* Cuando los enemigos de la libertad de prensa hacen desaparecer a los periodistas
Francia, 28 de agosto de 2009 (RSF).-Reporteros sin Fronteras aprovecha la celebración del 26 Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto de 2009, para recordar que seguimos sin noticias, a veces desde hace años, de decenas de periodistas secuestrados, detenidos, o que simplemente acudieron a una «cita» que resultó ser una emboscada.
«Ya sean el hecho de agentes del Estado o bien de criminales locales deseando ajustar cuentas, las numerosas desapariciones de periodistas recuerdan que los enemigos de la libertad de prensa no dudan en utilizar los recursos más cobardes y más odiosos para acallar a los profesionales de los medios de comunicación. Reiteramos nuestro apoyo a las familias de los desaparecidos y nos unimos a la tristeza que les procuran la espera y la incertidumbre en cuanto a la suerte de su pariente », declara la organización.
«Solicitamos a las autoridades locales competentes que se tomen en serio de forma sistemática esas desapariciones, y que pongan en marcha los medios de investigación necesarios para encontrar al periodista y que sancionen a los culpables. De hecho, es inverosímil que casos de ‘desapariciones forzadas’, implicando a agentes del Estado o que actúan con el apoyo del Estado, aún puedan tener lugar en el mundo. Rogamos a los países signatarios de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que ratifiquen este texto a mayor brevedad para que pueda entrar en vigor », añade Reporteros sin Fronteras.
Con ocho periodistas desaparecidos desde el año 2000, México es un país severamente afectado por este fenómeno. Mauricio Estrada Zamora, periodista del diario regional La Opinión de Apatzingán, lleva desaparecido desde el 12 de febrero de 2008 en el Estado de Michoacan (suroeste del país) muy expuesto a la criminalidad y al narcotráfico. Según la dirección de su diario, el periodista publicó, unas tres semanas antes, una noticia que habría suscitado la ira de un agente de la Agencia Federal de Investigación. De nuevo en Michoacan, el director del periódico Ecos de la Cuenca, José Antonio García Apac, desapareció el 20 de noviembre de 2006. Ese día, tras una llamada recibida a las 19h15, el periodista acudió a una cita. A las 19h30, llamó a su hijo en una conversación interrumpida por voces que le pedían que apagara su móvil y justificase su identidad. Desde entonces, no ha vuelto a dar señales de vida.
Al principio de julio de 2009, durante una misión en México, una delegación de Reporteros sin Fronteras conversó con las familias de esos dos periodistas.
En enero de 2009, la Misión Internacional para la Libertad de Prensa llevada en Sri Lanka condenó la « cultura de impunidad e indiferencia » en torno a las desapariciones de las que son víctimas los periodistas en este país. El 15 de febrero de 2007, sobre las 18 horas, Subramaniam Ramachandran, corresponsal de los diarios tamiles Thinakural y Valampuri, fue detenido por unos soldados cuando pasaba cerca del campamento militar Kalikai Junction, al norte de Jaffna (norte del país). Desde entonces, su familia no sabe nada de él. El periodista publicó una investigación relativa a un tráfico ilegal de arena implicando a un hombre de negocios y a militares. La oficina de Jaffna de Derechos Humanos se ocupó del caso y las autoridades militares fueron aprehendidas, entre otros el Comandante en jefe de la región de Jaffna. Pero, tal como declara el abogado Mudiyapu Remedias, en este tipo de casos, « todo el mundo tiene miedo a ir en contra del ejército que ha refutado su implicación ».
Vadivel Nimalarajah, secretario de redacción del diario tamil más popular de Jaffna, Uthayan, conocido por su línea editorial muy crítica con el gobierno, no volvió a dar noticias desde el 17 de noviembre de 2007. Según sus compañeros, le habrían secuestrado cuando volvía a su casa en bicicleta, tras haber trabajado por la noche en los locales del periódico.
En Irán, Pirouz Davani, redactor jefe del periódico Pirouz, no volvió a aparecer tras haber salido de su domicilio un día de finales de agosto de 1998. Las autoridades no mostraron nunca voluntad de ver este caso esclarecido algún día. Los responsables de esa desaparición están seguros, por lo tanto, de una impunidad absoluta. En su edición del 28 de noviembre de 1998, el periódico Kar-e-Karagar comentó rumores acerca de la « ejecución » del periodista. A finales de noviembre del año 2000, Akbar Ganji, periodista de Sobh-e-Emrouz, confirmó esos rumores y culpó al ex ministro de Inteligencia y actual fiscal general, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, en este asesinato. Los responsables del régimen nunca se pronunciaron acerca de esta versión. En diciembre de 2002, la familia Pirouz Davani pusó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En Gambia, « Chief » Ebrima Manneh, periodista del diario privado The Daily Observer, lleva desaparecido desde el 7 de julio de 2006. Ese día, fue arrestado por la National Intelligence Agency (NIA, servicios secretos), por un motivo desconocido, poco después de que acabase la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana que tuvo lugar en Banjul. Desde entonces, el gobierno gambiano se ha negado a revelar cualquier tipo de información relativa a él. El 6 de abril de 2009, la ministra de Justicia, Marie Saine Firdaus, simplemente declaró que el periodista nunca fue detenido en una cárcel gambiana. Sin embargo, una semana más tarde, un policía de la prisión Mile Two en Banjul, expresándose bajo anonimato, declaró haber visto al periodista por última vez dentro de la cárcel, en 2008, antes de que se lo llevara, en mitad de la noche, un policía vestido de civil. Desde entonces no se ha vuelto a ver a « Chief » Ebrima Manneh.
En la otra punta del continente africano, en Eritrea, decenas de periodistas fueron detenidos desde septiembre de 2001 y, en el caso de la mayoría, desparecieron en las prisiones del país sin que sus familias supieran donde se encontraban. Las autoridades de Asmara guardan un silencio ensordecedor en torno a su suerte.
Esta lista de periodistas desaparecidos no es en absoluto exhaustiva
COMUNICADO DE PRENSA
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
A LAS ORGANIZACIÓN DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
El día de hoy sábado 29 de agosto, varios cientos de ciudadanos inconformes con la posible construcción de las líneas 2 y 3 del Macrobús, fueron brutalmente reprimidos por cientos de antimotines a la altura de la Calzada Independencia y la Avenida Juárez del centro de la ciudad por órdenes de Emilio González Márquez gobernador del estado de Jalisco México.
La manifestación era pacífica y se trasladaba hacia el Palacio de Gobierno, los cuerpos de seguridad implementaron un operativo de cerco cerrándolo desde varios puntos lo que provocó que la altura de la calle Molina los manifestantes se encontraran de frente con las líneas de antimotines que impedían el paso, los manifestantes afirman que un policía antimotín se golpeó con su propio escudo en la boca lo que provocó que sangrara, eso fue motivo suficiente para que dieran la orden de reprimir a los manifestantes entre los que se encontraban muchas mujeres, niños y personas de la tercera edad. Otras versiones afirman que se trató de una provocación preparada con toda alevosía ya que muchos manifestantes detectaron que una camioneta tipo Pick up pasó a toda velocidad golpeando a los manifestantes en la cabeza.
El resultado de la represión se desconoce hasta el momento, ya que el gobierno del estado se niega a dialogar y a dar información sobre la cantidad de detenidos, sus nombres y su estado de salud, hasta el momento, existen versiones de que se trata de entre 10 y 15 personas ya que testigos presenciaron que varias personas fueron detenidas y golpeadas al momento de subirlas a las camionetas de la policía estatal. Hasta el momento, sabemos que los detenidos fueron trasladados a la calle 14 de la la Procudariría de justicia del Estado y están siendo puestos a disposión del ministerio público.
Ante estos hechos,
MANIFESTAMOS
1. Que no se trató de un enfrentamiento, ya que los manifestantes no tenían la intención de agredir a los cuerpos de seguridad y mucho menos estaban preparados para una acción de esa naturaleza, ¿Cómo se van a enfrentar mujeres, niños y ancianos a hombres perfectamente armados, pertrechados y preparados para reprimir?. Se trató de una cobarde agresión en contra de la población civil que se manifestaba pacíficamente.
2. Que una vez más el gobierno del Estado de Jalisco encabezado por Emilio González Márquez demuestra su carácter represivo, autoritario y fascista al enviar sus cuerpos de seguridad a reprimir de manera indiscriminada a la población civil con el ridículo argumento de que se intentaba boicotear un acto oficial relacionado con el Festival del Mariachi.
3. Que el supuesto boicot en contra del Festival del Mariachi es solo un pretexto para criminalizar la protesta social, detener a los líderes e intentar desmovilizar a la población que está en contra de la construcción de las Líneas 2 y 3 del Macrobús ya que está en juego un jugoso negocio de cientos de millones de pesos que el gobierno del estado ha negociado con grandes empresarios nacionales pero sobre todo extranjeros.
4. Que a todas luces se trata no solamente de una violación a libre expresión y manifestación estipulada en la Constitución Política de nuestro país sino que ha violentado gravemente los Derechos Humanos de los manifestantes.
5. Que después de la agresión, varios ciudadanos acompañados de representantes de Organizaciones Civiles intentaron dialogar con las autoridades estatales encontrando una tajante negativa a ser recibidos. Esto demuestra el autoritarismo del Gobierno panista de Emilio González Márquez.
6. Que tememos por la integridad física de los detenidos ya que en Jalisco desde hace varios años los gobiernos se han caracterizado por arrancar confesiones bajo tortura y cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
7. Que no existe argumento legal para mantener detenidos a los manifestantes ya que no se cometió ningún tipo de delito.
8. Que desde este momento las Organizaciones de la Sociedad Civil y de Defensa de los Derechos Humanos de Jalisco declaramos a los manifestantes detenidos de manera ilegal y arbitraria el día 29 de agosto del año 2009 PRESOS POLÍTICOS y no descansaremos hasta lograr su libertad y el castigo a los responsables de la represión.
9. Que declaramos como principal responsable de los hechos de represión a Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco México.
Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes
EXIGIMOS
1. La presentación inmediata de la lista oficial de todos los detenidos por los cuerpos de seguridad.
2. La libertad inmediata e incondicional de todos los PRESOS POLÍTICOS.
3. La presentación de un informe de las condiciones de salud de los detenidos y los reportes médicos de su atención.
4. El castigo a los autores materiales e intelectuales de la represión y señalamos a EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ Gobernador del Estado de Jalisco; FERNANDO GUZMÁN PÉREZ PELAEZ, Secretario General de Gobierno; LUÍS CARLOS NÁJERA, Secretario de Seguridad Pública del Estado Y MACEDONIO TAMÉZ GUAJARDO, Secretario de Seguridad Pública de Guadalajara.
5. Cese a la represión, a la criminalización de la protesta social y la persecución de los líderes sociales en Jalisco.
Guadalajara Jalisco México a 29 de agosto de 2009
ORGANIZACIONES FIRMANTES
CDH Coordinadora 28 de Mayo A.C.
Congreso Ciudadano
Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico
Centro Jalisciense de Atención al Migrante y al Adulto Mayor
Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS)
Colectivo Democrático y de Migrantes
Parlamento de Colonias
Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular
Frente Único de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del Seguro Social
--
CDH COORDINADORA 28 DE MAYO AC
"Una instancia a favor de los Derechos Humanos, la dignidad y la Justicia"
A LAS ORGANIZACIÓN DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
El día de hoy sábado 29 de agosto, varios cientos de ciudadanos inconformes con la posible construcción de las líneas 2 y 3 del Macrobús, fueron brutalmente reprimidos por cientos de antimotines a la altura de la Calzada Independencia y la Avenida Juárez del centro de la ciudad por órdenes de Emilio González Márquez gobernador del estado de Jalisco México.
La manifestación era pacífica y se trasladaba hacia el Palacio de Gobierno, los cuerpos de seguridad implementaron un operativo de cerco cerrándolo desde varios puntos lo que provocó que la altura de la calle Molina los manifestantes se encontraran de frente con las líneas de antimotines que impedían el paso, los manifestantes afirman que un policía antimotín se golpeó con su propio escudo en la boca lo que provocó que sangrara, eso fue motivo suficiente para que dieran la orden de reprimir a los manifestantes entre los que se encontraban muchas mujeres, niños y personas de la tercera edad. Otras versiones afirman que se trató de una provocación preparada con toda alevosía ya que muchos manifestantes detectaron que una camioneta tipo Pick up pasó a toda velocidad golpeando a los manifestantes en la cabeza.
El resultado de la represión se desconoce hasta el momento, ya que el gobierno del estado se niega a dialogar y a dar información sobre la cantidad de detenidos, sus nombres y su estado de salud, hasta el momento, existen versiones de que se trata de entre 10 y 15 personas ya que testigos presenciaron que varias personas fueron detenidas y golpeadas al momento de subirlas a las camionetas de la policía estatal. Hasta el momento, sabemos que los detenidos fueron trasladados a la calle 14 de la la Procudariría de justicia del Estado y están siendo puestos a disposión del ministerio público.
Ante estos hechos,
MANIFESTAMOS
1. Que no se trató de un enfrentamiento, ya que los manifestantes no tenían la intención de agredir a los cuerpos de seguridad y mucho menos estaban preparados para una acción de esa naturaleza, ¿Cómo se van a enfrentar mujeres, niños y ancianos a hombres perfectamente armados, pertrechados y preparados para reprimir?. Se trató de una cobarde agresión en contra de la población civil que se manifestaba pacíficamente.
2. Que una vez más el gobierno del Estado de Jalisco encabezado por Emilio González Márquez demuestra su carácter represivo, autoritario y fascista al enviar sus cuerpos de seguridad a reprimir de manera indiscriminada a la población civil con el ridículo argumento de que se intentaba boicotear un acto oficial relacionado con el Festival del Mariachi.
3. Que el supuesto boicot en contra del Festival del Mariachi es solo un pretexto para criminalizar la protesta social, detener a los líderes e intentar desmovilizar a la población que está en contra de la construcción de las Líneas 2 y 3 del Macrobús ya que está en juego un jugoso negocio de cientos de millones de pesos que el gobierno del estado ha negociado con grandes empresarios nacionales pero sobre todo extranjeros.
4. Que a todas luces se trata no solamente de una violación a libre expresión y manifestación estipulada en la Constitución Política de nuestro país sino que ha violentado gravemente los Derechos Humanos de los manifestantes.
5. Que después de la agresión, varios ciudadanos acompañados de representantes de Organizaciones Civiles intentaron dialogar con las autoridades estatales encontrando una tajante negativa a ser recibidos. Esto demuestra el autoritarismo del Gobierno panista de Emilio González Márquez.
6. Que tememos por la integridad física de los detenidos ya que en Jalisco desde hace varios años los gobiernos se han caracterizado por arrancar confesiones bajo tortura y cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
7. Que no existe argumento legal para mantener detenidos a los manifestantes ya que no se cometió ningún tipo de delito.
8. Que desde este momento las Organizaciones de la Sociedad Civil y de Defensa de los Derechos Humanos de Jalisco declaramos a los manifestantes detenidos de manera ilegal y arbitraria el día 29 de agosto del año 2009 PRESOS POLÍTICOS y no descansaremos hasta lograr su libertad y el castigo a los responsables de la represión.
9. Que declaramos como principal responsable de los hechos de represión a Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco México.
Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes
EXIGIMOS
1. La presentación inmediata de la lista oficial de todos los detenidos por los cuerpos de seguridad.
2. La libertad inmediata e incondicional de todos los PRESOS POLÍTICOS.
3. La presentación de un informe de las condiciones de salud de los detenidos y los reportes médicos de su atención.
4. El castigo a los autores materiales e intelectuales de la represión y señalamos a EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ Gobernador del Estado de Jalisco; FERNANDO GUZMÁN PÉREZ PELAEZ, Secretario General de Gobierno; LUÍS CARLOS NÁJERA, Secretario de Seguridad Pública del Estado Y MACEDONIO TAMÉZ GUAJARDO, Secretario de Seguridad Pública de Guadalajara.
5. Cese a la represión, a la criminalización de la protesta social y la persecución de los líderes sociales en Jalisco.
Guadalajara Jalisco México a 29 de agosto de 2009
ORGANIZACIONES FIRMANTES
CDH Coordinadora 28 de Mayo A.C.
Congreso Ciudadano
Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico
Centro Jalisciense de Atención al Migrante y al Adulto Mayor
Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS)
Colectivo Democrático y de Migrantes
Parlamento de Colonias
Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano Popular
Frente Único de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del Seguro Social
--
CDH COORDINADORA 28 DE MAYO AC
"Una instancia a favor de los Derechos Humanos, la dignidad y la Justicia"
Gobierno Federal intenta encarcelar a mujer indígena que ejerce su libertad de expresión
Gobierno Federal intenta encarcelar a mujer indígena que ejerce su libertad de expresión
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* MP Federal encuentra elementos suficientes para acusar penalmente a Rosa Cruz integrante de la radio comunitaria Uékakua en Michoacán
* Demuestra continuidad de política de criminalización contra radios comunitarias
* Organizaciones manifiestan rechazo frente a estas acciones
rosa cruz rosasMéxico D.F. , 1 de septiembre de 2009 (Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana).- Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo y preocupación frente a la reciente decisión de la Procuraduría General de la República de ejercitar acción penal en contra de la señora Rosa Cruz Rosas, mujer indígena purépecha, casi monolingüe, de Ocumicho, Michoacán, acusada de operar una radio indígena comunitaria sin permiso del Estado. Como consecuencia de la consignación, un juez penal federal con residencia en Michoacán, deberá resolver si otorga una orden de aprehensión en contra de la señora Cruz, tal y como lo solicitó el agente del Ministerio Público de la Federación.
La resolución de la PGR tiene su origen en la denuncia que presentó la Secretaría de Gobernación, el año pasado, en contra de la señora Cruz, a quien acusó de usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin permiso de la COFETEL, conducta tipificada en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Quienes son acusados de cometer este delito, corren el riesgo de que se les imponga una pena que va de 2 a 12 años de prisión y una multa que oscila entre los $16,440 y los $54,800, según lo dispone el artículo 149 de la misma ley.
La señora Cruz pertenece a la radio Uékakua (la preferida), de Ocumicho, Michoacán, de 3 watts de potencia, única en esa comunidad que transmitía en lengua purépecha. Desde 2002 solicitó permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta por parte de la autoridad. Esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa.
El 29 de enero de este año, más 100 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones acudieron a las instalaciones de la radio y con uso desmedido de la fuerza los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio.
Cabe destacar que la señora Cruz no se encontraba en la emisora el día del operativo, días después de éste con el engaño de que se le iba a devolver el equipo, unos desconocidos que se presentaron en la comunidad la hicieron firmar un documento, a pesar de que no sabe leer ni escribir, semanas después, el 13 de junio, recibió un citatorio solicitándole su comparecencia en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación ubicada en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada violentando el derecho al debido proceso. Además se determinó ya su consignación a pesar de que se solicitó al MP una nueva fecha para que ella pudiera preparar su declaración.
La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa – suficiente para recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en este caso lo hace además en contra de una mujer indígena que tiene que enfrentar un proceso penal ilegal e infundado en una situación de vulnerabilidad por su situación de pobreza y escasos recursos de defensa por su dificultad para hablar en español.
La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.
Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.
Las radios comunitarias, por su naturaleza, aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan daño alguno al bien, pues las radios tienen fines estrictamente sociales. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesaria ni proporcional, pues hay medios menos lesivos para que el Estado salvaguarde el espectro radioeléctrico.
Por tanto, las organizaciones firmantes expresan su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata.
Particularmente, las organizaciones hacen un enérgico llamado al Juez ante quien se consignó el expediente para que, basado en los argumentos de derechos humanos, determine negar la orden de aprehensión en contra de la señora Rosa Cruz por no haber elementos.
Organizaciones Firmantes:
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
- Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
- Article 19, México
- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C.
- Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
- Comunicación e Información de la Mujer A.C. CIMAC
- Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
- Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Video testimonial de Rosa Cruz Rosas
Gobierno Federal intenta encarcelar a mujer indígena que ejerce su libertad de expresión
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* MP Federal encuentra elementos suficientes para acusar penalmente a Rosa Cruz integrante de la radio comunitaria Uékakua en Michoacán
* Demuestra continuidad de política de criminalización contra radios comunitarias
* Organizaciones manifiestan rechazo frente a estas acciones
rosa cruz rosasMéxico D.F. , 1 de septiembre de 2009 (Organizaciones de la Sociedad Civil Mexicana).- Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más profundo rechazo y preocupación frente a la reciente decisión de la Procuraduría General de la República de ejercitar acción penal en contra de la señora Rosa Cruz Rosas, mujer indígena purépecha, casi monolingüe, de Ocumicho, Michoacán, acusada de operar una radio indígena comunitaria sin permiso del Estado. Como consecuencia de la consignación, un juez penal federal con residencia en Michoacán, deberá resolver si otorga una orden de aprehensión en contra de la señora Cruz, tal y como lo solicitó el agente del Ministerio Público de la Federación.
La resolución de la PGR tiene su origen en la denuncia que presentó la Secretaría de Gobernación, el año pasado, en contra de la señora Cruz, a quien acusó de usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin permiso de la COFETEL, conducta tipificada en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Quienes son acusados de cometer este delito, corren el riesgo de que se les imponga una pena que va de 2 a 12 años de prisión y una multa que oscila entre los $16,440 y los $54,800, según lo dispone el artículo 149 de la misma ley.
La señora Cruz pertenece a la radio Uékakua (la preferida), de Ocumicho, Michoacán, de 3 watts de potencia, única en esa comunidad que transmitía en lengua purépecha. Desde 2002 solicitó permiso para transmitir, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta por parte de la autoridad. Esto violenta el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a operar sus propios medios de comunicación, reforzado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien estableció que en la Ley Federal de Radio y Televisión existe una omisión legislativa.
El 29 de enero de este año, más 100 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones acudieron a las instalaciones de la radio y con uso desmedido de la fuerza los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio.
Cabe destacar que la señora Cruz no se encontraba en la emisora el día del operativo, días después de éste con el engaño de que se le iba a devolver el equipo, unos desconocidos que se presentaron en la comunidad la hicieron firmar un documento, a pesar de que no sabe leer ni escribir, semanas después, el 13 de junio, recibió un citatorio solicitándole su comparecencia en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación ubicada en Uruapan, Michoacán, en calidad de indiciada violentando el derecho al debido proceso. Además se determinó ya su consignación a pesar de que se solicitó al MP una nueva fecha para que ella pudiera preparar su declaración.
La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa – suficiente para recuperar la frecuencia-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias, en este caso lo hace además en contra de una mujer indígena que tiene que enfrentar un proceso penal ilegal e infundado en una situación de vulnerabilidad por su situación de pobreza y escasos recursos de defensa por su dificultad para hablar en español.
La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.
Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.
Las radios comunitarias, por su naturaleza, aunque emplearan el espectro radioeléctrico sin permiso, en ninguna forma ponen en peligro ni generan daño alguno al bien, pues las radios tienen fines estrictamente sociales. Por tanto, el empleo de la vía penal no resulta necesaria ni proporcional, pues hay medios menos lesivos para que el Estado salvaguarde el espectro radioeléctrico.
Por tanto, las organizaciones firmantes expresan su rechazo en contra de esta política de criminalización en contra de integrantes de radios comunitarias y hacen un llamado urgente a las autoridades a fin de que cesen esta persecución y lleven a cabo las acciones necesarias a fin de resolver las solicitudes pendientes de permiso de manera inmediata.
Particularmente, las organizaciones hacen un enérgico llamado al Juez ante quien se consignó el expediente para que, basado en los argumentos de derechos humanos, determine negar la orden de aprehensión en contra de la señora Rosa Cruz por no haber elementos.
Organizaciones Firmantes:
- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
- Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
- Article 19, México
- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C.
- Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
- Comunicación e Información de la Mujer A.C. CIMAC
- Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
- Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
Video testimonial de Rosa Cruz Rosas
Gobierno Federal intenta encarcelar a mujer indígena que ejerce su libertad de expresión
Dictan formal prisión contra presuntos asesinos de periodista
México, 1 de septiembre, 2009 (CEPET). El juez Segundo de Distrito en Saltillo, Coahuila, dictó este 31 de agosto auto de formal prisión en contra de los cinco sujetos presuntamente implicados en el secuestro y asesinato de Eliseo Barrón Hernández, reportero del diario La Opinión Milenio, el pasado 26 de mayo.
En un comunicado a los medios, la Procuraduría General de la República precisó que Israel Sánchez Jaimes, José Pedro Jáuregui Jiménez, Raúl Francisco Rodríguez Valderrama, Víctor Alfredo López Ramírez y Óscar Cárdenas Castillo, serán sometidos a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de venta, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados para el uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, acopio de armas de fuego y delincuencia organizada, así como por el homicidio calificado con los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja y privación ilegal de la libertad en .
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/DGO/DGO/II-INV/139/2009 los cinco individuos, quienes admitieron formar parte del grupo criminal conocido como Los Zetas, fueron detenidos el 12 de junio pasado por elementos del Ejército Mexicano en Gómez Palacio, Durango, y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, el cual determinó ponerlos bajo arraigo durante 40 días. Finalmente, el 21 de julio, el juez Primero de Procesos Penales Federales de Nayarit giró orden de aprehensión contra ellos, ordenando su traslado al Centro de Readaptación Social Varonil de Saltillo, Coahuila, donde hoy se encuentran.
En su declaración ministerial, Jáuregui Jiménez, Rodríguez Valderrama, López Ramírez y Cárdenas Castillo, reconocieron haber participado en el secuestro del periodista la noche del 25 de mayo, mientras que Sánchez Jaimes confesó haber sido el autor material del crimen del periodista así como de la subdirectora de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Durango, Martha Correa Alvarado, por órdenes del jefe de la agrupación criminal en esa plaza, Lucio Fernández, a quien apodan El Lucifer, quien se encuentra fugitivo.
En un comunicado a los medios, la Procuraduría General de la República precisó que Israel Sánchez Jaimes, José Pedro Jáuregui Jiménez, Raúl Francisco Rodríguez Valderrama, Víctor Alfredo López Ramírez y Óscar Cárdenas Castillo, serán sometidos a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de venta, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados para el uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, acopio de armas de fuego y delincuencia organizada, así como por el homicidio calificado con los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja y privación ilegal de la libertad en .
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/DGO/DGO/II-INV/139/2009 los cinco individuos, quienes admitieron formar parte del grupo criminal conocido como Los Zetas, fueron detenidos el 12 de junio pasado por elementos del Ejército Mexicano en Gómez Palacio, Durango, y puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, el cual determinó ponerlos bajo arraigo durante 40 días. Finalmente, el 21 de julio, el juez Primero de Procesos Penales Federales de Nayarit giró orden de aprehensión contra ellos, ordenando su traslado al Centro de Readaptación Social Varonil de Saltillo, Coahuila, donde hoy se encuentran.
En su declaración ministerial, Jáuregui Jiménez, Rodríguez Valderrama, López Ramírez y Cárdenas Castillo, reconocieron haber participado en el secuestro del periodista la noche del 25 de mayo, mientras que Sánchez Jaimes confesó haber sido el autor material del crimen del periodista así como de la subdirectora de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Durango, Martha Correa Alvarado, por órdenes del jefe de la agrupación criminal en esa plaza, Lucio Fernández, a quien apodan El Lucifer, quien se encuentra fugitivo.
Denuncia reportera intimidación y amenazas de alcalde
México, 1 de septiembre, 2009 (CEPET). Wendy Ucán Chan, reportera de El Diario de Yucatán denunció haber sido víctima de intimidación por parte de policías municipales y de amenazas por parte de José Luis Peniche Bates, alcalde priísta de Tizimín, Yucatán, al sur de México.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 29 de agosto, luego de que la reportera asistió a la entrega de obras de repavimentación y la apertura de una nueva vialidad por parte del ayuntamiento. Cuando se retiraba del acto, la comunicadora se acercó al ex alcalde de militancia panista, Pedro Couoh Suaste, para preguntarle qué fallas observaba en la obra.
Según informó Ucán Chan, mientras ambos hacían un recorrido por la Calle 51 para evaluar la calidad de la carpeta asfáltica, notó que varías patrullas los seguían a la distancia y se acercaban cada vez más a ellos.
“Se acercó un policía y me dijo ‘tengan cuidado porque te están vigilando, ordenaron un operativo y te van a detener’. En la radio del ex alcalde escuchamos que decían mi nombre. Otro policía nos dijo que la orden la había dado el jefe de la Policía (José Antonio Arellano Navarro). Yo me asusté. El ex alcalde me aconsejó que tomara fotos, que era con lo que me podía defender.”
Santos Eucan Cano, compañero de la comunicadora, aseguró que alrededor de las 12:30 horas recibió un mensaje en su teléfono celular que alertaba sobre la detención de su colega.
“Llegué a la oficina y como a la media hora recibí el mensaje. Como no reconocí el número, llamé. Me contestó un hombre. No me quiso dar su nombre. Me dijo que el jefe de la policía había ordenado la detención de Wendy y su acompañante porque estaban obstaculizando el tránsito, narró el reportero.
La comunicadora aseguró que dos semanas antes de este incidente, Peniche Bates se comunicó con ella por teléfono para reclamarle por el contenido de algunas notas que había publicado; básicamente precisó, denuncias ciudadanas.
“Estaba muy molesto, me dijo que cómo se me ocurría escribir tantas mentiras, que qué mal periodismo hacía. ‘Te exijo una réplica o te acuso con tus jefes para que te corran. Lo que debes de hacer como reportera es preguntarme antes de publicar las notas’, me dijo.”
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 29 de agosto, luego de que la reportera asistió a la entrega de obras de repavimentación y la apertura de una nueva vialidad por parte del ayuntamiento. Cuando se retiraba del acto, la comunicadora se acercó al ex alcalde de militancia panista, Pedro Couoh Suaste, para preguntarle qué fallas observaba en la obra.
Según informó Ucán Chan, mientras ambos hacían un recorrido por la Calle 51 para evaluar la calidad de la carpeta asfáltica, notó que varías patrullas los seguían a la distancia y se acercaban cada vez más a ellos.
“Se acercó un policía y me dijo ‘tengan cuidado porque te están vigilando, ordenaron un operativo y te van a detener’. En la radio del ex alcalde escuchamos que decían mi nombre. Otro policía nos dijo que la orden la había dado el jefe de la Policía (José Antonio Arellano Navarro). Yo me asusté. El ex alcalde me aconsejó que tomara fotos, que era con lo que me podía defender.”
Santos Eucan Cano, compañero de la comunicadora, aseguró que alrededor de las 12:30 horas recibió un mensaje en su teléfono celular que alertaba sobre la detención de su colega.
“Llegué a la oficina y como a la media hora recibí el mensaje. Como no reconocí el número, llamé. Me contestó un hombre. No me quiso dar su nombre. Me dijo que el jefe de la policía había ordenado la detención de Wendy y su acompañante porque estaban obstaculizando el tránsito, narró el reportero.
La comunicadora aseguró que dos semanas antes de este incidente, Peniche Bates se comunicó con ella por teléfono para reclamarle por el contenido de algunas notas que había publicado; básicamente precisó, denuncias ciudadanas.
“Estaba muy molesto, me dijo que cómo se me ocurría escribir tantas mentiras, que qué mal periodismo hacía. ‘Te exijo una réplica o te acuso con tus jefes para que te corran. Lo que debes de hacer como reportera es preguntarme antes de publicar las notas’, me dijo.”
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