A TODOS LOS MEXICANOS:
Unete, apoya, reenvía. ¡ya viene el SMETON!
¡¡¡ EL SMETON!!!
Para apoyar económicamente a los trabajadores del SME.
PORQUE EL ESTADO LOS ENGAÑO,
PORQUE EL SECRETARIO DEL TRABAJO LOS TRAICIONO,
PORQUE LES CERRARON SU FUENTE DE TRABAJO,
PORQUE QUIEREN ENTREGARSELA A EXTRANJEROS
PORQUE EL ESTADO ESTA HACIENDO NEGOCIOS PARA ELLOS,
PORQUE DEFIENDEN SU DERECHO AL TRABAJO,
PORQUE NO SE VENDEN, PORQUE ESTAN DE PIE,
PORQUE ONCE MUJERES QUE SON MADRES ESTAN EN HUELGA DE HAMBRE
PORQUE YA SE UNIERON OTROS COMPAÑEROS
PORQUE SE UNIRAN MAS
PORQUE NO MIENTEN, PORQUE NO ENGAÑAN
PORQUE NO EVADEN, PORQUE NO TRAFICAN.
PORQUE HOY POR ELLOS,
PORQUE MAÑANA PODEMOS SER NOSOTROS.
¡¡¡TODOS A APOYAR EL SMETON!!!
Organízate, forma un Comité en tu estado, reune recursos, botea y deposita.
La cuenta del SME es: 0168715246 de Bancomer a nombre de Martín Esparza Flores y/o Fernando Múnoz Ponce
Tu ayuda al SMETON, es ayuda a la lucha de la dignidad, a la solidaridad, a evitar el desempleo, a evitar que una familia más, pase mal la Navidad, que los niños no entienden de gobiernos corruptos ni de Reyes Magos que no llegan.
¡NI UN PESO PARA EL TELETON!
¡TODO LO QUE PUEDAS PARA LOS COMPAÑEROS DEL
¡¡¡¡¡¡SMETON!!!!!!
P.D. Escanea la copia de la ficha de depósito y reenvíala a la dirección: sinmexel@sme.org.mx
P.D. 2.- Las compañeras en HUELGA DE HAMBRE, están a un lado del Monumento a la Madre, por Insurgentes y Sullivan. Urgente: Acompañalas aunque sea un momento, porque las han estado hostigando. LLeva tu donativo, ¡¡¡¡Apoyalas!!!!!
Gracias a nombre del SME.
La PGR insiste en acusar a dos mujeres por el secuestro de seis afis
Difusión Cencos México D.F., 30 de noviembre de 2009
Boletín de prensa
Centro Fray Jacobo Daciano / Centro ProDH
- En breve, un juez federal dictará sentencia a Alberta Alcántara y Teresa González
- El ministerio público de la Federación presenta conclusiones acusatorias y pide una pena de más de cuarenta años para ambas mujeres
- El Juez Rodolfo Pedraza Longi, que ya las consideró culpables, dictará una nueva sentencia
- La acusación presenta los mismos vicios que las autoridades reconocieron al liberar a Jacinta Francisco Marcial; familiares de Alberta y Teresa, su defensa y el Centro Prodh anuncian acciones para demandar que se les exonere
El pasado 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la República reiteró sus infundadas acusaciones en contra de Alberta Alcántara y Teresa González. Lo hizo a través del agente del ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro, quien presentó conclusiones acusatorias en contra de ambas mujeres. No conforme con solicitar que se les condene, el ministerio público pidió que se les imponga la pena más alta, que podría alcanza más de 40 años de prisión.
Alberta y Teresa están privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro, desde el 3 de agosto de 2006, cuando fueron aprehendidas por ser señaladas como responsables del secuestro de seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de 2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, propiciando la inconformidad de los vendedores. Por el mismo suceso se presentaron cargos en contra de Jacinta Francisco Marcial quien en septiembre de este año recuperó su libertad al evidenciarse las irregularidades de la acusación.
Para la defensa de Alberta y Teresa, a cargo del licenciado Leonides Ortiz Castillo, y para sus familiares las conclusiones presentadas por el ministerio público expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes. Máxime si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes les exigieron que se identificaron cuando empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente.
Para los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y Fray Jacobo Daciano las conclusiones acusatorias constituyen un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México así como de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones de protesta. Lo primero, en razón de que como defensores de Jacinta Francisco Marcial constatamos de primera mano la ausencia de pruebas contundentes que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes fueron “secuestrados”; lo segundo, atendiendo a que a todas luces lo que busca la PGR en el caso no es tutelar bienes fundamentales y perseguir los delitos que más agravian a la sociedad, sino sancionar desproporcionadamente a quienes se defienden de la arbitrariedad de los servidores públicos de la Procuraduría. En Santiago Mexquititlán jamás se cometió un secuestro, pues sólo abusando de la ley puede equipararse lo ocurrido con ese deleznable crimen.
Tras la determinación de la PGR, el destino de Alberta y Teresa queda en manos del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi. Dicho juzgador, en el pasado, ya dictó sentencia condenatoria en contra de Jacinta, Teresa y Alberta, mostrándose complaciente con las irregularidades patentes en la acusación; aunque dicha sentencia fue revocada en segunda instancia, es ilustrativa del talante del funcionario judicial. Por tal motivo, la defensa de Teresa y Alberta, sus familiares y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, realizarán en lo inmediato una serie de acciones orientadas a demandar la exoneración de las mujeres, destacando entre ellas: la presentación de las conclusiones absolutorias de la defensa; la difusión de una nueva campaña de firmas y solidaridad; y, la realización de actos públicos, entre otras. Jacinta Francisco Marcial, quien como Teresa y Alberta conoció de primera mano las iniquidades del sistema de justicia mexicano, participará activamente en dichas actividades.
Para la defensa de Alberta y Teresa, sus familiares, y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, la inocencia de ambas mujeres debe ser confirmada por el juez cuarto de distrito. En Santiago Mexquititlán no hubo ningún secuestro y los afis lejos de ser inocentes víctimas, fueron cómplices de una burda maquinación que se echó a andar como represalia en contra de una comunidad que no toleró los abusos de los servidores públicos de la PGR, institución que se ensañó cobardemente contra quienes suelen ser particularmente discriminadas por la sociedad y el sistema de justicia: las mujeres en situación de exclusión, originarias de una comunidad rural indígena. Es inaceptable, por lo ya dicho, que las autoridades federales pretendan mantener en prisión más de cuarenta años a Alberta y Teresa. Corresponde al Poder Judicial, en la faceta del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, enmendar este abuso.
Boletín de prensa
Centro Fray Jacobo Daciano / Centro ProDH
- En breve, un juez federal dictará sentencia a Alberta Alcántara y Teresa González
- El ministerio público de la Federación presenta conclusiones acusatorias y pide una pena de más de cuarenta años para ambas mujeres
- El Juez Rodolfo Pedraza Longi, que ya las consideró culpables, dictará una nueva sentencia
- La acusación presenta los mismos vicios que las autoridades reconocieron al liberar a Jacinta Francisco Marcial; familiares de Alberta y Teresa, su defensa y el Centro Prodh anuncian acciones para demandar que se les exonere
El pasado 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la República reiteró sus infundadas acusaciones en contra de Alberta Alcántara y Teresa González. Lo hizo a través del agente del ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Querétaro, quien presentó conclusiones acusatorias en contra de ambas mujeres. No conforme con solicitar que se les condene, el ministerio público pidió que se les imponga la pena más alta, que podría alcanza más de 40 años de prisión.
Alberta y Teresa están privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro, desde el 3 de agosto de 2006, cuando fueron aprehendidas por ser señaladas como responsables del secuestro de seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de 2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad ñhañhú de Santiago Mexquititlán, Querétaro, propiciando la inconformidad de los vendedores. Por el mismo suceso se presentaron cargos en contra de Jacinta Francisco Marcial quien en septiembre de este año recuperó su libertad al evidenciarse las irregularidades de la acusación.
Para la defensa de Alberta y Teresa, a cargo del licenciado Leonides Ortiz Castillo, y para sus familiares las conclusiones presentadas por el ministerio público expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes. Máxime si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes les exigieron que se identificaron cuando empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente.
Para los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y Fray Jacobo Daciano las conclusiones acusatorias constituyen un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso en México así como de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones de protesta. Lo primero, en razón de que como defensores de Jacinta Francisco Marcial constatamos de primera mano la ausencia de pruebas contundentes que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes fueron “secuestrados”; lo segundo, atendiendo a que a todas luces lo que busca la PGR en el caso no es tutelar bienes fundamentales y perseguir los delitos que más agravian a la sociedad, sino sancionar desproporcionadamente a quienes se defienden de la arbitrariedad de los servidores públicos de la Procuraduría. En Santiago Mexquititlán jamás se cometió un secuestro, pues sólo abusando de la ley puede equipararse lo ocurrido con ese deleznable crimen.
Tras la determinación de la PGR, el destino de Alberta y Teresa queda en manos del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi. Dicho juzgador, en el pasado, ya dictó sentencia condenatoria en contra de Jacinta, Teresa y Alberta, mostrándose complaciente con las irregularidades patentes en la acusación; aunque dicha sentencia fue revocada en segunda instancia, es ilustrativa del talante del funcionario judicial. Por tal motivo, la defensa de Teresa y Alberta, sus familiares y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, realizarán en lo inmediato una serie de acciones orientadas a demandar la exoneración de las mujeres, destacando entre ellas: la presentación de las conclusiones absolutorias de la defensa; la difusión de una nueva campaña de firmas y solidaridad; y, la realización de actos públicos, entre otras. Jacinta Francisco Marcial, quien como Teresa y Alberta conoció de primera mano las iniquidades del sistema de justicia mexicano, participará activamente en dichas actividades.
Para la defensa de Alberta y Teresa, sus familiares, y los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano, la inocencia de ambas mujeres debe ser confirmada por el juez cuarto de distrito. En Santiago Mexquititlán no hubo ningún secuestro y los afis lejos de ser inocentes víctimas, fueron cómplices de una burda maquinación que se echó a andar como represalia en contra de una comunidad que no toleró los abusos de los servidores públicos de la PGR, institución que se ensañó cobardemente contra quienes suelen ser particularmente discriminadas por la sociedad y el sistema de justicia: las mujeres en situación de exclusión, originarias de una comunidad rural indígena. Es inaceptable, por lo ya dicho, que las autoridades federales pretendan mantener en prisión más de cuarenta años a Alberta y Teresa. Corresponde al Poder Judicial, en la faceta del juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, enmendar este abuso.
Grupos paramilitares cercan al municipio autónomo de San Juan Copala y asesinan un niño
GRUPOS PARAMILITARES CERCAN AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA Y ASESINAN UN NIÑO
· Hay tres heridos y un niño muerto
· Buscan terminar con el municipio autónomo y entregarlo al control del gobierno estatal
· La agresión se da en el marco de las actividades de un acto de solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco
· En los últimos meses las agresiones en contra del municipio autónomo se han dado de una manera sistemática
El municipio autónomo de San Juan Copala informa a todo el público en general:
El día 28 de noviembre, la sede del municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue atacado violentamente por grupos paramilitares que disparaban armas de grueso calibre. La agresión se dio en dos ocasiones: una como a las tres de la tarde, que duró como una hora, y otra como a las seis de la tarde, que duró casi el mismo tiempo. En la primera tomaron como blanco el albergue infantil ubicado en el municipio autónomo y como consecuencia de ello, asesinaron a un niño de nombre Elías Fernández de Jesús; también resultaron heridos otros tres de sus compañeros, Tomotelín Velasco y Jacinto Velasco, y un tercero cuyo nombre se ignora.
Las primeras noticias que tenemos sobre los responsables apuntan a una alanza entre Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT) y un sector del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-UP). Mientras los primeros cerraron el único camino que comunica a San Juan Copala con el resto de la región, para aislar al municipio, los segundos iniciaron la agresión militar desde los cerros que se encuentran alrededor del centro del municipio, justo por el lado donde colinda con comunidades del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Después de que estos comenzaron la balacera, se les unieron los pistoleros de UBISORT que viven en el municipio autónomo.
Por las notas de prensa cercana al gobierno, donde se informa de la cancelación del municipio autónomo, sabemos que hay una estrecha alianza entre estas dos fuerzas políticas, coordinadas desde las altas esferas del gobierno estatal. No es una alianza de ahora sino de hace años, y no consideramos que sea todo el MULT-UP, sino principalmente sus dirigentes. Por eso desmentimos que el municipio ya no existe. Al momento de hacer esta denuncia se encuentra cercado y agredido con armas de fuego, pero nuestras autoridades autónomas siguen en sus cargos. Los barrios y comunidades que lo integran ya se movilizan para apoyarlos.
No podemos olvidar que el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en donde legalmente pertenecía el municipio Autónomo de San Juan Copala, es gobernado por el Partido Unidad Popular, y es ahí en donde la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) ha estado recibiendo los principales apoyos para las agresiones en contra del municipio autónomo. Tampoco olvidamos que a principios de noviembre pistoleros al servicio de la UBISORT intentaron asesinar al Presidente Municipal autónomo, matando a un miembro del municipio autónomo que intentó impedirlo, finalmente el asesino fue detenido y confesó que había un plan para asesinar al Presidente Municipal autónomo y a los líderes de los barrios. Cuando se entregó al Ministerio Público se presentó el líder de la UBISORT a exigir su liberación.
Las agresiones contra el municipio autónomo han aumentado desde que comenzamos a brindar apoyo a otros compañeros en lucha. Primero los compañeros zapotecos de los Loxicha, mientras exigían la libertad de sus compañeros, después la Policía Comunitaria en el estado de Guerrero, contra la represión que están sufriendo por el gobierno del estado y ahora los compañeros de San Salvador Atenco, en la lucha por la libertad de sus compañeros presos y sentenciados a largas e injustas condenas de prisión.
Al denunciar estos hechos ante la opinión pública refrendamos nuestro derecho a seguir con nuestro proyecto de autonomía y a solidarizarnos con nuestros compañeros en lucha. Exigimos al gobierno del estado que deje de agredir a través de sus organizaciones títeres.
Municipio Autónomo de San Juan Copala, 29 de noviembre de 2009.
José Ramírez Flores
Presidente
Severo Sánchez González
Alcalde
Macario García Merino
Secretario
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
· Hay tres heridos y un niño muerto
· Buscan terminar con el municipio autónomo y entregarlo al control del gobierno estatal
· La agresión se da en el marco de las actividades de un acto de solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco
· En los últimos meses las agresiones en contra del municipio autónomo se han dado de una manera sistemática
El municipio autónomo de San Juan Copala informa a todo el público en general:
El día 28 de noviembre, la sede del municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue atacado violentamente por grupos paramilitares que disparaban armas de grueso calibre. La agresión se dio en dos ocasiones: una como a las tres de la tarde, que duró como una hora, y otra como a las seis de la tarde, que duró casi el mismo tiempo. En la primera tomaron como blanco el albergue infantil ubicado en el municipio autónomo y como consecuencia de ello, asesinaron a un niño de nombre Elías Fernández de Jesús; también resultaron heridos otros tres de sus compañeros, Tomotelín Velasco y Jacinto Velasco, y un tercero cuyo nombre se ignora.
Las primeras noticias que tenemos sobre los responsables apuntan a una alanza entre Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT) y un sector del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-UP). Mientras los primeros cerraron el único camino que comunica a San Juan Copala con el resto de la región, para aislar al municipio, los segundos iniciaron la agresión militar desde los cerros que se encuentran alrededor del centro del municipio, justo por el lado donde colinda con comunidades del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui. Después de que estos comenzaron la balacera, se les unieron los pistoleros de UBISORT que viven en el municipio autónomo.
Por las notas de prensa cercana al gobierno, donde se informa de la cancelación del municipio autónomo, sabemos que hay una estrecha alianza entre estas dos fuerzas políticas, coordinadas desde las altas esferas del gobierno estatal. No es una alianza de ahora sino de hace años, y no consideramos que sea todo el MULT-UP, sino principalmente sus dirigentes. Por eso desmentimos que el municipio ya no existe. Al momento de hacer esta denuncia se encuentra cercado y agredido con armas de fuego, pero nuestras autoridades autónomas siguen en sus cargos. Los barrios y comunidades que lo integran ya se movilizan para apoyarlos.
No podemos olvidar que el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en donde legalmente pertenecía el municipio Autónomo de San Juan Copala, es gobernado por el Partido Unidad Popular, y es ahí en donde la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) ha estado recibiendo los principales apoyos para las agresiones en contra del municipio autónomo. Tampoco olvidamos que a principios de noviembre pistoleros al servicio de la UBISORT intentaron asesinar al Presidente Municipal autónomo, matando a un miembro del municipio autónomo que intentó impedirlo, finalmente el asesino fue detenido y confesó que había un plan para asesinar al Presidente Municipal autónomo y a los líderes de los barrios. Cuando se entregó al Ministerio Público se presentó el líder de la UBISORT a exigir su liberación.
Las agresiones contra el municipio autónomo han aumentado desde que comenzamos a brindar apoyo a otros compañeros en lucha. Primero los compañeros zapotecos de los Loxicha, mientras exigían la libertad de sus compañeros, después la Policía Comunitaria en el estado de Guerrero, contra la represión que están sufriendo por el gobierno del estado y ahora los compañeros de San Salvador Atenco, en la lucha por la libertad de sus compañeros presos y sentenciados a largas e injustas condenas de prisión.
Al denunciar estos hechos ante la opinión pública refrendamos nuestro derecho a seguir con nuestro proyecto de autonomía y a solidarizarnos con nuestros compañeros en lucha. Exigimos al gobierno del estado que deje de agredir a través de sus organizaciones títeres.
Municipio Autónomo de San Juan Copala, 29 de noviembre de 2009.
José Ramírez Flores
Presidente
Severo Sánchez González
Alcalde
Macario García Merino
Secretario
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
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