Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de Febrero de 2010
AL PUEBLO DE OAXACA
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
Nuevamente el Gobierno Federal asesta un golpe más hacia el sindicalismo, prueba de ello el día 11 de febrero el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo negaron el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana(SNTMMSRM), estas confirman la conclusión de las relaciones entre Mexicana de Cananea de Grupo México y el Gremio Sindical de los Trabajadores Mineros
En el Laudo de la JFCA, ahora avalado por el poder Judicial federal, se instruyó la indemnización, consistente en tres meses de salario por cada año de servicios prestados por los trabajadores, por lo tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.
La resolución es una burla y un golpe criminal al Estado de Derecho y a la legalidad por parte del Poder Judicial.
Por lo tanto la Sección 22 del Magisterio:
• Hace un llamado a todas las organizaciones, sindicatos y a la sociedad en general para que de manera organizada estemos enfrentando estas envestidas del Gobierno Federal y solidarizarnos con los compañeros mineros que a más de dos años y medio se encuentran luchando por recuperar su fuente de trabajo.
• Pide ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su intervención inmediata para evitar que elementos de la Policía Federal y efectivos militares desalojen a los mineros que se encuentran en las instalaciones de la mina de Cananea.
• De manera fraterna el Magisterio Oaxaqueño brinda el apoyo total y nos estaremos sumando a la lucha de los compañeros mineros y defenderemos el sindicalismo así como los derechos laborales de todos los trabajadores del país para que no sean violentados.
FRATERNALMENTE
UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS
“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”
COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL
PRENSA Y PROPAGANDA
próxima libertad de Juan Manuel Martínez Moreno
Comité 25 de Noviembre Oaxaca
http://comite25denoviembre.org Miércoles 17 Febrero 2010
El Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió finalmente el Recurso de Revisión interpuesto por la Procuraduría General de la Republica el pasado mes de enero. Con ello se RATIFICA EL AMPARO a Juan Manuel Martínez Moreno, quien deberá RECUPERAR SU LIBERTAD en las próximas 24 horas.
Familiares de Juan Manuel Martinez, defensores y organizaciones solidarias con el durante estos 14 meses que injustamente permanecio en prision, estamos pendientes del momento en que quede en LIBERTAD ABSOLUTA.
http://comite25denoviembre.org Miércoles 17 Febrero 2010
El Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió finalmente el Recurso de Revisión interpuesto por la Procuraduría General de la Republica el pasado mes de enero. Con ello se RATIFICA EL AMPARO a Juan Manuel Martínez Moreno, quien deberá RECUPERAR SU LIBERTAD en las próximas 24 horas.
Familiares de Juan Manuel Martinez, defensores y organizaciones solidarias con el durante estos 14 meses que injustamente permanecio en prision, estamos pendientes del momento en que quede en LIBERTAD ABSOLUTA.
Evo Morales en México 21 de febrero 2010.
Evo Morales en México 21 de febrero 2010.
Zócalo de coyoacan, México, Distrito Federal, Domingo 2pm.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
Zócalo de coyoacan, México, Distrito Federal, Domingo 2pm.
YO TE NOMBRO LIBERTAD, CREANDO CONCIENCIA
solo tengo mis ojos y mi mente como herramienta para trabajar.
VERÓNICA VILLALVAZO(FRIDAGUERRERA)
Ratifica la ONU que México es cada vez más peligroso para los periodistas
Subraya que autoridades son cómplices de muchos homicidios
Agencias
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 13
Naciones Unidas, 16 de febrero. El Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer que durante el pasado lustro México se convirtió en una de las naciones más peligrosas para ejercer el oficio periodístico en América Latina y lamentó que nueve de cada 10 asesinatos de comunicadores en dicha nación queden impunes debido a la incapacidad para llevar a cabo las indagatorias, así como la complicidad de algunas autoridades en los homicidios.
En el contexto de la presentación del informe Ataques a la prensa 2009, el director alterno del CPJ, Robert Mahoney, dijo a Notimex que ante la cantidad de agresiones a periodistas el Congreso mexicano debe aprobar la iniciativa de ley que tipifica los ataques contra los comunicadores como delito federal, pero reconoció que dicha aprobación no sería suficiente para frenar los asesinatos de periodistas, que suman 44 desde 1992. "La propuesta que daría al gobierno federal las herramientas para perseguir estos delitos está detenida en el Congreso, por lo que pedimos que se acelere el proceso legislativo para su aprobación." Agregó que esto debe ir acompañado de un cambio constitucional que le conceda a las autoridades federales la jurisdicción para perseguir todos los crímenes contra la libertad de expresión. Cabe señalar que actualmente los ataques contra periodistas en México son considerados delitos del fuero común, por lo que son tratados por los sistemas de justicia estatales.
Agencias
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 13
Naciones Unidas, 16 de febrero. El Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer que durante el pasado lustro México se convirtió en una de las naciones más peligrosas para ejercer el oficio periodístico en América Latina y lamentó que nueve de cada 10 asesinatos de comunicadores en dicha nación queden impunes debido a la incapacidad para llevar a cabo las indagatorias, así como la complicidad de algunas autoridades en los homicidios.
En el contexto de la presentación del informe Ataques a la prensa 2009, el director alterno del CPJ, Robert Mahoney, dijo a Notimex que ante la cantidad de agresiones a periodistas el Congreso mexicano debe aprobar la iniciativa de ley que tipifica los ataques contra los comunicadores como delito federal, pero reconoció que dicha aprobación no sería suficiente para frenar los asesinatos de periodistas, que suman 44 desde 1992. "La propuesta que daría al gobierno federal las herramientas para perseguir estos delitos está detenida en el Congreso, por lo que pedimos que se acelere el proceso legislativo para su aprobación." Agregó que esto debe ir acompañado de un cambio constitucional que le conceda a las autoridades federales la jurisdicción para perseguir todos los crímenes contra la libertad de expresión. Cabe señalar que actualmente los ataques contra periodistas en México son considerados delitos del fuero común, por lo que son tratados por los sistemas de justicia estatales.
Odio e intolerancia panista
Erich Moncada SDP NOTICIAS
17 de Febrero, 2010 - 09:35
Cinco gobernadores blanquiazules de Jalisco, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos acaban de interponer controversias constitucionales contra la reforma al Código Civil que impulsó el gobierno de la Ciudad de México para permitir el matrimonio y la adopción de niños entre personas del mismo sexo.
Los gobernantes dejaron en evidencia su filosofía ultraderechista al argumentar que las reformas en el Distrito Federal tendrían consecuencias jurídicas en sus entidades federativas porque tendrían que reconocer a los homosexuales casados, lo que se opondría a las leyes locales que establecen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Ante una legislación que concede derechos a una minoría históricamente estigmatizada y reprimida por la sociedad, los panistas buscan perpetuar la discriminación de un sector de la población que, bajo el imperio de la Constitución, debería disfrutar igualdad de derechos.
Los cinco gobernadores alegaron que el reconocimiento de los matrimonios gay “resulta totalmente contrario al interés superior de las niñas y de los niños”, pero no justificaron las bases de esta afirmación. El interés superior de los niños es que puedan vivir en hogares cariñosos y protectores, sin importar si está integrado por un padre y una madre, dos padres, dos madres o sólo una madre o un padre. A pesar del alto número de niños en la calle, de tantos hogares heterosexuales que maltratan y abusan de sus hijos, se cierran las puertas a las parejas que buscan dar a amor y educación a los niños abandonados. Según cifras de UNICEF, el 61.2% de los niños y las niñas de este país viven en la pobreza, mientras que 27.4% se encuentran en pobreza alimentaria.
Una de las justificaciones más ridículas vino del gobierno de Sonora. Carlos Espinoza Guerrero, asesor jurídico de la administración de Guillermo Padrés Elías (quien sigue las huellas de su antecesor, el misógino Eduardo Bours Castelo, quien promovió la reforma que protege la vida desde la concepción), reconoció que la controversia constitucional respeta la unión entre homosexuales pero que se opone a la adopción. ¿Entonces por qué no reforman sus leyes para permitir los matrimonios gays? Son hipócritas, porque dicen defender a los niños, pero castigan a las mujeres que abortan y apoyan una sangrienta guerra contra el narco que ha mandado a la tumba a 17 mil personas.
Otro razonamiento increíblemente estúpido, porque demuestra el desconocimiento de la ley, fue el del secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien dijo que la decisión no “es una cuestión de fe, sino de derecho” (El Informador, 15.02.10) porque la Constitución reconoce únicamente el matrimonio entre hombres y mujeres. Igual que Felipe Calderón, parece que el señor Guzmán no ha leído nuestra Carta Magna.
¿No es cuestión de fe? ¿Entonces porque la iniciativa proviene sólo de los gobernadores del PAN?
El miedo y la ignorancia nublan los actos de estos cinco gobernadores. Bien harían en platicar con sus amigos y familiares homosexuales y preguntarles qué opinan sobre su determinación de imponer una visión religiosa y un modelo familiar hegemónico. El Yunque prepara una ofensiva más contra el Estado laico. Ahora, más que nunca, debemos pugnar por la creación de nuevos derechos y no la eliminación de los pocos que se nos conceden.
17 de Febrero, 2010 - 09:35
Cinco gobernadores blanquiazules de Jalisco, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos acaban de interponer controversias constitucionales contra la reforma al Código Civil que impulsó el gobierno de la Ciudad de México para permitir el matrimonio y la adopción de niños entre personas del mismo sexo.
Los gobernantes dejaron en evidencia su filosofía ultraderechista al argumentar que las reformas en el Distrito Federal tendrían consecuencias jurídicas en sus entidades federativas porque tendrían que reconocer a los homosexuales casados, lo que se opondría a las leyes locales que establecen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Ante una legislación que concede derechos a una minoría históricamente estigmatizada y reprimida por la sociedad, los panistas buscan perpetuar la discriminación de un sector de la población que, bajo el imperio de la Constitución, debería disfrutar igualdad de derechos.
Los cinco gobernadores alegaron que el reconocimiento de los matrimonios gay “resulta totalmente contrario al interés superior de las niñas y de los niños”, pero no justificaron las bases de esta afirmación. El interés superior de los niños es que puedan vivir en hogares cariñosos y protectores, sin importar si está integrado por un padre y una madre, dos padres, dos madres o sólo una madre o un padre. A pesar del alto número de niños en la calle, de tantos hogares heterosexuales que maltratan y abusan de sus hijos, se cierran las puertas a las parejas que buscan dar a amor y educación a los niños abandonados. Según cifras de UNICEF, el 61.2% de los niños y las niñas de este país viven en la pobreza, mientras que 27.4% se encuentran en pobreza alimentaria.
Una de las justificaciones más ridículas vino del gobierno de Sonora. Carlos Espinoza Guerrero, asesor jurídico de la administración de Guillermo Padrés Elías (quien sigue las huellas de su antecesor, el misógino Eduardo Bours Castelo, quien promovió la reforma que protege la vida desde la concepción), reconoció que la controversia constitucional respeta la unión entre homosexuales pero que se opone a la adopción. ¿Entonces por qué no reforman sus leyes para permitir los matrimonios gays? Son hipócritas, porque dicen defender a los niños, pero castigan a las mujeres que abortan y apoyan una sangrienta guerra contra el narco que ha mandado a la tumba a 17 mil personas.
Otro razonamiento increíblemente estúpido, porque demuestra el desconocimiento de la ley, fue el del secretario de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien dijo que la decisión no “es una cuestión de fe, sino de derecho” (El Informador, 15.02.10) porque la Constitución reconoce únicamente el matrimonio entre hombres y mujeres. Igual que Felipe Calderón, parece que el señor Guzmán no ha leído nuestra Carta Magna.
¿No es cuestión de fe? ¿Entonces porque la iniciativa proviene sólo de los gobernadores del PAN?
El miedo y la ignorancia nublan los actos de estos cinco gobernadores. Bien harían en platicar con sus amigos y familiares homosexuales y preguntarles qué opinan sobre su determinación de imponer una visión religiosa y un modelo familiar hegemónico. El Yunque prepara una ofensiva más contra el Estado laico. Ahora, más que nunca, debemos pugnar por la creación de nuevos derechos y no la eliminación de los pocos que se nos conceden.
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