LOS NUEVOS DIPUTADOS
LA COLUMNA ROTA/VERÓNICA VILLALVAZO
El pasado cinco de julio hubo elecciones para elegir a representantes ante el congreso federal los cuales tiene la obligación de legislar (conjunto de actos tendientes a crear, reformar, derogar, adicionar o modificar una ley) , fiscalizar (vigilar el uso y aplicación de los recursos públicos), además de gestionar o representar al pueblo.
La mayoría de los personajes que ganaron fueron claves durante el conflicto de 2006 y tal parece sus posiciones son el premio a la lealtad que han mantenido con URO.
Por ejemplo, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, el 10 de julio de 2006, fue nombrado por Ulises Ruiz Ortiz, Secretario General de Gobierno, en un intento por reiniciar las negociaciones con los maestros que protestaban en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Sin embargo, en agosto aparecen las “brigadas de la muerte”, que disparaban a las “barricadas” instaladas por miembros de la sección 22 y la APPO.
Elpidio Desiderio Concha Arellano, señalado por haber mandado a sus seguidores a golpear al maestro Serafín Aguilar, el cual fue asesinado a palazos por militantes del PRI en el año 2004, durante la campaña electoral para gobernador.
Manuel Teófilo García Corpus, Secretario de Gobierno nombrado en diciembre de 2006 llegó en momentos en los cuales el plan terrorista de Estado pasó a una etapa final para sofocar a como diera lugar el gran movimiento social expresado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Emilio Mendoza Kaplan quien fuera titular del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, destituido por el gobierno estatal el 14 de noviembre de 2006.
Cono se recordará fue el primero en enviar un ultimátum a los profesores de la sección 22 el día 23 de septiembre de 2006; de lo contrario, amenazaba se procedería a la implementación de medidas “suficientes” que permitan garantizar la prestación del servicio educativo.
Héctor Pablo Ramírez Puga. En ese periodo era el presidente estatal del PRI. Fue notorio cuando advirtió que la paciencia y tolerancia de militantes y simpatizantes de su partido en Oaxaca se había agotado, y ahora respondería a todas las agresiones de la APPO, organización que –según el- era dirigida por "delincuentes" y "subversivos".
El virtual diputado exigió en ese momento la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la APPO, y ofreció el apoyo de 20 mil priistas a la Policía Federal Preventiva (PFP) para "limpiar" a la ciudad de Oaxaca.
Sofía Castro y Eviel Pérez Magaña quienes durante 2006 fueron diputados federales, también apoyaron con otros tanto la solicitud para la entrada de la Policía Federal a Oaxaca.
Y qué decir de Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira quien en su momento dijo: "La autoridad hay que ejercerla con pláticas o con policías":
El presidente del partido tricolor, Jorge Franco Vargas “Chucky” habla de compromiso y respuesta a los ciudadanos de Oaxaca, pero mejor no le rascamos a este personaje, que de sobra se sabe cuál fue el papel que jugó durante el 2006.
Mucho se puede decir de cada uno de los nuevos integrantes de la LXI Legislatura pero están marcados por haber dado respuestas violentas al descontento social, lo que no augura nada bueno para la marcha de la entidad en materia de respeto a la diversidad, a la pluralidad y a la crítica.
Nadie sabe que vendrá después.
fridaguerrera@gmail.com
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
EN MEMORIA DEL DR. ISAIAS VALDÉS ZARAGOZA
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
Explotación de la Fe
Un video donde se desenmascara a Jorge Erdely con facturas de hoteles lujosos donde suele hospedarse y darse vida de lujo, con el dinero de los feligreses de la ICR que con trucos son engañados. Erdely se ha caracterizado por acusar y señalar a líderes religiosos que viven excéntricamente a consta del trabajo de sus seguidores, en este video se comprueba que Jorge Erdely hace exactamente lo que él acusa y denuncia de otros líderes autoritarios como él.
FUENTE: asdrubalito13
EVENTOS JULIO
- 16 DE JULIO, CALENDA POR LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA.
- 18 DE JULIO, CONVITE MAGISTERIAL POPULAR.
- 19 DE JULIO, CALENDA MAGISTERIAL POPULAR.
- 20 DE JULIO, GUELAGUETZA MAGISTERIAL POPULAR, 9:00 HRS.
36 mujeres asesinadas en lo que va del año en Oaxaca
Texto Jaquelina Escamilla
Aparecen casi a diario en los periódicos locales, hasta hoy son 36, en lo que va del año, y más de 560 en la ultima década, putrefactas, sentadas frente al computador con un tiro en la cabeza, muertas a machetazos, tiradas en los campos de la periferia de la ciudad, solas o en dúo, igual puede ser una niña de 6 años que una mujer de 58.
Ellas somos todas, las invisibles, las que encabezamos cientos de discursos de políticos, las que somos bandera en las promesas de campaña, las que no importa si eran profesionistas, amas de casa o prostitutas, todas mujeres, mujeres asesinadas por su esposos, amantes, amigos, padres, jefes o desconocidos, da igual, también el nombre, siempre terminaron a manos de un hombre.
Entre 1999 y 2003 hubo 351 homicidios de niñas y mujeres, dato que de acuerdo al informe del Congreso, fue proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ya para los años del 2002 y 2004, Oaxaca pasó de ocupar el quinto al segundo lugar por la tasa de homicidios de mujeres, de acuerdo con la investigación del Congreso Federal.
Así, mientras Heidi Joselyn nunca imagino en sus juegos de muñecas que la ex pareja de su mamá en un arranque de ira, se la iba a robar una madrugada para después darle muerte y tirarla cerca de su casa, Aurelia Pablo Santiago, de 58 años, tampoco imagino que tras una acalorada discusión con el papá de su nieta fuera asesinada de 13 machetazos, en su domicilio de arroyo seco de la colonia Tepeyac, en Cuilapam de Guerrero.
Según Patricia Olea, psicóloga de la Red Chilena contra la violencia Doméstica y Sexual se ha demostrado en estudios psicológicos practicados a feminicidas, que se trata de hombres completamente normales, sin problemas mentales y que incluso a los ojos de los demás, parecen verdaderos algodones de azúcar. “No son enfermos, son agresores, machistas, femicidas. Hombres que creen que las mujeres son de su poder y que pueden utilizarlas a su antojo”, aclara.
En el 1er Informe Sustantivo de actividades 14 de abril 2004 al 14 abril 2005, “Por la Vida y la Libertad de la Mujeres” de la Comisión Especial para Conocer y dar seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de justicia Vinculada de la LIX Legislatura Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, señalan que el feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada.
De acuerdo con Diane Russell y Jill Radford, los crímenes se dan en todo el mundo y son el resultado de la violencia misógina llevada al extremo y, por ende, son la muestra más visible de múltiples formas previas de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono.
Para ahondar en el tema OAXACA EN LA RED conversó con la doctora Jovita Ríos Coca, activista e integrantes del Colectivo Feminista “Mujeres Lilas” sobre los asesinatos de mujeres en el Estado.
¿Qué hace falta para que cesen los asesinatos de mujeres?
Realmente considero que deben existir sanciones a nivel jurídico en donde las penalidades sean altas y no haya un beneficio por buen comportamiento, además de que se de tratamiento de rehabilitación para los hombres que asesinan a mujeres, adolescentes, niñas.
Sin embargo, el ideal es, que los hombres dejen de violentar a las mujeres en todas las expresiones que conocemos y sabemos por los periódicos, radio, tv, que son situaciones extremas.
Debe haber un nivel educativo, social, en medios de comunicación, en instituciones que atienden y previenen la violencia, programas tendientes a erradicar el sistema patriarcal que cosifica a las mujeres y en el cual no existe respeto por nosotras como personas, así las mujeres no tendríamos porque luchar por sanciones altas o pedir pena de muerte para violadores y asesinos, las mujeres queremos una vida libre de violencia.
Eso es lo que considero hace falta para que cesen los asesinatos de mujeres, en Oaxaca y en todo el mundo.
¿Las leyes son letra muerta en el estado?
Las leyes tienen muchas deficiencias y el gran problema es que quienes imparten justicia en nuestro estado realmente desconocen la gravedad de la violencia feminicida.
Las leyes podrían servir de algo si se aplicaran, si se investigara hasta encontrar a los responsables, si contáramos con una policía investigadora capacitada, si no existiera impunidad en los órganos de justicia. Solo así las leyes no serán letra muerta.
¿Cuantas mujeres asesinadas van en este año?
36 mujeres asesinadas en todo el estado de Oaxaca de enero a la fecha, de acuerdo a reportes hemerográficos (noticias e imparcial).
¿Feminicidios o solo "asesinatos de mujeres" como diría el procurador?
Desafortunadamente "homicidios", pues en nuestro código penal no existe el delito de feminicidio, la gente que imparte justicia se caracteriza por ser irresponsable, creo que el actual procurador rebasa las expectativas de hablar por impulso y no ser serio en sus planteamientos y declaraciones.
¿Qué pasa en una sociedad o que lleva a una sociedad a ser tan violenta con las mujeres?
Desafortunadamente la violencia en contra de las mujeres es un problema ancestral, en una sociedad que ve como inferiores a las mujeres y la cual no tiene respeto por la vida de las mujeres y las cosifica, realmente se tendría que desestructurar a nivel social, cultural, religioso, educativo, familiar, este sistema de dominación, violento que solo permite la violencia feminicida en contra de las mujeres.
El 17 de abril del presente año, integrantes de 21 organizaciones civiles realizaron un mitin en la Fuente de las Siete Regiones, en Oaxaca, para exigir al gobierno de Ulises Ruiz el esclarecimiento de 549 asesinatos de mujeres, cometidos en el estado en la última década, hasta esa fecha.
En esa ocasión, demandaron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) que presente, de manera inmediata, a los asesinos de las más de 500 mujeres, 13 de las cuales habían sido ejecutadas de enero a abril del 2009, en el estado.
El Observatorio Ciudadano del Feminicidio Oaxaca, los Colectivos Huaxyacac y Mujer Nueva, la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas 1º de Agosto y la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, entre otras organizaciones, resaltaron que "la violencia feminicida coloca a Oaxaca en el segundo lugar en la estadística nacional de homicidios cometidos contra mujeres y niñas", de acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados.
Además, resaltaron que, de acuerdo con datos oficiales, casi cinco mujeres en promedio fueron asesinadas al mes en Oaxaca.
Las inconformes destacaron que la violencia feminicida –según el Artículo 21 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia– "es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres".
Entre los casos de mujeres asesinadas en lo que va del año, se encuentra el de Beatriz López Leyva, dirigente perredista en San Pedro Jicayán, asesinada brutalmente en su domicilio, el lunes 6 abril.
Inés Bernardina Núñez Calixto, de Xochitonalco Huautla, quien tras ser violada y golpeada en la cabeza, fue cruelmente asesinada el miércoles 15 abril.
Nallely González Morales, de San Felipe Tejalapa, asesinada el jueves 16 de abril de 11 puñaladas y una herida en la yugular.
Patricia Martínez Cuevas, de 34 años de edad quien se desempeñaba como secretaria de la Biblioteca Municipal de Loma Bonita, Oaxaca el 28 de mayo y fue localizada en estado de putrefacción.
Aurelia Pablo Santiago de 58 años de edad quien el martes 02 de junio fue asesinada de 13 machetazos ,en su domicilio de arroyo seco sin numero de la colonia Tepeyac, en Cuilapam de Guerrero
Heidi Joselin Basilio Gómez de 6 años de edad quien el pasado 8 de junio también fue asesinada en Salina Cruz
Tomasa Pérez Maldonado, quien el pasado 17 de junio fue asesinada de un balazo en el pecho, en la Ranchería “La Chidola, en Santiago Lachiguiri.
Rosa Torres Juárez de 24 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en el patio trasero de la casa del inculpado, con claras señas de violencia, golpes y sometimiento, ya que se encontraba atada de pies y manos, con claros indicios de haber sufrido abuso sexual, en la comunidad de San Juan del Río, en diciembre del año pasado.
Por otro lado están los asesinatos de las comunicadoras triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, el 7 de abril del año 2008, así como el de Guadalupe Ávila Salinas, candidata a la presidencia municipal de San José Estancia Grande.
Según el 1er Informe Sustantivo de actividades 14 de abril 2004 al 14 abril 2005, “Por la Vida y la Libertad de la Mujeres” señala que “Las Sociedades del pasado y del presente han convertido el feminicidio en una costumbre y una práctica social para desechar a las niñas a través del infanticidio o, en la actualidad, se extiende la práctica del feticidio selectivo de productos XX en busca de gestar niños, ante la imposibilidad de las parejas de procrear más de una criatura.
La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género: caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres como propone Haydee Birgin. Todo ello, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la impunidad social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres.
Es decir, la violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres. Después de perpetrado el homicidio, continúa como violencia institucional a través de la impunidad que caracteriza casos particulares, como en México, por la sucesión de asesinatos de niñas y mujeres a lo largo del tiempo (más de una década desde que se inició el recuento).
BOLETIN DE PRENSA.
A los pueblos de Oaxaca, de México y el Mundo.
A las Organizaciones de l Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
A las Organizaciones del Frente de Organizaciones Sociales, Democráticas y de Izquierda.
Al Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca.
Conforme la crisis general del sistema capitalista se profundiza, sus amos los señores del capital y sus títeres: los gobiernos federal y estatal, actúan como perros de ataque, contra la clase obrera y los pueblos, en clara defensa de los intereses de los grandes multimillonarios; mientras más profunda es la crisis, la rabia de estos defensores del régimen, es más dañina, incrementa la represión y la opresión, la violencia es el pan de cada día, pues es la única solución que ofrecen ante las crecientes demandas de los pueblos y las organizaciones sociales del estado.
En particular, los asesinos que gobiernan en Oaxaca, junto con su tirano Ulises Ruiz Ortiz, no han esperado siquiera que transcurran más de 15 días, después de su farsa electoral, en el que supuestamente ellos se sienten repocisionados, por el “carro completo” que impusieron sobre la mayoría del pueblo de Oaxaca, mediante el fraude, las amenazas, y la compra de votos al más vil estilo dictatorial de gobierno, hoy pretenden iniciar una nueva ofensiva violenta contra el pueblo de Oaxaca.
En este marco de un nuevo intento desatar una oleada de represión en contra de nuestro pueblo, se ha declarado culpable a Juan Manuel Martínez Moreno, miembro de la APPO, se atizan las confrontaciones entre los pueblos, y se aplica la ley del garrote para supuestamente mediar estos conflictos, como lo han hecho en los conflictos que se han dado entre Ocotlán y San Antonino Castillo Velasco, y, entre Cuilapan de Guerrero y San Pablo 4 Venados, en ambos problemas el priismo tiene metidas las manos, y el Gobierno del Estado, no ha movido ni un dedo para resolver de fondo los problemas.
Bajo esa misma dinámica, los integrantes del Frente Popular Revolucionario, denunciamos una serie de agresiones que el día de hoy hemos sido objetos, por parte del Asesino Ulises Ruiz Ortiz:
1. Hoy alrededor de las 8 de la mañana, fue secuestrado y desaparecido el compañero Javier Valencia López, de aproximadamente entre 20 y 22 años de edad, a la altura del paraje denominado Xanase, quien se trasladaba en una camioneta de su propiedad, por un grupo de sujetos que lo interceptaron, y lo levantaron junto con la señorita Rosa Pacheco Martínez, a quien luego liberaron, llevándose con rumbo desconocido a Javier Valencia. El compañero Javier Valencia López, es originario de la comunidad de Santa Catalina Quierí, y militante del Frente Popular Revolucionario, ha estado participando en una lucha por la defensa de la tierra en el conflicto agrario que se sostiene con otras comunidades circunvecinas de su comunidad. Al momento desconocemos el paradero del compañero, y existe temor fundado de que sea desaparecido con el compañero, por lo que ya se ha presentado la denuncia legal correspondiente. Por lo que exigimos la presentación inmediata, con vida del compañero.
2. Este mismo día en el marco de una jornada de lucha que sostiene una alianza de trasportistas, contra la represión y hostigamiento contra el sistema de transporte alternativo en la Ciudad de Huajuapan de León, en un megaoperativo en el que participaron 23 camioneta de la Policía Estatal Preventiva, junto con otros elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y grupos vestidos de civil, se desató una agresión en contra de compañeros de diversos sitios miembros de la alianza, denominada “AOSTA”, en dicha agresión fueron detenidos 8 vehículos de militantes del Frente Popular Revolucionario, de un total de 20 vehículos de distintos sitios que fueron agredidos. Momentos más tarde, el gobierno municipal, en contubernio con los grupos de choque del priísmo de la ciudad montaron una provocación en la base del Sitio de Taxis Ñuu Savi, por lo que fue detenido y conducido a la cárcel municipal, el compañero David López Francisco, quien ante la movilización de los compañeros fue liberado momentos más tarde.
Ante estos hechos de agresión, nosotros ratificamos que no se trata de hechos aislados, sino que corresponden a una nueva ofensiva que está desatando el Tirano Ulises Ruiz, en contra del movimiento popular oaxaqueño.
Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones sociales democráticas y progresistas, a los sindicatos democráticos y al magisterio democrático, a emitir las acciones urgentes, y comunicados de solidaridad y exigencia de la presentación con vida del compañero Javier Valencia López, el alto a la represión contra el transporte alternativo y el alto al hostigamiento a los militantes del Frente Popular Revolucionario.
También llamamos al pueblo de Oaxaca, a fortalecer la Jornada de Lucha que iniciaremos a partir del 18 de julio junto con el FOSDI, cuyos ejes principales son: Castigo a los Responsables de la Represión, Libertad a los Presos Políticos, y Solución a las demandas del pueblo de Oaxaca.
Revolucionariamente:
¡Unidad de Todo el Pueblo por la Emancipación Proletaria!
COMITÉ ESTATAL DEL
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO.
Oaxaca de Juárez, ciudad de la resistencia, a 14 de julio de 2009.
A las Organizaciones de l Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
A las Organizaciones del Frente de Organizaciones Sociales, Democráticas y de Izquierda.
Al Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca.
Conforme la crisis general del sistema capitalista se profundiza, sus amos los señores del capital y sus títeres: los gobiernos federal y estatal, actúan como perros de ataque, contra la clase obrera y los pueblos, en clara defensa de los intereses de los grandes multimillonarios; mientras más profunda es la crisis, la rabia de estos defensores del régimen, es más dañina, incrementa la represión y la opresión, la violencia es el pan de cada día, pues es la única solución que ofrecen ante las crecientes demandas de los pueblos y las organizaciones sociales del estado.
En particular, los asesinos que gobiernan en Oaxaca, junto con su tirano Ulises Ruiz Ortiz, no han esperado siquiera que transcurran más de 15 días, después de su farsa electoral, en el que supuestamente ellos se sienten repocisionados, por el “carro completo” que impusieron sobre la mayoría del pueblo de Oaxaca, mediante el fraude, las amenazas, y la compra de votos al más vil estilo dictatorial de gobierno, hoy pretenden iniciar una nueva ofensiva violenta contra el pueblo de Oaxaca.
En este marco de un nuevo intento desatar una oleada de represión en contra de nuestro pueblo, se ha declarado culpable a Juan Manuel Martínez Moreno, miembro de la APPO, se atizan las confrontaciones entre los pueblos, y se aplica la ley del garrote para supuestamente mediar estos conflictos, como lo han hecho en los conflictos que se han dado entre Ocotlán y San Antonino Castillo Velasco, y, entre Cuilapan de Guerrero y San Pablo 4 Venados, en ambos problemas el priismo tiene metidas las manos, y el Gobierno del Estado, no ha movido ni un dedo para resolver de fondo los problemas.
Bajo esa misma dinámica, los integrantes del Frente Popular Revolucionario, denunciamos una serie de agresiones que el día de hoy hemos sido objetos, por parte del Asesino Ulises Ruiz Ortiz:
1. Hoy alrededor de las 8 de la mañana, fue secuestrado y desaparecido el compañero Javier Valencia López, de aproximadamente entre 20 y 22 años de edad, a la altura del paraje denominado Xanase, quien se trasladaba en una camioneta de su propiedad, por un grupo de sujetos que lo interceptaron, y lo levantaron junto con la señorita Rosa Pacheco Martínez, a quien luego liberaron, llevándose con rumbo desconocido a Javier Valencia. El compañero Javier Valencia López, es originario de la comunidad de Santa Catalina Quierí, y militante del Frente Popular Revolucionario, ha estado participando en una lucha por la defensa de la tierra en el conflicto agrario que se sostiene con otras comunidades circunvecinas de su comunidad. Al momento desconocemos el paradero del compañero, y existe temor fundado de que sea desaparecido con el compañero, por lo que ya se ha presentado la denuncia legal correspondiente. Por lo que exigimos la presentación inmediata, con vida del compañero.
2. Este mismo día en el marco de una jornada de lucha que sostiene una alianza de trasportistas, contra la represión y hostigamiento contra el sistema de transporte alternativo en la Ciudad de Huajuapan de León, en un megaoperativo en el que participaron 23 camioneta de la Policía Estatal Preventiva, junto con otros elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y grupos vestidos de civil, se desató una agresión en contra de compañeros de diversos sitios miembros de la alianza, denominada “AOSTA”, en dicha agresión fueron detenidos 8 vehículos de militantes del Frente Popular Revolucionario, de un total de 20 vehículos de distintos sitios que fueron agredidos. Momentos más tarde, el gobierno municipal, en contubernio con los grupos de choque del priísmo de la ciudad montaron una provocación en la base del Sitio de Taxis Ñuu Savi, por lo que fue detenido y conducido a la cárcel municipal, el compañero David López Francisco, quien ante la movilización de los compañeros fue liberado momentos más tarde.
Ante estos hechos de agresión, nosotros ratificamos que no se trata de hechos aislados, sino que corresponden a una nueva ofensiva que está desatando el Tirano Ulises Ruiz, en contra del movimiento popular oaxaqueño.
Por lo anterior, hacemos un llamado a las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones sociales democráticas y progresistas, a los sindicatos democráticos y al magisterio democrático, a emitir las acciones urgentes, y comunicados de solidaridad y exigencia de la presentación con vida del compañero Javier Valencia López, el alto a la represión contra el transporte alternativo y el alto al hostigamiento a los militantes del Frente Popular Revolucionario.
También llamamos al pueblo de Oaxaca, a fortalecer la Jornada de Lucha que iniciaremos a partir del 18 de julio junto con el FOSDI, cuyos ejes principales son: Castigo a los Responsables de la Represión, Libertad a los Presos Políticos, y Solución a las demandas del pueblo de Oaxaca.
Revolucionariamente:
¡Unidad de Todo el Pueblo por la Emancipación Proletaria!
COMITÉ ESTATAL DEL
FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO.
Oaxaca de Juárez, ciudad de la resistencia, a 14 de julio de 2009.
Expreso se Autocensura
El diario es propiedad de Julio Luebbert, socio de la familia Bours en la empresa Ocean Garden.
Por Erich Moncada | SDP Noticias
Hoy 12:27
Hermosillo, 14 de julio.- La magnitud de la tragedia en la Guardería ABC ha obligado a medios de todas las inclinaciones partidistas de Sonora a darle una cobertura extensa al suceso. Pero durante la semana pasada el periódico Expreso (www.expreso.com.mx) ha reducido hasta desaparecer por completo el seguimiento del caso.
Mientras El Imparcial (www.elimparcial.com) publicaba en su portada (1) del pasado domingo 12 una hermosa foto del mitin nocturno organizado por el Movimiento 5 de Junio, Expreso sencillamente ignoró en sus páginas el acto organizado por la sociedad civil hermosillense (2).
Para este diario fue más importante un festival popular en Guaymas, una nota sobre el conflicto postelectoral, la foto de la reunión del alcalde electo con el saliente, un abultado recuadro con imágenes de jóvenes ejemplares y una gran fotografía de un poste de la luz colocado en una rampa de discapacitados, que el reclamo masivo de una sociedad agraviada por los errores de una clase política cínica e insensible.
Todavía el 5 de julio el periódico publicó en portada (3) una panorámica de la movilización de 20 mil hermosillenses que salieron a las calles para exigir justicia.
Oswaldo Olivas, quien se desempeñó como editor y reportero policiaco de Expreso durante casi dos años, afirma que la censura autoimpuesta se debe a las presiones del dueño del diario, Julio Luebbert, un empresario guaymense amigo del gobernador Eduardo Bours Castelo y socio de su hermano Javier en la empresa camaronícola Ocean Garden. (Ver “Narcopoder en Sonora”, Revista Proceso, 27 de abril de 2008)
Según Olivas, Martín Holguín, Director General de Expreso, “se ha caracterizado por su apoyo incondicional al PRI Sonora y al gobernador Bours, al grado que estuvo involucrado con un equipo de futbol local llamado "Vaquero de Sonora", al que se le daba mucha difusión aunque perdiera”.
Martín Holguín, antes de su llegada a la dirección de Expreso, fungía como Director Editorial de El Imparcial. Cuando Expreso empezó a circular por Sonora se caracterizó por ser una mala copia del diario dirigido por la familia Healy, con menos información y emulando el mismo esquema que privilegia las ventas sobre el contenido noticioso de calidad. Desde su nacimiento en 2003 Expreso hizo gala de fastuosas instalaciones y enormes gastos operativos que a largar han resultaron incosteables por la baja rentabilidad del rotativo. Desde hace un par de años la publicación se ha visto forzada a reducir –aún más– el número de páginas de sus secciones y en más de una ocasión se ha especulado sobre la posibilidad de su cierre.
Oswaldo Olivas concluye:
“Expreso... no siempre cumple con el fin de informar los asuntos de interés público y muchas veces publica información de acuerdo a los caprichitos de los dueños. Un ejemplo similar es El Imparcial, que sigue una línea marcada por la familia Healy, de conocida tendencia panista y católica... El motivo de la nula publicación de las notas de la Guardería ABC es decisión de Luebbert, quien cree que el censurar lo que ocurre sobre el tema le ayuda a su gran amigo el gobernador Eduardo Bours”.
Fuentes:
(1) Portada de El Imparcial. Domingo 12 de julio de 2009.
http://www.elimparcial.com/EdicionDigital/Ediciones/20090712/PDFS/General_1.pdf
(2) Portada de Expreso. Domingo 12 de julio de 2009.
http://www.expreso.com.mx/edicionimpresa/20090712/1/1.pdf
(3) Portada de Expreso. Domingo 5 de julio de 2009.
http://www.expreso.com.mx/edicionimpresa/20090705/1/1.pdf
Por Erich Moncada | SDP Noticias
Hoy 12:27
Hermosillo, 14 de julio.- La magnitud de la tragedia en la Guardería ABC ha obligado a medios de todas las inclinaciones partidistas de Sonora a darle una cobertura extensa al suceso. Pero durante la semana pasada el periódico Expreso (www.expreso.com.mx) ha reducido hasta desaparecer por completo el seguimiento del caso.
Mientras El Imparcial (www.elimparcial.com) publicaba en su portada (1) del pasado domingo 12 una hermosa foto del mitin nocturno organizado por el Movimiento 5 de Junio, Expreso sencillamente ignoró en sus páginas el acto organizado por la sociedad civil hermosillense (2).
Para este diario fue más importante un festival popular en Guaymas, una nota sobre el conflicto postelectoral, la foto de la reunión del alcalde electo con el saliente, un abultado recuadro con imágenes de jóvenes ejemplares y una gran fotografía de un poste de la luz colocado en una rampa de discapacitados, que el reclamo masivo de una sociedad agraviada por los errores de una clase política cínica e insensible.
Todavía el 5 de julio el periódico publicó en portada (3) una panorámica de la movilización de 20 mil hermosillenses que salieron a las calles para exigir justicia.
Oswaldo Olivas, quien se desempeñó como editor y reportero policiaco de Expreso durante casi dos años, afirma que la censura autoimpuesta se debe a las presiones del dueño del diario, Julio Luebbert, un empresario guaymense amigo del gobernador Eduardo Bours Castelo y socio de su hermano Javier en la empresa camaronícola Ocean Garden. (Ver “Narcopoder en Sonora”, Revista Proceso, 27 de abril de 2008)
Según Olivas, Martín Holguín, Director General de Expreso, “se ha caracterizado por su apoyo incondicional al PRI Sonora y al gobernador Bours, al grado que estuvo involucrado con un equipo de futbol local llamado "Vaquero de Sonora", al que se le daba mucha difusión aunque perdiera”.
Martín Holguín, antes de su llegada a la dirección de Expreso, fungía como Director Editorial de El Imparcial. Cuando Expreso empezó a circular por Sonora se caracterizó por ser una mala copia del diario dirigido por la familia Healy, con menos información y emulando el mismo esquema que privilegia las ventas sobre el contenido noticioso de calidad. Desde su nacimiento en 2003 Expreso hizo gala de fastuosas instalaciones y enormes gastos operativos que a largar han resultaron incosteables por la baja rentabilidad del rotativo. Desde hace un par de años la publicación se ha visto forzada a reducir –aún más– el número de páginas de sus secciones y en más de una ocasión se ha especulado sobre la posibilidad de su cierre.
Oswaldo Olivas concluye:
“Expreso... no siempre cumple con el fin de informar los asuntos de interés público y muchas veces publica información de acuerdo a los caprichitos de los dueños. Un ejemplo similar es El Imparcial, que sigue una línea marcada por la familia Healy, de conocida tendencia panista y católica... El motivo de la nula publicación de las notas de la Guardería ABC es decisión de Luebbert, quien cree que el censurar lo que ocurre sobre el tema le ayuda a su gran amigo el gobernador Eduardo Bours”.
Fuentes:
(1) Portada de El Imparcial. Domingo 12 de julio de 2009.
http://www.elimparcial.com/EdicionDigital/Ediciones/20090712/PDFS/General_1.pdf
(2) Portada de Expreso. Domingo 12 de julio de 2009.
http://www.expreso.com.mx/edicionimpresa/20090712/1/1.pdf
(3) Portada de Expreso. Domingo 5 de julio de 2009.
http://www.expreso.com.mx/edicionimpresa/20090705/1/1.pdf
Desaparecidos de ayer y de hoy
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA/
12 Jul 2009
PROCESO.COM:
Se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, en un caso típico de la guerra sucia librada al margen de la ley, con el pretexto de imponer su imperio, por el Estado mexicano. Antiguo alcalde (priista) de Atoyac de Álvarez, sospechoso de pertenecer o servir a la guerrilla de Lucio Cabañas, Radilla fue detenido en presencia de su hijo, entonces de once años y ahora testigo presencial en el juicio que busca establecer responsabilidades penales sobre esa forma de privación ilegal de la libertad, la más grave de todas porque es practicada por el Estado o mediante su complicidad y omisión.
En representación del gobierno mexicano acudió a la audiencia, el martes 7 en San José de Costa Rica, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. De acuerdo con el boletín No. 116 de esa dependencia, para eludir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esa desaparición, Gómez Mont dijo que "la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos que ha habido en el país durante los últimos treinta años… impedirían que un caso así se repitiera".
El secretario de Gobernación puede hablar de esa guisa en el extranjero, pero no podría sostener aquí que esa etapa del Estado autoritario se ha superado. Al pretender hacerlo mostraría falta de información o de plano mentiría. Para infortunio de todos, en violaciones a los derechos humanos no hemos transitado del autoritarismo a la democracia. En esa materia Felipe Calderón no se distingue de Luis Echeverría ni Gómez Mont de Mario Moya Palencia. Sin que nadie castigue a los responsables; más todavía, sin que siquiera se investiguen los sucesos correspondientes, hoy se hace desaparecer a personas con la misma naturalidad e impunidad que hace 35 años.
De inmediato puede citarse para documentar ese dicho el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenidos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y hechos desaparecer al día siguiente cuando, según diversos indicios, fueron entregados por la policía estatal a miembros del Ejército. Está al menos probada, en la indagación que sobre el caso realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia militar en el lugar y la hora en que fueron capturados los presuntos guerrilleros.
Puede argüirse, sin embargo, que la intervención castrense en esa desaparición forzada no está plenamente probada. Sí lo está, en cambio, otro caso más reciente en que efectivos militares la practicaron en contra de tres muchachos de veintitantos años de edad cada uno, que fueron capturados sin orden judicial y sin motivo aparente en Nuevo Laredo, el 17 de marzo pasado. Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente salieron del domicilio del primero para llevar al segundo al suyo propio. Miembros del Ejército, a la vista de muchas personas los detuvieron y no se volvió a saber de ellos. Así hubiera quedado la situación de no ser por la insistencia de las esposas de los detenidos, que no aceptaron la inicial negativa de la autoridad militar de aquella ciudad tamaulipeca sobre la detención. El 24 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en que avisaba de la apertura de una averiguación previa destinada a "determinar la participación de personal militar" en la captura de esas personas. El 8 de mayo la Sedena informó que con motivo de esa averiguación se había consignado ante un juez militar a cuatro oficiales y ocho soldados por la privación ilegal de la libertad de esos jóvenes.
A partir de entonces la Secretaría de la Defensa nacional no ha vuelto a informar sobre el caso, no obstante que su naturaleza cambió radicalmente. El 7 de mayo, víspera de la emisión de su segundo boletín –y acaso a ello se debió la difusión de ese comunicado– fueron hallados en un paraje de Nuevo León los cuerpos de las tres personas detenidas por militares al margen de la ley. No se conoce –ese es uno de los defectos del fuero de guerra, su opacidad– el curso de la consignación por privación ilegal de la libertad, ni si la causa respectiva se engrosó con la denuncia por homicidio que corresponde. A pesar de que las víctimas sean civiles, los autores del delito están bajo la jurisdicción castrense.
Como si hechos de esa magnitud, y los contenidos en el informe de Human Rights Watch sobre la "impunidad con uniforme" (tal cual se tituló su informe sobre justicia militar), no hubieran trascendido a la opinión pública mexicana e internacional, en San José el secretario Gómez Mont defendió el fuero de guerra, en función de que fueron militares quienes detuvieron a Radilla Pacheco y se busca que se les sancione penalmente. Primero, como dice el boletín de Gobernación, "destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas", que implica "una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas que, a su vez, han incorporado el respeto y la remoción de los derechos humanos a su actuación"
Enseguida, "Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar". Como si sus oyentes en la Corte, y el público mexicano en lo general ignoraran el sistema jerárquico que rige el funcionamiento de los tribunales castrenses, sujetos sus titulares y miembros a los mandos superiores, el secretario dijo también, sin atenerse a la verdad, que "la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales".
Terminó Gómez Mont con una falacia, cuyo desarrollo implicaría la reposición del fuero eclesiástico y la creación de otros semejantes. Dijo que "la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil".
El secretario volvió de San José pleno de esas convicciones, por lo que a la mañana siguiente irrumpió telefónicamente en una mesa radiofónica sobre justicia militar. Dijo al aire (según el boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representado en la mesa por Santiago Aguirre) que las denuncias contra excesos del Ejército están motivadas en una "insensatez" y un "prejuicio inaceptable": el considerar que al Ejército no le interesa impulsar los derechos humanos. Defendió una vez más el fuero de guerra porque (de acuerdo con la información de la agencia Apro) "incentiva, propicia y protege que los mandos preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población".
Será de verse si Gómez Mont hace precisiones, como llamó a sus planteamientos en la mesa radiofónica de marras, a dichos de funcionarios estadunidenses de alto nivel –como los zares de la frontera y contra las drogas– y al reportaje de The Washington Post aparecido el mismo jueves 9, donde se afirma que el Ejército Mexicano se vale de desapariciones forzadas y tortura para combatir a las bandas de la delincuencia organizada. El secretario de la Defensa fue buscado por el diario washingtoniano para conocer su opinión al respecto pero éste no fue atendido.
El denuedo de Gómez Mont en proteger el buen nombre del Ejército, aun pasando por alto hechos comprobados, va más allá del rutinario reconocimiento que, a manera de exorcismo, se hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que se siente forzado a hablar en tal sentido, lo que eventualmente podría implicar sujeción del poder civil al militar.
12 Jul 2009
PROCESO.COM:
Se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido ilegalmente el 25 de agosto de 1974, en un caso típico de la guerra sucia librada al margen de la ley, con el pretexto de imponer su imperio, por el Estado mexicano. Antiguo alcalde (priista) de Atoyac de Álvarez, sospechoso de pertenecer o servir a la guerrilla de Lucio Cabañas, Radilla fue detenido en presencia de su hijo, entonces de once años y ahora testigo presencial en el juicio que busca establecer responsabilidades penales sobre esa forma de privación ilegal de la libertad, la más grave de todas porque es practicada por el Estado o mediante su complicidad y omisión.
En representación del gobierno mexicano acudió a la audiencia, el martes 7 en San José de Costa Rica, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. De acuerdo con el boletín No. 116 de esa dependencia, para eludir la responsabilidad del Poder Ejecutivo en esa desaparición, Gómez Mont dijo que "la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos que ha habido en el país durante los últimos treinta años… impedirían que un caso así se repitiera".
El secretario de Gobernación puede hablar de esa guisa en el extranjero, pero no podría sostener aquí que esa etapa del Estado autoritario se ha superado. Al pretender hacerlo mostraría falta de información o de plano mentiría. Para infortunio de todos, en violaciones a los derechos humanos no hemos transitado del autoritarismo a la democracia. En esa materia Felipe Calderón no se distingue de Luis Echeverría ni Gómez Mont de Mario Moya Palencia. Sin que nadie castigue a los responsables; más todavía, sin que siquiera se investiguen los sucesos correspondientes, hoy se hace desaparecer a personas con la misma naturalidad e impunidad que hace 35 años.
De inmediato puede citarse para documentar ese dicho el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenidos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y hechos desaparecer al día siguiente cuando, según diversos indicios, fueron entregados por la policía estatal a miembros del Ejército. Está al menos probada, en la indagación que sobre el caso realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia militar en el lugar y la hora en que fueron capturados los presuntos guerrilleros.
Puede argüirse, sin embargo, que la intervención castrense en esa desaparición forzada no está plenamente probada. Sí lo está, en cambio, otro caso más reciente en que efectivos militares la practicaron en contra de tres muchachos de veintitantos años de edad cada uno, que fueron capturados sin orden judicial y sin motivo aparente en Nuevo Laredo, el 17 de marzo pasado. Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente salieron del domicilio del primero para llevar al segundo al suyo propio. Miembros del Ejército, a la vista de muchas personas los detuvieron y no se volvió a saber de ellos. Así hubiera quedado la situación de no ser por la insistencia de las esposas de los detenidos, que no aceptaron la inicial negativa de la autoridad militar de aquella ciudad tamaulipeca sobre la detención. El 24 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en que avisaba de la apertura de una averiguación previa destinada a "determinar la participación de personal militar" en la captura de esas personas. El 8 de mayo la Sedena informó que con motivo de esa averiguación se había consignado ante un juez militar a cuatro oficiales y ocho soldados por la privación ilegal de la libertad de esos jóvenes.
A partir de entonces la Secretaría de la Defensa nacional no ha vuelto a informar sobre el caso, no obstante que su naturaleza cambió radicalmente. El 7 de mayo, víspera de la emisión de su segundo boletín –y acaso a ello se debió la difusión de ese comunicado– fueron hallados en un paraje de Nuevo León los cuerpos de las tres personas detenidas por militares al margen de la ley. No se conoce –ese es uno de los defectos del fuero de guerra, su opacidad– el curso de la consignación por privación ilegal de la libertad, ni si la causa respectiva se engrosó con la denuncia por homicidio que corresponde. A pesar de que las víctimas sean civiles, los autores del delito están bajo la jurisdicción castrense.
Como si hechos de esa magnitud, y los contenidos en el informe de Human Rights Watch sobre la "impunidad con uniforme" (tal cual se tituló su informe sobre justicia militar), no hubieran trascendido a la opinión pública mexicana e internacional, en San José el secretario Gómez Mont defendió el fuero de guerra, en función de que fueron militares quienes detuvieron a Radilla Pacheco y se busca que se les sancione penalmente. Primero, como dice el boletín de Gobernación, "destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas", que implica "una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas que, a su vez, han incorporado el respeto y la remoción de los derechos humanos a su actuación"
Enseguida, "Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar". Como si sus oyentes en la Corte, y el público mexicano en lo general ignoraran el sistema jerárquico que rige el funcionamiento de los tribunales castrenses, sujetos sus titulares y miembros a los mandos superiores, el secretario dijo también, sin atenerse a la verdad, que "la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales".
Terminó Gómez Mont con una falacia, cuyo desarrollo implicaría la reposición del fuero eclesiástico y la creación de otros semejantes. Dijo que "la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil".
El secretario volvió de San José pleno de esas convicciones, por lo que a la mañana siguiente irrumpió telefónicamente en una mesa radiofónica sobre justicia militar. Dijo al aire (según el boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representado en la mesa por Santiago Aguirre) que las denuncias contra excesos del Ejército están motivadas en una "insensatez" y un "prejuicio inaceptable": el considerar que al Ejército no le interesa impulsar los derechos humanos. Defendió una vez más el fuero de guerra porque (de acuerdo con la información de la agencia Apro) "incentiva, propicia y protege que los mandos preserven la disciplina de sus cuerpos en función del respeto a la población".
Será de verse si Gómez Mont hace precisiones, como llamó a sus planteamientos en la mesa radiofónica de marras, a dichos de funcionarios estadunidenses de alto nivel –como los zares de la frontera y contra las drogas– y al reportaje de The Washington Post aparecido el mismo jueves 9, donde se afirma que el Ejército Mexicano se vale de desapariciones forzadas y tortura para combatir a las bandas de la delincuencia organizada. El secretario de la Defensa fue buscado por el diario washingtoniano para conocer su opinión al respecto pero éste no fue atendido.
El denuedo de Gómez Mont en proteger el buen nombre del Ejército, aun pasando por alto hechos comprobados, va más allá del rutinario reconocimiento que, a manera de exorcismo, se hace a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Da la impresión de que se siente forzado a hablar en tal sentido, lo que eventualmente podría implicar sujeción del poder civil al militar.
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