Boletin de Prensa
ANAD / CEDIMAC / Red Ciudadana de NO Violencia y Dignidad Humana
Atención jefes de información, fuente de derechos humanos, organizaciones de la Sociedad Civil, corresponsales internacionales:
- El 7 de noviembre se organiza un evento para “ofrecer disculpas y reconocer su responsabilidad”, al que no acudirán las familias de Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda.
El 10 de diciembre de 2009 fue publicada la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso “González y otras Vs México” conocido también como “Campo Algodonero”.
Los resolutivos 16 y 17 de esta resolución establecen que el Estado mexicano deberá hacer un Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, el cual debe realizarse en la misma ceremonia que se devele el “monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez”, en el predio conocido como Campo Algodonero.
En virtud de que el resolutivo 17 de la sentencia establece que el monumento es “en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” y no únicamente para las víctimas del caso, existe un acuerdo suscrito entre el Subsecretario de Gobernación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, las familias y sus representantes, para diseñar un mecanismo para incorporar los nombres de todas las víctimas desde 1993 y cuando menos hasta el año 2006.
Sin embargo, el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha ignorado dicho acuerdo y se ha negado a que los nombres de todas las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez sean incluidas en el memorial. A pesar, de que las organizaciones representantes de las familias han proporcionado la información e iniciado un proceso de consulta con las familias de las víctimas.
Lo anterior, resulta especialmente preocupante, porque el gobierno federal ha insistido en llevar a cabo un evento el próximo 7 de noviembre Ciudad Juárez, en el que sea el subsecretario Felipe Zamora, quien haga el reconocimiento de responsabilidad e inaugure un memorial que no se ha terminado.
Por ello, las familias González y Herrera Monreal, así como las organizaciones que las representan, señalamos que no acudiremos al acto programado para el próximo lunes 7 de noviembre, por ser un acto más de simulación por parte del gobierno federal, en donde se pretende “reconocer la responsabilidad” del Estado por las 3 víctimas del caso ante la Corte Interamericana y desconocer a los centenares de víctimas más que han perecido como parte del feminicidio en esa ciudad.
A pesar de las manifestaciones reiteradas del Presidente Felipe Calderón y del Secretario de Gobernación, Francisco Blake, de que se cumplirá la Sentencia de Campo Algodonero, en los hechos, no hay ningún esfuerzo por ejecutar el mandato de la CoIDH a cabalidad y las diversas acciones que han hecho públicas no son tendientes a acatar integralmente la resolución, sino a simular su cumplimiento. Hasta la fecha, de los 13 resolutivos dictados por el Tribunal Internacional, el Estado mexicano únicamente ha dado cumplimiento a uno de ellos.
LOS HECHOS
Esmeralda Herrera Monreal de 15 años de edad, Laura Berenice Ramos Monárrez de 17 años de edad y Claudia Ivette González de 19 años de edad, fueron reportadas en fechas distintas por sus madres como desaparecidas, las autoridades nunca hicieron algún esfuerzo por localizarlas. Sus cuerpos sin vida, junto con los de otras 5 jóvenes, fueron localizados en un lote conocido como “Campo Algodonero”, los días 6 y 7 de noviembre de 2001.
Ante la negligencia de las autoridades, las señoras Irma Monreal, Benita Monárrez y Josefina González, madres de las tres jóvenes, decidieron acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de 8 años de litigio, el día 10 de diciembre de 2009 fue notificada la sentencia contra el Estado mexicano.
Esta sentencia es emblemática, entre otras razones, porque permitió por primera ocasión que las familiares de las víctimas del feminicidio fueran escuchadas por un Tribunal internacional y que el Estado mexicano fuera juzgado por su falta de actuación en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
La CoIDH estableció un conjunto de medidas que el Estado mexicano debía realizar en un plazo perentorio. Durante el primer año, el Estado estaba obligado a: reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de las tres jóvenes; investigar a los servidores públicos que provocaron que estos crímenes se mantengan impunes y que amenazaron a las familias Monárrez y Herrera; publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los gobiernos federal y local; realizar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear un Banco Nacional de Información genética a nivel nacional; indemnizar a las familiares; realizar un acto público donde reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.
Durante un plazo razonable (3 años) el Estado debe: Estandarizar los protocolos de investigación de homicidios de mujeres por razones de género, desapariciones y violencia sexual; rediseño del protocolo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas, conocido como Protocolo Alba; establecer un programa de capacitación a servidores públicos y un programa de educación dirigido a la población.
MEDIO CREADO POR PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR VERÓNICA VILLALVAZO, EL 1 DE JULIO DE 2007, EL CUAL SIGUE EN FUNCIONES SIN LA ADMINISTRACIÓN DE ELLA,PERO SI PENDIENTE DEL MEDIO Y DE LO QUE SE PUBLICA EL MEDIO FRIDAGUERRERA SIGUE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
