Frida Guerrera

Tres recomendaciones de Ambulante.


En 1974, el líder comunitario Rosendo Radilla Pacheco -que luchó por mejorar la salud y la educación en Atoyac, Guerrero- desapareció en un retén militar. Este caso no resuelto es un ejemplo paradigmático de las acciones gubernamentales de la guerra sucia, periodo de los años sesenta y setenta en el que los regímenes autoritarios utilizaron la fuerza militar para sofocar a la oposición. Actualmente, México enfrenta cargos ante las cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad. 12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco: una herida abierta de la guerra sucia en México entrelaza historias de varios personajes -entre ellos Tita, la hija de Radilla- que perseveran en la lucha por la justicia y el esclarecimiento de los sucesos del pasado.



Aleida Gallangos conoció su verdadera identidad hace apenas cinco años. Sus padres "desaparecieron" en 1975, durante la llamada guerra sucia en México. Ella y su hermano mayor fueron adoptados por familias distintas y perdieron contacto durante casi tres décadas. Desde que descubrió la verdad sobre su pasado, Aleida se ha dedicado a reconstruir su historia familiar y a indagar el destino de su hermano y sus padres biológicos. Trazando Aleida documenta el proceso de búsqueda y reencuentro, e intenta darle rostro, nombre y voz a uno de los numerosos casos de desaparecidos en los setenta.



La polémica salida de Carmen Aristegui de W Radio dejó al descubierto un hecho inquietante: la alternancia política en México no significó el inicio de una nueva era de pluralidad en los medios. El documental explora la manera en que los principales consorcios televisivos y radiofónicos han cedido a la tentación de imitar cierta vena autoritaria priísta. La alarmante persecución de periodistas independientes y la aprobación de reformas que perpetúan el monopolio de los medios sobre la información indican que aún existe un desequilibrio de poderes entre lo político y lo mediático. Voces silenciadas comienza a hilarse a partir de testimonios de periodistas, escritores y académicos que reconstruyen la historia de los movimientos civiles en México y la lucha por la libertad de expresión. A la vez, su premisa es darle voz a aquellos que pelean para que los medios sean un espacio democrático de verdad.


YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA

¡ARRANCA AMBULANTE ESTE 6 DE FEBRERO!

LA CUARTA EDICIÓN DE LA GIRA A PARTIR DEL 6 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa Pablo Cruz, Diego Luna y Gael García, fundadores de Ambulante, Miguel Rivera, Director de Planeación Estratégica de Cinépolis, Elena Fortes, Directora de Ambulante, Elena Cepeda de León, Secretaria de Cultura del D.F., Samuel Morales, Coordinador de Comunicación y Educación de la Fundación/Colección Jumex, y Marina Stavenhagen, Directora del IMCINE, anunciaron el recorrido de la Gira 2009.

Con un programa formado por 44 documentales mexicanos y extranjeros, Ambulante Gira de Documentales, dará inicio a su cuarta edición el próximo 6 de febrero en la ciudad de México.

Las sedes serán Cinépolis Perisur, Cinépolis Diana, Cinépolis Universidad y Cinépolis Paseo Arcos Bosques, así como la Cineteca Nacional, el Teatro Carlos Lazo de la UNAM, el Cinematógrafo del Chopo, la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, el Museo Carrillo Gil y la Casa Lago, entre otras.

Además de las funciones en distintos cines y centros culturales, habrá una serie de actividades paralelas en universidades, que incluyen mesas redondas y pláticas entre los documentalistas y los alumnos.

El programa consistirá de seis secciones. Como en otros años habrá la Sección Oficial, Dictator's Cut, Injerto y Sonidero; este año se sumará al programa una sección dedicada a Suecia, el país invitado, además de un Homenaje al documentalista francés Raymond Depardon.

Los directores que este año nos acompañarán en la ciudad de México son:
Geoffrey Smith (El cirujano inglés)
Luis Rincón (El árbol olvidado)
Christiane Burkhard (Trazando Aleida)
Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman (Los que se quedan)
Gabriel Hernández y Berenisse Vásquez Sansores (12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco)
María del Carmen de Lara (Voces silenciadas)
Stelios Koul (Confesiones de un sicario económico)
Roberto Hernández (Presunto culpable)
Gabriel Cruz Rivas y Rodrigo Guardiola (Zoé 281107)
Tan Pin Pin (Ciudad invisible)
Althea Thauberger (La muerte y la miseria)
Sebastián Córdova (Otra vida sin domingos)
Ben Russell (Alucinación en blanco y negro, número tres)
Ross Lipman (Los exiliados)

No te pierdas las funciones a las que asistirán nuestros invitados y platica directamente con ellos sobre sus documentales.

Consulta la programación de la ciudad de México en www.ambulante.com.mx o descárgala aquí. Y compra tu cinebono, que por sólo $100 te dará entrada a cuatro funciones de Ambulante en Cinépolis.



YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA

Se cumplen nueve años de la ocupación de la UNAM por la Policía Federal Preventiva.


Elementos de la Policía Federal Preventiva en la toma de las instalaciones universitarias
Foto: Francisco Olvera



El operativo rompió el movimiento de huelga más largo en la historia de la institución

■ El conflicto forzó la salida de Francisco Barnés de Castro, a quien sustituyó Juan Ramón de la Fuente

Laura Poy Solano (La Jornada)

Este viernes se cumplen nueve años del asalto de la Policía Federal Preventiva (PFP) a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para romper la huelga que tenía paralizada a la institución desde 10 meses antes por el intento de las autoridades universitarias de modificar el Reglamento General de Pagos. Con alarde de fuerza, los uniformados rompieron cercos instalados por los grupos estudiantiles y detuvieron a más de 600 activistas agrupados en el Consejo General de Huelga (CGH).

A las seis y media de la mañana de aquel 6 de febrero, la PFP se estrenaba como cuerpo federal del orden público. Si bien existía ya entonces una marcada polarización en el CGH y un natural desgaste del movimiento, la orden de irrumpir en Ciudad Universitaria fue de inmediato censurada por prácticamente todos los sectores universitarios, aun aquellos que en repetidas ocasiones habían reclamado el fin del paro de actividades.

Aunque la intención de modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) se había cancelado desde junio de 1999, los estudiantes no levantaron la huelga porque argumentaban que permanecían sin cumplirse otras cinco demandas: derogación de las reformas de 1997 por las cuales se cancelaba el pase automático de bachillerato a licenciatura en la UNAM; eliminar el examen único del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) para el ingreso a la enseñanza media superior; convocar a un congreso universitario democrático y resolutivo; desmantelamiento del aparato policial y anulación de actas y sanciones contra los participantes en el movimiento, y recorrer el calendario escolar para recuperar los días perdidos durante la huelga.

El pago de cuotas, detonante del conflicto

El 20 de abril de 1999 se colocaron las banderas rojinegras en todas las escuelas y facultades de la máxima casa de estudios, con lo que iniciaba la que sería la huelga más larga en toda la historia de la institución. El detonante fue la aprobación, por el Consejo Universitario, de una reforma al RGP que establecía el incremento en las cuotas semestrales con base en el cálculo del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y que de haber entrado en vigencia obligaba a pagar, en ese momento, por inscripción, 510 pesos en el bachillerato y 680 en licenciatura.

La inconformidad de la comunidad estudiantil recibió en un principio el apoyo de la mayoría de académicos y trabajadores administrativos de la institución.

Tuvieron que pasar casi dos meses de iniciada la huelga para que se entablara un proceso de diálogo entre los estudiantes y la Comisión de Encuentro creada por el entonces rector José Francisco Barnés de Castro. En un afán de despresurizar el conflicto, el titular de la UNAM pidió la modificación del RGP y planteó que el pago de las nuevas cuotas semestrales se hiciera de manera “voluntaria”.

La medida no surtió efecto. En los primeros 100 días del conflicto sólo se concretaron cuatro reuniones entre las partes, y se realizaron más de una decena de marchas estudiantiles en defensa de la gratuidad de la educación.

El 27 de julio, los investigadores eméritos de la UNAM Luis Esteva Maraboto, Alfredo López Austin, Alejandro Rossi, Héctor Fix Zamudio, Manuel Peimbert, Adolfo Sánchez Vázquez, Miguel León Portilla, Ruy Pérez Tamayo y Luis Villoro, apoyados por 41 profesores de diversas disciplinas, llamaron al CGH “a dar por terminado el paro y presentar sus planteamientos en los foros de discusión, en la inteligencia de que las propuestas que surjan deberán ser llevadas a los correspondientes órganos de decisión”.

La propuesta fue rechazada por el CGH. Para noviembre se habían agudizado las contradicciones y conflictos al interior del consejo y se vivía un clima de revanchas, carencia de autocrítica, y la presión de los grupos radicales por mantener el paro en aquellas escuelas donde las comunidades se pronunciaban por reanudar actividades.

El 12 de noviembre, Francisco Barnés de Castro renunció a la rectoría de la UNAM, notoriamente rebasado por el conflicto. Cinco días después, la Junta de Gobierno designó a Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud, como nuevo rector. Al asumir el cargo, de inmediato llamó a reanudar el diálogo, empantanado pese a las reuniones que con autoridades y directivos de escuelas y facultades se realizaron en el Palacio de Minería.

Ante esta situación, en enero de 2000 De la Fuente presentó la llamada propuesta institucional para levantar la huelga, que contemplaba dejar definitivamente sin efecto el RGP y la realización de un congreso universitario para analizar el Reglamento General de Inscripciones y Exámenes, que venía de 1997, entre otros puntos. Hay que decir que tras ocho años al frente de la rectoría, De la Fuente no cumplió la promesa de llevar a cabo ese congreso.

Pero esa propuesta fue de nueva cuenta rechazada por el CGH. Ante ello y con el respaldo de intelectuales y académicos, la rectoría convocó a la comunidad universitaria a un plebiscito el 20 de enero, en el cual 87 por ciento de los 150 mil participantes respaldaron la propuesta institucional y pidieron la reanudación de actividades.

Los resultados de esa consulta también fueron desautorizados por los paristas, cuya división interna se hacía cada vez más evidente. Un atisbo de lo que ocurriría cinco días después se presentó el primero de febrero. Ese día, elementos uniformados de la PFP ingresaron a la instalaciones de la Preparatoria 3 (ubicada en Eduardo Molina) luego de un enfrentamiento entre personal de la Dirección General de Protección a la Comunidad de la UNAM e integrantes del Frente Estudiantil Justo Sierra, que dejó un saldo de 37 heridos y 248 detenidos.

Los representantes del CGH se habían enfrascado en una discusión que parecía interminable, el sábado 5. En medio de la discusión sobre si ya era el momento de levantar la huelga (a lo que se oponía un importante sector radical) crecía entre los participantes el rumor de que la PFP estaría por entrar al campus, aunque la mayoría de las versiones consideraban que eso ocurriría hasta el siguiente lunes.

Apenas levantaba el día, unos dos mil 260 uniformados ingresaron a la Ciudad Universitaria.

Los estudiantes detenidos fueron llevados a instalaciones de la PGR ubicadas en la avenida Camarones y acusados de terrorismo y motín.

Hoy, a nueve años de estos hechos, diversos colectivos estudiantiles convocan a una reunión para coordinar una jornada de “reivindicación” del décimo aniversario del inicio de la huelga.



YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA

Jesús Ortega, propietario de una vasta extensión de terrenos, dicen los comuneros

Encabezan políticos despojo de tierras al ejido de San Francisco Ixcatlán


Los lugareños tuvieron que soltar una lana para acceder al Registro Agrario Nacional



Fuente:JORGE COVARRUBIAS (I Parte) / La Jornada Jalisco


Los ejidatarios muestran el documento expedido por Fernando VII Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO


Sin ser avecindado, comunero o cosa que se le parezca, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, es propietario de una vasta extensión de tierras en el ejido de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatlán, delegación del municipio de Zapopan que se encuentra a 27 kilómetros del Centro de Guadalajara.



Los comuneros se dieron cuenta de la presencia del dirigente del sol azteca y otros políticos que también están como potentados, alrededor de hace un año, cuando en las asambleas se les nombraba para tomarles lista y estos no respondían, simplemente porque no estaban y no son nativos del lugar.



Fue entonces que un grupo de ejidatarios decidió investigar por su propia cuenta la procedencia de ese nombre y el de otros más como Jorge Aristóteles Sandoval, actual aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara por el PRI, y Jesús Ortega Martínez y Gerardo Ortega Martínez, hermano del líder nacional del PRD.

Por su carácter de personajes públicos tenían la presunción de que se trataba de ellos, y después lo confirmaron al acceder al padrón que tiene el Registro Agrario Nacional.



José Casillas, posesionario de la localidad, quien hace la voz de los comuneros, afirma que tuvieron que “soltar una lana” para obtener una copia de los documentos, que proporcionaron a La Jornada Jalisco.



En el padrón aparece también el nombre de Odonni Silla Oli Becerra, Martha Lilia Jáuregui Tinoco, María Félix Becerra Flores, José Antonio Verdín Tejeda, María Guadalupe Dávalos Gómez y Juan Espinoza Preciado.



¿Cómo lograron hacerse terratenientes?



Los ejidatarios inconformes acusan a José Poblano Vázquez, un tipo influyente que ha militado en las filas del Revolucionario Institucional (PRI) y que ha usufructuado en beneficio propio y de políticos encumbrados, las tierras del ejido de Ixcatlán.



De acuerdo con José, este señor, en contubernio con la Secretaría de la Reforma Agraria, ha modificado los censos para colocar a gente que “no es de aquí” y para ello se ha valido de una serie de artimañas que han puesto en riesgo la vida de los pobladores.



En julio de 1998 el padre de José, Dionisio Casillas, fue víctima de una treta que motivó su encarcelamiento en los separos que tiene la Procuraduría General de la República en el municipio de Zapopan, y en el mes de noviembre de ese mismo año cayó al penal de Puente Grande por los delitos de portación de arma de alto poder y siembra de estupefacientes.

Según los testimonios, el hijo de Poblano Vázquez le habría sembrado bolsitas de mariguana en un predio que es de su propiedad.



“Fue como a las 6 ó 6:30 de la tarde que me llevaron, yo no había comido y un policía me ofreció un plato de pozole y ya como a las 10 de la noche me llevaron a Puente Grande”, recuerda Dionisio.



La trampa, sin embargo, no funcionó, un abogado de la Fundación de Reintegración Social del Estado de Jalisco logró que Dionisio se careara con sus acusadores y estos tuvieron que retractarse.



En mayo del año pasado, el grupo de comuneros inconforme presentó al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del XV Distrito en el Estado Daniel Magaña Méndez, una solicitud para que ordene la nulidad de las asambleas celebradas desde 1999 con el propósito de hacer una depuración censal para sacar a todas las personas que no viven en Ixcatlán y las que ya murieron y siguen en el padrón de ejidatarios.



“Es necesario un censo para que tomen las decisiones los legítimos comuneros”, señaló José Casillas.

En la solicitud enviada al magistrado, los comuneros establecen que en la asamblea del 11 de agosto del 2002 no se completó el quórum, sin embargo, aparecieron 220 ejidatarios, cuando por resolución del Tribunal (Agrario) sólo fueron 118 los reconocidos.



“Por lo que desconocemos el incremento injustificado y desproporcionado de personas que integran nuestro núcleo agrario, de los cuales algunos son políticos integrantes de PRD, del PRI o funcionarios del Registro Agrario Nacional”, expone el documento y a continuación se mencionan los nombres de Jesús Ortega y Jorge Aristóteles Sandoval.

José Casillas dijo que esto no puede ser posible porque hay comuneros que tienen 20 años asistiendo a las asambleas y hasta la fecha no se les han entregado títulos de propiedad.

“A mí no me han dado ni un metro, bueno … tus tres metros pal (sic) panteón”, dice con ironía Guadalupe Corrales Arredondo, uno de los posesionarios.



Los comuneros de Ixcatlán cuentan con un título virreinal entregado en 1814 por el rey de España Fernando VII que acredita la posesión de la tierra, y cuyo documento guardan con reserva debido a que la exposición a la luz puede deteriorarlo.



La versión del título que poseen reconoce una extensión de 10 mil hectáreas, pero en la actualidad sólo quedan mil 103. El resto, dicen los inconformes, se traficaron, se hicieron pequeñas propiedades y se vendieron cuando llegó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede) que permitió comerciar las tierras ejidales.



El Ejido de Ixcatlán se compone de 2 mil 300 hectáreas; se creó en 1934 por unas 40 personas, y actualmente sólo cuatro de los ejidatarios son nativos del lugar.



El padre de José fue el primer Comisariado de Bienes Ejidales y bajo su tutela, en los años 1976, 1991 y 1996 se recuperaron cerca de 500 hectáreas “a la fuerza porque son de nosotros”, espetó José.

El primer censo del Ejido de Ixcatlán se levantó en 1934, pero a través de una resolución presidencial se objetó y se echó abajo porque las personas no eran de la comunidad. En 1974 se repuso y se contabilizaron 70 personas.

En 1983 se realizó el segundo censo y se contaron a 118 ejidatarios. En el último censo del 2002 se detectaron a 160 comuneros, y sólo 26 eran de Ixcatlán.



Según José, es a partir de 1983 que comienza a llegar gente con influencias, y ello se da porque antes no se medía muy bien, y mucha gente que tenía posesión no aparecía en los planos.



No sólo políticos y charros sindicales –como llaman a José Poblano– se han adueñado de las tierras del Ejido, también se encuentra el nombre de Emilio Caro López, identificado como familiar del afamado narcotraficante Caro Quintero, quien posee una planicie en lo alto de un cerro que abriga al poblado, y donde insólitamente se ha sembrado agave, cultivo que no es de la región.



Varias son las razones por las que Ixcatlán ha atraído a personajes disímbolos y políticos con mucha influencia y poder. Para empezar, la comunidad se encuentra a menos de una hora de la Zona Metropolitana de Guadalajara, su clima es templado, cuenta con una zona arqueológica –en la que se han encontrado tumbas de tiro– que no ha sido debidamente explorada y sus peñones, flora y fauna ofrecen un potencial para el ecoturismo.



Ejemplo de ello es que en el cerro de La Campana y el predio El Carricillo comienza a crearse un complejo de cabañas, que para lamento de los pobladores ha dañado el medio ambiente.



José Casillas añade que además Ixcatlán posee minas de ópalo que no han sido explotadas.



Por todo esto, los comuneros se dicen dispuestos a defender sus tierras con la “ley bruta campesina”, es decir, a trancazos si es necesario.

Una Yihad del ejército israelí


Josetxo Ezcurra

Extremistas religiosos suben por el escalafón militar israelí

Jonathan Cook
CounterPunch


Traducido por Germán Leyens




NAZARET – Rabinos extremistas y sus seguidores, decididos a librar una guerra santa contra los palestinos, están tomando silenciosamente las riendas del ejército israelí, según los críticos.

En un proceso que un historiador militar ha calificado de rápida “teologización” del ejército israelí, hay ahora unidades enteras de soldados religiosos en combate, muchos de ellos basados en asentamientos en Cisjordania. Siguen la opinión de rabinos de la línea dura que llaman a establecer un Gran Israel que incluya los territorios palestinos ocupados.

Su influencia en la conformación de los objetivos y métodos del ejército comienza a ser sentida, dicen los observadores, a medida que más y más graduados de los cursos para oficiales también provienen de la población religiosa extremista de Israel.

“Hemos llegado a un punto en el que una masa crítica de soldados religiosos tratan de negociar con el ejército sobre cómo y con qué propósito se emplea la fuerza militar en el campo de batalla,” dijo Yigal Levy, politólogo en la Universidad Abierta que ha escrito varios libros sobre el ejército israelí.

La nueva atmósfera se hizo evidente en la “fuerza excesiva” utilizada en la reciente operación en Gaza, dijo el doctor Levy. Más de 1.300 palestinos fueron muertos, en su mayoría civiles, y miles fueron heridos al ser arrasados barrios enteros de Gaza.

“Cuando soldados, incluyendo laicos, están imbuidos de ideas teológicas, se hacen menos sensibles a los derechos humanos o al sufrimiento del otro lado.”

El papel más importante de grupos religiosos extremistas en el ejército salió a la luz la semana pasada cuando se conoció que el rabinato del ejército había distribuido un folleto a los soldados preparándolos para la reciente ofensiva de 22 días en Gaza.

Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos, dijo que el material contenía mensajes “que rayaban en la incitación racista contra el pueblo palestino” y que podría haber alentado a los soldados a ignorar el derecho internacional.

El folleto cita ampliamente a Shlomo Aviner, un rabino de extrema derecha que dirige un seminario religioso en el sector musulmán de Jerusalén Este. Compara a los palestinos con los filisteos, el enemigo bíblico de los judíos.

Aconseja: “Cuando muestras piedad a un enemigo cruel, eres cruel hacia soldados puros y honestos… Ésta es una guerra contra asesinos.” Cita también una prohibición bíblica contra “la entrega de un solo milímetro” del Gran Israel.

El folleto fue aprobado por el rabino jefe del ejército, brigadier general Avichai Ronsky, de quien se informa que está determinado a mejorar “los valores en el combate” del ejército después de que no logró aplastar a Hezbolá en el Líbano en 2006.

El general Ronsky fue nombrado hace tres años con la intención, según los medios israelíes, de apaciguar a elementos religiosos de la línea dura dentro del ejército y a la comunidad de los colonos.

El general Ronsky, él mismo colono de la comunidad de Itimar, cerca de Nablus en Cisjordania, es cercano a grupos de extrema derecha. Según informes, realiza visitas regulares a miembros encarcelados de grupos terroristas judíos; ha ofrecido su casa a un colono que está bajo arresto domiciliario por herir palestinos; y ha presentado a altos oficiales a un pequeño grupo de colonos extremistas que viven entre los más de 150.000 palestinos en Hebrón.

También ha reajustado radicalmente el rabinato, que originalmente fue fundado para ofrecer servicios religiosos y asegurar que soldados religiosos pudieran observar el Sabbat y comer comidas kosher en las cantinas del ejército.

Durante el último año, el rabinato se ha hecho cargo efectivamente del papel del cuerpo de educación del ejército a través de su Departamento de Conciencia Judía, que coordina sus actividades con Elad, una organización de colonos activa en Jerusalén Este.

En octubre, el periódico Haaretz citó a un alto oficial anónimo que acusó al rabinato de realizar un “lavado de cerebro” religioso y político de los soldados.

El doctor Levy dijo que el poder del rabinato del ejército aumenta a medida que crecen las filas de soldados religiosos.

Rompiendo el Silencio, un proyecto realizado por soldados que tratan de denunciar la conducta del ejército hacia los palestinos, dijo que el folleto entregado a los soldados en Gaza había sido originado entre colonos de Hebrón.

“El documento ha existido desde por lo menos 2003,” dijo Mikhael Manekin, de 29 años, uno de los directores del grupo, él mismo religioso practicante. “Pero lo que es nuevo es que el ejército ha sido efectivamente subcontratado para promover los puntos de vista de colonos extremistas a sus soldados.”

El poder de la derecha religiosa en el ejército refleja tendencias sociales más amplias dentro de Israel, dijo el doctor Levy. Señaló que las cooperativas rurales conocidas como kibbutzim que otrora fueron la residencia de las clases medias seculares y produjeron la masa del cuerpo de oficiales han estado decreciendo desde comienzos de los años ochenta.

“El vacío dejado por su retirada gradual del ejército fue llenado por jóvenes religiosos y por los hijos de los asentamientos. Ahora dominan muchas ramas del ejército.”

Según las cifras citadas en los medios israelíes, más de un tercio de todos los soldados de combate de Israel son religiosos, así como más de un 40% de los que se gradúan en los cursos de oficiales.

El ejército ha alentado esa tendencia al crear unas dos docenas de hesder yeshivas, seminarios en los que los jóvenes pueden combinar estudios bíblicos con el servicio en el ejército en unidades religiosas separadas. Muchas de las yeshivas están basadas en Cisjordania, donde los estudiantes son educados por los rabinos extremistas de los asentamientos.

Ehud Barak, el ministro de defensa, ha expandido rápidamente el programa, aprobando cuatro yeshivas, tres basadas en asentamientos, el verano pasado. Se informa que otras 10 esperan su aprobación.

El señor Manekin, sin embargo, advirtió contra que se culpe sólo a la influencia de extremistas religiosos por la violencia infligida a los civiles de Gaza.

“El ejército sigue siendo dirigido por las elites seculares en Israel y siempre han sido irresponsables respecto a la seguridad de los civiles cuando van a la guerra. El nacionalismo judío que justifica las muertes palestinas es igual de peligroso que el extremismo religioso.”


Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Su libro más reciente es “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página en Internet es: www.jkcook.net. La primera versión de este artículo apareció en The National (www.thenational.ae), publicada en Abu Dhabi.

Una versión de este artículo apareció originalmente en The National (www.thenational.ae), publicado en Abu Dhabi.


http://www.counterpunch.org/cook02042009.html