En defensa de Hueyapan, Morelos

)En defensa de Hueyapan, Morelos


Gilberto López y Rivas





A lo largo y ancho de la geografía nacional, los pueblos y las comunidades indígenas resisten los intentos de privatización del agua y otros recursos naturales y culturales, defendiendo con dificultades y muchos sacrificios la integridad de tierras y territorios y enfrentándose, en cruentas luchas, a los agentes del mercado y a los gobiernos municipales, estatales y federales que apoyan la penetración del capital (incluidas las empresas del narcotráfico) y criminalizan a las comunidades rebeldes. Como bien señala Eckart Boege en su excelente y vasta obra El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas: “El manejo colectivo de los bienes comunes es un tema soslayado jurídicamente y combatido sistemáticamente por las instituciones del Estado” (INAH-CNDPI, 2008, p. 266).

Caso paradigmático de estas resistencias es Hueyapan, comunidad ubicada en el municipio de Tetela del Volcán, en los llamados altos de Morelos. Por décadas, en la historia contemporánea, esta pequeña población indígena de no más de 7 mil habitantes ha peleado y ganado en sucesivos juicios agrarios la dotación y ampliación de tierras que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 y que los sectores dominantes mestizos de la cabecera municipal, Tetela, han querido arrebatarle aun con la violencia.

El 9 de marzo de este año un grupo armado de Tetela cortó las mangueras del agua proveniente de los veneros cada vez más exiguos del volcán Popocatépetl, ahondando un conflicto que, como tantos en el país, sigue sin resolverse. Ese mismo día, Efraín Soberanes Sánchez, recién nombrado ayudante municipal por la asamblea comunal, fue asesinado en su casa.

El conflicto entre la cabecera municipal mestiza y la comunidad indígena data de la venta de tierras por parte de Tetela del Volcán a la hacienda de San Rafael, a principios del siglo XX. Durante la Revolución, la hacienda fue abandonada y posteriormente ocupada por una fábrica de papel. Años más tarde, cuando deja de funcionar la papelera, Hueyapan y San Miguel Huepalcalco solicitan una ampliación de tierras sobre los terrenos hacendaríos, misma que se les otorga por resolución presidencial del 16 de febrero de 1938, publicada en el Diario Oficial el 28 de marzo de ese mismo año.

El primero de diciembre de 1941 se redactó el acta de posesión y deslinde y se levantaron las mojoneras sin que los ejidatarios de Tetela del Volcán protestaran o mostraran su inconformidad por este acto de dominio. Fue hasta 1992 cuando inician juicio en los tribunales agrarios, donde Hueyapan, Tetela del Volcán y San Miguel Huepalcalco presentan sus documentos respectivos.

En el proceso, el tribunal número 49, con sede en Cuautla, resuelve el 8 de diciembre de 2006 que la comunidad de Tetela del Volcán, municipio del mismo nombre, no acredita la propiedad de los terrenos en conflicto, consistentes en superficies de 664 y 344 hectáreas con que fueron beneficiados los ejidos de San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco, y Hueyapan. Tetela del Volcán pierde también las sucesivas inconformidades y solicitudes de amparo en las instancias superiores, las cuales finalmente resuelven: “Por lo expuesto, fundado y además, con apoyo en los artículos de la ley de amparo se resuelve ÚNICO: La justicia de la Unión no ampara ni protege al comisariado de bienes comunales de Tetela del Volcán… contra el acto que reclamó del Tribunal Superior Agrario, consistente en la sentencia del 22 de mayo del 2007, dictado en el recurso de revisión 1009/2007-49, relativo al juicio agrario numero 4/98-18”.

En este contexto histórico y procesal, cuando estalla el conflicto del agua por la acción de fuerza de Tetela en marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Comisión Independiente de Derechos Humanos y el Frente Morelense contra la Represión denuncian que la situación de enfrentamiento fue provocada por la apatía, negligencia, falta de quehacer político, diálogo e indiferencia de las autoridades hacia las comunidades indígenas. Asimismo, estas organizaciones destacaron que el 26 de mayo de 2008 los diputados locales se negaron a aprobar un punto de acuerdo para dotar de agua potable a las comunidades indígenas del estado, con el pretexto de que el Ejecutivo, a través de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, trabajaba para llevarles el líquido vital.

Sin embargo, el gobierno estatal, lejos de cumplir con esta supuesta acción en marcha y una vez que estalla la violencia, resuelve, en flagrante violación legal y contra toda lógica de justicia, restablecer 50 por ciento del agua a Hueyapan de uno de los manantiales, argumentando razones de una abstracta “paz social” e interpretando la realidad social y jurídica descrita a su conveniencia como una “confrontación entre comunidades”, inventando lo que denomina “polígono en conflicto”, y enviando personal militar y policiaco no para detener a los cortadores de mangueras y destructores de siembras, sino para hostilizar a los pobladores de Hueyapan.

Paralelamente, constato que el gobierno del estado, en contubernio con el presidente municipal electo del PAN –activo azuzador del corte de mangueras– proporciona a la cabecera mestiza 14 pulgadas de agua, mientras la comunidad indígena, legítima y legalmente propietaria de los territorios donde se asientan los manantiales, recibe escasas seis pulgadas de agua. Las autoridades panistas introdujeron ya la posibilidad de la “participación privada” como parte de la “solución”, y manejan la amenaza de declaratorias de áreas naturales protegidas como otra forma de despojo territorial encubierto a comunidades indígenas, mientras Hueyapan se organiza para defender su derecho a tener futuro en un ambiente de tensión e incertidumbre.

Denuncian asesinato de dos miembros de la resistencia hondureña

Según testimonio brindado por familiares se presume que los hechos fueron ejecutados por sicarios, ya que al maestro Contreras no se le despojó de ninguna pertenencia, descartando hasta el momento los indicios de robo, mientras que el dirigente lenca Antonio Leiva fue raptado y su cuerpo encontrado horas después en una aldea de la zona. La COFADEH ha registrado 16 asesinatos y decenas de heridos desde el golpe contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

La resistencia hondureña y organismos de derechos humanos condenaron los asesinatos este viernes maestro Mario Contreras, subdirector del Instituto Abelardo Fortín, y del dirigente lenca Antonio Leiva, ambos miembros de la resistencia, quienes murieron bajo circunstancias que hacen presumir sicariato.

Según el informe preliminar del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) el maestro Contreras se encontraba a 100 metros de su residencia cuando dos hombres desconocidos que se trasladaban en moto le propinaron dos disparos en el rostro. Contreras fue trasladado a un centro hospitalario, pero falleció a los pocos minutos.

El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) también denunció la muerte violenta de Contreras y en un comunicado afirmó que "según testimonio brindado por familiares al CPTRT, se presume que los hechos fueron ejecutados por sicarios, ya que el fallecido no fue despojado de ninguna pertenencia, descartando hasta el momento los indicios de robo".

Este viernes en horas de la tarde, fue encontrado el cuerpo sin vida de otro miembro del frente de la resistencia, el dirigente lenca Antonio Leiva, en la zona de Santa Bárbara al occidente del país. Según las versiones de los allegados, en horas de la mañana fue raptado, y su cuerpo fue hallado en una aldea de esa zona.

Cofadeh ha registrado 16 asesinatos y decenas de heridos desde el golpe contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, que estableció a Roberto Micheletti como gobernante de facto.

"Hemos investigado y documentado adecuadamente los casos de doce personas que han muerto en forma violenta, en la mayoría de ellos producto de la represión de la Policía a manifestaciones populares, y estamos completando la información relativa a otras", dijo la presidenta del Cofadeh Berta Oliva, a los medios internacionales.

"Tenemos docenas y docenas de denuncias de personas que han sido heridas y golpeadas en el marco de las protestas", entre ellas el candidato presidencial independiente Carlos H. Reyes quien se recupera de una severa lesión en uno de sus brazos.

Las autoridades del gobierno de facto sólo reconocen el fallecimiento de un activista el pasado 5 de julio, cuando miles de personas se congregaron en el aeropuerto de Tegucigalpa para recibir al derrocado presidente Manuel Zelaya, a quien finalmente se le impidió aterrizar.

No obstante, las autoridades aseguran que no se sabe con certeza de dónde procedió el disparo que mató al manifestante.

Persecución política

La presidenta de Cofadeh afirmó que su organización tiene información precisa "de 96 personas acusadas ante los tribunales de justicia por el presunto delito de atentar contra la seguridad del Estado, es decir, por sedición, un cargo que es de naturaleza estrictamente política". De esas 96 personas, seis están detenidas en distintos centros penales, incluida una educadora.

Oliva denunció también que varios dirigentes opositores recibieron amenazas de muerte anónimas y que los miembros de Cofadeh temen por su seguridad personal.

Entre los amenazados mencionó al candidato presidencial Carlos Reyes, el líder agrario Rafael Alegría, el dirigente obrero Juan Barahona, la diputada izquierdista Silvia Ayala y el activista de los derechos humanos Andrés Pavón.

La Cofadeh, creada en la década de 1980 por familiares de unas 180 personas desaparecidas por los militares, estudia la posibilidad de presentar denuncias ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional.