Eduardo Cervantes reunión con los Jóvenes con AMLO

MEDIO CREADO POR PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR VERÓNICA VILLALVAZO, EL 1 DE JULIO DE 2007, EL CUAL SIGUE EN FUNCIONES SIN LA ADMINISTRACIÓN DE ELLA,PERO SI PENDIENTE DEL MEDIO Y DE LO QUE SE PUBLICA EL MEDIO FRIDAGUERRERA SIGUE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Emergencia Nacional: 14 mil violaciones

Columna Palabra de Antígona Sara Lovera México DF, junio 22 de 2011. Un grupo de mujeres diversas, convocadas en principio por las responsables de la política feminista de los partidos de la Revolución Democrática y Convergencia, Mónica Soto y Carmen Ojesto, se han puesto a discutir la celebración de un Encuentro Nacional de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional. Una primera convicción que anima a este llamado es que en México podríamos estar en presencia de una espiral imparable que nos llevará a un Estado neofascista y sin oportunidad para recuperar lo que hace pocos años era eso de la transición a la democracia y mantener el pacto social que genere el Estado de Derecho y pacífico que soñamos. Un Estado que garantice a sus ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de un desarrollo individual y colectivo con derechos, justo y progresista. La Caravana convocada por el poeta Javier Sicilia, curtida por la indignación y el llanto, ha sido fundamental para hacer el recuento de los agravios, aunque el documento final obvia nombrar la ominosa y creciente violencia contra las mujeres y el asesinato de muchas de ellas. De cara a ello, las mujeres tendrían que alzar su voz para contribuir a parar esta guerra absurda, pensaron las convocantes, sabedoras de que es muy importante que las mujeres consigan puestos de decisión, pero la pregunta es ¿para qué? si probablemente, de no parar esta situación, tal vez estemos a punto de tener las últimas elecciones "normales" en 2012, si llegamos a ello. De ese tamaño es la preocupación. Y tal parece que de ese tamaño es la realidad a la que desafortunadamente nos hemos acostumbrado. El reguero de muertos, de encuentros violentos, de amenazas zigzagueantes en amplias zonas del territorio nacional nos dejan mudas. Es sorprendente cómo las palabras, todas son insuficientes para describir el suceso cotidiano, el que recogen los diarios. Este domingo, por ejemplo, el diario El Universal da cuenta de un documento de trabajo de la Cámara de Diputados, específicamente de la Comisión de Seguridad Pública, encargada de acercarse científicamente al recuento que va siendo una catarata de cifras lamentables que dejan sentir que el régimen actual dejará un grave saldo social. Sin embargo, a pesar del tremendo desgaste emocional que esto significa, el documento sostiene que alrededor de 23 mil jóvenes han sido enrolados en el crimen organizado, son miles de muchachos y muchachas que han perdido toda oportunidad humana. Es absurdo hablar de sus oportunidades educativas o de trabajo, ¿serán los jóvenes y las muchachas marginadas, pobres, caídos en desgracia? Y las bandas delincuenciales y policiales también según el más reciente conteo del horror, habla de unos 10 mil menores que han quedado en la orfandad, huérfanos de padre o de madre, sin que se cuente a las viudas, a las madres que tendrán que reorganizar toda su vida para al menos mantener un mínimo de esa estructura, tan llevada y traída por el discurso calderonista que es la familia, esa ideal, de las fotos bonitas y las caras alegres. Y dice más. Según el recuento que hace la comisión camaral existen entre 120 y 240 mil mexicanos y mexicanas que han sido obligados a dejar sus casas, sus pueblos, sus lugares de origen, las y los desplazados, en un país que no es Colombia ni la Guatemala de hace apenas unas décadas. Son personas obligadas al desarraigo que atenta contra la memoria y los afectos. Estuve en Michoacán este fin de semana y observé a vuelo de pájaro decenas de casas en venta y el horror en los ojos de algunas dirigentes políticas de Convergencia, suspender sus asambleas -ahí está a todo lo que da el proceso preelectoral-, como resultado de la violencia desatada que cerró carreteras, tendió mantas de varios grupos de la Familia Michoacana y sabemos por los reportes periodísticos, dejó 18 muertos estos días, nuevamente. Celia, una de estas mujeres, me contó que el temor del cierre carretero era encontrarse, como hace meses un panorama semejante a los paisajes de países devastados por las guerras que pasan por la televisión, que antes nos parecían tan lejanas y atroces. El documento de marras, como se lee en el reportaje, además documentó 14 mil violaciones sexuales que han sido denunciadas formalmente, sobre lo cual, la diputada perredista Teresa Incháustegui, secretaria de esa comisión, señala que a los ya casi 40 mil muertos que son resultado de la guerra que lanzó el señor Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006, hace incalculable el daño provocado, en más de un sentido, por las vidas cegadas, las familias rotas, mutiladas y denostadas. Aunque nadie habla de las viudas y los cuerpos mancillados es evidente que estamos en presencia de una emergencia que obliga a parar esta situación. Quizá por ello es tan atinada la convocatoria de estas mujeres, autodenominadadas de izquierda, que están conscientes de la importancia de debatir al país desde la perspectiva de las mujeres, víctimas directas y adyacentes de la situación. El Encuentro previsto para julio próximo también examinará lo que ha significado la política económica y el desempleo; los daños invisibles, esos que corroen el alma y producen efectos en cascada por el miedo. Las mujeres y las familias cuya salud está dañada y en proceso de agravamiento, porque no se entiende cómo se vive el día a día en las calles de Culiacán, Sinaloa o de Coahuila, esa entidad donde se resume con cifras elocuentes la persecución a migrantes y todavía resuenan por todas partes los dolores de las viudas de la región carbonífera, donde se amasan millones, quizá, para comprar votos. Es tan tremenda la situación que las mujeres organizadoras del Encuentro necesitarían días y días para oír o plantear testimonios, que no se pierdan como sucedió en la Caravana, que formen un legajo que haga posible instalar o instituir una Comisión de la Verdad , donde globalmente se sistematicen los agravios y las demandas, el tamaño de la impunidad que acaba por ser una palabra vacía, como las otras. Tal vez es este el problema principal y no la llevada y traída agenda de los derechos de las mujeres, los que parecen no tener apoyo o posibilidades en un país donde hoy la democracia parece tan lejana, está tan destruida y mancillada. Es verdad que las mujeres no tienen hoy el reconocimiento de su capacidad política, pero no la tiene nadie, no podemos aspirar a la normalidad democrática, esa que se debate en los diarios, donde se pican los ojos unos precandidatos a otros, unos partidos a otros, mientras una criatura en la escuela tiene el peligro de ser enrolado al crimen, donde no se pueden caminar las calles ni en Michoacán, ni en Nuevo León o Sinaloa, porque puede ser baleada, morir o ser violada; mientras se cierran negocios y se huye del peligro con todo y menaje de casa en el mejor de los casos. Quizá por todo esto, sentarse unas horas a pensar, cómo la voz de las mujeres puede servir para algo en el país denostado y devastado, desde una perspectiva política, más que elaborar estrategias para llegar al poder. Es obvio que estas mujeres que convocan y las que ya están discutiendo, piensan que se necesita algo diferente, distinto, una movilización que cubra todas las calles del país pidiendo que alguien o algo, de alguna forma pare esta barbarie, aunque parezcan frases desgastadas, pero qué decir y cómo decir que cegar vidas, sembrar el miedo, desmantelar la actividad profesional, comercial o intelectual, es horrible y tremendo, o pavoroso y descomunal. Las mujeres tendrán que preguntar dónde quedaron las instituciones que se defendieron hace unos años, cómo acomodar las palabras y los discursos que no tienen nada que ver con la realidad y cómo salvar los procesos electorales del teñido de sangre que se da al lado de las campañas, las asambleas y los recorridos, si nadie puede salir de casa sin ese apretujado corazón. Bienvenida la discusión, el debate, las ideas que vayan más allá de las quejas, más allá de las discusiones y novedades partidarias, más allá de los intereses personales por ocupar y disfrutar un puesto o un presupuesto. saralovera@yahoo.com.mx

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> Después de 11 años el Estado se compromete dar justicia a los Campesinos Ecologistas de Guerrero

México D.F., 22 de junio de 2011 (Cencos).- Ayer se llevó a cabo la ceremonia de compromiso para dar cumplimiento a la sentencia emitida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el Caso de los Campesinos Ecologistas, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, donde el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro en representación del Estado mexicano se comprometió a cumplir en tiempo y forma.

Durante la ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaria del Gobernación, Teodoro Cabrera pidió al Estado se haga justicia castigando a los elemento del ejército que lo torturaron, apuntando que estas acciones en su contra le habían dejado implicaciones de salud que hasta la fecha no ha podido superar despúes de 2 operaciones y también por el sufrimiento causado a sus familias durante estos 11 años en busca de justicia. De igual forma Teodoro señaló que debe terminar la complicidad de las autoridades que permiten que los caciques lleven a cabo la tala ilegal de arboles en la zona de Coyuca y Petatlan por el bien del medio ambiente. Rodolfo Montiel, quien por su seguridad se encuentra fuera del país, fue enlazado vía telefónica señaló que después de encontrarse con oídos sordos por parte del Estado la justicia había regresado con este acto, por lo que pidió un silencio por los defensores del medio ambiente Ariosto Martínez, Elena Barajas, Salome Sanchez y Digna Ocha Placido caídos en la defensa de los bosques. También pidió se garantize su integridad, la de Teodoro y a la de sus familiares, que se lleve a cabo la investigación pertinente que castige aquellos que en su momento estuvieron implicados ya sean militares, jueces o ministerios públicos. Durante el enlace con Rodolfo, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, le preguntó que espera de la sentencia, a lo que contestó que fueran declarados inocentes, se investigue y castigue a los culpables, que se garantize el bienestar de los ecologistas, que salgan los militares de la zona y se modifique el código penal ya que hay muchos presos injustamente, esperando que todo se cumpla y que no solo se quede en un acto de buena voluntad. Por último, Rodolfo le preguntó a Felipe de Jesús Zamora Castro si después de esto el podría regresar a México, a lo que contestó el subsecretario que el Estado se encargará de cumplir con todo lo que señala la sentencia de la CoIDH, para que él pueda tomar la determinación que más le convenga; así mismo, el subsecretarío señaló que estas acciones permitirán sentar precedentes en la impartición de justicia. Miguel Olivar Cabrera, hijo de Teodoro, y Ubalda Cortés de Montiel, esposa de Rodolfo, pidieron al Estado se haga justica para que termine el sufrimiento que han padecido durante estos 11 años que no les permite estar con sus seres queridos y que los llevó a dejar todo por el temor de sufrir algún atentado. Por su parte, José Rosario Marroquín apuntó que, ademas de garantizar la justicia para Teodoro, Rodolfo y sus familias, el Estado debe garantizar la no repetición y ejecutar medidas que garantizen la labor de los defensores, se modifique el articulo 57 del Código de Justicia Militar y se homologe con base en los estandares internacionales con el objeto de poner alto a las violaciones de derechos humanos a los que habitan y transitan por el país por parte de las fuerzas armadas.

Los resolutivos que deberá cumplir el Estado a partir de la Sentencia emitida el 28 de noviembre de 2010 son: a) conducir eficazmente la investigación penal de los hechos; b) publicar y difundir la Sentencia en un diario de circulación nacional, en uno local y por medio de una emisión radiofónica en la zona de coyuca y Petatlan; c) otorgar por una sola vez a cada una de las víctimas una suma por concepto de tratamiento médico y psicológico especializado, así como medicamentos y otros gastos conexos; d) homologar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana; f) implementar programas y capacitación permanentes a los funcionarios federales y del estado de Guerrero, particularmente a integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, Fuerzas Armadas sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos; g) pagar las sumas fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos; Acciones que deberán ser cumplida en una año a partir de la notificación de la Sentencias al Estado.

Por su parte, José Rosario Marroquín apuntó que, ademas de garantizar la justicia para Teodoro, Rodolfo y sus familias, el Estado debe garantizar la no repetición y ejecutar medidas que garantizen la labor de los defensores, se modifique el articulo 57 del Código de Justicia Militar y se homologe con base en los estandares internacionales con el objeto de poner alto a las violaciones de derechos humanos a los que habitan y transitan por el país por parte de las fuerzas armadas.

El Subsecretario Zamora señaló que el Estado reconoce a la autoridad de la CoIDH, y por ello dará cabal cumplimiento a la sentencia en congruencia de los instrumentos de derechos humanos a los que México esta subscrito.

Cabe señalar que una parte del inciso b) ya fue acatado por parte del Estado mexicano publicando la sentencia en el diario el Universal, sin embargo aún falta que se difundida por un medio radiofónico en la zona de Coyuca y Petatlán.

Por otra parte el Estado ha sido sentenciado en 4 ocasiones por la CoIDH en casos como: Campo Algodonero, Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en ninguno de estos caso el Estado ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones de reparación del daño a las víctimas. Un ejemplo es la negación a modificar del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por el fuero común, resolución que ha sido dictaminada por cuarta ocasión y solicitada por diversos órganos internacionales.

Centro Nacional de Comunicación Social

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REPRESION EN PUEBLA

HOY SE LLEVO A CABO LA MARCHA EN PUEBLA EN CONTRA DE LA CONSTRUCCION DE LA BASE MILITAR EN CHACHAPA. COMPANEROS DEL DF DEL FRENTE EN DEFENSA DE LA PATRIA QUE VINIERON A APOYAR, UN GRUPO ENTUSIASTA DE JOVENES QUE ESCENIFICARON UN PERFORMANCE (ENTRE ELLOS UNA CHICA QUE SE BANO EN SANGRE JUNTO CON LA BANDERA), ESTUDIANTES Y CIUDADANOS (ENTRE TODOS NO MAS DE 100) QUE FUIMOS AMENAZADOS POR MEGAFONO CON SER DETENIDOS SI NO NOS RETIRABAMOS DEL LUGAR. SOBRE LAS CALLES DEL ZOCALO SE APOSTARON VARIAS PATRULLAS Y SOBRE LA 2 PONIENTE AL RETIRARNOS HABIA AL MENOS 10 CAMIONETAS CON GRANADEROS. ADEMAS DE VARIASPERSONAS DE GOBERNACION QUE DURANTE EL MITIN NO DEJARON DE FOTOGRAFIAR A LOS ASISTENTES.

EL GOBIERNO ULTRADERECHISTA, OPRESOR Y ESTUPIDO DIO NUEVAMENTE CUENTA DE SU PREPOTENCIA E INEPTITUD.

No todos somos iguales, nosotros no robamos, no mentimos, no engañamos: AMLO

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Acción Urgente: Petición de protección para activistas indígenas

ACCIÓN URGENTE

PETICIÓN DE PROTECCIÓN PARA ACTIVISTAS INDÍGENAS

Los activistas indígenas Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez han recibido una carta amenazadora. Una semana antes, ellos y otros miembros de la OPIM fueron sometidos a un registro agresivo e intimidatorio por parte del ejército mexicano.

El 16 de junio se encontró en la casa de Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez una amenaza escrita a mano en la que les decían que dejaran de presionar al gobierno respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández. La nota amenazaba también al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha trabajado con los dos activistas. En ella les advertían: “nunca dejamo libre aunque pidan protección del gobierno [...] si no callán le matamos […] protección vale mierda nosotros somos protegido”.

Obtilia Eugenio Manuel es presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’pha (OPIM), y su esposo, Cuauhtémoc Ramírez es uno de sus dirigentes. Ambos defensores de los derechos humanos, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han recibido reiteradas amenazas por su trabajo con la OPIM y en apoyo de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, dos mujeres indígenas que recientemente ganaron su demanda de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de que fueron objeto a manos de miembros del ejército en 2002.

El 6 de junio, Obtilia Eugenio Manuel, Cuauhtémoc Ramírez y otros miembros de la OPIM se encontraban ante su oficina en Ayutla, estado de Guerrero, cuando unos soldados les dieron el alto y empezaron a interrogarlos. Según los miembros de la OPIM, los soldados no explicaron los motivos de la operación de dar el alto y registrar, y se mostraron agresivos y groseros. Al parecer, un soldado dio a Obtilia Eugenio Manuel una patada en el tobillo cuando ella intentaba impedir lo que consideraban la detención ilegal de Cuauhtémoc Ramírez. Finalmente, los soldados se retiraron sin emprender más acciones. Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez forman parte de los 107 defensores y defensoras de los derechos humanos del estado de Guerrero para los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales, unas medidas que las autoridades no han puesto en práctica de manera efectiva.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

n expresando preocupación por la seguridad de Obtilia Eugenio Manuel, Cuauhtémoc Ramírez y otros miembros de la OPIM y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan;

n instando a las autoridades a proporcionarles medidas efectivas de protección, de estricta conformidad con los deseos de los afectados, y conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

n pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la amenaza anónima realizada contra estas personas el 16 de junio y sobre la agresiva operación militar de dar el alto y registrar llevada a cabo el 6 de junio; pidiendo que los resultados de la investigación se hagan públicos y que se lleve ante la justicia a los responsables de las amenazas y la intimidación.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 2 DE AGOSTO DE 2011, A:

Lic. José Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,

Delegación Cuauhtémoc,

México D.F., C.P. 06600, MÉXICO

Fax: (+52) 55 5093 3414

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Estimado

Señor Secretario

Marisela Ibáñez Morales

Procuradora General de la República

Procuraduría General de la República

Av. Paseo de la Reforma 211-213,

Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO

Fax: +52 55 5346 0909 (digan: “tono de fax, por favor”)

Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx

Tratamiento: Estimada Señora Procuradora

Y copia a:

Human rights organization

Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Correo e.:ddhh_decada@yahoo.com.mx, tlachinollan.difusion@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la segunda actualización de AU 63/10. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/086/2010/es

ACCIÓN URGENTE

PETICIÓN DE PROTECCIÓN PARA ACTIVISTAS INDÍGENAS

INFORMACIÓN adicional

La defensa de los derechos humanos puede ser un trabajo muy peligroso –incluso mortal– en México. Decenas de activistas han sufrido amenazas de muerte, intimidación y acoso en los últimos años. Algunos han sido asesinados por hacer su trabajo. Las autoridades han reconocido que es primordial adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo y global, conforme solicitan los defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, aún no han cumplido su promesa.

Como fundadora y directora de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel ha sido blanco de numerosas amenazas, actos de intimidación y vigilancia. Una de las amenazas más recientes fue un mensaje escrito entregado en las oficinas de la OPIM el 6 de marzo de 2010; además, ese mismo día, se vio a un hombre vigilando abiertamente las oficinas de la OPIM y tomando fotografías con su teléfono móvil. (AU: 63/10 Índice: AMR 41/021/2010, México, fecha de emisión: 15 de marzo de 2010, y sus actualizaciones). El 17 de marzo de 2009, Obtilia Eugenio Manuel recibió tres amenazas de muerte mediante mensajes de texto en su teléfono móvil. En uno de ellos la advertían además de que ninguna organización de derechos humanos podía protegerla. En enero de 2009, a Obtilia Eugenio Manuel la siguieron en varias ocasiones. Ella reconoció a uno de los hombres que la seguían como un partidario de un cacique local.

El 9 de abril de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que proporcionara a Obtilia Eugenio Manuel, su familia y otras personas medidas efectivas de protección, y que investigara los ataques. Hasta la fecha, sólo se han puesto en práctica algunas de las medidas acordadas, y los responsables de los ataques continúan en libertad.

El activista de la OPIM Raúl Hernández pasó más de dos años en prisión por cargos falsos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, y finalmente fue liberado el 30 de agosto de 2010. Otros cuatro activistas estuvieron también encarcelados con él durante 11 meses. En febrero de 2009, Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, defensores de los derechos humanos de una organización hermana de Ayutla, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Los responsables no han comparecido ante la justicia.

Más información sobre AU: 63/10 Índice: AMR 41/039/2011 Fecha de emisión: 21 de junio de 2011



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Campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y criminalizacion a defensores de DH en mexico

Difusión Cencos México D.F., 22 de junio de 2011

Boletín de prensa
CARZCC /CDH Digna Ochoa

En México, existe una guerra. No es sólo la desastrosa guerra contra el “crimen organizado”, es la guerra contra la gente y sus luchas por una vida digna. Es guerra contra la gente que no esta de acuerdo en ser continuamente pisoteada y tratada como mercancía o como delincuente. Esta historia, se repite en muchas historias de injusticia e impunidad. La persecución y la represión es la forma en que el gobierno de cualquier nivel enfrenta a los pueblos que se organizan para defender su tierra y sus recursos.

En México, ser un defensor de los derechos humanos es un trabajo que se ha vuelto peligroso para quienes deciden hacerlo. Los que trabajan en temas que van desde asuntos relacionados al medio ambiente, a los derechos de las mujeres, los campesinos, los periodistas, migrantes, los indígenas. Diariamente reciben amenazas a su integridad física, psicológica y la de sus familias y esta situación cada día va empeorando.

En México, existen muchos intereses económicos, hay una pugna por vender y poseer sus recursos. Lo que les estorba en sus planes por el poder y el dinero, son los pueblos que defienden su forma de vida y su trabajo, que viven y cuidan sus recursos, sus tierras, su agua.

En Chiapas, es el caso, entre muchos otros del compañero Nataniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en la ciudad de Tonala. Centro que ha acompañado los trabajos y la lucha del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, fue detenido en dos ocasiones, una por cargos a nivel estatal y la segunda por cargos federales. Queda clara la estrategia de la persecución al compañero y la represión en contra de la gente que se organiza y lucha. Actualmente enfrenta cinco procesos penales totalmente bajo consigna y amañados, los cuales son una muestra más de que en México la justicia no existe, la impunidad es lo que prevalece. El compañero no esta solo, así como nadie que en la defensa de su pueblo y sus derechos levanta la voz y la organización.

Ante esto:

Junto a muchos compañeros y compañeras en todo el país y el mundo,vamos a iniciar la CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA EL HOSTIGAMIENTO JUDICIAL Y CRIMINALIZACION A DEFENSORES DE DH Y LUCHADORES SOCIALES EN MEXICO. A partir de este 23 de Junio de 2011.

Con los siguientes objetivos:

1. Por la justicia verdadera y contra la persecución política, la represión y la criminalización de los movimientos sociales.

2.Cancelación de la amenaza jurídica y de los procesos injustos en contra de los luchadores sociales y los defensores comunitarios de Derechos Humanos.

3.Por respeto y defensa a los Derechos Humanos en México.

4.La cancelación de los procesos jurídicos que el gobierno mexicano tiene en contra del compañero Nataniel.

Para esto:

Llamamos a todos y todas a asistir a la Conferencia de Prensa a realizarse en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el día jueves 23 de junio de 2011, a las 12 del día.

Se llevará a cabo en el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, ubicada en la Calle Cerrada de Chapultepec #8, col. Sector Salud, (por la salida a Tuxtla, muy cerca de la Bodega Aurrera).

Con la participación de integrantes del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Centros de Derechos Humanos, organizaciones y colectivos.

Simultáneamente se llevarán a cabo diversas acciones de difusión en varias ciudades de Chiapas, volanteos y perifoneos.

Proponemos:

Invitar a otros y otras para que se sumen a la propuesta. Con sus propios casos, hacer una información conjunta y articularnos para su difusión. Instalar mesas de información, para recabar firmas de apoyo.

Preparar Foros, Conferencias, Encuentros. Donde asista no sólo el compañero Nataniel, sino también otr@s afectados por la persecución.

Articular a nivel internacional a organizaciones y colectivos de apoyo.

Preparar movilizaciones y acciones en diversos puntos del país.

Si nos tocan a un@, Nos tocan a tod@s.

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

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