INFORMACIÓN AMPLIADA DE ASESINATO LÍDER INDIGENA DE OAXACA

Aproximadamente a las 2:20 de la tarde de este viernes 22 de octubre, fue asesinado a balazos el líder indígena Catarino Torres Pereda, en las oficinas del Comité de Defensa Ciudadana, CODECI, ubicadas en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.

Una pareja de 2 hombres armados irrumpió en dichas oficinas para disparar a quemarropa contra el dirigente de 37 años de edad, originario de el Cacahautal, Ojitlan, Oaxaca.

Compañeros que lograron ver a los agresores identificaron que portaban gorras y camisetas proselitistas del excandidato priísta al gobierno del estado, Eviel Perez Magaña. Aun con esos detalles, se ignora quien o quienes pudieron haber sido los agresores y la organización esta a la expectativa de avanzar con las investigaciones, lo antes posible. La pareja de agresores uso una pistola impactando a Catarino con 2 balas, calibre 9 milimetros, uno que entro en la cara y se alojo en el cerebro sin penetrarlo, alojandose sin salir, otra por el lado izquierdo que salio por el hombro derecho, perforando ambos pulmones.

El día de hoy viernes se esta desarrollando una manifestacion política, a las afueras de la Catedral, en la Ciudad de Oaxaca, para exigir justicia inmediata para Catarino y se están por anunciar una serie de movilizaciones durante los próximos días.

Catarino Torres había padecido en los últimos diez años, una incesante persecución política, a causa de su actividad política y social, esto lo llevo a ser el primer preso político de la APPO, en el 2006, en Oaxaca y a estar recluido durante 7 meses en el penal de máxima seguridad del altiplano.

La muerte de Teresa

Texto David Cilia Olmos/ voz e imagen Verónica Villalvazo

En 20 días más Teresa cumpliría 32 años, en marzo próximo estaría dando a luz, por esas fechas también su hijo Efraín estará cumpliendo dos años. Ya no lo celebrará. Ahora está rodeada de hermosas flores, ayer la despedimos, se fue con su vestido tradicional, con la nueva hamaca que nunca alcanzó a estrenar, con sus trastos de plástico y un gallo para que la acompañe en su camino.

Se fue con un mensaje escrito en la mano, antes de irse sus ancianos padres le orientaron sobre su camino y le dijeron en Triqui: recuerda allá, donde te escuchen, los nombres de los que te quitaron la vida, y los repitieron uno por uno. No hay coraje, hay dolor y más que nada, la preocupación para que no se olvide el mensaje.

Antes de irse Orlando, el hijo la madre de Teresa, y su abuela, lavaron con alcohol sus manos y la planta de los pies para que llegue limpia a donde va. Orlando no llora, a sus 9 años entiende perfectamente que de nada le sirve llorar, las demás mujeres tampoco lloran, han estado presentes durante horas de pie, aquí no hay ni una silla donde sentarse, ni un banco y ni un tabique.

Teresa no fue velada en su casa, “¿Qué casa iba a tener si era desplazada?” me contesta un indígena Triqui. En la casa más cercana a la escuela, sobre unos cuantos blocks de concreto se colocó su ataúd, entre las sábanas solo se alcanza a observar su cabello negro ensortijado.

Teresa había resistido los más de 300 días que duró el cerco militar en contra de la localidad de San Juan Copala, los últimos días del asedio ya no había comida y solo bebía agua de lluvia, cuando llovía, pues ya era imposible salir de las casas.

Pero finalmente el sitio en contra de Copala terminó con la toma militar del poblado. Primero la policía estatal tomo el Palacio Municipal Autónomo con el pretexto de la muerte del jefe paramilitar de UBISORT en la Sabana. La comunidad sitiada había sido tocada en su corazón. La policía estatal dejó el Palacio Municipal Autónomo, pero nuevamente las mujeres volvieron a salir a las calles de su comunidad y lo retomaron. No fue fácil, ahí murió una persona y hubo muchos heridos de bala.

Entre el 11 y el 19 de septiembre se dio la batalla por Copala, seis días le tomo a 400 paramilitares tomar el poblado casa por casa. La gente pasó los últimos días en sus casas con un estoicismo que se guardará en las páginas de la historia de este país, durante 3 o 4 días no tuvieron nada que comer y nada que beber. Teresa salió de su casa, con sus hijos el 14 de septiembre, durante la madrugada, en la oscuridad y dado lo abrupto del terreno calló en una barranca profunda y rodó arrastrando a algunos de sus hijos. Como pudo siguió su camino y finalmente logró pasar entre lo más difícil de la selva y barrancas el cerco de los paramilitares. Su esposo Jordán se quedó a intentar proteger el poblado y ayudar al escape de los demás habitantes, la mayoría de ellos de la tercera edad.

Cuando finalmente Jordán logró romper el cerco militar y escapar se reunió con ella en Yosuyuxi y enfrentaron su nueva situación, durante más de 10 meses ni Jordán ni Teresa habían tenido alguna fuente de ingresos económicos, pues primero no podían salir del poblado y luego ni de sus casas, ahora el joven matrimonio tenía que ver como alimentar a sus 6 hijos, que en 5 meses serían 7.

Teresa vivía escondida en la casa de su mamá. Ni ella ni sus hijos podían salir y ni siquiera asomarse a la puerta o a las ventanas, la casa de su madre estaba visible y peligrosamente a la orilla de la carretera. Ahí solo podía tejer diadema indígena, artesanías, para tener algún ingreso, pero ella no podía salir a venderlas, pues su vida corría peligro.

Una semana antes de su muerte Teresa y Jordán recibieron en esa casa a Matilde Pérez, de La Jornada, a Zósimo Camacho y David Cilia García, reporteros de la revista Contralínea, al corresponsal de Proceso en Oaxaca, a la reportera Frida Guerrera y a Reyna Martínez vocera del Municipio Autónomo en el estado de Oaxaca.

Reyna tomó las manos de Teresa en sus propias manos y le dijo mirándola a los ojos:

--Vámonos para Oaxaca, al plantón…

--No puedo Reyna –contestó Teresa—tengo muchos hijos y pueden dar mucha lata.

Reyna insistió, pero Teresa mantuvo su negativa, quería estar con su esposo y sus hijos juntos y eso sólo lo podía lograr estando en Yosuyuxi.

Ahora Teresa está muerta. Hasta esta localidad de la región Triqui Baja que reúne la mayor cantidad de desplazados de San Juan Copala llegaron los sicarios para ejecutarla.

Ahora mismo nos muestran la ropa que tenía puesta Teresa durante la emboscada. El largo cinturón indígena tejido a mano muestra las perforaciones de los tiros que la abatieron por la espalda, nos muestran el sostén tinto de sangre, el fondo, y el huipil de pos si rojo, con el orificio de la bala calibre 7.62. Pero no es la única sangre, en la camioneta en la que viajaba se nota la saña, el uso de diversos calibres, el miedo de los que con impunidad disparan que una vez apretado el gatillo no dejaron de disparar hasta que sobre la carretera dieron el tiro de gracia a Jordán, el esposo de Teresa.

Rodeada de flores, en manojos que nunca abandona una anciana Triqui, la madre de Teresa reflexiona o pregunta en un español bastante claro para quien lo quiera entender: “no sé porque le hacen así, ella no es hombre, nomás mujer, ella nomás estaba aquí, en su casa”.

Su pregunta me da claridad acerca de que los paramilitares que se están apoderando de México están mandando un mensaje de “equidad” en la muerte que distribuyen, los mínimos códigos de comportamiento en la guerra, para ellos son basura, lo que el jefe ordene, eso se hace. Los paramilitares que siguen masacrando al pueblo Triqui de Copala tienen los mismos códigos éticos que sus jefes Toño Pájaro, Heriberto Pazos, Ulises Ruiz, o sea, no tienen madre.

Pero yo me pregunto: ¿Dónde están las y los activistas que defienden los derechos de la mujer en México? ¿Andan en algún congreso internacional? ¿Teresa no era mujer? ¿Acompañaba demasiado a su marido como para que merezca ser defendida?

¿Dónde están los que defienden a los niños de la violencia? ¿Los hijos de Teresa no son víctimas de la violencia? ¿Necesitaban ser lastimados verbalmente y no con balas para que alguien les haga caso?

¿Dónde están los que defienden los derechos de los pueblos indios? ¿Teresa no era Triqui? ¿Los Triquis no son un pueblo indígena?

¿Dónde están los que defienden el derecho a la salud? Alexandra, la hija de 3 años de Teresa tiene una esquirla o cristal en la cabeza que no pudimos retirar, Frida Guerrera y yo, con agua hervida y sal y unas tijeras de kínder que es lo único que había al alcance para atenderla donde está. ¿Qué el doctor? ¿Qué el Centro de Salud? ¿De qué me están hablando?

Frida Guerrera, la primera y única reportera que ha entrado a Yosoyuxi luego de la masacre -- hasta la fecha--, se queda con una profunda sensación de impotencia. Nosotros no pudimos ¿Entonces quién la va a curar? El Estado mexicano gasta exactamente pinchemil millones de pesos en salud. Ni un centavo se invertirá en curar a Alexandra, se los puedo asegurar. Pero repito ¿Dónde están los activistas que se rifan el pellejo en éste país para atender el derecho a la salud que el Estado y el sistema se niega a atender? ¿Es demasiada chica su herida? ¿De cualquier forma de algo va a morir o la van a matar a balazos?

¿Dónde están los que defienden a los desplazados, a los perseguidos, a los refugiados, a los damnificados en otras partes del mundo? ¿Acaso solo lo son si lo dice Televisa? ¿Solo al lado de un artista famoso los Triquis pueden tener el estatus de desplazados, de refugiados, de damnificados?

¿Dónde están esos hombres y mujeres viriles, güevudos --como dicen los misteriosos desaparecedores--, que pueblan la política nacional, la “izquierda” y los movimientos sociales con discursos encendidos sobre la justicia y los derechos? ¿Matar mujeres, disparar contra niños de uno a 3 años, rematar a los heridos no es una injusticia?

¿Dónde están los que defienden la autonomía, la libertad, la democracia? ¿El pueblo Triqui no tiene el derecho a organizarse, expresarse como le dé su gana?

Podría seguir preguntando pero no sé si como desde hace 10 meses, 10 años, o 5 siglos estás preguntas en realidad no tengan respuestas o no merezca yo conocerlas.

Lo que sí sé es donde está el asesino de Teresa, Antonio Cruz, alias el Pájaro. Está estacionado en su carro focus rojo, con las luces ostensiblemente encendidas, sobre una terracería que entronca con la carretera por la que vamos pasando rumbo a Tlaxiaco para mandar esta información.

Zona Triqui baja, lunes 18 de octubre de 2010.

David Cilia Olmos.

Otros 15 responsables de la Masacre de Acteal son puestos en libertad

Karol Assunção *

Adital -

Impunidad. Ésta es la palabra que acompaña, hace años, el caso de la Masacre de Acteal, ocurrido en Chiapas, México, en 1997. Como si no bastasen los 29 paramilitares involucrados en la masacre, excarcelados el año pasado, el Estado mexicano liberó este año a otros 15 responsables materiales de lo ocurrido. Organizaciones de derechos humanos llaman la atención sobre la injusticia sustentada por el Estado en relación con los delitos de lesa humanidad.

En un boletín divulgado ayer (21), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se muestra preocupado por las decisiones judiciales de excarcelar a los autores de la masacre. De acuerdo con el Centro, los 15 acusados fueron reconocidos por testigos y sobrevivientes del delito ante las autoridades.

"El Estado mexicano, al beneficiar con libertad anticipada a esas 15 personas, confirma su negativa de hacer justicia en el caso de la Masacre de Acteal", declara Frayba. Esto porque, según la organización de derechos humanos, la pena de los recién liberados ya había sido reducida en otras ocasiones.

Primeramente, los acusados fueron sentenciados a 36 años y tres meses de prisión por delitos de: homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Sin embargo, después del recurso de apelación, los jueces federales disminuyeron la pena a 26 años. Más tarde, los responsables de la masacre fueron nuevamente beneficiados: reducción de la pena a 18 años y reclasificación a delito simple.

"La protección del Estado mexicano hacia los perpetradores de la masacre es clara y contundente ante la insistencia en sepultar los acontecimientos del 22 de diciembre de 1997, día en que se cometió este Delito de Estado, y, como consecuencia, negar la acción paramilitar en las zonas de los Altos y Norte de Chiapas en el marco del Conflicto Armado Interno no Resuelto, donde la estrategia de contrainsurgencia se hizo evidente ante estos hechos", comenta Frayba.

Los 15 involucrados en la masacre no fueron los primeros en ganar la libertad. De acuerdo con el boletín de Frayba, en agosto de 2009, "20 civiles indígenas, también sentenciados como autores materiales de la masacre," fueron liberados. En noviembre del mismo año, otros nueve fueron beneficiados con la salida de prisión.

Basado en informaciones de medios de comunicación, el Centro de Derechos Humanos revela que otros acusados podrían salir en los próximos meses. De acuerdo con Frayba, la defensa de los autores materiales ya avisó que presentará al SCJN un incidente de reconocimiento de inocencia a fin de que otras 24 personas también puedan ser excarceladas.

"Tal como ha venido actuando el gobierno mexicano, es de se suponer que serán liberados, dejando en absoluta indefensión a los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, que manifestaron preocupación y temor ante los hechos de que los grupos paramilitares no fueron desarmados ni investigados, pues los agresores siguen en posesión de las armas que fueron usadas y pueden volver a usarlas", observa.

Además, el Centro llama la atención sobre la falta de investigación de los autores intelectuales del delito, que en esa época eran altos funcionarios del gobierno, como: Ernesto Zedillo, entonces presidente de la república; Emilio Chuayfett, secretario de gobierno; Enrique Cervantes, secretario de Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas; Homero Cristiani, secretario de gobierno de Chiapas; entre otros.

"Este Centro de Derechos Humanos ve con preocupación las decisiones tan lamentables que están generando precedentes de impunidad y ausencia del estado de derecho. Se evidencia también la falta de división real de poderes en nuestro país", comenta, destacando además que el Centro continuará denunciando el caso ante instancias internacionales de derechos humanos.

Masacre de Acteal

El día 22 de diciembre de 1997, indígenas tsotsiles integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas fueron asesinados mientras rezaban en una pequeña iglesia del campamento de refugiados "Los Naranjos", ubicado en el municipio de Chenalhó, Chiapas. El caso, conocido como "Masacre de Acteal", terminó con la muerte de 45 indígenas: nueve hombres, 15 niños y adolescentes y 21 mujeres, de las cuales cuatro estaban embarazadas.

Para más información sobre el caso: http://www.frayba.org.mx/index.php o http://acteal.blogspot.com/

ATENTAN Y ASESINAN A LÍDER INDIGENA DE OAXACA

Aproximadamente a las 2:20 de la tarde de este viernes 22 de octubre, fue asesinado a balazos el líder indígena Catarino Torres Pereda, en las oficinas del Comité de Defensa Ciudadana, CODECI, ubicadas en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.

Una pareja de 2 hombres armados irrumpió en dichas oficinas para disparar a quemarropa contra el dirigente de 37 años de edad, originario de el Cacahautal, Ojitlan, Oaxaca.

Catarino Torres había padecido en los últimos diez años, una incesante persecución política, a causa de su actividad política y social, esto lo llevo a ser el primer preso político de la APPO, en el 2006, en Oaxaca y a estar recluido durante 7 meses en el penal de máxima seguridad del altiplano.

Es necesario investigar el ataque contra miembros de una comunidad indígena mexicana

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades mexicanas a investigar un ataque contra miembros de una comunidad indígena triqui en el estado de Oaxaca, después de que un hombre y una mujer perdieran la vida a manos de un grupo armado con presuntos vínculos con las autoridades locales.

El sábado 16 de octubre, los gatilleros emboscaron a cinco integrantes de una organización del pueblo indígena cerca del poblado de Tres Cruces, matando a Teresa Ramírez Sánchez y a Serafín Ubaldo Zurita. Otros dos hombres y una mujer, cuyos nombres no se publican por razones de seguridad, sobrevivieron el ataque. Uno de ellos aún permanece hospitalizado.

"Este ataque aumenta la necesidad de que las autoridades protejan a los sobrevivientes, además de tomar medidas inmediatas para restaurar el Estado de derecho y la protección a los derechos humanos en esta problemática región del sur de México," dijo Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

"Grupos armados operan en la región desde hace varios años en total impunidad. Las autoridades deben actuar para restaurar el Estado de derecho, comenzando con una investigación pronta y minuciosa sobre los homicidios de Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo Zurita."

Este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a las autoridades mexicanas a proteger a las comunidades que habitan en esa región del país.

Las cinco víctimas del ataque, que ocurrió entre los poblados de Santiago Juxtlahuaca y Yosoyuxi, eran integrantes de un grupo político conocido como el Movimiento de Unidad y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

El MULTI, apoyado por 700 personas triqui, estableció el municipio indígena autónomo de San Juan Copala el 1° de enero de 2007.

En septiembre de 2010, miembros armados de otras dos organizaciones indígenas triqui, conocidas como UBISORT y MULT, ingresaron y ocuparon el municipio autónomo de San Juan Copala. Todos los habitantes identificados como integrantes del MULTI huyeron del poblado y se ubicaron en zonas aledañas, tales como Yosoyuxi.

San Juan Copala estuvo sitiado de noviembre de 2009 a septiembre de 2010, con grupos armados rodeando la comunidad y disparando diariamente en las calles para intimidar a los habitantes, muchos de los cuales apoyaban al MULTI. Durante el sitio, no había suministro de alimentos, agua o medicinas y otros productos médicos.

El 27 de abril de 2010, hombres armados pertenecientes a UBISORT emboscaron un convoy humanitario cerca de San Juan Copala matando a dos defensores de derechos humanos. El 7 de septiembre, hombres armados atacaron e hirieron a dos mujeres indígenas habitantes de San Juan Copala. Nadie ha comparecido ante la justicia por estos crímenes.

Durante varios años, grupos armados, algunos de los cuales presuntamente tienen vínculos con las autoridades locales y estatales, han hostigado y asesinado a indígenas triqui por su presunta filiación con organizaciones indígenas locales. Las autoridades estatales y federales no han tomado acciones suficientes para desmantelar a los grupos armados.

Margarita

Por David Cilia Olmos

Margarita López Pérez nació 35 días antes que yo. Cuando yo entré a la secundaria ella ya tenía varios años trabajando en el campo. Cuando yo entre a la preparatoria ella ya llevaba años haciendo las labores propias de una mujer indígena.

Mientras tomo las fotografías de la mano hinchada de la mamá de Jordán Ramírez, quién se lastimo al escapar el 14 de septiembre del cerco de sangre y balas que contra San Juan Copala establecieron los paramilitares al mando de Toño Pájaro, Heriberto Pasos, Ulises Ruiz, ella, Margarita me mira y levanta su mano izquierda.

--A mí también tómalo la foto –me dice en lengua Triqui que alcanzo a comprender. Me acerco hasta ella y apunto con la cámara hacia su rostro, ella inclina su cabeza hacia su seno derecho y con la mano oculta su rostro.

--A mí también tómala la foto –había entendido yo, pero ahora se cubre el rostro. Del ovillo rojo que se ha convertido su cuerpo sólo sobresale la mano izquierda.

--El choque, mi choque, es bastante intenso cuando miro su antebrazo izquierdo. En mi mente viene una imagen de una muñeca armable que alguien había armado mal.

Ya no apunto la cámara a su cara, ya entendí. Ella se descubre con dificultad la muñeca, se va quitando poco a poco la venda que le cubre su herida.

No es necesario que yo les describa de que estoy hablando, les anexo la fotografía. Estoy sorprendido. La hermana de Teresa Ramiréz Sánchez, Agustina, me explica:

“Se cayó en septiembre, cuando escapó del cerco de Copala, era noche cerrada, no se veía nada, por eso pudieron escapar, pero ella se cayó, estuvo dos días oculta en el monte.”

--¿Ya recibió atención médica? --pregunto sin poder jalar momentáneamente aire para respirar, por que un nudo me obstruye la garganta.

Pregunta estúpida. A veces me pasa. A veces no termino de entender que una cosa es lo que creo yo que es este país y otra cosa es lo que verdaderamente es, al menos en la zona Triqui de San Juan Copala.

Con una delicadeza que yo agradezco Agustina me dice:

--No.

Margarita suelta unas lágrimas y dice en lengua Triqui-Universal “me duele”. El mover el brazo, el quitar la venda, aún con toda la lentitud que lo ha hecho, le ha arreciado el dolor. Mira su mano y de plano suelta el llanto.

Yo calculo que la mujer tiene como 70 u 80 años. Pregunto:

--¿Cómo se llama?

--Margarita López Pérez.

--¿Qué le pasó?

--Se cayó al salir de Copala y ahora no puede trabajar, no puede conseguir para comer.

--¿Y le están dando alguna medicina, algo para el dolor?

--Solo con alcohol se le quita el dolor.

Me reprimo y me digo “No. No una segunda pregunta estúpida”.

Con la mirada perdida entre el ataúd de Teresa Ramírez Sánchez y su propia mano, Margarita llora despacito todo lo que tiene que llorar. Yo veo la credencial de elector queme acercan y veo que nació 35 días antes que yo.

Vean la foto que anexo.

Esto es México, a 300 kilómetros del ropero y del refrigerador.

David Cilia Olmos

Tlaxiaco Oaxaca, Zona Triqui Alta, 19 de octubre del 2010.

Ineficacia estatal frente al feminicidio

Gladis Torres Ruiz / CIMAC

cimac@laneta.apc.org

* Informe del Observatorio Ciudadano * Asegura que el Distrito Federal ocupa el cuarto lugar nacional * Urge tipificarlo como nuevo delito penal

La poca atención que el Estado mexicano ha prestado a la violencia extrema contra las mujeres y niñas (feminicidio), ha tenido como consecuencia acciones poco efectivas para la prevención, tratamiento, combate y erradicación de este delito en el país, afirmó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El observatorio, integrado por organizaciones de 17 estados de la República, demuestra en su informe que para el caso del Distrito Federal (DF) el feminicidio es “inexistente”, lo que atribuye a la falta de cifras claras y estadísticas que permitan conocer la magnitud del problema.

Además de que no hay seguimiento de los casos, se desconoce la identidad de las mujeres, quién las mató, el móvil del asesinato, y no hay pruebas.

En el informe: Una mirada al feminicidio en México, 2007-2008, donde se documentó este fenómeno en 13 estados de la República, de enero de 2007 a julio de 2008, el OCNF indicó que una medida urgente es la tipificación del feminicidio como un nuevo delito penal.

Es necesaria la creación de mecanismos jurídicos integrales y expeditos que esclarezcan los homicidios dolosos de mujeres. “La tipificación del feminicidio tanto en el ámbito estatal como en el federal, es fundamental para una debida investigación y sanción de los responsables”, añade el documento.

En noviembre del año pasado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de la diputada Maricela Contreras Julián propuso establecer como delito la figura del feminicidio en el Distrito Federal y propone hasta 40 años de prisión y aumentar hasta en 50 por ciento las sentencias para los asesinos de mujeres.

La iniciativa, que se encuentra en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Equidad y Género, plantea que quien atente –sin importar la finalidad de la acción– en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres, en una determinada comunidad o región, donde de manera recurrente, se cometan estos delitos, se le impondrá una pena de 20 a 40 años de prisión, además de las sentencias que correspondan por los delitos cometidos.

Se consideran atentados en contra de la vida, la dignidad, o la integridad física o mental de las mujeres el homicidio, la desaparición forzada, el secuestro, la violación, las lesiones graves, la trata de personas, la tortura, el abuso sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada y la discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencia sexual o por estado de gravidez.

El DF cuenta con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orientarán las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La legislación incluye tres ejes rectores de actuación para las autoridades capitalinas: prevención, atención y acceso a la justicia; asimismo, coloca como fundamental la reparación del daño y el acceso de las mujeres a la justicia.

Resaltan también como directrices fundamentales: el derecho de las víctimas a ser tratadas con respeto, a ser valoradas y educadas libres de estereotipos, así como acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.

En marzo de este año se creó en la Procuraduría General de Justicia del DF, la Agencia Especializada en Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, misma que ya está en funcionamiento con personal capacitado.

A pesar de ello, en opinión del OCNF, la ciudad de México ocupa el cuarto lugar nacional en feminicidio de un total de 13 entidades, y precisa que en el DF, por cada 100 mil mujeres se cometen 4.2 homicidios contra ellas.

Es un crimen de estado

Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

cimac@laneta.apc.org

El feminicidio, la forma extrema de violencia en contra de las mujeres, se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional, al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuir a la impunidad.

Así lo refiere Marcela Lagarde, en el texto Violencia feminicida en el estado de México, publicado en 2006, por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la antropóloga feminista, el feminicidio está conformado por hechos violentos misóginos contra las mujeres, implica la transgresión de sus derechos humanos, atenta contra su seguridad y pone en riesgo su vida.

Culmina en la muerte violenta de algunas mujeres, se consuma cuando las autoridades obstruyen el acceso a la justicia de las mujeres. La mayoría de los crímenes está en la impunidad, asegura Marcela Lagarde.

El feminicidio conlleva la ruptura del estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de estado.

De 1999 a 2005, fueron asesinadas 6 mil niñas y mujeres en los estados de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero, el Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y Morelos. Por homicidio doloso o culposo perdieron la vida tres de ellas, cada día.

Las niñas y mujeres asesinadas en México tenían distintas edades, eran jóvenes, adultas, ancianas, adolescentes y niñas. Pertenecían a diversos estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres.

Su nivel de instrucción también variaba, algunas eran estudiantes, otras eran técnicas, universitarias y posgraduadas, pero el grueso de ellas tenía pocos estudios.

La relación que tenían con el agresor era igualmente diversa: desconocidas, cónyuges, parientas, amigas; había solteras, casadas, novias, exnovias, esposas, exesposas, primas, suegras, vecinas, jefas, subordinadas, turistas, transeúntes, prestadoras de servicios, políticas, gobernantes, casi todas mexicanas, algunas de origen indígena y otras extranjeras: estadunidenses, europeas, asiáticas y de Centro y América del Sur.

A la mayoría las asesinaron en su casa, al resto se desconoce en donde las privaron de su derecho a la vida, pero sus cuerpos fueron hallados en la calle, un baldío, una barranca, en una construcción, en un río o en una casa de secuestro.

Algunas tienen huellas de violencia sexual, todas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte, estranguladas, colgadas, acuchilladas. Todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de indefensión.

Alta concentración de trabajadoras

Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

cimac@laneta.apc.org

* Ejercicio del INEGI con enfoque de género, pero sin detalles

Los Censos Económicos 2009 registraron un aumento en la participación de las mujeres en todas las actividades económicas, la cual pasó de 37.8 a 42.5 por ciento, de 2003 a 2008; sin embargo, las condiciones en las que se ocupan se desconocen, ya que no captaron la diferencia salarial entre mujeres y hombres, si sus empleos son formales o no, y cuántas tienen seguridad social.

Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), refirió en conferencia de prensa que los Censos Económicos 2009, que tuvieron un costo de mil 925 millones de pesos, se realizaron con un enfoque de género.

“Nos hemos preocupado por darle perspectiva de género a cada uno de los ejercicios estadísticos que hacemos, en este sentido captamos el personal ocupado por género, 42.5 por ciento son mujeres y el 57.5 por ciento hombres”, de las 27.7 millones de personas que trabajan en el país, mencionó.

Los estados de la República, donde la participación de las mujeres es más alta, son Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Hidalgo, Puebla y Nayarit, entidades en las que va de 45.1 a 48.7 por ciento, según la información de los Censos Económicos, que se levantó del 2 de marzo al 31 de julio de 2009.

En 2008, las mexicanas se ocuparon mayoritariamente en los sectores servicios educativos (62.3 por ciento), de alojamiento y preparación de alimentos (57.5 por ciento), comercio al por menor (51.1 por ciento) y servicios financieros y de seguros (48.6 por ciento).

Del total de personas ocupadas, 47 por ciento labora en servicios no financieros, 26 por ciento en el comercio, y 18 por ciento en la industria manufacturera.

El tipo de empresa en el que se ocupan se mide también por la cantidad de personas que emplean, Sojo Garza refirió que una de las tendencias que se registraron en los censos económicos es la ocupación en microempresas.

Y es que 42.1 por ciento de las más de 27 millones de personas que trabajan lo hacen en empresas que tienen hasta 10 empleadas y empleados, las mujeres representan 48.7 por ciento de las y los mexicanos que laboran en este tipo de unidades económicas.

Mientras que de las que están empleadas en empresas con más de 251 personas, las mujeres representan 36.4 por ciento. El titular del INEGI señaló que las microempresas representan 95.2 por ciento de las 5 millones 144 mil 56 registradas.

Este tipo de empresas fueron las que obtuvieron menor cantidad de préstamos, ya que del total de las unidades económicas, 67.8 por ciento no obtuvieron crédito, préstamo o financiamiento.

El 29.8 por ciento de las personas ocupadas son propietarias, familiares y trabajadoras no remuneradas, 56.6 por ciento son personal remunerado y 13.6 por ciento laboran en empresas outsourcing, este tipo de contratación aumentó 5 por ciento de 2003 a 2008.

Cabe mencionar que la participación de las mujeres como propietarias, trabajadoras no remuneradas y empleadas por outsourcing, se desconoce, ya que la información no está desagregada por sexo, al igual que la percepción salarial.

De igual modo, se desconoce si los más de 27 millones de empleos son formales o informales, ya que, dijo Sojo Garza, a las personas entrevistadas no se les cuestionó si pagaban impuestos. Tampoco se incluyó en la información acerca de la actividad económica si las y los trabajadores contaban con seguridad social.

El funcionario aseguró que esa medición corresponde a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al igual que la desocupación, que en su opinión “es alta si se compara con la tasa previa a la crisis económica, pero estable en los últimos tres meses”.

Otra del Góber piadoso

Lydia Cacho / CIMAC

cacholydia@yahoo.com

Las dos niñas, de 14 años de edad, estaban rodeadas de ocho adultos cuando la policía municipal de Tlajomulco, Jalisco, entró luego de recibir una llamada de los vecinos que corroboraron la versión de que en esas casas de interés social operaba una red de tratantes de menores. Las dos niñas estaban entre otros 13 menores de edad en la casa de Jorge Arturo López Murillo, quien primero amenazó a los policías con un arma y después los quiso sobornar.

Los agentes llevaron a cabo un operativo bien organizado, en cuanto sometieron a los ocho adultos recibieron la oferta: a cambio de su libertad y silencio les ofrecieron tener sexo con las niñas.

Los policías se rehusaron y cubrieron los cuerpos de las niñas que yacían desnudas. Las menores de edad estaban drogadas. Cuando los policías las protegieron, en lugar de aliarse con los explotadores, ellas les explicaron que el dueño de la casa las había hecho adictas al Tonsol (un disolvente más potente que el thiner, comúnmente utilizado por zapateros y que se vende con menos restricciones que los inhalantes relacionados con las adicciones de menores de edad en situación de calle). “Con el toncho no sentimos nada”, dijeron las pequeñas aliviadas al ser rescatadas.

Los policías llevaron a los detenidos a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, donde a pesar de la evidencia y los testimonios, el delegado José Armando Yáñez Navarro, declaró: “No hay elementos para presumir delitos de naturaleza sexual, las 15 menores de edad retenidas negaron que hubiera existido abuso sexual (…) estaban ahí por su voluntad, participando en una fiesta”.

Según testigos de la propia procuraduría, a las víctimas se les trató con el desprecio con que “se trata a las prostitutas adultas”, las amenazaron con hacerles estudios ginecológicos para saber si las habían violado y, ellas lo único que querían era irse a casa.

Frente a ellas Yáñez Navarro declaró lo que luego repitió a los medios: “El hecho de que pudieran estar desnudas las chamaquitas no implica un delito de ningún tipo” (aunque los adultos que las retenían fueran mayores de 45 años).

Los policías insistieron en que el hecho constituía el delito federal de trata de personas, pero la procuraduría estatal, a cargo de Tomás Coronado, dejó ir a los detenidos, excepto a dos, acusados también de robo.

Los policías Aurelio Hernández, José Ángel García Mercado y Víctor Padilla Ortiz, declararon que los adultos tenían al grupo de adolescentes y niñas en su casa, en donde encontraron objetos robados.

Algunos vecinos aseguran que el propietario de la casa maneja una red de tratantes de menores para fines de explotación para la mendicidad y el robo, además de la explotación sexual; delitos tipificados como graves en la ley federal.

La procuraduría fue demasiado rápida para desacreditar la existencia del delito de trata. Si el procurador Coronado (a quien se le ha vinculado desde su nombramiento con delitos de abuso de menores de edad en Guadalajara), fuese un servidor público responsable, habría pedido asistencia a la fiscalía que atiende la trata de mujeres y niñas (Fevimtra).

En segundo lugar, si hubiera dado protección y asistencia a las víctimas, junto con el testimonio de los notables policías, Jalisco tendría ahora un caso ejemplar de persecución de trata de menores y atención a las víctimas. Pero es obvio que al Góber piadoso y a Coronado el abuso de menores les tiene sin cuidado ¿Por qué su silencio?

México debe exigir que autoridades civiles investiguen abusos militares contra civiles

Difusión Cencos México D.F., 22 de octubre de 2010

Boletín de prensa
Human Rights Watch

• La reforma propuesta por Calderón no asegura que las Fuerzas Armadas sean debidamente juzgadas por sus actos

El Congreso mexicano debería modificar sustancialmente la propuesta presentada por el Presidente Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar, afirmó hoy Human Rights Watch. La reforma propuesta no pondría fin a la impunidad actual de los abusos militares contra civiles.

La propuesta presentada por Calderón al Congreso el 18 de octubre de 2010 delegaría a las autoridades civiles la investigación y el juzgamiento de tres tipos de violaciones de derechos humanos (desaparición forzada, violación sexual y tortura). Sin embargo, otras violaciones graves cometidas por militares contra civiles, como las ejecuciones extrajudiciales y los tratos crueles e inhumanos, continuarían siendo investigadas por el sistema de justicia militar, que no ofrece a las víctimas acceso a una justicia independiente e imparcial.

"Las autoridades civiles deben tener la facultad para investigar y juzgar todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares y no solamente algunas", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "La propuesta del presidente no haría más que perpetuar la impunidad de los de abusos militares".

Asimismo, la propuesta de Calderón reconocería a las autoridades militares facultades discrecionales para determinar qué casos deben remitirse a los tribunales ordinarios y permitiría que los agentes del ministerio público militar tengan control sobre pruebas clave. Asimismo, los cambios propuestos prevén la posibilidad de prescripción para los delitos de desaparición forzada. Una disposición de este tipo sería contraria al derecho internacional, que establece que la desaparición forzada constituye un delito permanente mientras se desconozca el destino y el paradero de la víctima.

El informe "Impunidad Uniformada", publicado en abril de 2009 por Human Rights Watch, documentó que los militares que cometen violaciones de derechos humanos en México habitualmente no rinden cuentas por sus actos. Esto se debe, en gran medida, a que los casos son investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que carece de independencia e imparcialidad.

En México, el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las Fuerzas Armadas, los jueces militares no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares. Las víctimas y sus familiares no tienen la posibilidad de cuestionar aspectos básicos, como qué sistema de justicia debería resultar competente para investigar violaciones de derechos humanos.

En una sentencia vinculante dictada en noviembre de 2009 en el caso Radilla Pacheco v. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de "compatibilizar[lo] con los estándares internacionales". La Corte señaló que "frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar". México ha manifestado en varias oportunidades su compromiso de cumplir plenamente la decisión. La Corte reiteró su posición en la sentencia de agosto de 2010 en el caso Valentina Rosendo Cantú v. México.

Los abusos militares han incrementado significativamente desde que en 2007 el Presidente Calderón movilizó al Ejército para intervenir en operativos de seguridad pública. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, un organismo oficial, ha publicado informes exhaustivos sobre más de 60 casos de abusos aberrantes cometidos por el Ejército desde que Calderón asumió la presidencia. Los casos incluyen asesinatos, violaciones sexuales y torturas.

Varios de estos informes -incluidas las investigaciones sobre el asesinato de dos estudiantes en el Tec de Monterrey en marzo y de los niños Almanza en abril, ocurridos presuntamente cuando estas víctimas civiles inocentes fueron alcanzadas por balas disparadas durante un enfrentamiento armado entre el Ejército y delincuentes- concluyeron que los militares habían alterado la escena del crímen y se negaron a entregar pruebas. La Comisión informó haber recibido más de 4.600 denuncias de abusos militares desde 2007.

Según los datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa (SEDENA), los tribunales militares han condenado a un sólo militar en relación con violaciones de derechos humanos cometidas durante el actual gobierno.

La práctica de los militares de investigar sus propios actos a través de este deficiente sistema de justicia militar vulnera las obligaciones jurídicas internacionales de México de ofrecer un recurso legal efectivo contra los abusos y de reconocer a toda persona el "derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley".

"El Congreso debería mejorar la propuesta defectuosa de Calderón", afirmó Vivanco. "Mientras se permita que los militares se investiguen a sí mismos, México impedirá que las víctimas de abusos militares tengan acceso a la justicia y que los mexicanos en general cuenten con una política efectiva de seguridad pública".

Nueva York - 21 de octubre de 2010

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos