Desechan alerta de género en Edomex
Guadalupe Cruz Jaimes
cimac@laneta.apc.org
* El gobierno federal minimiza cifra de 922 asesinadas
Para proteger al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y no obstante las altas cifras de asesinatos de mujeres en esa entidad, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres descartó por segunda ocasión, la posibilidad de declarar la Alerta de violencia de género (AVG) en una entidad federativa.
En su sesión del 11 de enero, el Sistema Nacional calificó como improcedente la solicitud del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) para investigar la ola de asesinatos dolosos de mujeres en el estado de México.
El 20 de julio de 2009, el Sistema Nacional rechazó otra solicitud por agravio comparado para Guanajuato, por las reformas que penalizan el aborto en la entidad, pero al igual que esta ocasión, descartó la investigación.
Ana Yeli Pérez Garrido, integrante del OCNF y abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo a Cimacnoticias que este hecho demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Añadió que durante la reunión el Sistema Nacional, presidido por la Secretaría de Gobernación, “los argumentos se politizaron, se habló de que la AVG era un golpe para el gobernador priísta y no fundaron la improcedencia en argumentos de hecho o jurídicos”.
En cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922, según datos de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). “Pero este hecho no les parece suficientemente grave (a los integrantes del Sistema Nacional) como para iniciar una investigación”, acusó Pérez Garrido.
De acuerdo con la PGJEM, en 2005 se registraron 98 homicidios dolosos de mujeres, en 2006 hubo 138, en 2007 fueron 161, para 2008 sumaron 176, en 2009 ocurrieron 205 y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144. Para colmo, de cada 10 asesinatos dolosos de mujeres nueve están en la impunidad.
En la sesión del Sistema Nacional, detalló, cuya Secretaría Ejecutiva es ocupada por el Instituto Nacional de las Mujeres, las y los integrantes “dijeron, incluso, que los tratados internacionales firmados por México, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, no son vinculantes para el estado de México”.
Además, el Sistema Nacional cuestionó las estadísticas utilizadas por el OCNF en la solicitud de AVG por la violencia feminicida en la entidad, a pesar de que los datos se basan en información proporcionada por la PGJEM.
La improcedencia de la investigación muestra que “las autoridades mexicanas no tienen ningún compromiso con los derechos de las mujeres”. Y envía el “mensaje incorrecto” a la sociedad: “la violencia de género no existe, por lo que ésta no se atiende, ni previene, dejando a las mexiquenses en la indefensión”, lamentó Ana Yeli Pérez.
Con ello, el Sistema Nacional, integrado por las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, entre otras, “minimiza los asesinatos de mujeres por su condición de género, pues en el fondo no se trata de si las cifras coinciden, el problema de fondo es que no debe haber una sola mujer que muera por ser mujer”, declaró por separado a Cimacnoticias la exlegisladora Angélica de la Peña.
La también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, indicó que tras el cuestionamiento de las autoridades acerca de la precisión de las cifras, está la falta de voluntad política y de compromiso efectivo para cumplir con las leyes que protegen la vida de las mujeres.
La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y su reglamento fue publicado el 11 de marzo de 2008.
Frente a la decisión del Sistema Nacional, integrado también por la Procuraduría General de la República, los institutos estatales de las mujeres y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el OCNF anunció que interpondrá un recurso legal que aún está por definir.
El OCNF, integrado por más de 40 organizaciones del país, ha hecho tres solicitudes para decretar la AVG: Oaxaca y Chihuahua (por violencia feminicida), y Guanajuato (por agravio comparado).
Oaxaca: Aumenta secuestro de mujeres
Nadia Altamirano Díaz / CIMAC
cimac@laneta.apc.org
Oaxaca, Oaxaca. La directora del Instituto de Estudios y Divulgación Sobre Migración, Fabianne Venet, dijo que en el estado de Oaxaca hay una tendencia creciente de secuestros de mujeres, niñas y niños migrantes.
Explicó que los plagiarios ejercen la violencia sexual como "un arma muy poderosa" para presionar a las familias de las víctimas y exigirles un rescate.
"Las mujeres son un colectivo muy vulnerable en la migración: son utilizadas por los polleros o sus propios compañeros varones como una moneda de intercambio sexual para continuar con su travesía", abundó en entrevista.
"(Mujeres y niñas) son más propensas a abusos sexuales, a la trata de personas y a ser secuestradas porque sus familiares responden más rápido para lograr su liberación, aunque no hay cifras concretas de cuántas mujeres pasan por territorio mexicano en su travesía rumbo a Estados Unidos y mucho menos se consignan todos los delitos de los que son objeto", señaló Fabianne Venet.
Dijo que no hay cifras aproximadas de las migrantes centro y suramericanas que se quedan en México a trabajar como empleadas domésticas, y mucho menos de los menores que nacen en territorio mexicano sin poder ser registrados o recibir atención médica gratuita por la falta de documentos de sus madres.
Por separado, la comisionada especial de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Eréndira Cruzvillegas, dijo que "la mayor parte de delitos que enfrentan las migrantes se quedan en la impunidad por falta de sensibilidad de las autoridades de salud o procuración de justicia".
Apuntó que a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña se impulsarán protocolos de atención específicos para las migrantes.
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, acotó que estudios anteriores no visibilizaban a la migración femenina por considerar a las mujeres como meras acompañantes de los varones. Ahora, observó, hay estadísticas que consideran a las mujeres migrantes.
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, presentó el Modelo Integral Convivencia Pacífica con Migrantes, el cual contempla un módulo itinerante que primordialmente brindará atención médica, apoyo psicológico y orientación en materia de derechos humanos a mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes.
Asimismo, se creó una Fiscalía de Atención al Migrante y una Visitaduría Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la región del Istmo, para vigilar que se respeten los derechos de las mujeres migrantes.
Al evento efectuado el 11 de enero en el Palacio de Gobierno, también acudieron el sacerdote Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos en el Camino; Jon Izaguirre, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, legisladores y autoridades municipales.
La batalla por los migrantes
Lydia Cacho / CIMAC
www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi
Adolescentes paraguayas como esclavas sexuales en elegantes bares de Cancún, albañiles nicaragüenses construyendo edificios en Tabasco, mujeres hondureñas limpiando casas en Mérida, miles de guatemaltecos asentados en Campeche en un remedo de sus pueblos de origen. Miles de cubanos desde la Riviera Maya hasta Veracruz haciendo un poco de todo.
Desde Panamá y Costa Rica miles suben por Centroamérica, hasta cruzar por Quintana Roo y Chiapas en busca de trabajo en el comercio informal. Nunca como ahora habíamos visto con tal claridad el flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia México. Y lo hemos conocido por los ataques brutales de la delincuencia organizada. Ya conocíamos los dramas individuales que viven estas personas gracias a la valentía de un puñado de activistas pro-inmigrantes que rescatan cada año a miles de personas. Entre ellos el padre Alejando Solalinde en Oaxaca, quien ha sido un ejemplo de tesón contra la corrupción institucional.
Lo cierto es que la autoridad mexicana no ha sido capaz de entender y menos de resolver las complejidades del problema. A lo largo de un siglo México ha permitido el flujo silencioso de personas de estos países en una suerte de hermandad implícita.
Mientras investigaba las rutas mundiales del tráfico de personas, entrevisté a muchos agentes migratorios de diversos países. En México, para la mayoría de los agentes sureños del Instituto Nacional de Migración, dejar pasar ilegalmente a personas de América Central no representa un problema ético, hay una suerte de conmiseración real acompañada, en muchos casos, de una corrupción de facto. Es decir, si de cualquier manera van a cruzar, pues qué mejor que lo hagan de forma segura, por tanto, piensan, recibir un porcentaje de un traficante no representa un acto de inmoralidad, sino parte de un trámite paralelo. No consideran que cometen delitos (no pasan drogas, ni armas, sino personas desesperadas por una vida mejor); hay quienes incluso argumentan que es un acto humanitario (hasta que caigan en manos de las mafias mexicanas más poderosas que nunca).
Aunque ciertamente las y los migrantes huyen de la pobreza extrema, de la violencia generada por el narcotráfico, escapan de maridos y padres violentos o van en busca de familiares que viven en Estados Unidos, el problema es mucho más complejo. No son lo mismo los migrantes que salen de sus países buscando un futuro mexicano, donde miles de sus connacionales viven, que los transmigrantes que cruzan para llegar a Estados Unidos o Canadá, o quienes de plano buscan refugio en nuestro país huyendo de la violencia fronteriza de Las maras y Los zetas. No son lo mismo las víctimas de traficantes de indocumentados abusivos, que las víctimas de trata de personas (aunque muchas de las que buscan polleros pasan por la explotación de tratantes sexuales en prostíbulos transfronterizos).
Desde fines del siglo XIX los cafetaleros de Chiapas convirtieron a ese estado en el centro laboral para indocumentados guatemaltecos. En 1974 el gobierno mexicano dio cuenta por primera vez de la enorme población salvadoreña que habitaba en México y sólo entonces se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la ONU hizo presencia con la ACNUR, para proteger a las y los refugiados que cruzaban la frontera y que vivían en condiciones deplorables en campamentos de miseria en la frontera mexicana. Durante décadas habíamos mirado para otro lado cuando se hablaba de la migración centroamericana, asumiendo que éramos un mero territorio de paso.
Lo cierto es que este problema apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Ya la Cepal había advertido que la crisis económica de Centroamérica en 2009 tendría serias repercusiones en los años por venir. La disminución de remesas, la baja en inversión extranjera por la crisis económica de los países inversionistas, aunada a la explosión de la delincuencia organizada, particularmente a los cárteles desde Colombia hasta México, prometían flujos de migrantes hacia el norte. Lo que olvidamos, o al menos lo olvidó el Instituto Nacional de Migración, es que el norte somos nosotros, no solamente Estados Unidos y Canadá.
Durante años los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo avalaron la explotación de migrantes y transmigrantes, otorgaron impunidad a las redes de traficantes, tratantes y secuestradores, ahora tomadas por Los zetas y otros cárteles. No hubo autoridad federal que les exigiera cuentas y que escuchara a la Cepal.
Conocí a un centenar de hombres y mujeres expertos en derechos humanos que se han especializado en trata de personas y trabajan en el INM, su honestidad y compromiso no bastan, el problema les rebasa por la derecha. Está claro que el presidente se equivocó cuando entregó la titularidad de Migración a Cecilia Romero como una concesión a los grupos de derecha, haciendo abstracción total de la importancia estratégica que este instituto tendría en el sexenio. Otra vez nos enfrentamos a un problema heredado de décadas de impunidad priísta y fortalecido por la debilidad federal del sexenio panista. Estamos frente a una bomba de tiempo capaz de desestabilizar al sureste mexicano. Tras la crisis de derechos humanos de migrantes hay un asunto de seguridad nacional que no puede soslayarse, y está claro que la colaboración de la sociedad civil será determinante en este caso.
Impunidad para violadores de adolescentes
* 10 estados autorizan el matrimonio entre el agresor y la víctima
Narce Santibáñez Alejandre
cimac@laneta.apc.org
La abogada experta en derechos humanos Patricia Olamendi calificó como "inconcebible" que 10 estados del país permitan en sus legislaciones civiles la impunidad para el violador de una menor de edad que se case con ella.
En entrevista con Cimacnoticias, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores advirtió que esa normatividad despenaliza en los hechos el estupro, delito que consiste en la realización de la cópula con una adolescente de entre 12 años y 18 años de edad.
Olamendi abundó que el matrimonio que se realiza entre el agresor sexual y la víctima menor de edad es una forma de esclavitud para las adolescentes, tal y como lo estipula el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas.
Los estados de México que extinguen acción penal contra el violador que se casa con su víctima adolescente son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, de acuerdo con la publicación Delitos contra las Mujeres, realizada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El reporte de Unifem señala que las legislaciones de Baja California, Querétaro y Sinaloa utilizan elementos subjetivos como "la castidad" o "la honestidad" para valorar a la víctima de estupro.
Patricia Olamendi observó que el término estupro es un concepto legal del pasado que no reconoce el cuidado de niñas, niños y adolescentes mexicanos, y que quedó rebasado en 1990 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez.
De acuerdo con el manual de operación de esa convención, editado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la definición de abuso sexual de personas menores de edad incluye actividades sexuales con niñas y niños que se encuentran debajo de la edad de consentimiento, aun en los casos en que parecieran predispuestos o tomaran la iniciativa en dichas prácticas.
En 21 de las 32 jurisdicciones de México se presume que la infancia y la adolescencia son capaces de consentir las relaciones sexuales a la edad de 12 años; en una de ellas, a la edad de 13; en siete, a los 14; y en una, a la edad de 15, destacó el informe de Unicef.
En una investigación realizada en 2006 por Human Rights Watch titulada Víctimas por partida doble, se concluyó que en México la legislación sobre violencia sexual en muchos estados incumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La investigación estimó que, en promedio, cada cuatro minutos una niña o mujer es violada en México.
NRA, relaciones insospechadas
Silvio González / Prensa Latina
plmexico@prensalatina.com.mx
La poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), de Estados Unidos, pretende torpedear un plan gubernamental para detener el creciente flujo ilegal de armas hacia los diversos cárteles de la droga en México. Según el diario The Washington Post, los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocida como ATF, propusieron un sistema que obligaría a los comerciantes de armas a informar las ventas de rifles y ametralladoras. Pero este plan permanece estancado en el Departamento de Justicia desde hace meses, en medio de temores de que la Asociación Nacional del Rifle movilice a sus 4 millones de miembros y cabilderos para frustrarlo en Washington.
Se calcula que 80 por ciento de las armas utilizadas por los traficantes de droga mexicanos provienen directamente de Estados Unidos, según el diario La Jornada.
La historia de la NRA se remonta a 1871, cuando el coronel William C. Church y el general George Wingate, veteranos del entonces Ejército de la Unión, fundaron la Asociación Nacional del Rifle, consternados por la falta de puntería de sus tropas.
En el condado de Fairfax, en el estado de Virginia, entre interminables centros comerciales, amplias carreteras y largas filas de casas privadas, se encuentra el cuartel general de la NRA. El edificio, situado a las afueras de la capital federal, contiene las oficinas principales de uno de los grupos de presión más sofisticados y temidos de Estados Unidos.
Las instalaciones cuentan con su propia galería de tiro y un museo que narra la historia de Estados Unidos desde el punto de vista del plomo y la pólvora; sus imponentes salas están llenas de "obras maestras" firmadas por Colt, Remington, Smith & Wesson, Winchester, Browning, Thompson o Garand. Y es que la NRA, tras tomar impulso con una serie de victorias consecutivas tanto en los tribunales como en el Congreso, empezó a expandir sus actividades más allá de lo estrictamente relacionado con la Segunda Enmienda de la Constitución que plantea textualmente:
"Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Desde el cuartel general, un amplio equipo de cabilderos, dedicado en exclusiva a perseguir sus propósitos, influye con fuerza en el Capitolio, en las asambleas estatales y en los gobiernos locales.
Como resultado de todo ese ímpetu, este lobby ha empezado a operar en cuestiones como la reforma de salud, el financiamiento privado a campañas electorales, las regulaciones de Wall Street e incluso se inmiscuye en qué tipos de jueces deben formar parte de la Corte Suprema.
La NRA participa, además, en otras batallas legislativas no muy conocidas, pero tan relevantes como impedir que las compañías de seguro puedan cobrar recargos a propietarios que ostentan armas de fuego.
El lobby más poderoso en EUA
El lobby que utilizó como imagen icónica el ya fallecido actor hollywoodense Charlton Heston, cuenta en estos momentos con más de 4 millones de afiliados y un presupuesto superior a los 300 millones de dólares anuales.
En cada jurisdicción electoral, se encarga de evaluar la trayectoria de cada uno de los aspirantes a los principales cargos públicos, en tanto la NRA insiste en que es una organización no partidista y solo le interesa acumular influencia con el partido que en cada momento tenga la mayoría en el Congreso.
El año pasado, esa estrategia funcionó ejemplarmente cuando el fiscal general Eric Holder sugirió la posibilidad de volver a prohibir terminantemente las ventas de armas de asalto, aunque después de que varias docenas de congresistas se quejasen por escrito, no se ha vuelto a escuchar del asunto ni una palabra más.
"El destino de la medida sobre armas para México no es más que el último ejemplo de cómo este lobby ha sorteado y acorralado a las agencias especializadas y hace uso de su fuerza política para intimidar a los legisladores y erigir barreras contra leyes que le perjudican sus intereses", afirma The Washington Post.
Un análisis de ese rotativo sobre las donaciones financieras de este lobby en las pasadas elecciones legislativas de noviembre, descubrió que el 80 por ciento de los 307 candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado que recibieron su respaldo, lograron ganar sus escaños fácilmente.
Por sus contactos y aportes financieros, la NRA es una de las agrupaciones más influyentes en Estados Unidos, gracias solamente a su capacidad para influir a millones de votantes en cada campaña electoral que tenga lugar, apunta Democracy Now.
http://www.forumenlinea.com/
MEDIO CREADO POR PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR VERÓNICA VILLALVAZO, EL 1 DE JULIO DE 2007, EL CUAL SIGUE EN FUNCIONES SIN LA ADMINISTRACIÓN DE ELLA,PERO SI PENDIENTE DEL MEDIO Y DE LO QUE SE PUBLICA EL MEDIO FRIDAGUERRERA SIGUE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
