Las comunidades que viven a lo largo de la frontera
México-EEUU, particularmente personas percibidas como de origen latinoamericano
y comunidades indígenas, se ven afectadas desproporcionadamente por numerosas medidas
de control de migratorio, lo que resulta en un patrón de violaciones de los
derechos humanos, informa hoy Amnistía Internacional.
El nuevo informe de la organización, En Terreno Hostil: Violaciones De Los
Derechos Humanos al Implementar las Leyes de Inmigración en el Suroeste de
Estados Unidos, resalta discriminatoria resultante de la aplicación de las normas
migratorias por parte de las autoridades.
Entre los hallazgos, el informe ilustra que Estados
Unidos está fracasando en sus obligaciones de respetar los derechos de las
personas migrantes a la vida, su acceso a la justicia al ser víctimas de crímenes,
particularmente mujeres y niños, y reconocer el derecho de las comunidades
indígenas a atravesar la frontera.
De acuerdo al gobierno de EEUU, entre 14,500 y 17,
500 personas víctimas de trata de personas llegan cada año a Estados Unidos por
trabajo o para sufrir explotación sexual. Sin embargo, las deficiencias en el
sistema de identificación de las víctimas de trata suponen una barrera que
impiden a estas víctimas denunciar su caso y evitar su detención y deportación.
De las 5,000 visas disponibles anualmente para los sobrevivientes de tráfico
humano sólo se utiliza el 6%.
“La cultura en torno a la migración en Estados
Unidos ha creado una terrible situación; sobrevivientes de tráfico humano y de
otros crímenes como la violencia doméstica son cada vez más vistos como
criminales y no como víctimas”, dice Justin Mazzola, investigador de Amnistía
Internacional y autor principal del reporte. “Al mismo tiempo, menos personas
están dispuestas a denunciar tales crímenes, ya que sienten que puede eso puede
exponerlos a los agentes de inmigración. Además, muchos consideran que la
policía es incapaz o no tiene la voluntad de ayudar”.
Carolina, una migrante de Honduras, fue traída a
Estados Unidos después de ser repetidamente obligada a prostituirse, golpeada y
drogada. Fue detenida durante seis meses en Pearsall, Texas, después de que los
agentes de inmigración la encontraron en la cajuela de un vehículo que cruzaba
la frontera México-EEUU. Mientras estaba detenida, a Carolina le fue
negada la certificación como víctima de
tráfico humano debido a que antes de ser vendida como esclava sexual y
trasladada hacia Estados Unidos ella tenía la intención de ingresar al país.
Sólo después de una revisión de su caso en febrero
de 2011, más de dos años después de que fuera descubierta en la cajuela del
vehículo, se le reconoció como víctima de trata de personas y se le otorgó una
visa que le permitió permanecer en Estados Unidos y acceder a los servicios de
salud y apoyo psicológico. “Ahora, finalmente puedo comenzar a sanar”, dijo
Carolina luego de ser liberada de la detención.
Las medidas de control migratorio ponen cada vez
más en riesgo el derecho a la vida de las personas al cruzar la frontera. Las
políticas de EEUU en materia migratoria fuerzan a los migrantes a transitar por
rutas cada vez más hostiles, que incluyen atravesar vastos desiertos, ríos y
altas montañas bajo temperaturas peligrosamente altas. De 1998 hasta 2008,
hasta 5,287 migrantes murieron mientras trataban de cruzar la frontera México-EEUU.
El informe también describe como las comunidades
indígenas son particularmente vulnerables a la discriminación y otros abusos
derivados de la implementación de estas normas migratorias. Las personas
indígenas, cuyos territorios tradicionales y comunidades culturales son
atravesados por la frontera México-EEUU, necesitan cruzarla frecuentemente.
Estas personas son intimidadas y acosadas regularmente por policías fronterizos
por hablar poco español o inglés y por tener solamente documentos de
identificación tribales.
La proliferación reciente de leyes estatales que
ponen en la mira a las personas migrantes, las coloca en un mayor riesgo de
discriminación y les impide acceder a sus derechos a la educación y servicios esenciales
salud. Además, los programas de inmigración federal que incluyen a la policía estatal
y local en la implementación de las leyes de inmigración, coloca a quienes
pertenecen a comunidades latinas, indígenas y de color a lo largo de la
frontera en riesgo de ser víctimas de prácticas discriminatorias. Prácticas
como la identificación y retención arbitraria a individuos basándose en su
etnicidad percibida se han convertido en comunes.
Amnistía Internacional solicita a las autoridades
estadounidenses; locales, estatales y federales la suspensión de la aplicación
de las políticas migratorias en tanto no se determine si pueden ser
implementadas de manera no discriminatoria.
Así mismo es fundamental que las autoridades se
aseguren que ninguna política tenga el
efecto directo o indirecto de poner en riesgo la vida, salud o integridad de
las personas migrantes.
Finalmente Amnistía Internacional llama al gobierno
estadounidense a garantizar seguridad y justicia a quienes han sido víctimas de
trata y que toda persona migrante tenga
un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
MEDIO CREADO POR PREMIO NACIONAL CARLOS MONTEMAYOR VERÓNICA VILLALVAZO, EL 1 DE JULIO DE 2007, EL CUAL SIGUE EN FUNCIONES SIN LA ADMINISTRACIÓN DE ELLA,PERO SI PENDIENTE DEL MEDIO Y DE LO QUE SE PUBLICA EL MEDIO FRIDAGUERRERA SIGUE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
