México, 10 de febrero, 2010 (CEPET). Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz agredieron el pasado 6 de febrero a Carlos Dueñas y Guillermo González, corresponsal y camarógrafo, respectivamente, de la empresa Televisa, quienes grababan un enfrentamiento a golpes entre aficionados de los equipos de futbol de Orizaba y Tijuana, a las afueras del estadio Luis Pirata Fuente, en el puerto de Veracruz (Golfo de México).
En un video transmitido por la televisora, se observan los momentos posteriores al juego de futbol, cuando se desata la riña entre los partidarios de ambos equipos y se puede advertir la intervención de un contingente de efectivos policiacos, el cual arremete particularmente contra los aficionados del club Tijuana.
Al advertir que estaban siendo grabados por el reportero y camarógrafo de Televisa, varios uniformados se fueron contra ellos para arrebatarles la cámara e impedir que siguieran haciendo su trabajo. No obstante, su falta de pericia para manejar el equipo les hizo accionar el mecanismo de grabación, por lo que quedaron registradas varias imágenes de los elementos policiacos que intentaban eliminar la evidencia y que soltaban frases como "bórrale todo, bórrale todo”, “sácale el disco”, “quítale todo, memoria y todo", “quítasela”.
Al respecto de la agresión, y en entrevista con el noticiario Primero Noticias, el camarógrafo narró que se encontraba estaba grabando la salida de la porra de Tijuana cuando comenzaron los golpes, “por eso se grabaron cosas que yo no tenía pensado grabar. La policía al ver esto me interrogó para ver lo que tenía, querían checar mi material... Querían quebrar mi cámara, me la dañaron un poco, me borraron muchísimas cosas. Me estaban amenazando ahí mismo de muerte que no pasara ese material”.
Por su parte, luego de asegurar que los agentes sólo trataban de restaurar el orden, el procurador de Justicia de Veracruz, Salvador Mikel Rivera, aseguró que ya hay una investigación en curso, que se llamará a declarar a los policías que participaron en el operativo (toda vez que en el parte policiaco no se menciona nada del incidente con los periodistas), así como al camarógrafo para que, de ser posible, identifique en el video a quienes los agredieron para tomar las acciones que correspondan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó este miércoles una enérgica condena por lo sucedido y consideró que la conducta de la policía veracruzana evidencia tanto la falta de compromiso con la legalidad por quienes deben hacer cumplir la ley, así como su falta de respeto a la libertad de expresión.
Calderón: Stupid is as stupid does
Erich Moncada SDP Noticias
10 de Febrero, 2010 - 15:03
Con esta frase, Forrest Gump quería decir que una persona inteligente será juzgada como estúpida, no por su apariencia, sino por los actos estúpidos que comete. Ayer, el secretario de Defensa del Gobierno Federal, Guillermo Galván Galván, defendió la iniciativa de reforma política de su jefe, calificando como “detractores de México” a quienes hacemos “críticas destructivas” en contra de los abusos militares en la lucha contra el narcotráfico. Así, involucra al Ejército en una peligrosa lógica bélica donde el disentir es equiparable a la subversión y al enemigo.
El Ejecutivo espurio reafirmó hoy el discurso del general Galván, negándose a replegar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado porque, si así sucediera, “se dejaría en total abandono a la ciudadanía… en las manos sangrientas de los criminales”.
Calderón llegó al extremo de sugerir que la vorágine de violencia en Ciudad Juárez no fue propiciada por la presencia de las fuerzas federales. Suponiendo sin conceder que su dicho sea cierto, pasa por alto una realidad incuestionable: la intervención del Ejército Mexicano no fue ni ha sido efectiva para reducir las ejecuciones en la ciudad fronteriza. En 2007 se presentaron 318 asesinatos; en 2008 (en el inicio del Operativo Conjunto Chihuahua) aumentaron a 2460 y en 2009 hubo 2640 homicidios (La Jornada, 3 de enero).
Pobre “presidente” y pobre pueblo de México. Si da marcha atrás en su fracasada estrategia de militarizar la seguridad pública del país, quedará exhibida su debilidad, pero si la mantiene será intransigente. La masacre en Juárez sólo lo obligó a replantear la militarización de la seguridad pública en esa ciudad, pero en el resto del país la estrategia se mantiene estable. Estamos en un callejón sin salida.
Cuando Calderón Hinojosa habla, no favorece un ambiente de tolerancia y diálogo. Acusa a sus críticos de querer “ver al país sumido en la violencia… ver al país dividido… ver a México claudicar y dar marcha atrás”. De nueva cuenta expresa ese razonamiento perverso, simplista y dicotómico. Los buenos están del lado del gobierno y los malos, la oposición, del lado de los criminales. El que desea ver al país sumido en la violencia es él, porque en los últimos tres años ha optado por la guerra para legitimar su origen fraudulento; el que mantiene al país dividido es él, porque a pesar de los reclamos de los ciudadanos, se ha negado a reconocer el error que ha sido sacar a los soldados a las calles. En vez de mostrar una actitud humilde refuerza su personalidad soberbia.
Por eso la presentación de la nueva estrategia para Juárez no me genera optimismo; nos van a recetar más de lo mismo.
El señor Calderón y el general Galván deberían tener en mente las palabras del historiador Howard Zinn: “El disentimiento es la forma más grande de patriotismo”.
10 de Febrero, 2010 - 15:03
Con esta frase, Forrest Gump quería decir que una persona inteligente será juzgada como estúpida, no por su apariencia, sino por los actos estúpidos que comete. Ayer, el secretario de Defensa del Gobierno Federal, Guillermo Galván Galván, defendió la iniciativa de reforma política de su jefe, calificando como “detractores de México” a quienes hacemos “críticas destructivas” en contra de los abusos militares en la lucha contra el narcotráfico. Así, involucra al Ejército en una peligrosa lógica bélica donde el disentir es equiparable a la subversión y al enemigo.
El Ejecutivo espurio reafirmó hoy el discurso del general Galván, negándose a replegar a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado porque, si así sucediera, “se dejaría en total abandono a la ciudadanía… en las manos sangrientas de los criminales”.
Calderón llegó al extremo de sugerir que la vorágine de violencia en Ciudad Juárez no fue propiciada por la presencia de las fuerzas federales. Suponiendo sin conceder que su dicho sea cierto, pasa por alto una realidad incuestionable: la intervención del Ejército Mexicano no fue ni ha sido efectiva para reducir las ejecuciones en la ciudad fronteriza. En 2007 se presentaron 318 asesinatos; en 2008 (en el inicio del Operativo Conjunto Chihuahua) aumentaron a 2460 y en 2009 hubo 2640 homicidios (La Jornada, 3 de enero).
Pobre “presidente” y pobre pueblo de México. Si da marcha atrás en su fracasada estrategia de militarizar la seguridad pública del país, quedará exhibida su debilidad, pero si la mantiene será intransigente. La masacre en Juárez sólo lo obligó a replantear la militarización de la seguridad pública en esa ciudad, pero en el resto del país la estrategia se mantiene estable. Estamos en un callejón sin salida.
Cuando Calderón Hinojosa habla, no favorece un ambiente de tolerancia y diálogo. Acusa a sus críticos de querer “ver al país sumido en la violencia… ver al país dividido… ver a México claudicar y dar marcha atrás”. De nueva cuenta expresa ese razonamiento perverso, simplista y dicotómico. Los buenos están del lado del gobierno y los malos, la oposición, del lado de los criminales. El que desea ver al país sumido en la violencia es él, porque en los últimos tres años ha optado por la guerra para legitimar su origen fraudulento; el que mantiene al país dividido es él, porque a pesar de los reclamos de los ciudadanos, se ha negado a reconocer el error que ha sido sacar a los soldados a las calles. En vez de mostrar una actitud humilde refuerza su personalidad soberbia.
Por eso la presentación de la nueva estrategia para Juárez no me genera optimismo; nos van a recetar más de lo mismo.
El señor Calderón y el general Galván deberían tener en mente las palabras del historiador Howard Zinn: “El disentimiento es la forma más grande de patriotismo”.
COMUNICADO CODECI
SIGUEN LAS MOVILIZACIONES DE LA CONVENCIÓN ESTATAL
Unas 800 personas integrantes de la Convención Estatal Democrática-Oaxaca Libre, pertenecientes al municipio de San Miguel Soyaltepec (Temascal) en la región de la Cuenca del Papaloapan, se manifestaron este lunes 8 de febrero para dar seguimiento a los acuerdos del 24 de noviembre donde se determinó incentivar la participación ciudadana desde las diferentes comunidades y regiones.
Desde el panteón hasta la explanada municipal, la marcha concluyo con un mitin encabezado por el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana y candidato de la CEDOL para dicha presidencia municipal José Jesús Andrés Palacios, donde la Convención exigió mejores condiciones para las comunidades y donde se hizo un llamado a todos los habitantes para participar en este proceso electoral, denunciando la represión del gobierno contra sus comunidades y así se pueda lograr una transformación y un cambio de régimen desde abajo para Oaxaca.
Esta manifestación tuvo muy buena aceptación entre los demás habitantes ya que marco un precedente muy importante para este municipio que en voz de otros dirigentes comunitarios, estos harán ver a los partidos políticos de oposición que ellos solos no lograrán los cambios que el estado y el país requiere, por lo que deben darse cuenta que deben abrirse a la cuidadania en general.
Unas 800 personas integrantes de la Convención Estatal Democrática-Oaxaca Libre, pertenecientes al municipio de San Miguel Soyaltepec (Temascal) en la región de la Cuenca del Papaloapan, se manifestaron este lunes 8 de febrero para dar seguimiento a los acuerdos del 24 de noviembre donde se determinó incentivar la participación ciudadana desde las diferentes comunidades y regiones.
Desde el panteón hasta la explanada municipal, la marcha concluyo con un mitin encabezado por el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana y candidato de la CEDOL para dicha presidencia municipal José Jesús Andrés Palacios, donde la Convención exigió mejores condiciones para las comunidades y donde se hizo un llamado a todos los habitantes para participar en este proceso electoral, denunciando la represión del gobierno contra sus comunidades y así se pueda lograr una transformación y un cambio de régimen desde abajo para Oaxaca.
Esta manifestación tuvo muy buena aceptación entre los demás habitantes ya que marco un precedente muy importante para este municipio que en voz de otros dirigentes comunitarios, estos harán ver a los partidos políticos de oposición que ellos solos no lograrán los cambios que el estado y el país requiere, por lo que deben darse cuenta que deben abrirse a la cuidadania en general.
COMUNICADO TLACHINOLLA
Comunicado 002/2010
Dos años de impunidad en caso del hermano de
Inés Fernández, ejecutado extrajudicialmente en Ayutla
• Lorenzo Fernández fue hallado muerto el 10 de febrero del 2008 en un río de Ayutla
• Era destacado integrante de la OPIM en El Camalote y apoyo a los indígenas esterilizados.
• Fue apoyo fundamental de Inés Fernández en su denuncia contra los militares que la violaron.
Tlapa, Guerrero a 10 de febrero del 2010.- El acceso a la justicia en Guerrero, continúa siendo invisible para las familias de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido ejecutados extrajudicialmente, como el indígena me´phaa, Lorenzo Fernández Ortega, vecino de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuyo crimen permanece hasta hoy en total impunidad y con una clara señal para los responsables de que pueden seguir actuando al margen de la ley.
Lorenzo fue un integrante activo de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que tiene presencia en Ayutla y era el hermano mayor de Inés Fernández Ortega, una indígena me´phaa de Barranca Tecuani que fue violada sexualmente por militares, en marzo del 2002, y que hoy tiene sentado en el banquillo de los acusados al Ejército mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El pasado 9 de febrero del 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, el 10 de febrero, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, bajo el puente del río que cruza la ciudad de Ayutla, lugar en donde apenas tenía tres semanas trabajando como albañil.
Como integrante de la OPIM, Lorenzo fue un personaje clave en la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en 1998.
En el caso de su hermana Inés, Lorenzo asumió un papel importante porque además de su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, él la había acompañado en el proceso de su denuncia contra los militares que la violaron y se convirtió en un apoyo constante para Inés ante el clima de amenazas y persecuciones que el Estado ha orquestado contra ella.
Dos semanas antes de su muerte, Lorenzo visitó a su hermana Inés en Barranca Tecuani, y le hizo saber tanto a ella como a Fortunato que tenía mucho miedo de que algo le pasara a él porque había habido gente extraña que se le había acercado haciéndole preguntas acerca de la OPIM y las denuncias que esta organización estaba haciendo. La misma preocupación le manifestó días más tarde a la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, quien también ha sido amenazada de muerte por las denuncias que ha presentado por violaciones a los derechos humanos.
La muerte de Lorenzo, se da en medio de un ambiente hostil del Ejército contra su hermana Inés por haberse presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) con sede en Washington D.D., Estados Unidos a denunciar a violación sexual que sufrió por parte de militares y la obstrucción de la justicia que ha habido para ella en México. Incluso antes de su viaje, Inés, su esposo Fortunato y Obtilia –que fungiría como su intérprete del idioma me´phaa al español- fueron amenazados de muerte por informantes del Ejército, para que se desistiera de su demanda.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifiesta su preocupación en el caso de Lorenzo, porque a dos años de su ejecución extrajudicial, no hay avances en la investigación ni algún responsable detenido, y más bien esta impunidad ha permitido que se intensifiquen las amenazas, agresiones y atentados contra Inés Fernández y su familia, así como contra integrantes de la OPIM, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel que ha tenido que huir de Guerrero por que está en riesgo su vida y el de Raúl Hernández Abundio quien esta preso injustamente como presunto responsable del homicidio de un informante del Ejército.
Asimismo reconocemos la importante labor de Lorenzo en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo me´phaa y por ello exigimos al Estado mexicano:
• Agilizar las investigaciones, identificar, procesar y sancionar a los responsables.
• Reparar los daños ocasionados con motivo de su muerte, a los deudos y familiares de Lorenzo Fernández Ortega.
• Sancionar a los funcionarios encargados de la investigación que han incurrido en dilación.
• Garantizar el trabajo de los defensores en Guerrero.
Dos años de impunidad en caso del hermano de
Inés Fernández, ejecutado extrajudicialmente en Ayutla
• Lorenzo Fernández fue hallado muerto el 10 de febrero del 2008 en un río de Ayutla
• Era destacado integrante de la OPIM en El Camalote y apoyo a los indígenas esterilizados.
• Fue apoyo fundamental de Inés Fernández en su denuncia contra los militares que la violaron.
Tlapa, Guerrero a 10 de febrero del 2010.- El acceso a la justicia en Guerrero, continúa siendo invisible para las familias de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido ejecutados extrajudicialmente, como el indígena me´phaa, Lorenzo Fernández Ortega, vecino de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, cuyo crimen permanece hasta hoy en total impunidad y con una clara señal para los responsables de que pueden seguir actuando al margen de la ley.
Lorenzo fue un integrante activo de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que tiene presencia en Ayutla y era el hermano mayor de Inés Fernández Ortega, una indígena me´phaa de Barranca Tecuani que fue violada sexualmente por militares, en marzo del 2002, y que hoy tiene sentado en el banquillo de los acusados al Ejército mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El pasado 9 de febrero del 2008, Lorenzo fue desaparecido de manera forzada, y un día después, el 10 de febrero, su cuerpo fue hallado sin vida y con visibles huellas de tortura, bajo el puente del río que cruza la ciudad de Ayutla, lugar en donde apenas tenía tres semanas trabajando como albañil.
Como integrante de la OPIM, Lorenzo fue un personaje clave en la queja que presentaron ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) los 14 indígenas de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, en 1998.
En el caso de su hermana Inés, Lorenzo asumió un papel importante porque además de su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, él la había acompañado en el proceso de su denuncia contra los militares que la violaron y se convirtió en un apoyo constante para Inés ante el clima de amenazas y persecuciones que el Estado ha orquestado contra ella.
Dos semanas antes de su muerte, Lorenzo visitó a su hermana Inés en Barranca Tecuani, y le hizo saber tanto a ella como a Fortunato que tenía mucho miedo de que algo le pasara a él porque había habido gente extraña que se le había acercado haciéndole preguntas acerca de la OPIM y las denuncias que esta organización estaba haciendo. La misma preocupación le manifestó días más tarde a la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, quien también ha sido amenazada de muerte por las denuncias que ha presentado por violaciones a los derechos humanos.
La muerte de Lorenzo, se da en medio de un ambiente hostil del Ejército contra su hermana Inés por haberse presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) con sede en Washington D.D., Estados Unidos a denunciar a violación sexual que sufrió por parte de militares y la obstrucción de la justicia que ha habido para ella en México. Incluso antes de su viaje, Inés, su esposo Fortunato y Obtilia –que fungiría como su intérprete del idioma me´phaa al español- fueron amenazados de muerte por informantes del Ejército, para que se desistiera de su demanda.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, manifiesta su preocupación en el caso de Lorenzo, porque a dos años de su ejecución extrajudicial, no hay avances en la investigación ni algún responsable detenido, y más bien esta impunidad ha permitido que se intensifiquen las amenazas, agresiones y atentados contra Inés Fernández y su familia, así como contra integrantes de la OPIM, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel que ha tenido que huir de Guerrero por que está en riesgo su vida y el de Raúl Hernández Abundio quien esta preso injustamente como presunto responsable del homicidio de un informante del Ejército.
Asimismo reconocemos la importante labor de Lorenzo en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo me´phaa y por ello exigimos al Estado mexicano:
• Agilizar las investigaciones, identificar, procesar y sancionar a los responsables.
• Reparar los daños ocasionados con motivo de su muerte, a los deudos y familiares de Lorenzo Fernández Ortega.
• Sancionar a los funcionarios encargados de la investigación que han incurrido en dilación.
• Garantizar el trabajo de los defensores en Guerrero.
Resumen ejecutivo: Entre la Violencia y la Indiferencia,Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresión en México 2009
Resumen ejecutivo
La alternancia política en el año 2000 marcó una nueva etapa en la historia de México. En el proceso de consolidación democrática que se prolonga hasta hoy, el ejercicio de la libertad de expresión, a través de la libertad de prensa, es un elemento indispensable a fin de forjar instituciones y un pacto social que implique, más allá de los procedimientos electorales, la consolidación de una democracia representativa, participativa y, por ende, efectiva.
México atraviesa por una crisis en materia de seguridad pública sin precedentes. El saldo de la “guerra contra el crimen organizado” es de por lo menos 16 mil personas en lo que va del sexenio y, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 8 mil muertes en 2009. Este clima se ha generado por la presencia del crimen organizado en las diferentes esferas de la vida nacional y por una política de Estado que se ha reducido a acciones aisladas de uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. En un ambiente de “violencia generalizada” la libertad de prensa ha sido afectada, provocando la ausencia de información objetiva y veraz.
Existen avances innegables en los últimos años en el país. Hoy se cuenta con mayores canales para disentir, para difundir y recibir información plural. Sin embargo, la violencia y la impunidad siguen siendo un mecanismo para silenciar. Los intereses económicos y políticos se imponen sobre la capacidad de desarrollar un periodismo ético y crítico. Los llamados “delitos contra el honor” se utilizan como herramienta para obstaculizar las investigaciones periodísticas. Mientras tanto, la respuesta del Estado mexicano es la indiferencia, la inacción y la simulación.
Hoy, el recurrente discurso gubernamental sobre la culpabilidad del narcotráfico en las agresiones contra las y los periodistas es no sólo insuficiente, sino falaz. La evidencia muestra que agentes del Estado continúan siendo los principales perpetradores de agresiones contra la libertad de expresión. Desde la perspectiva de los derechos humanos debe enfatizarse que las responsabilidades del Estado mexicano en materia de libertad de expresión no sólo contemplan el abstenerse de interferir directamente en el ejercicio de este derecho, sino también, la obligación de garantizar las condiciones necesarias para la libre circulación de ideas, opiniones o informaciones.
ARTICLE 19 y Cencos han desarrollado una metodología para monitorear, registrar y documentar de manera permanente las agresiones a la libertad de expresión y prensa en México. A través del análisis desarrollado entre enero y diciembre de 2009, el presente informe describe los diversos acontecimientos en torno a dichas agresiones, las cuales se constituyen en actos de censura que suponen no sólo la vulneración del derecho a la expresión de la víctima, sino también del derecho a la sociedad a recibir información veraz, plural y equilibrada.
2009 se caracterizó por una diversidad en los tipos y en las formas de agresiones a la libertad de expresión. ARTICE 19 y Cencos registraron y confirmaron 244 ataques a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico. En este escenario, no sólo hay un notable incremento de las agresiones registradas respecto a años anteriores, sino que se degradan de manera preocupante las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en varios estados de la República.
Agresiones a la libertad de expresión
En 2009 se registraron once homicidios de periodistas. El 70% de estos asesinatos están ligados directamente con la labor periodística de la víctima. Respecto al 30% restante, aún no se puede descartar esa posibilidad.
Periodistas asesinados durante 2009
Nombre Estado Fecha
Jean Paul Ibarra Ramírez Guerrero 13 de febrero
Luis Daniel Méndez Hernández Veracruz 22 de febrero
Carlos Ortega Melo Samper Durango 3 de mayo
Eliseo Barrón Hernández Durango 26 de mayo
Martín Javier Miranda Avilés Michoacán 12 de julio
Juan Daniel Martínez Gil Guerrero 28 de julio
Norberto Miranda Madrid Chihuahua 23 de septiembre
José Bladimir Antuna García Durango 2 de noviembre
José Emilio Galindo Robles Jalisco 25 de octubre
José Alberto Velázquez López Quintana Roo 22 de diciembre
José Luis Romero Sinaloa 31 de diciembre
El 11 de noviembre de 2009 desapareció María Esther Aguilar Cansimbe reportera y corresponsal en Zamora, Michoacán, caso que se suma a los de otros ocho periodistas desaparecidos, desde el año 2000. El 30 de diciembre se reportó como desaparecido a José Luis Romero, reportero del noticiero Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa. Su cadáver apreció el 16 de enero de 2010. Fuentes oficiales señalan que habría sido asesinado al día siguiente de su desaparición.
En el año, se registraron cinco casos de acusaciones ante instancias judiciales por el contenido de una publicación. El aparato de justicia se utilizó así como medio de coerción e intimidación a comunicadores y comunicadoras. Asimismo, se registraron 47 casos de amenazas, motivados en la mayor parte (70%) por los contenidos publicados, así como 23 detenciones, 47 actos de intimidación y presión, los cuales van desde despidos injustificados, impedimentos informativos como la entrada en eventos públicos a algunos medios o diferentes tipos de presiones económicas. Aunado a lo anterior, se registraron 109 agresiones físicas o materiales, que son acciones mediante las cuales él o la periodista reciben algún daño corporal, a su equipo de trabajo o a las instalaciones de los medios de comunicación. De las cuales más de la mitad fueron en contra de reporteros o reporteras durante el ejercicio de su labor.
Presuntos responsables
Destaca por un lado que grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques, en general los más violentos, pero las estadísticas muestran que el principal responsable se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado. En el universo de las agresiones registradas, los presuntos responsables son en un 65.57% funcionarios públicos y 6.15% actores del crimen organizado. El 7.79% de los presuntos responsables corresponden a personas identificadas como militantes o simpatizantes de algún partido político, 2.05% al empresariado, 1.23% a los sindicatos, 2.87% a sujetos particulares. En 14.34% no se logró determinar el sujeto activo de la agresión.
De las agresiones a cargo de funcionarios públicos, el 59.38% fueron cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que 40.63% corresponden a funcionarios y cargos de elección popular. La problemática tiene mayor intensidad en los ámbitos estatal (36.25% de los casos) y municipal (35.63% de los casos). En los que se refiere a las agresiones de funcionarios federales, un 88.89% tuvieron como responsable a las corporaciones policiales y militares.
Sujeto agredido
Los sujetos que recibieron las agresiones son en su mayoría periodistas (83.61%). También se registraron acciones en contra de los medios y sus trabajadores y trabajadoras (5.74%). Las mujeres representan un 25.23% de las personas agredidas. Los más vulnerables son quienes buscan y cubren las noticias donde se producen, particularmente, para la cobertura de asuntos de corrupción a nivel local, así como los operativos policiales y de combate al crimen organizado en las diferentes regiones.
Tipo de medio de comunicación y cobertura
Los medios escritos son los más agredidos (75% de los casos). Destacan además siete agresiones a radios de carácter comunitario. La mayoría de los medios agredidos tienen cobertura local, estatal o regional (78.05%), lo que pone en evidencia las mayores dificultades para el ejercicio periodístico en los estados y municipios. El 43.62% de las agresiones fueron motivadas por los contenidos publicados y difundidos. En un 53.91% de los casos, los y las periodistas son agredidos mientras desarrollan tareas de recopilación de la información o difusión. Así, las agresiones no sólo violan derechos individuales, sino el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información.
Geografía y métodos de censura
Prácticamente en todas las entidades federativas se registraron casos de agresiones en contra de periodistas, comunicadores y comunicadoras. Si bien existen semejanzas en los tipos de agresión, éstas cuentan con características particulares en cada entidad federativa. El nivel de riesgo varía de una entidad a otra, ya que los presuntos responsables responden a intereses diferentes. El número de agresiones no refleja en su complejidad el grado de violencia imperante en la entidad. Por eso es necesario tomar en cuenta otros factores, como el número de agresiones y asesinato por cada 100 mil habitantes.
Los estados de la República donde se registran mayor cantidad de agresiones son Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, aunque por el grado de violencia sobresalen Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo.
En Durango fueron registrados el mayor número de homicidios (de las 11 agresiones registradas en el estado, tres fueron asesinatos). En Sinaloa, el grado de incertidumbre en el que se ejerce el periodismo ha llevado a restringir los espacios de reflexión y análisis ante constantes amenazas e intimidación. En Guerrero, la impunidad continúa presente en la mayoría de los casos investigados por la Procuraduría de Justicia. En Michoacán han tenido lugar tres de las nueve desapariciones de periodistas registradas en el país desde el año 2000, destacando la de María Esther Aguilar en 2009. En Chihuahua se impide el ejercicio periodístico apelando a la seguridad nacional, los medios de comunicación han optado por dar información superficial sobre hechos de violencia. Oaxaca y Veracruz son ejemplo de la resistencia imperante en los círculos de gobierno para garantizar y respetar el ejercicio del periodismo crítico y sobre asuntos de interés público.
Conclusiones: preocupaciones, retos y perspectivas
Hoy en México no puede establecerse una vinculación entre las agresiones a la libertad de expresión y una afiliación política o ideología determinada, o identificar un solo actor responsable de los ataques. Sin embargo, también hoy es claro que existe en el país un contexto caracterizado por un patrón de violencia en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa.
Preocupa el crecimiento de las agresiones a la libertad de expresión en un contexto no sólo de violencia en diversas entidades del país, sino además, en el escenario electoral venidero. De los siete estados donde el indicador de violencia es mayor, cinco de ellos tendrán elecciones para gobernador el próximo cuatro de julio, por lo que habrá que seguir de cerca la tensión que pueda darse entre las campañas electorales y el ejercicio periodístico.
Pese a la evidente falta de voluntad política de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, ARTICLE 19 y Cencos continuaremos construyendo estrategias para encontrar una respuesta efectiva por parte del Estado.
Ninguna medida por sí sola resolverá el problema, sin embargo, visualizamos cuatro líneas de acción urgentes por parte del Estado: la federalización de los delitos a la libertad de expresión; la reestructuración de la Fiscalía Especializada; la despenalización de los delitos contra el honor en las entidades federativas que aún lo mantienen y la creación de un mecanismo de protección y prevención desde el Poder Ejecutivo. Respecto a este último punto, con base en las mejores prácticas internacionales, la creación de un Comité de Protección a Periodistas se presenta como un mecanismo potencialmente efectivo. Estas cuatro líneas de acción se inscriben en el marco del cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales del Estado mexicano.
La alternancia política en el año 2000 marcó una nueva etapa en la historia de México. En el proceso de consolidación democrática que se prolonga hasta hoy, el ejercicio de la libertad de expresión, a través de la libertad de prensa, es un elemento indispensable a fin de forjar instituciones y un pacto social que implique, más allá de los procedimientos electorales, la consolidación de una democracia representativa, participativa y, por ende, efectiva.
México atraviesa por una crisis en materia de seguridad pública sin precedentes. El saldo de la “guerra contra el crimen organizado” es de por lo menos 16 mil personas en lo que va del sexenio y, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 8 mil muertes en 2009. Este clima se ha generado por la presencia del crimen organizado en las diferentes esferas de la vida nacional y por una política de Estado que se ha reducido a acciones aisladas de uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. En un ambiente de “violencia generalizada” la libertad de prensa ha sido afectada, provocando la ausencia de información objetiva y veraz.
Existen avances innegables en los últimos años en el país. Hoy se cuenta con mayores canales para disentir, para difundir y recibir información plural. Sin embargo, la violencia y la impunidad siguen siendo un mecanismo para silenciar. Los intereses económicos y políticos se imponen sobre la capacidad de desarrollar un periodismo ético y crítico. Los llamados “delitos contra el honor” se utilizan como herramienta para obstaculizar las investigaciones periodísticas. Mientras tanto, la respuesta del Estado mexicano es la indiferencia, la inacción y la simulación.
Hoy, el recurrente discurso gubernamental sobre la culpabilidad del narcotráfico en las agresiones contra las y los periodistas es no sólo insuficiente, sino falaz. La evidencia muestra que agentes del Estado continúan siendo los principales perpetradores de agresiones contra la libertad de expresión. Desde la perspectiva de los derechos humanos debe enfatizarse que las responsabilidades del Estado mexicano en materia de libertad de expresión no sólo contemplan el abstenerse de interferir directamente en el ejercicio de este derecho, sino también, la obligación de garantizar las condiciones necesarias para la libre circulación de ideas, opiniones o informaciones.
ARTICLE 19 y Cencos han desarrollado una metodología para monitorear, registrar y documentar de manera permanente las agresiones a la libertad de expresión y prensa en México. A través del análisis desarrollado entre enero y diciembre de 2009, el presente informe describe los diversos acontecimientos en torno a dichas agresiones, las cuales se constituyen en actos de censura que suponen no sólo la vulneración del derecho a la expresión de la víctima, sino también del derecho a la sociedad a recibir información veraz, plural y equilibrada.
2009 se caracterizó por una diversidad en los tipos y en las formas de agresiones a la libertad de expresión. ARTICE 19 y Cencos registraron y confirmaron 244 ataques a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico. En este escenario, no sólo hay un notable incremento de las agresiones registradas respecto a años anteriores, sino que se degradan de manera preocupante las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en varios estados de la República.
Agresiones a la libertad de expresión
En 2009 se registraron once homicidios de periodistas. El 70% de estos asesinatos están ligados directamente con la labor periodística de la víctima. Respecto al 30% restante, aún no se puede descartar esa posibilidad.
Periodistas asesinados durante 2009
Nombre Estado Fecha
Jean Paul Ibarra Ramírez Guerrero 13 de febrero
Luis Daniel Méndez Hernández Veracruz 22 de febrero
Carlos Ortega Melo Samper Durango 3 de mayo
Eliseo Barrón Hernández Durango 26 de mayo
Martín Javier Miranda Avilés Michoacán 12 de julio
Juan Daniel Martínez Gil Guerrero 28 de julio
Norberto Miranda Madrid Chihuahua 23 de septiembre
José Bladimir Antuna García Durango 2 de noviembre
José Emilio Galindo Robles Jalisco 25 de octubre
José Alberto Velázquez López Quintana Roo 22 de diciembre
José Luis Romero Sinaloa 31 de diciembre
El 11 de noviembre de 2009 desapareció María Esther Aguilar Cansimbe reportera y corresponsal en Zamora, Michoacán, caso que se suma a los de otros ocho periodistas desaparecidos, desde el año 2000. El 30 de diciembre se reportó como desaparecido a José Luis Romero, reportero del noticiero Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa. Su cadáver apreció el 16 de enero de 2010. Fuentes oficiales señalan que habría sido asesinado al día siguiente de su desaparición.
En el año, se registraron cinco casos de acusaciones ante instancias judiciales por el contenido de una publicación. El aparato de justicia se utilizó así como medio de coerción e intimidación a comunicadores y comunicadoras. Asimismo, se registraron 47 casos de amenazas, motivados en la mayor parte (70%) por los contenidos publicados, así como 23 detenciones, 47 actos de intimidación y presión, los cuales van desde despidos injustificados, impedimentos informativos como la entrada en eventos públicos a algunos medios o diferentes tipos de presiones económicas. Aunado a lo anterior, se registraron 109 agresiones físicas o materiales, que son acciones mediante las cuales él o la periodista reciben algún daño corporal, a su equipo de trabajo o a las instalaciones de los medios de comunicación. De las cuales más de la mitad fueron en contra de reporteros o reporteras durante el ejercicio de su labor.
Presuntos responsables
Destaca por un lado que grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques, en general los más violentos, pero las estadísticas muestran que el principal responsable se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado. En el universo de las agresiones registradas, los presuntos responsables son en un 65.57% funcionarios públicos y 6.15% actores del crimen organizado. El 7.79% de los presuntos responsables corresponden a personas identificadas como militantes o simpatizantes de algún partido político, 2.05% al empresariado, 1.23% a los sindicatos, 2.87% a sujetos particulares. En 14.34% no se logró determinar el sujeto activo de la agresión.
De las agresiones a cargo de funcionarios públicos, el 59.38% fueron cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que 40.63% corresponden a funcionarios y cargos de elección popular. La problemática tiene mayor intensidad en los ámbitos estatal (36.25% de los casos) y municipal (35.63% de los casos). En los que se refiere a las agresiones de funcionarios federales, un 88.89% tuvieron como responsable a las corporaciones policiales y militares.
Sujeto agredido
Los sujetos que recibieron las agresiones son en su mayoría periodistas (83.61%). También se registraron acciones en contra de los medios y sus trabajadores y trabajadoras (5.74%). Las mujeres representan un 25.23% de las personas agredidas. Los más vulnerables son quienes buscan y cubren las noticias donde se producen, particularmente, para la cobertura de asuntos de corrupción a nivel local, así como los operativos policiales y de combate al crimen organizado en las diferentes regiones.
Tipo de medio de comunicación y cobertura
Los medios escritos son los más agredidos (75% de los casos). Destacan además siete agresiones a radios de carácter comunitario. La mayoría de los medios agredidos tienen cobertura local, estatal o regional (78.05%), lo que pone en evidencia las mayores dificultades para el ejercicio periodístico en los estados y municipios. El 43.62% de las agresiones fueron motivadas por los contenidos publicados y difundidos. En un 53.91% de los casos, los y las periodistas son agredidos mientras desarrollan tareas de recopilación de la información o difusión. Así, las agresiones no sólo violan derechos individuales, sino el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información.
Geografía y métodos de censura
Prácticamente en todas las entidades federativas se registraron casos de agresiones en contra de periodistas, comunicadores y comunicadoras. Si bien existen semejanzas en los tipos de agresión, éstas cuentan con características particulares en cada entidad federativa. El nivel de riesgo varía de una entidad a otra, ya que los presuntos responsables responden a intereses diferentes. El número de agresiones no refleja en su complejidad el grado de violencia imperante en la entidad. Por eso es necesario tomar en cuenta otros factores, como el número de agresiones y asesinato por cada 100 mil habitantes.
Los estados de la República donde se registran mayor cantidad de agresiones son Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, aunque por el grado de violencia sobresalen Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo.
En Durango fueron registrados el mayor número de homicidios (de las 11 agresiones registradas en el estado, tres fueron asesinatos). En Sinaloa, el grado de incertidumbre en el que se ejerce el periodismo ha llevado a restringir los espacios de reflexión y análisis ante constantes amenazas e intimidación. En Guerrero, la impunidad continúa presente en la mayoría de los casos investigados por la Procuraduría de Justicia. En Michoacán han tenido lugar tres de las nueve desapariciones de periodistas registradas en el país desde el año 2000, destacando la de María Esther Aguilar en 2009. En Chihuahua se impide el ejercicio periodístico apelando a la seguridad nacional, los medios de comunicación han optado por dar información superficial sobre hechos de violencia. Oaxaca y Veracruz son ejemplo de la resistencia imperante en los círculos de gobierno para garantizar y respetar el ejercicio del periodismo crítico y sobre asuntos de interés público.
Conclusiones: preocupaciones, retos y perspectivas
Hoy en México no puede establecerse una vinculación entre las agresiones a la libertad de expresión y una afiliación política o ideología determinada, o identificar un solo actor responsable de los ataques. Sin embargo, también hoy es claro que existe en el país un contexto caracterizado por un patrón de violencia en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa.
Preocupa el crecimiento de las agresiones a la libertad de expresión en un contexto no sólo de violencia en diversas entidades del país, sino además, en el escenario electoral venidero. De los siete estados donde el indicador de violencia es mayor, cinco de ellos tendrán elecciones para gobernador el próximo cuatro de julio, por lo que habrá que seguir de cerca la tensión que pueda darse entre las campañas electorales y el ejercicio periodístico.
Pese a la evidente falta de voluntad política de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, ARTICLE 19 y Cencos continuaremos construyendo estrategias para encontrar una respuesta efectiva por parte del Estado.
Ninguna medida por sí sola resolverá el problema, sin embargo, visualizamos cuatro líneas de acción urgentes por parte del Estado: la federalización de los delitos a la libertad de expresión; la reestructuración de la Fiscalía Especializada; la despenalización de los delitos contra el honor en las entidades federativas que aún lo mantienen y la creación de un mecanismo de protección y prevención desde el Poder Ejecutivo. Respecto a este último punto, con base en las mejores prácticas internacionales, la creación de un Comité de Protección a Periodistas se presenta como un mecanismo potencialmente efectivo. Estas cuatro líneas de acción se inscriben en el marco del cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales del Estado mexicano.
RECIO SE PRONUNCIA A FAVOR DE GABINO CUÉ
VIDEO CONFERENCIA
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
BOLETÍN DE LA RECIO
En primer lugar, la Red Ciudadana Oaxaqueña, reitera su llamado a los partidos políticos y las organizaciones sociales a construir una amplia alianza opositora que ponga punto final al autoritarismo que ha caracterizado al régimen político.
Es evidente que ningún partido por si solo lo podrá hacer sino con la conjunción de otras fuerzas políticas y sociales. Es importante hacer a un lado cualquier mezquindad.
En segundo lugar, en consonancia con el Foro Ciudadano por la Transición Democrática de Oaxaca y la Convención Estatal Democrática Oaxaca Libre, así como otras expresiones de la sociedad civil, la Red Ciudadana Oaxaqueña se pronuncia por una plataforma programática que le de rumbo y orientación al cambio económico, político y social del estado de Oaxaca.
Entre los aspectos básicos de dicha plataforma se encuentran la promoción e impulso de: un desarrollo sustentable; la democracia participativa; mayor justicia social; equidad de género y respeto a los derechos de las mujeres; salud, educación, vivienda y nutrición digna para sus habitantes; políticas de inclusión, respeto y solidaridad a las personas con alguna discapacidad; respeto a los derechos humanos; transparencia y rendición de cuentas; profesionalización del poder judicial; impulso del municipalismo; autonomía y respeto a la libre determinación de los pueblos indios; justicia y castigo a los culpables de las graves violaciones a los derechos humanos en Oaxaca; educación intercultural; apoyo a la creación artística; autosuficiencia alimentaria y rechazo a los maíces transgénicos.
En tercer lugar, la Red Ciudadana Oaxaqueña, considera que por su trayectoria en la oposición al autoritarismo desde el 2001, primero como presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, aun en contra del gobierno autoritario de José Murat y luego como senador de la república, aun en contra del gobierno autoritario de Ulises Ruiz; por los triunfos electorales que ha obtenido en el pasado, el último con más de 600 mil votos; por sus pronunciamientos a favor de las causas que preocupan a la ciudadanía como lo muestra su reciente informe legislativo; por el posicionamiento que actualmente tiene ante ella como lo confirman las encuestas de preferencias electorales; por ser parte de un proceso histórico que tiene varios años de luchas democráticas y llega a esta coyuntura electoral; y por coincidir con la plataforma programática de la ciudadanía, como se ha expresado en sus declaraciones en conocidos medios informativos sobre un "nuevo pacto social con espíritu juarista", la persona más indicada para encabezar un gobierno de transición democrática de Oaxaca actualmente es el senador por Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
Jornada vital para los presos de Atenco
Difusión Cencos México D.F., 10 de febrero de 2010
Pronunciamiento
FPDT / Comité Libertad y Justicia para Atenco
Este miércoles la lucha por la libertad de los presos políticos de San Salvador Atenco puede dar un giro importante y necesario. A solicitud de los acusados y de sus familias, así como de algunos de los abogados defensores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si atrae los casos de los 12 encarcelados para revisarlos.
Estaremos atentos a la posibilidad de dicha decisión, que abriría una nueva etapa para lograr la libertad de nuestros compañeros. Esperaremos la resolución para dar a conocer, de inmediato, el plan de acción nacional e internacional para continuar con esta campaña. Por otro lado, se sigue requiriendo de todo el apoyo de la sociedad civil.
Para ello hemos abierto una cuenta bancaria en la que recibiremos los donativos de todos aquellos que deseen apoyar esta iniciativa. Lo recaudado se utilizará exclusivamente para gastos de la propia campaña y, en su caso, para necesidades concretas y específicas de los presos. La cuenta es 624027733, de Banorte, a nombre de los actores Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Comité Libertad y Justicia para Atenco
Pronunciamiento
FPDT / Comité Libertad y Justicia para Atenco
Este miércoles la lucha por la libertad de los presos políticos de San Salvador Atenco puede dar un giro importante y necesario. A solicitud de los acusados y de sus familias, así como de algunos de los abogados defensores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si atrae los casos de los 12 encarcelados para revisarlos.
Estaremos atentos a la posibilidad de dicha decisión, que abriría una nueva etapa para lograr la libertad de nuestros compañeros. Esperaremos la resolución para dar a conocer, de inmediato, el plan de acción nacional e internacional para continuar con esta campaña. Por otro lado, se sigue requiriendo de todo el apoyo de la sociedad civil.
Para ello hemos abierto una cuenta bancaria en la que recibiremos los donativos de todos aquellos que deseen apoyar esta iniciativa. Lo recaudado se utilizará exclusivamente para gastos de la propia campaña y, en su caso, para necesidades concretas y específicas de los presos. La cuenta es 624027733, de Banorte, a nombre de los actores Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Comité Libertad y Justicia para Atenco
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