A las organizaciones sindicales, sociales y políticas de México y el mundo,
Al pueblo mexicano.
A los medios de comunicación:
Después de la intensa actividad desarrollada ayer 5 de noviembre, fecha en que se colocaron las banderas de huelga en nuestros centros de trabajo y de haber celebrado la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular que acordó la preparación de la Huelga general comenzando con el gran Paro Cívico Nacional del 11 de noviembre, la organización del Comité Nacional de Huelga y la instrumentación de un Plan Nacional de Trabajo y Lucha para las semanas venideras, como muestras de la unidad y combatividad popular, alrededor del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El día de hoy, se efectuó una nueva jornada de nuestra Organización Sindical, en el marco de nuestra defensa intransigente de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), de nuestra Materia de Trabajo, la supervivencia del Contrato Colectivo de Trabajo, y en consecuencia, de nuestro Sindicato.
Dos fueron las actividades centrales llevadas a cabo por nuestros camaradas:
1.- Durante la mañana, se entregó la demanda por despido injustificado y el pago de salarios caídos para los más de 44.000 trabajadores de LyFC, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, actuación jurídica fundamental, toda vez que se ha documentado ampliamente la serie enorme de violaciones al Derecho Laboral Mexicano, realizado por quienes tienen por obligación la aplicación de la Ley federal del Trabajo y solo atienden a los intereses patronales, es decir, Javier Lozano Alarcón y congéneres.
2.- Al filo del medio día, otro contingente de electricistas, encabezado por nuestro Comité Central se presentó a la audiencia en el Tribunal Federal de Justicia en San Lázaro, para conocer la resolución final de la Jueza Guillermina Coutiño Mota, ante la posibilidad de otorgar la suspensión definitiva ante el acto reclamado en vía de amparo sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro presentado por nuestro Sindicato, resolución que se hará publica el próximo lunes 9 de noviembre. Al respecto, habría que destacar que el 4 de noviembre, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) junto con las secretarías de de Energía y de Hacienda presentaron recursos de queja para impugnar ante un tribunal colegiado la suspensión provisional otorgada al SME, queja que fue desechada por ser notoriamente improcedente por la propia jueza Guillermina Coutiño Mota, lo cual es indudablemente un tropiezo para Lozano Alarcón y sus “muchachos”.
Finalmente, también el día de hoy, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó la controversia constitucional contra el decreto de extinción, acto que se agrega a las múltiples muestras de repudio a las medidas Inconstitucionales e Ilegales del gobierno calderonista, en contra de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Sin duda, iremos incrementando nuestras acciones jurídicas y políticas para defender lo que es nuestro, de todos los mexicanos, el Patrimonio Energético y la Soberanía Nacional. El gobierno federal no podrá detener esta inmensa ola de descontento popular, cuyo objetivo final será de modificación del modelo económico y el cambio del régimen político autoritario y represivo, actuales. Lo volvemos a repetir “O son ellos o somos nosotros”
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 6 de noviembre de 2009
Fernando Amezcua Castillo
Secretario del Exterior
Paramilitares atacan nuevamente el municipio autónomo de San Juan Copala
COMUNICADO DE PRENSA
• Atentaron contra la vida del Presidente Municipal, José Ramírez Flores.
• En la agresión murió el señor Héctor Antonio Ramírez Paz, integrante del municipio.
• El asesino fue detenido y confesó quienes planearon el crimen.
• Entre ellos se menciona los dirigentes de la UBISORT y políticos estatales.
• Las agresiones contra las autoridades autónomas y los líderes de los barrios han aumentado en los últimos años.
El municipio autónomo de San Juan Copala, integrado por comunidades y barrios de la región triqui baja, del estado de Oaxaca informa a todos ustedes:
1. El día primero de noviembre, como a las 2:30 de la tarde, el señor Valerio Celestino Pérez, agredió a balazos una reunión que se realizaba en el centro de San Juan Copala, en donde se encontraba el Presidente Municipal autónomo, Sr. José Ramírez Flores, privando de la vida al compañero Héctor Antonio Ramírez Paz.
2. Las personas que se encontraban en la reunión detuvieron al asesino y lo internaron en la cárcel del municipio. Cuando se le conducía a la cárcel a gritos, que todos los presentes escucharon, pidió a sus familiares que fueran con Rufino Juárez y Antonio García Cruz “El Pájaro”, dirigentes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) para que lo ayudaran.
3. Ante estos hechos se convocó a una reunión urgente del Cabildo autónomo, el Consejo de Ancianos y mayordomos, para discutir nuestra sobre la forma de proceder. Finalmente se decidió interrogarlo, levantar el acta de los hechos y entregarlo al Agente del Ministerio Público. Al interrogarlo, frente a un numeroso grupo de personas el asesino admitió lo que a gritos ya había hecho público: que Rufino Juárez Hernández y Antonio García Cruz “El Pájaro”, le pagaron para que asesinara a los miembros del cabildo autónomo y los principales líderes de los barrios que forman parte del municipio autónomo. También dijo que en la preparación de los crímenes participó el Diputado Local por el PRI José Mejía, a través de su hermano.
4. Ese mismo día por la noche se trasladó al detenido a la Agencia del Ministerio Público del estado ubicada en Huajuapan de León, donde se le entregó al Agente del Ministerio Público y se presentaron los testigos de los hechos. Queremos informar que durante estas diligencias el Agente del Ministerio Público insinuó que haberlo detenido y entregado podría configurar el delito de secuestro; también hacer público que al día siguiente se presentó personalmente el señor Rufino Juárez Hernández a exigir se dejara en libertad al detenido porque actuó en defensa propia. Esas acciones nos hacen sospechar de un posible acuerdo con las autoridades estatales para dejarlo en libertad, mas cuando el Subsecretario del Estado ha declarado que se trató de una riña de cantina.
5. Esta nueva agresión contra las autoridades del municipio autónomo se une a todas las que hemos sufrido desde que decidimos construir nuestro propio camino, alejados del control del gobierno y de los partidos políticos. El día 6 de abril del 2008 fueron asesinadas las compañeras Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de nuestra radio “La voz que rompe el silencio”; el trece de junio del presente año, grupos paramilitares ligados a la UBISORT, atacaron por primera vez a las autoridades autónomas en el centro del municipio, asesinando a un niño y dejando herida a su hermana; todo esto mientras un contingente de habitantes del municipio autónomo acompañaba a los compañeros y familiares de preso de los Loxichas, exigiendo su libertad.
6. Desde entonces las agresiones no han cesado. En los últimos días del pasado mes de septiembre en una emboscada se intentó asesinar al dirigente del barrio de Yoxoyuxi y a las autoridades autónomas, acción que fracasó porque durante sus recorridos, la policía comunitaria descubrió los planes. Eso no los detuvo y el 23 de octubre volvieron a atacar con armas de fuego el centro de San Juan Copala, hiriendo a los jóvenes Gregorio Chávez y Alejandro de Jesús Ramírez. Ahora se vuelve a agredirnos, justo cuando nos encontramos preparando la visita de los compañeros de San Salvador Atenco, a quienes recibiremos solidariamente a finales de este mes, en el contexto de las jornadas por la libertad de sus presos políticos.
Al denunciar estos hechos exigimos:
• De las autoridades judiciales que juzguen al asesino Celestino Pérez por la muerte del compañero Héctor Antonio Ramírez Paz. De la misma manera que se detenga y someta a proceso a las personas señaladas por él mismo como autores intelectuales del crimen.
• De los políticos estatales que dejen de inmiscuirse en los asuntos internos del pueblo triquis y específicamente del municipio autónomo de San Juan Copala.
• De las organizaciones sociales su comprensión para que analicen que la violencia en la región no es producto de las rencillas entre triquis sino del control que el gobierno busca ejercer sobre nosotros. Pedimos su solidaridad pronunciándose públicamente sobre los hechos.
Atentamente
Municipio Autónomo de San Juan Copala, 5 de noviembre del 2009
Sr. José Ramírez Flores
Presidente
• Atentaron contra la vida del Presidente Municipal, José Ramírez Flores.
• En la agresión murió el señor Héctor Antonio Ramírez Paz, integrante del municipio.
• El asesino fue detenido y confesó quienes planearon el crimen.
• Entre ellos se menciona los dirigentes de la UBISORT y políticos estatales.
• Las agresiones contra las autoridades autónomas y los líderes de los barrios han aumentado en los últimos años.
El municipio autónomo de San Juan Copala, integrado por comunidades y barrios de la región triqui baja, del estado de Oaxaca informa a todos ustedes:
1. El día primero de noviembre, como a las 2:30 de la tarde, el señor Valerio Celestino Pérez, agredió a balazos una reunión que se realizaba en el centro de San Juan Copala, en donde se encontraba el Presidente Municipal autónomo, Sr. José Ramírez Flores, privando de la vida al compañero Héctor Antonio Ramírez Paz.
2. Las personas que se encontraban en la reunión detuvieron al asesino y lo internaron en la cárcel del municipio. Cuando se le conducía a la cárcel a gritos, que todos los presentes escucharon, pidió a sus familiares que fueran con Rufino Juárez y Antonio García Cruz “El Pájaro”, dirigentes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) para que lo ayudaran.
3. Ante estos hechos se convocó a una reunión urgente del Cabildo autónomo, el Consejo de Ancianos y mayordomos, para discutir nuestra sobre la forma de proceder. Finalmente se decidió interrogarlo, levantar el acta de los hechos y entregarlo al Agente del Ministerio Público. Al interrogarlo, frente a un numeroso grupo de personas el asesino admitió lo que a gritos ya había hecho público: que Rufino Juárez Hernández y Antonio García Cruz “El Pájaro”, le pagaron para que asesinara a los miembros del cabildo autónomo y los principales líderes de los barrios que forman parte del municipio autónomo. También dijo que en la preparación de los crímenes participó el Diputado Local por el PRI José Mejía, a través de su hermano.
4. Ese mismo día por la noche se trasladó al detenido a la Agencia del Ministerio Público del estado ubicada en Huajuapan de León, donde se le entregó al Agente del Ministerio Público y se presentaron los testigos de los hechos. Queremos informar que durante estas diligencias el Agente del Ministerio Público insinuó que haberlo detenido y entregado podría configurar el delito de secuestro; también hacer público que al día siguiente se presentó personalmente el señor Rufino Juárez Hernández a exigir se dejara en libertad al detenido porque actuó en defensa propia. Esas acciones nos hacen sospechar de un posible acuerdo con las autoridades estatales para dejarlo en libertad, mas cuando el Subsecretario del Estado ha declarado que se trató de una riña de cantina.
5. Esta nueva agresión contra las autoridades del municipio autónomo se une a todas las que hemos sufrido desde que decidimos construir nuestro propio camino, alejados del control del gobierno y de los partidos políticos. El día 6 de abril del 2008 fueron asesinadas las compañeras Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de nuestra radio “La voz que rompe el silencio”; el trece de junio del presente año, grupos paramilitares ligados a la UBISORT, atacaron por primera vez a las autoridades autónomas en el centro del municipio, asesinando a un niño y dejando herida a su hermana; todo esto mientras un contingente de habitantes del municipio autónomo acompañaba a los compañeros y familiares de preso de los Loxichas, exigiendo su libertad.
6. Desde entonces las agresiones no han cesado. En los últimos días del pasado mes de septiembre en una emboscada se intentó asesinar al dirigente del barrio de Yoxoyuxi y a las autoridades autónomas, acción que fracasó porque durante sus recorridos, la policía comunitaria descubrió los planes. Eso no los detuvo y el 23 de octubre volvieron a atacar con armas de fuego el centro de San Juan Copala, hiriendo a los jóvenes Gregorio Chávez y Alejandro de Jesús Ramírez. Ahora se vuelve a agredirnos, justo cuando nos encontramos preparando la visita de los compañeros de San Salvador Atenco, a quienes recibiremos solidariamente a finales de este mes, en el contexto de las jornadas por la libertad de sus presos políticos.
Al denunciar estos hechos exigimos:
• De las autoridades judiciales que juzguen al asesino Celestino Pérez por la muerte del compañero Héctor Antonio Ramírez Paz. De la misma manera que se detenga y someta a proceso a las personas señaladas por él mismo como autores intelectuales del crimen.
• De los políticos estatales que dejen de inmiscuirse en los asuntos internos del pueblo triquis y específicamente del municipio autónomo de San Juan Copala.
• De las organizaciones sociales su comprensión para que analicen que la violencia en la región no es producto de las rencillas entre triquis sino del control que el gobierno busca ejercer sobre nosotros. Pedimos su solidaridad pronunciándose públicamente sobre los hechos.
Atentamente
Municipio Autónomo de San Juan Copala, 5 de noviembre del 2009
Sr. José Ramírez Flores
Presidente
Mujeres y paramilitares en Oaxaca
Por:SARA LOVERA (REVISTA PROCESO)
MÉXICO D.F., 5 de noviembre (apro).- La madrugada del pasado 28 de octubre, "encapuchados" y usando armas de alto poder, asaltaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UABJO) llevándose equipo por 2 millones de pesos, luego de someter a los guardias. Una acción conectada con la existencia en la entidad de "exmercenarios" que incluso han amenazado a empresarios de la entidad.
Dos días después del asalto, documentos clasificados del archivo de George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, revelaron que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, donde califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes y provocó un conflicto que, según la opinión del gobierno estadounidense, "pudo incendiar al país".
Ambos hechos sucedieron dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró culpable a Ulises Ruiz de violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca, durante el conflicto magisterial de 2006.
El gobernador de Oaxaca fue responsable de violaciones graves ocurridas en esa entidad como los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías, a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.
Los mercenarios y las fuerzas federales atacaron un 19 de noviembre a una marcha de mujeres con el uso de gases "picantes" y detuvo a 44 mujeres que fueron llevadas inopinadamente a una cárcel especial en el estado de Nayarit, donde algunas declararon abusos sexuales y maltratos; durante meses maestras, mujeres de la sociedad y de los pueblos indígenas fueron y son todavía, hostigadas por ese gobierno.
A pesar de todo ello, Ulises Ruiz se niega a renunciar y los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo protegen y cobijan, ante la posibilidad de un juicio político al que es acreedor, ello como un signo funesto en esta hora del país, donde menudean las denuncias de que los gobiernos mexicanos han fomentado la creación de grupos paramilitares, que hoy actúan en nombre de la persecución al crimen organizado.
En Oaxaca adicionalmente se libra una acometida social contra las modificaciones constitucionales en 16 entidades, para impedir la libertad de las mujeres a realizarse abortos legales y previstos en nuestras leyes desde el triunfo de la Revolución, cuyas fiestas centenarias se anuncian con bombos y platillos.
El panorama es inseguro y fatal. Hay una relación de hechos que no puede obviarse: gobierno autoritario, persecución de la protesta social que en Oaxaca escenificó algo cercano a una guerra civil; existen secuelas políticas y emocionales. Así recuerdan las mujeres de la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca (COMO); hay militantes que emigraron por temor a ser apresadas; otras no han podido equilibrar su vida y ahora está ahí la funesta beligerancia contra las libertades femeninas, como es la de la legal interrupción del embarazo.
Y Ulises Ruiz y sus protectores, bien gracias. De ello no es inocente el gobierno federal, presidido en 2006 por Vicente Fox, hoy a cargo de Felipe Calderón, que parece no estar implicado y tiene oídos sordos.
Mientas la declaración de la SCJN dice textual que la resolución sólo tiene carácter de recomendación, se le notificó al ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, las autoridades federales podrán ignorarla o no. Inaudito.
Documentos desclasificados
De acuerdo con información del diario Milenio, los documentos desclasificados –sin conocer aquéllos que están en manos de la CIA- establecen que el gobierno de los Estados Unidos, estuvo alerta y dio seguimiento a la crisis social de Oaxaca en 2006.
Los cables obtenidos por dicho diario dejan en claro cuál fue la opinión del gobierno de Washington: Ulises Ruiz "usó mercenarios" para sostenerse en el poder; Elba Esther Gordillo quiso aprovechar el conflicto para su beneficio político personal y el gobierno federal se atemorizó ante el riesgo de un "estallido más amplio".
Relatan que en las primeras horas del 30 de octubre de 2006 un mensaje urgente fue enviado por la embajada de Estados Unidos a distintas oficinas en Washington, entre ellas la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Departamento de Seguridad Interna y los Comandos del Norte y el Sur del Pentágono.
El motivo de la comunicación: el inicio del fin de la revuelta oaxaqueña, la entrada de la Policía Federal Preventiva para retomar el control de Oaxaca y aplastar a la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO).
"La crisis en Oaxaca ha alcanzado un nuevo nivel", se leía en el mensaje, marcado como "sensible" y con "prioridad 3959", argot empleado para definir documentos que sólo pueden ser vistos por los funcionarios de más alto nivel, dice la información publicada.
Los detalles de las comunicaciones diplomáticas hacen notar los intereses de la Casa Blanca, no obstante señalan que "… Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca y señala que muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México".
Para pensar cómo nos ven, la nota periodística añade que una de las reflexiones establece que la llegada de la PFP literalmente salvó el pellejo al gobernador oaxaqueño. "Por el momento no queda claro qué tanta presión pueda ejercer todavía la APPO (…) pero queda claro que la intervención federal ha salvado a Ruiz, al limitar la autonomía de la APPO en Oaxaca", es decir la intervención a favor de Vicente Fox, al que dejó a salvo, también, la recomendación de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo visto las secuelas serían aun graves el día de hoy. Empresarios de Oaxaca, han confiado a periodistas locales, cómo los "mercenarios" están actuando como "Zetas" amenazándolos y cobrándoles "rentas para darles seguridad".
Podría no estar lejos de estas versiones de la vida cotidiana la incursión en las instalaciones universitarias por "encapuchados" armados que siguen haciendo de las suyas. No se trata de la primera vez, según versiones de los grupos de mujeres y fuentes periodísticas. Lo grave es lo que sucede en la vida cotidiana, aún hoy, se viven momentos de temor, por un simple robo.
Una situación como ésta, a la que se niegan los prianistas a discutir y resolver, mientras asestan el golpe económico a la población trabajadora -los que pagan el ISR-, vuelven a poner en el centro la grave situación de confusión e ingobernabilidad que se vive en importantes sectores de la población mexicana.
Las revelaciones de los documentos desclasificados y las recomendaciones de la SCJN, en un país civilizado, en éste donde se habla del estado de Derecho, obligaría a juzgar a Ulises Ruiz, pero no, hoy los partidos políticos -todos- y como diría una amiga, los políticos de siempre, están ya enfrascados en el asunto de la sucesión gubernamental que en Oaxaca habrá de desarrollarse a partir de febrero de 2010, mientras los ojos y las palabras temerosas de las mujeres crecen.
Los cambios de la Constitución para darle derechos al feto, ya amenazan con encarcelar –como en Guanajuato- a las mujeres, verdaderas presas de conciencia, por interrumpirse un embarazo.
Hoy, nadie puede transitar tranquilamente por las calles y las plazas de Oaxaca, donde se recrudece el recuerdo de días aciagos, que se cerraron y permanecen sin justicia.
MÉXICO D.F., 5 de noviembre (apro).- La madrugada del pasado 28 de octubre, "encapuchados" y usando armas de alto poder, asaltaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UABJO) llevándose equipo por 2 millones de pesos, luego de someter a los guardias. Una acción conectada con la existencia en la entidad de "exmercenarios" que incluso han amenazado a empresarios de la entidad.
Dos días después del asalto, documentos clasificados del archivo de George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, revelaron que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, donde califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes y provocó un conflicto que, según la opinión del gobierno estadounidense, "pudo incendiar al país".
Ambos hechos sucedieron dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró culpable a Ulises Ruiz de violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca, durante el conflicto magisterial de 2006.
El gobernador de Oaxaca fue responsable de violaciones graves ocurridas en esa entidad como los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías, a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.
Los mercenarios y las fuerzas federales atacaron un 19 de noviembre a una marcha de mujeres con el uso de gases "picantes" y detuvo a 44 mujeres que fueron llevadas inopinadamente a una cárcel especial en el estado de Nayarit, donde algunas declararon abusos sexuales y maltratos; durante meses maestras, mujeres de la sociedad y de los pueblos indígenas fueron y son todavía, hostigadas por ese gobierno.
A pesar de todo ello, Ulises Ruiz se niega a renunciar y los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo protegen y cobijan, ante la posibilidad de un juicio político al que es acreedor, ello como un signo funesto en esta hora del país, donde menudean las denuncias de que los gobiernos mexicanos han fomentado la creación de grupos paramilitares, que hoy actúan en nombre de la persecución al crimen organizado.
En Oaxaca adicionalmente se libra una acometida social contra las modificaciones constitucionales en 16 entidades, para impedir la libertad de las mujeres a realizarse abortos legales y previstos en nuestras leyes desde el triunfo de la Revolución, cuyas fiestas centenarias se anuncian con bombos y platillos.
El panorama es inseguro y fatal. Hay una relación de hechos que no puede obviarse: gobierno autoritario, persecución de la protesta social que en Oaxaca escenificó algo cercano a una guerra civil; existen secuelas políticas y emocionales. Así recuerdan las mujeres de la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca (COMO); hay militantes que emigraron por temor a ser apresadas; otras no han podido equilibrar su vida y ahora está ahí la funesta beligerancia contra las libertades femeninas, como es la de la legal interrupción del embarazo.
Y Ulises Ruiz y sus protectores, bien gracias. De ello no es inocente el gobierno federal, presidido en 2006 por Vicente Fox, hoy a cargo de Felipe Calderón, que parece no estar implicado y tiene oídos sordos.
Mientas la declaración de la SCJN dice textual que la resolución sólo tiene carácter de recomendación, se le notificó al ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, las autoridades federales podrán ignorarla o no. Inaudito.
Documentos desclasificados
De acuerdo con información del diario Milenio, los documentos desclasificados –sin conocer aquéllos que están en manos de la CIA- establecen que el gobierno de los Estados Unidos, estuvo alerta y dio seguimiento a la crisis social de Oaxaca en 2006.
Los cables obtenidos por dicho diario dejan en claro cuál fue la opinión del gobierno de Washington: Ulises Ruiz "usó mercenarios" para sostenerse en el poder; Elba Esther Gordillo quiso aprovechar el conflicto para su beneficio político personal y el gobierno federal se atemorizó ante el riesgo de un "estallido más amplio".
Relatan que en las primeras horas del 30 de octubre de 2006 un mensaje urgente fue enviado por la embajada de Estados Unidos a distintas oficinas en Washington, entre ellas la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Departamento de Seguridad Interna y los Comandos del Norte y el Sur del Pentágono.
El motivo de la comunicación: el inicio del fin de la revuelta oaxaqueña, la entrada de la Policía Federal Preventiva para retomar el control de Oaxaca y aplastar a la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO).
"La crisis en Oaxaca ha alcanzado un nuevo nivel", se leía en el mensaje, marcado como "sensible" y con "prioridad 3959", argot empleado para definir documentos que sólo pueden ser vistos por los funcionarios de más alto nivel, dice la información publicada.
Los detalles de las comunicaciones diplomáticas hacen notar los intereses de la Casa Blanca, no obstante señalan que "… Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca y señala que muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México".
Para pensar cómo nos ven, la nota periodística añade que una de las reflexiones establece que la llegada de la PFP literalmente salvó el pellejo al gobernador oaxaqueño. "Por el momento no queda claro qué tanta presión pueda ejercer todavía la APPO (…) pero queda claro que la intervención federal ha salvado a Ruiz, al limitar la autonomía de la APPO en Oaxaca", es decir la intervención a favor de Vicente Fox, al que dejó a salvo, también, la recomendación de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo visto las secuelas serían aun graves el día de hoy. Empresarios de Oaxaca, han confiado a periodistas locales, cómo los "mercenarios" están actuando como "Zetas" amenazándolos y cobrándoles "rentas para darles seguridad".
Podría no estar lejos de estas versiones de la vida cotidiana la incursión en las instalaciones universitarias por "encapuchados" armados que siguen haciendo de las suyas. No se trata de la primera vez, según versiones de los grupos de mujeres y fuentes periodísticas. Lo grave es lo que sucede en la vida cotidiana, aún hoy, se viven momentos de temor, por un simple robo.
Una situación como ésta, a la que se niegan los prianistas a discutir y resolver, mientras asestan el golpe económico a la población trabajadora -los que pagan el ISR-, vuelven a poner en el centro la grave situación de confusión e ingobernabilidad que se vive en importantes sectores de la población mexicana.
Las revelaciones de los documentos desclasificados y las recomendaciones de la SCJN, en un país civilizado, en éste donde se habla del estado de Derecho, obligaría a juzgar a Ulises Ruiz, pero no, hoy los partidos políticos -todos- y como diría una amiga, los políticos de siempre, están ya enfrascados en el asunto de la sucesión gubernamental que en Oaxaca habrá de desarrollarse a partir de febrero de 2010, mientras los ojos y las palabras temerosas de las mujeres crecen.
Los cambios de la Constitución para darle derechos al feto, ya amenazan con encarcelar –como en Guanajuato- a las mujeres, verdaderas presas de conciencia, por interrumpirse un embarazo.
Hoy, nadie puede transitar tranquilamente por las calles y las plazas de Oaxaca, donde se recrudece el recuerdo de días aciagos, que se cerraron y permanecen sin justicia.
COMUNICADO: NUEVA ORDEN DE APREHENSION A LIDER DE RADIO COMUNITARIA EN GUERRERO
Herman@s, compañer@s de lucha, organizaciones sociales, organizaciones y comunidades indígenas, Centros independientes de Derechos Humanos, ONGs, Colectivos y compañer@s en lo individual, Radios y Medios Libres y comunitarias:
Una vez más nos dirigimos a ustedes para solicitar su solidaridad y darles a conocer la situación que estamos viviendo como pueblo, como organización y en especial la difícil situación que está viviendo nuestro compañero David Valtierra Arango, uno de los fundadores de Radio Ñomndaa.
Como tod@s ustedes ya tienen conocimiento, nosotr@s somos una pequeña organización que es parte de una lucha más amplia: la lucha por el respeto y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios de este país y en la medida de nuestras limitadas posibilidades, en los últimos casi cinco años, hemos estado ejerciendo en los hechos, el derecho que como pueblo tenemos a poseer y operar nuestros propios medios de comunicación, como es Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. Como ya les hemos venido informando, desde que iniciamos transmisiones hemos recibido hostigamiento y criminalización de nuestra lucha por parte de las autoridades federales, estatales y municipales y de caciques de la región. En comunicados pasados les hemos dado a conocer varios casos de represión, hostigamiento y persecución jurídica que hemos padecido por defender nuestros legítimos derechos. Queremos en esta ocasión darles a conocer que el día viernes 30 de octubre del presente año, hemos confirmado con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” que nuevamente nuestro compañero David Valtierra Arango tiene otra demanda en su contra, ahora bajo la causa penal 257-III/2009 y que desde el día 13 de octubre del presente año, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito de Abasolo con sede en Ometepec, Gro., el Lic. Derly Arnaldo Alderete Cruz, ha girado la orden de aprehensión en contra de nuestro compañero, quien está acusado por los delitos de “privación de la libertad personal y robo, en agravio de Ariosto Rocha Ramírez”. Queremos recordarles que es la segunda demanda que enfrenta nuestro compañero, actualmente ya va para dos años que está enfrentando un delito igual, “por privación ilegal de la libertad personal en agravio de Narcico García” por lo que está bajo fianza y cada fin de semana ha tenido que ir a firmar al mencionado juzgado. Ambas demandas están basadas en invenciones y mentiras, y como ustedes ya se habrán dado cuenta, esto es una persecución, es la criminalización del trabajo de nuestro compañero por participar de manera decidida en los defensa de nuestro derechos indígenas ante los hechos arbitrarios de la cacique priísta Aceadth Rocha Ramírez, actual diputada local, dos veces presidente municipal de Xochistlahuaca y varias veces diputada local. Como es muy evidente y como lo hemos venido denunciando, detrás de estas demandas está la mencionada cacique. Ahora el “agraviado” es su hermano Ariosto Rocha Ramírez, quien es conductor del “espacio noticiero” de la radio pirata “La líder” propiedad de la cacique, instrumento de desinformación y ataque a los opositores. Según nos hemos enterados, no es solamente nuestro compañero David Valtierra Arango el que cuenta con orden de aprehensión, sino que hay vari@s opositores de los diferentes partidos políticos que han disputado el poder al gobierno caciquil de Aceadth Rocha Ramírez. Con esto es muy evidente la persecución a todo opositor que resiste o denuncia los robos, las injusticias, los saqueos, malversaciones de los recursos públicos de parte del gobierno caciquil. El día de hoy domingo 01 de noviembre, se llevaron a cabo varios operativos a cargo del Ministerio Público con la finalidad de aprehender a los opositores: se puso un operativo en la entrada a la comunidad de Xochistlahuaca, otro operativo en el lugar conocido como “las cruces”, desviación hacia Tlacoachistlahuaca, afortunadamente hasta el momento nadie ha caído. Con estos hechos en pleno días de fiesta de los muertos, se intimida y se hostiga a los opositores, todo esto bajo la aprobación del “estado de derecho” y con el respaldo de las instancias de “procuración y justicia”, que como todos ya lo sabemos porque lo hemos padecido, se vende al mejor postor.
Ante estos hechos, no nos queda más que acudir a su solidaridad, solicitando la difusión de estos hechos y pedirles que estén al pendiente de lo que pudiera ocurrir en Xochistlahuaca en estos días que vienen.
Por nuestra parte vamos a seguir informándoles, ya estamos también organizándonos para detener de manera colectiva, como pueblo y como organización este nuevo ataque de la cacique.
¡Ni un compañer@ más a la cárcel!
¡Libertad a tod@s l@s pres@s políticos!
¡Nunca más un México sin Nosotr@s!
¡Nunca más un México sin Nuestra Palabra!
Atentamente
Coordinación General de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua.
Suljaa’, Guerrero, México, a 01 de Noviembre del 2009.
--
La Palabra del Pueblo es Libre, Rebelde y Verdadera!
Una vez más nos dirigimos a ustedes para solicitar su solidaridad y darles a conocer la situación que estamos viviendo como pueblo, como organización y en especial la difícil situación que está viviendo nuestro compañero David Valtierra Arango, uno de los fundadores de Radio Ñomndaa.
Como tod@s ustedes ya tienen conocimiento, nosotr@s somos una pequeña organización que es parte de una lucha más amplia: la lucha por el respeto y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios de este país y en la medida de nuestras limitadas posibilidades, en los últimos casi cinco años, hemos estado ejerciendo en los hechos, el derecho que como pueblo tenemos a poseer y operar nuestros propios medios de comunicación, como es Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua. Como ya les hemos venido informando, desde que iniciamos transmisiones hemos recibido hostigamiento y criminalización de nuestra lucha por parte de las autoridades federales, estatales y municipales y de caciques de la región. En comunicados pasados les hemos dado a conocer varios casos de represión, hostigamiento y persecución jurídica que hemos padecido por defender nuestros legítimos derechos. Queremos en esta ocasión darles a conocer que el día viernes 30 de octubre del presente año, hemos confirmado con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” que nuevamente nuestro compañero David Valtierra Arango tiene otra demanda en su contra, ahora bajo la causa penal 257-III/2009 y que desde el día 13 de octubre del presente año, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito de Abasolo con sede en Ometepec, Gro., el Lic. Derly Arnaldo Alderete Cruz, ha girado la orden de aprehensión en contra de nuestro compañero, quien está acusado por los delitos de “privación de la libertad personal y robo, en agravio de Ariosto Rocha Ramírez”. Queremos recordarles que es la segunda demanda que enfrenta nuestro compañero, actualmente ya va para dos años que está enfrentando un delito igual, “por privación ilegal de la libertad personal en agravio de Narcico García” por lo que está bajo fianza y cada fin de semana ha tenido que ir a firmar al mencionado juzgado. Ambas demandas están basadas en invenciones y mentiras, y como ustedes ya se habrán dado cuenta, esto es una persecución, es la criminalización del trabajo de nuestro compañero por participar de manera decidida en los defensa de nuestro derechos indígenas ante los hechos arbitrarios de la cacique priísta Aceadth Rocha Ramírez, actual diputada local, dos veces presidente municipal de Xochistlahuaca y varias veces diputada local. Como es muy evidente y como lo hemos venido denunciando, detrás de estas demandas está la mencionada cacique. Ahora el “agraviado” es su hermano Ariosto Rocha Ramírez, quien es conductor del “espacio noticiero” de la radio pirata “La líder” propiedad de la cacique, instrumento de desinformación y ataque a los opositores. Según nos hemos enterados, no es solamente nuestro compañero David Valtierra Arango el que cuenta con orden de aprehensión, sino que hay vari@s opositores de los diferentes partidos políticos que han disputado el poder al gobierno caciquil de Aceadth Rocha Ramírez. Con esto es muy evidente la persecución a todo opositor que resiste o denuncia los robos, las injusticias, los saqueos, malversaciones de los recursos públicos de parte del gobierno caciquil. El día de hoy domingo 01 de noviembre, se llevaron a cabo varios operativos a cargo del Ministerio Público con la finalidad de aprehender a los opositores: se puso un operativo en la entrada a la comunidad de Xochistlahuaca, otro operativo en el lugar conocido como “las cruces”, desviación hacia Tlacoachistlahuaca, afortunadamente hasta el momento nadie ha caído. Con estos hechos en pleno días de fiesta de los muertos, se intimida y se hostiga a los opositores, todo esto bajo la aprobación del “estado de derecho” y con el respaldo de las instancias de “procuración y justicia”, que como todos ya lo sabemos porque lo hemos padecido, se vende al mejor postor.
Ante estos hechos, no nos queda más que acudir a su solidaridad, solicitando la difusión de estos hechos y pedirles que estén al pendiente de lo que pudiera ocurrir en Xochistlahuaca en estos días que vienen.
Por nuestra parte vamos a seguir informándoles, ya estamos también organizándonos para detener de manera colectiva, como pueblo y como organización este nuevo ataque de la cacique.
¡Ni un compañer@ más a la cárcel!
¡Libertad a tod@s l@s pres@s políticos!
¡Nunca más un México sin Nosotr@s!
¡Nunca más un México sin Nuestra Palabra!
Atentamente
Coordinación General de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua.
Suljaa’, Guerrero, México, a 01 de Noviembre del 2009.
--
La Palabra del Pueblo es Libre, Rebelde y Verdadera!
Raúl Plascencia Villanueva, nuevo titular de la CNDH
# Elige Senado a nuevo ombudsman nacional
# Rechazo de sociedad civil y diputados al nombramiento
Leonardo Bastida Aguilar
El ex ombudusman capitalino, garantía de cambio en la CNDH, dijeron activistas. Foto: Carlos Dávila
México DF, noviembre 05 de 2009.
En medio del silencio de la sala de sesiones y una apresurada lectura del resultado por parte del presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete, fue electo con 78 votos, Raúl Plascencia Villanueva como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el período 2009-2014 por la Cámara de Senadores.
Tras formar una terna y obtener las dos terceras partes los votos requeridos, Plascencia Villanueva fungirá como titular de la CNDH a partir del 16 de noviembre de este año hasta el 15 de noviembre de 2014 con la posibilidad de una reelección.
Durante una primera vuelta, Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, obtuvo 32 votos, Luis Raúl González Pérez, ex visitador de la CNDH, seis; y Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador de la CNDH, 75, por lo cual ninguno de los tres reunió las dos terceras partes requeridas para ser elegido titular de la CND, por lo que se convocó a una ronda de votación.
En la segunda vuelta, Álvarez Icaza registró 32 votos, González Pérez, dos y Plascencia Villanueva, 78, dos votos más que en la primera ronda con lo cual obtuvo las dos terceras partes requeridas para ocupar el cargo en disputa.
Previo al inicio de las votaciones, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) René Arce, indicó que ante la violencia que se vive en el país, se requiere de una voz con solvencia y fuerza para emitir recomendaciones y que estas se cumplan.
Agregó que el próximo ombudsman nacional debe velar por el Estado laico y no se deje vencer por sus creencias personales que pueden afectar a muchas personas.
Por su parte, Claudia Curichi, senadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que no se tenía que repetir el error cometido durante la elección del Procurador General de Justicia de la República, Arturo Chávez Chávez –rechazado por buena parte de la sociedad civil organizada-, por lo que se debería de poner al frente de la CNDH a alguien que tenga valor y a los poderes políticos.
La senadora del PRD recordó que Emilio Álvarez Icaza fue criticado por respetar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por lo que esta elección se puede leer como un acuerdo para que sea alguien a modo al Ejecutivo, lo cual consideró un “grave error político”.
Raúl Plascencia Villanueva ha sido considerado por diversas organizaciones de la sociedad civil como representante del continuismo de la gestión de José Luis Soberanes, por lo cual “no es un verdadero defensor de los derechos humanos”, señalaron las organizaciones.
Los activistas que dieron seguimiento al proceso de sucesión del titular de la CNDH, calificaron la actitud del Senado como “reprobable” al colocar a un “represor” y “persona vinculada con el narcotráfico” en la CNDH ya que la labor de Plascencia ha sido “nefasta” y nunca apeló a una verdadera defensa de los derechos humanos.
Tras calificar el proceso de sucesión del titular de la CNDH como una “farsa”, advirtieron que fue un voto en bloque por parte del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, muestra clara de que al gobierno federal “no le interesa respetar los derechos humanos, como quedó demostrado al ser nombrado al frente de la PGR a Chávez Chávez y ahora, Raúl Plascencia en la CNDH, ambos ad hoc al gobierno de Calderón”.
Por su parte, la diputada federal Enoé Uranga consideró que el nombramiento de Raúl Plascencia Villanueva, significa el “continuismo de un sistema que ha demostrado su inefectividad”, aunado a que su elección indica que la CNDH es una “ficha de cambio” en la repartición de los puestos de poder.
“Es la peor noticia para los defensores de los derechos humanos en el país”, dijo la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien consideró como inaceptable, bajo cualquier circunstancia, que Plascencia Villanueva sea el nuevo ombudsman nacional, pues significa que la cancelación del compromiso imparcial en la defensa de los derechos humanos que debe prevalecer en la Comisión.
La diputada del PRD, señaló que para las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, con independencia de cualquier partido político, el nombramiento de Plascencia Villanueva implica un “enorme retroceso en esta lucha, dado los intereses a los que representa”.
# Rechazo de sociedad civil y diputados al nombramiento
Leonardo Bastida Aguilar
El ex ombudusman capitalino, garantía de cambio en la CNDH, dijeron activistas. Foto: Carlos Dávila
México DF, noviembre 05 de 2009.
En medio del silencio de la sala de sesiones y una apresurada lectura del resultado por parte del presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete, fue electo con 78 votos, Raúl Plascencia Villanueva como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el período 2009-2014 por la Cámara de Senadores.
Tras formar una terna y obtener las dos terceras partes los votos requeridos, Plascencia Villanueva fungirá como titular de la CNDH a partir del 16 de noviembre de este año hasta el 15 de noviembre de 2014 con la posibilidad de una reelección.
Durante una primera vuelta, Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, obtuvo 32 votos, Luis Raúl González Pérez, ex visitador de la CNDH, seis; y Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador de la CNDH, 75, por lo cual ninguno de los tres reunió las dos terceras partes requeridas para ser elegido titular de la CND, por lo que se convocó a una ronda de votación.
En la segunda vuelta, Álvarez Icaza registró 32 votos, González Pérez, dos y Plascencia Villanueva, 78, dos votos más que en la primera ronda con lo cual obtuvo las dos terceras partes requeridas para ocupar el cargo en disputa.
Previo al inicio de las votaciones, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) René Arce, indicó que ante la violencia que se vive en el país, se requiere de una voz con solvencia y fuerza para emitir recomendaciones y que estas se cumplan.
Agregó que el próximo ombudsman nacional debe velar por el Estado laico y no se deje vencer por sus creencias personales que pueden afectar a muchas personas.
Por su parte, Claudia Curichi, senadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que no se tenía que repetir el error cometido durante la elección del Procurador General de Justicia de la República, Arturo Chávez Chávez –rechazado por buena parte de la sociedad civil organizada-, por lo que se debería de poner al frente de la CNDH a alguien que tenga valor y a los poderes políticos.
La senadora del PRD recordó que Emilio Álvarez Icaza fue criticado por respetar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por lo que esta elección se puede leer como un acuerdo para que sea alguien a modo al Ejecutivo, lo cual consideró un “grave error político”.
Raúl Plascencia Villanueva ha sido considerado por diversas organizaciones de la sociedad civil como representante del continuismo de la gestión de José Luis Soberanes, por lo cual “no es un verdadero defensor de los derechos humanos”, señalaron las organizaciones.
Los activistas que dieron seguimiento al proceso de sucesión del titular de la CNDH, calificaron la actitud del Senado como “reprobable” al colocar a un “represor” y “persona vinculada con el narcotráfico” en la CNDH ya que la labor de Plascencia ha sido “nefasta” y nunca apeló a una verdadera defensa de los derechos humanos.
Tras calificar el proceso de sucesión del titular de la CNDH como una “farsa”, advirtieron que fue un voto en bloque por parte del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, muestra clara de que al gobierno federal “no le interesa respetar los derechos humanos, como quedó demostrado al ser nombrado al frente de la PGR a Chávez Chávez y ahora, Raúl Plascencia en la CNDH, ambos ad hoc al gobierno de Calderón”.
Por su parte, la diputada federal Enoé Uranga consideró que el nombramiento de Raúl Plascencia Villanueva, significa el “continuismo de un sistema que ha demostrado su inefectividad”, aunado a que su elección indica que la CNDH es una “ficha de cambio” en la repartición de los puestos de poder.
“Es la peor noticia para los defensores de los derechos humanos en el país”, dijo la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien consideró como inaceptable, bajo cualquier circunstancia, que Plascencia Villanueva sea el nuevo ombudsman nacional, pues significa que la cancelación del compromiso imparcial en la defensa de los derechos humanos que debe prevalecer en la Comisión.
La diputada del PRD, señaló que para las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, con independencia de cualquier partido político, el nombramiento de Plascencia Villanueva implica un “enorme retroceso en esta lucha, dado los intereses a los que representa”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación deja en impunidad total el Caso Acteal
Difusión Cencos México D.F.
Boletín de prensa No. 36
Frayba
Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas entregan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pruebas de la participación del
Ejército Mexicano en la estrategia contrainsurgente en Chiapas.
Se confirma crimen de Estado, a través de los archivos desclasificados en relación a la creación de grupos paramilitares en Chiapas.
El día de ayer de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó su participación en la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas, dejando en impunidad lo mínimo que se había avanzado en la justicia en la Masacre de Acteal, dejando libre a 9 personas más, que participaron en la masacre ocurrida el 22 de diciembre 1997 y que fueron reconocidas plenamente por las víctimas y sobrevivientes.
El argumento de los ministros en el cual basaron su decisión fue sobre todo, que se violaron garantías a un debido proceso, ya que las actuaciones judiciales estuvieron plagadas de irregularidades. Estas aseveraciones que refieren los ministros, desestiman las pruebas aportadas por los sobrevivientes, testigos de la masacre; además es preciso señalar que la decisión de la SCJN no fue en el sentido de juzgar si eran inocentes, a pesar de que en el largo proceso judicial y en diversas ocasiones testigos reafirman a las personas hoy liberadas como los autores materiales de la masacre.
Simultáneamente, en Washington D.C. la Organización Sociedad Civil Las Abejas (Las Abejas) e integrantes de este Centro de Derechos Humanos hicieron entrega a funcionarios, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un documento sobre los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano, a través de la SCJN.
Este Centro pidió a la CIDH que por su conducto se solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la implementación de medidas provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la masacre, así como de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente a su vida e integridad personal por las posibles represalias y/o venganza que tomen los autores materiales de la masacre recientemente liberados, debido a que en la región aún existen armas de fuego en manos de los grupos paramilitares.
Esta resolución de la SCJN, pone en evidencia de manera contundente que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general, dejando de observar el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación del daño, y medidas de no repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales, evitar la impunidad y un mayor daño psicológico a las víctimas.
Los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa.
El 20 de agosto de 2009, Kate Doyle directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en la Universidad George Washington, dio a conocer en diversos medios de comunicación en México, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés), en los que se describen el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas:
A mediados de 1994 el Ejército Mexicano tenía la aprobación presidencial de establecer equipos militares a cargo de promocionar grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El propósito era de ayudar a personal indígena local a resistir al EZLN (…) encargada de juntar inteligencia de comunidades indígenas primero en los Altos y las cañadas (…) con el propósito de tener otras unidades similares operando en áreas alrededor de las comunidades zapatistas (…) el Ejército creó equipos especiales de Inteligencia Humana (Humint) (…) compuestos primero de agentes jóvenes del rango de segundo y primero capitán, así como de sargentos de élite que hablaban los dialectos regionales… y así (…) recoger información de inteligencia, los equipos de Humint del Ejército ayudaban a los grupos armados con adiestramiento y protección... [1]
En el documento intitulado “Archivos Improcedentes”, la directora del Proyecto México señala que:
“Desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha ofrecido múltiples versiones acerca de la participación militar en la zona conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA contradice directamente la historia oficial sobre la masacre relatada por el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo. En el reporte emitido por el procurador general Jorge Madrazo en 1998, el denominado Libro Blanco sobre Acteal, el gobierno afirmó que [la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas]”.
Antecedentes
El 12 de agosto del presente año, la SCJN ordenó la liberación de 20 personas señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal (Boletín de Prensa No. 28).
A 11 años y 10 meses Las Abejas, no ha encontrado una verdadera justicia ante este crimen de lesa humanidad perpetrado en contra de 45 indígenas tsotsiles y 4 no nacidos del municipio de Chenalhó, Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Boletín de prensa No. 36
Frayba
Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas entregan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pruebas de la participación del
Ejército Mexicano en la estrategia contrainsurgente en Chiapas.
Se confirma crimen de Estado, a través de los archivos desclasificados en relación a la creación de grupos paramilitares en Chiapas.
El día de ayer de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó su participación en la estrategia de contrainsurgencia en Chiapas, dejando en impunidad lo mínimo que se había avanzado en la justicia en la Masacre de Acteal, dejando libre a 9 personas más, que participaron en la masacre ocurrida el 22 de diciembre 1997 y que fueron reconocidas plenamente por las víctimas y sobrevivientes.
El argumento de los ministros en el cual basaron su decisión fue sobre todo, que se violaron garantías a un debido proceso, ya que las actuaciones judiciales estuvieron plagadas de irregularidades. Estas aseveraciones que refieren los ministros, desestiman las pruebas aportadas por los sobrevivientes, testigos de la masacre; además es preciso señalar que la decisión de la SCJN no fue en el sentido de juzgar si eran inocentes, a pesar de que en el largo proceso judicial y en diversas ocasiones testigos reafirman a las personas hoy liberadas como los autores materiales de la masacre.
Simultáneamente, en Washington D.C. la Organización Sociedad Civil Las Abejas (Las Abejas) e integrantes de este Centro de Derechos Humanos hicieron entrega a funcionarios, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un documento sobre los hechos de impunidad que ha propiciado el Estado mexicano, a través de la SCJN.
Este Centro pidió a la CIDH que por su conducto se solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la implementación de medidas provisionales en beneficio de los y las sobrevivientes de la masacre, así como de las autoridades de Las Abejas, ante el riesgo inminente a su vida e integridad personal por las posibles represalias y/o venganza que tomen los autores materiales de la masacre recientemente liberados, debido a que en la región aún existen armas de fuego en manos de los grupos paramilitares.
Esta resolución de la SCJN, pone en evidencia de manera contundente que el Estado mexicano incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia hacia las víctimas, sobrevivientes y a la sociedad en general, dejando de observar el derecho a la verdad, a la justicia, la reparación del daño, y medidas de no repetición, al no realizar una investigación seria y eficaz, a fin de castigar a los responsables materiales e intelectuales, evitar la impunidad y un mayor daño psicológico a las víctimas.
Los archivos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa.
El 20 de agosto de 2009, Kate Doyle directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, organización no gubernamental con sede en la Universidad George Washington, dio a conocer en diversos medios de comunicación en México, documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés), en los que se describen el papel del Ejército Mexicano en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas:
A mediados de 1994 el Ejército Mexicano tenía la aprobación presidencial de establecer equipos militares a cargo de promocionar grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El propósito era de ayudar a personal indígena local a resistir al EZLN (…) encargada de juntar inteligencia de comunidades indígenas primero en los Altos y las cañadas (…) con el propósito de tener otras unidades similares operando en áreas alrededor de las comunidades zapatistas (…) el Ejército creó equipos especiales de Inteligencia Humana (Humint) (…) compuestos primero de agentes jóvenes del rango de segundo y primero capitán, así como de sargentos de élite que hablaban los dialectos regionales… y así (…) recoger información de inteligencia, los equipos de Humint del Ejército ayudaban a los grupos armados con adiestramiento y protección... [1]
En el documento intitulado “Archivos Improcedentes”, la directora del Proyecto México señala que:
“Desde el ataque brutal del 22 de diciembre de 1997, el gobierno mexicano ha ofrecido múltiples versiones acerca de la participación militar en la zona conflictiva de Chiapas alrededor de Acteal. El problema es que los relatos han sido o incompletos o falsos. Lo más importante sobre los documentos de la DIA contradice directamente la historia oficial sobre la masacre relatada por el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo. En el reporte emitido por el procurador general Jorge Madrazo en 1998, el denominado Libro Blanco sobre Acteal, el gobierno afirmó que [la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas]”.
Antecedentes
El 12 de agosto del presente año, la SCJN ordenó la liberación de 20 personas señaladas como autores materiales de la Masacre de Acteal (Boletín de Prensa No. 28).
A 11 años y 10 meses Las Abejas, no ha encontrado una verdadera justicia ante este crimen de lesa humanidad perpetrado en contra de 45 indígenas tsotsiles y 4 no nacidos del municipio de Chenalhó, Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
AMLO APOYO A LOS POBLADORES DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
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