LA JORNADA
Publican convocatoria para ocupar plazas magisteriales vacantes
El periodo de pre-registro inicia este lunes 27 de julio y concluirá el 2 de agosto, en tanto que el registro será del 29 de julio al 7 de agosto. El examen, el 16 de agosto.
Notimex
Publicado: 27/07/2009 09:05
México, DF. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el sindicato magisterial dieron a conocer las bases de la convocatoria del Concurso Nacional Público para ocupar las nuevas plazas y vacantes definitivas para el Ciclo Escolar 2009-2010.
En un comunicado, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informaron que el periodo de pre-registro inicia este lunes 27 de julio y concluirá el 2 de agosto, en tanto que el registro será del 29 de julio al 7 de agosto.
Detalló que los exámenes se aplicarán de manera simultánea en todo el país el 16 de agosto de 2009, a las 11:00 horas, tiempo del centro, y los resultados se publicarán siete días después en la página electrónica www.concursonacionalalianza.org
Con la convocatoria que está abierta a docentes en servicio y de nuevo ingreso, los aspirantes concursarán por plazas de jornada y de hora-semana-mes de nueva creación, así como por las vacantes definitivas al 15 de julio de 2009.
Dio a conocer que para docentes en servicio se concursarán seis mil 175 plazas de jornada y 48 mil 464 horas-semana-mes; mientras que para los profesores de nuevo ingreso se concursarán 10 mil 212 plazas de jornada y 56 mil 543 horas-semana-mes.
Según el comunicado, estas cifras superan el número de plazas y horas-semana-mes concursadas para el ciclo escolar 2008-2009, lo que demuestra el compromiso de las autoridades educativas, así como del sindicato magisterial por mejorar la calidad de la educación.
Refirió que esta convocatoria fue posible a partir del dictamen del órgano de Evaluación Independiente con carácter federalista de la Alianza por la Calidad de la Educación.
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Las acciones del presidente constitucional "no ayudan a la reconciliación", dice Óscar Arias
El intento de Zelaya de reingresar a Honduras, "legítima aspiración": Insulza
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Xiomara Castro, esposa del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, encontró ayer un bloqueo carretero en Jacaleapa, unos 85 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, cuando pretendía dirigirse a la frontera. Los agentes de la policía le impidieron el paso a ella y una comitiva que le acompañabaFoto Ap
De la redacción
Santiago, 26 de julio. Los esfuerzos del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, por reingresar el fin de semana a su país son una "legítima aspiración" del mandatario, afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien sin embargo aclaró que "dada la complejidad de la crisis mi opinión es que sería preferible que antes de cualquier decisión en ese sentido esperara a una conclusión de los esfuerzos diplomáticos en curso".
Las afirmaciones de Zelaya fueron publicadas este domingo en el diario La Nación de la capital chilena, a propósito de la decisión del gobernante hondureño de establecer un campamento en la frontera entre Honduras y Nicaragua, luego de haber dado por concluidas las negociaciones de un acuerdo con el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti desde el 28 de junio pasado.
Insulza reiteró su respaldo a la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien de su lado declaró al diario español El País que la presencia de Zelaya en la frontera sur de Honduras, desde el viernes, "no ayuda a la reconciliación".
Las opiniones de Arias e Insulza son similares a la postura del gobierno de Estados Unidos, que el viernes sostuvo por medio de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que la acción de Arias es "imprudente".
Arias presentó el miércoles a las dos partes la denominada Declaración de San José que contiene una serie de propuestas para solucionar la crisis en Honduras, pero el gobierno de facto no acepta el retorno de Zelaya al poder.
En la entrevista con La Nación, Insulza externó su confianza en que la problemática hondureña todavía puede tener una "solución pactada".
"El presidente Arias ha presentado una propuesta que incluye esta condición como primer punto: el retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales, de las que fue separado de manera ilegítima y por la fuerza. El retorno del orden democrático es absolutamente prioritario y en eso no debe haber titubeos. Es preciso enviar al resto del continente una señal contundente, para que todos aquellos que aún se permitan soñar con proyectos autoritarios queden absoluta y definitivamente desencantados".
En respuesta a las críticas expresadas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el líder revolucionario cubano Fidel Castro, acerca de que Arias sigue instrucciones de Washington, el mediador dijo a El País que la afirmación "no es original", porque lo mismo se dijo cuando a mediados de los años 80 interpuso sus buenos oficios para solucionar los conflictos en Centroamérica.
Las gestiones de Arias le llevaron a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1987 y, posteriormente, los sandinistas que eran combatidos por contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos debieron dejar el poder a la derecha, en 1990; los guerrilleros salvadoreños depusieron las armas en 1992 y dieron paso a un gobierno derechista que apenas dejó la presidencia en junio pasado; y los insurgentes guatemaltecos firmaron un pacto de paz en 1996, sin que después se haya castigado a los responsables de miles de asesinatos políticos y desaparecidos.
Arias opinó que no hay "intereses externos" en el conflicto hondureño, pero admitió que "hay muchos que lamentan la decisión de Zelaya de integrarse a la Alianza Bolivariana para las Américas (creada por Chávez) y la influencia que este grupo tiene sobre él".
"Esa sigue siendo una preocupación todavía hoy, pero eso en nada justifica el golpe de Estado", sostuvo Arias.
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Diferencias ideológicas también han atizado disputas en esa zona ejidal de Chiapas
Incumplimiento de acuerdos, parte de los factores que causaron conflicto en Mitzitón
El gobierno dio poder a líderes chamulas al apoyarlos para que obtuvieran tierras
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Integrantes del Ejército de Dios se pronunciaron por la libertad de culto durante una marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en marzo del año pasadoFoto Elio Henríquez
Hermann Bellinghausen
Enviado
San Cristóbal de las Casas, Chis, 26 de julio. Las presiones que ha padecido el ejido de Mitzitón en tiempos recientes obedecen, a decir de la propia autoridad ejidal, al proyecto gubernamental para construir una autopista a Palenque, que partiría en dos la zona y afectaría bosques, manantiales, solares y campos de cultivo.
La resistencia de los campesinos a esa obra ha dado pie a un nuevo conflicto con un grupo de ejidatarios y ex ejidatarios, algunos acusados de tráfico de indocumentados y, especialmente, de no cooperar en los trabajos comunitarios.
Las autoridades chiapanecas han sostenido que las agresiones en Mitzitón de hace una semana se deben a diferencias religiosas y a un "viejo conflicto agrario". Cinco indígenas resultaron heridos y uno muerto durante el último de tres ataques que el grupo de "no cooperantes", unos 60 seguidores del líder evangélico Carmen Díaz López, realizaron contra miembros de la asamblea ejidal entre el domingo y el martes pasados.
La asamblea ejidal, adherente a la otra campaña, está compuesta principalmente por católicos y es mayoritaria. El grupo hostil, asentado en el vecino municipio de Teopisca, es de religión evangélica, en la iglesia Alas de Águila. Es verdad que las llamadas "diferencias religiosas" han marcado profundamente la historia moderna del pueblo chamula, mas no pueden separarse del más terrenal contexto cultural, político y agrario. En la zona de Mitzitón confluyen viejos pueblos chamulas tradicionalistas y evangélicos llegados entre 1980 y 1990.
La violencia expulsora de "protestantes" alcanzó su clímax en los años 80, pero databa de la primera expulsión en 1974 y la ley municipal que en 1976 prohibió cambiar de partido político (el PRI) y de religión (católica tradicionalista); ese mismo año, San Juan Chamula rompió con la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
En 2006, Alas de Águila formó el Ejército de Dios, que hereda la organización de autodefensa Guardián de mi Hermano, compuesta por chamulas expulsados, cuyos dirigentes, Abdías Tovilla Jaime y el abogado Esdras Alonso González, argumentaban que su cometido no era embestir, "sino sólo salir en defensa de sus hermanos cuando sean atacados por las autoridades chamulas y mantenerse organizados y comunicados por radio". (El conflicto Chamula, documento de Arturo Lomelí y Dolores Camacho, en proceso).
Debe subrayarse que después del éxodo a los municipios de San Cristóbal y Teopisca, los chamulas recibieron significativo respaldo gubernamental para obtener espacios urbanos y tierras de labranza. Así, el poder alcanzado por ciertos líderes, como Domingo López Ángel, Manuel Collazo Gómez, Andrés Gómez López y Mateo Pérez Díaz, "sólo es explicable por el apoyo del gobierno, como se aprecia en el desarrollo de sus actividades económicas: con los terrenos entregados a los dirigentes, éstos pudieron manejarlos a su conveniencia, otorgándolos a incondicionales que no siempre eran expulsados".
Después de las expulsiones originarias, las diferencias con los pueblos católicos no han sido realmente por sus creencias, sino por el abandono de los acuerdos y la solidaridad comunitarios. Al describir el conflicto ideológico chamula, Lomelí y Camacho apuntan: "Mientras los católicos que siguen a la diócesis de San Cristóbal piensan que la religión de los tradicionalistas es una de la múltiples maneras en que se adora a Dios, los evangélicos creen que todo lo que no sea la palabra bíblica es producto del demonio".
De ahí su agresividad contra otras manifestaciones religiosas. Dejaron de ser víctimas. "Basan sus argumentos para negarse a cooperar con dinero para las fiestas y a participar en los cargos religiosos en la particular interpretación que hacen de la religión evangélica. Ésta fue también una de las causas del conflicto entre los tradicionalistas y evangélicos chamulas".
Cabe mencionar que el pastor de la Iglesia Ministerial de los Altos y fundador del Ejército de Dios, Esdras Alonso, fue el primer defensor de los paramilitares de Chenalhó acusados de la masacre de Acteal en 1997.
En fechas recientes el Ejército de Dios se ha hecho muy visible en las calles de San Cristóbal con su desfile anual y al movilizarse contra la ilegalización de sus radiodifusoras que operan en colonias como El Santuario, Nueva Esperanza y San Juan de Dios. Más que marchas políticas o religiosas, parecen exhibiciones de fuerza.
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La defección de Óscar Arias
A casi un mes del golpe de Estado perpetrado en Honduras, resulta clara la existencia de una fractura en el entorno democrático internacional: mientras que, por una parte, diversos gobiernos latinoamericanos han exigido el retorno al cargo del presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, y el presidente costarricense, Óscar Arias, por la otra, han tenido diversas expresiones de complacencia hacia los golpistas y el régimen espurio que encabeza Roberto Micheletti.
Son de sobra conocidas las contradicciones en materia de política exterior del nuevo gobierno estadunidense y las discordancias entre el presidente Barack Obama y diversos estamentos del poder, en particular las agencias de inteligencia, sectores del Departamento de Defensa y, por supuesto, la propia Clinton. Es sabido, también, que ésta mantiene añejos vínculos políticos con individuos afines al cuartelazo que hace un mes interrumpió el orden democrático hondureño e implantó una dictadura cada vez más desembozada y abiertamente represiva. Por ello, es claro –aunque resulte exasperante– que una de las pistas fundamentales por las que transcurre la crisis del país centroamericano se encuentra en Washington, y de lo que se negocie en las oficinas ejecutivas y legislativas estadunidenses dependerá, en buena medida, la posibilidad de restituir la institucionalidad y la legalidad quebrantadas en Honduras.
A estas alturas se ha hecho evidente, también, el papel de Óscar Arias como parapeto diplomático del régimen de facto implantado en esa nación, ya que cuando las diplomacias latinoamericanas confiaron al mandatario costarricense una tarea de gestión para negociar los términos del retorno de Zelaya a la presidencia hondureña, éste fue mucho más allá de sus atribuciones y formuló un plan –al que denominó Declaración de San José– que otorgaba beneficios políticos injustificados e inmerecidos a quienes son, de acuerdo con el derecho internacional y el hondureño, delincuentes: su participación en un gobierno de "unidad nacional" y la suspensión definitiva de la consulta que el mandatario constitucional pretendía realizar en torno a la relección,lo cual fue una bocanada de oxígeno al entonces cercado régimen espurio, cuyos cabecillas se envalentonaron y rechazaron la propuesta.
Debe considerarse, a este respecto, que más allá de la inadmisible perpetuación del gobierno espurio hondureño, el que se otorgue cualquier clase de premio político e institucional a los golpistas sentaría un precedente nefasto para el futuro de las democracias en el hemisferio; es indispensable, por tanto, impedir que proliferen sectores políticos tentados a usar la fuerza militar institucional para la obtención de cuotas de poder.
Ayer, Arias cometió el grave dislate de descalificar a Zelaya por su reciente –y breve– incursión en suelo hondureño y por su decisión de apostarse en un punto de la frontera entre Nicaragua y su país, medidas que, dijo, "no ayudan a la reconciliación". Por añadidura, el político costarricense criticó a su homólogo depuesto por haber incorporado a Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), decisión soberana sobre la que no le corresponde pronunciarse.
En contraste con las inconsecuencias y extravíos de Arias, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, quien no se ha caracterizado en su gestión por posturas radicales, señaló que la determinación de Zelaya de retornar a Honduras es "absolutamente legítima".
Con estos hechos, sumados al rechazo de los golpistas a su propuesta, Arias ha dejado en claro que busca otorgar márgenes de acción a quienes quebrantaron el orden constitucional y la democracia en Honduras y que no es capaz de ostentar la necesaria imparcialidad para gestionar una solución a la crisis política de ese país. De esa forma ha reducido las posibilidades de la diplomacia latinoamericana para buscar una salida al conflicto y ha firmado su propia defección del bando democrático.
En esa circunstancia, con una gestión internacional debilitada por la defección de Arias y por las soterradas disputas en la administración de Obama, cabe esperar que tenga éxito la lucha de los propios hondureños por restituir su sistema democrático y reponer en el cargo a su presidente constitucional.
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Examen nacional para la obtención de plazas docentes
Un día antes del inicio del ciclo escolar se darán los resultados
Estarán en concurso 30 mil lugares; el año pasado fueron 6 mil 275
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Maestros responden el examen que se aplicó el 11 de agosto de 2008Foto Marco Peláez
Karina Avilés
El próximo 23 de agosto, un día antes de que dé inicio el ciclo escolar, y sin el tiempo suficiente para asignar a los maestros los grupos que deberán atender en el año académico, se darán a conocer los resultados del examen nacional para la obtención de plazas docentes, el cual se aplicará este 16 de agosto.
De acuerdo con los términos de la convocatoria nacional que se dará a conocer hoy lunes, esta misma semana se abrirá un pre-registro electrónico para aquellos maestros que deseen participar y, a partir del 3 de agosto, los aspirantes deberán acudir a una de las distintas sedes para recoger su ficha de examen.
Según el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, el número de plazas que estarán en concurso este 2009 asciende a 30 mil, mientras que el año pasado los docentes compitieron por 6 mil 275 plazas y 23 mil 712 horas.
Cada estado, al igual que ocurrió con la prueba de 2008, tendrá sus propias especificaciones del concurso, las cuales se publicarán en un anexo.
Los tiempos apresurados del concurso han sido causa de molestia por parte de los secretarios de Educación estatales, quienes advierten que otra vez se caerá en la falta de docentes al inicio de clases, que es un conflicto de todos los años.
Las fechas del concurso, que prácticamente se empatan con el comienzo del año escolar, hacen que los niños se queden sin maestro durante varias semanas, advirtieron. Lo anterior porque el examen se deberá aplicar el próximo 16 de agosto y los resultados se darán a conocer el 23 de ese mes, por lo que días o hasta semanas después del comienzo de clases se asignarán los profesores a las escuelas que les asignen.
El año pasado, el examen se aplicó el 11 de agosto. Para aprobarlo, los docentes debían alcanzar 70 por ciento como mínimo respecto del puntaje más alto, lo que significaba que aun con calificaciones reprobatorias podrían acceder al sistema educativo.
De los 71 mil aspirantes que se presentaron al examen, 47 mil 809, esto es, 67 por ciento, no lo acreditó.
El número máximo de aciertos alcanzados, de un total de 80 reactivos, fue de 75.
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Sostiene que la norma limita la información útil para la defensa de los derechos humanos
La CNDH impugna ante la Suprema Corte la nueva Ley Orgánica de la PGR
Menciona al máximo tribunal la clasificación de la procuraduría en materia de tortura y otros abusos
Víctor Ballinas
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), por considerarla inconstitucional. La norma, dijo, impide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acceder a la información y "condiciona la entrega de datos que se le solicitan", lo que limita la obtención de pruebas útiles para su labor y hace nugatorio un medio de protección no jurisdiccional de los derechos humanos previstos en la Constitución.
Soberanes solicitó a la Corte que declare la invalidez del artículo 5, fracción V, inciso C de la Ley Orgánica de la PGR porque viola el título primero y los artículos 1, 14 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente de la CNDH, destaca en su argumentación presentada ante el máximo tribunal que a lo largo de más de 17 años de trabajo de esta comisión se han registrado 112 mil 231 "expedientes de queja", de los cuales 22 mil (19.6 por ciento) se han referido a asuntos de naturaleza penal.
Explica que "durante 2008, dentro de las 10 autoridades señaladas con más frecuencia por los particulares, como presuntas violadoras de derechos humanos, aparece en tercer lugar la PGR".
Detalla que "en ese mismo año, dentro de los 10 principales motivos de presuntas violaciones a los derechos humanos señalados por los quejosos, aparecen la detención arbitraria, los cateos y visitas domiciliarias ilegales, así como los tratos crueles y/o degradantes como algunos de estos motivos, conductas que tienden a ser más frecuentes durante las etapas de investigación a cargo del Ministerio Público y la policía ministerial".
Subraya, el ombudsman que "es de suma importancia destacar que durante esa misma anualidad, dentro de las autoridades presuntamente responsables de tortura, se encuentra la PGR, señalada en segundo lugar".
Con esos datos, apunta Soberanes, "es posible concluir que parte significativa de la labor de esta institución se encuentra enfocada en las actividades que lleva a cabo la PGR, de lo cual se desprende que la posibilidad de que el acceso por parte de esta comisión a la información que aquella maneja en el ejercicio de sus funciones se vea limitada implicaría un gran obstáculo para la labor de protección de los derechos fundamentales en el país, y por tanto, una violación de los mismos".
Destaca que la norma que se tilda de inconstitucional, “establece una obligación a cargo de la PGR, de proporcionar a la CNDH toda aquella información que ésta le solicite en el ejercicio de sus funciones.
"Si bien a primera vista parecería que la creación de esta nueva obligación facilitaría el acceso de la CNDH a la información de la PGR, la formulación legislativa de tal obligación, al condicionar dicha entrega de información al hecho de que la propia procuraduría considere que dicho acto no pone en riesgo las investigaciones en curso o la seguridad de las personas, introduce un condicionante con un excesivo margen de discrecionalidad, que impide que esta comisión recabe las pruebas necesarias para el ejercicio de su labor."
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José Luis Soberanes, en imagen recienteFoto José Antonio López
Incluso, precisa Soberanes Fernández, la discrecionalidad mencionada puede llegar a servir de fundamento para negar la información que los visitadores generales estimen necesaria para el desarrollo de la función sustantiva de la CNDH. Al respecto, "debe tomarse en cuenta que ya se han dado casos en los que efectivamente se ha negado el acceso a la información de las averiguaciones previas".
Cabe recordar que Soberanes ha hecho público que la PGR le negó información para casos como el de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, del Ejército Popular Revolucionario; en la investigación de la explosión de la mina Pasta de Conchos; el caso del periodista Brad Will, y las investigaciones por las recientes detenciones de los alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán.
El ombudsman señala que si la CNDH no tiene acceso a la información en poder de la PGR a fin de recabar las pruebas necesarias para la substanciación de los procedimientos de queja, "no podrá concretar de manera eficiente su labor de protección de los derechos humanos, pues estará imposibilitada para determinar si los derechos que otorga la Constitución son respetados por las autoridades administrativas, lo cual disminuye las posibilidades de defensa de los gobernados".
Precisa que en esta acción "abstracta" de inconstitucionalidad se pone a consideración del más alto tribunal del país la violación manifiesta, "en perjuicio de los gobernados, de los derechos humanos que tutela el ordenamiento jurídico mexicano, al atrofiarse una garantía constitucional prevista para su tutela".
Abunda que "una limitación a las atribuciones conferidas a la CNDH equivale directamente a una limitación de los derechos fundamentales de los particulares", y apunta, que en esta acción de inconstitucionalidad “no se combate que haya secrecía en las investigaciones en curso o que se proteja la seguridad de las personas. El cuestionamiento se realiza respecto de la decisión en torno de a quién debe ir dirigida la reserva de la información”.
Subraya que "la cruenta lucha que hoy se libra en el país por el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública, no puede ganarse mediante la opacidad y menos aún violando derechos humanos, al impedir con la restricción discrecional, que prevé el artículo 5 de la ley, el acceso a las pruebas necesarias para la determinación de si se han respetado los derechos humanos".
La CNDH informó que la acción de inconstitucionalidad recibió el número 49/2009 y fue turnada al ministro Fernando Franco González-Salas, quien instruirá el procedimiento y propondrá un proyecto de sentencia al pleno.
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El dirigente llama a la unidad de los electricistas para evitar la privatización del sector
Aún no desaparecen las "presiones" para debilitar al SME, advierte Esparza Flores
Matilde Pérez U.
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, hizo un llamado a los agremiados a conservar la unidad para defender la Ley Federal del Trabajo y evitar la privatización del sector, pues no han desaparecido las presiones externas para tratar de debilitar a la organización.
La jornada electoral ya concluyó; ahora hay que definir la plataforma política en defensa de la empresa y buscar un acercamiento con todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, para lograr que la propuesta de presupuesto para el sector eléctrico se respete. "Somos plurales, aunque estamos identificados más con los partidos de izquierda", afirmó el dirigente.
Este año, dijo, se otorgó menos de 50 por ciento del presupuesto que se presentó, y eso pasa cada año, por eso "el deterioro de la infraestructura. Calculamos que anualmente deben canalizarse 10 mil millones de pesos para mejorar la calidad del servicio, pero en este año sólo se otorgaron 3 mil millones de pesos", precisó.
"Empresa rentable"
La empresa, sostuvo, es altamente rentable, pues se sigue vendiendo electricidad. El año pasado se tuvieron ventas por 55 mil millones de pesos, y de ese monto, 37 por ciento correspondió a salarios y prestaciones; "el sindicato estará muy atento a la discusión del presupuesto y presentará sus observaciones", aseguró en breve entrevista.
Respecto de la discusión de la reforma laboral, Esparza Flores criticó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por favorecer a los patrones y no sujetarse a "su papel de mediador. Hay una insistencia de la parte patronal para reformar la ley, pero el Frente Sindical Mexicano ya tiene una estrategia establecida en defensa de la legislación vigente".
El dirigente por segunda ocasión del SME afirmó que el grupo que impugna el proceso de elección en el sindicato incurre en una violación estatutaria, porque "no hay ningún elemento a considerar, ya que todo está apegado al marco legal interno. Los inconformes actúan así porque no aceptan su derrota", indicó.
Las confrontaciones, insistió, deben ser superadas; ahora hay que trabajar como lo establecen los estatutos, aunque consideró que la discusión interna se alargará un año, ya que continúan los procesos de renovación en todos los escalafones.
Esparza Flores apuntó que su prioridad es defender la fuente de empleo en su sector, en el cual en cuatro años creció la plantilla laboral: ahora hay 44 mil puestos sindicalizados.
"Nuestra postura es defender a los trabajadores, garantizar la unidad sindical y evitar que gente externa pretenda debilitar a la organización", concluyó.
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Obama y el sátrapa Micheletti
Carlos Fazio
El golpe oligárquico-militar en Honduras responde a una estrategia global de la administración Obama-Clinton diseñada para hacer retroceder los avances de gobiernos electos democráticamente y mantener o consolidar el poder imperial en algunas "zonas calientes" del orbe. Tal estrategia opera con base en una política de varios carriles, que combina la intervención militar directa (Afganistán, Pakistán, Irak) con operaciones clandestinas de desestabilización (Venezuela, Irán, Honduras, Bolivia, Ecuador) y una diplomacia de doble vía, que busca articular los instrumentos e iniciativas heredados por la administración Bush a Barack Obama.
La asonada clasista en el eslabón más débil en América Latina estuvo dirigida a hacer retroceder al gobierno democrático de Manuel Zelaya para imponer, de facto, un nuevo régimen cliente en el patio trasero del imperio. El golpe pretende reforzar al polo conservador militarizado del Plan Puebla Panamá/Iniciativa Mérida, liderado por México y Colombia. Los avances progresistas en Honduras, Nicaragua y El Salvador complicaban los planes geopolíticos de Washington, que busca conformar una plataforma de intervención en América del Sur, con la mira puesta en los hidrocarburos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, los inmensos recursos de la Amazonia y el Acuífero Guaraní. En ese sentido fue, también, un golpe a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).
Para consumar la conspiración, el Departamento de Estado y el Pentágono utilizaron al alto mando militar hondureño, penetrado estructuralmente por los organismos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos. El general golpista Romeo Vázquez y el ministro asesor del sátrapa Roberto Micheletti, Billy Joya Améndola, fundador de los escuadrones de la muerte en los años 80, fueron "alumnos ejemplares" de la Escuela de las Américas. En la coyuntura, los militares golpistas actuaron como un ejército de ocupación en su propio país. Pero, además, Honduras está ocupada por Estados Unidos, que controla la base militar de Soto Cano (o Palmerola), donde se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por medio millar de efectivos del Pentágono y equipos avanzados de espionaje e intervención, incluido equipo aéreo de combate HU-60, Black Hawk y CH-47 Chinook.
La base es parte de la red de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) del Pentágono, integrada por Comalapa, en El Salvador; Guantánamo, en Cuba; Aruba y Curazao, y Manta, sobre el Pacífico ecuatoriano. Igual que el presidente Rafael Correa en Ecuador respecto a la base de Manta, Zelaya había anunciado a la Casa Blanca su intención de convertir Soto Cano en un aeropuerto comercial internacional, con financiamiento del Alba y PetroCaribe. En sustitución de Manta, el Pentágono logró que Álvaro Uribe ponga a su servicio sendas bases militares en Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Malambo (Atlántico), lo que convertirá a Colombia en el Israel de América Latina.
Los halcones del Departamento de Estado y el Pentágono recurrieron, también, a sus viejos vínculos con la primitiva oligarquía hondureña, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo, y contaron con la legitimación del cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa. Asistimos, pues, a un golpe cívico-militar de factura estadunidense, con el consenso de los poderes fácticos.
Pero, además, el de Honduras es otro golpe mediático apoyado en una guerra de cuarta generación. Como tal, se consumó y buscó legitimidad a través de medios bajo control monopólico privado. En particular, de los periódicos hondureños La Prensa de San Pedro Sula y El Heraldo de Tegucigalpa, cuyo propietario es Jorge Canahuati, proveedor de armas y medicinas del Estado y dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), antiguo brazo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde los tiempos de la guerra fría; el diario La Tribuna de San Pedro Sula, del líder empresarial conservador Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002); el diario Tiempo, de Tegucigalpa, que pertenece a Jaime Rosenthal Oliva, empresario, banquero y secretario general del Partido Liberal; la red de canales de televisión de José Rafael Ferrari, y con intereses, también, en radio cadena HRN. Asimismo, el golpe contó con el apoyo de la estadunidense CNN, que desde un primer momento buscó legalizar a los putchistas e incriminar a Zelaya, y de grandes medios latinoamericanos ligados a la SIP.
La estrategia de reversión del clan Clinton y grupos del aparato institucional al servicio del complejo energético militar industrial, que presentan una política de hechos consumados para el aval de Obama, tuvo una pieza clave en el actual embajador en Tegucigalpa, el cubano-estadunidense Hugo Llorens. Vinculado al ex zar de la inteligencia John Dimitri Negroponte, y al ultraconservador Otto Reich, protector de la mafia cubano-estadunidense de Miami, Llorens coordinó la expulsión de Manuel Zelaya. Él mismo integra una red de diplomáticos nombrados en las postrimerías de la administración Bush, todos expertos en operaciones encubiertas y guerra sicológica contra Cuba y Venezuela: Robert Blau en la embajada en San Salvador; Stephen McFarland en Guatemala y Robert Callahan en Managua, Nicaragua.
Con sus ambigüedades formales, Hillary Clinton ha legitimado de hecho al nuevo régimen privatizado de Micheletti y Cia., y por conducto de Óscar Arias, viejo peón de Washington, ha impulsado una "negociación-trampa" para darles tiempo a los golpistas de recuperar su poder y desgastar a la heroica resistencia popular hondureña. Obama tendrá que decidirse a etiquetar la asonada como un golpe de Estado, retirando al embajador Llorens y cortando la asistencia de Estados Unidos a Honduras, o seguirá cediendo ante el ala dura del sistema imperial.
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EL UNIVERSAL
Denuncian fraude de líder del SNTE
Por una “cuota simbólica” de entre 100 mil y hasta 170 mil pesos, el dirigente sindical Alejandro Palomo Chávez prometió a tres jóvenes y dos profesoras jubiladas entregarles una plaza de maestro en Hidalgo, por lo que en menos de un mes el dirigente del SNTE recibió casi 380 mil pesos
Nurit Martínez
El Universal
Lunes 27 de julio de 2009
nurit.martínez@eluniversal.com.mx
Por una “cuota simbólica” de entre 100 mil y hasta 170 mil pesos, el dirigente sindical Alejandro Palomo Chávez prometió a tres jóvenes y dos profesoras jubiladas entregarles una plaza de maestro en Hidalgo, por lo que en menos de un mes el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibió casi 380 mil pesos.
A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE acordaron desde hace un año, acabar con la venta de los puestos de trabajo, en Hidalgo Alejandro Palomo —titular del Colegiado de Innovación y Tecnología, y Reingeniería Organizativa de la sección 15 en la entidad— ofreció a cinco personas un puesto a cambio de dinero.
El anhelo de trabajar en lo que estudió llevó a Laurencio Jiménez a vender la vaca de la que dependía el ingreso de su familia con la venta de leche.
Juan Armando Cervantes puso en venta su coche. Julio César Lozano redobló sus viajes en el taxi que conduce en Pachuca. Y César Hernández hoy vive las secuelas de la parálisis facial que sufrió al descubrir el fraude.
En tanto, las profesoras Edith Nájera y Lucía Vite —próximas a obtener la jubilación— aún pagan el dinero que pidieron prestado, para que uno de sus hijos tuvieran un empleo de maestro.
Todos aseguran que entregaron, en menos de un mes y por separado, cantidades de entre 40 mil y 110 mil pesos que llevaron al dirigente Alejandro Palomo, a acumular 379 mil pesos con la promesa de que en agosto o septiembre de 2008 obtendrían su plaza en el magisterio. La entrega del dinero siempre fue en estacionamientos de centros comerciales o gasolineras de Pachuca, Hidalgo.
Pruebas y negación
El dirigente sindical no les cumplió. Desde entonces ellos han peregrinado, primero por separado y ahora juntos, por diversas dependencias, como la contraloría interna de la SEP, la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, las procuradurías General de la República y la estatal, para denunciar el fraude; sin embargo, hasta ahora no han tenido respuesta.
Los jóvenes y maestras cuentan con documentos, fotografías y audios con los que muestran la entrega del dinero a Alejandro Palomo, sin embargo, él niega las acusaciones.
Juan Armando, desempleado desde febrero, relata que en los primeros días de abril de 2008 contactó, a través de su hermano José Feliciano, a Palomo. El dirigente sindical prometió la plaza, pero “para iniciar los trámites” le dijo que tendría que entregarle 40 mil pesos. “Me dijo que era para asegurarse ya que en repetidas ocasiones hacía el trabajo y no le cumplían, no le daban el dinero completo”, narra.
La forma de operar del dirigente sindical fue semejante en todos los casos, pedir un anticipo de su trabajo. La maestra Lucía entregó 110 mil pesos para obtener un trabajo administrativo en una prefectura para su hijo que sólo estudió la preparatoria.
“A mí me citó en un estacionamiento en la colonia El Palmar. Le entregué tres paquetes en billetes de 200 pesos”.
Y añade: “Me solicitó todos los papeles posibles, nos mostró un memorándum de asignación, incluso la credencial de contratación, pero nunca estuvo el nombramiento definitivo. Con el tiempo nos dimos cuenta que los documentos eran apócrifos”.
Julio César, Laurencio y César, enfrentaron situaciones semejantes, les pidió dinero por adelantado, bajo el “compromiso de caballeros” también los estafó.
Siempre con excusas, el profesor se ocultó de ellos, pero Juan Armando fue quien tomó la iniciativa y el 5 de agosto del año pasado grabó la conversación donde se escucha al dirigente hacer un relato de la negociación.
En uno de esos audios, de prueba, se escucha al profesor negociando con Juan Armando el monto de su plaza; a pesar de la existencia de ello, el dirigente sindical rechaza —en entrevista con EL UNIVERSAL—que él haya pedido dinero a los jóvenes y maestras. Del audio sólo responde “ese no soy yo”. Aunque luego reconoce que en este momento enfrenta varias denuncias.
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MILENIO
Bloquea PGR defensa de garantías, asegura CNDH
Los casos más relevantes en los que se ha repetido esta situación son la tragedia de Pasta de Conchos, el asesinato del periodista Brad Will, el incendio en la guardería ABC y la captura de ediles en Michoacán.
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Lun, 27/07/2009 - 04:59
El ombudsman nacional ha recurrido al Presidente, pero sin éxito. Foto: Jesús Quintanar
México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debido a que le impide tener acceso a información del Ministerio Público federal.
Para la CNDH, esa legislación limita la obtención de pruebas útiles para su labor. La norma impugnada condiciona la entrega de información solicitada por la comisión a que la PGR considere que no se ponen en riesgo las investigaciones en curso y la seguridad de las personas.
En años recientes, la PGR ha negado de manera r eiterada a la CNDH acceso a los expedientes de alto impacto en la opinión pública. Destacan los casos de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 trabajadores quedaron sepultados en febrero de 2006, y el asesinato del periodista estadunidense Brad Will, ocurrido en Oaxaca, en octubre de ese mismo año.
Asimismo, está la tragedia en la guardería ABC, de Sonora, que causó la muerte de 48 niños, el pasado 26 de junio, y la detención (el 27 de mayo de 2009) de 29 funcionarios y ex funcionarios de Michoacán, incluidos 10 alcaldes.
Ante la constante negativa de la PGR, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, recurrió a principios de año al presidente Felipe Calderón para que diera instrucciones al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y se atendieran las peticiones de la CNDH.
En enero pasado, en una reunión con reporteros, el presidente del organismo consideró que sólo bastaban “algunos manotazos sobre la mesa” del jefe del Ejecutivo para corregir esa situación.
Sin embargo, la negativa de la PGR a proporcionar la información continúo, por lo que el pasado 29 de junio, la CNDH presentó el escrito de impugnación ante la Corte.
La comisión asegura en el documento que sin acceso a la información de la PGR es imposible recabar pruebas, fortelecer los procedimientos de queja y, por tanto, realizar de manera eficiente su labor de protección de los derechos humanos, pues estará impedida para determinar si dichas garantías son respetadas por las autoridades.
La comisión aclara que en esta demanda de inconstitucionalidad no se impugna la secrecía de las investigaciones ni el derecho de las personas a la seguridad, sino la decisión de reservar información fundamental para la defensa de las garantías individuales.
“La cruenta lucha que hoy se libra en el país por el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública no puede ganarse a través de la opacidad y menos aún violando derechos humanos, al impedir a través de la restricción discrecional, que prevé el artículo 5° de la ley, el acceso a las pruebas necesarias para la determinación de si se han respetado o no los derechos humanos”, dijo la CNDH.
La CNDH promovió en febrero pasado la acción de inconstitucionalidad 26/2008 contra del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que reserva la información relacionada con las averiguaciones previas.
Eugenia Jiménez
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La Ssa discutirá con Sabines el presupuesto para Chiapas
La infraestructura presenta deficiencias de por lo menos 40 años: James Gómez
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Lun, 27/07/2009 - 05:08
El titular de Salud se reunirá con el gobernador en dos semanas. Foto: Eduardo Morales / Archivo
México.- El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, se reunirá dentro de dos semanas con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, para discutir el presupuesto de más de 6 mil millones de pesos que requerirá la entidad en 2010 para edificar y culminar infraestructura hospitalaria, cumplir con los programas sanitarios trazados en las Metas del Milenio y hacer frente al virus de la influenza A/H1N1.
Luego de que el jueves pasado Sabines solicitara públicamente una audiencia con Córdova Villalobos para poner fin a una semana de desencuentros, la Ssa agendó una primera reunión para este lunes, en su edificio central, con el recién nombrado secretario de Salud de Chiapas, James Gómez Montes, y dentro de dos semanas con el gobernador.
James Gómez Montes, quien sustituyó a Adrián Pérez Vargas en el cargo de secretario de Salud por padecer bronconeumonía, informó que solicitará a Córdova Villalobos consolidar un presupuesto que permita concluir por lo menos nueve hospitales, casi todos de primer nivel, en Comitán, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Ocosingo e iniciar en diciembre obras en Pijijiapan y en el Hospital Centro Médico Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.
La infraestructura de salud en Chiapas, dijo, presenta deficiencias históricas de por lo menos 40 años por la falta de inmuebles adecuados para diagnosticar enfermedades de primer nivel, equipos obsoletos y falta de médicos ubican al estado en el tercer lugar nacional en muerte materna y el primer lugar de casos de cáncer cervicouterino.
“Nosotros reiteramos nuestra voluntad de trabajar de manera coordinada y lo único que pedimos es que no se nos discrimine. Y de manera presupuestal se nos haga justicia, porque la gente se sigue enfermando y muriendo por enfermedades que se podrán erradicar en este gobierno, como es el tracoma y la oncocercosis y con ello erradicarlas totalmente del país”, dijo Juan Sabines.
Pero además, dijo, el gobierno federal debe reconocer que algunos de los 350 centros de salud en la entidad permanecen cerrados porque carecen del presupuesto y de los medicamentos adecuados, tampoco hay médicos que vayan atender. “Claro son pocos casos, pero si hay y hay que buscar la corresponsabilidad tanto federal como municipal”.
Actualmente, 28 municipios de alta marginación carecen de cobertura de los servicios de salud y tienen carencias equiparables a los de Sambia o de Camboya, que figuran entre las naciones más pobres del mundo.
Con respecto a los casos de influenza, el gobierno de Chiapas reconoció que ya afecta a 44 por ciento de la entidad y que aunque ya se implementa una serie de medidas de distanciamiento social, a algunos pobladores les cuesta trabajo acatar algunas disposiciones como evitar el saludos de beso y las aglomeraciones.
Blanca Valadez
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