectiva a todos los represores.
Desde acá preguntamos ¿cómo llamar al hecho de igualar, como lo mencionó la presidenta en el discurso, los delitos comunes a los de lesa humanidad? ¿Hay alguien que honestamente pueda decir que estas instrucciones sean diferentes a las que originaron las leyes de impunidad de obediencia debida y punto final? Creemos desde la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada que estos juicios significativos sólo significan IMPUNIDAD.
Frente a la impunidad contra la que luchó JORGE JULIO LÓPEZ y por la cual hoy hace 18 meses fue nuevamente desaparecido, que como decíamos anteriormente sirve a unos pocos para mantener sus privilegios a costa de la superexplotación y el hambre, en nuestra zona los compañeros de MAFISSA están luchando. Los obreros vienen resistiendo desde hace más de 100 días contra la decisión del patrón Curi (aliado, cómplice y beneficiario de la dictadura) de despedir a más de 100 trabajadores y suspender sin pago de haberes a los 500 restantes, sumiendo en la miseria a más de 600 familias. El gobierno al no reconocer el lock out patronal y no obligar a la empresa a reincorporar inmediatamente a los trabajadores despedidos y suspendidos, es cómplice de los Curi y de la burocracia de la AOT. Exigimos la reapertura y puesta en funcionamiento de MAFISSA, la reincorporación inmediata de los despedidos y el pago de los salarios caídos. HACEMOS RESPONSABLE AL GOBIERNO DE CRISTINA Y DE SCIOLI POR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS COMPAÑEROS DE MAFISSA. EL GOBIERNO DEBE DAR RESPUESTA AL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES.
Mientras tanto se siguen dando luchas en distintos puntos del país. Como lo demuestran las luchas de los pescadores, la vigencia de la lucha de Zanón y el triunfo de los compañeros de FATE que han recuperado la seccional San Fernando de la mano de la burocracia.
Estamos a pocos días de cumplirse 32 años de la instauración de la dictadura genocida que con el golpe de estado del 24 de Marzo de 1976 desatara una de las represiones más feroces que recuerda la historia argentina. Mediante el terrorismo de estado asesinó, secuestró, torturó, cambió la identidad entregando a apropiadores a más de 500 niños, produjo la desaparición de 30.000 compañeros. JORGE JULIO LÓPEZ quien también fuera desaparecido en aquellos años, luchó denunciando a los responsables de esos hechos en el juicio a Etchecolatz y por ello fue nuevamente desaparecido el 18 de Septiembre del 2006.
La Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada hace suya también esa lucha convocando a los actos que se realizarán el próximo 23 a las 17 Hs. en esta misma plaza y el 24 en la ciudad de Buenos Aires para el cual nos encontraremos a las 15 Hs. en la Estación de trenes.
A 18 MESES SE NOS AGOTO LA PACIENCIA
EXIGIMOS APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICION
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.
JUICIO POR CENTRO CLANDESTINO.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE CARLOS FUENTEALBA Y DE LÁZARO DUARTE
JUSTICIA PARA SANDRA GAMBOA
BASTA DE REPRESION Y PATOTAS SINDICALES
AVALADAS POR EL GOBIERNO A LOS QUE LUCHAN.
LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO A TODOS LOS LUCHADORES POPULARES.
ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA.
REINCORPORACION DE TODOS LOS DESPEDIDOS Y SUSPENDIDOS EN MAFISSA
INMEDIATA REAPERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS
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30000 COMPAÑEROS DETENIDOS - DESAPARECIDOS
PRESENTES
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
Agreden a periodistas de radio Bemba en Sonora
AMARC-ALC está muy preocupada por las agresiones y obstáculos al trabajo informativo de Radiobemba FM que realiza la Policia Municipal de Sonora. Los hechos han ocurrido durante la cobertura periodística de los operativos de desalojo de ciudadanos que se oponen a la construcción de un emprendimiento cultural-empresarial en un amplio parque de la localidad.
El lunes 10 de marzo, el comunicador Tadeo Leyva López relataba en vivo lo sucedido durante las protestas por las labores de remoción y tala de los árboles del parque cuando fue tomado enérgicamente del brazo por miembros de la Policía. Estas acciones fueron supervisadas por un alto mando policial de apellido Amarilla.
El viernes 14 de marzo, la periodista de la emisora Marisol Valenzuela Lara, intentaba realizar una entrevista a Giovanni Torres (activista detenido y trasladado al Hospital General del Estado debido a los golpes y lesiones que presentaba) y los tres efectivos de la Policía que lo custodiaban la despojaron de su teléfono celular, utilizado para la trasmisión de la nota. La acción de los policías fue apoyada por una trabajadora social del mismo hospital. Ninguno de los cuatro involucrados accedió a identificarse.
El mismo día, Arturo Rosas Cabrera, otro periodista de Radiobemba FM, realizaba la guardia de cobertura para las transmisiones de esta radio, pero su trabajo fue entorpecido por los mismos oficiales acompañados, otra vez, del mismo mando de apellido Amarilla. Cabe mencionar que el cuerpo de reporteros locales no tuvo el mismo trato.
Radiobemba FM ha intentado en varias y distintas ocasiones obtener entrevistas o declaraciones de las autoridades estatales y municipales involucradas, pero la respuesta ha sido siempre negativa.
AMARC-ALC denuncia estos hechos, porque atentan contra el derecho a la libertad de expresión e información, tanto de la radio comunitaria Radiobemba FM y sus periodistas, como de las organizaciones sociales que protestan por las acciones estatales y la población de Sonora, que merece obtener toda la información posible y de una diversidad de fuentes, respecto a un asunto de claro interés público.
Reclama, a su vez, a Ernesto Gándara, presidente municipal de Hermosillo y el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, investigar lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para que la emisora pueda cumplir con normalidad su trabajo informativo.
Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
El lunes 10 de marzo, el comunicador Tadeo Leyva López relataba en vivo lo sucedido durante las protestas por las labores de remoción y tala de los árboles del parque cuando fue tomado enérgicamente del brazo por miembros de la Policía. Estas acciones fueron supervisadas por un alto mando policial de apellido Amarilla.
El viernes 14 de marzo, la periodista de la emisora Marisol Valenzuela Lara, intentaba realizar una entrevista a Giovanni Torres (activista detenido y trasladado al Hospital General del Estado debido a los golpes y lesiones que presentaba) y los tres efectivos de la Policía que lo custodiaban la despojaron de su teléfono celular, utilizado para la trasmisión de la nota. La acción de los policías fue apoyada por una trabajadora social del mismo hospital. Ninguno de los cuatro involucrados accedió a identificarse.
El mismo día, Arturo Rosas Cabrera, otro periodista de Radiobemba FM, realizaba la guardia de cobertura para las transmisiones de esta radio, pero su trabajo fue entorpecido por los mismos oficiales acompañados, otra vez, del mismo mando de apellido Amarilla. Cabe mencionar que el cuerpo de reporteros locales no tuvo el mismo trato.
Radiobemba FM ha intentado en varias y distintas ocasiones obtener entrevistas o declaraciones de las autoridades estatales y municipales involucradas, pero la respuesta ha sido siempre negativa.
AMARC-ALC denuncia estos hechos, porque atentan contra el derecho a la libertad de expresión e información, tanto de la radio comunitaria Radiobemba FM y sus periodistas, como de las organizaciones sociales que protestan por las acciones estatales y la población de Sonora, que merece obtener toda la información posible y de una diversidad de fuentes, respecto a un asunto de claro interés público.
Reclama, a su vez, a Ernesto Gándara, presidente municipal de Hermosillo y el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, investigar lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para que la emisora pueda cumplir con normalidad su trabajo informativo.
Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
FARC anuncia reemplazante del abatido Iván Ríos en su comando central
Fuente Apiavirtual
CARACAS (AFP) - La guerrilla colombiana de las FARC anunció que el comandante Mauricio Jaramillo ha reemplazado al jefe rebelde Iván Ríos en su secretariado (comando central), según un comunicado enviado este miércoles al canal multiestatal Telesur, con sede en Caracas.
“Informamos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que el comandante Mauricio Jaramillo ha sido designado como nuevo integrante del Secretariado de las FARC”, dice el comunicado fechado el 8 de marzo, un día después de la muerte de Ríos.
El comunicado no ofrece detalles sobre el nuevo miembro del secretariado.
Ríos, quien era el miembro más joven del secretariado de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue asesinado por otro guerrillero, Pablo Montoya, quien reclama al gobierno del presidente Alvaro Uribe el pago de una recompensa que se ofrecía por él.
Montoya llevó una mano de Ríos ante las autoridades para probar esa acción.
El comunicado de las FARC, que atribuye el asesinato de Ríos a “infiltrados del Ejército colombiano”, deploró la mutilación de la mano del guerrillero.
“Rechazamos el ensañamiento del presidente de Colombia (Alvaro Uribe) y de los mandos militares con los cadáveres de sus adversarios abatidos”, indica el texto.
La muerte de Ríos se produjo una semana después de que las fuerzas militares colombianas penetraron en territorio ecuatoriano y abatieron a Raúl Reyes, considerado como el segundo al mando de las FARC
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
CARACAS (AFP) - La guerrilla colombiana de las FARC anunció que el comandante Mauricio Jaramillo ha reemplazado al jefe rebelde Iván Ríos en su secretariado (comando central), según un comunicado enviado este miércoles al canal multiestatal Telesur, con sede en Caracas.
“Informamos a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que el comandante Mauricio Jaramillo ha sido designado como nuevo integrante del Secretariado de las FARC”, dice el comunicado fechado el 8 de marzo, un día después de la muerte de Ríos.
El comunicado no ofrece detalles sobre el nuevo miembro del secretariado.
Ríos, quien era el miembro más joven del secretariado de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue asesinado por otro guerrillero, Pablo Montoya, quien reclama al gobierno del presidente Alvaro Uribe el pago de una recompensa que se ofrecía por él.
Montoya llevó una mano de Ríos ante las autoridades para probar esa acción.
El comunicado de las FARC, que atribuye el asesinato de Ríos a “infiltrados del Ejército colombiano”, deploró la mutilación de la mano del guerrillero.
“Rechazamos el ensañamiento del presidente de Colombia (Alvaro Uribe) y de los mandos militares con los cadáveres de sus adversarios abatidos”, indica el texto.
La muerte de Ríos se produjo una semana después de que las fuerzas militares colombianas penetraron en territorio ecuatoriano y abatieron a Raúl Reyes, considerado como el segundo al mando de las FARC
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VERONICA VILLALVAZO
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LLAMA CONVERGENCIA A DEFENDER PEMEX DESDE LAS COMUNIDADES, COMO HACE 70 AÑOS
Desde el centro político y social del país, reunido el Frente Amplio Progresista, el mensaje conmemorativo del VXX aniversario de la expropiación petrolera se convierte a partir de hoy en un quehacer diario, por eso llama Convergencia a defender Pemex desde las comunidades: Benjamín Robles Montoya.
Después del acto conmemorativo del LXX aniversario de la expropiación petrolera que el Frente Amplio Progresista realizó en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México –centro político y social del país-, a partir de este día llama Convergencia a defender PEMEX desde las comunidades en un quehacer patriótico diario.
Así lo dijo el coordinador de la Fracción Parlamentaria naranja en la sexagésima Legislatura de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya quien señaló que como hace 70 años la participación ciudadana –libre, democrática, justa y visionaria- será el motor de la defensa organizada del "tesoro" que la administración fraudulenta de Calderón quiere entregar a empresas extranjeras.
"Petróleos Mexicanos es propiedad pública, el más fehaciente ejemplo de nacionalismo e identidad de nuestro país, soporte económico de nuestro sistema social, y punto de encuentro y acuerdos de varias ideologías –no siempre concordantes-, de ahí su vital importancia, de ahí que el pueblo de México repruebe la intención de privatizarlo; porque el Petróleo y Pemex es de los mexicanos, no se venderá, no se privatizará, ni se trastocará para ello la Carta Magna del país", acotó enfático Robles Montoya.
Si es necesario –como hace 70 años- los mexicanos estamos dispuestos a generar desde nuestras comunidades, regiones y estados la gran defensa de Pemex, por ello ya nos hemos organizado en Comités Municipales para la Defensa del Petróleo y por la vía constitucional exigiremos respeto a la propiedad común que es garantía de prosperidad nacional –si se manejara eficazmente-, siguió Benjamín Robles.
El también presidente del Consejo Político Estatal de Convergencia en Oaxaca, señaló que luego de la instalación de los Comités Municipales, y del acuerdo que el 18 de marzo se realizó en el corazón del D. F., desde las comunidades, las fuerzas progresistas de las que el partido del águila naranja forma parte, desarrollarán la defensa del petróleo como un quehacer diario –desde el ámbito de las competencias de cada ciudadano-.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
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Después del acto conmemorativo del LXX aniversario de la expropiación petrolera que el Frente Amplio Progresista realizó en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México –centro político y social del país-, a partir de este día llama Convergencia a defender PEMEX desde las comunidades en un quehacer patriótico diario.
Así lo dijo el coordinador de la Fracción Parlamentaria naranja en la sexagésima Legislatura de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya quien señaló que como hace 70 años la participación ciudadana –libre, democrática, justa y visionaria- será el motor de la defensa organizada del "tesoro" que la administración fraudulenta de Calderón quiere entregar a empresas extranjeras.
"Petróleos Mexicanos es propiedad pública, el más fehaciente ejemplo de nacionalismo e identidad de nuestro país, soporte económico de nuestro sistema social, y punto de encuentro y acuerdos de varias ideologías –no siempre concordantes-, de ahí su vital importancia, de ahí que el pueblo de México repruebe la intención de privatizarlo; porque el Petróleo y Pemex es de los mexicanos, no se venderá, no se privatizará, ni se trastocará para ello la Carta Magna del país", acotó enfático Robles Montoya.
Si es necesario –como hace 70 años- los mexicanos estamos dispuestos a generar desde nuestras comunidades, regiones y estados la gran defensa de Pemex, por ello ya nos hemos organizado en Comités Municipales para la Defensa del Petróleo y por la vía constitucional exigiremos respeto a la propiedad común que es garantía de prosperidad nacional –si se manejara eficazmente-, siguió Benjamín Robles.
El también presidente del Consejo Político Estatal de Convergencia en Oaxaca, señaló que luego de la instalación de los Comités Municipales, y del acuerdo que el 18 de marzo se realizó en el corazón del D. F., desde las comunidades, las fuerzas progresistas de las que el partido del águila naranja forma parte, desarrollarán la defensa del petróleo como un quehacer diario –desde el ámbito de las competencias de cada ciudadano-.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
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IRAQ: Niños y niñas sin infancia
Por Dahr Jamail y Ahmed Ali*
BAQUBA, Iraq, mar (IPS) - Los niños y niñas iraquíes son los más perjudicados por la ocupación estadounidense de este país de Medio Oriente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que medio millón de niños iraquíes murieron durante los más de 12 años de sanciones económicas previos a la invasión estadounidense de marzo de 2003, principalmente a causa de desnutrición.
La desnutrición infantil aumentó nueve por ciento desde entonces, según un informe de la organización humanitaria Oxfam, divulgado en julio de 2007.
Otro estudio de la organización Save the Children señaló que Iraq tiene el índice de mortalidad más alto en menores de cinco años.
Desde la primera guerra del Golfo Pérsico o Arábigo (1991), esa tasa aumentó 150 por ciento.
Se estima que uno de cada ocho niños muere en Iraq antes de cumplir cinco años. Sólo en 2005 fallecieron 122.000 en una población de 25 millones de habitantes.
"Al menos dos millones de niños iraquíes sufren carencias alimenticias, según una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos en 2006, y corren otros riesgos como educación interrumpida, falta de servicios de vacunación y enfermedades que causan diarrea", señaló un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de este mes.
IPS entrevistó a tres niños de diferentes distritos de Baquba, 40 kilómetros al noreste de Bagdad y capital de la inestable provincia de Diyala.
Firas Muhsin, de siete años, vive en esta ciudad con su madre. Su padre fue asesinado hace dos años por insurgentes que le dispararon en su comercio.
El pequeño va a una escuela cerca de su casa cuatro horas todos los días. En raras ocasiones juega con vecinos, y siempre bajo la atenta mirada de su madre.
Firas tiene permiso para alejarse tan sólo 10 metros de su casa. Su madre tiene miedo de los extraños. El secuestro de niños es común en Iraq y se cree que muchos de ellos fueron vendidos como soldados o para prostituirlos.
Funcionarios iraquíes y trabajadores humanitarios están preocupados por la alarmante asiduidad con que desaparecen niños y niñas en todo el país.
Al menos dos son vendidos por sus padres cada semana, informó en enero Omar Khalif, vicepresidente de la no gubernamental Asociación de Familias Iraquíes, creada en 2004 para registrar casos de pequeños desaparecidos o víctimas del tráfico de personas.
Además, se denuncian cuatro desapariciones de niños todas las semanas, apuntó.
"Las cifras son alarmantes. Hubo un aumento de 20 por ciento en las denuncias de desaparecidos en un año", añadió Khalif.
Firas pasa varias horas al día sentado fuera de su hogar mirando a las personas pasar. La puerta de su casa es su única salida. En la tarde, su mamá lo hace entrar para hacer la tarea escolar. Después de la cena, su única esperanza es ver dibujos animados en la televisión, si funciona el generador eléctrico.
La familia no cuenta con el combustible necesario para calefacción. "Mis hijos tienen frío y no puedo comprar queroseno", relató la madre.
Muchos niños de la edad de Firas ni siquiera van a la escuela.
Diecisiete por ciento de los niños y niñas iraquíes nunca van a la escuela, y unos 220.000 más faltan mucho porque sus familias debieron desplazarse a otra zona del país, según la ONU.
A esa cantidad se le suman los 760.000 que en 2006 estaban fuera del sistema escolar.
Esas cifras no incluyen a los cientos de miles de niños, niñas y jóvenes iraquíes que interrumpieron o abandonaron su educación porque sus familias debieron huir a otros países.
Al menos 2,25 millones de iraquíes dejaron su país, estima la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Qusay Ameen, de cinco años, vive con su madre y padre, dos hermanas y un hermano.
Su padre era un sargento del antiguo ejército iraquí. Ahora está desempleado y recibe una pensión de 110 dólares al mes. Su madre es ama de casa.
Qusay, que colabora vendiendo cigarrillos en la calle, espera poder ir a la escuela el año próximo, cuando cumpla seis años.
Después del desayuno, una ingesta sencilla de tomates fritos con pan, Qusay quiere jugar, pero no tiene más que un pequeño automóvil roto que encontró su hermano en la puerta del vecino. Pasa la mayor parte de la mañana jugando con él y le pone muy contento ir a lo del vecino porque tiene un columpio en el jardín..
Como la mayoría de los niños y niñas iraquíes, Qusay creció pasando necesidades. Rara vez come golosinas o tiene ropa nueva.
Su casa es muy pequeña, tiene un dormitorio y una habitación que es baño y cocina a la vez.
Todos duermen en el mismo cuarto, que es extremadamente frío en invierno. No tienen suficientes camas ni mantas. Deben dormir todos juntos para darse calor.
La vivienda tiene muy pocas comodidades. No hay televisión ni electrodomésticos útiles. Tienen una pequeña cocina a queroseno que también usan como calefactor.
Sólo 40 por ciento de los niños y niñas iraquíes tienen acceso a agua potable en todo el país, según Unicef, y apenas 20 por ciento de la población de las afueras de Bagdad cuenta con alcantarillas que funcionan.
Alrededor de 75.000 niños y niñas viven con sus familias en refugios provisorios.
Ali Mahmood, 6 años, vive con su tío Thamir en Baquba desde que sus padres murieron hace dos años a causa de un bombardeo indiscriminado de la insurgencia.
El año que viene concurrirá a una escuela primaria cerca de la casa de su tío.
Los días de Ali son todos iguales y tranquilos. Sus únicos amigos son sus primos. Pero cuando ellos van a la escuela, se queda solo.
La familia de su tío no puede cuidarlo de forma adecuada. Thamir hace lo mejor que puede, pero la vida es difícil y tiene muchas personas a su cargo.
Ali carece de todo lo que puede necesitar un niño. No tiene dónde jugar ni juguetes ni nadie que vele por su futuro.
Y ya tiene responsabilidades: deberá hacerse cargo de su hermano menor cuando crezca.
Firas, Qusay y Ali son niños, pero sin infancia.
(* Ahmed, nuestro corresponsal en la provincia iraquí de Diyala, trabaja en estrecha colaboración con Dahr Jamail, especialista en Iraq radicado en Estados Unidos que visita con frecuencia Medio Oriente)(FIN/2008)
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
BAQUBA, Iraq, mar (IPS) - Los niños y niñas iraquíes son los más perjudicados por la ocupación estadounidense de este país de Medio Oriente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que medio millón de niños iraquíes murieron durante los más de 12 años de sanciones económicas previos a la invasión estadounidense de marzo de 2003, principalmente a causa de desnutrición.
La desnutrición infantil aumentó nueve por ciento desde entonces, según un informe de la organización humanitaria Oxfam, divulgado en julio de 2007.
Otro estudio de la organización Save the Children señaló que Iraq tiene el índice de mortalidad más alto en menores de cinco años.
Desde la primera guerra del Golfo Pérsico o Arábigo (1991), esa tasa aumentó 150 por ciento.
Se estima que uno de cada ocho niños muere en Iraq antes de cumplir cinco años. Sólo en 2005 fallecieron 122.000 en una población de 25 millones de habitantes.
"Al menos dos millones de niños iraquíes sufren carencias alimenticias, según una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos en 2006, y corren otros riesgos como educación interrumpida, falta de servicios de vacunación y enfermedades que causan diarrea", señaló un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de este mes.
IPS entrevistó a tres niños de diferentes distritos de Baquba, 40 kilómetros al noreste de Bagdad y capital de la inestable provincia de Diyala.
Firas Muhsin, de siete años, vive en esta ciudad con su madre. Su padre fue asesinado hace dos años por insurgentes que le dispararon en su comercio.
El pequeño va a una escuela cerca de su casa cuatro horas todos los días. En raras ocasiones juega con vecinos, y siempre bajo la atenta mirada de su madre.
Firas tiene permiso para alejarse tan sólo 10 metros de su casa. Su madre tiene miedo de los extraños. El secuestro de niños es común en Iraq y se cree que muchos de ellos fueron vendidos como soldados o para prostituirlos.
Funcionarios iraquíes y trabajadores humanitarios están preocupados por la alarmante asiduidad con que desaparecen niños y niñas en todo el país.
Al menos dos son vendidos por sus padres cada semana, informó en enero Omar Khalif, vicepresidente de la no gubernamental Asociación de Familias Iraquíes, creada en 2004 para registrar casos de pequeños desaparecidos o víctimas del tráfico de personas.
Además, se denuncian cuatro desapariciones de niños todas las semanas, apuntó.
"Las cifras son alarmantes. Hubo un aumento de 20 por ciento en las denuncias de desaparecidos en un año", añadió Khalif.
Firas pasa varias horas al día sentado fuera de su hogar mirando a las personas pasar. La puerta de su casa es su única salida. En la tarde, su mamá lo hace entrar para hacer la tarea escolar. Después de la cena, su única esperanza es ver dibujos animados en la televisión, si funciona el generador eléctrico.
La familia no cuenta con el combustible necesario para calefacción. "Mis hijos tienen frío y no puedo comprar queroseno", relató la madre.
Muchos niños de la edad de Firas ni siquiera van a la escuela.
Diecisiete por ciento de los niños y niñas iraquíes nunca van a la escuela, y unos 220.000 más faltan mucho porque sus familias debieron desplazarse a otra zona del país, según la ONU.
A esa cantidad se le suman los 760.000 que en 2006 estaban fuera del sistema escolar.
Esas cifras no incluyen a los cientos de miles de niños, niñas y jóvenes iraquíes que interrumpieron o abandonaron su educación porque sus familias debieron huir a otros países.
Al menos 2,25 millones de iraquíes dejaron su país, estima la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Qusay Ameen, de cinco años, vive con su madre y padre, dos hermanas y un hermano.
Su padre era un sargento del antiguo ejército iraquí. Ahora está desempleado y recibe una pensión de 110 dólares al mes. Su madre es ama de casa.
Qusay, que colabora vendiendo cigarrillos en la calle, espera poder ir a la escuela el año próximo, cuando cumpla seis años.
Después del desayuno, una ingesta sencilla de tomates fritos con pan, Qusay quiere jugar, pero no tiene más que un pequeño automóvil roto que encontró su hermano en la puerta del vecino. Pasa la mayor parte de la mañana jugando con él y le pone muy contento ir a lo del vecino porque tiene un columpio en el jardín..
Como la mayoría de los niños y niñas iraquíes, Qusay creció pasando necesidades. Rara vez come golosinas o tiene ropa nueva.
Su casa es muy pequeña, tiene un dormitorio y una habitación que es baño y cocina a la vez.
Todos duermen en el mismo cuarto, que es extremadamente frío en invierno. No tienen suficientes camas ni mantas. Deben dormir todos juntos para darse calor.
La vivienda tiene muy pocas comodidades. No hay televisión ni electrodomésticos útiles. Tienen una pequeña cocina a queroseno que también usan como calefactor.
Sólo 40 por ciento de los niños y niñas iraquíes tienen acceso a agua potable en todo el país, según Unicef, y apenas 20 por ciento de la población de las afueras de Bagdad cuenta con alcantarillas que funcionan.
Alrededor de 75.000 niños y niñas viven con sus familias en refugios provisorios.
Ali Mahmood, 6 años, vive con su tío Thamir en Baquba desde que sus padres murieron hace dos años a causa de un bombardeo indiscriminado de la insurgencia.
El año que viene concurrirá a una escuela primaria cerca de la casa de su tío.
Los días de Ali son todos iguales y tranquilos. Sus únicos amigos son sus primos. Pero cuando ellos van a la escuela, se queda solo.
La familia de su tío no puede cuidarlo de forma adecuada. Thamir hace lo mejor que puede, pero la vida es difícil y tiene muchas personas a su cargo.
Ali carece de todo lo que puede necesitar un niño. No tiene dónde jugar ni juguetes ni nadie que vele por su futuro.
Y ya tiene responsabilidades: deberá hacerse cargo de su hermano menor cuando crezca.
Firas, Qusay y Ali son niños, pero sin infancia.
(* Ahmed, nuestro corresponsal en la provincia iraquí de Diyala, trabaja en estrecha colaboración con Dahr Jamail, especialista en Iraq radicado en Estados Unidos que visita con frecuencia Medio Oriente)(FIN/2008)
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VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
IRAQ-EEUU: Radiografía de la invasión
RAQ-EEUU: Radiografía de la invasión
Análisis de Jim Lobe
WASHINGTON, 19 mar (IPS) - Al final, ¿cuáles fueron las verdaderas razones por las que Estados Unidos invadió Iraq hace cinco años, en la noche del 19 al 20 de marzo de 2003?
Según la historia oficial, descartada hace ya mucho, el programa de armas de destrucción masiva del régimen del presidente iraquí Saddam Hussein (1979-2003) y la posibilidad de que las cediera a la red terrorista Al Qaeda suponían una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.
Jamás se encontró la menor evidencia sobre la existencia de esas armas.
Otra teoría menciona el deseo de liberar a Iraq de la sangrienta tiranía de Saddam Hussein, sentando así un irresistible precedente democratizador que se propagaría por todo el mundo árabe.
Esta línea argumental fue adoptada por el gobierno del presidente estadounidense, George W. Bush, cuando se hizo evidente que la historia oficial era insostenible. Ese enfoque parece haber sido la obsesión del hoy ex subsecretario (viceministro) de Defensa Paul Wolfowitz.
Otras explicaciones prefieren concentrarse en la enigmática psicología de Bush, particularmente en lo que hace a la relación con su padre, el ex presidente George Bush (1989-1993).
Algunos creen que quiso avergonzarlo por no haber tomado Bagdad en 1991, tras la fulminante victoria contra Saddam Hussein en la guerra del Golfo, motivada por la invasión iraquí a Kuwait, un pequeño emirato rico en petróleo y amigo de Estados Unidos.
Otros dicen que quiso "terminar el trabajo" inconcluso de su padre, y hay quienes piensan que procuró vengar el supuesto intento de asesinato contra el ex presidente planificado por el régimen iraquí luego de la derrota, aunque la verosimilitud de tal complot resulta altamente cuestionable.
No debería desecharse completamente esta explicación. Bush aseguró que él fue quien tomó la decisión final y, por otra parte, ningún funcionario de alto nivel de su gobierno ha sido capaz de explicar cuándo, y mucho menos por qué, se dio luz verde a la invasión de Iraq.
Está la cuestión del petróleo. ¿Actuó el gobierno de Bush en nombre de la industria petrolera, desesperada por poner sus manos en el crudo iraquí al que no podía acceder a causa de las sanciones económicas que prohibían a las compañías estadounidenses hacer negocios con Bagdad?
Se trata de una teoría atractiva.
Bush y el vicepresidente Dick Cheney han tenido durante años una estrechísima relación con los "barones del petróleo". En sus memorias, el ex presidente de la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos, Alan Greenspan, aseguró que "la guerra de Irak tuvo mucho que ver" con el crudo.
La izquierda es el sector más inclinado a esta explicación, particularmente aquéllos que convirtieron en su favorita la consigna acerca de no derramar sangre a cambio de petróleo.
Sin embargo, existe escasa evidencia, o ninguna, sobre el interés de las grandes petroleras en una guerra que se decidió de manera unilateral y que planteaba el riesgo de desestabilizar la región del mundo más rica en hidrocarburos, donde se encuentran aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
El instituto de la Universidad Rice que lleva el nombre del ex secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, James Baker III, un hombre que representó y encarnó a los intereses petroleros durante toda su vida, formuló antes de la invasión a Iraq una clara advertencia.
Si Bush tenía que enviar tropas a Iraq, cualquiera fuera la razón, señaló, debía de todas formas abstenerse salvo que se cumplieran dos condiciones: que la acción fuera autorizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y que nada sugiriera que el motivo fue la adquisición del crudo iraquí por parte de las petroleras estadounidenses.
Esto no implica decir que el petróleo estuvo fuera de los cálculos del gobierno de Bush, pero en un sentido muy diferente al sugerido por la consigna de no cambiar sangre por hidrocarburos.
El petróleo, a fin de cuentas, es indispensable para el funcionamiento de las economías y fuerzas armadas modernas.
Y la invasión envió un claro mensaje al resto del mundo, especialmente a potenciales rivales estratégicos como China, Rusia e incluso la Unión Europea, acerca de la capacidad de Estados Unidos para conquistar rápida y eficazmente un país rico en petróleo en el corazón de Medio Oriente y en el golfo Pérsico (o Arábigo) cuando lo deseara.
De esa forma, quizás persuadía a esas potencias menores de que desafiar a Estados Unidos atentaría contra sus intereses de largo plazo, aunque no su suministro de energía en el corto plazo.
El despliegue de ese poder podría ser la forma más rápida de formalizar un nuevo orden internacional, el de un mundo unipolar, basado en la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos, sin paralelo desde los tiempos del Imperio Romano.
Esta visión fue la que alimentó, en 1997, el Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense, obra de una coalición de nacionalistas agresivos, neoconservadores y líderes de la derecha cristiana que incluía en sus filas a varios entonces futuros funcionarios del gobierno de Bush.
Ya en 1998 plantearon la necesidad de un "cambio de régimen" en Iraq y, nueve días después de los ataques en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, advirtieron que cualquier "guerra contra el terrorismo" que dejara de lado la eliminación de Saddam Hussein sería inevitablemente incompleta.
En perspectiva, resulta claro que este grupo, fortalecido por el triunfo electoral de Bush en 2000 y consolidado tras los atentados de 2001, vio a Iraq como el camino más fácil para establecer a Estados Unidos como la potencia dominante en la región, con implicancias estratégicas de carácter global para posibles futuros competidores.
Para los neoconservadores y la derecha cristiana, los más ansiosos y entusiastas respecto de la guerra contra Iraq, Israel también sería beneficiado por la invasión.
Los representantes de la línea dura neoconservadora ya habían señalado en un documento de 1996 que derrocar a Saddam Hussein e instalar en su lugar a un líder prooccidental era la clave para desestabilizar a los enemigos árabes de Israel o someterlos a su voluntad.
Esto, argumentaron, permitiría a Israel "escapar" del proceso de paz de Medio Oriente y conservar tanto territorio ocupado palestino, y sirio, como desearan.
En su opinión, eliminar a Saddam Hussein y ocupar Iraq no sólo fortalecería el control de los territorios árabes por parte de Israel, sino que amenazaría la supervivencia del arma árabe e islámica más formidable contra el estado judío: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Al inundar el mercado con petróleo iraquí, libre de las cuotas de producción fijadas por la OPEP, el precio de los hidrocarburos caería en picada a sus niveles históricos más bajos.
Al menos, así lo creían cinco años atrás. (FIN/2008)
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VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
Análisis de Jim Lobe
WASHINGTON, 19 mar (IPS) - Al final, ¿cuáles fueron las verdaderas razones por las que Estados Unidos invadió Iraq hace cinco años, en la noche del 19 al 20 de marzo de 2003?
Según la historia oficial, descartada hace ya mucho, el programa de armas de destrucción masiva del régimen del presidente iraquí Saddam Hussein (1979-2003) y la posibilidad de que las cediera a la red terrorista Al Qaeda suponían una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.
Jamás se encontró la menor evidencia sobre la existencia de esas armas.
Otra teoría menciona el deseo de liberar a Iraq de la sangrienta tiranía de Saddam Hussein, sentando así un irresistible precedente democratizador que se propagaría por todo el mundo árabe.
Esta línea argumental fue adoptada por el gobierno del presidente estadounidense, George W. Bush, cuando se hizo evidente que la historia oficial era insostenible. Ese enfoque parece haber sido la obsesión del hoy ex subsecretario (viceministro) de Defensa Paul Wolfowitz.
Otras explicaciones prefieren concentrarse en la enigmática psicología de Bush, particularmente en lo que hace a la relación con su padre, el ex presidente George Bush (1989-1993).
Algunos creen que quiso avergonzarlo por no haber tomado Bagdad en 1991, tras la fulminante victoria contra Saddam Hussein en la guerra del Golfo, motivada por la invasión iraquí a Kuwait, un pequeño emirato rico en petróleo y amigo de Estados Unidos.
Otros dicen que quiso "terminar el trabajo" inconcluso de su padre, y hay quienes piensan que procuró vengar el supuesto intento de asesinato contra el ex presidente planificado por el régimen iraquí luego de la derrota, aunque la verosimilitud de tal complot resulta altamente cuestionable.
No debería desecharse completamente esta explicación. Bush aseguró que él fue quien tomó la decisión final y, por otra parte, ningún funcionario de alto nivel de su gobierno ha sido capaz de explicar cuándo, y mucho menos por qué, se dio luz verde a la invasión de Iraq.
Está la cuestión del petróleo. ¿Actuó el gobierno de Bush en nombre de la industria petrolera, desesperada por poner sus manos en el crudo iraquí al que no podía acceder a causa de las sanciones económicas que prohibían a las compañías estadounidenses hacer negocios con Bagdad?
Se trata de una teoría atractiva.
Bush y el vicepresidente Dick Cheney han tenido durante años una estrechísima relación con los "barones del petróleo". En sus memorias, el ex presidente de la Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos, Alan Greenspan, aseguró que "la guerra de Irak tuvo mucho que ver" con el crudo.
La izquierda es el sector más inclinado a esta explicación, particularmente aquéllos que convirtieron en su favorita la consigna acerca de no derramar sangre a cambio de petróleo.
Sin embargo, existe escasa evidencia, o ninguna, sobre el interés de las grandes petroleras en una guerra que se decidió de manera unilateral y que planteaba el riesgo de desestabilizar la región del mundo más rica en hidrocarburos, donde se encuentran aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
El instituto de la Universidad Rice que lleva el nombre del ex secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, James Baker III, un hombre que representó y encarnó a los intereses petroleros durante toda su vida, formuló antes de la invasión a Iraq una clara advertencia.
Si Bush tenía que enviar tropas a Iraq, cualquiera fuera la razón, señaló, debía de todas formas abstenerse salvo que se cumplieran dos condiciones: que la acción fuera autorizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y que nada sugiriera que el motivo fue la adquisición del crudo iraquí por parte de las petroleras estadounidenses.
Esto no implica decir que el petróleo estuvo fuera de los cálculos del gobierno de Bush, pero en un sentido muy diferente al sugerido por la consigna de no cambiar sangre por hidrocarburos.
El petróleo, a fin de cuentas, es indispensable para el funcionamiento de las economías y fuerzas armadas modernas.
Y la invasión envió un claro mensaje al resto del mundo, especialmente a potenciales rivales estratégicos como China, Rusia e incluso la Unión Europea, acerca de la capacidad de Estados Unidos para conquistar rápida y eficazmente un país rico en petróleo en el corazón de Medio Oriente y en el golfo Pérsico (o Arábigo) cuando lo deseara.
De esa forma, quizás persuadía a esas potencias menores de que desafiar a Estados Unidos atentaría contra sus intereses de largo plazo, aunque no su suministro de energía en el corto plazo.
El despliegue de ese poder podría ser la forma más rápida de formalizar un nuevo orden internacional, el de un mundo unipolar, basado en la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos, sin paralelo desde los tiempos del Imperio Romano.
Esta visión fue la que alimentó, en 1997, el Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense, obra de una coalición de nacionalistas agresivos, neoconservadores y líderes de la derecha cristiana que incluía en sus filas a varios entonces futuros funcionarios del gobierno de Bush.
Ya en 1998 plantearon la necesidad de un "cambio de régimen" en Iraq y, nueve días después de los ataques en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, advirtieron que cualquier "guerra contra el terrorismo" que dejara de lado la eliminación de Saddam Hussein sería inevitablemente incompleta.
En perspectiva, resulta claro que este grupo, fortalecido por el triunfo electoral de Bush en 2000 y consolidado tras los atentados de 2001, vio a Iraq como el camino más fácil para establecer a Estados Unidos como la potencia dominante en la región, con implicancias estratégicas de carácter global para posibles futuros competidores.
Para los neoconservadores y la derecha cristiana, los más ansiosos y entusiastas respecto de la guerra contra Iraq, Israel también sería beneficiado por la invasión.
Los representantes de la línea dura neoconservadora ya habían señalado en un documento de 1996 que derrocar a Saddam Hussein e instalar en su lugar a un líder prooccidental era la clave para desestabilizar a los enemigos árabes de Israel o someterlos a su voluntad.
Esto, argumentaron, permitiría a Israel "escapar" del proceso de paz de Medio Oriente y conservar tanto territorio ocupado palestino, y sirio, como desearan.
En su opinión, eliminar a Saddam Hussein y ocupar Iraq no sólo fortalecería el control de los territorios árabes por parte de Israel, sino que amenazaría la supervivencia del arma árabe e islámica más formidable contra el estado judío: la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Al inundar el mercado con petróleo iraquí, libre de las cuotas de producción fijadas por la OPEP, el precio de los hidrocarburos caería en picada a sus niveles históricos más bajos.
Al menos, así lo creían cinco años atrás. (FIN/2008)
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VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
IRAQ: Cinco años en el infierno
Análisis de Dahr Jamail
WASHINGTON, 18 mar (IPS) - Al cumplirse cinco años de la invasión de Estados Unidos a Iraq, la tétrica realidad y la opinión pública iraquí desmienten al gobierno del país ocupante, según el cual la situación allí ha mejorado.
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney declaró el lunes, en visita sorpresiva a Iraq, que la invasión lanzada el 20 de marzo de 2003 había sido un "esfuerzo exitoso".
Pero las cifras dejan en evidencia que uno de cada tres iraquíes abandonó su hogar, depende de la asistencia de emergencia para sobrevivir o murió a causa de la invasión y la ocupación. Eso es lo que Cheney considera un "esfuerzo exitoso".
La organización humanitaria Just Foreign Policy calculó que más de un millón de iraquíes murieron tras la invasión y ocupación de su país, que este jueves cumplirá cinco años.
La firma encuestadora británica ORB elevó esa cifra a más de 1,2 millones.
El alto costo de la invasión y ocupación llevó al premio Nóbel de Economía y ex economista jefe del Banco Mundial Joseph Stiglitz a publicar, junto con Linda Bilmes, de la Universidad de Harvard, el libro "The Three Trillion Dollar War" ("La Guerra de los tres billones de dólares").
Y la estimación del título es considerada "conservadora".
Los autores sostienen que el gobierno de George W. Bush minimizó el costo de la guerra y escondió algunos datos a la opinión pública estadounidense.
Alrededor de 4.000 soldados estadounidenses y unos 175 británicos murieron en Iraq, según estadísticas del Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos.
"La guerra de Iraq fue una de las más desastrosas que haya librado Gran Bretaña", escribió el periodista Patrick Cockburn en el periódico londinense Independent Newspaper.
"Junto a la guerra de Crimea y a las de los bóer, la de Iraq figurará entre los conflictos que pudieron evitarse y que fueron una demostración de incompetencia de principio a fin", aseguró.
Más de cuatro millones de iraquíes debieron abandonar sus hogares, y alrededor de la mitad de ellos se vieron obligados a dirigirse a otros países, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Uno de cada cuatro residentes de Bagdad, con seis millones de habitantes, debió dejar su vivienda, indicó la Media Luna Roja iraquí.
Millones de personas siguen sin agua potable ni atención médica, informó el lunes el Comité Internacional de la Cruz Roja.
La infraestructura empeoró desde el régimen de Saddam Hussein (1979-2003), que en sus últimos 12 años estuvo signado por duras sanciones económicas dispuestas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a instancias de Estados Unidos.
En esa época murieron más de un millón de iraquíes a causa de la desnutrición y la falta de atención médica.
Unos cuatro millones de niños y niñas iraquíes necesitaban en julio pasado asistencia de emergencia, según un informe divulgado en esa fecha por la organización humanitaria Oxfam Internacional. Además, la desnutrición infantil recrudeció y 70 por ciento de la población carece de acceso a agua potable.
Los hogares iraquíes tienen, en promedio, menos de cinco horas de electricidad al día, incluso en Kurdistán, región septentrional del país que goza de amplia autonomía y que es promocionada por el gobierno de Bush como un ejemplo de éxito.
Las exportaciones petroleras, de las que Iraq extraía más de 80 por ciento de sus ingresos, no llegaron ni un solo día a la cantidad registrada antes de la guerra.
El desempleo, que ya se ubicaba en 32 por ciento de la población económicamente activa, osciló durante la ocupación entre 40 y 70 por ciento, según el gobierno iraquí.
Poco después de las declaraciones de Cheney sobre el "éxito" estadounidense en Iraq, un atentado suicida dejó al menos 32 personas muertas y 51 heridas cerca de una mezquita en Kerbala, ciudad sagrada para los musulmanes de la mayoritaria comunidad chiita ubicada 100 kilómetros al sudoeste de Bagdad.
Otras cuatro personas murieron y 13 quedaron heridas en un bombardeo poco después de la llegada de Cheney a Iraq, cerca de la muy fortificada zona verde de la capital, donde tienen su sede el gobierno nacional y las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Bagdad se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo, en gran parte a causa de la política estadounidense de enfrentar a facciones políticas y a grupos étnicos y religiosos entre sí.
La capital de Iraq es hoy una ciudad amurallada de guetos chiitas y sunitas, divididos por muros de concreto erigidos por el ejército estadounidense.
Esas zonas tienen sus propias banderas. En las sunitas flamea el viejo pabellón iraquí, en las chiitas, el nuevo. Los kurdos tienen uno propio.
Las estrategias de limpieza étnica y religiosa, respaldadas por las fuerzas ocupantes, eliminaron virtualmente todas las áreas mixtas de la capital.
El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el gobernante Partido Republicano, John McCain, también en Iraq, se reunió con líderes locales en el marco de una misión de investigación de la Comisión de Servicios Armados del Senado.
Al igual que Cheney, McCain prometió respaldar al gobierno iraquí y mantener una prolongada presencia militar en el país.
La estrategia de aumentar la cantidad de tropas implementada por Washington a comienzos del año pasado "funciona", declaró el senador republicano.
Con las "perdurables" bases militares de Estados Unidos en Iraq y una embajada en Bagdad del tamaño del Vaticano, el fin de la ocupación no se vislumbra en el horizonte. ***** +Mercenarios de la UE con licencia para todo (http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=87781) +Niños y niñas sin infancia (http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=87747) (FIN/2008)
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
RAMIREZ CUELLAR FIJA POSTURA RESPECTO AL COMPUTO OFICIAL
Ante los recientes eventos relacionados con el cómputo de la votación en la elección interna del PRD, manifestamos que las irregularidades ocurridas en el proceso, denunciadas por la militancia y constatadas ampliamente por los medios de comunicación, fueron advertidas desde el inicio de esta contienda por nuestros candidatos.
Lo que está pasando nos da la razón: el PRD no puede volver a tener proceso interno más que no sea regulado por un órgano ciudadano externo. Exigimos al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Técnico Electoral del PRD brinden garantías a la militancia de que el proceso de cómputo oficial llegará a su conclusión, conforme a los procedimientos establecidos en las normas del partido.
Para ello, solicitamos que, a la brevedad, sea instalado de manera permanente el pleno del Comité Electoral con la representación de todos los candidatos. Es un grave error que las instancias legales no estén sesionando de manera formal y que a las reuniones informales que han tenido lugar para analizar la delicada situación interna, sólo hayan sido convocados dos de los contendientes.
Exhortamos enérgicamente a todos los actores y corrientes del PRD a respetar el curso de este proceso hasta su conclusión, en pleno apego a lo establecido por el Estatuto y el Reglamento General de Elecciones de nuestro instituto.
Jesús Ortega y Alejandro Encinas deben abstenerse de la pretensión de que sean contabilizadas en el cómputo actas de casillas que no fueron instaladas, casillas "zapato", atípicas o que presenten cualquier tipo de anomalía que suponga que la legalidad y el voto libre fueron violentados.
Alfonso Ramírez Cuellar, Javier González Garza, Guadalupe Chavira, Alejandro Álvarez, Fernando Nicholson, Federico González e Inti Muñoz.
Comisión Política del Movimiento por la Democracia
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
Lo que está pasando nos da la razón: el PRD no puede volver a tener proceso interno más que no sea regulado por un órgano ciudadano externo. Exigimos al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Técnico Electoral del PRD brinden garantías a la militancia de que el proceso de cómputo oficial llegará a su conclusión, conforme a los procedimientos establecidos en las normas del partido.
Para ello, solicitamos que, a la brevedad, sea instalado de manera permanente el pleno del Comité Electoral con la representación de todos los candidatos. Es un grave error que las instancias legales no estén sesionando de manera formal y que a las reuniones informales que han tenido lugar para analizar la delicada situación interna, sólo hayan sido convocados dos de los contendientes.
Exhortamos enérgicamente a todos los actores y corrientes del PRD a respetar el curso de este proceso hasta su conclusión, en pleno apego a lo establecido por el Estatuto y el Reglamento General de Elecciones de nuestro instituto.
Jesús Ortega y Alejandro Encinas deben abstenerse de la pretensión de que sean contabilizadas en el cómputo actas de casillas que no fueron instaladas, casillas "zapato", atípicas o que presenten cualquier tipo de anomalía que suponga que la legalidad y el voto libre fueron violentados.
Alfonso Ramírez Cuellar, Javier González Garza, Guadalupe Chavira, Alejandro Álvarez, Fernando Nicholson, Federico González e Inti Muñoz.
Comisión Política del Movimiento por la Democracia
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
VERONICA VILLALVAZO
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
PLAZA PÚBLICA
Mexicanos muertos en Ecuador
Fuente:Miguel Ángel Granados Chapa/Reforma
19 Mar. 08
En aras de mantener buena relación con Bogotá, el gobierno de México guarda vergonzoso silencio sobre la muerte de cuatro nacionales a manos del Ejército colombiano
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, no acudió a la reunión de cancilleres de los Estados americanos, convocada por el Consejo Permanente de la OEA, y concluida en las primeras horas de ayer, para tratar la crisis andina, surgida del ataque de tropas de Colombia a un campamento guerrillero de ese país en territorio ecuatoriano. No parece que en la agenda de la responsable de la diplomacia mexicana se registrara un compromiso de mayor envergadura que la junta interamericana con sus homólogos, ni contraído con antelación. Y sin embargo la canciller Espinosa se abstuvo de asistir. Su falta revela, quizá, el predicamento en que se halla el gobierno de México frente al de Colombia, y que lo ha conducido a un ilegal y vergonzoso silencio sobre la muerte de cuatro mexicanos en aquel episodio que tensó al máximo la situación entre Quito y Bogotá.
Normalmente, un gobierno cuyos nacionales mueren a manos de tropas de otro gobierno debe protestar por el hecho, y demandar explicaciones al agresor, y hasta fincarle responsabilidades en instancias internacionales. Pero esa normalidad carece de efectos en tratándose de una relación privilegiada como la que mantienen los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe, gobiernos derechistas los suyos en un vecindario insólitamente poblado de regímenes situados en diversos matices de la izquierda.
Los estudiantes mexicanos Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles murieron en el ataque colombiano del 1o. de marzo, en que resultó herida la también mexicana, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lucía Morett Álvarez. Habían llegado de Quito horas antes de la incursión colombiana en pos de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, la organización guerrillera surgida en 1966. Dado que habían asistido hasta el 27 de febrero al segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, no es creíble que su presencia en el campamento guerrillero fuera parte de su adiestramiento para incorporarse a la insurgencia armada. También indica esa imposibilidad el hecho de que vistieran de civiles y estuvieran inermes, durmiendo, al ocurrir el bombardeo y el avance terrestre del Ejército colombiano sobre las tropas insurgentes.
Aun suponiendo que estuvieran en trance de sumarse a la guerrilla, tal circunstancia no debió hacerles perder de ninguna manera su condición de mexicanos cuyo gobierno tiene la obligación legal de proteger y de protestar por su muerte. Pero el de Calderón ha guardado silencio para no macular la relación con el de Uribe. Al contrario, ha adoptado una actitud facciosa consistente en determinar primero si esos mexicanos eran merecedores de su protección o carecían de ese derecho, como si tal circunstancia estuviera sujeta a condiciones.
En vez de protestar ante Bogotá, la Cancillería dijo el viernes pasado que "es preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico". Como si fuera la Cancillería colombiana la que hablara, la de México abundó en su incriminación a esa fuerza insurgente, recordando que "tanto la Organización de Estados Americanos, con el consenso de todos sus miembros, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y los han calificado como acciones terroristas".
Como si le incumbiera la conducta de los mexicanos muertos o heridos, la Cancillería mexicana solicitó a Colombia, "para precisar tanto lo ocurrido el 1 de marzo como el tipo de vínculos entre los mexicanos y las FARC, que proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que en relación con estos hechos se llevan a cabo. Además, se mantiene contacto con las autoridades de Ecuador, a quienes han solicitado que se lleven a cabo las investigaciones del caso para esclarecer detalladamente los hechos y determinar la situación jurídica de los nacionales involucrados".
En digno complemento con esta actitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República investiga cómo se pagaron el viaje y la estancia en Ecuador los mexicanos que asistieron a la conferencia bolivariana en Quito, entre ellos los que viajaron al campamento de las FARC. El Cisen, por su parte, se afana en determinar la conexión mexicana con esa guerrilla, en seguimiento de lo conversado entre Uribe y Calderón cuando se encontraron en Santo Domingo, el 7 de marzo, en la reunión del Grupo de Río. La torpeza del espionaje mexicano, o su facilismo, lo ha llevado a identificar cubículos en diversas instituciones, sobre todo la Universidad Nacional, donde a la luz del día se realizan actividades de solidaridad política con las FARC. Porque una cosa es la expresión de apoyo ideológico y político a una fuerza armada y otra es la colaboración a las acciones bélicas o delincuenciales que esa guerrilla ejecuta.
Parece inequívoca la información que vincula a las FARC con bandas mexicanas de narcotráfico. Ese nexo es el que debe determinarse porque supone acciones contrarias a la ley perpetradas en territorio mexicano. Indagar en cambio si los mexicanos muertos merecían morir y no eran dignos de protección es actitud ilegal, mezquina y torpe.
Cajón de Sastre
Hoy será definido formalmente el resultado de la elección de presidente y secretario(a) general del PRD. Cualquiera que sea el desenlace, tal vez la nueva situación en el PRD inaugure si no enfrentamientos sí diferencias con la Convención Nacional Democrática, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Porque una cosa es debatir la reforma cuya iniciativa oficial será presentada la semana próxima (debate legislativo que auspiciarían Jesús Ortega y Alejandro Encinas) y otra muy diferente es la movilización que cerque los recintos parlamentarios e impida la discusión.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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Fuente:Miguel Ángel Granados Chapa/Reforma
19 Mar. 08
En aras de mantener buena relación con Bogotá, el gobierno de México guarda vergonzoso silencio sobre la muerte de cuatro nacionales a manos del Ejército colombiano
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, no acudió a la reunión de cancilleres de los Estados americanos, convocada por el Consejo Permanente de la OEA, y concluida en las primeras horas de ayer, para tratar la crisis andina, surgida del ataque de tropas de Colombia a un campamento guerrillero de ese país en territorio ecuatoriano. No parece que en la agenda de la responsable de la diplomacia mexicana se registrara un compromiso de mayor envergadura que la junta interamericana con sus homólogos, ni contraído con antelación. Y sin embargo la canciller Espinosa se abstuvo de asistir. Su falta revela, quizá, el predicamento en que se halla el gobierno de México frente al de Colombia, y que lo ha conducido a un ilegal y vergonzoso silencio sobre la muerte de cuatro mexicanos en aquel episodio que tensó al máximo la situación entre Quito y Bogotá.
Normalmente, un gobierno cuyos nacionales mueren a manos de tropas de otro gobierno debe protestar por el hecho, y demandar explicaciones al agresor, y hasta fincarle responsabilidades en instancias internacionales. Pero esa normalidad carece de efectos en tratándose de una relación privilegiada como la que mantienen los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe, gobiernos derechistas los suyos en un vecindario insólitamente poblado de regímenes situados en diversos matices de la izquierda.
Los estudiantes mexicanos Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles murieron en el ataque colombiano del 1o. de marzo, en que resultó herida la también mexicana, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lucía Morett Álvarez. Habían llegado de Quito horas antes de la incursión colombiana en pos de Raúl Reyes, el número dos de las FARC, la organización guerrillera surgida en 1966. Dado que habían asistido hasta el 27 de febrero al segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, no es creíble que su presencia en el campamento guerrillero fuera parte de su adiestramiento para incorporarse a la insurgencia armada. También indica esa imposibilidad el hecho de que vistieran de civiles y estuvieran inermes, durmiendo, al ocurrir el bombardeo y el avance terrestre del Ejército colombiano sobre las tropas insurgentes.
Aun suponiendo que estuvieran en trance de sumarse a la guerrilla, tal circunstancia no debió hacerles perder de ninguna manera su condición de mexicanos cuyo gobierno tiene la obligación legal de proteger y de protestar por su muerte. Pero el de Calderón ha guardado silencio para no macular la relación con el de Uribe. Al contrario, ha adoptado una actitud facciosa consistente en determinar primero si esos mexicanos eran merecedores de su protección o carecían de ese derecho, como si tal circunstancia estuviera sujeta a condiciones.
En vez de protestar ante Bogotá, la Cancillería dijo el viernes pasado que "es preocupación del gobierno federal que ciudadanos mexicanos estén relacionados con una organización como las FARC, conocida por su ilegalidad y naturaleza violenta; por ser autora de múltiples secuestros, actos de sabotaje, extorsiones y actividades de narcotráfico". Como si fuera la Cancillería colombiana la que hablara, la de México abundó en su incriminación a esa fuerza insurgente, recordando que "tanto la Organización de Estados Americanos, con el consenso de todos sus miembros, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han condenado en varias ocasiones actos cometidos por las FARC y los han calificado como acciones terroristas".
Como si le incumbiera la conducta de los mexicanos muertos o heridos, la Cancillería mexicana solicitó a Colombia, "para precisar tanto lo ocurrido el 1 de marzo como el tipo de vínculos entre los mexicanos y las FARC, que proporcione a nuestro país cualquier información derivada de las investigaciones que en relación con estos hechos se llevan a cabo. Además, se mantiene contacto con las autoridades de Ecuador, a quienes han solicitado que se lleven a cabo las investigaciones del caso para esclarecer detalladamente los hechos y determinar la situación jurídica de los nacionales involucrados".
En digno complemento con esta actitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República investiga cómo se pagaron el viaje y la estancia en Ecuador los mexicanos que asistieron a la conferencia bolivariana en Quito, entre ellos los que viajaron al campamento de las FARC. El Cisen, por su parte, se afana en determinar la conexión mexicana con esa guerrilla, en seguimiento de lo conversado entre Uribe y Calderón cuando se encontraron en Santo Domingo, el 7 de marzo, en la reunión del Grupo de Río. La torpeza del espionaje mexicano, o su facilismo, lo ha llevado a identificar cubículos en diversas instituciones, sobre todo la Universidad Nacional, donde a la luz del día se realizan actividades de solidaridad política con las FARC. Porque una cosa es la expresión de apoyo ideológico y político a una fuerza armada y otra es la colaboración a las acciones bélicas o delincuenciales que esa guerrilla ejecuta.
Parece inequívoca la información que vincula a las FARC con bandas mexicanas de narcotráfico. Ese nexo es el que debe determinarse porque supone acciones contrarias a la ley perpetradas en territorio mexicano. Indagar en cambio si los mexicanos muertos merecían morir y no eran dignos de protección es actitud ilegal, mezquina y torpe.
Cajón de Sastre
Hoy será definido formalmente el resultado de la elección de presidente y secretario(a) general del PRD. Cualquiera que sea el desenlace, tal vez la nueva situación en el PRD inaugure si no enfrentamientos sí diferencias con la Convención Nacional Democrática, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Porque una cosa es debatir la reforma cuya iniciativa oficial será presentada la semana próxima (debate legislativo que auspiciarían Jesús Ortega y Alejandro Encinas) y otra muy diferente es la movilización que cerque los recintos parlamentarios e impida la discusión.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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